20220214

Cuenta atrás para que todas las empresas que cuenten con más de 50 empleados tengan que tener ya publicado de forma oficial un plan de igualdad. Queda menos de un mes, apenas tres semanas, para que termine el plazo de adaptación de tres años que dio el Gobierno a las compañías de entre 50 y 100 trabajadores para que lo elaborasen, cumpliendo con lo exigido en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato aprobado el 7 de marzo de 2019. El próximo 7 de marzo, casi 12.000 empresas deberán cumplir la obligación que ya tenían las que contaban con una plantilla superior a 100 personas. De lo contrario, podrán ser sancionadas con hasta 7.500 euros. Y deben tenerlo elaborado, depositado, registrado y publicado; es decir, haber observado todos los trámites, según explicó a este periódico Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS). En total, más de 30.000 empresas deberán tener en vigor este plan desde marzo. A día de hoy, sin embargo, poco más de 4.560 lo han publicado, según los datos que figuran en el portal REGCON, dentro de la web del Ministerio de Trabajo. En otras palabras, apenas una de cada seis cumple actualmente con la ley. «Van a tener que hacer planes de igualdad muchas empresas», reconoce Ercoreca.

Dos pioneras en la lucha por la igualdad de las mujeres y dos ejemplos de cómo adaptarse en la empresa a los cambios socioeconómicos. Este es el perfil elegido este 2022 por la Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa (Aspegi) para premiar a la mejor empresaria y la mejor directiva del año en el territorio. Concha Vidales Moreno, fundadora y CEO de DNA Data, y Kontxi San Juan Gómez, directora de Recursos Humanos de Viralgen, respectivamente, recibirán el próximo jueves día 24 sus galardones en un acto en el Aquarium de San Sebastián. Será la séptima edición de unos premios que «buscan reconocer y dar visibilidad a mujeres con gran trayectoria profesional y que han realizado una destacada aportación a la economía del territorio», en palabras de Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi. «Los premios de este año son un guiño al papel de la mujer como palanca de cambio en el contexto socioeconómico y empresarial actual», explica Ibáñez. La presidenta destaca también el papel de Vidales y San Juan, cuyas firmas comparten espacio en el parque tecnológico donostiarra de Miramón, por su adaptación en el incierto contexto de la pandemia. Son dos socias históricas de Aspegi. «Concha Vidales tiene unos valores vinculados al esfuerzo, la honestidad y la creatividad, con una apuesta específica por las mujeres investigadoras. Y Kontxi San Juan es una mujer muy vital y comprometida. Todo un ejemplo de resiliencia y con capacidad de adaptarse a los cambios, y experta en el desarrollo de equipos», resume.

Las diputaciones forales decidieron hace trece años expulsar del País Vasco las Sicav, el vehículo de inversión habitual de las grandes fortunas, mediante un cambio en la legislación fiscal. Un pacto entre el PNV y EA propició una polémica modificación en la tributación de estas sociedades, que pasó de la noche a la mañana del 1 al 28%, el tipo de gravamen que entonces se aplicaba a cualquier compañía mercantil. Las Sicav se fueron del País Vasco, pero los vascos no se fueron de sus Sicav. Les bastó con trasladar su sede social a Madrid, lo que les permitió mantenerlas con el tipo de tributación del 1%. Ahora ha sido el Gobierno central quien se ha propuesto apretar las tuercas a este tipo de sociedades de inversión, en las que ha abundado la simulación para cumplir los requisitos formales que se exigían, de tal forma que se intuye ya la liquidación de la mayor parte de las que existen. En este contexto, las haciendas forales han decidido poner un puente de plata a los vascos que aún utilizaban este vehículo de inversión –en realidad, han copiado o están a punto de hacerlo la legislación aprobada por el Estado con este mismo objetivo–, para propiciar un ‘gratis total’. Esto es, que sus propietarios no tengan que abonar abultados impuestos por las plusvalías obtenidas hasta ahora en sus Sicav, a cambio de que se comprometan a traspasar la totalidad del dinero a un fondo de inversión. Euskadi perdió un centenar de empleos de alta cualificación en 2009 al expulsar a estas sociedades. 

Quedan quince días para que desaparezcan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tal y como los conocemos a día de hoy y las empresas y los 118.000 trabajadores afectados no saben cómo tienen que actuar ante este cambio inminente. La confusión es generalizada, no sólo reina en las compañías sino que se percibe también en los despachos de derecho laboral del país e incluso en el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al que después acusarán de colapso cuando se acumulen los trámites. «No hace falta, no es necesario prorrogar los ERTE ya, porque el artículo 47 y 47.bis dice que ya quedan como una herramienta estructural de nuestro país. Que todas las empresas que los necesiten sepan que ya no hay que prorrogar los ERTE», sentenciaba la semana pasada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar la subida el salario mínimo. Pero lo cierto es que las empresas no están tranquilas, porque nadie les ha explicado lo que tienen que hacer. «Tenemos muchas consultas de empresas sobre todo porque tenemos el tope temporal del 28 de febrero. Nos están preguntando cómo tienen que hacer el paso de los ERTE del último real decreto de prórroga a los recogidos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o al Mecanismo RED», cuentan desde CEOE. Las empresas que hasta ahora tienen en vigor un ERTE Covid se encuentran en una tesitura complicada, ya que a partir de ahora no va a haber ningún mecanismo que les ofrezca la misma protección que tienen, salvo que el Ministerio legisle por sorpresa, algo que nadie en el sector espera. 

Las compañías españolas de chips y microchips se encuentran ya en conversaciones con el Gobierno, con el fin de prepararse para la lluvia de dinero que la Comisión Europea ha propuesto destinar a impulsar la industria de semiconductores en la Unión Europea. Según señalan desde la Asociación Industrial de Semiconductores de España (Aesemi) a CincoDías, el objetivo del Gobierno es desarrollar toda la cadena de valor para la fabricación de microchips en España, incluyendo el ensamblaje, algo que hoy el país no tiene. “La intención es crear parques que incluyan muchos de los ecosistemas que necesitamos hoy en España y reforzar lo existente. Estamos hablando de una fábrica, pero también de aspectos como el testeo o el empaquetado”, explica Danny Moreno, presidente de Aesemi y a su vez consejero delegado de la firma española de diseño de microchips Wiyo. Si bien el directivo rehúsa dar detalles sobre las conversaciones con el Ejecutivo, ya que son recientes, recalca que el Gobierno busca que España pueda contar con una planta de producción de semiconductores.

En el año 2030 se producirán dos cambios importantes en el mercado de la automoción: el precio de los coches eléctricos se igualará al de los de combustión tradicional y el canal online superará en ventas al de los concesionarios. Son las dos respuestas más destacadas realizadas por los 1.180 directivos del sector, de los que 53 están en España, recogidas en la XXII edición del Global Automotive Executive Survey de la consultora KPMG. En concreto, el 61% de los directivos encuestados en España estima que hasta dentro de ocho años no costarán lo mismo un eléctrico puro y un gasolina o diésel, mientras que son el 62% de los directivos españoles (el 78% a nivel global) los que aseguran que este año será el año en el que la mayoría de las ventas se realizarán por internet. El mayor reto en términos de electrificación sigue siendo para los encuestados la escasa disponibilidad de infraestructuras públicas de recarga, lo que “provoca que España esté lejos de cumplir con el objetivo fijado por el Pacto Verde Europeo para 2025 de disponer de un millón de puntos de recarga en toda Europa”. 

Electricidad, gasolina, gasoil, butano, gas natural, y hasta los pellets para las estufas. En los últimos meses, se han ido pulverizando todos los récord de los precios de las principales fuentes de energía. España afronta hoy el Día Mundial de la Energía en una situación inédita. Nunca hasta ahora todos los precios energéticos habían estado tan altos al mismo tiempo. En 1949, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó el 14 de febrero como una jornada para la reflexión sobre el uso eficiente de la energía. Setenta años después, el mundo se ha lanzado de cabeza a esa transición energética, pero se pregunta, ¿a costa de qué? La apuesta por la transición energética ha disparado los derechos de emisión de CO2, que compran las empresas para poder lucir el eslogan de la sostenibilidad. Esto ha disparado la luz. Las tensiones geopolíticas han disparado el gas y los carburantes. Todo ello ante unos gobiernos incapaces de contener la escalada. La luz sigue anclada en la zona de 200 euros por megavatio, cuatro veces el importe que marcó hace justo un año. Para amortiguar el impacto, el Gobierno ha prorrogado la rebaja fiscal del recibo de la luz. El precio de los carburantes en España está batiendo los récord que se alcanzaron hace ya más de una década. 

Cunde el nerviosismo en Bruselas. La crisis de los precios del gas, acentuada por el choque con Rusia —soberano de la manija del combustible hacia la Unión Europea—, amenaza la recuperación y ha obligado al Ejecutivo comunitario a cambiar el paso para tratar de atajar la escalada. La Comisión Europea, que durante meses ha confiado en que el problema se acabe resolviendo por sí mismo, ahora cree que hay riesgo de que se prolongue hasta bien entrado 2023. Esta situación la ha llevado a estudiar alternativas al sistema actual del mercado energético para desacoplar los precios del gas de los de la electricidad, según fuentes comunitarias. Entre las medidas valoradas, se encuentran las propuestas españolas que habrían sido descartadas en otoño por la Comisión, al considerar que podrían poner en riesgo el mercado energético europeo. Pero la realidad ha devorado las previsiones y ahora el trabajo se lleva a cabo a la carrera: Bruselas tiene previsto presentar en marzo una nueva batería de herramientas para contener el zarpazo energético provocado por el gas. Y todo ello en un contexto de elevada volatilidad. 

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, explica por qué su organización rechaza el sistema de cotización por ingresos reales en el que trabaja el Gobierno. “Se corre el peligro de que pase como con el ingreso mínimo y no llegue a tanta gente como dicen...Todo depende de lo que se entienda por ingresos reales. Si se trata de la capacidad que tiene un autónomo para deducirse gastos y que estos sean admitidos por Hacienda, estamos en contra, porque actualmente muchos no están contemplados. También nos oponemos a que sea un sistema obligatorio en el que el autónomo pierda su libertad...Los autónomos son un colectivo muy heterogéneo, y no se puede meter a todos en el mismo saco. Los datos que nos han presentado por separado Seguridad Social y Hacienda nos generan desconcierto..."

Entrevista con Karmele Acedo, Gerente de Grupo SSI, Servicios Sociales Integrados. "Los cuidados de las personas mayores va a ser generadora de oportunidades de empleo, y así aparece recogido en la Estrategia Vasca de Empleo y los planes de resiliencia de España y de Europa...Acabamos prácticamente de finalizar un trabajo para el Departamento de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco denominado ZAINLAB: Nuevos perfiles y roles profesionales para dar respuesta al reto de los cuidados. Retos y Oportunidades en el ámbito de los cuidados, que nos está permitiendo identificar qué oportunidades de nuevos empleos o profesiones pueden surgir en este sector. Estamos hablando de que casi 35.000 personas se van a tener que incorporar al sector en la esta próxima década..."

Tras dos años convulsos y bajo el yugo del Covid, las cadenas hoteleras españolas se preparan para pasar su primera prueba de fuego del que esperan sea el año de la recuperación. Con las reservas al alza y la vuelta del turista internacional a España, las grandes cadenas prevén acercarse ya esta Semana Santa a niveles de ocupación pre-Covid y auguran un buen verano. Los grandes grupos hoteleros españoles, como Meliá, Barceló, NH, RIU, Hotusa, Vincci, Sercotel, Piñero y Silken, han apostado por una apertura masiva de hoteles –contarán con más de 600 ya operativos en Semana Santa– y por recuperar a sus plantillas. Con 139 hoteles en España, Meliá tiene ya un centenar operativo. El resto son hoteles de temporada, que se abrirán en verano, a los que se suma uno cerrado por Covid y otro por estar medicalizado. “Con toda prudencia, y si no hay sorpresas, esperamos una recuperación en V. Los indicios apuntan a una Semana Santa muy similar a la de 2019”, señalan desde la compañía. El grupo habla de una “excelente” evolución de precios, con tarifas que ya superan las de 2019, y dado la gran demanda embalsada por el Covid descartan que 2022 sea un año de “grandes descuentos” ni en Semana Santa ni, sobre todo, en verano. 

El Partido Popular obtuvo una victoria amarga en Castilla y León. Va a depender de Vox para seguir al frente del Gobierno regional porque sin la extrema derecha se arriesga a que la alianza del PSOE con Podemos y las candidaturas uniprovinciales reúna más procuradores en las Cortes autonómicas. Al final, el peor de los sueños de Pablo Casado y de los populares castellanoleoneses se hizo realidad. El PP se quedó en 31 escaños, apenas dos más de los que obtuvo en 2019 y casi el mismo porcentaje de votos, cuando obtuvo el peor resultado de su historia en esa comunidad. Un rédito inapreciable y muy lejos de las expectativas que tenían para decidir el adelanto electoral. El escrutinio fue una sucesión de malas noticias para el PP. Solo ganó en Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila, mientras el PSOE lo hizo en las más pobladas Valladolid, Burgos, León y Palencia. Caso aparte fue el de Soria ¡Ya!, que barrió en su circunscripción. La victoría ajustada deja a Fernández Mañueco en manos de un Vox emergente –sube de 1 a trece procuradores– para formar Gobierno. De ser así, sería la primera vez que la formación de extrema derecha entraría en un Ejecutivo. El PSOE pierde 7 y Cs sufre un nuevo batacazo al perder 11 de los 12 escaños. 

Estados Unidos explicó ayer cómo será la guerra de Ucrania. Comenzará posiblemente en «cualquier momento» de esta semana. Hoy y mañana son dos días marcados en rojo en el calendario de la Casa Blanca. Pero su atención se concentra sobre todo en el miércoles. La hora H. Será una «acción militar muy rápida» y lo más probable es que «empiece con fuertes ataques con misiles y bombardeos», a los que seguirán los «movimientos de tropas terrestres». Así lo describió el asesor de seguridad nacional de EE UU, Jake Sullivan, en declaraciones a la CNN como colofón a una serie de mensajes pesimistas lanzados desde la Administración de Joe Biden a partir de la conversación que el presidente mantuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el sábado. La llamada no dio «motivos para el optimismo». «Ciertamente, no mostró que las cosas se estuvieran moviendo en la dirección correcta», señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby. «No hay señales de que Putin tenga la intención de aliviar las tensiones. Una acción militar importante podría tener lugar en cualquier momento», añadió, pese a que ambos dirigentes se emplazaran a un nuevo contacto en marzo.

Cortar el flujo de gas a Europa es la baza económica de Moscú si Occidente impone sanciones más duras en caso de que Rusia invada Ucrania. Pero la vulnerabilidad de la UE a las contramedidas del Kremlin va mucho más allá de la energía. Los responsables políticos temen que el bloque esté menos preparado que Moscú, donde la estrategia de la Fortaleza Rusia del presidente Vladímir Putin pretende ayudar al país a capear las sanciones más profundas. Desde los proveedores de tecnología y los bancos hasta los exportadores y los fabricantes que dependen de las materias primas, el corte de los vínculos comerciales aumentaría las presiones inflacionistas y frenaría la actividad de una amplia gama de empresas europeas. “Los nubarrones geopolíticos que se ciernen sobre Europa, de materializarse, tendrían sin duda un impacto sobre los precios de la energía, pero [también] repercutirían en el crecimiento como resultado de la reducción de los ingresos y posiblemente como resultado de la caída del consumo y del aplazamiento de inversiones”, advirtió la semana pasada la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde.

Euskadi despidió esta medianoche el grueso de las restricciones sanitarias que ha mantenido desde Navidades, con lo que se incorpora a un estado de seminormalidad que coincide con el declinar de la sexta ola de la pandemia. La sensación de libertad casi total que se respirará hoy en bares, comercios o salas de cine –exceptuando siempre la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios interiores– solo se verá empañada por la zozobra que ha provocado en algunos ayuntamientos la orden de la consejera de Salud que se publicó este sábado en el BOPV para cubrir el final de la emergencia sanitaria en Euskadi y el decaimiento de las restricciones. El punto en el que se habla de «suspender o posponer temporalmente» los eventos que se prevean multitudinarios en los municipios que superen una tasa de incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes –en Gipuzkoa, todos menos Gaintza y Errezil– hará que hoy no se hable de otra cosa en los consistorios que ya encaran celebraciones como los carnavales.