20220322

El 29% de las empresas alavesas (38% en el caso de la Industria) creen que tendrán que parar su actividad si se prolonga la situación actual por la invasión rusa de Ucrania, según recoge el Observatorio sobre la afección que la guerra en Ucrania tiene en las empresas de Álava, elaborado por SEA Empresas Alavesas. Con el objetivo de que la situación generada tenga el menor efecto posible en el empleo y la viabilidad futura del mismo, SEA ha solicitado a los trabajadores alaveses y a sus representantes, además de la "máxima involucración posible" en la defensa de la empresa como un "bien común" de nuestra sociedad, que aplacen hasta que la situación se estabilice los procesos de negociación colectiva abiertos en las empresas y sectores. El sondeo de la patronal alavesa refleja que aunque sólo el 8% de las empresas que han respondido a la encuesta mantienen relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia, las derivadas económicas del conflicto están afectando al 94% de las mismas. Ver nota SEA y Observatorio

En los últimos días se han acumulado nuevos problemas a un alza de los precios de la energía que se había evidenciado a finales del pasado año –con especial incidencia en sectores como la siderurgia– y que ahora no ha hecho sino complicarse sobremanera. La huelga del transporte por carretera –estimulada por la súbita escalada de los precios del gasóleo– ha puesto a muchas compañías al borde del vacío, ante la imposibilidad de conseguir suministros de materias primas críticas en sus procesos de fabricación. El conjunto de la industria del País Vasco está inmersa en un mar de incógnitas que no tienen respuesta. La principal, que era buscada ayer con ansiedad por los máximos responsables empresariales, estriba en intentar adivinar el tiempo que va a durar el paro de los transportistas. No hay solución, pero sí un esquema genérico de actuación para las compañías vascas. Si este paro puede solucionarse en un par de días, aguantarán abiertas. Si la huelga lleva camino de prolongarse, las paradas de producción serán inmediatas, lo que disparará de forma automática los mecanismos de flexibilización de las plantillas: desde cambios en los calendarios de vacaciones, para los casos más leves, hasta propuestas de ERTE para los más severos. a continuación se describe la situación de algunas empresas del País Vasco afectadas por el aumento de los costes energéticos y, al mismo tiempo, por la huelga del transporte.

La huelga del transporte, que cumplió ayer su octavo día, está dejando atrás un reguero de empresas que se están viendo obligadas a parar de forma temporal por la falta de suministros. Si el pasado sábado era Papresa de Errenteria la que anunciaba una detención de su actividad, ayer trascendió la afección sobre otra compañía emblemática, CAF. Y todo apunta a que de continuar el conflicto no será la última, porque todas las papeleras están modulando su producción, lo que podría derivar en más suspensiones de actividad. La huelga del transporte, secundada en Euskadi y Navarra por Hiru, y en el conjunto del Estado por transportistas autónomos y pequeñas empresas, podría provocar una fuerte onda expansiva en caso de prolongarse en el tiempo, tal y como ya alertó Confebask la semana pasada y también la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Ayer se sumó a este grito de auxilio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien también incidió en que de continuar la huelga, se verán obligadas a parar muchas empresas. 

El Ejecutivo de Urkullu pide a Calviño «un fondo para firmas directamente afectadas por la guerra» que atienda de forma especial a las cooperativas. Urgencia máxima para atenuar el impacto que la guerra de Ucrania ya está teniendo en las empresas de Euskadi y máxima celeridad para atajar el disparatado precio de la energía, que está mermando la capacidad y la competitividad de no pocas empresas de Euskadi e incluso, en algunos casos, está amenazando la pervivencia de algunas. Ese fue el serio mensaje planteado ayer por el Gobierno Vasco a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la celebración de una conferencia sectorial (una reunión con todas las autonomías) para analizar el Plan de Respuesta a la Guerra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé aprobar el día 29. En esa tesitura, y al margen de lo que pueda sacar adelante el Gobierno central, el gabinete de Iñigo Urkullu tiene previsto aprobar ya hoy mismo una serie de medidas, centradas en el capítulo financiero, para tratar de aligerar la carga de las empresas vascas afectadas por el conflicto. Ayer, el equipo de Pedro Azpiazu guardaba un silencio sepulcral sobre el contenido de las medidas, pero fuentes conocedoras de la situación trasladaban que, entre ellas, podrían incluirse apoyos en forma de créditos blandos para sostener la liquidez u otros dedicados a facilitar las operaciones de exportación. 

 La flota de bajura de Bizkaia y Gipuzkoa, formada por más de 160 embarcaciones con una media de ocho tripulantes cada una, continuará amarrada en los puertos hasta nueva orden ante la imposibilidad de comercializar sus capturas debido a la huelga del transporte por carretera y en señal de protesta por el elevado precio de los combustibles. El resultado más inmediato de estas decisiones es que peligra la costera del verdel.nLos arrantzales se suman así al resto de los pescadores del Cantábrico, y del conjunto de España, que seguirán en puerto a la espera de la evolución de unos acontecimientos que «se irán analizando día a día. Iremos decidiendo en función de las medidas y de las negociaciones que se adopten tanto a nivel estatal como comunitario», precisaron ayer desde las cofradías. Los pescadores siguen con suma atención los resultados de los encuentros que tendrán lugar hoy entre las autoridades de Pesca en Bruselas y la que se celebrará mañana en Madrid, donde se van a reunir el titular del Ministerio, Luis Planas, y la federación nacional del sector.

500 millones sobre la mesa. Es la baza con la que el Gobierno quiere desbloquear el problema del paro de los transportistas y que la cadena de distribución de alimentos vuelva a operar con normalidad. Dicha suma les llegaría directamente vía bonificaciones para reducir el precio del gasóleo profesional, según dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras una larga reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Y aunque señaló que es una medida que hay que terminar de concretar, por el momento se descartan bajadas de impuestos porque Hacienda considera que España ya cuenta con una fiscalidad baja en el transporte profesional. Este viernes tendrá lugar otra reunión de dicha patronal del transporte con el ministerio, una vez haya tenido lugar el Consejo Europeo y se pueda concretar el importe exacto. Estos incentivos se asumirían por el Estado y las comercializadoras a partir del 1 de abril. Según la ministra Sánchez, «es una medida eficaz que tendrá un impacto directo». Pero los convocantes de la huelga no dan marcha atrás. Al contrario, anoche sumaron nuevos apoyos. 

El Gobierno da marcha atrás y no limitará el precio de la luz a 180 euros por megavatio/hora. Trabaja ahora en otras opciones que permitan lograr un mayor consenso en el ámbito de la UE. El cambio de criterio se produce apenas cuatro días después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara en una entrevista radiofónica que defendería esta propuesta de forma conjunta con el Ejecutivo portugués en el Consejo Europeo que se celebrará esta semana, con el objetivo de evitar el efecto del encarecimiento de la electricidad sobre empresas y familias. Esta fórmula, que había provocado el rechazo tanto de diferentes patronales como de asociaciones industriales, queda aparcada, probablemente ante la imposibilidad de lograr un acuerdo en el marco de los Veintisiete. Y la rectificación se hace pública, precisamente, cuando el presidente Pedro Sánchez está inmerso en una gira continental para convencer a los socios de la necesidad de reformar el mercado energético.

El tropezón de España, que aparentemente había salido fortalecida hace unos días, cuando Bruselas le dio la razón en que había que actuar sobre el mercado mayorista, ha generado una enorme confusión política y empresarial. El Gobierno trabaja en medidas alternativas al establecimiento de un tope de 180 euros el megavatio/hora, una de las iniciativas barajadas para amortiguar el impacto de la subida de la electricidad en la economía, proteger a los hogares y a los sectores más expuestos a esta espiral de precios. Desde el Ministerio de Transición Ecológica explicaban ayer que poner un precio máximo de 180 euros/MWh al mercado eléctrico en realidad no es la medida en la que venían trabajando intensamente desde hace días. Era, dicen, una de las propuestas que se estaban barajando. Ahora que parece que lo de los 180 euros no ha cuajado, desde ese ministerio dicen que se sigue trabajando “en un mecanismo para evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad en toda la UE con el resto de socios comunitarios”. Desde el Gobierno se lanzan mensajes confusos sobre si al final habrá o no tope en el precio de la luz. 

Argelia quiere aprovechar al máximo la escalada de precios que está sufriendo el gas en los mercados internacionales para exprimir más el precio que obtiene por sus abastecimientos a España referenciando los contratos a parámetros de mercado ahora mucho más elevados que los que venía usando. En concreto, ahora quiere que las referencias se ajusten más al mercado TTF, el pool gasista europeo, que se ha disparado, en lugar de la cotización del Brent, que aunque también ha subido en el último año lo ha hecho en menor proporción. Naturgy es la compañía más afectada, ya que es la empresa española que más gas compra a Sonatrach, el monopolio argelino de hidrocarburos. 

La escalada del precio del petróleo continúa. Tras una ligera moderación en la segunda semana de marzo, el barril de Brent (la referencia en Europa) lleva varios días disparado. Ayer su precio subió un 7,69%, hasta superar los 116 dólares, después de que varios países de la Unión Europea hayan empezado a valorar la posibilidad de sumarse a Estados Unidos y Reino Unido en su embargo a las importaciones de petróleo de Rusia. Además, también ha pesado en la negociación internacional del denominado oro negro, la noticia de que los rebeldes yemeníes han atacado con drones varias instalaciones de Aramco, la empresa estatal petrolera de Arabia Saudí, y primer exportador mundial. En los mercados se teme que la situación de Arabia Saudí y el alejamiento de Occidente respecto a Rusia vayan a hacer menguar la oferta disponible de crudo, especialmente en Europa.

La plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio actualizará un 9,7% su retribución a lo largo de este año tras el acuerdo alcanzado por la mayoría del comité, integrado por UGT, LAB y CCOO –suman once delegados de los veintiuno de la representación sindical–. El pacto fue ratificado por la plantilla en referéndum los días 3 y 4 de marzo pasados. La subida corresponde a «la consolidación en las tablas de todos los IPC’s de la Comunidad vasca desde 2017», explicó ayer Jaime Herrero, de UGT. Desde esa fecha, las subidas habían quedado congeladas. El acuerdo recoge que los incrementos correspondientes a los años 2017 a 2020 se aplicarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que las de 2021, que suponen el 6,4% del total, se empezarán a percibir a partir del 1 de septiembre. La empresa se limitó a asegurar que «se garantiza el poder adquisitivo». El acuerdo es muy similar al de hace un mes, que fue rechazado por la plantilla. 

Andoain Orbelan Plásticos comienza hoy una huelga indefinida. La empresa guipuzcoana, que cuenta con 150 trabajadores y que pertenece a CIE Automotive, está negociando el convenio para este mismo ejercicio y también para 2023. La plantilla pide subidas salariales superiores al IPC, pluses nocturnos y contratos relevos, entre otras peticiones. Orbelan es, precisamente, una de las pocas compañías guipuzcoanas con presencia en Rusia. Según el catálogo del Gobierno Vasco, solo existen dos: Ikusi y Orbelan Plásticos. Por el contrario, el Catálogo Industrial de Exportadores del País Vasco, elaborado por el Ejecutivo autónomo, registra 39 empresas del territorio que envían sus productos a Rusia. La Corporación Mondragon cuenta con la presencia más relevante, representada por Fagor (Ederlan, Automation, Industrial) y Danobat Group.

El grupo Ormazabal, integrado junto a Ikusi en Velatia y compuesto por varias compañías del negocio eléctrico, facturó 525 millones de euros en 2021, un 13% más que durante el año del Covid. Este crecimiento se vio impulsado por la mayor capacidad productiva tras las últimas implantaciones en Rochester (Estados Unidos) y St. Helens (Gran Bretaña), así como por las ampliaciones de las fábricas en Bahía (Brasil) y Buenos Aires. Además, Ormazabal ha abierto una fábrica de celdas de distribución en Burgos y ha comprado una planta de transformadores en Soria. En la actualidad, cuenta con 16 centros productivos en todo el mundo; está presente en unos 50 países; y sus equipos están instalados en 150. El 60% de su mercado está ya fuera de España. El grupo considera que su apuesta por la innovación tecnológica está detrás del desarrollo de su negocio, y supone una “garantía para su continuidad”. Tradicionalmente, destina el 4% de la facturación a I+D, y el pasado ejercicio invirtió 20 millones. De propiedad familiar y poco dado a divulgar su rentabilidad, Ormazabal reinvierte la totalidad de sus beneficios, lo que facilitaría el gasto en I+D.

Maderas de Llodio, la planta de Garnica en la localidad alavesa, va a recibir una inversión de más de cinco millones de euros para «aumentar la capacidad de producción de contrachapado de pino e impulsar nuestra estrategia de diversificación de especies de madera, así como para favorecer el crecimiento global y adaptarnos a las demandas de nuestros clientes», explicó ayer la empresa. La inversión se va a destinar sobre todo a «agilizar significativamente la producción de contrachapado en unos 20.000 metros cúbicos de tablero al año». Los productos cuya producción va a aumentar son los de la gama de pino y su combinación con eucalipto «procedentes de plantaciones locales sostenibles gestionadas de forma responsable». También está previsto aumentar la producción de contrachapados filmados, «mejorar su calidad» y minimizar el desperdicio.

El Corredor Vasco del Hidrógeno echa a andar. Trece meses después de su presentación oficial y cuatro desde la creación de la asociación que agrupa a las empresas y entidades que trabajan codo con codo para se convierta en un realidad, ya está en marcha la primera fase del proyecto. Petronor, la compañía que lidera esta iniciativa, va a invertir este año 30 millones de euros en la construcción de un electrolizador de 2,5 megavatios con el que iniciará la producción de hidrógeno verde. En dicha instalación, en la que está trabajando Sener, se producirá hidrógeno verde mediante electrólisis, el proceso por el que el agua se descompone en moléculas de hidrógeno y oxígeno tras la aplicación de electricidad de origen renovable. José Ignacio Zudaire, presidente del Corredor, señala que el primer objetivo del electrolizador, que se instalará en la planta de Muskiz, será el suministro de hidrógeno verde al parque tecnológico de Abanto-Zierbena, cuya construcción está previsto que concluya a comienzos de 2023. «Allí tendremos una hidrogenera-laboratorio que nos permitirá llevar a cabo los ensayos y desarrollos tecnológicos e industriales que conducirán a que el producto evolucione y pueda comercializarse a precios competitivos», describe.

El electrolizador que se instalará en la planta de Petronor, la hidrogenera del parque tecnológico de Abanto-Zierbena y la planta de hidrógeno que se va a construir en el Puerto de Bilbao forman las tres infraestructuras sobre las que va a pivotar esta iniciativa. «El Puerto se va a convertir en uno de los principales núcleos de generación y distribución de hidrógeno verde de toda Europa. Además, por la proximidad de la planta, el propio puerto y sus empresas podrán aprovecharse de las bondades del hidrógeno como fuente de energía para vehículos pesados, turismos, grúas, maquinaria, etc.», destacan desde la Autoridad Portuaria. A su juicio, el uso de combustibles más limpios en el transporte marítimo, como el gas natural licuado, se enmarca dentro de un «período de transición hasta que la tecnología del hidrógeno supere los hándicaps que este elemento implica (seguridad, coste, almacenamiento). Entonces, su utilización se extenderá hasta convertirse en el combustible principal del transporte marítimo en un futuro próximo». «El hidrógeno verde se posiciona como uno de los principales vectores energéticos para lograr la neutralidad climática». 

Madrid logró reunir 20.943,9 millones de euros de los 28.785,1 que entraron en España en 2021, el 72,8% del total, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Comunidad de Madrid fue seguida muy de lejos por Cataluña, con 2.968,8 millones, País Vasco (1.537,5 millones), Andalucía (965,3 millones) y Comunidad Valenciana (856,4 millones), mientras que las diez regiones restantes apenas suman 1.367,5 millones de euros entre todas. Es decir, que el grueso de las comunidades está muy rezagado, mientras que hay unas pocas de clase media y un gran polo de atracción de capital, que es Madrid, que en los últimos años ha crecido muy por encima de la media. En concreto, el último año la inversión extranjera en Madrid ha aumentado un 14,6%, frente al 17,7% en el conjunto del territorio nacional, mientras que caía un 4,8% en Cataluña. De hecho, esta era la única región en negativo en el año de la gran recuperación de la crisis del coronavirus, junto con Navarra y Extremadura. Sin embargo, las diferencias se amplifican si se compara la inversión extranjera en 2021 con la existente antes de la pandemia. A lo largo de los dos últimos años, la inversión extranjera en Madrid ha crecido un 40,2% desde las cifras pre-Covid, mientras que las otras 16 regiones han perdido un 18,3%, en conjunto y Cataluña, un 22,7%.

El País Vasco, y en concreto Bizkaia, está a punto de perder la sede y el centro de decisión de una de sus empresas más emblemáticas en el sector financiero y de seguros. La compañía Seguros Bilbao desaparecerá y será absorbida por sus propietarios, Catalana de Occidente, según la decisión adoptaba por la compañía en el marco de un proceso de reorganización societaria. El caso es uno más en la ya larga lista de deslocalización de empresas vascas, fruto de las operaciones corporativas de compra en las que se desplaza el centro de decisión fuera de Euskadi. Catalana de Occidente adquirió Seguros Bilbao en 2004 tras comprar la totalidad de las acciones a la multinacional Fortis, que a su vez la había adquirido años antes a los grupos familiares propietarios. La aseguradora catalana pagó 255 millones de euros por esa compra. Ayer, en una entrevista concedida al diario ‘Expansión’, el consejero delegado de Catalana de Occidente, Hugo Serra, anunció la fusión de todas las filiales del grupo: Seguros Bilbao, Seguros Plus Ultra y Norte Hispania. Esta última filial también adquirió en 2017 la empresa vasca Previsora Bilbaína, especializada en seguros de decesos, que también desaparecerá en el proceso de integración.

Los planes de crecimiento multimillonarios de los fabricantes de chips se verán limitados por la escasez de equipos, fundamentales durante los próximos dos años, mientras la cadena de suministro se esfuerza por aumentar la producción. Esta advertencia procede de Peter Wennink, consejero delegado de ASML, que domina el mercado mundial de las máquinas de litografía utilizadas para fabricar semiconductores avanzados. “El año que viene y el siguiente habrá escasez. Vamos a enviar más máquinas este año que el pasado y más máquinas el año que viene que este año. Sin embargo, aun así no será suficiente si observamos la curva de la demanda. Tenemos que aumentar nuestra capacidad en más de un 50%. Eso llevará tiempo”, explicó Wennink. Las máquinas de ASML se utilizan para grabar circuitos integrados en obleas de silicio. “Se trata de la empresa más importante de la cadena de suministro de semiconductores. Es la imprenta de los chips de silicio”, recuerda Richard Windsor, analista tecnológico de Radio Free Mobile.

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CCOO acordaron ayer desconvocar la huelga prevista para el viernes en la enseñanza vasca tras el pacto alcanzado por PNV, EH Bildu, PSEEE y Elkarrekin Podemos-IU para la reforma de la educación. No habrá ni paros ni movilizaciones, después de que las cuatro agrupaciones sindicales decidieran esperar a tener en mano el texto definitivo del pacto educativo firmado por los cuatro grandes partidos vasco y que aún no se ha hecho público. Y una vez lo analicen decidirán qué hacer porque las sensibilidades en cuanto a futuras movilizaciones están polarizadas. ELA y Steilas, por una parte, son más propensos a «retrasar» la convocatoria de huelga al considerar que ahora mismo no se dan las condiciones para organizar para el viernes una cita que movilice a los trabajadores del sector educativo vasco. «No vemos que haya habido avances en los contenidos del pacto firmado este viernes con respecto al primer borrador, comenta Miren Zubizarreta, portavoz para Educación del sindicato ELA. «Ha habido niveles de desacuerdo en la intersindical y hemos decidido dejar todo en suspenso», dice.