20220408

Pascal Gómez, presidente de la patronal alavesa SEA, «comparte» con los líderes económicos agrupados en el nuevo foro de debate Zedarriak su diagnóstico de que Euskadi ya no ocupa posiciones de liderazgo y que es necesario y urgente tomar medidas para revertir la situación. Gómez, que compareció ayer ante las Juntas Generales de Álava para analizar la situación económica del territorio, mostró su completo acuerdo con las consideraciones recogidas en el ‘Diagnóstico Económico y Social’ –adelantadas por El Correo–, que subrayan la deslocalización de centros de decisión, la incapacidad para atraer nuevos inversores y profesionales de alta cualificación, la falta de alineación entre la formación y las necesidades de las empresas y el severo déficit demográfico del País Vasco. El amplio informe de 64 páginas elaborado por los catorce expertos del ‘think tank’ ya le ha llegado a Gómez, quien dijo que el documento «está dotado de estudios y de información y es correcto. Es claro, nítido y compartido» por el entramado empresarial. Hasta ahora, las instituciones, que ya tienen en su poder el texto, han evitado pronunciarse públicamente sobre él.

La economía vasca se mantuvo en marzo en la zona de «crecimiento sólido», al continuar por encima de los 100 puntos. En concreto, el pasado mes alcanzó los 131,2 puntos, siete décimas menos que en febrero (131,9). Supone un «suave descenso» que se justifica por un menor dinamismo del consumo privado, que empieza a notar los efectos de la altísima inflación–ya está en el 9,8%, el máximo en casi cuarenta años–, según los datos difundidos ayer dentro del termómetro correspondiente al pasado mes elaborado por el Departamento vasco de Economía y Hacienda. En este balance del Gobierno vasco también se aprecia, aunque en menor medida, que la inversión modera su ritmo de crecimiento. Por el lado de la oferta, los servicios ligados al consumo son los que más suavizan su incremento, mientras que la industria y la construcción mantienen el ritmo del mes anterior. Ver nota Gobierno vasco. 

En ese contexto y con algunas factorías teniendo que parar por una u otra razón, la incógnita estaba en cómo iba a resistir el empleo. Los datos dados a conocer este lunes despejaban la primera duda. Gipuzkoa ha ganado en marzo 1.657 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, lejos de destruirse empleo, se ha creado en un contexto de máxima tensión. Y las empresas además lo han hecho sin tener que recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyos afectados se han mantenido estables –cabe recordar que computan como afiliados–. Y ha sido así porque las compañías han capeado el temporal –sobre todo la huelga del transporte– con otras medidas de flexibilidad interna, como son las bolsas de horas. En concreto, marzo se cerró con 904 trabajadores guipuzcoanos afectados por ERTE. Tan solo siete más que en febrero, un mes en el que ya se registró un descenso de 239 afectados respecto a enero. En Euskadi la evolución es prácticamente la misma, ya que marzo se cerró con 4.054 afectados, 88 más que un mes antes.

Las empresas alavesas, a través de la patronal SEA, lanzaron ayer un particular ‘SOS’ a la Diputación ante la «francamente grave» crisis actual derivada de la escalada de costes, la escasez de materias primas y la guerra. La organización reclama «asumir y acompañar» la fiscalidad en el territorio, es decir, bajar impuestos, para poder «salvar el empleo». En esos términos se pronunció Pascal Gómez, presidente de la entidad que agrupa a 4.000 empresas y «el 85% del empleo directo e indirecto» en el territorio, en una comparecencia en las Juntas Generales. Una intervención solicitada con el fin de exponer «la gravedad que nos trasladan las empresas». El responsable hizo mención a «tres grandes ingresos» para la Hacienda foral. Uno es el IRPF, donde en este momento los ingresos son «altos» por el incremento del número de trabajadores y más teniendo en cuenta que Álava tiene «el salario medio más alto de España», junto al IVA y el de Sociedades. Este último tributo «en este momento requiere una evolución, que sea motivador, realmente lo necesitan las empresas para seguir invirtiendo», incidió Gómez, que compareció junto al secretario general de la organización, Juan Ugarte, y el director adjunto, Aitor Otaola. En ese ámbito solicitan «suavizar» la fiscalidad y hacerlo «de manera inmediata».

La Cámara de Comercio de Álava solicitó a las instituciones «todo el apoyo para garantizar la propia supervivencia» de las empresas. A pesar de que la tradicional entrega de premios a la internacionalización, recuperada tras dos años de parón por la pandemia, suele actuar a modo de indicativo de las fortalezas y amenazas de la economía del territorio, la de ayer fue la ocasión en la que más grave se volvió el tono. El presidente de la Cámara, Gregorio Rojo, instó al Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria a tomar «medidas de altura, ágiles y efectivas» para superar la triple crisis que suponen los últimos coletazos de la pandemia, el elevado precio de la energía y la incertidumbre disparada por la invasión de Ucrania a manos de Rusia. Rojo advirtió de que las empresas del territorio «comienzan a estar debilitadas y cansadas» tras los continuos vaivenes económicos, y que requieren un «amplio respaldo institucional». «Los altísimos costes de la energía, insostenibles para muchos, junto con el acceso limitado a materias primas clave y las dificultades logísticas están provocando una situación de extrema dificultad», explicó Rojo, en referencia a que la coyuntura actual «complica incluso la capacidad de producción» de las compañías.

Las cámaras de comercio vascas entrarán a la vuelta del verano en la ‘fase caliente’ de su proceso electoral, cuando ya están a punto de cumplirse cuatro años desde la elección de sus órganos directivos. Las fechas concretas las debe marcar el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno vasco, pero todo apunta a que la fase final del dilatado procedimiento de elección se sustanciará entre septiembre y octubre. Fuentes consultadas por El Correo apuntan una línea de continuidad en las presidencias de estas instituciones en Álava y Gipuzkoa –salvo sorpresas, se da por hecho que renovarán en sus cargos Gregorio Rojo y Pedro Esnaola, respectivamente–, al tiempo que también se da como segura la salida de Jose Ángel Corres de la Cámara de Bilbao. En cualquier caso, los procesos electorales en las cámaras de comercio vascas han perdido interés, de la mano de la merma de influencia progresiva de estas entidades. En el pasado, cuando la afiliación de las empresas y autónomos era obligatoria y debían abonar una cuota anual para su mantenimiento, llegaron a detentar un auténtico protagonismo en la vida económica del País Vasco. Hoy, con un porcentaje reducido de empresas que abonan sus cuotas de forma voluntaria –la obligatoriedad de las mismas finalizó en enero de 2011–, estas corporaciones viven enganchadas a los presupuestos públicos y, en gran medida, actúan como correa de transmisión de la estrategia y los programas que pone en marcha el Gobierno vasco.

El servicio de estudios de BBVA recortó ayer en 2,7 puntos sus previsiones de crecimiento por la guerra en Ucrania, hasta el 4,1%. Y este dato no será homogéneo ni a lo largo del año ni por sectores de actividad, ya que los expertos apuntan a un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año seguido de un estancamiento o una caída de la actividad entre abril y septiembre y de un leve repunte en la recta final del año. Además, mientras que la industria sufrirá el grueso de las caídas, los servicios recibirán un impacto mucho menor, lo que también dará lugar a un distinto impacto por áreas geográficas. En total, prevé que España crecerá un 4,1% este año. Pero este avance será muy desigual, ya que la economía avanzará un 1,4% entre enero y marzo, “seguido de un moderado estancamiento o caída de la actividad en el segundo y el tercero y un crecimiento en torno al 0,5% en el cuarto trimestre”, advirtió el economista jefe para España, Miguel Cardoso. En otras palabras, la guerra podría desencadenar una recesión. Este freno se debe en gran medida a la escalada de los precios.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumía hace solo unos días de cómo la mejora de la actividad y las políticas de estímulo frente a la crisis habían logrado una mejora del déficit de 3,3 puntos en 2021, hasta el 6,8%. En sus cálculos, Montero dejaba en un discreto segundo plano el positivo impacto de la inflación sobre los ingresos tributarios. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) desveló ayer que «cada punto adicional de inflación supone algo más de 2.000 millones de euros en la recaudación». Es decir, el alza de precios tiene mucho que ver con la rápida reducción del desfase presupuestario en los últimos meses. Así lo explicó ayer Ignacio Fernández-Huertas, director de la división de análisis presupuestario de la institución, que se ha sumado a la ola de organismos que en los últimos días han recortado sus previsiones para la economía española. La Airef estima ahora un crecimiento del 4,3% del PIB para 2022, un severo ajuste frente al 6,3% anticipado en octubre.

Feijóo propuso al presidente del Gobierno una reforma inmediata en el IRPF con efectos retroactivos desde enero pasado y una deflactación de la tarifa de este impuesto para favorecer las rentas de las familias más necesitadas, lo que supondría una inyección de liquidez entre 3.500 y 3.800 millones de euros. Feijóo explicó que el impuesto de la renta no se ha adaptado a los precios desde 2008, lo que ha supuesto un importante incremento de la fiscalidad en frío, drenando renta a los contribuyentes más necesitados. Según un estudio reciente del catedrático José Félix Sanz, desde ese año la no actualización del impuesto ha tenido un sobrecoste fiscal de más de 14.000 millones de euros, cerca de 700 euros por contribuyente de media. Solo por la inflación de 2021, del 6,5%, la rémora fiscal tuvo un coste superior a los 4.100 millones de euros, 200 euros per cápita. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que el líder de los populares no había presentado una propuesta concreta y no aceptó que esta medida de rebaja de impuestos sea una imposición para tratar el resto de los temas y, en su caso, aprobarlos. 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió ayer que Argelia tiene la intención de subir los precios del gas a España a través del gasoducto que conecta con Almería –el que pasa por Marruecos y el Estrecho se encuentra sin actividad desde el pasado mes de agosto por los rifirrafes diplomáticos entre los dos países magrebíes–. No obstante, la vicepresidenta matizó que espera que ese alza de precios sea «moderado». Ribera señaló que las negociaciones entre las compañías españolas –lideradas por Naturgy– y la argelina Sonatrach «suelen llevar mucho tiempo», aunque confía en que «cuanto antes» se puedan cerrar los términos comerciales en los que se fija el precio del gas. «La intención de Sonatrach es subir los precios, pero eso viene desde octubre, porque entiende que los precios están muy por debajo del precio al que se cotizaba el gas en los mercados internacionales», explicó Ribera. No obstante, la advertencia de Argel llegó después de que el Gobierno aceptara la solución de autonomía para el Sáhara propuesta por Marruecos, país con el que Argelia mantiene un conflicto diplomático desde agosto. En cualquier caso, preguntada por este tema, la ministra afirmó que «es fundamental tener una excelente relación con Marruecos».

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, atribuyó ayer parte de la fuerte subida que ha experimentado el precio del gas natural en los mercados internacionales a que la Unión Europea “esté liderando esta obsesión en la descarbonización”. Así se expresó Reynés en un acto informativo organizado por la Confederación Española de directivos y Ejecutivos (Cede), donde afirmó que Europa “tiene los objetivos de descarbonización más bestias” pese a ser solo responsable del 12% de las emisiones mundiales. Además, advirtió de que el mensaje de la UE de que “quiere escapar de la dependencia del gas, a pesar de que no puede prescindir de él durante mucho tiempo”, según su punto de vista, y “desalienta la inversión” en el sector gasista, lo que afecta también a los precios. “Está incentivando al productor a que suba precios”, sentenció. En la misma línea, señaló que otro factor paralelo a la subida del precio del gas y vinculado con la “obsesión” europea al que Reynés atribuye también un papel importante en la subida del precio de la electricidad es el encarecimiento del coste de los derechos de emisión.

El impacto de la crisis energética y del conflicto en Ucrania se está notando en la actividad de la planta regasificadora del Puerto de Bilbao. La infraestructura de Bahía de Bizkaia Gas (BBG), gestionada a partes iguales por el Gobierno vasco y Enagás, ha visto cómo se ha incrementado el tráfico de buques que transportan gas licuado en los primeros meses de año. Así, hasta abril, supone un crecimiento del 40% respecto al pasado ejercicio, pasando de 15 a 21 barcos, tal y como confirman fuentes de la planta. Las cifras hacen prever un año 2022 de gran tráfico, que superaría al histórico 2019. Ese año registró un récord de 67 buques, muy por encima de los 49 que atracaron en el pasado 2021. El invierno gasista, que contempla los meses de noviembre a marzo, ya se vio condicionado por los altos precios del gas, a lo que se añadió en febrero la invasión rusa de Ucrania. De ahí que Enagás apostara por hacer acopio y rellenar reservas para garantizar el abastecimiento. La medida supuso aumentar un 70% los ‘slots’ respecto al invierno pasado; es decir, las reservas para habilitar la posible llegada de buques.

La fábrica de MercedesBenz en la capital alavesa sortea una vez más la escasez de microchips y podrá trabajar sin parones los tres días laborables de la semana que viene, según informó ayer la dirección de la planta. La plantilla trabajará del lunes 11 de abril al miércoles día 13, antes del paréntesis por el puente festivo de la Semana Santa, que se prolongará hasta el lunes 18 inclusive. De este modo, la mayor industria vasca –con cerca de 5.000 empleados– sumará su segunda semana consecutiva sin cancelaciones de la actividad que desde hace meses está marcada por la «incertidumbre» en el suministro de semiconductores, imprescindibles para mantener activa la cadena de ensamblaje de furgonetas. En lo que va de año la fábrica ubicada en el polígono de Júndiz acumula un total de diez jornada suspendidas a lo largo de cinco semanas consecutivas por la falta de componentes. Un problema que la planta arrastra desde hace meses y que llevó a la dirección a activar un ERTE de 30 días hasta el próximo 30 de junio. Por ahora se ha consumido dos jornadas del expediente de regulación. Los operarios se han quedado sin cobrar la compensación salarial del 80% ofrecida por la empresa debido al desacuerdo entre los sindicatos de la planta.

Las empresas de la estiba del Puerto de Bilbao no van a activar por ahora el concurso de acreedores del centro de contratación (Bilboestiba) para los 300 estibadores de la plantilla fija. Aunque se ha agotado la etapa de preconcurso y el mes hábil adicional, no se va a presentar demanda todavía, lo que es una situación anómala, según coinciden fuentes jurídicas. Pero todo en este proceso está fuera de lo normal y hay que enmarcarlo en el pulso que mantienen ambas partes para firmar un nuevo marco laboral. Las cuatro compañías que forman parte de Bilboestiba (CSP, Bergé, Toro y Betolaza y S.L.P) pretenden con ello dar margen a un pacto, tras 15 meses de negociaciones infructuosas. Bilboestiba entró en situación preconcursal tras alegar un desequilibrio en las cuentas, por las pagas extra que adeuda a los estibadores. La parte empresarial presionó de esta forma para que los trabajadores flexibilizaran sus condiciones y asumieran un recorte salarial. Era una forma de zanjar un conflicto que lleva años enquistado, sin solución.

Cecobi, la patronal del comercio vizcaíno, siempre ha apuntado a la dificultad del relevo generacional como uno de los principales problemas del sector, más incluso que las bajas ventas e incluso el imparable avance de los formatos ‘online’. La entidad presidida por Pedro Campo llevó a cabo en 2021 un análisis a fondo de la actividad y las conclusiones no pueden ser más temerosas. Más de 3.200 profesionales están próximos a la jubilación sin haber atado la continuidad de sus negocios, muchos de ellos de carácter familiar. Los riesgos se centran, especialmente, en tres ámbitos: carnicerías y charcuterías, tiendas de ropa y librerías. En concreto, los establecimientos más afectados por el envejecimiento de sus plantillas son los dedicados a la venta de productos cárnicos al contar con 253 trabajadores con más de 60 años, de los que 202 son autónomos, propietarios en la mayoría de los casos de estos locales. Otros de los sectores, advierte Campo, sobre los que pende una gran amenaza a corto plazo son los comercios textiles, de los más castigados desde la crisis de 2008 y a los que la pandemia ha complicado aún más su situación.

La UPV/EHU ultima un plan de medidas de eficiencia energética para ahorrar en la factura eléctrica y hacer frente al ‘sablazo’ que ha supuesto la subida de la luz y la calefacción en el primer trimestre del año. El presupuesto para este año, aprobado la semana pasada, se ha incrementado en un 5,3% y alcanza los 460 millones. Se trata del más elevado de la historia, sobre todo por el aumento de la aportación que procede del Ejecutivo autonómico: 37 millones más con respecto a 2021 y en los que se incluyen otros 6 como ayuda adicional. Para la partida de gastos energéticos de este 2022 estaban previstos 8,8 millones –6,9 en electricidad y 1,8 en gas natural–. La UPV/EHU confirma que la facturación de enero y febrero, y las estimaciones para los próximos meses, indican que «en junio habremos consumido la cuantía prevista en las partidas de energía eléctrica y gas natural para este año». «Con esos datos, resulta imprescindible acometer medidas de ahorro energético, al igual que están haciendo otras administraciones públicas, con el fin de asegurar el mantenimiento de la actividad docente, investigadora, de transferencia y de gestión a la vez que se avanza hacia un consumo energético más sostenible». Se ha pedido dejar de usar microondas, cafeteras o termos en los despachos de los profesores. La UPV permanece abierta todos los días del año, pero se baraja bajar la persiana 15 días en agosto. 

Ayer en Cebek, la Confederación Empresarial de Bizkaia, recibieron «decenas de llamadas» de pequeñas y medianas compañías para preguntar cómo deben aplicar esta nueva normativa. Y es que no es lo mismo trabajar en una oficina, en un almacén, en una planta de producción o cara al público. Ni las distancias entre personas ni las condiciones de ventilación son las mismas. De ahí que existan dudas sobre si la norma afecta de igual manera a todos los empleados. La mayoría de empresas han optado por esperar a que el Gobierno central emita el real decreto sobre el final de las mascarillas y concrete con más detalle cómo debe aplicarse en el ámbito laboral antes de tomar decisiones. Es el caso de Iberdrola, Kutxabank y El Corte Inglés, entre otras. En SEA, la patronal alavesa, no habían recibido hasta ayer ninguna consulta al respecto pero intuyen que comenzarán a llegar a medida que se acerque el final de la mascarilla, una medida que entró en vigor el 19 de mayo de 2020 y que desde entonces sólo se había flexibilizado para exteriores. Después de Semana Santa, reconoce su presidente, Pascal Gómez, su uso en lugares cerrados «dependerá de cada empresa o sensibilidad de cada trabajador» aunque «irá suavizándose». Amaia López Iriondo, responsable de Salud Laboral de Confebask, augura que «los primeros días» tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros del 19 de abril «serán intensos». Esperan recibir muchas preguntas de las compañías sobre cómo trasladar la norma a su ámbito laboral concreto. Pero más allá de la incertidumbre inicial, «no esperamos muchas dificultades» en las empresas a la hora de cumplir la nueva ley.

Con 66 votos a favor y 7 en contra, el pacto educativo superó ayer el último trámite en el Parlamento Vasco antes de que se empiece a redactar la futura ley de educación. PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin dieron su aprobación a un documento que recoge 43 medidas concretas para sentar las bases del futuro sistema educativo vasco. Algunos de los representantes parlamentarios calificaron la sesión de ayer como «histórica» ante la inusual costumbre de que el 90% de la Cámara se ponga de acuerdo en una materia en concreto, y menos de algo tan sensible y abierto a la discusión como es la educación. Lejos de estas posturas se situaron los otros dos grupos del Parlamento, PP+Cs y Vox, que mostraron en todo momento su disconformidad con el texto acordado. Las intervenciones de los firmantes fueron desgranando los aspectos más destacados del consenso. La gratuidad de la enseñanza con una escuela pública como eje y con una red concertada sujeta al compromiso de cumplir con unos requisitos para conseguir la financiación, el euskera como eje de un sistema plurilingüe, la lucha contra la segregación y la apuesta por dotar de mayor autonomía a los centros educativos son los pilares en los que se asentará el futuro de la educación.

Tras anunciar el veto al carbón ruso, los ministros de Exteriores del bloque comunitario abordarán la extensión de esta medida a los principales carburantes que adquieren, gas y petróleo. Así lo discutirán en un encuentro que mantendrán el próximo lunes, según avanzó ayer el alto representante de la UE para política exterior y de seguridad, Josep Borrell. El responsable de la diplomacia europea se mostró convencido de que “antes o después” se tomará esta decisión. Sería la sanción que mayor impacto tendría sobre la economía rusa, cuyos ingresos por las exportaciones de gas y petróleo al resto del continente ascienden a 800 millones de euros diarios. Esta cifra equivale a 35.000 millones desde el inicio de la agresión a Ucrania. En cualquier caso, este bloqueo no va a ser una decisión fácil de adoptar, por las diferencias entre los países miembros. Por ahora no figura en el quinto paquete de sanciones que busca frenar una guerra que ya ha causado más de 1.600 fallecidos, según el último balance de Naciones Unidas, que advierte que esta cifra podría ser mayor. Alemania y Austria son altamente dependientes del gas ruso, y se han mostrado reticentes a una medida de este calibre por su impacto económico y social. En cualquier caso, el principal foco de incertidumbre es el Gobierno húngaro que encabeza el ultranacionalista Viktor Orbán, que amenaza con el veto.

Entrevista con Emilio García-Ruiz Director del ‘San Francisco Chronicle’. Jefe de varios equipos galardonados con el Pulitzer, Emilio García-Ruiz (Washington, 1961) es uno de los periodistas americanos más relevantes de la última década y una referencia mundial. Junto a Marty Baron, conocido en España gracias a la película ‘Spotlight’, lideró la transformación digital de ‘The Washington Post’, que pasó en apenas cinco años de ser un declinante periódico capitalino a una potente cabecera global. Ahora dirige el ‘San Francisco Chronicle’, el periódico más influyente del norte de California, epicentro tecnológico mundial poblado por las grandes plataformas digitales. Considerado como uno de los mayores expertos en la circulación y el consumo de información en Internet, este hijo de emigrantes españoles dio anoche una conferencia en Madrid sobre periodismo y desinformación invitado por la agencia de noticias Colpisa. "La promesa de Internet ha sido un fraude. Creíamos que la verdad sería como un río. Que la gran difusión de noticias libres, basadas en la verdad de los hechos, lograría un entendimiento común en todo el mundo. Lo que nadie vio es que los malos, los villanos, podrían dominar Internet con sus campañas de desinformación. Es lo que ha pasado ejemplo tras ejemplo. Se puede manipular una campaña política usando las mismas tácticas que usaba Hitler en Alemania. La propaganda siempre ha existido. Lo nuevo es que ahora puede ser más impactante, que es más fácil hacerla y que es gratis. No hay precio de entrada. Si tus intenciones son malas, puedes hacer un daño increíble. – Las plataformas como Google y Facebook no sólo no han frenado estas informaciones falsas, sino que han potenciado su difusión..."