20220519

En tres décadas, Euskadi contará con 220.000 personas menos en edad laboral y prácticamente la mitad de su población estará jubilada, lo cual pondrá en jaque la sostenibilidad de políticas sociales como las pensiones. La crisis demográfica es ya, por una cuestión de pura supervivencia, una prioridad política. El Parlamento vasco debatió ayer largo y tendido al respecto y alcanzó trascendentales acuerdos. Allí el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentó las nuevas medidas que contempla una estrategia centrada en incentivar la natalidad y la emancipación juvenil. La principal propuesta es la creación de una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los tres años. La prestación costará 145 millones anuales a las arcas públicas, entrará en vigor el año que viene, la podrán cobrar familias que no superen una renta estandarizada de 100.000 euros y será compatible con las actuales deducciones fiscales y ayudas por hijo de la RGI. Es decir, al menos 2.400 euros al año para facilitar la crianza durante los primeros pasos de la vida. A la propuesta estrella del plan se unen otras iniciativas que pretenden facilitar la crianza de los hijos. Una de ellas pasa por la gratuidad de la etapa 0-2 años, para lo que se «reforzará» el Consorcio Haurreskolak. La otra gran pata en la que se apoya la nueva estrategia es la emancipación de los jóvenes vascos, que se van de casa cuatro años más tarde (30,2) que la media europea (25,9). Tras ampliar el programa Gaztelagun, el Gabinete Urkullu se propone ahora habilitar también préstamos subsidiados o sin intereses para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda que se devolverían a largo plazo.

Expertos del sector intuyen un duro ajuste de plantilla y la venta de la división terrestre, la única con actividad en España. No obstante, Siemens Energy también advirtió que «no hay certeza de que la decisión se materialice». Esta opción para el futuro de Siemens Gamesa supondría un alejamiento adicional del País Vasco, en un proceso que lleva ya varios capítulos y todos de corte negativo. El cuartel general, el lugar donde están ocho de los nueve primeros directivos de la compañía, se ha desplazado a Madrid, en un movimiento que la empresa justificó por las «mejores conexiones aéreas». Mientras tanto, los proveedores vascos revelan que esa distancia se nota ya en «la capacidad de interlocución, que se está perdiendo». Y las hipótesis de futuro no son halagüeñas. Expertos del sector eólico anticipan ya que Siemens Gamesa puede acometer un duro proceso de ajuste de plantilla –hasta ahora negado por sus máximos responsables– a la vuelta del verano. El recorte, subrayan, impactaría de forma muy especial en el área corporativa, que tiene una presencia importante en las oficinas del Parque Tecnológico de Bizkaia. «Si se consuma la OPA de Siemens Energy, el desplazamiento de recursos corporativos a la firma matriz sería imparable».

Las centrales sindicales ELA, CC OO, LAB, USO, ESK y CGT convocaron tres jornadas de huelga y anunciaron movilizaciones como medida de presión para lograr ese negro sobre blanco. La primera cita tuvo lugar ayer, con diferente lectura entre las partes implicadas. La patronal SEA tildó de «fracaso» el seguimiento del paro en las fábricas y lo cifró en un 7,87% tras consultar con «406 empresas». Mientras que los sindicatos calificaron de «exitosa» la respuesta a la manifestación que recorrió el centro de Vitoria. Esta reunió a alrededor de «7.000 personas» según la Ertzaintza y la Policía Local. Desde la patronal rebajaron las afecciones y aseguraron que «la jornada se desarrolló con normalidad en todos los polígonos de Vitoria. La incidencia solo ha tenido un ligero reflejo en las empresa del valle de Ayala». Con este escenario, las negociaciones para desbloquear el conflicto no se retomarán hasta el 3 de junio. Ese día se volverá a colocar el convenio, al que se acogen alrededor de 20.000 trabajadores en Álava, en el centro de la mesa. Entre medias se desarrollarán (24 y 26 de mayo) las dos jornadas de paro restantes. Los sindicatos reclaman 1.400 euros en 14 pagas, subidas por encima del IPC, rebaja importante de la jornada laboral, limitación de la temporalidad y medidas para la igualdad, entre otros puntos. 

El proyecto para crear una denominación de origen alavesa con el nombre de ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’ al margen de la DOC Rioja salta ahora del ámbito estatal y llega a la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura ha cumplido el trámite, después de diez meses de análisis y estudio de la documentación, y ha enviado a Bruselas ese expediente elaborado por la junta directiva de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que cuenta con el aval del Gobierno vasco, para crear una nueva marca. Desde el momento en el que la Comisión tiene ya en su poder ese expediente, las oficinas de patentes y marcas nacionales y europeas no pueden registrar una marca comercial con ese mismo nombre. Y por otro lado, el Ejecutivo de Lakua ha de conceder, si así se lo solicita ABRA, la protección nacional transitoria (PNT) para la ‘Denominación de Origen Protegida (DOP) Viñedos de Álava’ que impulsa la junta de la asociación con un número de bodegas que sigue sin conocerse públicamente. El único dato que trascendió fue en julio de 2016 cuando surgió la iniciativa y se habló de 40 bodegas, pero seis años después esa cifra ha ido reduciéndose. Porque esta apuesta rupturista no concita una mayoría de apoyos ni en la comarca ni tampoco en círculos políticos, más allá del departamento de Agricultura en manos de la consejera Arantxa Tapia o de EH Bildu. 

La propuesta de ABRA «está basada en la confrontación y quiere crear confusión en los mercados», denuncia el Ejecutivo de La Rioja La llegada del expediente de ‘Viñedos de Álava’ a la Comisión Europea, que tiene la última palabra para conceder o no la denominación de origen protegida, es un paso más en la tramitación para crear esta DOP al margen de Rioja. «Sigue siendo una sorpresa desagradable que se insista en algo que se ha constatado que no tiene futuro y así nos lo trasladan los propietarios de viñedos y bodegas y las instituciones», asegura José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. El máximo organismo de Rioja «tiene la responsabilidad de proteger el 100% de fondo de comercio de la DOC y para ello utilizaremos todos los medios a nuestro alcance» desde el punto de vista administrativo y judicial para presentar batalla y evitar que prospere la iniciativa de ‘Viñedos de Álava’ «porque es dañina y genera confusión», añade Lapuente.

Talento. Jabier Larrañaga, Cristina Garmendia y José Poza ponen en valor el capital riesgo y subrayan que son las personas las que anclan a las empresas. Los expertos aseguran que se trata de instrumentos estratégicos que permiten crecimientos notables (también a pymes) y que, al tiempo, favorecen el arraigo . De una parte, atrayendo o retornando el mejor talento internacional para esa industria financiera y, de otra, dando oportunidades a nuestras empresas con un asesoramiento ultraespecializado que en realidad vale mucho más que el capital que se aporta. Esas son algunas de las conclusiones del seminario organizado ayer por Deusto Business Alumni en su campus de San Sebastián que, presentado por Agustín Garmendia (presidente de DBA) y moderado por Juan Alcibar (socio de M&A en PwC), tuvo como ponentes a Jabier Larrañaga, diputado Foral de Promoción Económica; Cristina Garmendia, socia de Ysios Capital, y José Poza, patrono de la fundación Artizarra. Garmendia aseguró que «el ecosistema que mueve el ‘private equity’ es el mejor compañero de viaje para atender con valentía mercados globales arraigando liderazgos locales». José Poza fue meridiano: «Los fondos no son un instrumento financiero, son un instrumento estratégico imprescindible para algunas empresas». «El mercado es global, y lo mismo que pueden venir aquí a poner sus reales, podemos ir nosotros a su casa. El arraigo, en realidad, es la gente, los equipos, la estrategia, el dinero y los arrestos para hacer cosas». 

La empresa Bellota Herramientas, una de las principales del sector en Gipuzkoa y líder internacional, ha invertido cerca de 4 millones de euros en una nueva línea de fabricación para su planta de Legazpi, que permitirá a la compañía duplicar prácticamente la producción de azadas y martillos. La empresa quiso escenificar este avance y su apuesta por Gipuzkoa para seguir creciendo con un acto que contó con respaldo institucional, con presencia del diputado general del territorio, Markel Olano, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y la alcaldesa legazpiarra, Koldobike Olabide, amén de los responsables de la patronal Adegi Eduardo Junkera, presidente, y José Miguel Ayerza, secretario general. Pablo Izeta, director general de Bellota Herramientas, ejerció de anfitrión con una visita por la fábrica. Un respaldo institucional a una de las empresas que más ha sufrido los efectos de la Guerra, ya que tenía mucho volumen de negocio en Ucrania.

La compañía guipuzcoana de fabricación de autocares Irizar buscará financiación en los fondos europeos para reforzar su línea de autobuses eléctricos. El fabricante con sede en Ormaiztegui ha diseñado junto a Iberdrola y otra veintena de empresas varias líneas de trabajo sobre el autobús eléctrico y la infraestructura que necesita, que supondrán una inversión de 63 millones de euros. Para encontrar ayudas a su financiación ha presentado una solicitud dentro de la convocatoria abierta. El proyecto, denominado CAPITAL, se presenta como un complemento al desarrollo de Irizar E-Mobility, la unidad de negocio del grupo especializada en la construcción de autobuses eléctricos. La apuesta por los autobuses eléctricos generó una inversión de más de 75 millones en Aduna (Gipuzkoa) para construir una planta de 18.000 metros cuadrados con la capacidad de construir 1.000 vehículos al año.

El acuerdo para el nuevo convenio alcanzado en Irizar e-Mobility tras veintidós días de huelga indefinida recoge una subida salarial del 14% para este año, del IPC más 1 para 2023 y del IPC más 0,5% para 2024, según destacó ayer LAB, que cuenta con ocho representantes en el comité de empresa, al que hay que añadir otro del sindicato ELA. Unai Goikoetxea, portavoz del comité de empresa, explicó a DV que el nuevo convenio «introduce grandes mejoras y contempla una subida salarial media del 7,5% para este año que se suma al 6,5% que ya se aplicó en enero por el IPC». Según la central, otro de los logros alcanzados es que los procedimientos de promoción sean objetivos y automáticos, garantizando que un mismo trabajo tenga igual salario. En lo que respecta a la flexibilidad, el pacto recoge una reducción paulatina de la bolsa de horas desde las 120 actuales hasta las 80 en 2024.

España ha registrado en las dos últimas décadas un descenso del número de estudiantes en los títulos con mejor calidad laboral y, viceversa, ha aumentado la matrícula en aquellos grados con peores indicadores de inserción laboral. El estudio La empleabilidad de los jóvenes en España. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?, publicado ayer por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, profundiza sobre la calidad de la inserción laboral de los universitarios, teniendo en cuenta las tasas de empleo, la cualificación del puesto, la situación contractual o el salario. Una de las conclusiones apunta a que áreas como informática e ingeniería, industria y construcción, con los mejores indicadores de inserción laboral, han experimentado una disminución de su número de egresados en las dos últimas décadas en España. Montse Álvarez, de la Fundación CYD, explica la posible causa de este desequilibrio: “Una hipótesis sería que los estudiantes del sistema universitario español no disponen de suficiente información a la hora de escoger carrera universitaria, especialmente sobre inserción laboral. O bien, a pesar de disponer de esa información, tienen otras prioridades a la hora de elegir carrera: tal vez la vocación, la facilidad de los estudios, o la preferencia personal”.

El Instituto Europa, uno de los centros de formación para profesionales y de preparación de oposiciones líderes en el País Vasco, ampliará su catálogo y ofrecerá por primera vez ciclos de FP de grado medio y superior en Vitoria. Serán cinco titulaciones, dos de ellas nuevas en la capital alavesa y que ya han sido autorizadas por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. De esta manera, el centro privado dará un salto a la formación reglada y pasará de impartir cursos de actualización para profesionales, para desempleados o en colaboración con empresas y emitir certificados de profesionalidad a ofertar además ciclos en los que se podrá inscribir cualquier alumno mayor de 16 años. Son los ciclos de grado medio de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y de Sistemas Microinformáticos y Redes. Y tres superiores de Coordinación de Emergencias y Protección Civil; Animación en 3D, Juegos y Entornos Virtuales Interactivos; y por último el de Asistencia a la Dirección. «Desde 2014 llevamos emitiendo certificados de profesionalidad en carrocería, soldadura, mecanizado, calderería... además de hacer cursos específicos con empresas como Mercedes o Michelin. Ahora ampliamos el abanico con toda la experiencia que tenemos a nuestras espaldas», traslada Rufi Sánchez, directora adjunta de Instituto Europa, con sede en la calle Manuel Iradier y presencia ya en siete comunidades españolas además de en Chile, Colombia y Perú. 

“España es, de entre todas las economías del área del euro, la más rezagada” en la salida de la crisis del Covid, siendo su PIB el que más lejos continúa de los niveles previos a la irrupción de la pandemia. Así lo constataba ayer el Banco de España en la publicación de su informe Anual, en el que anticipa que el tamaño de la economía española no regresará a los umbrales anteriores a la llegada del coronavirus al menos hasta “el tramo final de 2023”. Eso en el mejor de los casos, pues en una coyuntura marcada por el alza de los precios y la incertidumbre que introdujo la guerra en Ucrania, el supervisor anticipa que ultima para junio una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento. “El nivel del PIB se encuentra más alejado de su nivel previo a la pandemia en España que en el resto del área del euro”, reza el Informe Anual del Banco de España que, si bien admite que “todos los países experimentaron un fuerte retroceso de la actividad al comienzo de la pandemia, a raíz de los primeros confinamientos, así como un intenso repunte posterior”, matiza que “las diferencias en términos de la distancia del PIB al final de 2021 con respecto al nivel precrisis son notables” especialmente en España. El PIB del país, detalla, cerró el primer trimestre de 2022 situándose un 3,4% por debajo del nivel previo al Covid, frente al área del euro que lo había rebasado en 0,4 puntos porcentuales.

Teniendo en cuenta que la reciente reforma de pensiones liga su revalorización a la inflación y sustituye los mecanismos de ajuste por uno de equidad intergeneracional, el Banco de España concluye que “hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos”. En este sentido, el supervisor insta a “reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas”, en línea con el aumento de las bases máximas de cotización que planea incluir el Gobierno este año en la segunda fase de la reforma. Pero, más allá, el informe invita a abrir un debate sobre qué grado de prestaciones se aspira a costear a fin de garantizar los ingresos necesarios para ello. El supervisor propone crear “mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas”. A corto plazo, añade, “el compromiso de revalorización de las pensiones con el IPC tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación” de ese gasto, advierte instando a incluir a los receptores de pensiones –salvo los de mínimas– en el pacto de moderación de rentas.

Siendo el fenómeno económico más preocupante de los últimos meses, el avance de la inflación no es un problema de la misma magnitud para todos los públicos, golpeando especialmente a las empresas y hogares más vulnerables, advierte el Banco de España en su Informe Anual. El impacto, ilustra, es mayor en los jóvenes, los ancianos, las personas con menor formación y, en general, en los hogares de menor renta. Tradicionalmente, las familias del cuartil inferior de rentas destinaron el 24% de su gasto a los bienes de primera necesidad, incluyendo alimentos, electricidad, gas y combustibles (que arrojan el 58% de la inflación que sufren), mientras que los del tramo superior de rentas tan solo destinaron el 17% de sus ingresos. Como resultado, estima el supervisor, en los últimos meses los hogares con menor renta han sufrido una tasa de inflación media del 5,6%, superior en 1,2 puntos al 4,3% de las familias con más ingresos. Es decir, que los primeros han sufrido un sobrecoste de 1.329 euros y los segundos de 618 euros.

Los máximos líderes sindicales de CC OO y UGT han hecho sendas propuestas en materia fiscal para financiar con impuestos una nueva renta para rentas bajas y el incremento del gasto en defensa comprometido con Bruselas. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, dijo ayer que el Gobierno “no puede permanecer impasible ante el bloqueo” de la negociación colectiva por parte de las organizaciones empresariales, y le ha instado a “tomar partido” mediante la política fiscal, que es competencia del Ejecutivo. En concreto, el dirigente sindical planteó la posibilidad de que se modifique el impuesto de sociedades para que sea el 15% del beneficio contable real de las empresas, lo que permitiría adoptar medidas temporales para proteger las rentas de los que menos tienen para hacer frente a la inflación. Según sus cálculos, a través del impuesto de sociedades se podrían recaudar los 8.000 millones de euros que costaría la renta temporal para proteger a 10 millones de personas con salarios por debajo de los 1.000 euros, a quienes están en desempleo y a los perceptores de rentas mínimas. “La negociación colectiva es competencia de los agentes sociales pero la política fiscal es competencia del Gobierno y a través de la fiscalidad se pueden incentivar determinados comportamientos de las empresas”, añadió Sordo.

La figura del contrato fijo discontinuo ya existía antes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pero se ha convertido en una de las piedras angulares en la política del Ejecutivo para intentar poner coto a la temporalidad en el mercado de trabajo. En este contexto, en el que lo que se pretende es impulsar la contratación indefinida restringiendo al máximo la temporal, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que la próxima semana se pondrá en marcha una campaña de inspección para detectar posibles fraudes en los contratos fijos discontinuos, una fórmula de relación laboral indefinida pero que se desarrolla de forma intermitente en el tiempo y que ha obligado a numerosas empresas de los sectores de consumo, servicios o turismo a convertir miles de empleos temporales en estables, ya sean fijos o fijos discontinuos. La campaña que ayer avanzó Díaz permitirá atisbar cómo afronta el tejido empresarial esa transición. El coste de no hacerlo debidamente puede ser elevado. Como recordó ayer la propia ministra de Trabajo, la reforma laboral contempla sanciones de hasta 10.000 euros para aquellas compañías que incumplan las normas, una multa que se aplicará por cada uno de los trabajadores en fraude de ley. Aunque aún está por ver el efecto dinamizador que los cambios introducidos en el marco laboral tienen sobre el empleo (la nueva contratación entró en vigor el pasado 31 de marzo tras un periodo de adaptación de tres meses), las fuertes restricciones a la contratación temporal ya han dejado su impronta en las estadísticas.

“Debemos reducir lo antes posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. Estoy profundamente convencida de que podemos hacerlo”. Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo ayer la puesta de largo de una ambiciosa iniciativa para acelerar la desconexión de la UE de la energía de Rusia, el denominado plan REPowerEU, una hoja de ruta para cortar poco a poco el cordón umbilical que une a Europa con el gas ruso, hasta darle portazo en 2027. Esto es, un proceso lento dadas las circunstancias geopolíticas y la permanente amenaza de un cerrojazo energético por parte del régimen de Putin, pero difícilmente acortable por la magnitud de las inversiones en infraestructuras que hay que acometer. Bruselas estima que desacoplarse de la energía rusa costará 210.000 millones de euros adicionales de aquí a 2027; es decir, una inversión monumental que habrá que afrontar en apenas cinco o seis años y que la Comisión quiere que sea aún mayor, conectando este nuevo plan energético con el Fondo de Recuperación pospandemia, que ya destinaba una cuantía significativa a la transición ecológica. De hecho, Bruselas pretende movilizar cerca de 300.000 millones entre subvenciones y préstamos para acelerar el cambio hacia las energías limpias, que cree indispensable para evitar que Rusia siga utilizando sus combustibles fósiles “como arma económica y política”.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Japón experimentó una contracción del 0,2% en el primer trimestre del año, frente a los tres meses anteriores, en los que registró un crecimiento de un 0,9%, según se desprende de la primera estimación del dato publicada ayer por el Gobierno nipón. Con este nuevo retroceso, durante el último año, la economía japonesa no ha logrado encadenar dos trimestres consecutivos de crecimiento. Mientras que entre enero y marzo de 2021 se registró una contracción del 0,3%, en el segundo trimestre de ese año se dio una expansión del 0,5% y, en el tercero, de nuevo una contracción del 0,7%. En términos anualizados, la economía de Japón observó una contracción del 1% en el primer trimestre de 2022. En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el PIB del país creció un 0,2%, dos décimas menos que la expansión interanual del cuarto trimestre de 2021. De esta forma, Japón encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento económico en términos interanuales. el consumo privado del país no registró avance ni retroceso alguno y se mantuvo plano, mientras que el gasto público se contrajo en dos décimas y la inversión de las empresas se expandió un 0,5%.

Wall Street registró ayer una jornada negra, con el índice Dow Jones cediendo el 3,6% y el tecnológico Nasdaq un 4,7% al cierre de la sesión, en un mercado inquieto por el consumo, motor de la economía de EE UU. El parqué encajó la mayor caída diaria en casi dos años, después de que la reducción de ingresos durante el primer trimestre del importante grupo minorista Target, que se ha desplomado un 20%, arrastrara al índice industrial S&P 500 al rojo, con un descenso del 4%. Las grandes tecnológicas también perdieron: Amazon, el 5,21%; Apple, el 3,77%, y Netflix, el 3,84%. El índice tecnológico Nasdaq fue el más perjudicado entre los de referencia. Los sombríos resultados de los minoristas han provocado nuevas turbulencias en el mercado de valores, que se suman a las experimentadas durante abril, con un batacazo histórico del parqué. Target reportó ganancias trimestrales muy por debajo de las expectativas, que atribuyó a la inflación y a los continuados problemas de suministro, porque el consumo se mantiene en líneas generales estable. La cadena declaró unos beneficios de mil millones de dólares entre enero y marzo, aproximadamente la mitad de lo que ganó en el mismo periodo de 2021. 

Veto inicial de Turquía a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Recep Tayyip Erdoğan se resiste a dejar que el camino emprendido por los dos países nórdicos –referencias del no alineamiento militar– quede totalmente despejado. Y, de momento, se enroca. La reunión de embajadores de la Alianza, que se celebró ayer en Bruselas con las solicitudes formales de ambos Estados encima de la mesa, se trabó. No permitió arrancar con la siguiente fase del procedimiento; el inicio de las conversaciones con los candidatos que, según el reglamento, contemplaría (entre otras variables) el asesoramiento tanto político como técnico. Un primer bache. Y así es como parece interpretarse. Porque persiste la sensación generalizada de que, al final, Turquía aparcará sus objeciones. El precio aún se desconoce. Pero en el horizonte se vislumbra que acabará posibilitando una expansión que Jens Stoltenberg volvía a calificar ayer de «histórica».