20220228

Los mercados se preparan para una jornada difícil después de que Estados Unidos y UE acordaran este fin de semana dar un salto cualitativo en sus sanciones a Rusia, al bloquear a su banco central y retirar a varias de las entidades financieras rusas de la plataforma Swift, el mecanismo que permite las transferencias internacionales. Aunque esta ultima medida se ha adoptado con precauciones para tratar de mantener a salvo los pagos en materia energética, dada la dependencia de países como Alemania del gas ruso, los operadores advierten de que va a generar fuertes tensiones en el comercio de materias primas. Aparte de ser un productor clave de gas y petróleo, Rusia es un suministrador esencial de aluminio, níquel, paladio o trigo, cuyos precios están ya por las nubes, por lo que cualquier alteración supone un gran riesgo para las economías occidentales. La semana pasada el petróleo llegó a superar los 100 dólares, su nivel más alto desde 2014, mientras que el gas alcanzó los 140 euros Mwh, si bien después aflojó hasta los 92 euros, precisamente por el hecho de que Europa se resistiera a adoptar medidas tan radicales como expulsar a Rusia del Swift. Pero la ofensiva de Putin sobre Ucrania le ha obligado a ir más allá. Para tratar de contener las consecuencias, se ha dejado fuera del castigo a bancos como el perteneciente a Gazprom, el gigante estatal que gestiona el gas en Rusia, lo que no evitará graves dificultades. «La medida puede causar una significativa interrupción en el flujo de la energía y en otras materias primas». 

El transporte marítimo es la principal entrada de gas en Euskadi y la mayoría de los buques metaneros, el 42%, cerca de la mitad, proceden de Rusia. La terminal Bilbao Bahía Gas (BBG), ubicada en Zierbena, es el puerto de atraque y desde allí, se canaliza su uso en el País Vasco y, además, buena parte de este combustible se reparte a otras comunidades del Estado. La vía del transporte por mar trae a nuestra comunidad autónoma más gas que los oleoductos terrestres. Por ello, el estallido de la guerra provocada por el Ejército de Vladimir Putin en Ucrania provoca «gran incertidumbre» sobre el impacto energético en el País Vasco, según señala el Ente Vasco de la Energía (EVE). El alza del precio del llamado GNL (gas licuado natural), y su inmediata repercusión en los costes de los productos de las empresas y particulares dependientes de esta energía en Euskadi está asegurado si el conflicto se prolonga. A esto se añade el hecho de que las sanciones internacionales fijadas contra Rusia podrían complicar el suministro de gas ruso a Europa, lo que de nuevo encarecería el mercado. Iñigo Ansola, director general de este organismo dependiente del Gobierno Vasco, no oculta en un análisis de urgencia a este periódico que «es una certeza que esta situación bélica supondrá una subida de precios de la energía, pero hay muchas incertidumbres que no somos capaces de identificar cómo se van a desarrollar». La evolución y posible duración del conflicto, y la dureza de las sanciones económicas que la comunidad internacional pueda imponer al Gobierno de Putin son factores que determinarán el verdadero impacto en Euskadi en costes energéticos. 

La mayor parte de economistas y empresarios trabajan con una hipótesis: la guerra será breve y, aunque haya sanciones, éstas no tendrán un gran impacto en la economía española. Por lo tanto, el principal mecanismo de traslación del conflicto a la economía será en forma de mayores subidas de precios y de una prolongación de la espiral inflacionista, debido a la mayor probabilidad de efectos de segunda ronda. La incertidumbre sobre una posible interrupción en la llegada del suministro de gas y el petróleo (que Rusia ha recortado estratégicamente en los últimos meses, con el objetivo de poner en tensión las reservas europeas antes del final del invierno) ha provocado una fuerte subida de los precios de ambas materias primas. Desde el lunes, el precio del gas TTF (el precio de entrada en los puertos holandeses) ha llegado a subir hasta un 86%, mientras que el Brent ha tocado los 105,8 dólares, una cifra que no se veía desde hace 8 años. Aunque ambas materias primas han remitido posteriormente, esta escalada da una idea del impacto sobre la economía española. En concreto, una subida del petróleo de 10 dólares por barril supone un sobrecoste de 4.000 millones en importaciones y resta 0,2 puntos al crecimiento del PIB, por lo que una subida del barril de Brent hasta los 120 dólares por barril, como temen algunos analistas, podría hundir la balanza comercial en 24.000 millones y lastrar el crecimiento en 1,2 puntos respecto a las previsiones esbozadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que plantean un petróleo en 60,4 dólares. Con los carburantes en máximos históricos (la gasolina, en 1,59 euros el litro y el gasóleo, en 1,48) y la electricidad disparada, una nueva subida de la inflación lastrará el consumo y seguirá elevando los costes de producción de las empresas, lo que a su vez llevará a una nueva subida de los precios de venta minorista y a un nuevo golpe a los márgenes de beneficios de las empresas. Y todo ello, a su vez, elevará la probabilidad y el alcance de los efectos de segunda ronda, lo que a su vez reforzará la intensidad y la duración de la espiral inflacionista. Un segundo canal de transmisión a la economía española es la incertidumbre, que podría disparar los costes financieros. 

Estados Unidos, la UE y Reino Unido han adoptado sanciones dirigidas a congelar los activos del presidente Vladímir Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en respuesta a la guerra de Ucrania. También tienen previsto imponer sanciones al Banco Central de Rusia y expulsar a algunos de bancos del país del sistema mundial de pagos Swift, además de otras sanciones económicas. Otros aliados, como Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur, también han adoptado sanciones.

Las nubes se agolpan en el horizonte. La guerra en Ucrania y el final de la era de tipos de interés e inflación en mínimos han disparado los costes de financiación de las empresas en el mercado y amenazan con poner fin a la fiesta del dinero ultrabarato para el sector corporativo. Pero las grandes compañías españolas están protegidas. Han hecho los deberes y han blindado su liquidez y su deuda para afrontar cualquier embate. Telefónica, Iberdrola y Repsol son las más preparadas, aunque Cellnex, Naturgy, Endesa, Aena o Red Eléctrica también se han encargado de poner a resguardo sus cuentas de resultados. Lo han hecho desde dos frentes. El primero es el acopio de efectivo, que ha vuelto a primer plano después de perder protagonismo en el arranque de 2021. Las grandes compañías del Ibex llegan al cambio de ciclo con las alforjas más llenas que nunca, lo que les permite tirar de recursos que ya tienen mientras la situación presente su peor cara y minimizar la apelación al mercado para cubrir sus necesidades de financiación.

La UE ha convocado para hoy una reunión extraordinaria de ministros de Energía destinada a preparar medidas de contención ante los esperados daños para el consumo, el bienestar de los hogares y la producción industrial. La Comisión Europea recomienda mantener en vigor las rebajas fiscales y subvenciones puestas en marcha en los últimos meses para aliviar la factura de la electricidad. Pero España llega con una posición mucho más exigente: el Gobierno reclama un freno de emergencia para desvincular el precio de la electricidad del precio de gas y evitar, entre otras cosas, que consumidores y empresas queden a merced de la presión de Rusia sobre los mercados. El zarpazo de los precios de la energía no parece tener final. Al incremento alarmante por las tensiones en los mercados globales de gas provocadas por la pandemia se le suma ahora una guerra a las puertas de Europa con el principal proveedor de la UE como causante y protagonista.

 El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube hoy un 8,15% con respecto a ayer, y supera los 277 euros por megavatio hora (MWh), el precio más alto en lo que va de 2022. En concreto, el precio medio del ‘pool’ es de 277,78 euros/MWh, unos 21 euros más caro que el precio del domingo, situado en 256,84 euros/MWh. El precio de este lunes es el más alto en lo que va del presente ejercicio, ya que se sitúa por encima del anterior máximo, de 261,11 euros/MWh, marcado el sábado 26 de febrero. Tras el inicio el pasado jueves de los ataques de Rusia a Ucrania, los futuros de gas natural se dispararon. No obstante, este viernes se relajaba su cotización en la plataforma neerlandesa TTF, de referencia en Europa, cayendo algo más de un 20%, hasta los 102,770 euros/MWh. En el caso del Mibgas, el operador del mercado ibérico, el precio del gas natural se situaba este viernes en los 113,05 euros/MWh, tras subir un 29%. El encarecimiento desde mediados del año pasado en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos. En comparación con hace justo un año, el precio del ‘pool’ para hoy lunes será un 1.399,08% superior a los 18,53 euros/MWh del 28 de febrero de 2021.

La salida de la crisis ha llegado con gran antelación al sector energético, que ha cubierto con creces el hueco abierto por la pandemia en sus cuentas de resultados. Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy, las mayores empresas energéticas españolas, obtuvieron un beneficio conjunto de 9.033 millones de euros en 2021, una cifra que representa 6,5 veces más que los 1.369 millones obtenidos en 2020. Como en 2020, Iberdrola fue la que alcanzó un mayor beneficio neto, de 3.885 millones de euros gracias a su esfuerzo inversor y a su expansión internacional, según Servimedia. Logró mejorar sus cuentas un 8% con respecto a los 3.611 millones de 2020, obteniendo de nuevo su récord histórico. La marcha que llevan los mercados mayoristas de la electricidad, con el riesgo de corte de suministro de gas como consecuencia del la invasión rusa de Ucrania y la respuesta de la Unión Europea, amenaza con prolongar esta etapa de precios disparados. El crecimiento en los resultados ha permitido a Iberdrola proponer una retribución al accionista de 0,44 euros por acción, lo que supone un 5% más que en 2021. Con todo, la mayor mejora de resultados registrada en el sector energético español es la de Repsol, que obtuvo el pasado año un beneficio neto de 2.499 millones de euros, que contrastan con los 3.289 millones perdidos en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus, cuando las restricciones de movilidad congelaron prácticamente su negocio.

«Mantener el statu quo significa desaparecer. Véase lo que les pasó a Nokia [en el negocio de móviles] o a Kodak». Wayne Griffiths, presidente ejecutivo de Seat es claro: «Tenemos una oportunidad de transformar la industria del automóvil con la ayuda de los fondos europeos». En su opinión, la decisión de fabricar el coche eléctrico pequeño en España, pendiente de la aprobación del PERTE, será la clave. «Sin ella, seguiríamos fabricando aquí coches de combustión que tienen fecha de caducidad. Por eso, prefiero ver al eléctrico como una gran oportunidad y como un proyecto de país, más allá de Cataluña. Si esta semana sale la convocatoria del PERTE, podremos afirmar que el Grupo Volkswagen va a invertir más de 5.000 millones de euros hacia el vehículo eléctrico, con los cinco modelos eléctricos adjudicados, la transformación de Seat Martorell y Volkswagen Navarra, y la planta de baterías. Producir desde España la plataforma del coche eléctrico va a ser una gran noticia». Ahora bien, la transformación hacia el coche a pilas genera un excedente de plantilla a corto plazo, dado que fabricar estos automóviles requiere, de media, un 30% menos de horas de trabajo. «Con una plantilla de 10.000 personas y una fábrica que hace cajas de cambio manuales [Seat Componentes en El Prat de Llobregat], tenemos un excedente de plantilla de entre 2.500 y 2.800 personas», explica Griffiths. Esta cifra supera los 2.000 trabajadores sobrantes planteados por Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat. Está en el aire qué ocurrirá con la planta de componentes de El Prat y sus 1.200 empleados. «Estamos viendo alternativas, pero fabricar motores para los modelos eléctricos no es una de ellas».

El tiempo pasa y el fondo de capital riesgo de Boston (Estados Unidos) cuenta por ahora con pocos compañeros de viaje para llegar a cubrir un 30% del capital de ITP Aero. Todos miran estos días a Indra, donde el Gobierno pasará a controlar del 18,7% al 28% del capital a través de la SEPI. El mercado ha interpretado esta operación como el futuro desembarco de Indra en la empresa vasca, que servirá para consolidar la creación de un grupo aeronáutico en torno a ITP Aero. La compañía de Zamudio (Bizkaia) fue dirigida durante más de un lustro por Ignacio Mataix, uno de los dos consejeros delegados de Indra y que por tanto la conoce a la perfección. De momento, el grupo vasco SAPA participaría en la operación por su vinculación con el sector de defensa, su principal cliente desde hace más de un siglo. La empresa de la familia Aperribay, que precisamente ha comprado este año el 5% de Indra, tendría, junto con BP capital, un 6% de ITP Aero, a la espera de la entrada del Gobierno vasco a través de su fondo Finkatuz. El Ejecutivo de Vitoria ha reclamado un representante en el consejo de administración, ante lo que Bain se muestra refractario, y que se mantenga en Euskadi la sede y el centro de dirección del fabricante de componentes aeronáuticos. Otros inversores que han “sonado” son la siderúrgica Sidenor y el empresario Francisco Riberas, a través de su sociedad patrimonial Orilla. También Sener, que en su día fundó ITP Aero y luego la vendió a Rolls-Royce porque requiere de una reinversión continua de los beneficios, en un negocio que está en una transformación tecnológica constante. Tampoco hay que perder de vista a los grupos aeronáuticos Aernnova y Aciturri, que en su día pujaron por ITP Aero sin éxito. 

La mítica planta de San Andrés, una de las instalaciones más señeras y recordadas de la ‘difunta’ Fagor Electrodomésticos pasó la semana pasada a manos de la ingeniería Ekide Group, implantada también en Mondragon. Así confirman a DV fuentes involucradas en la operación que, sin embargo, prefieren reservar el importe de la transacción. El vendedor, evidentemente, no es la extinta cooperativa sino Ekimen Berri Kudeaketa, una empresa de la propia Corporación Mondragon que en 2011 compró a su vez esa instalación y la de Garagarza a Fagor Electrodomésticos. Según las mismas fuentes, la compra, que supone la incorporación de 58.000 metros cuadrados, se enmarca en un proceso de expansión de Ekide que, además, permitirá la incorporación de al menos 80 nuevos puestos de trabajo en los próximos cuatro ejercicios.

Para María José Landaburu (Madrid, 54 años) la oportunidad de negociar un nuevo esquema de cotización para los autónomos permite abrir una ventana por la que reclamar más y mejores ayudas para un gremio que denuncia estar precarizado. Sobre todo el colectivo femenino, al que representa con fervor desde la secretaría general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). "Creo que la intención inicial del Gobierno no distaba mucho de la nuestra. Hay un núcleo importante de trabajadores autónomos que tiene unos rendimientos entre el salario mínimo y los 1.600 euros, y que es sobre los que debería enfocarse esta reforma. El problema es que para tratar de beneficiar a este grupo se han modificado los baremos de los que están por encima y por debajo de manera torpe...El objetivo debe ser equiparar los regímenes de la Seguridad Social en derechos y en obligaciones entre autónomos y asalariados, y entrar en el estado del bienestar. Y eso pasa porque la gente que pueda pague un poco más, y quien no, que lo haga un poco menos. También porque se arbitren sistemas de cobertura al margen con base en los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, a través de bonificaciones, aunque cada vez que lo propongamos haya quien se suba por las paredes... Los autónomos no hemos sido capaces de ver qué elementos básicos de nuestro funcionamiento, como son la fiscalidad y la Seguridad Social, nos eran comunes a todos y pelear por ellos..."

El Gobierno destinará un total de 119 millones de euros de los fondos europeos a recualificar a unos 825.000 trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): 79 millones en 2022 y otros 39 el próximo año. Ya se ha cerrado recientemente la primera convocatoria de subvenciones para que los afectados puedan acceder a formación. Lo paradójico de esta situación es que estos planes se ponen en marcha cuando ya han pasado casi dos años desde que estallara la pandemia y apenas quedan trabajadores en ERTE. En concreto, poco más de 100.000 de los 3,9 millones que llegó a haber en los momentos álgidos de la crisis epidemiológica. El pasado 7 de febrero terminó el plazo para que las empresas se apuntaran a la convocatoria de ayudas de Formación para personas trabajadoras en ERTE, que se incluyen dentro del plan para la recuperación y resiliencia. Se trata de una convocatoria de ámbito estatal –aprobada a finales de diciembre–, cuya programación, gestión y control recae en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y cuya tramitación se realiza a través de la Fundación para la Formación en el Empleo (Fundae). Está destinada a trabajadores que hayan estado o estén incluidos en ERTE, pero también podrán participar personas en situación de desempleo que hayan estado incluidos en un expediente de regulación, inscritas como demandantes de empleo. 

La proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años en España que trabajan y estudian a la vez es del 8,3%, según los datos de la OCDE correspondientes a 2021. Esto sitúa al país en el furgón de cola de este colectivo, solo superado por el resto de países mediterráneos donde aún hay menos jóvenes que viven esta combinación: Italia, con un 3%; Portugal, 5,5%, y Grecia, 5,6%. Estas cifras contrastan con la media de la OCDE, donde más del 15% de los jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo. Pero, sobre todo, marca “la gran diferencia” con los países europeos con menos paro juvenil: de Holanda, donde el 40% de sus jóvenes compaginan un empleo y sus estudios o Alemania, donde la gran implantación de la Formación Profesional Dual lleva a uno de cada tres jóvenes (el 33%) a combinar ambas cosas. Así lo ha explicado Florentino Felgueroso investigador asociado de Fedea y uno de los autores del primer Observatorio del mercado de trabajo español, elaborado por Fedea, BBVA Research y EY Insights.

El 7 de marzo 30.000 programas tienen que estar aprobados, pero hasta ahora apenas se han desarrollado 5.000 Los sindicatos, que deben estar en la negociación, no tienen recursos para tramitar tantos procesos simultáneamente. La raíz del problema está en que el Real Decreto 901/2020, por el que se regularon los planes de igualdad en las empresas, estipuló que en todas las empresas en las que no hubiera representación legal de los trabajadores (RLT), no estaría permitido que la empresa negociara con una comisión de empleados ad hoc, sino que sería necesario contactar con los sindicatos más representativos del sector para que ellos llevaran a cabo la negociación. Esto ha supuesto en la práctica que los teléfonos no dejan de sonar en UGT y CCOO, que no tienen recursos ni personal suficiente para abordar la negociación de tantos planes de igualdad de forma simultánea. «Es una tarea muy amplia y muy grande. El día 7 de marzo tiene que haber 30.000 planes de igualdad, que son muchos, y de momento sólo hay 5.000 registrados, asi que quedan 25.000. Es verdad que faltan recursos, que hay mucho trabajo y que estamos destinando todos los esfuerzos para ir a todas las negociaciones, pero hay un cuello de botella, vamos a necesitar más tiempo», admite Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO. 

Lo sabe todo sobre internet y los datos de los consumidores, pero tiene problemas con los suyos. A pesar de que hay numerosos errores en su página de Wikipedia, no puede corregirlos porque no tiene ninguna referencia bibliográfica para documentarlos. “Hay cosas, como mi fecha de nacimiento, que simplemente sé”, bromea Andreas Weigend (Friedberg, Alemania, 1959), excientífico de datos jefe de Amazon. Ahora, compagina la dirección del centro de investigación Social Data Lab con las clases en la Universidad de Stanford y en Berkeley y da conferencias por todo el mundo, como la que impartió en la reunión anual de antiguos alumnos de EAE Business School. "Una manera de enfocarlo es asumir que cada interacción que llevas a cabo, cada acción o cada anuncio que ves, está siendo registrada. En el caso de Amazon, esto es bastante realista. Pero no debería ser una relación unidireccional, las compañías no deberían ser las únicas que pueden explotar esta información. Los usuarios tendrían que poder usarla también para conocerse mejor. ¿Prefiero quedarme en un hotel de tres estrellas y, con lo que ahorro, invitar a mis amigos a una cena o prefiero quedarme en un hotel de cinco estrellas? Los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones..."

La tasa Tobin para los países de la UE vuelve a estar a debate. El objetivo es recabar las opiniones del club de los 27 para lanzarla antes de finales de este año y así incorporarla al presupuesto comunitario. De entrada, se gravarían las compras y las ventas con el 0,1% en cada transacción, frente al 0,2% aplicado en España solo a las adquisiciones desde enero del año pasado. BBVA alerta en un documento enviado a la CNMV de que este tributo europeo de nuevo cuño gravaría las adquisiciones de valores emitidos por el grupo. La posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras (léase, a la compraventa de acciones en las Bolsas) viene de lejos. La primera propuesta de directiva data de 2011, aunque nunca llegó a ponerse en marcha. Pero el año pasado, durante la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, se relanzó el tema, y este está en pleno debate. Es más, han surgido las alarmas entre los operadores del mercado, y eso que en España ya se aplica este impuesto desde enero de 2021, que grava con el 0,2% la compra de compañías con sede en España que superen una capitalización de 1.000 millones de euros. 

Vladímir Putin anunció ayer que las fuerzas nucleares de Rusia entran en estado de «máxima alerta», en respuesta a las contundentes e inéditas sanciones decretadas por la Unión Europea y Estados Unidos, que persiguen su aislamiento financiero por la invasión de Ucrania. Mientras se recrudecen los combates en todos los frentes del país, con la resistencia de Kiev como bandera de aliento, parece abrirse paso un tímida vía negociadora. El Gobierno de Zelenski aceptó reunirse en la ciudad bielorrusa de Gómel con altos mandos rusos en busca de un improbable pacto que ponga fin a la guerra.

El recrudecimiento de la ofensiva rusa en Ucrania llevó ayer a los Veintisiete a proponer nuevas sanciones a Moscú y ofrecer más apoyo a Kiev. Los ucranianos «luchan ferozmente» contra el tercer ejército más grande del mundo, por lo que en una decisión sin precedentes, la UE ha acordado enviar armas letales y equipamiento militar al país para equilibrar la balanza. Este material busca frenar a Putin, quien «no creemos que pare su invasión en Ucrania, sino que querrá extender su presencia a Moldavia y Georgia», dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Así, los Veintisiete destinarán 450 millones de euros del mecanismo europeo para la paz a enviar cazas, munición, sistemas de defensa militar y fuerzas antitanques a Ucrania. Se destinarán otros 50 millones adicionales para adquirir equipos de protección como cascos, chalecos antibalas y equipos de primeros auxilios y carburante, que llegarán a la frontera ucraniana a través de Polonia. La decisión sigue la senda marcada en las últimas semanas, en las que los líderes comunitarios prometieron medidas «sin precedentes» si Rusia elegía el camino de la guerra. Un camino que Europa no recorre sola. Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón se han aliado en la condena a Putin, con sanciones similares a las impuestas por Bruselas.