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José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica vasca Sidenor y de AEGE, la asociación que engloba a las empresas con mayor consumo eléctrico, cree que las grandes compañías pueden aguantar, pero también reconoce que las pequeñas, las más débiles en su estructura financiera, están ya al mismo borde del colapso. Anticipó a finales del pasado año que el aumento de los costes de la energía eléctrica –se ha sumado también la escalada de precios del gas y de otras materias primas– era un torpedo en la línea de flotación de la industria. Ahora, advierte de que las multinacionales se están llevando la producción fuera de España y no muy lejos, a Francia, por ejemplo, porque encuentran allí precios de la electricidad muchísimo más bajos. "Ya dijimos que contratos bilaterales y a precios fijos apenas había. Eso ha evolucionado, pero poco. Para el resto, si nos fijamos en el precio del mercado diario, estamos en estos momentos en torno a 200 euros por megavatio a la hora. El mercado de futuros, que es el que permite anticipar lo que va a suceder, apunta a precios de 190 euros para el primer trimestre de 2023. Para poner esto en su contexto, hay que decir que hace aproximadamente un año el coste estaba en torno a 40 euros el megavatio. Y la media de los últimos cinco años está ligeramente por encima de los 45 euros...El encontronazo con Iberdrola es agua pasada. Tiene que quedar claro que yo nunca he tenido nada contra Iberdrola. La crítica entonces y ahora era contra el sistema de fijación de precios de la energía eléctrica. Hablamos de un problema de competitividad de la industria..."

Carme Artigas (Vilassar de Mar, 1968), secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha realizado esta semana una intensa visita de dos días a Euskadi. Un periplo organizado por la Delegación del Gobierno en el País Vasco que le ha llevado por los tres territorios y en el que ha conocido de primera mano las últimas apuestas en la comunidad en cuestiones como la ciberseguridad, la gestión de los datos aplicada a la industria, la computación cuántica o la propia inteligencia artificial. De esa apretada agenda se lleva Artigas una buenísima impresión y, ante todo, confiesa, la idea de que el grado de colaboración entre los distintos agentes (públicos y privados) que aquí impera es algo que merece la pena «exportar» al resto de España. "La pandemia ha ayudado mucho a visualizar algo que antes no iba conmigo o que solo correspondía a la gran empresa o al propio sector tecnológico. Algo que no afectaba a mi pyme. Gracias a la digitalización y a la tecnología hemos visto que incluso en una pandemia nos podemos comunicar y trabajar. Ha puesto en valor eso que ya sabíamos que era importante y que ahora la gente ya sabe que es urgente. Mantener un buen nivel de vida va a depender mucho de cómo hagamos esta transición...La falta de digitalización de las pymes es un tema tremendamente urgente por resolver..."

La secretaria de Estado asegura que "va a hacer falta mucha inversión y, de nuevo, que alineemos intereses para acceder a los fondos europeos. Se necesita masa crítica y no dispersar ni tener diez centros. El Gobierno ha lanzado tres grandes proyectos en este sentido. Uno de Educación, otro de Industria –en los que hay actores vascos– y otro desde mi Secretaría de Estado que es el ‘Quantum Spain’, que va a desarrollar un ordenador cuántico con capacidades en la nube para que pueda acceder la academia y la industria y en el que participa la UPV y el Donostia International Physics Center (DIPC)...Yo he animado estos días a las empresas del País Vasco a que se cree un fondo industrial de las propias empresas. Que creen un fondo de Corporate para que nosotros les doblemos sus recursos con el Next Tech, que es un fondo de fondos que puede siempre acompañar. Hablo de invertir no en las fases primeras sino en las fases grandes. Hoy hay empresas en nuestro país que necesitan 50 millones de financiación para crecer y no encuentran un fondo que sea español. Ahora es el momento de hacerlo. Hay 500 millones ya disponibles en el Next Tech". 

Cientos de trabajadores del sector se manifiestan en Vitoria y el 4 de marzo volverán a mantener una reunión con SEA, de la que no esperan «nada» Cientos de trabajadores del sector del metal alavés salieron ayer a la calle para reclamar «un convenio digno». En una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB y CC OO y a la que se sumaron USO, ESK y CGT amenazaron con paros, movilizaciones y una huelga si no se consiguen avances en la negociación. El pasado 14 de febrero, el sector mantuvo una reunión con SEA totalmente infructuosa y el 4 de marzo volverán a juntarse, aunque no esperan «nada» de ese encuentro. El convenio sectorial del metal en Álava lleva más de tres años negociándose y los sindicatos denuncian el «inmovilismo» de la patronal. Una de sus principales reivindicaciones es un salario mínimo de 1.400 euros en 14 pagas. Pero no es la única. Piden también una rebaja importante de la jornada laboral, subrogación para el personal de las subcontratas, medidas contra el fraude en la contratación, limitación de la temporalidad y flexibilidad, propuestas para conseguir una igualdad real y efectiva y para garantizar la salud laboral, mejoras en los permisos y garantías de aplicación del convenio.

 El sector del vino de Rioja afronta 2022 con la copa medio llena. El «optimismo» se extiende entre los bodegueros y el propio Consejo Regulador confía en que el alivio generalizado de las restricciones derivadas de la pandemia, si la situación no se tuerce de nuevo, traerá «un impacto positivo sí o sí» a un negocio que en 2021 ya logró cerrar en cifras prepandemia. «Y no era fácil», admiten. El año pasado se vendieron 254,17 millones de litros (apenas un 0,6% menos que en el ‘normal’ 2019) bajo esta denominación y la previsión para el actual pasa por una subida del 7%. Las sensaciones son «positivas», sí, pero quienes viven de la uva tiran también de prudencia. El coste de la energía, del transporte y de las materias primas, o el impacto del conflicto en Ucrania, con Rusia en el ‘top ten’ de importadores, pueden condicionar los resultados. Hasta dónde es «imposible de prever». «Estamos volviendo al punto de salida, al año anterior de la pandemia, y la fuerza de Rioja está contrastada. Tenemos una apuesta ganadora y esperemos que el contexto nos deje», plantea José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador, con el cálculo de colocar 270 millones de litros de vino en el mercado a lo largo de este ejercicio. Él asume que 2022 «no viene todo de colores», pero la previsión de ventas evidencia una remontada ambiciosa. 

Puede considerarse que 2008 ha sido como el año 1 de la nueva era, justo antes de la gran crisis, porque en ese momento comenzó una recesión terrible pero también se consolidó un cambio social intensísimo: la digitalización, el envejecimiento poblacional, nuevos hábitos de ocio... Todo junto ha sido como una locomotora que ha pasado por encima del viejo régimen. Lo del covid sólo ha acelerado el proceso y arrojado ciertas incógnitas. ¿Adónde vamos? Si nada lo remedia, hacia unos barrios más tristes, un aumento de la soledad entre la ciudadanía y un crecimiento de las desigualdades. Donde mejor se ve esta revolución es en el cambio del tejido económico, que es un espejo fiel de la realidad. En 2008 había en la ciudad 39.101 negocios, según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Aquí se cuentan todo tipo de actividades: desde tiendas hasta despachos profesionales pasando por actividades de autónomos y empresas de todo tipo. Pues en 2021 (son datos a 1 de enero) se habían quedado en 32.081. Es decir, 7.020 menos, una caída cercana al 20%. Pilar Zorrilla, profesora de Marketing UPV: «La pandemia ha puesto en valor el comercio de proximidad, pero nadie compra por solidaridad». Rafael Gardeazabal, presidente de bilbaoDendak: «Aunque el consumo de ropa se ha disparado, se concentra en grandes firmas implantadas en el centro». 

La venta de automóviles nuevos ha constituido uno de los mejores medidores de la evolución de la economía. Pero, en una época de cambios insospechados a todos los niveles, ese parámetro también tiene visos de perder cierta fiabilidad. Al menos si se atiende a las sucesivas estadísticas que aluden a la recuperación que se está dando en todas las esferas geográficas, pero que no encuentran traslado en el mercado de coches. Las razones son varias y todas actúan interconectadas. La pandemia ha originado una incertidumbre, particular y global, que no termina de despejarse y que condiciona todas las decisiones de compra. Adquirir un vehículo es una de las que quedan postergadas, un hecho al que se suma los problemas de abastecimiento de las fábricas por la falta de componentes electrónicos, una subida incesante de los combustibles y hasta factores de tipo sociólogico, como el creciente desapego de la juventud -también forzado por su mayor precariedad- hacia el coche en propiedad, que está dejando de ser el sinónimo de libertad que supuso en décadas pasadas.

Manoli Igartua Olaechea (Irura, 1970) asumió en enero de 2021 el cargo de vicerrectora del campus alavés de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Tras el parón del covid, se ha reactivado la actividad deportiva y cultural del campus y han vuelto los estudiantes de intercambio. Proyectos como el Centro de Investigación en Desarrollos Farmacéuticos Avanzados en el edificio Lascaray dan sus primeros pasos y tanto Igartua como su equipo piensan ya en ambiciosos planes futuros. Entre ellos un laboratorio avanzado en movilidad sostenible, un centro de innovación en actividad física, deporte y salud y otro centro de aprendizaje a lo largo de la vida. Supondrían dos nuevos edificios y esperan recibir la financiación necesaria para que se conviertan en realidad.

“Tanto el ahorro como la amortización son brutales. Este año, gracias a los 3.000 euros ahorrados en luz para el motor de la piscina, los ascensores, el garaje y la iluminación, invertiremos en otras partidas”. Francisco Aliaga está exultante. La comunidad de 79 vecinos que preside en la urbanización Sierra Mar de Estepona (Málaga) ha instalado 30 placas fotovoltaicas para generar la electricidad que consumen las zonas comunes de sus cuatro edificios. A esos paneles sumó otros 12 para su propio piso. El resultado: una notable bajada de la factura, que es doble en el caso de Aliaga. “Lo tengo todo cubierto en casa, solo pago los gastos fijos”, explica. Las instalaciones para consumo propio se multiplicaron en 2021, sumando algo más de 1,2 gigavatios (GW) de potencia, más del doble que en el año precedente y el equivalente a lo que aporta un reactor nuclear. Con ese estirón, España ya tiene 2,7 gigas en los tejados, según los datos de la patronal de las empresas fotovoltaicas (UNEF). Con el recibo de la luz disparado, más de 80.000 ciudadanos y empresas invirtieron al abrigo de la recuperación económica para que las placas ocupen sus tejados y así romper con la dinámica alcista. Y en 2022 se prevé otro año récord.

Apenas quedan 130 días para que concluya la prórroga de seis meses que Bruselas dio al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al que acudieron 69 empresas españolas para pedir la financiación que no obtenían de ninguna otra manera para poder sobrevivir; en concreto solicitaron 5.345,4 millones de euros. Una pequeña cantidad si se tiene en cuenta que este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, podría haberse ampliado. Aunque para la SEPI sea una buena noticia que la ayuda no haya llegado a su cuantía máxima porque demuestra que no se ha necesitado, que las empresas se han recuperado antes de lo esperado, lo cierto es que este instrumento concebido como una solución a los problemas de solvencia empresarial ha estado lejos de sus objetivos. No solo porque desde que fue creado, en julio de 2020, haya aprobado 17 expedientes con préstamos asociados por importe de 2.040 millones de euros, el 38% de lo solicitado. De ellos, cuatro validados por el Consejo de Ministros el pasado viernes: los 340 millones de Técnicas Reunidas, los 85 millones de Grupo Wamos, matriz de la agencia de viajes Nautalia; los 45 millones de Global Exchange y los 34,5 de Ferroatlántica. También porque el número de empresas apoyadas quedará alrededor del medio centenar y la suma de las ayudas no alcanzará ni la mitad de la dotación inicial.

"Una subida de precios moderada a medio plazo facilitaría la transformación productiva...El ajuste es inevitable, pero deja en el aire la visión de medio plazo. Un horizonte macroeconómico estable y creíble es, sin embargo, necesario para anclar las expectativas y evitar una espiral de precios y salarios. También se trata de una oportunidad para lograr algo que hasta hace poco parecía inalcanzable: cumplir por fin con el objetivo de inflación del 2% a medio plazo, frente a casi cero en la época previa a la pandemia. Esto tendría múltiples ventajas, ya que no solo alejaría el espectro de la deflación, sino que también, como es evidente, aligeraría el peso de la deuda pública, casi toda no indexada. Otro beneficio, este menos obvio, de un incremento proporcional y sostenido de precios y salarios es que facilitaría el cambio estructural que se está produciendo a gran velocidad como consecuencia de la pandemia. La demanda mundial de bienes se ha incrementado en detrimento de los servicios, lo que genera cambios en los precios relativos. Por ejemplo, dentro de los componentes del IPC subyacente (descontando la energía y los alimentos no elaborados) se registran alzas de los bienes industriales con alto contenido en recursos naturales, y descensos en los servicios presenciales. Este entorno de inflación más elevada, y de cambios en los precios relativos que acompañan la transformación de la economía, también requiere de una acción de nuestra política económica..."

Entrevista con Andoni Ortuzar, presidente del PNV. La crisis sin precedentes que ha estallado en el PP ha arrasado con toda la actualidad política. Una guerra sin cuartel que, a pesar del último intento por desactivar la tensión, puede provocar en Pedro Sánchez la tentación de apretar el botón del adelanto electoral, según alerta Andoni Ortuzar. Un escenario que sería «dramático» para el presidente del PNV porque, dice, solo «engordará al monstruo», en alusión a Vox. "La clave es cómo se cierra internamente esta crisis. Si Casado, a pesar de la dureza de la situación, es capaz de mantener el liderazgo, ellos verán dentro cómo cosen sus heridas, pero hacia fuera habrá demostrado fortaleza para cargarse al reclamo electoral más potente que tienen, y a hacer frente a comportamientos, si así son, poco edificantes". "–¿Cómo se entiende el enfrentamiento insólito del PNV con el mundo empresarial?–No ha sido un enfrentamiento por nuestra parte. Han sido ellos los que han perdido la perspectiva de qué es lo nuclear. La CEOE es una organización que tiene un conflicto político enorme. Y Confebask se ha alineado críticamente con la posición de la CEOE sin darse cuenta de que lo importante es Euskadi, la ‘B’ de ‘bask’.–¿Los empresarios le han trasladado en privado su malestar?–No. Y no tienen ningún derecho a hacerlo. Si alguien puede trasladar malestar es el PNV". 

La dirección del PP anunció ayer que da por buenas las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las operaciones comerciales de su hermano y, en consecuencia, cerrará el expediente que podía haber derivado en una sanción. Presionado por los barones regionales, Casado hace así un intento desesperado de frenar la crisis del partido. El viernes le había ofrecido a Ayuso esa misma solución si ella reconocía no haber sido espiada, pero la presidenta de Madrid no aceptó. El encuentro privado del viernes fue desvelado ayer por Génova. En la Puerta del Sol relatan que el líder conservador pidió a la presidenta regional que «dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP» como un primer paso para firmar la paz. A cambio, según la versión del entorno de Díaz Ayuso, se zanjaría el expediente informativo que la dirección ha abierto para analizar el caso. La dirigente madrileña se negó, por eso la reunión naufragó. Génova, sin embargo, niega este extremo e insiste en que Casado únicamente dejó claro en la reunión que el partido «nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno» y que «emprendería acciones legales» contra cualquier persona que afirmara lo contrario.