20210917

Petronor volverá en los próximos días a la plena producción de hidrocarburos una vez que este fin de semana concluya la puesta en marcha de la Unidad de Crudo 2 –Refinería 2–. Estaba parada desde hace casi diez meses, en concreto desde el 30 de noviembre pasado, por la falta de demanda del mercado derivada de las restricciones a la movilidad decretadas por las autoridades para tratar de contener la expansión de la pandemia de Covid-19. Esta unidad supone el 40% de la destilación total de crudo que se lleva a cabo en la refinería de Muskiz, y con su reactivación se levantará el próximo 1 de octubre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado desde mayo pasado por la compañía a 364 de los 965 empleados de la empresa, y con el que intentaba absorber una parte del impacto económico que ha tenido la caída de su producción. Un ERTE que, sin embargo, fue tumbado a principios de este mes de septiembre por el Juzgado de lo Social Nº 8 de Bilbao, que lo declaró «injustificado» y determinó la reincorporación al trabajo de todos los afectados y el abono de los salarios que habrían dejado de percibir. No obstante, la empresa ya declaró su intención de recurrir esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ver nota Petronor. 

El coste laboral de las empresas vascas subió un 8,9 % en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2020 hasta los 3.114,41 euros, un incremento de 255,5 euros, mayor que entre enero y marzo con lo que son ya tres trimestres al alza tras varios de bajadas por los ERTE aplicados durante la covid. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador y mes (que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos en términos brutos) subió en Euskadi un 9,6 % hasta los 2.263,59 euros de medida. Los otros costes, entre los que se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social, crecieron un 7,3 % hasta los 850,82 euros por trabajador y mes. El coste laboral vasco es el segundo más alto del Estado solo superado por la Comunidad de Madrid donde está en los 3.298,66 euros y supera la media nacional en 348,02 euros.

La recogida de firmas emprendida entre los trabajadores de Tubacex, donde reclaman votar la continuidad de una huelga que ya encadena siete meses, no ha hecho cambiar de opinión al comité. Sus portavoces restaron ayer validez a dicha iniciativa y descartaron atender la petición en las condiciones actuales. «La cuenta para nosotros es cero, no tenemos ninguna firma», manifestaron, señalando que se trata de un documento «firmado por mandos de la empresa, que no secunda esta huelga, que dice que hay 173 firmas. No sabemos si están bien recogidas, si son reales, si hay más o menos...». Para llevar a cabo esa recogida «se requiere de un proceso legal para convocar una asamblea, y si se hace de manera legal el comité atenderá a ella», se limitaron a decir los representantes sindicales. El comité celebró un nuevo acto de protesta a las puertas del Parlamento vasco aprovechando la celebración del pleno de Política General. La plantilla se manifestó en una caravana de vehículos que partió desde Llodio para dirigirse a la sede institucional en la capital alavesa. Compañía y sindicatos volverán a participar hoy en un encuentro con el Gobierno vasco. 

El presidente de Elkargi, Josu Sánchez, fue el encargado de presentar ayer en sociedad Finanza, «un foro de reflexión y debate para el sector financiero, que comporta un paso más en nuestra vocación de reforzar y promover la cultura y la educación financiera», explicó. La primera edición (está previsto que se celebren al menos tres sesiones al año) se dedicó ayer a los grandes retos del sistema financiero. Desafios entre los que, citó Sánchez, se incluye la gestión los fondos europeos ‘Next Generation’. Ante un auditorio en el que, entre otros, estaban el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso; el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga; el presidente de Adegi, Eduardo Junkera, o el presidente de Mondragon Corporación, Iñigo Ucín. Junto a ellos, también siguieron con atención las intervenciones del gobernador del Banco de España y del presidente de Kutxabank, el presidente y el director general de DV, José Bergareche e Iñigo Barrenechea, respectivamente, así como el presidente de Euskaltel, Xabier Iturbe, y una nutrida representación del ámbito empresarial vasco.

El estreno tuvo como protagonistas de excepción al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente del banco de las cajas vascas, Gregorio Villalabeitia. Ambos realizaron sendas intervenciones en las que coincidieron en señalar al sector financiero como uno de los actores principales en el trabajo de lucha contra la crisis generada por la pandemia. Ante ese papel de la banca como canalizador de la política expansiva y de las ayudas a la economía real (sirvan como ejemplo los más de 120.000 millones en créditos del ICO o los más de 1.000 millones en avales de la SGR donostiarra), el responsable del supervisor español y también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y el banquero vasco subrayaron que las entidades han sido «parte de la solución». El Gobernador del Banco de España reclama mayor gobernanza en el sector, mientras Kutxabank se abre a una fusión con otro banco «si aporta rentabilidad neta». 

Las cuentas de este año del Gobierno vasco contemplan inversiones por importe de 1.000 millones de euros –al margen de los proyectos de la ‘Y vasca’ y la Variante Sur Ferroviaria– «en el que ha sido el Presupuesto más expansivo» del Ejecutivo de Vitoria, recordó ayer Urkullu en su intervención parlamentaria. La cifra, sin embargo, va a quedar ampliamente superada por las previsiones para el próximo año e incluso por un adelanto que se quiere ejecutar ya en 2021. En total, habrá 1.600 millones de euros para nuevas inversiones en 2022, pero 180 se van a anticipar y se definirán en los próximos días. El martes, día 28, el Gabinete aprobará un conjunto de inversiones extraordinarias y no previstas hasta ahora, por importe de 180 millones de euros. Serán inversiones, anticipó ayer el lehendakari, destinadas a las comarcas del País Vasco más castigadas por la crisis y el desempleo. La decisión de ampliar la inversión es estratégica. Iñigo Urkullu recordó que aún «nos encontramos inmersos en la crisis más grave de las últimas décadas». Pero advirtió de que el objetivo «no es volver a la situación que teníamos antes de la pandemia», sino responder a una auténtica «transformación económica y social». 

Después de varios meses de opiniones cruzadas en torno a la posibilidad de acelerar la llegada del TAV con estaciones «provisionales» en Bilbao y Vitoria, el lehendakari dio ayer por buena esta posibilidad y reclamó que se concreten lo antes posible los detalles de la operación. Sin mencionar expresamente las terminales temporales, Iñigo Urkullu se mostró por primera vez en público abierto a esta solución de urgencia. Lo hizo porque no quiere más retrasos en un proyecto que acumula décadas de aplazamientos, que amenazan con ampliarse aún más por la indefinición de las estaciones subterráneas en ambas capitales. «Estamos dispuestos a explorar cualquier posibilidad que no suponga una demora en el calendario establecido», aseguró el lehendakari durante su intervención en el Pleno de Política General. Se trata de un asunto nuclear para el Ejecutivo autonómico. De hecho, en su discurso, Urkullu también emplazó al Gobierno central a alcanzar un acuerdo «antes de finalizar este año» –es decir, en menos de tres meses y medio– que sirva para «resolver» cómo y cuándo llegará la alta velocidad a Bilbao y Vitoria.

Entrevista con Ivan Jimenez, director gerente de Bizkaia Talent. "Para nosotros, talento es la combinación entre la aptitud y la actitud. La primera se obtiene generalmente de la formación o de la experiencia, y la actitud, que es lo que marca la diferencia, es algo que cada uno lleva consigo. Nosotros en concreto trabajamos con perfiles de talento de alta cualificación con titulación universitaria si bien en este  momento hemos abierto una reflexión para incluir también en el futuro a la FP de grado superior". "La carencia de talento que viene es brutal. Llega de la mano de la pirámide poblacional y es algo que ya han sufrido países como Dinamarca, Alemania o Suecia. Pensar que lo vamos a mitigar de manera inminente con la inmigración de alta cualificación es muy difícil porque estamos inmersos en una batalla por la captación de talento que se libra a nivel global...En el ámbito de la ingeniería informática ya se están viendo unos incrementos salariales  enormes, de hasta el 20% de un año a otro en algunas empresas que, pese a ello, tampoco consiguen retener a ese personal, por pura ley de oferta y demanda. Esto traerá cambios en las relaciones laborales, va a suponer que haya diferencias salariales importantes entre categorías que hoy en día no existen..."

El Gobierno y los sindicatos cerraron anoche un acuerdo para subir 15 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta diciembre de este año. Es decir, que esta renta pasaría de 950 a 965 euros mensuales. En términos relativos esto supone un incremento del 1,6%. En términos anuales, esta subida del SMI significa un crecimiento del salario desde los 13.330 a los 13.510 euros anuales. Además, el acuerdo recoge que la subida tendrá efectos retroactivos sobre las empresas desde el 1 de septiembre. Esta es una decisión importante porque va a obligar a todas las empresas a cambiar las nóminas inmediatamente, además de aumentar los costes de muchos contratos ya realizados. En segundo lugar, el Gobierno se compromete con los sindicatos a “a avanzar” hasta que el SMI alcance el 60% del salario medio. Y a hacerlo “mediante su progresiva revisión” en 2022 y 2023. Este acuerdo coloca la senda de crecimiento de esta renta en los 1.000 euros en 2022, aproximadamente, y en los 1.049 en 2023. Está en la línea del informe sobre el análisis del SMI que elaboró la comisión de expertos designada por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien anoche se mostró “contenta” del acuerdo con los sindicatos, ya que, a su juicio, demuestra que “valió la pena pelear hasta el último minuto”, mientras que dijo estar “apenada” por el rechazo de la patronal.

Los empresarios alertan de que “las medidas ideológicas amenazan la recuperación” y que “la recuperación depende de las decisiones que se tomen”. Así lo hicieron ayer en la jornada Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo de la Comunidad de Madrid, con motivo del 35 aniversario de Expansión. En la primera mesa de debate sobre Claves para la recuperación económica y social en Madrid, en la que intervinieron Miguel Garrido, presidente de CEIM; Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; Lorenzo Amor, presidente de ATA; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, y José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial Hostelería de España, y que moderó Juan José Garrido, redactor Jefe de EXPANSIÓN, los empresarios advirtieron contra decisiones “ideológicas” y “sin consensuar del Gobierno” y reclamaron “no hacer trampas en el solitario” comparando los datos de incipiente recuperación con 2020, año fallido, en vez de 2019. En este sentido, Miguel Garrido avisó de que la recuperación llegue a buen puerto depende de las decisiones que se tomen, y consideró que “el Estado está haciendo anuncios preocupantes”. “Hay amenazas que pueden poner en peligro que esta recuperación sea sólida. Eso va a depender de las decisiones que tomemos en la gestión política. Lo fundamental es que se acometan las reformas que llevan mucho tiempo pendientes para que las empresas tengan confianza, tranquilidad y puedan recuperar la competitividad”. 

La nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que comenzó a negociarse ayer, pondrá “énfasis” en la formación de los trabajadores que se encuentran aún en suspensión de actividad. “Algunos de ellos tendrán que reajustar sus actividades dentro de la empresa o hacia otras empresas o sectores. Ese esfuerzo de formación de calidad y orientado a una mejora de sus habilidades tiene que ser un elemento adicional y central en el nuevo esquema que se inicie. Este es el elemento principal”, aseguró ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “La prioridad ahora ya no es tanto la activación, porque ya se han activado casi todos [los trabajadores en ERTE]”, añadió el ministro, que renuncia ya al mecanismo estrella de la última prórroga: incentivar la reincorporación de las plantillas con mayores exenciones de cuota para sus empresas. En su lugar, impulsa una experiencia puente hacia los nuevos ERTE de formación que se lanzarán en 2022 con fondos europeos.

El Gobierno intentó ayer sofocar de forma urgente el incendio creado en el sector de las renovables con la nueva reforma energética, matizando algunos puntos para que quedara claro que determinados proyectos de energía verde no estaban afectados. Reaccionaba así ante la rebelión de las renovables, que ven cómo la nueva reforma energética, que en principio iba dirigida contra las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), también les afecta. La reacción del Gobierno se produjo justo el día de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2021, que trata de contener los precios de la luz con una serie de medidas. Entre ellas, se ponen topes a lo que las empresas pueden cobrar en el mercado mayorista de luz, o pool, acotando el peso de la subida del gas, que se usa en las centrales eléctricas y que se ha disparado en las últimas semanas. Según comunicados internos de la agrupación fotovoltaica Unef, los responsables de esta asociación se reunieron ayer con la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, quien les explicó que iba a matizar la regulación que se ha puesto en marcha para excluir a determinados proyectos de renovables de los recortes que se plantean en el nuevo real decreto- ley. El problema de ese real decreto es su confusa redacción. 

La recuperación está en marcha y así lo refrendan los indicadores. Pero eso no significa que el horizonte esté del todo despejado. El consenso del panel de Funcas, que aglutina las predicciones de una veintena de casas de análisis, brindó ayer buenas y malas noticias. De un lado, los expertos confirmaron que la reactivación de la economía sigue cogiendo impulso, lo que se tradujo en una revisión al alza del PIB hasta el 6,2% este año, una décima más que en el panel de julio. Pese a esta mejora, que se atribuye al empuje de la demanda nacional ya que el sector exterior seguía restando en el segundo trimestre, el consenso del mercado sigue estando tres décimas por debajo del pronóstico del Gobierno, que sostiene un crecimiento del 6,5% este año. Los expertos consultados por Funcas se alinean así con el Banco de España, Bruselas o el FMI, que auguran un alza del 6,2% este año, mientras que ayer mismo Fitch elevó en tres décimas su proyección para España, hasta el 6,3%. ¿Y las malas noticias? La meteórica escalada de la inflación, que en apenas seis meses ha pasado de tasas negativas (-0,1% en febrero) a coronar agosto con un alza del 3,3% en los precios de consumo. Precisamente, la gran novedad del panel de Funcas, y no para bien, fue la “fuerte revisión al alza de la previsión de IPC”, fruto de la subida histórica del precio de la luz. Los analistas consultados por Funcas auguran que la inflación seguirá desbocada en los próximos meses, siempre por encima del 3%, para finalizar el año en el 3,2%. Ver nota Funcas. 

No ha habido una recuperación verde ni un “crecimiento más ecológico”. Al menos, no hasta ahora. Así lo indica el informe de situación sobre la crisis climática que varias agencias vinculadas a Naciones Unidas difundieron ayer. La pandemia y los planes para la recuperación económica tras el parón mundial en 2020 se vieron como una oportunidad para intentar corregir el aumento continuado de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas principalmente al uso del petróleo, el gas natural y el carbón. Pero, como destaca la ONU, “no hay indicios de un crecimiento más ecológico: las emisiones de dióxido de carbono [el principal gas de efecto invernadero] están aumentando de nuevo rápidamente tras una disminución pasajera debida a la desaceleración de la economía” por el parón por la covid. “El cambio climático y sus efectos se aceleran”, advierte el estudio. Además, Naciones Unidas advierte de que “las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se mantienen en niveles sin precedentes y condenan al planeta a un peligroso calentamiento futuro”. 

Controvertida medida del Gobierno de Mario Draghi. Italia será a partir del próximo 15 de octubre el primer país de la UE en exigir el pasaporte Covid a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. Sin él no se podrá acudir al puesto de trabajo y quienes no lo presenten a partir del quinto día podrían verse suspendidos de empleo y sueldo e incluso sufrir sanciones económicas. El Consejo de Ministros de Italia aprobó ayer el decreto por el que a partir del próximo mes se podrá exigir a los trabajadores italianos el pasaporte sanitario, “pase verde”, como se denomina en Italia. Un requisito que ya debe cumplirse para acceder al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones.

Urkullu sorprendió en la apertura del curso político en el Parlamento echando la vista casi dos siglos atrás para encontrar la solución «al problema vasco». El lehendakari propone recuperar «la soberanía anterior a 1839», antes de la abolición de los Fueros. También planteó en su discurso aprovechar los fondos de recuperación para la «transformación económica y social». El lehendakari expresó ayer en el Parlamento vasco su convencimiento de que el autogobierno está amenazado por un «grave y contumaz» incumplimiento, de que hay una tendencia a la «recentralización» y de que se está diseñando una «relación uniformizadora» en la que no se estaría respetando la «identidad singular» de Euskadi. Un escenario sombrío que, a su juicio, solo se puede aclarar mirando al pasado. En concreto, a hace 200 años. Se trataría de explorar la vía de los Derechos Históricos recogidos en la Constitución, recuperar ahora una «bilateralidad efectiva» y «retornar a la soberanía anterior a 1839». Ahí fue cuando terminó la Primera Guerra Carlista y los fueros quedaron supeditados a la Carta Magna. Porque, según Urkullu, el pasado y el futuro están conectados.