20220428

Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), las grandes damnificadas por el precio de la electricidad, celebra el acuerdo anunciado por la ministra Teresa Ribera para fijar durante un año el precio del gas y, con ello, abaratar la energía eléctrica. Eso sí, se muestran cautelosas y esperan a la letra pequeña del pacto. "A falta de conocer la letra pequeña y de saber realmente lo que aprueba el Consejo de Ministros y lo que finalmente sale en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo anunciado ayer nos parece una buena noticia. Ya sabe usted que en esa letra pequeña muchas veces está el secreto del sumario. Pero, en fin, el acuerdo político alcanzado por los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea es importante...Este año, el 90% de la energía contratada iba en el ‘pool’, y solo un 10% iba en contratos bilaterales, con lo que ese 90% estaba sufriendo el impacto de ese precio tan elevado que tenemos, que está en una media de 230 euros MWh...En España tenemos mucha generación renovable y el gas pesa solo un 15%, pero ese 15% está contaminando al 85% restante. Además, cuando todos los consumidores estamos financiando esas renovables, de cuyo precio, más asequible, no nos beneficiamos. Es un doble harakiri. No tiene sentido. El acuerdo reconoce esa situación de España y Portugal. El tener poca interconexión con Francia hace, además, que todo el pescado se venda aquí...Si cuando veamos el BOE se confirma y los 50 de gas se traducen en 130 de electricidad, el Gobierno con sus gestiones habrá reducido 100 euros el precio. Si se mantienen las mismas condiciones de los costes regulados o rebaja de los peajes y el CO2, mejoraríamos muchísimo y recuperaríamos la competitividad perdida desde el verano..."

 La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco lo tiene claro: «El acuerdo sobre la limitación del precio del gas alcanzado en Bruselas por los Gobiernos español y portugués con la Comisión Europea es una buenísima noticia para la industria y las empresas de Euskadi». Así lo aseguró ayer a DV Arantxa Tapia, quien resaltó que, «a pesar de que en un principio se hablara de 30 euros por MWh para el gas, dadas las cir- cunstancias que estamos viviendo esos 50 euros logrados están muy bien». «En una situación tan compleja, es un buen precio para nuestra industria electrointensiva y para el conjunto de las empresas», añadió. «Y además lo ha logrado para un año, con lo que se logra un horizonte temporal que permite a ese tejido productivo un poco más de tranquilidad». 

Los analistas de numerosas entidades financieras, entre ellas JPMorgan, Société Générale, Kepler, JB Capital, RBC, UBS, Alantra, Credit Suisse, CaixaBank, GVC Gaesco y Exane, no tardaron en emitir ayer informes sobre el impacto que tendrá en las cuentas de las grandes eléctricas la reforma del mercado de la luz que quiere aprobar el Gobierno la próxima semana y con la que, según sus propios cálculos, el recibo bajará un 30%. El veredicto de los expertos es unánime. Las grandes eléctricas –Iberdrola, Endesa y Naturgy– no sufrirán un efecto negativo significativo en sus beneficios. En todo caso, afectará a empresas como Acciona, que no están integradas verticalmente (tienen generación y distribución de luz). De hecho, Iberdrola subió ayer en Bolsa un 1,99%, hasta 10,75 euros y Endesa un 0,9%, hasta 20,2 euros por acción. Entonces, ¿por qué Endesa, y especialmente Iberdrola, se quejan de esa reforma y arremeten contra ella, como ayer hizo Ignacio Galán, presidente de esta última? Porque la reforma es un duro golpe a la estrategia comercial que han intentado construir en los últimos años, la de fidelizar clientes, como en la telefonía móvil. Desde hace tiempo, Iberdrola, Endesa y Naturgy se han afanado en migrar a tarifas de libre mercado a los usuarios de tarifa regulada (PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). En su ofensiva comercial, estas empresas ofrecen un precio fijo por un tiempo, con el que tener atado al usuario. A cambio de estabilidad en el precio, pueden cobrar tarifas algo más altas que el precio regulado PVPC, una vez pasados los primeros descuentos, que sirven de gancho.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, criticó ayer con dureza la decisión del Gobierno español de implantar, junto con Portugal, un tope al precio del gas que se utiliza en las plantas de generación de electricidad de ciclo combinado. En su opinión, el concepto utilizado por el ministerio de Teresa Ribera para convencer a la Unión Europea es erróneo. «España no es una isla energética», dijo ayer en una conferencia con analistas financieros, las consecuencias pueden ser negativas por la desincentivación de la inversión en renovables, se genera «inseguridad jurídica» y hay otras opciones para solventar los problemas coyunturales de los elevados costes de la electricidad. Entre ellos, insistió, un cambio en el sistema de fijación del precio de la tarifa regulada, la conocida como de ‘último recurso’ que afecta a un 20% de los usuarios de electricidad y que está sometida a los cambios bruscos del mercado diario. Galán lanzó su artillería contra el movimiento regulatorio que se dispone a aprobar el Gabinete de Pedro Sánchez el mismo día en que presentó unos resultados positivos del primer trimestre, aunque soportados principalmente por la actividad en Estados Unidos y Brasil. 

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aclaró ayer una de las cuestiones que pesaban sobre el tope que Europa ha permitido aplicar a España y Portugal sobre el precio del gas: la duda de cómo y quién asumirá esa diferencia entre el precio de mercado y el que se encuentre limitado. Y la idea pasa por que sean los usuarios del mercado libre de la electricidad (unos 16 millones de contratos, el 60% del total) los que asuman esta descompensación a medida que vayan venciendo sus contratos. Es decir, cuando sus comercializadoras les propongan una nueva tarifa fija (o estable, como suele ser lo habitual), incorporarán este sobrecoste, aunque la ministra aseguró que ello no implicará un alza de la luz para estos usuarios al estar ligada esa futura tarifa a un precio de mercado mucho más bajo que el actual, como consecuencia, precisamente, del tope establecido por la denominada ‘excepción ibérica’ para el coste del gas en España y Portugal. La vicepresidenta argumentó ayer que, ante una posible revisión al alza de todos los precios en el mercado libre en los próximos meses, el límite al gas contendrá esas alzas. 

Vidrala ha evidenciado el ejemplo perfecto de lo que está pasando en muchas de las industrias vascas. Una demanda fuerte que lleva a la producción a techos históricos, pero unos costes energéticos que anulan los márgenes de las ventas. Así, en el primer trimestre del año los ingresos de la compañía vidriera alavesa se incrementaron un 18%. hasta los 278,9 millones de euros, pero en cambio el beneficio neto casi desapareció con una caída del 97,7% quedándose en los 800.000 euros. El gas que alimenta los hornos de Vidrala es el responsable de una situación que la empresa empezó a notar el otoño pasado y que ha eclosionado en el arranque de este año. El precio del gas se ha terminado de disparar sin dar margen para repercutir los costes. Aún así el beneficio antes de impuestos alcanzó los 23,3 millones, un 62,6% menos que hace un año. La compañía ha decidido dar un paso más y modificar su política de fijación de precios. Si antes se establecían de modo anual, ahora se revisarán una vez al mes, si no es cada 15 días, para evitar vender a pérdidas. Y es que el escenario no va a cambiar, ya que la medida impulsada por el Gobierno para fijar el precio del gas solo afecta a su uso para generación eléctrica y no para hornos de industria.

El Gobierno alemán aprobó ayer un amplio paquete de ayudas para aliviar a la ciudadanía de las fuertes subidas de la energía y los combustibles como consecuencia de la guerra en Ucrania. Las medidas incluyen una prima única de 300 euros para quienes abonen regularmente su IRPF, el aumento de las ayudas públicas por cada hijo y la introducción durante tres meses, a partir de junio, de un abono mensual para todos los transportes públicos de cercanías del país, incluidos ferrocarriles regionales, por tan solo 9 euros. Además y durante tres meses se rebajará el precio de la gasolina y el diésel en 30 y 14 céntimos por litro, combustibles que desde hace semanas superan ambos los 2 euros por litro. La más cara de las iniciativas es la llamada ‘paga general por los precios energéticos’ de 300 euros, que será abonada a todos los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social el próximo mes de septiembre y que supondrá para las arcas germanas un desembolso de 10.400 millones de euros, según cálculos del Ministerio federal de Finanzas. Este paquete de ayudas forma parte de los presupuestos extraordinarios de 40.000 millones de euros. 

Moscú cumple su amenaza y tira del arsenal energético. Lo avisó hace un mes, cuando colocó a la Unión Europea ante la disyuntiva de pagar en rublos o verse privada de su gas, como respuesta a la batería de sanciones internacionales. La cuestión es que ayer Polonia y Bulgaria sufrieron el primer envite. Gazprom interrumpía «por completo» a primera hora el suministro a ambos países aduciendo que no había recibido en plazo, en la divisa rusa, el pago por los servicios prestados. Un cierre de válvulas que provocó la inmediata escalada de los precios del combustible azul y que obligó a la UE a movilizarse para responder a lo que considera un «chantaje». La parada llegaba cuando Bruselas se encuentra ultimando un nuevo paquete de castigo que incorporará el veto a la importación del petróleo. Y apenas unas horas después de que Varsovia activase medidas coercitivas a medio centenar de individuos y entidades entre las que se encontraba el coloso gasístico ruso. Todo concatenado. Con el trasfondo ya conocido: la vulnerabilidad energética de Europa.

La velocidad de crucero que el Gobierno pretendía imprimir a la ejecución de los fondos europeos este año no parece concretarse en cifras. Sobre todo, porque el Ejecutivo no publica desde agosto los datos reales del dinero procedente de Bruselas que ya ha llegado a la economía real. Ante este escenario, la CEOE ha realizado su propio cálculo a partir de los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado –de agosto de 2021– y estima que sólo se han ejecutado fondos por valor de 805 millones de euros, de los casi 3.000 millones que el Estado gestiona de manera directa. Es decir, sólo ha llegado al tejido productivo un 27% del total recibido. El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, reconoció ayer que en los últimos meses «se observa cierta mejoría en alguna de las áreas que generaban mayores trabas en el despliegue de los fondos. Sin embargo, dijo, «seguimos identificando problemas que están generando un impacto significativo en la falta de agilidad en su ejecución». En un extenso informe de seguimiento, en la patronal insisten en la necesidad de acelerar la ejecución de los denominados PERTE con actuaciones concretas y evitar que todo derive en un segundo ‘Plan E’ como en la época de Zapatero.

La patronal y la oposición piden que se acelere el proceso para que el dinero llegue cuanto antes a las empresas. El Gobierno trata de insuflar ritmo a la concesión de los fondos europeos. Hasta la fecha, ya ha autorizado 30.311 millones euros, un 58,8% de lo presupuestado para los años 2021 y 2022. De estos, cuatro de cada diez euros se han transferido a las comunidades autónomas (13.386 millones), que serán las encargadas de canalizar esa parte. Si se compara la evolución del gasto comprometido —cuando se adjudica el contrato a la empresa o se concede la subvención—, supone algo más de la mitad de los recursos europeos presupuestados, adelantan fuentes gubernamentales. Sin embargo, esto no supone que ese dinero ya se haya gastado. Es decir, todavía no ha llegado a pie de calle porque no se ha abonado (al menos no en su totalidad). Esa es ahora la gran tarea pendiente para cerrar el círculo de un proyecto que debe transformar la economía del país: hacer que las ayudas aterricen cuanto antes en las empresas. La patronal CEOE reclamaba ayer que se acelere esa ejecución de los fondos. 

“La combinación en el corto plazo de una inflación más elevada, que erosiona las rentas reales de hogares y empresas, y un aumento de los tipos de interés podrían mermar la capacidad de pago de estos agentes”, avisa el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera (IEF). De ahí que el supervisor reclame prudencia a la banca y que no liberen las provisiones realizadas por la pandemia. En esta pérdida de capacidad de pago influye especialmente la incertidumbre generada por la ofensiva rusa. Esta provocará, además del alza de la inflación y el acelerón en el aumento de los tipos de interés, una reacción en la política monetaria. Sobre el posible crecimiento de los impagos también jugará un papel relevante el vencimiento de los periodos de carencia de los préstamos ICO aún en vigor, que cumplirán a final de verano. Por tanto, como sostuvo ayer en rueda de prensa Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, todos estos hitos “van a afectar significativamente, de una forma u otra”. En las carteras de crédito, según recoge el informe, todavía existen deterioros latentes que podrían materializarse en los próximos trimestres. El supervisor calcula que hay un aumento de los préstamos que están a un paso de ser considerados morosos: unos 94.000 millones de euros, el 8% del total de las deudas de hogares y empresas. Estos están en lo que el Banco de España denomina como vigilancia especial. 

Aunque la mejora salarial media pactada en los convenios registrados hasta marzo fue del 2,36%, 7,4 puntos por debajo del IPC, un total de 79.162 empresas acordaron con sus empleados subidas próximas al 6% (del 5,75%, concretamente), distribuidas entre 548 convenios que afectan a 950.915 trabajadores, más del 19% del total de empleados concernidos por esos convenios, según se desprende de las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo. Esta cifra muestra una notable progresión respecto a meses anteriores. En enero, las empresas que pactaron alzas medias del entorno del 6% apenas ascendían a 20.890, afectando a un total de 413.890 trabajadores. En febrero ya había cerca de 49.000 empresas con alzas del 5,6%, más del doble que en enero, con más de 744.000 empleados beneficiados. En marzo, la tendencia se ha consolidado y acelerado: el número de empresas con subidas cercanas al 6% prácticamente se ha cuadruplicado respecto a enero y se ha disparado un 62% sobre febrero, aumentando en 30.408 compañías. Estas cifras muestran que, pese a la enorme brecha que los sueldos aún mantienen respecto a los precios, la mecha inflacionista ha prendido con fuerza en los salarios, que desde diciembre han escalado de media 0,89 puntos, hasta el 2,36%, su mayor aumento desde 2008, 

Euskadi mantiene el triste honor de seguir en el grupo de cabeza del ranking nacional de absentismo laboral, algo que no ha cambiado con la pandemia. Así, en el último trimestre del año presentaba una tasa del 7,2% frente a la media nacional, situada en el 6,6%, de acuerdo con un informe elaborado por el Grupo Adecco. No obstante, hay dos comunidades con porcentajes aún peores. Se trata de Asturias, con el 7,8%, y Navarra, con el 7,6%. El absentismo es un motivo de gran preocupación en las empresas vascas, que se han quejado reiteradamente de que la elevada tasa vasca les hace perder competitividad, dado que en algunas compañías alcanza hasta el 12% o el 14%. Una encuesta reciente de la patronal vizcaína Cebek mostraba que para un 42% de las compañías sondeadas constituye un problema serio. En respuesta a estas continuas llamadas de atención, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció a finales del año pasado que el absentismo constituye «una preocupación real», aunque dijo «desconocer» los motivos, algo que a su juicio «se debe analizar en el ámbito público y privado». En este sentido, el director de Adecco Group Institute, Javier Blasco, apuntó ayer como explicación de este hecho diferencial «los mayores complementos por incapacidad temporal que se pagan en las comunidades industriales de la cornisa cantábrica, como Euskadi».

Los sindicatos vascos se movilizan hoy para denunciar la elevada siniestralidad laboral de Euskadi durante el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Según los datos de Osalan, en el primer trimestre se contabilizaron seis muertes en el trabajo –una cifra inferior a la que manejan las centrales–, mientras que el total de accidentes se incrementó un 7% hasta los 9.569, de los que 61 fueron graves. Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se manifiestan a las 11.30 horas desde la Plaza Moyúa de Bilbao hasta la sede del Gobierno vasco tras una pancarta con el lema ‘Prekaritatea hiltzailea, lan istripu gehiagorik ez! (Precariedad asesina. No más accidentes de trabajo’. Media hora antes, UGT-Euskadi, que presenta un informe con la siniestralidad laboral en Euskadi, celebra una concentración de delegados en la misma plaza. Y a las 10 horas CC OO-Euskadi lleva a cabo una asamblea informativa en Bilbao para a las 12.30 horas realizar una manifestación, también entre la Plaza Moyúa y la sede de Confebask. Esta central ya ha celebrado esta semana asambleas de delegados en Vitoria y San Sebastián en las que su secretaria general, Loli García, ha denunciado los «intolerables» niveles de siniestralidad y reivindicado la reforma laboral como «un instrumento necesario para hacerles frente».

El tiempo apremia después de que el centro de contratación de estibadores del Puerto de Bilbao, Bilboestiba, haya entrado en concurso de acreedores. Las cuatro empresas accionistas y los sindicatos están negociando contrarreloj un acuerdo laboral que pare el proceso y evite la entrada de un administrador concursal, un escenario muy negativo que llevaría a la dársena vizcaína a «terreno desconocido», cuando aún sigue lastrada por la «huelga salvaje» de finales de 2020. «Es urgente un pacto porque Bilbao necesita limpiar su imagen de no fiable, de ser conflictivo», advirtió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala. En una intervención en el Fórum Europa celebrado en Bilbao, Barkala recordó que, debido al conflicto de la estiba, «mercancías que por lógica deberían moverse por el puerto se fueron a otras terminales y no quieren oír hablar de nosotros». Aquella huelga, la más larga de la historia, terminó con la mediación del ministerio de Yolanda Díaz, que sentó unas bases mínimas. Pero quedó todo por negociar y ya han pasado 15 meses desde entonces sin que se haya llegado a un acuerdo para un nuevo convenio que traiga una paz estable.

Ibermática quiere aprovechar la ola de la digitalización para seguir creciendo con un ambicioso plan que prevé elevar un 81% su facturación en 2025, alcanzando los 500 millones de euros; incrementar un 25% su plantilla, hasta llegar a los 5.000 trabajadores; y adquirir hasta 8 nuevas empresas. De momento, las cifras del pasado 2021 ratifican esa senda con un nuevo techo en la facturación, que se incrementó un 9% sobre el año anterior alcanzando los 276 millones de euros. Un crecimiento ligeramente superior al marcado por el sector, situado en torno al 6%. Las cifras se han trasladado también al beneficio que creció un 54% hasta alcanzar los 11,3 millones. El principal impulso vino de los trabajos realizados en el ámbito de lo que se conoce como ‘Soluciones Avanzadas’, tareas que desarrollan servicios en la nube, robotizaciones en las fábricas, ciberseguridad o la analítica de datos y la ‘Inteligencia Artificial’. Para cumplir el objetivo de 2025, será necesario mantener el ritmo de compra de compañías, con dos adquisiciones anuales. Ya, antes de verano, Ibermática cerrará una operación con una compañía que desarrolle soluciones de ‘Salesforce’, lo que supondría la primera entrada en este sector.

Kutxabank aprobó ayer destinar a las fundaciones bancarias accionistas (BBK, Kutxa y Vital el 60% del beneficio neto alcanzado en 2021 con un total de 129,9 millones de euros. En un comunicado, la entidad que preside Gregorio Villalabeitia destacó que, desde 2020, y gracias a su posición «fortalecida» en solvencia y capital, reparte el porcentaje de retribución «más elevado» del sistema financiero a las Fundaciones BBK, Kutxa y Vital. En este sentido, recordó que Kutxabank abonó en febrero de 2022 un dividendo extraordinario de 42 millones a cargo de los resultados de 2019 que no pudieron repartirse debido a las restricciones de distribución de beneficios establecidas por el Banco Central Europeo. De esta forma, en lo que va de año, la retribución distribuida por el grupo bancario entre sus accionistas supera los 171 millones. Desde su creación hace 10 años, Kutxabank ha aportado 1.090 millones a las fundaciones bancarias accionistas para que desarrollen sus respectivas obras sociales. El banco vasco obtuvo en 2021 un beneficio neto consolidado de 216,5 millones de euros. 

El grupo automovilístico alemán de alta gama Mercedes-Benz obtuvo un beneficio neto de 3.490 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una caída del 19%, debido al impacto contable negativo derivado de la suspensión de operaciones en Rusia, los problemas de suministro de chips y el alza de costes. La compañía dirigida por Ola Källenius indicó que el parón de la actividad en Rusia tras la invasión de Ucrania le ha supuesto un coste de 709 millones de euros y ha sido una de las principales razones del descenso del beneficio. No obstante, excluyendo los atípicos y otros costes, Mercedes obtuvo un resultado operativo ajustado de 5.300 millones de euros, superando con holgura los 4.770 millones que esperaban los analistas. De hecho, la subida de precios en toda su gama y el aumento de las ventas de modelos con mayores márgenes como la berlina Clase-S o el SUV Clase le han permitido cerrar el trimestre con un margen operativo récord del 16,4% en su división de coches. Aunque el grupo indicó que la falta de chips, el aumento del coste de las materias primas y la energía, y los cuellos de botella por la ola de Covid en China y también por la guerra en Ucrania se alargarán durante todo 2022, Mercedes espera que el margen de su negocio de coches acabe el año en la banda alta de su horquilla estimada, que oscila entre el 11,5% y el 13%.

La expectativa de alzas de tipos por parte del BCE no está logrando ni mucho menos frenar la depreciación del euro. Las crecientes preocupaciones sobre el suministro energético por parte de Rusia y las señales de ralentización económica de China debido a la ampliación de los confinamientos están haciendo temer por el impulso económico europeo y acelerando la búsqueda de refugio. Y en el ámbito de las divisas el ganador vuelve a ser el dólar. La apreciación del billete verde tuvo ayer como gran damnificado al euro. La moneda europea cayó ayer por debajo de los 1,06 dólares, algo que no sucedía desde abril de 2017. A falta de dos sesiones para que finalice abril, el euro pone rumbo a su peor mes en cinco años con una caída del 4,5%. Alemania revisa a la baja su previsión de crecimiento y agrava el descenso. 

Una vez más, el Congreso será testigo de una votación llena de incógnitas hasta el final. Con una aritmética parlamentaria más que ajustada, Pedro Sánchez intentará evitar hoy el frenético episodio al que finalmente sobrevivió a principios de febrero, cuando aprobó ‘in extremis’ la reforma laboral tras el error involuntario de un diputado del PP. El presidente del Gobierno buscará hasta el último momento sumar los apoyos necesarios para salvar su plan anticrisis –y tramitarlo finalmente como proyecto de ley– que activará medidas urgentes para paliar las consecuencias socioeconómicas provocadas por la invasión rusa en Ucrania. Y los once escaños de los grupos vascos, seis del PNV y cinco de EH Bildu, son fundamentales para dar un respiro al jefe del Ejecutivo central y que no fracase su proyecto si finalmente PP y ERC votan ‘no’. Las críticas contra el Gobierno por el reciente escándalo de espionaje que ha salpicado a una sesentena de dirigentes independentistas pone aún más contra las cuerdas a Sánchez, que ve cómo poco a poco crece la desconfianza de sus socios de investidura. 

Por primera vez, el Departamento de Educación realizará un análisis integral de la enseñanza vasca con el objetivo de elaborar un diagnóstico y mejorar los resultados académicos. Los garantes del pacto educativo –PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos– se unieron de nuevo ayer en el Parlamento vasco para pedir al Ejecutivo autonómico la construcción de un marco propio de evaluación e implicar a toda la comunidad educativa. Es decir, no solo someter a examen los conocimientos de los escolares, que ya se evalúan de manera periódica, sino también al profesorado, las direcciones, los centros, los contenidos curriculares y las familias. La necesidad de realizar una radiografía general del sistema educativo vasco se sustenta en las malas puntuaciones obtenidas – las peores de la década– en la última evaluación diagnóstica a los escolares de Euskadi realizada antes de la pandemia. Por el momento, según apuntaron fuentes del área que dirige Jokin Bildarratz, todavía no está definido cómo se llevará a cabo esta evaluación ni tampoco los plazos, pero sí busca ser una «arquitectura de evaluación de todo el sistema», que incluirá un control de la gestión de los centros de enseñanza, algo que no se había realizado nunca y que se anuncia en un momento en el que se prevé cambiar el modelo de financiación de la escuela concertada. Por otro lado, el Parlamento vasco instó ayer a impulsar los ciclos de FP en euskera de cara a romper la brecha existente con la enseñanza obligatoria. Para ello, se seguirá ampliando la oferta en euskera y se fomentará la inclusión de materias impartidas en lengua vasca en el modelo A. Alrededor de 47.000 jóvenes vascos se forman para su futuro profesional en un ciclo de FP. Sin embargo, menos de la mitad estudian en euskera.