20220624

El diputado general de Araba, Ramiro González, aseguró ayer que «esto solo se arregla con flexibilidad entre las dos partes y hay que pedir un mayor esfuerzo del que han hecho hasta ahora, porque no ha servido, para llegar a un acuerdo. Sin presiones», añadió en un acto que contó con más de un centenar de responsables políticos, empresariales e institucionales de Euskadi y que fue inaugurado por el presidente del periódico, Enrique de Ybarra, y el delegado institucional de Iberdrola en Euskadi, Asís Canales. En juego está «el futuro de los 5.000 trabajadores» actuales de Mercedes, pero también de las próximas generaciones, de los 30.000 empleos indirectos y de los 600 proveedores. «Es tremendo lo que nos jugamos». La elevada conflictividad laboral en Euskadi, que concentra el 30% de las huelgas convocadas en España en los últimos quince años, es uno de los «grandes problemas» para la economía de la comunidad «y cuesta mucho romper una imagen una vez que se genera» ese conflicto «porque no se queda aquí en Álava sino que llega a cualquier parte del mundo...El sindicalismo moderno tiene que ser de colaboración con la empresa. Necesitamos un cambio cultural y las empresas tienen que avanzar hacia una mayor participación de los trabajadores». El diputado general puso el ejemplo de la patronal guipuzcoana Adegi y su modelo de relaciones laborales de futuro para pasar de la confrontación a la colaboración. «Es el camino», dijo, en el que también están inmersas las organizaciones empresariales de Álava (SEA) y Bizkaia (Cebek). Y este cambio cultural que reclama el dirigente del PNV también puede contribuir, a su juicio, a reducir los elevados niveles de absentismo que hay en Euskadi. «Tenemos que trabajar todos para bajar esos límites, se necesita un cambio cultural», aseguró González. Por otra parte, el delegado institucional de Iberdrola en Euskadi, Asís Canales, anunció que Iberdrola quiere triplicar la potencia en energías renovables en Álava y multiplicar por cuatro los puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Pidió ayer a los dirigentes políticos «seguir con la colaboración público-privada»; agilizar las tramitaciones administrativas «porque estamos en situación de emergencia climática y no podemos perder tiempo en papeleos»; y, por último, «no subir los impuestos cuando se incrementan los costes».

 El Metal de Bizkaia inició ayer una ronda de tres jornadas de huelga por el convenio colectivo y todo apunta a que el conflicto va a alargarse tanto o más que en 2019, cuando hubo diez días de paros hasta firmar el acuerdo. Aunque ya entonces la negociación fue difícil, esta vez se complica por las discrepancias para trasladar la desbocada inflación a los salarios, un debate que ha provocado movilizaciones en varios sectores y empresas: el Metal de Álava, el comercio y la limpieza en Bizkaia, Mercedes... Pero ninguna protesta tiene tanto impacto como la que acaba de arrancar, ya que afecta a 52.000 trabajadores y a buena parte del tejido industrial del territorio. Como ocurrió en 2019, todo el sindicalismo vasco –ELA, CC OO, LAB y UGT–, tradicionalmente dividido, ha unido fuerzas en este nuevo pulso con la patronal FVEM. Los cuatro sindicatos de la mesa negociadora, que celebraron ayer una manifestación multitudinaria en Bilbao –congregaron a 8.000 personas, según cálculos oficiales, y a 15.000 de acuerdo con los suyos–, cifraron el seguimiento en un 80-85%. Una estimación que, como es habitual, está muy lejos de la de la patronal, que lo rebajó al 28%. «Dos de cada tres empresas han continuado su actividad sin ningún trabajador en huelga y la incidencia se reduce cuanto más pequeña es la compañía», señaló la organización. Ver nota FVEM. 

La patronal siderúrgica Unesid ha advertido de que altos costes de la energía pueden obligar a parar plantas en España, como ocurrió en el primer trimestre, cuando varias fábricas suspendieron su producción por los elevados precios de la luz y la huelga de transportes. En un encuentro con la prensa, previo a la junta general, el presidente de la patronal, Bernardo Velázquez, y el director general, Andrés Barceló, afirmaron que actualmente no hay ningún signo de que vaya a descender el consumo de acero y la industria siderúrgica española tiene una cartera de pedidos “fuerte”, aunque la producción estará marcada por la evolución de la economía. “No nos podemos permitir ser pesimistas”, añadió Barceló. Pero, la competencia es mundial y si los precios en otras partes tienden a bajar llegará un momento en que se cruce con nuestra curva de costes, sobre todo de la energía, y “haya que plantearse si merece la pena seguir trabajando”, indicó Velázquez.

En apenas 12 semanas se ha diluido la bonificación de los combustibles, la que estaba llamada a ser la medida de mayor calado en el plan anticrisis que sigue en vigor, pero cuyo impacto ha ido desvaneciéndose con el paso de los días a ojos de los conductores. El alza que han experimentado los precios de los combustibles ha superado el importe de la ayuda aprobada por el Gobierno desde el 1 de abril. Cuando este sábado el Consejo de Ministros apruebe la prórroga de esta medida, el Ejecutivo habrá visto cómo tanto la gasolina como el diésel han subido tanto en estos tres meses que han provocado la práctica desaparición de esa iniciativa. Quienes más están sufriendo el alto precio del combustible es el transporte. Fenadismer, federación que aglutina a 50.000 pequeñas y medianas empresas del sector, se reúne hoy con el Gobierno para incluir una nueva ayuda de 20 céntimos para el transporte profesional, concretamente para los vehículos de hasta 7,5 toneladas. En total, 40 céntimos de subvención, bien mediante una ayuda directa o con la habilitación de una tarjeta profesional. Los datos del Boletín Petrolífero de la UE, en el que se indica el precio medio de la gasolina y del gasóleo en España, certifica un nuevo récord histórico de los carburantes y se consolida por encima de los dos euros por litro.

El organismo utiliza un indicador de alta frecuencia y lo mide en tiempo real. Gasolina y diésel son 12 y 4 céntimos más caros que antes de la subvención. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estrecha el cerco sobre las gasolineras tras la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos de euro, el pasado 1 de abril. Desde esa fecha, el regulador utiliza un indicador de alta frecuencia para medir en tiempo real los márgenes de las estaciones de servicio, cotejando costes y precios de venta. El objetivo, según explican fuentes del organismo, es tratar de evitar que estos establecimientos aumenten sus ganancias a costa del descuento, financiado con dinero público. El indicador de alta frecuencia permite detectar cualquier evolución anómala día a día, comparando una “estimación bastante exacta” del coste de aprovisionamiento con el precio de venta al público. Hasta el martes de la semana pasada, la CNMC había detectado estas malas prácticas en un centenar de puntos de venta, sobre un total de 12.000 en España. De ellos, dos habían elevado su margen entre 10 y 20 céntimos a raíz de la ayuda oficial respecto a su porcentaje de ganancia habitual; otros 14 en el caso de la gasolina y siete en el del diésel lo habían hecho entre cinco y diez céntimos; 69 (gasolina) y 47 (diésel) habían aumentado su margen entre uno y cinco céntimos; y 41 lo habían hecho en hasta un céntimo.

Alemania se prepara para un posible racionamiento del gas en caso de que se interrumpan completamente las entregas desde Rusia y en previsión de no poder llenar los depósitos antes de que llegue el otoño. El Gobierno alemán elevó ayer a una segunda fase el nivel de alerta tras los recientes recortes en el suministro de gas ruso, que han reducido casi en dos tercios la cantidad de hidrocarburo que llega por el principal gasoducto que todavía está operativo, el Nord Stream 1. Los elevados precios del combustible en el mercado también han contribuido a la decisión. Este segundo nivel —solo hay uno más, el de emergencia— se activa cuando el Gobierno observa un riesgo alto de que el suministro de gas sea insuficiente a largo plazo y permite, por ejemplo, a las empresas subir los precios a los usuarios para reducir la demanda. Sin embargo, el ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, aseguró que de momento no se activará esa cláusula. La situación, en cualquier caso, es “grave” y el país debe prepararse. “Incluso si aún no lo notamos, estamos ante una crisis del gas”, dijo ayer en una rueda de prensa en Berlín. De producirse, la emergencia afectaría a los consumidores dentro de unos meses, porque de momento el suministro está garantizado. “Tenemos que tomar precauciones ahora para estar preparados para el invierno”, advirtió Habeck. “El gas es a partir de ahora un bien escaso”, sentenció.

La idea lanzada por el Gobierno de crear un impuesto especial para las empresas energéticas por los supuestos beneficios extra que están obteniendo con la escalada de los precios de la luz, del gas y de los hidrocarburos ha desatado la ira del sector. Las empresas entienden que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo criminaliza a las grandes energéticas, como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Cepsa por puro oportunismo político, tras su fracaso electoral de los comicios andaluces. Además, el Ejecutivo no ha concretado a quién irá dirigido el nuevo impuesto, generando así una enorme confusión, lo que demuestra una enorme irresponsabilidad de cara a los mercados financieros. Todas las grandes energéticas del Ibex han acumulado pérdidas en Bolsa durante esta semana. Las fuentes consultadas aseguran que las grandes empresas se están armando jurídicamente contra ese impuesto, barajando distintos escenarios de cómo se podría aplicar, cuándo y a quién. Hay al menos cuatro: que se aplique a eléctricas solo en la parte de generación de luz lo que incluiría a Endesa, Iberdrola y también a Naturgy, Acciona y el resto de renovables; que se aplique a eléctricas en todo el negocio, incluido el de redes, lo que incluiría a grupos como Red Eléctrica, participada por el Estado, con el 20%; que se aplique a eléctricas y petroleras, lo que incluiría a Repsol, Cepsa, BP y Galp, entre otros; que se aplique a eléctricas, petroleras y gasistas, lo que incluiría también a Enagás.

El juez Manuel García-Castellón ha decidido retirar la imputación que pesaba sobre el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la instrucción de una de las piezas del ‘caso Villarejo’. El magistrado ha considerado ahora que los presuntos delitos por los que se investigaba al primer ejecutivo de la eléctrica vasca –cohecho activo, intromisión en la intimidad y falsedad en documento mercantil– han prescrito. La decisión se ha producido exactamente un año después de haber decidido que el presidente de Iberdrola debía figurar en el sumario en calidad de investigado. La instrucción había acreditado que Iberdrola contrató los servicios de Villarejo, a través de varias empresas, para cuatro misiones distintas entre los años 2004 y 2009. En concreto, para investigar la oposición ciudadana que existía ante la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera; también para supuestamente espiar a Manuel Pizarro –entonces presidente de Endesa– y a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, así como presuntas irregularidades de un directivo de la propia compañía eléctrica. El magistrado, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, había rechazado hasta ahora cuatro escritos de los abogados defensores de Galán en los que se pedía precisamente su desimputación.

El Gobierno de Pedro Sánchez consumó ayer su toma de control de la compañía tecnológica Indra en una junta de accionistas que dejó en evidencia el deseo de hacerlo a toda costa, incluso teniendo que llegar al enfrentamiento con los consejeros independientes. El grupo público Sepi, que posee el 25% de las acciones, se alió con el fondo de inversión Amber –fundado por Joseph Oughourlian, actual presidente de Prisa– y la empresa guipuzcoana Sapa para cesar a cinco consejeros independientes, incorporar al órgano de gobierno a Jokin Aperribay –miembro de la familia propietaria de Sapa y también presidente de la Real Sociedad– y desequilibrar así el esquema de poder que existía hasta ese momento. En el objetivo final de esta operación se encuentra la intención de ampliar la dedicación de Indra a la industria de Defensa y, en particular, su entrada en el capital de la empresa vasca ITP, que va a ser vendida por su actual propietaria, la británica Rolls Royce. «Si su deseo es doblarnos el brazo, no cuenten conmigo», aseguró el vicepresidente de Indra, el independiente Enrique Leyva, en su intervención en la junta después de que se evidenciara que había un pacto entre el Gobierno, el fondo de inversión Amber y Sapa para remodelar el consejo de administración de la compañía. Minutos antes, otro consejero independiente, Alberto Terol, que ya había anunciado días atrás su decisión de dimitir, lanzó duras acusaciones contra la toma de control de la compañía por parte de la Sepi. «Vencerán, pero no convencerán», advirtió Terol, quien no dudó en calificar de «escandalera monumental» un proceso que se había telegrafiado desde hace tiempo.

 Euskadi ha registrado la firma de 70.152 contratos indefinidos en lo que va de año, lo que supone un 127,5% más que el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 30.835, según un estudio de Randstad Research. Es aún así todo, el menor porcentaje en todo el Estado. Los contratos indefinidos suponen el 21,1% de todos los que se firmaron en la Comunidad Autónoma Vasca y con respecto al total de contratos indefinidos registrados en España, los de Euskadi representan el 2,8%. En cuanto a los territorios, Álava ha registrado la mayor subida respecto a 2021 (146,7%), seguida de Bizkaia (130,8%) y Gipuzkoa (119,8%). En lo que se refiere a volúmenes, Gipuzkoa presenta el mayor número de contratos indefinidos de la comunidad, con 35.025, seguido de Bizkaia (23.553) y Álava (11.574). 

Con las rebajas a la carrera y más adelantadas que nunca, la primera jornada de los populares descuentos de verano transcurrió ayer en medio de fuertes protestas y con bastantes comercios bilbaínos con las persianas semibajadas y algunos cerrados a cal y canto ante las movilizaciones convocadas por el sindicato ELA, mayoritario en el sector, en defensa de un convenio «digno». Las protestas laborales alteraron la actividad comercial y obligaron a interrumpir el trabajo en un buen número de tiendas de la Gran Vía a lo largo de la mañana. Vigilantes de Inditex impidieron el acceso de clientes a su buque insignia, mientras que agentes de la Ertzaintza reforzaron las medidas de seguridad y controlaron las áreas más concurridas para evitar incidentes, El comienzo de las rebajas, a las que se sumaron en masa las grandes cadenas, con agresivos descuentos de hasta el 70%, y, en muy menor medida, negocios pequeños, tuvo una escasa repercusión de ventas en la mayoría de establecimientos.

Los sindicatos UGT y CC OO convocaron un paro de dos horas, el primero de la historia en el sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC), para presionar a la patronal AEC, con la que negocian la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2019. Muchas empresas del sector han disparado sus beneficios durante la pandemia debido a la digitalización que impuso el teletrabajo y a la inyección de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, los sindicatos denuncian la precarización de los más de 500.000 empleados de las consultoras tecnológicas, que incentiva la fuga de talento y frena las vocaciones universitarias. Actualmente, del total de las plantillas vinculadas a las TIC, un 11% está trabajando con un contrato temporal, lo que supone un incremento del 18% con respecto al primer trimestre de 2021, según la Encuesta de Población Activa. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal son aún más tajantes: solo en el mes de abril del año pasado, del total de 45.264 contratos notificados en el sector, el 46,6% tenía una duración inferior a 6 meses, y de estos, el 76,8% eran contratos de menos de 7 días. El convenio colectivo es un “copiapega” del Estatuto de Trabajadores, advierte José Luiz Mazón, responsable de TIC y consultoría de FeSMC-UGT. “Ante sus condiciones mínimas, las empresas clientes han empezado a reclamar precios más bajos y los contratos se renuevan mediante subastas”

La moratoria concursal expirará el 30 de junio, mientras que la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, con la que el Gobierno busca agilizar y facilitar los procesos de reestructuración y evitar así un alud de concursos, se demorará más allá de esa fecha. De hecho, el proyecto de ley, cuya ponencia superó ayer el trámite en la Comisión de Justicia, aún tiene que recibir luz verde en el Congreso, al que se remitirá previsiblemente la semana que viene y, si sale adelante, aún deberá pasar el filtro del Senado, donde se ha habilitado un pleno extraordinario el 19 y 20 de julio. Esto significa que, salvo nueva moratoria, se abrirá un impás en el que, en ausencia todavía de la nueva ley, las empresas en situación de insolvencia volverán a tener la obligación de solicitar concurso de acreedores y estos podrán instarles el concurso necesario. Un interregno normativo que genera incertidumbre e inseguridad, además de vértigo en algunos sectores, como el de las agencias de viajes, cuya patronal Fetave reclamó el martes al Gobierno que extienda la moratoria un año más, hasta junio de 2023, o al menos hasta que “entre en vigor el nuevo proyecto de ley”. ¿Qué consecuencias tendrá el final de la moratoria para el tejido empresarial? Para Rosa Gual, socia en Cuatrecasas, “la situación de las empresas españolas no empeorará por no extender más la moratoria; sin embargo, sí se harán más evidentes las graves dificultades que arrastran desde hace meses muchas de las empresas españolas, que se han visto anestesiadas por las distintas (y en gran parte necesarias) medidas adoptadas por los gobiernos”. En otras palabras, el final de la moratoria pondrá en negro sobre blanco la situación real del tejido productivo y la magnitud de los daños sufridos, que hasta ahora se han visto enmascarados por la exención del deber de declarar concurso y la imposibilidad de que los acreedores pudieran instarlo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, defendió ayer con mucho optimismo su objetivo de conseguir que en 2024 el sistema de protección social alcance el equilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos. O, dicho de otra manera, que desaparezca el déficit crónico que tiene la Seguridad Social desde que en 2011 empezó a hacerse notar en sus cuentas la crisis financiera global, que comenzó en 2007 y acabó en 2013. Fue precisamente a partir de entonces cuando los sucesivos gobiernos comenzaron a extraer del Fondo de Reserva para pagar las pensiones los 67.000 millones de euros que tenía la hucha. Hoy en día sólo tiene 2.000 millones de euros. Escrivá clausuró ayer una jornada sobre pensiones, organizada en Madrid por EXPANSIÓN y Santander, y explicó cómo va a conseguir su objetivo presupuestario, con la siguiente ruta: el año pasado, la Seguridad Social cerró con un desequilibrio del 0,9% del PIB, que espera rebajar al 0,5%, entre 2022 y 2023. Finalmente, el déficit debería desaparecer en 2024. En primer lugar porque espera que en los próximos años continúe la creación de empleo, por la reforma laboral y el impacto de los fondos europeos en la economía española entre 2021 y 2027. Como consecuencia del crecimiento del empleo, el ministro explicó que la reducción del déficit también será posible por el crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales. 

El Banco de España calcula que cada punto de subida de los precios trasladado a las prestaciones supone un gasto adicional para la Seguridad Social de 1.700 millones de euros. Los precios subieron en mayo un 8,7% en tasa interanual. Por lo tanto, en estos momentos el incremento de las pensiones para el sistema de protección supondría un gasto adicional de 14.700 millones de euros. Sin embargo, el ministro dijo que el Partido Popular y el Banco de España actúan “con mucha irresponsabilidad al crear incertidumbre en los pensionistas”. Escrivá explicó que todos los países de la Unión Europea utilizan como referencia la inflación o los salarios para subir las pensiones. Es más, “ningún banco central está hablando de que las pensiones no puedan revalorizarse con la inflación”, dijo el ministro que, a continuación añadió que ni esta institución ni el PP “tienen legitimidad para hablar de equidad en las pensiones”.

España recibirá 7.840 millones de euros más de los previstos en las subvenciones del fondo de recuperación de la Unión Europea. La cifra total asciende así a 77.340 millones, en vez de los 69.510 inicialmente asignados. Bruselas ha calculado el reparto definitivo de los 338.000 millones en ayudas directas a los países en el periodo 2021-27. Los datos preliminares de Bruselas consolidan a España como el principal beneficiario, por delante de Italia, del instrumento creado por la UE para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia e impulsar la transición ecológica y la digitalización. El nuevo cálculo, que se anunciará la semana próxima, beneficia a España por ser la economía más golpeada por la crisis y que con menos fuerza sale de ella, lo que retrasa recuperar el nivel prepandemia.

La eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad es una lucha que se libra en varios frentes. Uno de ellos está en las empresas, donde la presencia femenina, aunque todavía insuficiente, va ganando puntos poco a poco en todos los niveles. Se trata de «una carrera de fondo ya en marcha» pero que conviene acelerar, según expusieron ayer cinco mujeres con responsabilidades de dirección en relevantes compañías durante la segunda y última jornada del congreso sobre brecha de género celebrado en Bilbao. Porque las compañías que no estén plenamente conectadas con la realidad de la sociedad «van a desaparecer», según Patricia Arias, directora territorial en el País Vasco del Banco Santander. A su juicio, la igualdad entre ambos sexos en la empresa «llegará con el tiempo de forma natural»; pero si no se hace rápido, «dejará muchos cadáveres en el camino». De ahí la «obligación» de impulsarla «porque así nos aseguraremos de que la empresa sobrevivirá». Una de esas vías para acelerar la presencia de la mujer en la empresa es la imposición de cuotas. «¿A alguien se le ocurre otra manera de hacerlo?», se preguntó Ainhoa Rivera Azcoitia, directora de gestión de personas y organización de Tubacex. Rivera expuso además la dificultad añadida que ciertos sectores de actividad económica, como la industria, tienen para captar talento femenino.

Los partidos españoles han alcanzado un amplísimo consenso, prácticamente un pacto de Estado, para impulsar y modernizar una política básica como es la de investigación e innovación. El pleno del Congreso aprobó ayer la nueva ley de Ciencia sin un solo voto en contra y con el respaldo de más del 80% de los diputados. La ministra subió al estrado para agradecer al hemiciclo la «anomalía» de este inusual clima de colaboración política. «Gracias señorías por su trabajo constructivo. Este texto nace del diálogo, porque esta ley debía estar participada y consensuada. Hoy la política responde a las demandas de la comunidad científica», subrayó Diana Morant. El acuerdo no fue absoluto, pero casi. Ni siquiera Vox quiso manchar la votación con un ‘no’. La norma sale hacia el Senado con uno de los mayores respaldos de la legislatura y con votos sobrados para garantizar su aprobación definitiva. La norma, casi un pacto de Estado, obliga a duplicar la inversión pública en I+D+i para 2030 y persigue taponar la fuga de cerebros. 

Los Veintisiete lanzaron ayer un mensaje claro a la perspectiva europea de Ucrania con la aprobación formal de su estatus como país candidato a entrar en la UE. Lo hicieron sin fijar plazos, dejando claro que el proceso, a partir de ahora, estará sujeto a los méritos y reformas que lleve a cabo el país para adaptarse a los estándares marcados por Bruselas. La luz verde de los líderes comunitarios tiene sobre todo una lectura en clave política, como señal de apoyo al pueblo ucraniano ante la invasión rusa, tal y como admitieron los líderes comunitarios. La propuesta de Bruselas prevé una revisión a final de año antes de discutir cuáles serán los siguientes pasos para Kiev. El Consejo Europeo también aceptó la candidatura de Moldavia. No así a Georgia, a quien los países y el Ejecutivo comunitarios reconocen sus aspiraciones europeas, pero piden más reformas en profundidad para poder considerar su futuro ingreso.