20220423

BBVA inauguró ayer en Bilbao las oficinas de BBVA IT, una empresa dedicada a crear, mantener y desarrollar las aplicaciones informáticas que utiliza la entidad financiera en España para prestar los servicios a sus clientes en los canales digitales. En los próximos meses inaugurará también BBVA Next, otra empresa tecnológica cuya sede se ubicará en la Torre Bizkaia, en la Plaza Circular de Bilbao, y que previsiblemente estará operativa en septiembre. Esta segunda filial está dedicada igualmente al software aunque mucho más especializado, ya que se encargará de desarrollar la arquitectura informática básica que sirve de soporte para implementar las aplicaciones de la entidad financiera en todo el mundo. En el acto de inauguración de BBVA IT, Belausteguigoitia señaló que la filial «desarrollará una labor crítica para el banco y jugará un papel fundamental en los proyectos actuales». La decisión de ubicar estas dos empresas en Bilbao ha sido un empeño personal del presidente del banco, Carlos Torres, deseoso de mandar señales de que la entidad financiera quiere volver a mantener una vinculación especial con el País Vasco en el que tiene sus orígenes ya centenarios. Las características del empleo que van a crear estas dos empresas también tienen su trascendencia. En su mayor parte se trata de ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, así como licenciados en Matemáticas, con una edad media en torno a los 30 años y salarios de entrada que se sitúan en «el doble de lo que es habitual para las nuevas incorporaciones en el banco». Un tercio de las personas seleccionadas son mujeres. 

Las empresas vascas se rifan los perfiles técnicos vinculados con las nuevas tecnologías. La gran demanda existente y la escasez de especialistas en áreas como la ciberseguridad han provocado que los salarios se hayan disparado hasta un 15%. El sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Euskadi vive en una contradicción. Por un lado, atesora un potencial extraordinario ya que lidera el crecimiento en actividad y también en empleo especializado y estable, pero las empresas vascas miran al futuro con algunas inquietudes, relacionadas con la poca vocación, sobre todo en el género femenino, la escasez de perfiles técnicos y de gestión avanzada, y la movilidad del talento. Además, los efectos de la pandemia han sido severos. Y no han hecho sino profundizar estas carencias. Tomás Iriondo, director general de Gaia, asegura que las empresas asociadas al clúster representan en torno al 7% del PIB en Euskadi y facturan más de 5.400 millones. En cuanto al empleo, supera actualmente los 21.000 profesionales en Euskadi. Iriondo detalla que el crecimiento de las TIC está «condicionado por la escasez» de perfiles técnicos vinculados con las tecnologías habilitadoras: internet de las cosas, inteligencia artificial, inteligencia experiencial, ciberseguridad o economía del dato.

Este mes de abril, los vascos que han comenzado el mes con una ocupación suman 953.800 personas que dejan la tasa de paro en el 9,1%. Es inferior al objetivo del 10% que se marca el Gobierno vasco en el Plan de Empleo para esta legislatura, y muy por debajo del 11% que se registraba hace un año. Y es que en el último año las personas ocupadas han subido en 28.600, mientras que las paradas se han reducido en 19.200. Son cifras que parecen un desafío a la escalada de precios y a la crisis energética que atraviesa una economía que, de momento, sigue generando empleo. Si bien es necesario recordar que el factor de la pandemia continúa marcando la comparativa. El arranque de 2021 estaba todavía muy afectado por el coronavirus con la existencia de importantes restricciones a la actividad. Además, es relevante tener en cuenta que, en los tres primeros meses de este año, la evolución ha sido dispar. Así, enero y febrero estaban marcados por cierta tensión inflacionista y por afecciones en la cadena de suministro. Pero fue en marzo, con el estallido de la ocupación rusa de Ucrania y los paros en el transporte, cuando esos problemas se incrementaron de modo exponencial elevando, solo en un mes, los precios un 3% en Euskadi y dejando el IPC interanual en el 9,5%. La ocupación, según se refleja en la encuesta del Eustat, se ha elevado en todos los sectores durante el primer trimestre del año. El que más ha crecido ha sido el primario, con un 17,5%, que supone 1.400 personas más. El más voluminoso en crear empleo sigue siendo el sector servicios, con 5.550 empleados nuevos, lo que supone un crecimiento del 0,8%. La construcción ha crecido en 800 personas (1,4%) y la industria ha sido el más tímido, con un aumento del 0,4%, 700 empleados.

La reforma laboral, la presión fiscal y la advertencia del foro Zendarriak de que Euskadi pierde peso respecto a otras comunidades y a la UE han enfriado las relaciones. Las relaciones entre el Gobierno Vasco y el tejido empresarial vasco se han caracterizado por una gran cercanía. De hecho, la crítica más frecuente de ELA hacia el Ejecutivo autónomo es que éste habla por boca de la patronal. Sin embargo, la sintonía se ha venido deteriorando, un desencuentro inédito que tiene su origen en la reforma laboral aprobada en febrero por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la política fiscal y en un diagnóstico sobre la situación económica de Euskadi en relación a su entorno estatal y europeo alejado del mensaje en ocasiones autocomplaciente que emana desde las instituciones. El enfado del Gobierno Vasco ya se había dejado entrever en los últimos meses, pero se hizo clamoroso en el Aberri Eguna del pasado domingo. En la plaza Nueva de Bilbao el lehendakari lanzó ante cientos de militantes del PNV una dura crítica contra los «catastrofismos y alarmismos», en referencia al informe hecho público pocos días antes por la plataforma Zendarriak, documento en el que se alerta de que Euskadi se está viendo superada por otras comunidades y que nos alejamos de las regiones líderes de la UE. El enfado en el Ejecutivo y por ende en el PNV es palpable, quizá porque no se esperaban que un foro que reúne a personas de indudable prestigio en el mundo empresarial y universitario vasco, alguno de ellos muy próximo al PNV, hayan realizado un análisis que no casa con el discurso oficial. El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ya advertía de que «nuestro peso en la economía estatal se está reduciendo, hemos perdido atractivo». Un diagnóstico realizado por una persona pegada a la realidad industrial, no en vano es director gerente de JAZ. Por aquellas mismas fechas el ex máximo representante del Círculo de Empresarios Vascos, Javier Ormazabal, y CEO de Velatia, se expresaba en términos similares.

El debate sobre el factor de sostenibilidad que la reciente reforma de las pensiones enterró, revive. Ahora es el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quien aboga por recuperarlo para evitar «la ruina» del sistema ante la subida disparada de la inflación. El líder de los empresarios españoles mostró ayer de nuevo su oposición al mecanismo de equidad intergeneracional que introdujo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la reforma –consistente en subir un 0,6% las cotizaciones a partir del año que viene– y reclamó un factor de sostenibilidad «algo más serio» que regule el alza de las pensiones. «Estamos diciendo que ese factor de sostenibilidad que se planteó no consiste en subir las cuotas, consiste en hablar de algo más serio», precisó. En este sentido, Garamendi urgió al Gobierno a comprometerse a acordar un «pacto de sostenibilidad» de las pensiones, ya que advirtió que cualquier «desfase» que pueda haber por la inflación puede suponer «hasta 15.000 millones más que irían al déficit del Estado». Se refiere al gasto extra que tendrá que asumir la Seguridad Social si las pensiones se revalorizan en 2023 en función de la inflación media, que podría cerrar el año en el entorno del 7,5%. La CEOE se suma así al Banco de España, que desaconsejó una subida generalizada de las pensiones con el IPC y propone incluir a los jubilados en el supuesto futuro pacto de rentas.

Tras varios conatos, el euríbor se ha instalado en positivo. Ayer se disparó hasta el 0,084%, una cifra todavía mínima, pero un nuevo máximo diario desde hace más de seis años. De hecho, el diferencial actual del euríbor frente al mínimo histórico que marcó hace apenas cuatro meses, el pasado mes de diciembre, ha supuesto un cambio de tendencia. Así de cerrar en aquellos momentos en el -0,51% a aproximarse ahora a la media del 0% en abril, a falta de una semana para que concluya el mes. Los últimos datos disponibles en las estadísticas de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) indican que el saldo vivo (conjunto de hipotecas en vigor) de préstamos ligados al euríbor asciende a aproximadamente unos 455.500 millones de euros. Un alza del índice como el actual, que ha subido más de medio punto porcentual en lo que va de año, puede suponer un incremento de las cuotas hipotecarias que se situaría entre los 170 y los 350 euros anuales. Es decir, entre 14 y 29 euros mensuales.

«Ya no se trata de lograr ventas, se trata de conseguir clientes», defiende Pablo Jiménez, consultor experto en marketing digital y digitalización. De todos los sectores que han experimentado cambios drásticos en las últimas décadas, aquellos relacionados con despertar el interés del consumidor han sido a los que más les ha temblado el suelo bajo sus pies. Todos somos ya consumidores digitales, defiende Jiménez, y la forma de llegar a nosotros ha cambiado por tanto de manera radical. Cómo y para qué estar en internet, de qué forma convertir en cliente fiel al comprador ocasional y cómo utilizar las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance, son ya cuestiones a las que nadie con un negocio puede desatender. "La cuestión es cuándo va a llegar el momento en que mi sector se vea afectado por el marketing digital o por la digitalización en sí. Cuanto antes veamos que esto va a ser así, mejor. Hoy en día todos, como consumidores o clientes, tenemos una mentalidad digital, con independencia del sector o la industria en la que nos movamos. Si nos dedicamos a suministrar productos o servicios, cuanto antes abordemos ese proceso de evolución o transformación digital, mejor para nuestra compañía..."

Las comunidades autónomas han devuelto al Tesoro Público más de 776 millones de euros tras no poder adjudicar todas las ayudas directas a las empresas más golpeadas por el coronavirus, según datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda. Tras estudiarlo durante meses y recibir críticas por el retraso y la escasa potencia de fuego, el Gobierno aprobó hace un año un fondo de ayudas directas para que las pymes y los autónomos que más sufrieron con las restricciones impuestas por la pandemia pudieran pagar sus facturas y costes fijos. La línea de ayudas, dotada con 7.000 millones de euros, fue diseñada para que fueran distribuidas a través de las comunidades autónomas. Las islas, Baleares y Canarias, recibirían 2.000 millones de euros del total por ser los territorios más afectados por el peso del turismo en su actividad económica. Pero los subsidios no fluyeron como se esperaba. Algo más de un año después de la aprobación a bombo y platillo por parte del Gobierno, las comunidades solo han repartido el 74% de las ayudas. Seis autonomías (Aragón, Asturias, Castilla La-Mancha, Murcia, País Vasco y Valencia) han canalizado menos de la mitad del dinero que se les había asignado.

Las dificultades para que los Veintisiete se pronuncien con una única voz sobre el embargo al petróleo y gas rusos han llevado a Bruselas a abrir la puerta a que sea cada Estado el que tome acciones de forma individual sobre esta cuestión. «Europa está comprometida con la reducción de la dependencia energética de Rusia y cualquier acción de los países en ese sentido será bienvenida», indicó ayer un portavoz del Ejecutivo comunitario. La unidad europea ante la agresión rusa a Ucrania comenzó a diluirse en el quinto paquete de sanciones, el primero que incluía castigos energéticos. A pesar de que Europa aprobó finalmente el veto a las importaciones de carbón de Moscú, Alemania, Hungría y Austria advirtieron de que bloquearán cualquier embargo al gas y el petróleo ruso, por su gran dependencia de este suministro. De hecho, Berlín calcula que tardará un año en poder cortar el grifo a Rusia. Por el contrario, países como España y Francia se han mostrado a favor de un veto energético urgente y han instado a la UE a tomar una decisión al respecto.

La llegada del buen tiempo ha dado el pistoletazo de salida a la gran Operación Invierno en los almacenamientos de gas en toda Europa. Una carrera que tiene como objetivo llenar la despensa y asegurar el suministro a los millones de ciudadanos europeos cuando vuelva el frío. Pero este año será diferente: lo primero porque su coste será cuatro veces superior al registrado en 2021 si se utiliza como referencia el precio del gas en el mercado europeo, y lo segundo porque la tensión por la guerra en Ucrania obliga a los países a acelerar sus compras ante una potencial restricción de suministro por parte de Rusia. La campaña de llenado costará a Europa más de 70.000 millones de euros, según los cálculos realizados por el Instituto Bruegel. España es un claro ejemplo de estos movimientos. El país ha anticipado un mes el llenado de sus almacenamientos a un ritmo muy superior al registrado en el mismo periodo de 2021. El motivo es doble: por un lado, el llenado de los tanques había caído este año al 56% de su capacidad, cuatro puntos por debajo de los niveles del año pasado, y en segundo lugar el país busca adelantarse a la incertidumbre actual del mercado agravada por el cierre de uno de los dos gasoductos que conectaban con Argelia.

El plan económico del PP propone dar una nueva vida a las centrales nucleares en España y «alargar la vida útil de los reactores» en línea con lo que están haciendo otros países europeos. La medida supone resucitar de facto a un sector que ha sido condenado al cierre por el actual Gobierno y cuenta con un plan de clausura y desmantelamiento que se extenderá hasta el año 2035. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo cree que esta tecnología debe jugar un papel clave en la transición ecológica como respaldo a las energías renovables, ya que lo contrario implicaría un mayor consumo de gas y por tanto mayor dependencia frente a países como Rusia. Su objetivo es que los reactores puedan operar hasta 60 años de vida –20 más que en la actualidad– siempre bajo la vigilancia y aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Otro de los cambios que propone el documento aboga por cambiar la fórmula con la que se calcula la tarifa regulada a la que están acogidos 10 millones de hogares en España, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). El plan de Feijóo aboga por «explorar fórmulas de tarifas fijas durante un año, y precios de la energía ligados a mercado a plazo y previsión del regulador como se realiza en Portugal». 

El sector de la automoción atraviesa uno de sus peores momentos de la historia en lo que a ventas de vehículos nuevos y de combustión fósil se refiere. Las matriculaciones de turismos alternativos en Gipuzkoa, no obstante, es el único canal que arroja un crecimiento positivo desde hace ya unos cuantos meses, incluso años. Pero, ¿cuenta el territorio con los mimbres suficientes para descollar en el sector de la electromovilidad? Ane Insausti, directora del centro para la movilidad inteligente y sostenible (Mubil), y uno de los proyectos estratégicos de la Diputación de Gipuzkoa, repasa cómo ha avanzado esta tecnología en los últimos años y en qué fase de desarrollo se encuentra el nuevo centro Mubil situado en Eskuzaitzeta a pocos días de celebrarse la tercera edición de la feria Go Mobility by Mubil, que tendrá lugar el próximo miércoles y jueves en Ficoba. "El objetivo es que tanto Gipuzkoa como Euskadi se conviertan en un actor relevante en la movilidad sostenible a nivel internacional. Para poder alcanzarlo tenemos marcados unos hitos que debemos ir desarrollando y ejecutando poco a poco, como el nuevo centro que se está construyendo en Eskuzaitzeta..."

La Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), ha propuesto, en la negociación del XVIII Convenio Colectivo del sector, que sus empleados puedan realizar turnos de trabajo de hasta 12 horas en situaciones puntuales. Así lo denunció CC OO en un comunicado en el que también reprocha a la patronal querer extender las jornadas hasta el sábado sin compensación especial. “No se puede pretender ahorrar costes de contratación por medio de jornadas de trabajo interminables que ponen en serio riesgo la salud de sus plantillas”, critica CC OO. “Para la patronal las cuentas están claras, aspiran a cubrir el día al completo con dos personas en turnos de 12 horas, en lugar de tres en jornadas de ocho como hasta ahora, reduciendo así en un 33% los costes de contratación”, detalla. Ante estas acusaciones, AEC, que representa a empresas como Indra, Capgemini, Accenture, KPMG, Deloitte o Ernst & Young (EY), entre otras, respondió ayer, a través de otra nota, anunciando que pausa las conversaciones para renovar el convenio “hasta que no se restablezcan las condiciones que permitan desarrollar una negociación acorde con los principios elementales que deben presidir las relaciones entre empresarios y trabajadores”. Entiende que la reacción de los sindicatos “resulta incompatible con la exigible buena fe que debe presidir las negociaciones”.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que tendrán lugar este domingo, no sólo determinará el futuro de la segunda economía de la eurozona. Las encuestas auguran una cómoda victoria del candidato a la reelección, Emmanuel Macron (La República en Marcha) pero un descalabro en el porcentaje de participación y el rechazo de los votantes más izquierdistas a apoyar a un mandatario que ven demasiado cercano a las élites podría propiciar el ascenso al Elíseo de la ultraderechista Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional), un escenario que provocaría un cataclismo en el proyecto comunitario. El discurso de la dirigente nacionalpopulista aboga por el aislacionismo y una prueba de la preocupación que genera una eventual victoria fuera del hexágono es un artículo conjunto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus homólogos alemán (Olaf Scholz) y portugués (Antonio Costa). Piden votar a Macron ya que, con el “chovinismo” de Le Pen, Francia dejaría de ser un “faro de democracia y fraternidad para Europa y el mundo”, concluyen. Su programa es nítidamente aislacionista y defiende medidas contradictorias, como bajar impuestos y subir el gasto público a la vez. Sus vínculos con Moscú generan inquietud tras el recrudecimiento de la agresión rusa sobre Ucrania.

Gracias a las imágenes obtenidas por satélite, en el pueblo de Mangush, situado a 20 kilómetros de Mariúpol, ha sido descubierta una enorme fosa común excavada al parecer por el Ejército ruso. El alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, asegura tener pruebas de que en ella se amontonaron en varias capas los cuerpos de civiles muertos durante la ofensiva y el asedio a la ciudad y ha difundido en su cuenta de Telegram las fotos tomadas desde el espacio por la empresa Maxar. Un hallazgo que coincidió con el anuncio de que la estrategia de conquista rusa buscará dejar a Ucrania sin salida al mar, lo que condenaría al país a perder uno de los motores comerciales de su economía. De acuerdo con las declaraciones de Rustam Minnekáyev, subcomandante de la Región Militar Centro de Rusia, la actual campaña en suelo ucraniano busca hacerse con el control, no sólo del este del país, sino también de su parte sur. «Desde el inicio de la segunda fase de la operación especial, que comenzó hace dos días, uno de los objetivos del Ejército ruso es establecer un control total sobre Donbás y el sur de Ucrania». 

Las comunidades autónomas se retan cada año en las comparativas educativas y una de las fotografías más esclarecedoras se da en las pruebas de acceso a la Universidad, en las que Euskadi está bien posicionada. Y es que el año pasado obtuvo un récord en el porcentaje de aprobados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Según los datos publicados por el Ministerio de Universidades cuando quedan menos de dos meses para que se celebre la convocatoria de 2022, el País Vasco lideró la estadística nacional en dos de las variables más relevantes: el número de aprobados y la nota media. En el primer concepto, logró un 97,6% de aprobados, por delante de Castilla y León (97%), La Rioja (96,4%), Aragón (95,8%) y Navarra (95,1%). En cuanto a la nota media (de los aprobados procedentes de Bachillerato), el primer puesto fue compartido con Castilla y León, Cantabria y Murcia con un 7,2 en el global, tres décimas por encima de la media española. A medida que la exigencia aumenta, como por ejemplo con el porcentaje de sobresalientes de los estudiantes de Bachillerato aprobados en la fase general, la presencia de Euskadi pierde importancia. La proporción de alumnos vascos con esta calificación es del 6,3%, en la mitad de la tabla, por debajo incluso de la media (6,5%) y lejos del 12,9% que alcanzan la región de Murcia y el Principado de Asturias.