20220615

Todo un fiasco. Primer día de la aplicación de la ‘excepción ibérica’, primera bajada aparente del precio de la luz y primera gran sorpresa –y desagradable– para los consumidores: el coste final que pagarán por la electricidad hoy, jornada de estreno en el tope al precio del gas, va a quedar diluido por la conjunción de varios factores que han impedido recortar el precio al nivel que el Gobierno preveía. El ‘pool’ diario sí se ha reducido para este miércoles hasta los 164 euros/MWh, un 23% con respecto al coste del mercado de ayer. Pero la obligación de añadir a ese precio ajustes para compensar a las compañías que generan luz con ciclos combinados de gas, frente al coste real de esta materia prima, ha desbordado todas las previsiones. El precio total rebasará hoy los 224 euros/MWh, superior en 10 euros a los 214 de ayer martes, cuando todavía no se aplicaba el anhelado tope. La explicación tiene su miga. A saber: la subasta diaria de electricidad se saldó con un precio medio de la luz para hoy de 164 euros/MWh, casi 50 euros menos que ayer. Y ahí sí hizo efecto el tope al gas: un límite de su precio de 40 euros/MWh frente a los 80 que cuesta esta materia prima este día. Sin embargo, a esa referencia es necesario añadirle la compensación que todos los consumidores tienen que hacer a las compañías que usan gas para producir electricidad en las centrales de ciclos combinados. Ese coste se ha fijado este miércoles en 59 euros/Mwh. Cada día irá cambiando esta referencia en función de la situación del mercado eléctrico. Desde Transición Ecológica admitieron que, justo ayer, el cúmulo de circunstancias que confluyeron no va a permitir visualizar los beneficios del tope al gas. Y apuntaron que habría que saber qué precio habría sido el final sin esa limitación

Las medidas del Gobierno no logran frenar la escalada de los precios, mientras Iberdrola, Repsol y otros grupos preparan su artillería contra nuevos hachazos. La escalada de precios energéticos que vive España desde hace meses alcanzó ayer el grado de surrealismo. Los costes de la energía en todos sus frentes –carburantes y electricidad sobre todo– siguen fuera de control a pesar de las medidas del Gobierno para contenerlos. Ante el caos que vive el mercado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que no se descarta un impuesto adicional a las grandes eléctricas y petroleras, como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Cepsa y BP. España emularía así a otros países, como Italia y Reino Unido. Varias de estas empresas no tardaron ayer en empezar a sacar artillería. Unas arremetiendo contra el tope del gas, la medida estrella en electricidad que anunció el Gobierno para frenar la escalada de la luz, y que se estrena hoy. Otras disparando contra la bonificación de 20 céntimos por litro en carburantes, la otra gran iniciativa del Gobierno para frenar la subida de los precios de los carburantes. A juicio de las grandes eléctricas y de las petroleras, tanto una medida como otra están demostrando ser ineficaces e, incluso si se analizan bien, contraproducentes.

El gigante gasístico ruso Gazprom anunció ayer que reducirá en un 40% el volumen de gas que suministra a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que llega a Alemania, alegando la demora en la reparación de unos equipos de Siemens Energy debido a las sanciones internacionales tras la invasión de Ucrania. La compañía alemana confirmó el problema y busca una solución, según Bloomberg. “En estos momentos garantizamos un nivel de suministros de gas por el gasoducto Nord Stream de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios” de los 167 millones de metros cúbicos diarios planificados, informó el gigante estatal ruso en su canal de Telegram. Según Gazprom, “Siemens no entregó a tiempo los equipos de bombeo reparados, se superaron los plazos de servicio técnico y se detectaron fallas técnicas en los motores”, lo que le obliga a recortar el suministro. Tras el anuncio, el Gobierno alemán indicó que la seguridad del suministro de gas al país está “actualmente garantizada”. 

La inversión de más de 1.200 millones de euros anunciada por Mercedes Benz para la planta de Vitoria es, hoy por hoy, un asunto prioritario para las instituciones de Euskadi. Y las muestras de apoyo a la fábrica, la principal industria vasca que da empleo a 5.000 trabajadores directos y otros 30.000 de forma indirecta, se repiten en los últimos días. El Gobierno vasco y la Diputación alavesa firmaron ayer un Memorando de Entendimiento con la compañía para transformar y fortalecer la estructura productiva local tras la pandemia. El acuerdo, para los próximos cuatro años, tiene tres áreas estratégicas: la electrificación del transporte, la digitalización y la sostenibilidad. La materialización de esa multimillonaria inversión está vinculada a la firma de un nuevo convenio en la factoría que incluya más flexibilidad, algo en lo que los sindicatos no están dispuestos a ceder o al menos no a cualquier precio. De hecho, las negociaciones no registran avances como para pensar en una firma a corto o medio plazo y hoy mismo habrá movilizaciones de parte del comité. Sin querer entrar el detalle de esas conversaciones con los representantes sindicales «porque es algo interno y hay que tratarlo en casa», el director de Mercedes, Emilio Titos, sí aseguró ayer que «trabajamos por conseguir un acuerdo. Necesitamos certezas para saber cómo gestionar la planta y un convenio que nos acompañe».

Con motivo del juicio por el ERTE que aún está en vigor en la planta de Mercedes hasta el 30 de junio, y que fue denunciado por los sindicatos, la mayoría del comité de empresa compareció ayer en el Palacio de Justicia. Portavoces de ELA, LAB y ESK analizaron el momento en el que está la negociación del convenio y acusaron a las instituciones públicas de «presionar» a los representantes de la plantilla para firmar ese acuerdo. El presidente del comité, Igor Guevara (ELA), tildó de «insólitas» las declaraciones de la consejera Arantxa Tapia y del diputado general, Ramiro González, que fueron los primeros en apoyar en público esa inversión. «Es una oportunidad que no podemos dejar pasar», dijeron, y pidieron por ello a los sindicatos visión de futuro y «hablar menos y acordar más». Guevara les reprochó que se manifestaran en esos términos «sin haber hablado con la parte social. La política poco ha tardado en salir en defensa de la empresa. 

La actividad de Iberdrola en Euskadi generó el pasado año un impacto socioeconómico de 1.800 millones de euros, de los que 1.000 millones correspondieron a compras a más de 500 proveedores vascos, 448 a su impacto fiscal y otros más de 200 millones a inversiones, según informó ayer la compañía en un comunicado. La eléctrica, que este viernes celebra su junta de accionistas en Bilbao, recuerda que los planes de la compañía supondrán una contribución total de 10.000 millones de euros a la economía vasca entre 2022 y 2025, principalmente en inversiones, compras, salarios e ingresos fiscales. Esta contribución supone un incremento del 20% frente al cuatrienio anterior, con lo que «refuerza su papel como uno de los principales motores de actividad del País Vasco». Iberdrola indica que «sigue invirtiendo con fuerza» en la comunidad. En concreto, en lo que respecta a las redes eléctricas, Iberdrola cuenta, a través de su distribuidora i-DE, con un plan de inversión para el periodo 2022-2025 de más de 400 millones de euros y ha destacado que son esenciales para atender al crecimiento de la demanda y optimizar el servicio a través de la digitalización. Ver nota Iberdrola. 

La caja de las haciendas forales vascas sigue con buen tono y la recaudación de impuestos se muestra alegre. Es la otra cara de la moneda de lo que sufren los ciudadanos como consecuencia de la inflación, que reduce el valor de sus ahorros y complica cada día más el mantenimiento del poder adquisitivo. Para Hacienda, sin embargo, unos precios más elevados de los productos significan más ingresos en el IVA, tributo que grava el consumo y que es proporcional a la evolución de la cesta de la compra. Así, las diputaciones han ingresado hasta mayo 390 millones de euros más que en el mismo periodo del pasado año. En términos relativos, el incremento de ingresos fiscales en Euskadi representa un aumento del 7,1% para estos cinco primeros meses del ejercicio y resulta significativo porque, de no haber mediado circunstancias excepcionales, la tasa de incremento se situaría, previsiblemente, por encima del 14%. Y ello es debido a que la comparación con 2021 no es homogénea, ya que en mayo del pasado año Bizkaia ingresó 437 millones de euros extraordinarios, fruto de una larga disputa con la Administración central en torno a los impuestos generados por una terminal de carburantes del Puerto de Bilbao. Sin ese ingreso excepcional el pasado año, los 5.887 millones de euros recaudados en los cinco primeros meses de 2022 lucirían aún más y reflejarían una escalada meteórica. Pese a todo, la recaudación de enero a mayo se sitúa muy por encima de las previsiones que habían hecho las diputaciones antes de comenzar el año.

En un contexto plagado de incertidumbres pero que el Gobierno vasco observa con cierto optimismo, el gabinete de Iñigo Urkullu aprobó ayer las directrices que servirán para elaborar el proyecto de Presupuestos para 2023. Tendrán tres líneas muy claras: insistir en la prioridad del gasto social, realizar inversiones que contribuyan a modernizar Euskadi y, todo ello, con un cuidado extremo para no desatar el gasto público hasta niveles preocupantes. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco, Pedro Azpiazu, señaló en una comparecencia que el objetivo es que la política del gasto del próximo año contribuya a «afianzar la reactivación económica». Azpiazu adelantó que será un «presupuesto récord», lo que significa que superará los 13.616 millones de euros de gasto previstos para este año. Y es que el Gobierno no piensa en una recesión, pese a las numerosas voces que alertan ya de un retroceso de la economía más profundo que el que se podía esperar. En esa línea, y «de momento», el Ejecutivo ha decidido mantener sus previsiones, que apuntan a un crecimiento del PIB del 4,5% para este año y del 4,1% para 2023. Unas tasas de evolución de la economía que reflejan un dinamismo intenso, pero que el propio Azpiazu ya colocó con incógnitas al anticipar que serán revisadas antes de la elaboración del proyecto de Presupuestos, el próximo mes de octubre.

El Ejecutivo vasco ya ha dado con el ‘nuevo número dos’ del departamento de Economía y Hacienda. Se trata de Iñaki Barredo, que fue nombrado ayer viceconsejero de Economía y Fondos Europeos y que llega al cargo dos meses después de la marcha por motivos personales de Jordi Campàs. Barredo desempeñaba la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos y dirigirá ahora las directrices y orientaciones de la política económica del Gobierno vasco. Quien será mano derecha del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, llegó al Gobierno el año pasado y unirá a estas funciones la gestión del aterrizaje de los fondos europeos, una cuestión básica para el Ejecutivo de Vitoria. Con el relevo, la apuesta del Gobierno es dar continuidad en la viceconsejería bajo la responsabilidad de este licenciado en Economía por la UPV. Iñaki Barredo es, además, especialista en Economía Cuantitativa y diplomado en Economía Pública con un Master de la Universidad de Pennsylvania.

Un informe elaborado por la Universidad de Deusto concluye que las fundaciones bancarias propietarias de Kutxabank acertaron al optar por el mantenimiento de la entidad financiera fuera del mercado bursátil ya que, de lo contrario, sostiene el trabajo, habrían sufrido un importante deterioro de su patrimonio. El documento, al que ha tenido acceso El Correo, trabaja con la hipótesis de que la fundación vizcaína BBK se hubiese desprendido del 17% del capital del banco en una oferta pública de venta, para situar así su participación en el 40%, lo que le habría permitido evitar la creación del fondo de reserva obligado por el Banco de España. Para ese supuesto, el estudio concluye que BBK habría sufrido un deterioro patrimonial de 1.550 millones de euros. El trabajo ha sido dirigido por el exdecano de la Deusto Business School Guillermo Dorronsoro y el eje central de su hipótesis se centra en la pérdida de valor que han sufrido todos los bancos en los últimos años, como consecuencia del castigo que han recibido en Bolsa. La relación entre el valor en libros de las entidades cotizadas y su capitalización bursátil se ha deteriorado de forma notable, como consecuencia no sólo de los problemas de saneamiento tras la crisis del ladrillo sino también por los estrechos márgenes de negocio en un contexto de tipos de interés negativos. 

Mercadona realizó el pasado año compras en Euskadi por valor de 578 millones de euros a 28 ‘Proveedores Totaler’ y a 328 proveedores no comerciales y de servicios con los que colabora en el País Vasco, cifra que supera en 13 millones de euros, un 2,3% más, la del ejercicio anterior. Además, el grupo de distribución cerró 2021 consolidando en esta comunidad autónoma una plantilla de más de 2.000 personas e invirtió más de 36 millones de euros, destinados fundamentalmente a la ampliación y mejora de su red de tiendas para subrayar su crecimiento en Euskadi. Estos datos fueron expuestos ayer por el director de Relaciones Externas de Mercadona en el País Vasco, Gorka Díaz, a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, en el transcurso de una visita al bloque logístico de la compañía en Vitoria, que inició su actividad en 2017 tras una inversión de 187 millones de euros y que hoy emplea a más de 600 personas. Una instalación que será ampliada para dar respuesta a las necesidades logísticas de la cadena de supermercados.

El proyecto de planta de valorización de residuos de papel de Bergara ha obtenido la luz verde ambiental definitiva después de que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) haya publicado la resolución de la viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental que le concede la Autorización Ambiental Integrada (AAI). A esta resolución, contra la que puede interponerse un recurso de alzada en el plazo de un mes, el BOPV le ha sumado las alegaciones presentadas a la autorización y las respuestas a las dudas planteadas por los reclamantes. La construcción y gestión de la planta ha sido adjudicada a la empresa valenciana Greene, que espera poner en marcha el proyecto en 2024 y generar 45 empleos en la zona. La firma se ha asociado con inversores de Euskadi para crear Valogreene Paper BC, entidad que pondrán en marcha en la nueva instalación. Valorgreen Paper será la primera planta de valorización de material de residuos de papel existente en España. La compañía se ubicará en el polígono industrial Larramendi de Bergara, contará con una inversión de 20 millones de euros, evitará enviar al vertedero 122.000 toneladas de desechos al año e impedirá la emisión a la atmósfera de hasta 150.000 toneladas anuales de CO2. La compañía define la planta como «un proyecto referente a nivel mundial» en materia de economía circular. 

Los fabricantes guipuzcoanos empiezan a realizar ventas y confían en que la Bienal sirva de revulsivo para un año de recuperación y de mayor despegue. «Se ve que será una feria con mucho contenido». José Ignacio Torrecilla y Aitor Agirre, Grupo Maher Holding.tiene la presencia más importante de la feria con sendos stands en dos pabellones de 400 metros cuadrados cada uno. «El lunes cerramos ya las primeras ventas». Beltrán Ybarra, Izadi Izdit.«Algunas citas estaban ya concertadas y otras se van haciendo sobre la marcha», indica. «El futuro se presenta muy esperanzador». Amadeus Corrius CEO de Pixel Sistemas. «Estará en el pódium de las mejores bienales». Juan Andueza CEO de Dimeco de Oiartzun. «Cerramos 2021 en récord y esperamos superarlo este año». Aitor Azkarate, director de ventas nacional de Fagor Automation. Apunta que hay menos máquinas que en otras ocasiones en la Bienal y se pregunta si ha llegado para quedarse y si puede suponer un cambio en el modelo de feria, «porque cada vez hay más showroom privados y las ferias se van a convertir en un acto social más que en enseñar tu producto».

 

El BCE está decidido a no quedarse atrás en el combate que los bancos centrales han iniciado frente a la inflación y en julio comenzará a subir los tipos. Lo hará probablemente con más intensidad de lo previsto, en especial a partir de septiembre, y ello a pesar del riesgo evidente de encarecer en exceso el coste de financiación de las economías más endeudadas y vulnerables de la zona euro: España y, sobre todo, Italia. El rendimiento del bono italiano a una década ha escalado esta semana al 4,1%, con la prima de riesgo en los 242, ya en los niveles de mayo de 2020, cuando el BCE ya había tenido que activar el plan de compras antipandemia después de que el riesgo país italiano llegara a rozar en marzo de aquel año los 280 puntos básicos. La prima de riesgo española, ahora en los 135 con el bono en el 3,1%, se disparó aquella primavera sobre los 150. Christine Lagarde, presidenta del BCE, aseguró el pasado jueves que la institución no tolerará que se desmanden las primas de riesgo hasta el punto de poner en peligro la efectividad de su política monetaria. Pero no anunció ningún instrumento específico para evitarlo, más allá de la reinversión ya prevista de la totalidad de los bonos en balance que venzan. Y no parece por el momento que vaya a lanzar ningún plan extraordinario. 

El conjunto de la deuda pública sigue con su inexorable y lento caminar alcista, cronificando una tendencia que a la vista de las previsiones conocidas en los últimos días va a ser muy complicado reconducir. Si tenemos en cuenta que las ahora desterradas reglas fiscales europeas fijaban un nivel de déficit del 3% del PIB y la ratio de deuda en el 60%, el 117,7% con que cerró el primer trimestre puede dar idea de lo que viene sucediendo con esta variable en los últimos años. Contextualizando la evolución de esta variable a lo largo de los últimos años, puede apreciarse cómo la ratio de deuda prácticamente se ha duplicado en la última década, pasando de un nivel del 60% en 2010 hasta el entorno del 120%, una evolución preocupante tanto por el nivel alcanzando como por el reducido tiempo en el que se ha producido. No es menos cierto que en estos años también se han tenido que adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a una crisis financiera y de deuda sin precedentes, así como la reciente por el Covid, junto con la guerra de Ucrania que ha agravado la situación. En este contexto, el Banco de España ha publicado este martes el saldo de deuda del conjunto de las Administraciones públicas que suponen un nuevo récord histórico de 1,454 billones de euros, el 117,7% del PIB. En el último año la deuda pública se ha incrementado en 60.780 millones de euros, el 4,4% más. 

El euríbor acelera su escalada y aumenta la presión sobre los 122.000 vascos con su hipoteca referenciada a este indicador. El índice se disparó ayer del 0,792% al 0,957% en su tasa diaria, su nivel más alto en una década. Con los datos de la primera mitad de junio, la media mensual provisional se sitúa en el 0,605%, más del doble del 0,287% con que cerró mayo. Y al ritmo al que sube, puede elevarse aún más en lo que queda de mes. Ya solo con esa media del 0,6%, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años referenciada al euríbor, más un diferencial del 1%, vería su cuota incrementada en 74 euros al mes, desde los 533 euros hasta los 607. La subida de la factura en el año roza los 900 euros. El cálculo está hecho teniendo en cuenta que en junio del año pasado el indicador estaba en negativo, en el -0,484%. La explicación de esta escalada está en el desbordamiento de la inflación (8,7% en España), que ha metido presión a los bancos centrales para endurecer su política monetaria. El Banco Central Europeo (BCE) anunció la semana que subirá los tipos de interés 25 puntos básicos en julio, después de concluir su programa de compra de deuda.

La Reserva Federal busca la senda que le permita poner coto a la inflación sin provocar una recesión, pero el camino es cada vez más estrecho. La presión sobre los precios no cede y en mayo su subida anual marcó un nuevo máximo de los últimos 30 años, con un 8,6%. Tras ese dato, publicado el viernes, los economistas ven muy probable que la Fed suba los tipos de forma más agresiva de lo que se esperaba. El primer paso se puede notar en la reunión de dos días que empezó ayer. En mayo, tras aprobar un alza de tipos de 0,5 puntos, la mayor en 22 años, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó con más concreción de la habitual que el comité planeaba otras dos subidas de medio punto en junio y julio. Pero el mercado ha empezado a apostar por una subida de 0,75 puntos, la mayor desde 1994, como el resultado más probable de la reunión (hay quien habla de un punto). En realidad, el mercado ha ajustado ya sus expectativas. La fuerte caída de la Bolsa es un claro síntoma en el que se mezcla el miedo a tipos de interés más altos y a un crecimiento más bajo. El dólar se ha fortalecido hasta zona de máximos de los últimos 20 años, castigando los resultados de las multinacionales estadounidenses. 

En medio de la mayor crisis energética desde 1973, los grandes productores de petróleo están recortando el suministro de crudo en contra de lo acordado entre ellos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó en mayo su suministro de crudo en 239.000 barriles al día, de acuerdo con el informe mensual del cártel, publicado ayer, el primer ajuste desde que la reactivación del crecimiento económico global tras la fase de confinamiento les llevó a dar la vuelta a los recortes establecidos en la fase más dura de la pandemia para reequilibrar el mercado. Este ajuste de la producción se debe a dos factores. El primero son los fuertes descensos en muchos países, debido en gran parte a falta de medios técnicos para elevar su suministro o tensiones geopolíticas. Es el caso de países como Libia (donde la producción se redujo en 189.000 barriles respecto a abril), o Nigeria (64.000 barriles). Hay que tener en cuenta, además, que varios países ya sufrían este tipo de problemas desde hace años, como es el caso de Irán, con las sanciones internacionales, o Venezuela, por lo que están produciendo petróleo muy por debajo de su capacidad sin necesidad de que la OPEP les haya impuesto cuotas. Pero a esto hay que sumar también los escasos aumentos por parte de los grandes productores del golfo Pérsico. 

La propuesta para que la energía nuclear y el gas sean consideradas como sostenibles en la Unión Europea (UE) recibió ayer un duro revés en el Parlamento Europeo. La iniciativa del Ejecutivo comunitario recibió el ‘no’ de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Asuntos Económicos con 76 votos en contra, 62 a favor y cuatro abstenciones, lo que supone un primer paso para tumbarla. Será el pleno de la Eurocámara, que se celebrará entre el 4 y el 7 de julio, el que tendrá la última palabra sobre la norma. Ya desde su borrador inicial, el acto delegado sobre la taxonomía –nombre que recibe la propuesta de Bruselas– recibió el rechazo de grupos ecologistas y países como España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo, ya que incluía el gas y la energía nuclear entre las inversiones verdes de la UE. La Comisión Europea asumió que la reforma sería controvertida y generaría «división». Según reconoció, estos dos tipos de energía «no son neutras ni renovables». Con todo, defendió que son «necesarias» para la transición energética y para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Los eurodiputados, por su parte, reconocieron que el gas y la nuclear son necesarias para garantizar la estabilidad del suministro europeo durante la transición ecológica, pero reiteraron que no cumplen los criterios medioambientales para ser consideradas verdes.

Un debate sobre la moralidad y legalidad de la deportación a Ruanda de inmigrantes sacudió ayer a la sociedad británica mientras un avión Boeing de la compañía española Privilege Style esperaba en la pista de un aeródromo militar en el sudoeste de Inglaterra. Pero el vuelo finalmente no despegó anoche debido a una orden emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para impedir la deportación de los migrantes. Siete pasajeros irían en el vuelo inicial. En este momento no existe una vía para que el Ministerio del Interior de Reino Unido apele la decisión del juez, quien anuló todos los fallos de las autoridades británicas, tal y como recogía la agencia de noticias DPA. En concreto, el TEDH emitió una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo de nacionalidad iraquí que dejó su país en abril. Alegando estar en peligro, solicitó asilo a su llegada a Reino Unido el pasado 17 de mayo. «El Tribunal Europeo ha indicado al Gobierno de Reino Unido que el solicitante no debe ser expulsado a Ruanda hasta tres semanas después de la entrega de la decisión interna final en su juicio judicial en curso», indicó anoche en un comunicado, una orden que, finalmente, ha acabado afectando a los demás solicitantes.