20220626

Entrevista con Josu Sánchez, presidente de Elkargi y empresario. "A nivel de Euskadi se han producido acuerdos entre el Gobierno vasco e industrias tractoras que van a suponer una inversión muy importante. La de Mercedes es una noticia excelente. Demuestra la necesidad de reforzar una colaboración público-privada. Sería necesario reflexionar si podemos crear un ecosistema propio que canalice esas inversiones. Nos daría mucha fuerza a las empresas. Un ecosistema que busque las inversiones estratégicas. No invertir por invertir. No vale sólo con ayudar a las empresas. Es complicado, pero tiene que ser a nivel de Euskadi.Un apoyo decidido a la actividad industrial es lo más necesario, y continuar con una estrategia por el empleo. Pero no hablo sólo de empresas, también de formación. Inversión estratégica no es sólo BasqueVolt, que es un ejemplo claro de la fusión público-privada. Son los valores, la transición energética, innovación y productividad. Y la demografía. Hay que saber por qué nuestros jóvenes, chicos y chicas, no contemplan tener hijos. No creo que sea sólo una cuestión económica. Lo importante sería conciliar el trabajo con la actividad de padre o madre. Eso sí que es una inversión estratégica. Si no lo hacemos, pondremos en peligro, entre otras cosas, las pensiones a nivel del Estado..."

Euskadi registró el pasado año la menor cifra de nacimientos en medio siglo. No se trata de un hecho aislado. Es un capítulo más en la sangría de natalidad que vive Euskadi en las últimas décadas y que amenaza con poner en jaque el sistema social y del bienestar que conocemos. Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 coordina la estrategia del Gobierno vasco para hacer frente al reto demográfico. "Estamos asistiendo a un periodo de retroceso demográfico muy importante ante el que hay que reaccionar...A la hora de explicar el retroceso demográfico no se puede recurrir a respuestas simples. Las causas son complejas y son variadas. Hay un cambio cultural que no podemos ocultar. Es la consecuencia de varios éxitos sociales, de la prolongación de la vida, del empoderamiento de la mujer y su incorporación a todos los ámbitos de la vida social y laboral. Hay éxitos sociales que han provocado esta realidad, pero no solo eso, también hay otras causas económicas, laborales y de condiciones de vida o de vivienda que están influyendo...Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Y con un agravante: las consecuencias no las percibimos todavía. Empiezan a verse mínimamente. Pero si no hacemos nada, dentro de 10, 15 o 20 años, las consecuencias serán muy graves. Por eso hay que intentar paliar esa situación..."

Mientras los empleados del sector público en Euskadi se han incrementado algo más de un 10% en los últimos siete años, los trabajadores por cuenta propia se han reducido en ese mismo porcentaje. Y es que el número de personas que deciden desarrollar su actividad profesional asumiendo individualmente los riesgos de la deriva de su negocio, está bajo mínimos. Con 169.466 autónomos, el País Vasco presentó el pasado mes de mayo la cifra más baja de este colectivo en los últimos 30 años. Hay que retrotraerse hasta 1992 para ver un volumen más bajo de afiliados en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomos (RETA). El hecho, además, de que los trabajadores del sector público no paren de aumentar y sean ya 152.878 es, a ojos de los analistas, muy «sintomático» de una pérdida de peso de la cultura del emprendimiento que viene denunciando el mundo empresarial vasco en los últimos años. El caso es que los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que sus propios empresarios. Y las estadísticas así lo subrayan. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la otra gran asociación de autónomos, su secretario de orientación laboral en Euskadi, Íñigo Fernández Villasante, resalta una «falta de cultura empresarial en la sociedad» para entender la trascendencia del descenso de los autónomos, y denuncia también que «ningún ente público ofrece facilidades».

El fundador de Sanifit, una ‘biotech’ balear que ha roto récords, aplaude en Donostia, de la mano de Ysios Capital, el ecosistema que ampara al sector en Gipuzkoa.  Ha protagonizado algunos de los hitos más importantes en materia de inversión en firmas del segmento en España, como los vividos en 2015 y 2019, cuando levantó 36,6 y 72 millones de euros, respectivamente, en las operaciones más importantes nunca vistas en el Estado. Perelló ha visitado recientemente San Sebastián, donde Ysios Capital celebró su reunión anual de inversores. Y allí pudo explicar la historia de Sanofit. El emprendedor resaltó que las biociencias es un sector que requiere de una especial paciencia, ya que exige tiempos de maduración y de contraste de los productos larguísimos y, a la vez, de ingentes cantidades de inversión. Por eso, resalta la necesidad de que «el capital público eche una mano a este tipo de proyectos». Sobre el arraigo o no de las empresas que, como la suya, han sido invertidas por foráneos (como el gigante farmacéutico Vifor), Perelló sonríe y asegura que «la riqueza y el arraigo lo crean las personas y el conocimiento». Al respecto, Joël JeanMairet, ‘managing parter’ de Ysios Capital, concluye que «nosotros hemos invertido muchas veces en empresas que, a su vez, han creado otras empresas allí donde estaba la primera».

A medida que la industria global profundiza en la digitalización, con cada vez más dispositivos y plantas de producción conectadas de alguna forma a la red, la ciberseguridad es cada vez más un bastión indispensable a la hora de protegernos frente a las amenazas de Internet. Como responsable del departamento de Ciberseguridad Industrial de Ikerlan, Salva Trujillo tiene claro que el sector seguirá enfrentándose a retos crecientes en el futuro y alerta sobre la escasez actual de trabajadores formados en la materia. "El impulso que está recibiendo el sector es muy relevante. Ciertas industrias estratégicas están dando pasos muy importantes en la línea de proteger sus sistemas, y tiene mucho que ver con el tipo de negocio. Por ejemplo, cuando son empresas que reciben impactos muy directos cuando son atacadas digitalmente, el nivel de concienciación es muy alto...Aunque desde al ámbito educativo se ofrece formación en ciberseguridad, tenemos dificultades para encontrar profesionales, y estamos empezando a contratar a personas de otros países..."

La estrategia para dejar atrás el pésimo resultado obtenido en la elecciones del pasado domingo en Andalucía no pasaba solo por acelerar el segundo plan anticrisis, ni por hacerlo más ambicioso en contenido y duración que el anterior. Y eso que ayer anunció un paquete de medidas entre las que destaca un cheque de 200 euros para familias vulnerables y rebajas sustanciales en el transporte público que se pondrán en marcha a partir de septiembre y que alcanzarán descuentos del 50%. Pedro Sánchez ha decidido abrazar también un nuevo discurso, parecido al que mantuvo cuando fue defenestrado como secretario general del PSOE en octubre de 2016. Aprovechó la presentación en el palacio de la Moncloa del nuevo real decreto ley contra la inflación, aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, para erigirse en el defensor de la clase media y trabajadora frente a los «poderes económicos». 

«Este Gobierno es molesto, incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales tanto políticas como mediáticas, pero no nos van a quebrar», llegó a proclamar. Las presiones tanto de Unidas Podemos como de algunos de sus principales aliados parlamentarios para gravar ya, antes de que acabe el año, los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas ha hecho finalmente mella en el ala socialista del Ejecutivo, como ya apuntaban las palabras pronunciadas por el propio presidente este viernes desde Bruselas, cuando, con el mismo tono ardoroso de ayer, advirtió de que no daría satisfacción a quienes pretenden perpetuar sus «privilegios». No va en el plan anticrisis porque, como ya había advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la jurisprudencia es clara a la hora de vetar la figura del real decreto ley para una iniciativa de esa naturaleza, pero el Gobierno sí tiene intención de aprobar un nuevo tributo que, según Sánchez, debería servir para que las grandes energéticas financien algunas de las medidas puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios y que costarán al Estado, hasta finales de 2022, 15.000 millones de euros. El jefe del Ejecutivo apuntó en su comparecencia a que ese impuesto entrará en vigor ya el 1 de enero 2023. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda matizan que la idea es poner el devengo en el 31 de diciembre de 2022, lo que significa que, aunque se empiece a recaudar a partir del año próximo, afectará a los beneficios del ejercicio en curso. «Este Gobierno –machacó una y otra vez Sánchez– sabe bien para quién gobierna, para la clase media y trabajadora».

"...La inflación es la clave por su efecto cada vez más perceptible en la capacidad de compra. Los salarios suben un 2,4% (con datos de convenios colectivos hasta mayo), cuando el IPC lo hace un 8,7%. El crecimiento del empleo solo compensa una pequeña parte de la pérdida de poder adquisitivo, que emerge como la principal preocupación de los españoles. El consumo se resiente, pero no tanto como se podría temer: las familias tiran del ahorro para amortiguar el shock, pero esta situación no puede durar, sin contar con que la liquidez pierde valor como consecuencia de la inflación. De ahí el fuerte deterioro de la confianza del consumidor registrado desde marzo. La subida abrupta del euríbor añade todavía más incertidumbre para los hogares y las empresas que se han endeudado a tipo variable. La vuelta del verano, cuando el efecto balsámico del turismo se disipe, será por tanto complicada. Pero una nueva recesión, augurada por algunos analistas, no es lo más probable. Las amenazas que se ciernen sobre la industria alemana deberían atemperar a los halcones que habían ganado influencia en el BCE. Así lo han entendido los mercados que han rebajado sus anticipaciones de tipos de interés. La rentabilidad exigida por los compradores de bonos públicos a 10 años ha retrocedido medio punto en una semana. La incógnita reside ahora en cómo se concrete el mecanismo para combatir la fragmentación financiera prometido por el banco central..."

Indra, la compañía española puntera en tecnología y defensa, ha vivido una de las semanas más convulsas de su historia. El pasado jueves celebró una tensa junta general en la que los principales accionistas cambiaron a cuatro consejeros independientes. El movimiento pretendía dar más libertad al presidente, Marc Murtra, para ejecutar su plan estratégico y convertir a Indra en un actor principal en la industria de defensa europea. El cambio en la junta se produjo después de que la SEPI, el brazo industrial del Gobierno, elevase su participación del 18% al 25%. En las últimas semanas también se consolidó la entrada de SAPA, la empresa de defensa vasca, que ha logrado un asiento en el consejo y el fondo Amber, primer accionista de PRISA (grupo editor de EL PAÍS). El relevo en la cúpula ha desatado polémica y agitado los mercados financieros. Indra se desplomó más de un 15% en Bolsa esta semana. Murtra defiende, en una entrevista por videoconferencia, la independencia de su gestión.

La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, defiende con entusiasmo el presente y, sobre todo, el futuro de la universidad que dirige. Eva Ferreira apuesta por una formación de calidad inspirada en la vanguardia del conocimiento y vería con muy buenos ojos un pacto político que garantizara el acceso a la educación superior a todas las personas que sean competentes, sin ningún tipo de restricción. "A través de la digitalización tiene que estar presente de manera que atraviese a toda la actividad universitaria. La internacionalización es otro de los pilares, el conocimiento no tiene fronteras. Tenemos que trabajar en la comunicación de lo que hacemos. Históricamente las universidades no dábamos importancia a este aspecto pero cada vez es más importante el impacto social de lo que hacemos. Y, además, es fundamental que nos fijemos en los objetivos de desarrollo sostenible. Los retos de la sociedad son cada vez más complejos y deben estar en la mirada de los universitarios a la hora de articular programas de formación o líneas de investigación...Tenemos que fortalecer nuestra formación internacional y dual. Otra apuesta es una formación a lo largo de la vida...Sobre la ley de Universidades, el hecho de dejar por escrito que el 1% del PIB se invierta en universidades públicas hace que merezca la pena..."

Cuando Matthew Jackson, el último premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, habla de cómo las redes sociales condicionan nuestras oportunidades de prosperar, no piensa en Instagram o Facebook. Mucho antes de que Mark Zuckerberg pisara Harvard, este catedrático de la Universidad de Stanford ya estaba inmerso en la investigación de los costes y beneficios de las relaciones –reales, aunque ahora también podamos sumar las virtuales– que establecemos con otras personas para averiguar cómo éstas influyen en nuestras decisiones. "Los seres humanos no somos conscientes de cuánto ayudamos y cuántos nos ayudan, de lo que dependemos unos de otros. Las redes sociales en que estemos integrados, las estructuras en que participemos, determinan nuestras normas de conducta, la información a la que accedemos, las oportunidades que nos llegan y, por tanto, nuestro éxito. Si todos mis amigos tienen empleo, me será más fácil encontrar uno que si las personas de alrededor están mayoritariamente en paro...Decisiones que creemos nuestras, como qué estudiar, dónde trabajar o a quién votamos, están siempre influenciadas por nuestras circunstancias sociales. Y la situación económica de nuestro entorno es una de esas circunstancias..."

El drástico descenso en los envíos de gas ruso ha avivado el temor a una temporada de frío sin suministro suficiente para hacer frente a una demanda que no termina de responder a los reiterados llamamientos a la contención. Si hasta hace poco el debate era si los Veintisiete se atreverían a cortar amarras con el gas ruso para dejar de financiar la guerra, el plano ha girado por completo: es el Kremlin quien ha precipitado todo, recortando en dos terceras partes sus exportaciones gasistas a sus vecinos del oeste. Y ha abocado a varias grandes economías europeas a volver sus ojos sobre el carbón. Alemania ha subido un escalón en su escala de alerta. Desde Berlín y también desde Holanda, Italia y Austria han advertido de que tendrán que utilizar más carbón —de largo la fuente de energía más contaminante— para ahorrar gas. Una situación que se ve empeorada por la inactividad de buena parte del otrora poderoso parque nuclear francés, que fuerza a sus vecinos (Alemania, España e Italia sobre todo) a aumentar su generación eléctrica para abastecer al segundo país más poblado del euro. “No debemos engañarnos: el corte en el suministro de gas es un ataque económico de Putin contra nosotros”, , aseguraba esta semana el ministro alemán de Economía y Clima, el verde Robert Habeck, al elevar a la segunda fase —de tres— el nivel de alerta en previsión de un racionamiento del gas. El miedo a tener que parar la industria atenaza al Gobierno de Berlín. 

La huelga del personal del sector ferroviario de Reino Unido, que paralizó la casi totalidad del transporte por tren más allá de las tres jornadas de paro convocadas esta semana, es el preámbulo de un anunciado «verano de descontento» y un probable otoño agrio, con disputas laborales en el sector público y en cruciales compañías del ámbito privado, desde abogados criminalistas a British Airways y empleados del servicio postal. El Gobierno de Boris Johnson afronta el doble desafío de una inflación disparada y la escasez de mano de obra que crece a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la legislación migratoria tras el ‘Brexit’. En el pulso entre ambas fuerzas contradictorias, el primer ministro defiende incrementos salariales del 3%, aunque comprende, según dijo ayer, «la frustración de la gente» ante el alto coste de la vida. «La gente maldice cada vez que llena el depósito de sus coches», comentó a la cadena Sky desde Kigali, capital de Ruanda y sede de la cumbre de jefes de Gobierno de la Commonwealth. La tasa de inflación superó el 9% en mayo y rondará en torno al 11% para final del año, de acuerdo con la última proyección del Banco de Inglaterra. Por otro lado, el mercado laboral ha caído en un agujero sin precedentes, con 1,3 millones de puestos vacantes en los tres meses hasta mayo de 2022, medio millón más de los registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. Se ha desatado, por tanto, una pugna entre la necesidad de contener las fuerzas inflacionistas y la opción de mejorar las condiciones laborales para retener a los empleados y atraer nuevos profesionales.

La invasión ha formado parte del día a día de las naciones occidentales desde febrero pero, pasados cuatro meses, el interés parece decaer. El espacio que ocupa el conflicto en los medios de comunicación y el debate social internacional es aún muy importante, enorme, en consonancia con la inmensa tragedia humana que significa, pero no aparenta ser la misma conmoción que desencadenaron el asedio a Kiev, los primeros días de éxodo masivo de refugiados o el descubrimiento de las matanzas y torturas de Bucha. Los europeos, según las encuestas, comienzan a centrarse más en sus preocupaciones cotidianas y les duele especialmente el alza generalizada del coste de la vida. El mayor impacto de la guerra se da en la propia Ucrania, con la pérdida de miles de vidas, casi siete millones de exiliados y ciudades arrasadas cuya restauración costará 600.000 millones de euros. Pero Occidente también siente las consecuencias indirectas, sobre todo con los precios de los alimentos o el combustible disparados, que los gobernantes justifican por la crisis ucraniana. La pérdida de interés es uno de los mayores miedos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. «Nuestra tarea es que el mundo no se canse de la guerra». 

México, Argentina, Chile, Perú y, ahora, con la victoria de Gustavo Petro, Colombia. Cinco de las economías más potentes del continente van a estar en manos de una nueva izquierda que apuesta por preservar el marco institucional democrático. El deterioro de los indicadores sociales en casi toda la región, que impulsó estallidos sociales en 2019, y la radicalización de las derechas más tradicionales han propiciado un nuevo mapa que se tiñe de rojo, de un rojo que marca sus distancias con el autoritarismo y la falta de respeto por los derechos humanos de países como Nicaragua y Venezuela. El compromiso con la democracia, el feminismo y el ecologismo distinguen a la nueva ola progresista que estará al frente de cinco de las seis mayores economías del continente.