20220622

El lehendakari, Iñígo Urkullu, clausuró ayer la junta general de Elkargi, celebrada de nuevo de manera presencial tras dos años de pandemia en el palacio del Kursaal de Donostia, y lo hizo con un discurso con el que dejó claro que la economía vasca no ha perdido el pulso, a pesar de las numerosas incertidumbres imperantes en el entorno macroeconómico. «Somos conscientes de las dificultades y de las incertidumbres, pero, en este escenario complejo, Euskadi sigue manteniendo una previsión de crecimiento del 4,5% para este año», señaló Iñigo Urkullu, quien añadió que las estimaciones oficiales pasan también por recortar la tasa de paro «hasta situarla por debajo del 9%» y por «recuperar nuestra fortaleza en los mercados exteriores». Una fortaleza, dijo, de la que ha sido buena muestra la reciente Bienal de Maquina Herramienta, «celebrada con gran éxito». «Euskadi está en crecimiento», aseguró. «Ello no significa –aclaró– que no estemos atentos a los acontecimientos así como a los movimientos de la Reserva Federal de EE UU o del Banco Central Europeo, al riesgo de estanflación, a la evolución de la deuda o de la prima de riesgo, así como a las tensiones entre los Estados de la Unión Europea». «Pero, insisto, Euskadi está en crecimiento», sentenció.

El presidente de Elkargi, Josu Sánchez, y su director general, Zenón Vázquez, aprovecharon ayer la junta general de la sociedad de garantía recíproca para anunciar que, tras un intenso trabajo conjunto con el Gobierno vasco, y ante el inminente inicio de la obligación de comenzar el pago completo de los créditos anticovid promovidos por el Ejecutivo autonómico, este último tiene previsto aprobar la próxima semana un decreto con el que «alargar el periodo de carencia de esos préstamos un año más». Esto es, oxígeno añadido hasta julio de 2023. En el acto, celebrado en el Palacio del Kursaal de San Sebastián, de nuevo de manera presencial tras dos años de pandemia, los responsables de Elkargi resaltaron que esta sociedad de garantía recíproca cerró el año 2021 con presencia avalista en financiación por valor de 370 millones, además de ampliar el foco de financiación a nuevos destinatarios como empresas no pymes de hasta 3.000 empleados gracias a su acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, destacaron que el presente ejercicio arrancó con una importante actividad en los créditos dedicados a la inversión, por encima de los destinados a reforzar la liquidez, lo que denota el ímpetu a pesar de un escenario económico complicado.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se convirtió ayer en protagonista indiscutible del Encuentro Empresarial de Elkargi con una intervención en la que, básicamente, criticó el que Europa esté acometiendo la «necesaria» descarbonización, pero sin atender a la industria y la seguridad del suministro, primando única y exclusivamente la sostenibilidad. En ese sentido, y con la mente puesta en Euskadi, a la que aplaudió por el peso de la industria en el PIB y la alineación de las políticas del Gobierno Vasco con la industria, Brufau cargó sin ambages contra las restricciones que la Unión Europea está planteando a los coches de combustión. «Demonizar los combustibles fósiles es un gravísimo error; esos carburantes, pero mejorados, van a seguir hoy y en 2050», sentenció. Al tiempo reclamó «neutralidad» para que «todas las tecnologías compitan». Brufau, que puso por delante su «absoluto respeto por las instituciones europeas», aclaró que como hombre de empresa no puede sino rechazar la «actitud calvinista» con la que el Viejo Continente se enfrenta a ese desafío global, dejando que hagan otros lo que aquí nos parece perfectamente criticable hasta el punto de que rehusamos hacerlo sea al coste que sea.

Segunda parte de la entrevista con el nuevo consejero delegado de Basquevolt, Francisco Carranza. "En la medida en que se acerca la fecha del abandono en Europa del coche de combustión, gana fuerza el debate sobre una flexibilización de los plazos para salvar la industria de la automoción. Lo planteaba recientemente en Euskadi el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.– ¿Le parece oportuna la reflexión?– Aquí cada uno va a lo suyo. Si eres una empresa de carburantes con importantes beneficios, entiendo que digas que no se acelere demasiado. Pero llevamos hablando del coche eléctrico 20 años, tiempo han tenido.– ¿Lo dejamos todo para el final?– Entiendo que el ser humano tiene esa inercia de ponerse a estudiar el último día, pero ha habido gente que ha sabido adaptarse, que ha invertido.– ¿Cree que habrá empresas que desaparecerán?– Puede que quien no se embarque lo antes posible, se quede atrás. Como ocurrió con Kodak o Motorola, dentro de diez años hablaremos de compañías que producían mucho, con mucha facturación y que ya no existen. Pero no se puede esperar a invertir cuando se le ven las orejas al lobo.– ¿Es una carrera contrarreloj?– Es que no es un maratón, sino un sprint de 100 metros. En nuestro caso, tenemos un tiempo muy limitado para el desarrollo de la tecnología, para hacer el producto en 2035, vamos tarde. Pero no es una factoría lo que está en juego, es todo el tejido industrial que vamos a impulsar". 

El nuevo consejero delegado de BasqueVolt, Francisco Carranza, aún no se ha instalado en el despacho del Parque Tecnológico de Álava desde el que dirigirá el proyecto de fábrica de baterías que impulsa el Gobierno vasco con Iberdrola, Enagas o CIE Automotive. Ayer explicó los principales objetivos de la gigafactoría. En su pleno desarrollo, la ambiciosa iniciativa prevé una inversión de 720 millones de euros y la creación de más de 800 empleos. "Lo primero es resolver un problema: la tecnología de baterías de hoy no es suficiente para electrificar la automoción. Hay que dar solución a la densidad de energía y lograr autonomía suficiente por cada kilo de batería. En segundo lugar, la seguridad. El litio que se utiliza hoy es inflamable. Y, por último, el sobrecoste. Hoy un coche eléctrico sigue costando entre 8.000 y 12.000 euros más. Hay que resolver eso...Si de aquí a 2030 no hemos conseguido hacer evolucionar la tecnología de baterías, eso va a generar un problema social. Con la batería de hoy en día no vamos a poder reemplazar todos los vehículos de combustión...El objetivo es en los dos próximos años sacar las celdas de batería que demuestren esa capacidad de autonomía, seguridad y bajo coste. Resuelto eso, ya le daremos al acelerador de la inversión industrial..."

No es habitual que la dirección de Mercedes en Vitoria, la principal industria vasca con 5.000 trabajadores en plantilla y la generación de otros 30.000 empleos indirectos, se pronuncie sobre las opiniones de los líderes sindicales en la planta. Pero ante la convocatoria de huelga de hoy, que ha encontrado cierta unidad de acción en el seno del comité con una manifestación conjunta a las 11.00 horas desde la fábrica –luego habrá diferentes movilizaciones según los sindicatos–, la compañía salió ayer al paso con un comunicado contundente censurando este paro y acusando a la parte social de boicotear la negociación del convenio. «Rechazamos enérgicamente esta convocatoria que no encuentra razón de ser en criterios relacionados con el proceso de negociación que está abierto», asegura Mercedes. Aunque desde la semana pasada el calendario de reuniones se ha suspendido, precisamente por los paros anunciados, y hace tiempo que no se registraban avances. Al contrario, porque las diferencias entre empresa y comité tanto en materia de subidas salariales como en el incremento de la flexibilidad cada vez eran mayores. Este distanciamiento hizo que los sindicatos convocaran huelgas. Pero la dirección considera que es «totalmente incoherente» que la respuesta del comité al plan de inversiones anunciado –1.200 millones para transformar la planta de Vitoria– sea la organización de un calendario de paros.

Los elevados costes de los carburantes, que se han disparado en las últimas semanas, empiezan a tener ya su impacto en la actividad del transporte en Gipuzkoa. Y es que algunos camioneros se están negando a realizar el servicio a aquellos clientes que no están actualizando sus tarifas en consonancia con las subidas que están registrando los combustibles. Esto se produce en un contexto en el que la mayor parte del sector amenaza ya con una huelga y tres meses después del paro que frenó la distribución y causó grandes problemas de suministro en toda la cadena de producción y en el consumo. Según indica Jon Altuna, portavoz del sindicato vasco Hiru que reúne a 700 chóferes de camión, se trata de «paradas técnicas porque no están dispuestos a trabajar si no ganan dinero». Señala que los transportistas están reclamando a sus clientes que les repercutan esos incrementos del gasoil. Si se niegan, algunos deciden no realizar la carga. Altuna apunta que esta práctica no se circunscribe a los camioneros asociados a Hiru, sino que también la están llevando a cabo otros transportistas. En cualquier caso, quiere dejar claro que no se trata de una huelga ni de un paro en el sentido estricto de la palabra, porque no se ha convocado nada al respecto, pese a que el sector amenaza en todo España con ir a la huelga si el Gobierno no adopta medidas de forma urgente antes del próximo 30 de este mes.

La imparable subida del precio de los carburantes ha provocado que los transportistas vuelvan a exigir nuevas medidas al Gobierno para aliviar su situación. Si la semana pasada era la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera –que instigó los paros en marzo– la que amenazaba con una nueva huelga de no tomar medidas, ahora es el propio Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) –máximo órgano de representación del sector– el que solicita nuevas ayudas de apoyo. La primera, prorrogar hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, un asunto «vital» para el sector ya que el combustible representa más del 30% de los costes de operación de estas compañías. Pero dado que consideran que estas subvenciones están «siendo absorbidas» por el mercado, piden que se incluya una nueva ayuda de 20 céntimos adicionales para el transporte profesional, concretamente para los vehículos de hasta 7,5 toneladas. En total, 40 céntimos de subvención, bien mediante una ayuda directa o con la habilitación de una tarjeta profesional.

Las compañías industriales han puesto la voz en el cielo ante la que parece ser una inminente tramitación final del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), una medida con la que el Gobierno pretende reducir la factura de la luz a cambio de incrementar los pagos que tienen que realizar las compañías ligadas al petróleo. Esa era la idea de esta norma contra la que parte de las corporaciones empresariales se están mostrando en contra porque «puede suponer un duro golpe a una industria gasintensiva ya muy castigada en el peor contexto posible», como indica GasIndutrial. Esta organización considera que el nuevo fondo «provocará una subvención cruzada de costes entre los diferentes consumidores finales», con una aportación gasista de 1.200 millones por año hasta alcanzar los 3.500 en 2025. También la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha señalado «las negativas consecuencias» y reitera su valoración de desacuerdo con la propuesta del Fondo de Sostenibilidad. Asimismo, lamenta que su potencial aprobación «se produzca de forma acelerada en una coyuntura energética extraordinariamente compleja y de implicaciones aun inciertas». La iniciativa resulta ahora especialmente «inexplicable e inoportuna», según Sedigas.

Gipuzkoa dio la bienvenida ayer al verano con una convocatoria de huelga en el sector protagonista de la temporada y que está llamado a ser punta de lanza de la recuperación en estos próximos meses, habida cuenta de las dificultades que atraviesa el conjunto de los ciudadanos y actividades económicas como consecuencia del aumento descontrolado de los precios por la crisis energética. Al mismo tiempo que a las 11.14 horas se producía el solsticio y Gipuzkoa entraba oficialmente en el verano, los sindicatos ELA, CC OO, LAB y UGT convocaban tres días de huelga en el sector de alojamientos turísticos para los días 7, 8 y 9 de julio (de jueves a sábado) como protesta por la «falta de avances significativos» en las negociaciones de un convenio colectivo que venció en 2019 y que tiene tres años de ultraactividad (prórroga), por lo que las condiciones fijadas en él decaen en diciembre de este año. La convocatoria afecta a hoteles, hostales, cámpings, pensiones y apartamentos turísticos, y coincide con el arranque de la temporada alta de verano, en un fin de semana en el que a la afluencia propia de turistas que acuden para visitar Gipuzkoa se suman aquellos viajeros que, haciendo base en el territorio, especialmente San Sebastián y alrededores, tienen como destino último Pamplona y sus Sanfermines. Según las cifras ofrecidas por los convocantes, están llamados a secundar los paros un total de 1.825 empleados de este tipo de establecimientos.

La huelga en easyJet y Ryanair ensombrece un verano que se presenta como histórico para el sector del turismo, tras dos años de profundas oscilaciones y turbulencias por el Covid. La vuelta del turista internacional, junto con la fuerte demanda nacional, ha disparado las reservas de última hora y provocado que tanto Aena como los hoteleros eleven previsiones y anticipen una recuperación más rápida de lo previsto inicialmente. En pleno furor turístico, los tripulantes de easyJet y Ryanair han convocado huelgas que hacen temer interrupciones en los vuelos. En concreto, los tripulantes de cabina en la aerolínea easyJet en España han convocado nueve jornadas de huelga que coincidirán con el primer, tercer y último fin de semana de julio, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio que regula sus condiciones laborales. En rueda de prensa, el responsable de USO en easyJet Málaga, Miguel Galán, ha explicado que los trabajadores exigen las mismas condiciones salariales que sus compañeros de otros países europeos como Francia o Alemania, cuyos sueldos base (sin contar las horas de vuelo) está en torno a 850 euros más que los que se cobran en España, que rondan los 950 euros, informa Europa Press.

LAB ha presentado una demanda contra Confebask ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por negarse a negociar el primer convenio en Euskadi de este colectivo. La central abertzale entiende que la patronal vasca «vulnera el derecho a la negociación colectiva de las trabajadoras de hogar y de cuidados», un sector que en Euskadi aglutina a 28.000 personas. El pasado día 9 Confebask rechazó conformar la mesa de negociación para crear el primer convenio colectivo del sector. Una convocatoria que se realizó en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales y a la que acudieron además de LAB, CC OO y UGT. Según indicaron las centrales, Confebask se negó a asumir la representación patronal, cuando en otros sectores en los que no existe una representación acreditada «suele arrogarse» ese papel al entender que es la única representación legal. Los sindicatos censuraron esta actitud al considerar que «es el sujeto legitimado para conformar la mesa de negociación», que no pudo hacerse por esta circunstancia.

La compañía SegurCaixa Adeslas tiene ya vía libre para ejecutar su propuesta de compra de acciones de IMQ, la principal aseguradora de salud del País Vasco. Si el pasado marzo los accionistas de IMQ respaldaron de forma mayoritaria la oferta, ayer hicieron lo propio con el cambio de estatutos necesario para que pueda efectuarse la operación. Por unanimidad, los accionistas presentes y representados en la junta–un 48,53% del capital social– apoyaron ese cambio, que rompe las trabas que existían hasta ahora en la aseguradora vasca para facilitar una venta de acciones a precio de mercado. También para permitir que pueda entrar en la sociedad de cabecera del ‘holding’ algún accionista ajeno a los 1.170 médicos que aún hoy controlan el capital social de la compañía. La junta zanjó la última etapa en el desmontaje de las trabas que existían y que se habían construido para proteger a IMQ de la llegada de accionistas externos. Sin embargo, el hecho de que casi el 50% de los actuales socios sean ya pensionistas y no ejerzan la medicina, ha sido determinante. La presión para vender y también para hacerlo «al mejor postor» –los estatutos lo impedían hasta ahora– ha sido creciente.

“Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte [de impuestos], porque han tenido mayores beneficios con el incremento de costes energéticos”, defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando esta es la conclusión de consenso a la que ha llegado el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. Lo que ha supuesto una nueva disputa entre los socios del Ejecutivo es decidir cómo y cuándo aplicar ese incremento de la presión fiscal sobre estas compañías. Tras varios días de fricciones públicas, Montero impuso su criterio al de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, al anticipar ayer que el alza no será inmediata, sino que se plantea para el 1 de enero de 2023, y cuestionar que la fórmula más efectiva sea el alza de 10 puntos en el tipo de Sociedades que propone Podemos. Más allá de la fórmula, el método y la fecha, “la cuestión”, analiza Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), es que gravar más a las eléctricas “no resuelven el problema de fondo, que el precio de la electricidad es alto, e incluso a lo mejor lo empeora si la empresa lo traslada a precio”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi rechaza el plan y asume que tras subir impuestos a un sector “luego vendrán los demás”. 

El Gobierno solo gastó el año pasado 2.400 millones de euros de los fondos europeos, el equivalente al 0,2% del producto interior bruto (PIB), según se desprende de los datos oficiales de contabilidad nacional publicados por la Comisión Europea. ¿Se trata de una cifra exigua o de algo normal dadas las circunstancias? Si se compara con otros países, la cantidad materialmente desembolsada por España del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia se sitúa dentro de lo normal: por ejemplo, Italia ha ejecutado el 0,1% del PIB a cierre del 2021. Portugal, todavía nada. Y Grecia, también el 0,2%. Todos ellos han recibido una mayor proporción de recursos de este fondo que se constituyó para ayudar a Europa a salir de la pandemia y modernizar la economía. Por el contrario, esta cifra se antoja muy escasa al compararla con los 24.000 millones que el Gobierno presupuestó para el año pasado. El impulso que iban a dar estas inversiones a la actividad, que el Ejecutivo llegó a estimar en dos puntos de PIB, también se ha quedado en poco. No obstante, el Gobierno alega que, en realidad, el plan no se aprobó por la Comisión hasta julio y que no se puso a pleno rendimiento hasta septiembre.

La incertidumbre global ha golpeado de lleno la deuda cotizada de las principales entidades españolas y ha disparado el coste de financiación de las que quieran acudir al mercado de bonos. Y lo ha hecho en muy pocos meses. Mientras que en septiembre los inversores pagaban mínimos históricos en las emisiones ante un escenario de control del Covid y de reactivación económica, ahora las nubes han llevado a máximos la volatilidad. El alza imparable de la inflación, el fin de la era de los tipos de interés ultrabajos y las dudas sobre el crecimiento de los países son los culpables. Y Santander, Telefónica, BBVA e Iberdrola están entre los principales afectados. Su coste de financiación a través de bonos a cinco años en el mercado secundario se ha encarecido más de 250 puntos básicos desde los mejores momentos de septiembre. Telefónica es la que tiene ahora el listón más alto. La operadora tendría que pagar un cupón cercano al 3% para tentar a los inversores, cuando hace nueve meses le bastaba con desembolsar unos intereses prácticamente testimoniales. Iberdrola se queda en el 2,5% y Santander y BBVA, ligeramente por encima del 2,3%, según muestran los datos de Bloomberg. No son los únicos afectados. Repsol, CaixaBank y Sabadell también han sufrido un castigo similar. 

Las empresas que utilicen los servicios de la futura Agencia Española del Empleo deberán comunicarle todas las vacantes de puestos de trabajo que tengan. Con esta medida el Gobierno tiene varios objetivos: en primer lugar, intenta acortar los plazos en los que una persona está en desempleo y, por lo tanto, adecuar la oferta de ocupación a la demanda. En segundo lugar, la medida pretende mejorar la información que los servicios públicos de empleo deben tener sobre la realidad de las empresas y sus necesidades. Y, por lo tanto, incrementar la capacidad del desempleado de encontrar trabajo, lo que se conoce como empleabilidad. No obstante, la patronal CEOE ha conseguido recortar las pretensiones iniciales del Gobierno de tener la información sobre los puestos vacantes en todas las empresas. Por lo tanto, la nueva Agencia Española del Empleo requerirá la citada información únicamente a las empresas que utilicen sus servicios, para encontrar y formar a sus trabajadores. Así se regula en el Anteproyecto de Ley de Empleo, que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que fue defendido por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez quiere pasar página cuanto antes del clima generado por la debacle de su partido y del conjunto de la izquierda en las elecciones andaluzas del pasado domingo y acelerará la aprobación de su segundo plan anticrisis para intentar amortiguar la inflación, un ‘monstruo’ que hasta ahora se ha mostrado capaz de devorar buena parte de las medidas sociales puestas en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia primero y por las consecuencias de la guerra de Ucrania después. Ni siquiera esperará al próximo martes. El nuevo paquete de medidas se aprobará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Y el lunes, antes de la cumbre de la OTAN en la que España actúa como anfitriona, celebrará otro. La decisión de pisar el acelerador obligará al Gobierno a una dura negociación para solventar las diferencias con sus socios. El PSOE ha asumido, en principio, que no puede limitarse a prorrogar por tres meses las medidas aprobadas el pasado 29 de marzo y que incluían la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante repostado, la ampliación de la cobertura del bono social a más de dos millones de hogares, la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler o un aumento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. Ya se comprometió a regañadientes con EH Bildu, por ejemplo, a aumentar también en un 15% las pensiones no contributivas –una exigencia que comparte Unidas Podemos– a cambio de su imprescindible apoyo a la ley de fondos de pensiones de Escrivá. Pero hay más asuntos en discusión.

Los secretarios de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, y de Migraciones, Jesús Javier Perea, han presentado su dimisión al ministro de la cartera, José Luis Escrivá, en el plazo de veinticuatro horas. Entre el lunes y el martes. La marcha de los dos gestores se produce en un momento muy delicado para Escrivá. Tanto en lo que se refiere al proceso de reformas de la Seguridad Social, como a la permanente crisis migratoria a la que hace frente España, que procede del Norte de África. La dimisión de Arroyo se produce en plena reforma de la cotización de los trabajadores autónomos y antes de que el Gobierno comience a negociar con la patronal y los sindicatos la segunda parte de la modificación del sistema de pensiones. Precisamente, Arroyo se va agotado tras dos años y medio de diálogo social sobre ambos capítulos, salpicados constantemente de polémica con los agentes sociales y con la opinión pública. Cada vez que Escrivá ha hecho alguna propuesta que, según la patronal y los sindicatos, no ha puesto sobre la mesa. Precisamente, Arroyo, que ya trabajó con Escrivá en la Autoridad Fiscal (Airef), ha decidido tirar la toalla después de dos años y medio de negociaciones y reformas normativas en la Seguridad Social.

La negociación entre sindicatos y patronal sigue encallada. Tras el paso esta semana del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, por el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha quedado claro que el acuerdo sobre la revalorización salarial está más lejos que nunca. El punto de desencuentro es la cláusula de garantía salarial, factor clave para los sindicatos y un error para la patronal porque creen que cronificaría la alta inflación. “Sería razonable que nos sentáramos con la patronal para llegar a un pacto en relación con los salarios. Si no hay acuerdo, la conflictividad va a crecer. No hay posibilidad de que vayamos firmando los convenios a la baja. El conflicto está servido si no somos capaces de encontrar ese marco de acuerdo en el corto plazo”, aseguró ayer Álvarez en Santander. Sordo, por su parte, secundó estas palabras y desligó estas conversaciones del ciclo político.

Combatir la inflación sin pasar factura al crecimiento económico se ha convertido en el principal reto para la Reserva Federal. Aunque de momento es pronto para descartar el éxito, día a día surgen voces que ponen en duda la capacidad del banco central para llevar a cabo un aterrizaje suave, una corriente que ha cobrado protagonismo una semana después de que la institución acometiera la mayor subida de tipos desde 1994. A las advertencias lanzadas por JP Morgan se sumaron en las últimas horas las realizadas por el fundador de Tesla y Goldman Sachs. “Una recesión en algún momento es inevitable y las probabilidades de que esto suceda en el corto plazo han aumentado”, cree Elon Musk. El departamento de análisis de Goldman Sachs señala en su último informe que, desde principios de mayo la actividad económica se ha desacelerado y la demanda de mano de obra ha comenzado a moderarse. Mientras la economía ha empezado a echar el freno, las materias primas han seguido subiendo lo que alimenta las expectativas de inflación. Con unos precios en máximos de 40 años, la Fed ha acelerado el ritmo de subida de tipos. “Las condiciones financieras se han deteriorado aún más y suponen un lastre mucho mayor para el crecimiento”, remarcan.

El Gobierno italiano liderado por Mario Draghi tiembla ante la crisis en el Movimiento 5 Estrellas (M5E), el principal partido de los que componen la coalición que lo sostiene. Tras semanas de peleas internas, la tensión estalló ayer con el nacimiento de una escisión liderada por Luigi di Maio, ministro de Asuntos Exteriores y anterior jefe político de la formación ‘anticasta’, la más numerosa del Parlamento pero que está en caída libre en las encuestas a nivel nacional y que cosechó un pésimo resultado en las últimas elecciones municipales. Al ser preguntado por si estaba preocupado por la escisión, Draghi respondió primero: «Veremos, veremos». Al final de la sesión parlamentaria en la que se aprobó mantener el apoyo armamentístico a Ucrania, los periodistas volvieron a plantearle la misma pregunta y respondió con un lacónico «no». En su comparecencia en el Senado, destacó en cualquier caso que «en estos momentos, cuando el país está implicado en una guerra», resulta «esencial» que se mantenga «la unidad» en Italia.

Los extranjeros están ayudando a cubrir el déficit de profesionales que sufre Euskadi y el resto de comunidades en diferentes ámbitos laborales, como la hostelería. Prueba de ello es que el número de cotizantes foráneos a la Seguridad Social lleva meses encadenando máximos históricos. En Euskadi alcanzaron en mayo los 78.606, ya muy cerca de la cota de los 80.000, según los datos difundidos por el ministerio de José Luis Escrivá. Su número no ha parado de crecer en los últimos tiempos y lo hace a un ritmo mucho más intenso que el de los autóctonos. Así, solo en mayo la base de cotizantes extranjeros creció en casi 1.800 trabajadores en Euskadi, debido en parte a la campaña de la vid. Pero lo más llamativo es el balance de los últimos doce meses. En ese tiempo los afiliados foráneos han incorporado a 7.493 personas, lo que supone un tercio del aumento total. Es decir, que uno de cada tres nuevos cotizantes viene de fuera. Su aumento en términos relativos es del 10,5%, cuando la media apenas supera el 2,4%. Debido a este empuje en el mercado laboral, su peso en el total de cotizantes no deja de aumentar. El porcentaje roza el 8% sobre un total de 986.436. Aun así, todavía el peso de este colectivo es inferior al que alcanza en el conjunto de España, donde llega al 11,7%. La media nacional también marcó un nuevo máximo histórico en mayo, al superar los 2,4 millones de afiliados extranjeros.