20220127

El choque con Rusia por un eventual conflicto armado en Ucrania ha desatado las alarmas en la industria vasca por el temor a que se eleven aún más unos precios energéticos que ya están por las nubes. Esa es una de las principales preocupaciones para Euskadi, según explica el viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, al margen del impacto que puedan sufrir el centenar de exportadores a ese país. Recuerda que tanto el gas como la electricidad y el petróleo «están ya en cotas muy altas», lo que ha disparado los costes e incluso obligado a parar a plantas como Sidenor o la ACB. «Europa depende en un 40% del gas ruso y el Gobierno de Putin lo usa como medida de presión. Cualquier problema en este sentido va a suponer más presión para unos mercados ya muy tensionados desde el año pasado», subraya.

Según un informe de la patronal SEA Empresas Alavesas, una de cada tres firmas de la provincia ha cerrado 2021 con pérdidas, una situación que los empresarios atribuyen directamente a las consecuencias de la pandemia y al «desorbitado» precio de la energía, lo que ha provocado una «tormenta perfecta» que, todo apunta, todavía está lejos de escampar. En estas primeras semanas del año los empresarios alaveses se encuentran inmersos en el cierre del ejercicio 2020-2021. Y los datos que manejan no son, en absoluto, halagüeños. En una encuesta que se ha impulsado desde SEA Empresas Alavesas entre más de 300 de sus asociados se refleja cómo un tercio está digiriendo unas pérdidas que corren el peligro de hacerse bola en sus balances. Para los empresarios, «el elevado absentismo que padece la práctica totalidad de las firmas del territorio» a consecuencia de la sexta ola de la pandemia está lastrando seriamente la recuperación. La pasada semana, la patronal ya alertaba en un informe de que el elevado número de bajas provocadas por la variante ómicrom del virus estaba teniendo un enorme impacto, sin precedentes, en sus plantillas. Sus estimaciones calculaban que la mitad de las empresas de Álava tiene al menos al 10% de sus trabajadores de baja, una situación «inaudita», y a corto y medio plazo podría poner «en serias dificultades las labores de producción y la oferta de servicios».

La crisis de suministros podría obligar a la planta de Mercedes-Benz en Vitoria a detener la producción durante tres jornadas de la semana que viene, del miércoles 2 al viernes 4. La empresa estudia esta posibilidad ante la escasez de piezas «críticas» para mantener activa la cadena de ensamblaje de furgonetas, según trasladó ayer a los sindicatos. El último parón de la planta tuvo lugar del 18 de diciembre al 3 de enero, incluyendo el paréntesis vacacional. Previamente, la factoría detuvo su cadena de montaje en una jornada en noviembre tras dos meses sin cancelaciones y haber retomado la producción el 21 de septiembre. Hasta esa fecha la fábrica estuvo inactiva durante tres semanas consecutivas. Mientras tanto, dirección y comité de empresa continúan con la negociación del ERTE de 30 días planteado para el primer semestre del presente curso para hacer frente a la escasez de microchips. La dirección ha propuesto a los sindicatos igualar las condiciones a los expedientes consecutivos de la crisis del 2008 y reducir la compensación del salario desde el 80% acordado en 2021 al 70%, manteniendo el resto de condiciones. Un planteamiento que rechazan las centrales, entre ellas UGT, que manifestó que «el deterioro económico no puede ser asumido por los salarios».

Los 30.000 trabajadores cubiertos con el convenio de la construcción de Bizkaia tendrán una subida salarial del 6,5% este año, que recoge la vinculación de los sueldos al IPC interanual de diciembre pactada cuando se negoció el acuerdo sectorial, en mayo del año pasado. El convenio fue sellado por CC OO y UGT con las organizaciones empresariales Asociación Constructores Bizkaia (ASCOBI), Asociación Vizcaína de Excavadores (AVE) y Maestros Pintores. El acuerdo, que se extiende hasta 2024, contemplaba para este año 2022 una subida equivalente al IPC interanual, con un mínimo del 1,2%. Como la inflación se ha disparado finalmente al 6,5%, la tasa más elevada en 30 años, ese ha sido el aumento definitivo. «Subidas de este tipo facilitan atraer mano de obra ante la ausencia de profesionales que las empresas están demandando para cubrir todas las obras que han de realizarse en el territorio», señaló el representante CC OOEuskadi en el sector, Txema Herrero.

El año pasado se cerró con solo 9.413 trabajadores vascos en ERTE, lo cual supone un descenso del 82,5% con respecto a la cifra registrada a finales de 2020, cuando eran 53.832. La recuperación del empleo resulta todavía mucho más evidente si el dato actual se compara con el del pico de la pandemia, en mayo de 2020, cuando llegó a haber más de 160.000 trabajadores vascos en ERTE. Según los datos que proporcionó ayer la elegación del Gobierno central en Euskadi, los ERTE actuales se dividen a partes casi idénticas entre los totales y los parciales. Y por territorios mantienen la proporcionalidad que corresponde a su población: 5.787 trabajadores se acogen a ellos en Bizkaia, 2.758 en Gipuzkoa y 868 en Álava.

Un año en el que se superaron todas las cifras de ingresos conocidas hasta ahora y en el que incluso las mejores estimaciones, las más optimistas, fueron superadas por la realidad. Y es que en 2021 las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa recaudaron un total de 15.963,2 millones de euros. Una cifra que supone un aumento del 14,4% en comparación con los ingresos de 2020 y también 2.014 millones más para las arcas públicas en los últimos doce meses. Las administraciones vascas han lanzado un mensaje de prudencia ante esta escalada de ingresos fiscales. Así, han recordado que vivimos en un momento de incertidumbres económicas. Y aunque los datos son la evidencia de que la actividad ha vuelto con fuerza a la mayor parte de sectores, también creen que hay que ser cautos. Asimismo, hay que tener en cuenta que nos encontramos a las puertas del inicio de una reflexión de cara a una reforma fiscal, en la que aparentemente quiere plantearse un aumento de la presión, aunque liviano. Batir récords en materia de recaudación de impuestos casa mal con la tarea de proponer una subida de la presión fiscal.

La economía vasca no recuperará el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia hasta el próximo año 2023, según se desprende del último Observatorio Regional elaborado por BBVA Research y dado a conocer ayer. En su informe, el servicio de estudios de la entidad financiera estima que el PIB de Euskadi crecerá un 5,3% este año –frente al 6,7% previsto por el Gobierno vasco en su última revisión de diciembre pasado– y un 4,5% en 2023, en ambos casos por debajo de las medias del conjunto de España, estimadas en un 5,5% para el presente ejercicio y un 4,9% para el próximo. Si a ello se le añade que según BBVA Research en el pasado 2021 la economía de Euskadi habría crecido finalmente un 4,7% –también por debajo de la media nacional del 5,1%–, la recuperación de todo lo perdido por el PIB vasco en 2020, cuando se dejó un 10,9% según la Contabilidad Regional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), quedaría pospuesta hasta 2023. No obstante, estas cifras difieren sustancialmente de las del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, que fija la caída de 2020 en el 9,9% y el crecimiento experimentado en 2021 en el 5,5%.

Entre las compañías que han trasladado su sede de Euskadi a Madrid se encuentra Vinzeo Technologies, empresa de comercio al por mayor de equipos electrónicos que ingresa unos 765 millones al año, y Cecosa Supermercados (424 millones) dejó el País Vasco para instalarse en las Islas Baleares. En total, a Euskadi llegaron 215 compañías y salieron 254, la gran mayoría con destino a Madrid, pero también a Navarra, Catalunya, Andalucía y Cantabria. Por lo demás, el año pasado Cataluña fue de nuevo la comunidad que mayor número de empresas perdió, con la salida de 935 sociedades y la entrada de solo 587; esto es, un saldo negativo de 348 compañías, el mayor de todas las autonomías, según un informe sobre cambios de domicilio social de D&B Informa. Y mientras el tejido empresarial de Cataluña se desangra, el de Madrid sigue ganando músculo, reafirmándose como el destino preferente de las compañías que deciden emprender mudanza.

Desde 2019, el proyecto Bizkaia Talent –impulsado por la Diputación– ha logrado atraer al territorio a 436 expertos de 68 nacionalidades distintas. Todos estos profesionales son titulados universitarios «o que ocupan puestos de alta cualificación», según explicó ayer la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, y se han incorporado a 105 compañías y organizaciones. En lo que va de legislatura, la institución foral ha invertido cinco millones de euros en iniciativas encaminadas a incorporar trabajadores de primer nivel que aporten un valor añadido a la red empresarial vizcaína «y mejorar así nuestra competitividad». Los datos, hechos públicos en el pleno de las Juntas Generales a petición del grupo Elkarrekin Bizkaia, revelan que esta llegada de talentos a la provincia va en aumento. En 2019 fueron 90, en 2020 la cifra creció hasta los 160 y el año pasado a 186. «Tenemos una red con 17.000 inscritos y 1.847 nos consultaron la posibilidad de venir», remarcó la responsable foral. En estos tres años el servicio también ha ayudado a 88 familiares a facilitar su asentamiento en el territorio.

Donde sí hay una revisión considerable es en el apartado relativo al alza de precios: los expertos aumentan en 1,1 puntos, hasta el 3,5%, la tasa media de inflación para el año 2022. Algunas de las voces consultadas, incluso, pronostican una escalada mucho más acusada. Es el caso de Banco Santander, que prevé un avance del 4,6%; de CaixaBank Research y la constructora Cemex, que hablan de un 4,5%, o de los Analistas Financieros Internacionales (Afi), que estiman una subida del 4,3%. Por encima de la media se sitúan también otras entidades como Equipo Económico (4,2%), Intermoney (4%), Axesor Rating (3,8%), Repsol (3,7%) o la propia Fundación de las Cajas de Ahorros, también en el 3,7%. Esta previsión supondría que los precios continuasen escalando más de lo que lo han hecho en 2021, cuando la inflación cerró en una media del 3,1%.

Los tipos subirán en marzo en EEUU. Tal y como esperaban ayer los analistas, la Reserva Federal ha confirmado que terminará a principios de marzo el programa de estímulos, despejando el camino para revisar los tipos en la reunión que tendrá lugar a mediados de mes. En los últimos días, había surgido el temor entre los inversores de que la imparable escalada de la inflación –que alcanzó el 7% en diciembre– obligara al banco central estadounidense a endurecer su política monetaria y adelantar su calendario, anunciando una subida de tipos tras la reunión finalizada ayer. No ha sido así y esperará hasta mediados de marzo. Al principio, el comunicado de la Fed fue recibido con optimismo en los mercados, pero según avanzó la rueda de prensa en la que Powell explicó la hoja de ruta, se invirtió la tendencia y el S&P 500 y el Dow Jones cerraron en rojo y se dejaron un 0,15% y un 0,38%, respectivamente. Por el contrario, el bono a 10 años se disparó un 5,56%. El anuncio de ayer no fue una sorpresa, “sino más bien una evolución”, aunque a medio plazo tendrá un impacto en los mercados. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, citó ayer a la patronal y a los sindicatos para el próximo día 7 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Ministerio de Trabajo, con el fin de comenzar a negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año. Cerca de dos millones de trabajadores están afectados directamente por esta renta, según el Ministerio de Trabajo y el Banco de España. La reunión sobre el SMI se producirá una vez que haya pasado el debate del 3 de febrero en el Congreso de los Diputados sobre el Real Decreto Ley de la reforma laboral. Todavía hoy el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante. Por esta razón, Díaz está concentrada en obtener el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña y de PNV. Posteriormente, abrirá la discusión sobre el SMI con los agentes sociales. Bien es verdad que el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos, quiere subir esta renta este año, desde los 965 a los 1.000 euros al mes. En términos anuales, desde los 13.510 a los 14.000 euros, en catorce pagas. Y también es verdad que el Ejecutivo y las centrales están de acuerdo en que el SMI suba en 2023 hasta los 1.050 euros al mes, o 14.700 euros al año. Es decir, una cantidad equivalente al 60% del salario medio en España, que es de 1.750 euros al mes y 24.500 euros al año.

El Gobierno podrá sortear su propia reforma laboral para agilizar la gestión de los fondos de la Unión Europea. La nueva legislación recoge en una disposición adicional que las administraciones y las empresas públicas podrán contratar personal temporal para gastar dichas partidas sin los límites fijados para las empresas. Según se recoge en la nueva legislación que ha pactado el Ejecutivo con los agentes sociales, las empresas solo podrán utilizar un trabajador temporal sin justificar causa durante 90 días en un solo puesto al año, o durante seis meses, ampliables por convenio hasta un año, si se trata de atender aumentos imprevisibles de la demanda. El contrato por obra o servicio, que estaba ligado a una subcontratación acotada en el tiempo y que se acababa cuando terminaba el proyecto, no se podrá utilizar. Sin embargo, toda esta normativa no se aplicará a las administraciones y entidades públicas a la hora de ejecutar los eurofondos. Los contratos que firmen con los trabajadores podrán tener una duración más allá de los plazos aplicables al sector privado. En concreto, podrán durar todo lo que se necesite para cumplir con los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, que se financia con unos 70.000 millones en ayudas europeas no reembolsables. Estos recursos proceden del fondo europeo Next Generation EU y tienen de plazo para gastarse hasta 2026.

El segundo año de la pandemia, 2021, no solo se cerró con un nuevo retroceso en la producción de coches en las plantas españolas, sino también con un incremento en el peso de los vehículos de gasolina sobre el total, en detrimento de los diésel, cuya fabricación se encuentra en caída libre. En 2021, la producción de vehículos en España se situó en 2,09 millones de unidades, según los datos difundidos ayer por Anfac. La cifra es un 7,5% inferior a la de 2020 y un 25% inferior a la del último ejercicio de normalidad, 2019. Es además la más baja desde 2012. El ejercicio estuvo marcado por un despegue de la demanda que no se trasladó a la automoción con la misma intensidad que a otras actividades, debido en buena parte a los problemas de oferta por la escasez de chips y la consecuente subida de precios. En estos meses, las plantas españolas operadas por Volkswagen, Stellantis, Renault y Ford aceleraron el declive del diésel, que experimentó un retroceso muy superior al de la dinámica del mercado. De las plantas españolas salieron apenas 313.000 vehículos propulsados con gasóleo, un 34% menos que un año antes.

Científicos del Gobierno de Estados Unidos anunciaron ayer que han dado un paso importante en el largo camino hacia la fusión nuclear, la fuente de energía en la que se han depositado grandes esperanzas porque apenas genera residuos. Utilizando el láser más grande del mundo, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (California) consiguieron que el combustible de fusión se calentara por primera vez más allá del calor que le habían aplicado, logrando un fenómeno llamado plasma ardiente, según explican en la revista ‘Nature Physics’. La energía producida fue modesta: el equivalente a nueve pilas de nueve voltios, de las que alimentan los detectores de humo y otros pequeños dispositivos. Pero los experimentos representan un hito en el camino hacia la fusión nuclear, aunque los expertos advirtieron ayer de que todavía quedan por delante muchos años de investigación. Actualmente, la reacción que alimenta las centrales nucleares es la fisión: la división del núcleo del átomo en átomos más pequeños libera gran cantidad de energía, pero genera muchos residuos radiactivos. A diferencia de este procedimiento y de la quema de combustibles fósiles, la fusión de los átomos de hidrógeno ofrece la perspectiva de una energía inagotable y sostenible. Sin contaminación, gases de efecto invernadero ni restos radiactivos, se adaptaría a la perfección a las necesidades de nuestro castigado planeta si se consiguiera generar en cantidad suficiente.

Vitoria recibió ayer al Tour de Francia para la presentación de las tres primeras etapas de la edición del año que viene, del 1 al 3 de julio. La Grand Départ Pays Basque 2023. El lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañó por la alfombra del palacio de congresos Europa al director general de la carrera, Christian Prudhomme, escoltados por los diputados generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y los alcaldes de Gasteiz, Donostia y Bilbao, cabezas visibles de las instituciones que realizarán la inversión de doce millones de euros necesaria para el desembarco de la mayor carrera del mundo en Euskadi dentro de 18 meses. En la presentación, Prudhomme desveló la mayoría de los detalles de las tres etapas, cuyos puntos de origen y destino ya eran conocidos. Dijo que el Tour regresa a Euskadi en busca de «la pasión y la fuerza de los aficionados vascos, que forman parte del paisaje de la carrera», y de las características clásicas del ciclismo vasco, etapas nerviosas, sin puertos enormes pero sin un metro de tranquilidad. Es lo que tendrá. Serán tres jornadas en línea, sin la contrarreloj habitual de los primeros días que suele colocar la carrera. El Tour de 2023 comenzará con la etapa Bilbao-Bilbao, de 185 kilómetros.

El pasaporte covid podría tener los días contados en Euskadi. El Gobierno vasco se está replanteando su eficacia y seguir el ejemplo de Cantabria y Asturias, que ya no lo exigen. Iñigo Urkullu ha citado para mañana (16.30 horas) al consejo asesor del LABI para revisar las medidas vigentes y en la reunión también se abordará la posibilidad de suprimir el pase sanitario. Un documento que expira el 31 de enero y que desde mediados de diciembre es obligatorio para acceder a toda la hostelería, así como a museos, cines, instalaciones deportivas, hospitales y residencias. En el encuentro del órgano que toma las decisiones sobre la pandemia se pasará revista al resto de las restricciones en vigor. El Ejecutivo autonómico decretó el 29 de diciembre una batería de medidas ya conocidas en otras fases de la crisis para tratar de evitar aglomeraciones y contener la imparable progresión del virus. La fecha tope de las limitaciones actuales coincide con una tendencia a la baja de la sexta ola y con los hospitales menos saturados, pero con los peores datos de muertes desde abril de 2020.