20210914

La economía vasca recupera el pulso poco a poco pero de forma significativa, con incrementos trimestrales del PIB por encima del 2%. Pero algunas de las heridas generadas por la pandemia y el Covid siguen en carne viva. Así, según los datos facilitados ayer por la patronal vasca Confebask basados en las estadísticas de la Seguridad Social, Euskadi tiene en la actualidad 56.444 empresas activas, lo que supone 1.949 menos que en febrero de 2020, antes de que se declarase la pandemia. Los datos revelan que la pérdida de empresas se puede producir de forma meteórica y que restaurar el daño, si se consigue, cuesta mucho tiempo. En los meses de marzo y abril del pasado año se destruyeron un total de 2.100 empresas. Es el número de sociedades mercantiles que tenían una cuenta de cotización en la Seguridad Social –necesaria para poder contratar empleados– y que se dieron de baja ante la práctica paralización de su actividad. Desde entonces tan solo se ha recuperado un 7% del tejido vasco, lo que supone 147 empresas. Ver más en Confebask. 

Nunca en las últimas dos décadas habían nacido tan pocos niños en el primer trimestre del año. 3.298 en todo el País Vasco, lo que se traduce en un descenso del 12,5%. Hace diez años, en ese mismo periodo hubo 5.004 partos –un 50% más–, lo que da idea del desplome y confirma que Euskadi se enfrenta a una alarma demográfica sin precedentes, acrecentada por la incertidumbre social y económica que ha generado la pandemia. La frialdad de los datos refleja un problema que empeora en Euskadi desde hace lustros. Aunque en este 2021 hay un elemento nuevo. A las causas ya conocidas y advertidas por los expertos –la dificultad de los jóvenes para emanciparse, el retraso de la edad para tener el primer hijo fruto de la incorporación de la mujer al mercado laboral, las dificultades para conciliar la vida profesional y familiar...– se ha añadido uno nuevo: la incertidumbre que ha generado la pandemia. Una inquietud que, en el caso de las parejas jóvenes, ha hecho que «retrasen la decisión de tener hijos», apunta Garbiñe Henry, doctora en Sociología Urbana y directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto.

La Mesa del Diálogo Social vasco se reúne hoy –con la extraordinaria participación del lehendakari, Iñigo Urkullu, acude por primera vez– para poner el broche (en forma de cinco grandes acuerdos) a casi tres años de reuniones técnicas y acuerdos preparatorios previos en el seno del órgano tripartito que se frenaron por la pandemia y se volvieron a acelerar a comienzos de este 2021. Pactos que abordan distintas cuestiones relativas al empleo actual y futuro en Euskadi entre los que destaca una importante entente entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos presentes en la mesa (CC OO y UGT, pues ELA y LAB optaron desde el inicio por no participar) para ‘Una transición justa a la industria 4.0’; una apuesta de los participantes –cada cual desde su responsabilidades– para intentar que el salto a la digitalización y la robotización de las fábricas no golpee al empleo ni genere bolsas de trabajadores ‘desconectados’. La importancia de la cita se mide también por la inédita participación de Iñigo Urkullu. Por parte de la patronal, acudirán el presidente de Confebask Eduardo Zubiaurre, Francisco Javier Azpiazu (secretario general de Cebek), José Miguel Ayerza –director general de Adegi–, Juan Ugarte (director general de SEA) y el secretario general y la responsable del departamento laboral de la patronal vasca (Eduardo Aréchaga y Virginia Múgica, respectivamente).

La dirección de Tubacex remitió ayer un comunicado a toda la plantilla en el que considera que «no existe causa justificada para esta huelga» (más de 200 días) y advierte de que «está poniendo en grave riesgo la continuidad de las plantas» de Llodio y Amurrio. La empresa hizo extensiva la situación al resto del tejido industrial de la comarca de Ayala, «a centenares de familias y a los intereses de todos nuestros accionistas». Tubacex recalcó de nuevo en su carta que no retirará el recurso planteado ante el Tribunal Supremo por la nulidad de los 129 despidos comunicados en marzo y anulados por el Superior vasco en julio. Lo hizo para «evitar la confusión» tras el comunicado del comité del día 9, en el que los representantes sindicales mostraban su «sorpresa» ante «la posibilidad de retirar el recurso». Ya la semana pasada, la dirección trasladó a la plantilla en un comunicado interno similar al de ayer que condicionaba la retirada del recurso a la firma de un acuerdo previo. Por eso, ayer insistió en que esa posición «no supone un cambio de planteamiento». De hecho, recordó que «es lo que la empresa lleva más de un año proponiendo como alternativa no traumática a los despidos». Los responsables de la compañía subrayaron que «la dirección no ha comunicado la retirada del recurso ante el Tribunal Supremo, sino que ha mostrado su plena disposición a negociar»; y responsabilizó al comité por no discutir «alternativas no traumáticas que eviten los despidos».

A PCB, filial de ITP Aero, se le acumulan las causas en los juzgados. Todavía colea la anulación de los 87 despidos en Barakaldo y Sestao declarada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y recurrida ante el Supremo, y este jueves se celebrará el juicio por el ERTE que presentó la compañía y que ha sido impugnado por tres de los cuatro sindicatos con representación en el comité –CC OO, ELA y LAB, no así UGT–. El ERTE en cuestión se extiende desde abril de este año hasta diciembre de 2022, con 45 días cada ejercicio, y afecta a los 286 trabajadores de producción de los más de 500 que suman las plantas de la Margen Izquierda. No obstante, cabe señalar que quedan fuera los 87 despedidos dentro del ERE, que fue anulado por el Superior y que, por decisión de la compañía, están cobrando el salario íntegro en sus casas en vez de ser reincorporados a la actividad. PCB tomó esta decisión tras alegar «falta de trabajo».

La empresa beasaindarra Indar (Grupo Ingeteam) sigue consolidándose como uno de los mayores fabricantes globales de equipos para el sector naval. El último éxito ha sido la venta de los cuatro motores de maniobra para el crucero más grande del mundo, el ‘Wonder of the Seas’, perteneciente a la compañía Royal Caribbean y en la actualidad en fase de pruebas. Se trata de un gigante cuyas dimensiones marean: 362 metros de eslora, 66 de manga, 9 de calado , 230.000 toneladas de peso, 6.800 pasajeros, 2.400 tripulantes, doce cubiertas y 2.867 camarotes, cien más que el hasta ahora ‘rey’ de los cruceros, el ‘Symphony of the Seas’. Gorka Ibáñez, director Comercial de Indar Naval, explica que este proyecto ha supuesto para la compañía guipuzcoana un «gran hito» porque el haber equipado el mayor buque de recreo hasta ahora conocido «te da un renombre y te coloca en el ‘top’ del sector. Además, es una muestra de que este cliente sigue confiando en nosotros».

Álava se postula para liderar esa disputa al contar con un centro de investigación puntero como el CIC Energigune de Miñano. En el horizonte de unos y otros agentes está la gran factoría de baterías proyectada en el Parque Tecnológico alavés, uno de los planes del listado vasco de aspirantes a fondos europeos de recuperación. En ese contexto se enmarca el nuevo espaldarazo de la Diputación alavesa al complejo dedicado a la investigación en almacenamiento de energía, que este curso cumple una década. El Ejecutivo alavés reforzará su apoyo económico al centro con un millón de euros en los próximos dos años, según anunció ayer el diputado general, Ramiro González, que recorrió la instalaciones junto a la diputada de Desarrollo Económico, Pilar García de Salazar. Un respaldo presupuestario que irá dirigido al desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía, reforzando el equipamiento de laboratorio y del área de almacenamiento de energía térmica, especialmente en las líneas relacionadas con el hidrógeno. Pero en especial, el apoyo económico pondrá el foco en una de las líneas de trabajo «estratégicas» que se llevan a cabo en las instalaciones del CIC. Se trata del desarrollo de la tecnología de la nueva generación de baterías, denominadas de Estado Sólido. Un proyecto dirigido a los ámbitos de «electromovilidad y almacenamiento estacionario a gran escala», el cual «consolida al CIC Energigune y a Álava como la infraestructura de referencia en el ámbito de prototipado para baterías sólidas de todo el sur de Europa», reseñó el jefe del Ejecutivo alavés.

La paralización del proyecto para buscar gas en el subsuelo de Vitoria supone «perder una grandísima oportunidad». Así lo ve el Ente Vasco de Energía (EVE), entidad dependiente del Ejecutivo de Lakua, principal impulsor del frustrado plan. Su director, Iñigo Ansola, realizó estas manifestaciones en una entrevista ayer en Radio Vitoria, donde aludió precisamente a la escalada del precio de la electricidad con el gas como «culpable», y recordó la apuesta de la administración vasca por esta fuente de energía. «Siempre hemos dicho que el gas natural iba a jugar un rol muy importante en la descarbonización, y siendo un combustible fósil contaminante, es el que menos contamina», defendió. «Es una grandísima oportunidad la que hemos perdido, pero la normativa así nos lo exige». Eso sí, «ese debate está zanjado», dijo. En el plano judicial, el recurso del Gobierno vasco contra el Ayuntamiento de Vitoria por frenar el proyecto aún no se ha retirado. Ansola indicó que «lleva su tiempo y tenemos que intentar cerrar esa puerta de la mejor manera posible. Hay compromisos adquiridos desde hace años y no solo la parte pública está inmersa, también la privada. Los proyectos no se cierran de la noche a la mañana, hay que cerrarlos adecuadamente». 

Continuismo al frente de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA). La asamblea general extraordinaria decidió ayer que este colectivo, que agrupa a 90 bodegas –según los datos ofrecidos por sus responsables, cuando hace dos años y medio eran 110–, siga el mismo rumbo de los últimos años. Su nueva dirigente, Itxaso Compañón (Bodegas El Mozo Wines), ha sido vicepresidenta Presidenta. Itxaso Compañón (Bodegas El Mozo Wines, de Lanciego). Era vicepresidenta desde 2018. Con Gil Berzal se inició la tramitación del expediente, que ahora ya está en el Ministerio de Agricultura y que ha sido llevado a los tribunales por la DOC Rioja. Compañón también es una firme defensora de esta iniciativa que pretende la escisión de la DOC Rioja y que en el plano político recibe el respaldo entusiasta de EH Bildu y en el institucional cuenta con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de Arantxa Tapia (PNV) desde el Gobierno vasco. Su candidatura fue la única que se presentó ayer una vez que se eligieron a los nuevos representantes en la junta directiva.

Después de las quejas de pymes, autónomos y comunidades, el Gobierno ha anunciado que «aclarará» el decreto que regula las ayudas directas para que se pueda lanzar una convocatoria adicional y llegar a más empresas. Así lo aseguró la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que en una entrevista en Telecinco respondía a la polémica suscitada, aunque no concretó cómo iba a ser ese rediseño del decreto. De hecho, de lo que se quejan las pymes es de que ahora las ayudas solo están concediéndose a las empresas que tienen facturas pendientes y no a las que han respondido con sus ahorros y no son morosas. Ante esto, Calviño solo explicó que los 7.000 millones se reparten siguiendo los criterios de las leyes de subvenciones, acreditando que ha caído la facturación por el covid y que existen deudas pendientes. La semana pasada el Gobierno anunció que había solicitado a la Comisión Europea extender estas ayudas más allá del 31 de diciembre para ampliar el plazo ante los retrasos. 

La revisión de los impuestos que gravan la electricidad, que supondría una reducción de cerca de 1.000 millones por trimestre, se ha hecho por lo tanto contrarreloj y para satisfacer una rebaja de la factura en el corto y medio plazo, a la espera de que llegue a buen puerto la reforma fiscal que quiere acometer el Gobierno en 2022 o 2023. En este sentido, según fuentes conocedoras, el Ejecutivo prevé actuar ahora sobre el impuesto especial a la energía eléctrica, que tiene consecuencias directas en la factura de los consumidores, y es el único que incide directamente en el precio que no se ha tocado. Este impuesto, con un tipo del 5,11% y que recauda cerca de 1.400 millones al año, está armonizado en la UE, con lo que las posibilidades de rebaja están limitadas a lo que marca la Directiva de la Energía, que sí permitiría una bonificación de cerca del 90%, según establece su artículo 14, para uso profesional, con una rebaja del tipo del 5,11% al 0,5%. Eso sí, algunos de estos usos ya están bonificados al 85%. En cuanto al uso no profesional, puede rebajarse el tipo al 1%, cerca de un 80%. La suma de esta rebaja más lo que supone para el IVA, el 21% de una rebaja de 4 puntos, redundarían en una reducción del 5% de la factura de los consumidores. Se trata, además, de un impuesto estatal, pero cedido a las comunidades autónomas, con lo que el Estado debería compensarles por lo que dejen de recaudar el tiempo en que esté rebajado, en principio, hasta 31 de diciembre, aunque no se descarta que se amplíe por el periodo que coincida con la nueva prórroga de las dos medidas que están en vigor desde junio: la rebaja del IVA del 21% al 10% y la congelación del impuesto a la generación.

Repsol, Arcelor, Cemex o El Pozo, entre otros, recibieron gratis en julio licencias para emitir CO2, que ahora han disparado su precio y han llevado a cotas históricas el recibo de la luz. En total, 734 empresas fueron beneficiadas con esa especie de lotería energética. En total, el Gobierno concedió una media anual de casi 48 millones de derechos para el periodo que va de 2021 a 2025. Si una empresa emite CO2, pero no tiene asignados derechos gratuitos, tendría que ir al mercado a comprarlos. En la práctica, las empresas que reciben derechos gratis estarían percibiendo un activo millonario. A precios de mercado actuales, con cerca de 60 euros por derecho para emitir una tonelada de CO2, esas licencias gratis valdrían más de 14.000 millones de euros. Entre los agraciados estaban grupos como Repsol, ArcelorMittal, Smurfit, El Pozo, Portland, LafargeHolcim, Cemex, Azucarera, Cepsa, Saint-Gobain, Global Steel Wire, Kimberly Clark, Nestlé, Ford, BP, Grupo Palacios, Sidenor, Puleva, Ercros y Enagás, entre otros. En el momento de la asignación de derechos gratuitos la subida de la luz no se había convertido aún en el asunto político y social que más preocupa en España. La verdadera escalada de precios se produjo en agosto. Durante ese mes, todas las miradas se centraron en buscar culpables. Además del crecimiento de la demanda eléctrica, y algún problema puntual con las renovables, el caos en los precios eléctricos se ha está produciendo por la combinación de dos factores al mismo tiempo: la subida del gas en los mercados internacionales y la subida de la cotización de los derechos de emisión de CO2.

El Gobierno descarta alcanzar un acuerdo en el diálogo social para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año. Al menos con la patronal. Así lo confirmó anoche el propio presidente Pedro Sánchez en TVE: «Me hubiese gustado un acuerdo» con todos los agentes sociales, «pero los empresarios no consideran oportuno incorporarse» a un pacto. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue más crítica con la posición de la CEOE, de la que dijo que «ha entrado pidiendo la congelación del SMI este año, es decir, pidiendo cero, y salen pidiendo cero». «Esto, han de entenderme, no es negociar, esto es otra cosa», censuró. Pese a ello, sí confía todavía en atraer a los sindicatos, aunque reconoce que la decisión no está ahora en sus manos, sino en las de sus compañeros socialistas de Gobierno. Sánchez evitó precisar más sobre las fechas. Se subirá «cuanto antes» y en la cuantía «que sea posible» dentro del «contexto» económico actual, donde la recuperación sigue mejorando pero todavía persisten algunas dificultades. El jefe del Ejecutivo sí apuntó que estará «dentro de la franja de entre 12 y 19 euros» propuesta por el comité de expertos, con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura.

El Gobierno adelantó ayer que no espera que España esté en condiciones de cumplir con los compromisos de reducción de déficit que impone la Comisión Europea al menos hasta 2025. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó esta advertencia durante el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que defendió la suspensión de las reglas fiscales y subrayó la necesidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en los que el techo de gasto será el mayor registrado: 196.142 millones de euros. Las normas impuestas por la Comisión Europea a los miembros de la Unión pasan por el establecimiento de un umbral del déficit del 3% a partir del cual la política económica de los países está bajo vigilancia. El gasto que ha supuesto el paso del Covid desde marzo de 2020 ya disparó el déficit hasta el 11% ese año y la previsión del Gobierno es que, con un rebote que hará que la economía crezca un 6,5% en 2021, el exceso de gasto sobre los ingresos se sitúe en el 8,4%, para pasar al 5% en 2022. Se trata de tasas que el Gobierno establece como orientativas y que generan cierto escepticismo entre los analistas. Su elevado ritmo de mejora hace pensar que son difícilmente alcanzables sin un aumento de los ingresos fiscales que Montero no ha puesto sobre la mesa.

Los dieciséis mayores grupos de automoción del mundo, con Volkswagen, Toyota y Daimler al frente, han dado la sorpresa en el primer semestre del año al obtener un beneficio operativo conjunto de 71.455 millones de euros. La cifra no solo deja atrás unas pérdidas de 4.069 millones en el mismo periodo de 2019, sino que supone el mejor resultado en diez años. El fuerte repunte se produce pese a la crisis de los semiconductores, que obliga a parar producción en todo el mundo, y la debilidad de la demanda. La inédita recuperación de esta industria responde sobre todo a los avances en eficiencia y reducción de costes. Según un informe de EY, los ingresos conjuntos de la automoción ascendieron a 809.000 millones de euros en el semestre, un 32% más que un año antes, pero aún por debajo de los niveles anteriores al Covid. Las ventas mundiales siguen una tendencia parecida: se matricularon 33,5 millones de vehículos nuevos en todo el mundo, un 27% más, pero un 11% menos que antes de la pandemia. La relativa mejora de las ventas ha venido acompañada de una fuerte mejora en los márgenes. BMW es la corporación más rentable. Toyota es más rentable que Volkswagen. El tercero por ingresos es Daimler. 

La directora general adjunta de la Comisión Europea para la Movilidad y el Medio Ambiente, la maltesa Joanna Drake, participó ayer en San Sebastián en el curso de verano de la UPV/EHU ‘Cambio climático y transición digital’, en el que defendió la importancia de la innovación tecnológica para combatir el cambio climático, advirtiendo de que también puede tener efectos contraproducentes que hay que saber manejar. En una entrevista con DV, aborda además los problemas que el cambio de modelo socioeconómico está causando en la población en forma de aumento desaforado de precios de la electricidad, las gasolinas, los alimentos o la destrucción de puestos de trabajo. «La transición ecológica tiene costes, sí; pero es la única manera de garantizar nuestro futuro», sentencia. "Efectivamente la subida de la luz que afecta a toda Europa tiene conexión, entre otras razones, con el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, con la subida del precio del gas, y con la organización del mercado energético, que no lo estamos controlando. Entre otras razones porque hay estados que no quieren ceder el control de este mercado y en cada país es diferente. Pero eso no es óbice para que la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía y sociedad más verde y sostenible sea necesaria. Lo que diría es que la transición energética tiene costes, claro, pero que el Pacto Verde Europeo (Green Deal) y el cumplimiento de los objetivos que en él se contemplan no son un brindis al sol. Es una estrategia de crecimiento para garantizar nuestro futuro y el del empleo". 

Noruega sale hoy de una de las elecciones parlamentarias más comprometidas de su historia. La disyuntiva era clara: petróleo o clima. Y bajo esa dualidad, más de tres millones de noruegos fueron llamados a las urnas entre ayer y el domingo. Al cierre de esta edición, los sondeos apuntaban a un cambio de rumbo político y a una nueva coalición de gobierno para finiquitar los últimos ocho años de mandato de centroderecha. Lideradas por la veterana politóloga, socióloga y economista Erna Soklberg, las dos últimas legislaturas han supuesto un fuerte desgaste al Ejecutivo. Aunque los analistas no descartaban ayer sorpresas de última hora que perpetúen a la primera ministra y su partido, el conservador Hoyre, parece más probable que la victoria vaya a parar a manos de una alianza entre los laboristas, la izquierda y los verdes. La emergencia climática ha agitado las elecciones y podría impulsar el papel de las fuerzas que piden el cese gradual de la gran industria del país. 

La semana no podía comenzar con mejores noticias. La pandemia sigue a la baja en Euskadi tras registrarse 119 nuevos casos de covid, que arrojan el índice de positividad más bajo desde junio y alimentan la esperanza. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no pudo ocultar ayer la satisfacción que le genera la aparente remisión de la quinta ola de coronavirus. «Vamos por buen camino para alcanzar ese ansiado objetivo de rebajar hasta 60 la tasa de casos por 100.000 habitantes», confirmó. Rebajar la cifra de nuevas infecciones por debajo de ese nivel permitiría al Gobierno vasco aliviar sustancialmente las actuales restricciones; y a la sociedad, comenzar a disfrutar de un tiempo más parecido al prepandémico. La meta aún está lejos, pero la epidemia vasca camina en esa dirección. El índice de positividad anotado el domingo sólo resulta comparable con los que se dieron en torno a la festividad de San Juan, a finales de junio.

Adegi ha galardonado un año más a las dos traineras guipuzcoanas con mejor resultado en la Bandera de La Concha. Eduardo Junkera ha recordado que Adegi está  impulsando una nueva cultura en las empresas de Gipuzkoa, que consiste en hacer de las empresas proyectos compartidos basados en la confianza, en los que todas las personas de la empresa reman juntas en la misma dirección en pos de un objetivo, proyecto, propósito común."Fabrika- ha añadido- es el centro de alto rendimiento para entrenar los principios de la nueva cultura. De ahí la denominación del premio- ha concluido- : Nueva Cultura, por los principios que la impulsan, y Fabrika, por el lugar en el que se entrenan". Ver más en Adegi.