20210715

Bruselas extiende el certificado de defunción para los vehículos de gasolina, diésel e híbridos. A partir de 2035 no se permitirá la matriculación de ningún coche nuevo de estas características en la UE. De hecho no estará autorizara ya su producción, lo que coincide con el horizonte que se han marcado grandes marcas europeas, como la alemana Volkswagen o la sueca Volvo, para abandonar definitivamente los motores de combustión interna y jugárselo todo a la carta de las cero emisiones. La ruta alternativa –con la perspectiva de este 2021 y salvo revolución tecnológica– solo contempla dos bifurcaciones: electrificación o hidrógeno. «Seremos el primer continente que presenta una arquitectura legal para cumplir con nuestras ambiciones», destacaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, sobre el que quizás sea el conjunto de normas y proyectos más ambicioso del mundo sobre cambio climático. Que toca absolutamente todo. Transformando la economía, la forma de vida y los hábitos de consumo de los europeos. Al menos doce proyectos encima de la mesa que conllevarían desde ese fin de los vehículos de combustión o los vuelos de corto rango, hasta duplicar el uso de las energías renovables, mejorar los sistemas de ahorro energético en edificios o nuevos impuestos.

La movilidad vasca arranca rezagada, con 443 puntos de recarga, pero los cambios se acelerarán cuando los eléctricos bajen de precio.  Euskadi se va a tener que poner las pilas para alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea. Porque está particularmente rezagada en lo referente a movilidad eléctrica. Según los datos proporcionados por Anfac, de las 11.517 electrolineras instaladas en España solo 443 están en el País Vasco, que aparece en casi todas las estadísticas del sector por detrás de una media nacional, que, a su vez, está muy por detrás de la europea. No obstante, Aitor Arzuaga no tiene dudas sobre la capacidad para alcanzar los requisitos marcados por la Unión Europea para 2035. Es más, el director general de Ibil está seguro de que «unos años antes» Euskadi ya tendrá electrolineras cada 60 kilómetros o menos y estaciones de repostaje de hidrógeno cada 150. «Hace ya tiempo que los fabricantes de coches trabajan con horizontes temporales más cercanos". 

El Ente Vasco de la Energía gestionará partir de septiembre el plan Moves III promovido por el Gobierno central para impulsar la movilidad eléctrica. Las ayudas llegarán hasta los 7.000 euros para turismos y 9.000 para furgonetas. Este programa, heredero del Moves II actualmente en vigor, sustituye a su predecesor con un incremento sustancial en la cuantía que percibirá la ciudadanía por la compra tanto de vehículos eléctricos enchufables como de pila de combustible. La subvención diferirá si el solicitante es un particular o una empresa. El achatarramiento no será obligatorio, pero estará premiado con una mayor ayuda. Por ejemplo, un particular o autónomo podrá percibir 4.500 euros por la compra de un vehículo eléctrico que se verá aumentada hasta los 7.000 si achatarra el antiguo. Las empresas cuentan con diferentes subvenciones según su tamaño y también verán incrementada la dotación en caso de achatarramiento.

La industria de la automoción española, englobada en el Círculo de la Automoción Neutral In Motion (NIM), ha solicitado al Gobierno una transición hacia la descarbonización del transporte “progresiva” y que no se articule en “prohibiciones”. En un comunicado conjunto, patronales como las de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), distribución (Ganvam) o proveedores (Sernauto), entre otras, instaron al Ejecutivo a que reflexione sobre el posicionamiento de algunos “grupos de presión” que defienden acelerar la ambición en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que ya se ha establecido en Europa para el sector. En relación con la revisión de la estrategia europea de descarbonización Fit for 55, remarcaron ayer el “enorme” esfuerzo que está haciendo el sector de la movilidad y la industria de la automoción en este sentido, asumiendo la responsabilidad para cumplir los objetivos. Las asociaciones consideran que los objetivos fijados por España, que pretenden reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 frente a 1990, ya son “muy desafiantes”, por lo que piden al Ejecutivo que defina su propia posición respecto a las propuestas de la Comisión Europea (CE) y que sea consensuada con el sector.

Los precios siguen desbocados en Euskadi impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía, pero también con gran impacto de la alimentación. Son gastos comunes a todos los hogares y que contrastan con la evolución de los salarios. En concreto, el IPC vasco repuntó seis décimas en junio respecto al mes anterior –una décima más que la evolución en el Estado– y la tasa anual se sitúa en el 2,9%, también por encima de la media (2,7%). El informe mensual de precios del Instituto Nacional de Estadística se hizo público ayer poco antes de que el precio de la luz alcanzará su máximo de este mes de julio, con una media de 91,86 euros por megavatio hora (MWh). El precio de la electricidad hizo saltar en junio todas las alarmas pese a los retoques fiscales con los que el Ministerio intentó reducir la factura de las familias y empresas. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) indicó ayer que los precios cerrarán el año en el 3,4% en el Estado. La CEOE en cambio aseguró que se moderarán en el tramo final del año y cerrarán más cerca del 2% que del 3%. Hace unas semanas Laboral Kutxa apuntó a una inflación del 2,1% en Euskadi en diciembre. Previsiones dispares sujetas a la montaña rusa en la que viaja este año la energía.

La inflación en EEUU se ha disparado en los últimos meses, y el índice de precios al consumo (IPC) subió un 5,4% desde junio de 2020, la cota más alta desde agosto de 2008. Los precios al por mayor también han aumentado, con el índice de precios al productor ubicado en 7,3% en los 12 meses terminados en junio, el más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a medirlo en noviembre de 2010, informa AFP. Pero Powell y otros funcionarios de la Fed sostienen que la inflación ha sido impulsada principalmente por problemas temporales relacionados con las dificultades de reabrir la economía después de los cierres de comercios provocados por la pandemia. «Claramente todavía no logramos» los progresos esperados para reducir el apoyo a la economía, señaló el lunes pasado el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. Muchos economistas en el sector privado están de acuerdo con la Fed, y consideran que la inflación alcanzó su punto máximo en junio. 

La buena marcha de la vacunación en España y el aumento del consumo privado han llevado a BBVA Research a revisar al alza en un punto su previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 6,5%. En su informe ‘Situación España’ presentado ayer calcula que la economía avanzará con paso firme en 2021 y mantiene además la previsión de crecimiento del 7% en 2022, lo que supondrá recuperar el nivel previo a la pandemia. Pero no todo es optimismo. El aumento de los contagios por la incidencia de la variante Delta y las fiestas nocturnas lastrarán la recuperación del turismo, sector de vital importancia para la economía española. Exceltur, la patronal del sector, calcula que se logrará alcanzar apenas el 65% de la actividad turística respecto a las cifras del verano de 2019, lo que supondrá perder 20.394 millones de euros respecto al tercer trimestre (julio a septiembre) del año previo a la pandemia. Esto se debe, en gran medida a la caída de la demanda extranjera, que se quedará en un 46% de ocupación respecto al verano de 2019. 

Cuando en otoño del año pasado se aprobaron los presupuestos de 2021, el Ejecutivo señaló que en estos se adelantaban unos 24.000 millones del mecanismo europeo de recuperación para empezar a gastarlos desde el primer día y así intentar reforzar la recuperación en ciernes. Sin embargo, la ejecución de estos recursos no está siendo tan fluida y la llegada a la economía real acumula retrasos. Este año el Estado solo ha desembolsado hasta mayo 18.000 euros de estos fondos, según figura en la ejecución presupuestaria del fondo Next Generation EU, de los que a España le corresponde 70.000 millones en tres años. Transcurrida ya la primera mitad del año, el Estado únicamente ha lanzado unas pocas convocatorias. Incluso si se ha aprobado ya el plan estratégico del coche eléctrico, sus recursos no empezarán a repartirse al menos hasta febrero del año que viene. Es decir, el Ejecutivo tendrá que apresurarse para gastar lo que tenía este año previsto.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a enfrentar al Gobierno con el propio Gobierno y a los sindicatos con el Ejecutivo. El ascenso de las dos vicepresidentas económicas tras la remodelación del fin de semana no ha limado las diferencias que ambas mantienen, e incluso ahora discrepan abiertamente en público. Tanto la número dos del Ejecutivo, Nadia Calviño, como la que ha pasado a ser número tres, Yolanda Díaz, se mantienen firmes en sus tesis. Precisamente el día en que los sindicatos salieron a la calle en las principales ciudades para exigir que se abra la mesa de negociación para establecer la senda de subida y poner fin a su congelación o, de lo contrario, amenazaron con endurecer el diálogo social, Calviño volvió a lanzarles un jarro de agua fría: «Ahora no es el momento». Su postura coincide con la de la patronal, hasta el punto de que utilizó la misma frase que un día antes pronunció el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Los permisos de paternidad y maternidad serán de seis meses a partir del año próximo. Es una de las medidas estrella de la futura ley de diversidad familiar, cuyas líneas maestras presentó ayer la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Un proyecto en el que está trabajando con el Ministerio de Igualdad. En la actualidad, ambos permisos son equivalentes y duran 16 semanas. Belarra también indicó que, en el caso de las familias monomarentales (ya que ocho de cada diez el progenitor es femenino) se podrá acumular los dos permisos. Es decir, será de un año. El texto legislativo en el que está trabajando el departamento de Belarra llegará a la mesa del Consejo de Ministros a finales de año para que entre en vigor el año próximo. Una ley que también tiene previsto incluir, «como una de sus medidas clave», una prestación pro crianza de carácter universal que «permita a las familias de nuestro país criar a sus hijos e hijas con dignidad, garantizando mejores condiciones materiales de vida», según indicaron fuentes de Podemos. 

La reforma de la Ley de FP busca promover que haya más chicos sanitarios y más chicas mecánicas al propugnar entre sus principios generales «la eliminación de estereotipos profesionales y sesgos de género en las opciones formativas profesionales». El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, también sigue esta línea e insta a incentivar económicamente a quien impulse el acceso de los varones a ciclos de mayoritaria composición femenina y la matriculación de mujeres en los estudios del sector industrial y, en general de «los estereotipadamente considerados trabajos masculinos». Los datos oficiales indican que hay más de un 90% de varones en Electrónica o en Fabricación Mecánica, mientras que se registra un 93% de mujeres en Imagen Personal. La Ley Celaá también recoge que las CCAA deben impulsar la presencia de alumnas en las materias STEM a la vez que promueven el alumnado masculino en los estudios con mayor matriculaciones femeninas. Pero el CEE da un paso más allá y pide al Gobierno «incentivos económicos y educativos». Así se apunta en el informe de la ponencia donde la Comisión Permanente de CEE valora la reforma de FP. El documento será votado hoy en un Pleno que presidirá la nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría.

La migración de los datos y de las aplicaciones a la nube es solo el primer paso de la revolución que traerá consigo el cloud en los próximos años. Si solo ese salto ya aporta amplias ventajas a las empresas, como menores costes, escalabilidad y flexibilidad, las posibilidades que tiene esta tecnología van mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. De hecho, son muchas las empresas que no se conforman con la migración de sus cargas de trabajo a la nube y continúan ampliando el uso que hacen del cloud para acelerar la innovación y el crecimiento en sus empresas, sobre todo en un contexto pos-Covid. Según el estudio de Accenture Siempre listo para cualquier oportunidad, estas empresas –que representan entre un 12% y un 15% dependiendo del país– ven la nube como algo continuo, es decir, como una serie de tecnologías y servicios dinámicos en constante mejora y respaldados por conectividad de última generación, como el 5G. Accenture denomina a estas empresas competidoras en progresión, porque utilizan la nube no sólo como un único destino estático, sino como un futuro modelo operativo. Estas compañías están utilizando las posibilidades de la nube para transformar la manera en que interactúan con sus clientes, socios y empleados, pero también a la hora de elaborar y comercializar sus productos y de construir y operar sus sistemas. Este grupo de empresas están, en definitiva, reinventando la función de los datos y la informática. 

Tras 154 días de huelga, el comité de Tubacex convocó ayer una manifestación en Llodio para dar las gracias por el apoyo recibido en la comarca. Secundada por casi dos mil personas de todo el valle, discurrió casi en silencio, sin apenas gritos de reivindicación. Se celebró apenas un día después de que la empresa decidiera no reincorporar a los 129 despedidos, pese a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le obliga a hacerlo, y mantenerles en casa pagándoles el sueldo hasta que falle el Supremo, lo que puede tardar hasta un año. Para cuando arrancó la marcha, el comité había decidido que sea cada sindicato el que traslade a sus asambleas de afiliados la continuidad o no de la huelga que mantienen desde el 11 de febrero. «Es como solemos trabajar aquí y el viernes –por mañana– se reunirá el comité. No descartamos una asamblea general y entendemos que la huelga es un instrumento más» explicó el portavoz, Eduardo Ibernia. 

Las inversiones mundiales en acciones y bonos chinos se han disparado alrededor de un 40%, a más de 800.000 millones de dólares (676.000 millones de euros) en el último año. Los inversores compraron activos a un ritmo récord a pesar del deterioro de las relaciones entre Pekín y la comunidad internacional, como las tensiones con EEUU por cuestiones desde las auditorías de las empresas a la represión de Pekín sobre los uigures en Xinjiang, tildada por Washington de genocidio. En lo que va de año, los inversores extranjeros han comprado acciones chinas por valor de 35.500 millones de dólares a través de plataformas de trading que conectan Hong Kong con las bolsas de Shanghái y Shenzhen, según los cálculos de Financial Times basados en los datos de Bloomberg. La cifra es alrededor de un 49% superior a la de hace un año. Los inversores extranjeros también han comprado más de 75.000 millones de dólares de bonos del Tesoro chino este año, según datos de Crédit Agricole, un 50% más que en igual periodo de 2020. Las compras extranjeras de acciones y bonos públicos chinos han aumentado al ritmo más alto de la historia en relación a igual periodo en años previos. El entusiasmo por los activos chinos se ha visto alimentado por la rápida recuperación del país de la pandemia de Covid-19, pero empieza a preocupar que su crecimiento económico se esté ralentizando.

Un sucedáneo de toque de queda, con el foco en la juventud. Esta es la única y relevante modificación que el Gobierno Vasco decidió introducir ayer en las medidas sanitarias vigentes. El gabinete Urkullu da un paso atrás en la desescalada, como también están haciendo otras comunidades autónomas. En su afán de evitar la celebración de botellones, de las llamadas ‘no fiestas’ y eventos sociales similares como los que han generado la cascada de positivos, el LABI político se reunió ayer de manera telemática y aceptó la sugerencia del comité técnico de modificar el decreto en vigor «para impedir» desde esta medianoche «la permanencia en espacios públicos como plazas, parques, playas, muelles o similares» de personas no convivientes entre las 00.00 y las 6.00 horas. Es decir, se podrá seguir consumiendo en terrazas a esas horas o paseando, pero no sentarse en grupo en espacios públicos. El resto de medidas fijadas hace menos de un mes, el 18 de junio, y prorrogadas el 7 de julio, no varían.

 Nueva vuelta de tuerca en la gestión de las cuarentenas en Euskadi. A partir de ahora todos aquellos ciudadanos que tengan la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus SARS-coV-2 no deberán guardar cuarentena aunque sean contactos estrechos de una infectado por Covid-19 con la variante Delta. Así lo indica el Departamento vasco de Salud en su nueva actualización del protocolo del coronavirus fechada a 13 de julio. En relación a los contactos vacunados, este nuevo reglamento indica lo siguiente: «Las personas que han recibido una pauta de vacunación completa, sean asintomáticas y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena». A estos ciudadanos se les hará una prueba diagnóstica al inicio y una PCR a los 8 días del último contacto con el caso confirmado. Sí que a estas personas vacunadas con la pauta completa el Servicio Vasco de Salud les recomienda «evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas». Asimismo, se les indica «el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles».

Un total de 26.125 personas que habían recibido la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus ha contraído la infección en España. Esta cifra supone el 0,15% de los inmunizados, según informó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su comparecencia tras el Consejo Interterritorial de Salud. Sanidad y las comunidades acordaron en la reunión que las personas que adquieran en una farmacia una prueba de autodiagnóstico de antígenos —el Gobierno prevé aprobar su venta sin receta la próxima semana— y den positivo deberán confirmar ese resultado con una PCR en la red pública sanitaria. El coste de los análisis no será financiado por la sanidad pública, pero Darias afirmó que será “asequible”. Preocupa especialmente la situación en dos comunidades, ambas con una fuerte presión hospitalaria que ha obligado a reabrir plazas de intensivos. La primera es Cataluña cuya incidencia ha vuelto a subir y se sitúa en 1.068 casos por 100.000 habitantes a 14 días. La otra es Castilla y León, con una incidencia de 779 casos (66 más). Este indicador en toda España es de 470 casos por 100.000 habitantes, 33 más que el martes. Las comunidades y el ministerio expresaron también su preocupación por la posibilidad de que la gran cantidad de casos entre personas jóvenes provoque contagios graves o muy graves entre este grupo. “No lo podemos descartar”, apuntó la ministra.