20220628

Por primera vez en mucho tiempo, todos los sindicatos han alcanzado un acuerdo de mínimos para tratar de demostrar ante la plantilla y la opinión pública cierta unidad de acción a la hora de elevar sus reivindicaciones ante la dirección de la multinacional. Reclamarán un convenio «digno y justo» que incluya subidas salariales alineadas al IPC; y exigirán una flexibilidad «con condiciones», más allá de negarse a trabajar una sexta noche, la de los domingos. Dos días han consensuado las centrales sindicales para sacar a la calle el conflicto: este próximo jueves, 30 de junio, y el miércoles siguiente, 6 de julio, en una jornada en la que la movilización tendrá un simbolismo especial. Porque el comité ha llamado a los trabajadores a secundar la huelga al mismo tiempo que, a 1.500 kilómetros de Vitoria, el lehendakari, Iñigo Urkullu, mantendrá una reunión en la sede de la multinacional Mercedes en Sttutgart con los máximos responsables de la compañía. La empresa automovilística ha anunciado un plan de inversiones para la factoría alavesa de más de 1.200 millones de euros para transformar la planta, duplicar su capacidad e incrementar la producción de manera considerable con la llegada de nuevos modelos de furgoneta; todo con el objetivo de generar actividad y empleo durante los próximos veinte años. A cambio, Mercedes exige más flexibilidad a su plantilla.

Los transportistas no llevarán a cabo los paros anunciados. Por el momento. El resultado de la votación de las asociaciones vinculadas a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte –la que instó a las movilizaciones del pasado mes de marzo– fue de 41% a favor del paro frente al 45% en contra, además del 14% de abstenciones. Por tanto, los transportistas eligen la vía de la negociación con el Gobierno antes de volver a paralizar el transporte de mercancías, como hace tres meses. De esta forma, quedan a la espera de la propuesta del Ejecutivo en la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe trabajar a pérdidas, el gran problema del sector, aseguran fuentes de la Plataforma. «Por un resultado muy ajustado, los transportistas deciden no reactivar el paro en estos momentos y entrar en la negociación del desarrollo de la ley participando la Plataforma en la misma como parte fundamental y representante del sector de base», señalaron en un comunicado. Una negociación con el Gobierno que se aseguraron antes de la votación, cuando según afirman recibieron la llamada de un portavoz del Ministerio de Transportes citándoles a una reunión urgente para entregarles el borrador de la ley que prohíbe la contratación a pérdidas en el transporte. Y su compromiso es que antes del próximo 31 de julio esté elaborado el texto final, tras haber negociado con sus representantes.

Entrevista con Ana Ayerbe Directora del área Cores Digital de Tecnalia. «Estamos en una permanente batalla tecnológica con los ciberatacantes», dice la experta en seguridad informática de Tecnalia. Forma parte del comité de expertos que diseñó la agenda estratégica de ciberseguridad nacional, y colabora con todo tipo de entidades –locales, nacionales y europeas– como evaluadora y supervisora de seguridad informática. "La digitalización está llegando a dispositivos que en su momento no fueron creados para conectarse a internet. Si aumenta la conectividad pero no fabricamos esos dispositivos teniendo en cuenta no sólo requisitos funcionales, sino también que sean seguros desde su mismo diseño y por defecto, aumentaremos la superficie de exposición a los ciberataques...Son auténticos expertos en engañar a los usuarios para obtener la mayor cantidad de dinero lo más fácilmente posible. O perpetrar un ataque contra una infraestructura crítica con fines peores aún. La formación en ciberseguridad es un gran reto. Hay que seguir investigando en ciberseguridad, utilizar la critpografía y la inteligencia artificial tanto en la fase de prevención como en la de detección y de defensa...Hay que sensibilizar a las empresas sobre una serie de medidas de seguridad que permitan al menos hacer frente a esos primeros ataques..."

La fecha prevista para cerrar esa venta, por la que Rolls debería ingresar 1.700 millones de euros, era el 30 de junio. Pero el Consejo de Ministros, que debería haber aprobado ayer la operación –al ser ITP una empresa ligada a la industria de Defensa–, no lo hizo y, de momento, el expediente se ha quedado en el cajón. Y era la última reunión del gabinete prevista antes de la fecha límite para el traspaso de las acciones, que entra ahora en una especie de prórroga indefinida. La clave –aunque no la única, sí una trascendental– hay que buscarla en el escándalo que ha estallado en el consejo de administración de Indra, empresa en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intervenido con poco tacto, y que está llamada a tener un papel relevante en el futuro de ITP. Los planes diseñados por el Ejecutivo apuntaban a que Indra sería el líder español de un grupo de inversores que compraría un 30% de las acciones de la vasca ITP, para dejar el 70% restante en manos del fondo norteamericano Bain. El monumental lío creado en torno a esta empresa ha empujado al Gobierno a actuar con prudencia en torno al futuro de ITP. Todo se ha complicado e Indra tendrá que remendar antes el roto que se ha producido en su gobierno corporativo.

Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco se unieron ayer en Donostia para escenificar su apuesta por la colaboración público-privada en el sector «de futuro» de las biociencias. En torno a 100 representantes de instituciones, centros de investigación, universidades y empresas compartieron en el parque tecnológico de Miramón un diagnóstico sobre los desafíos y el potencial de este ámbito en la jornada ‘Etorkizuna Ikusmiran-Retos y realidades de las Biociencias en Gipuzkoa’. En el encuentro, inaugurado por el diputado general, Markel Olano, se puso de relieve el crecimiento de un ámbito que cuenta con 200 empresas en Euskadi, «genera un total de 8.000 empleos cualificados, y que espera alcanzar el 3% del PIB vasco en 2025 gracias al crecimiento de la medicina regenerativa, las terapias génicas, los dispositivos médicos para diagnósticos, la salud digital (e-health) o la telemedicina». Además, se presentó el estudio de evaluación de las BiocienciasSalud en Gipuzkoa, que analiza el impacto de las políticas, programas y acciones desarrolladas durante los últimos 20 años para el impulso de la iniciativa emprendedora de este sector.

Kutxabank da un nuevo paso en su estrategia de renovación y rejuvenecimiento de plantilla, que le ha llevado en los últimos años a reducir hasta los 42,5 años la media de edad de los 5.500 trabajadores del grupo bancario. La entidad vasca –controlada por las fundaciones BBK, Kutxa y Vital– ha incorporado recientemente a 89 profesionales en su red de oficinas, tras cerrar el proceso de selección iniciado hace 3 meses. Los nuevos empleados son en su mayoría mujeres, y responden a perfiles comerciales y digitales. De ellos, muchos han estado vinculados en el pasado con Kutxbank. El banco explica que los nuevos profesionales reforzarán la atención comercial y personalizada en las sucursales; y algunos se encargarán de tareas especializadas que exigen un alto perfil tecnológico. Con la entrada de los últimos 89 empleados, Kutxabank suma 350 incorporaciones de “nuevos talentos” en cinco años, con lo que busca dar respuesta a la transformación que vive el sector financiero, y a los requerimientos de nuevas competencias profesionales. Así, quiere sumar a los tradicionales perfiles de licenciados en Económicas, Empresariales y Derecho personas con formación en matemáticas, ingeniería e informática. Kutxabank ha acompañado en los últimos tiempos las contrataciones con un proceso de prejubilaciones acordado con los sindicatos. En total, unos 600 profesionales de más de 58 años han dejado la entidad en los últimos 5 años.

La firma oiartzuarra Salto Systems ha sido la ganadora de la segunda edición del Premio Arizmendiarrieta Saria en la CAV, instituido por la Fundación Arizmendiarrieta para promover el denominado Modelo inclusivo participativo de empresa (MIPE). La organización destacó que el galardón «reconoce a las empresas que se distinguen por la aplicación de los valores y prácticas de gestión característicos de dicho modelo». Salto Systems, dedicada a la fabricación de cerraduras electrónicas y sistemas de control de accesos inteligentes, cuenta con una plantilla de 295 personas, de las que el 48% son mujeres. La organización del premio también resaltó que la empresa pilotada por Javier Roquero cuenta con «una remuneración variable en función de resultados y la participación de los trabajadores en las decisiones relativas a las actividades de RSC». 

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Iberdrola Generación –la filial de producción eléctrica del grupo– y a cuatro de sus directivos de manipular al alza los precios de la energía en 2013 para obtener un beneficio que habría superado los 21 millones de euros con esta práctica. Una operación que, según el escrito de acusación, habría causado un perjuicio de más de 107 millones de euros «soportado» sobre todo por los consumidores con contratos a precio variable, además de 18 empresas comercializadoras que han reclamado contra la compañía. En su acusación, la Fiscalía solicita que Iberdrola Generación pague una multa de 84,8 millones de euros y también la apertura de juicio oral y penas de cárcel para cuatro de sus directivos. Según el escrito conocido ayer, la compañía habría ideado un sistema para «incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».

La Comisión Europea respaldó ayer conceder a España un segundo desembolso, de 12.000 millones de euros, del paquete de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la vista de los objetivos cumplidos por el país, en forma de inversiones y reformas, durante el primer semestre de 2021. Pese al visto bueno general a los 40 compromisos alcanzados, que considera “cumplidos satisfactoriamente” en su totalidad, Bruselas advierte de que la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno corre el riesgo de generar un “significativo agujero fiscal” si no se toman medidas adicionales. Pese a este reparo, la Comisión Europea ha concedido una valoración positiva a la nueva petición de fondos comunitarios presentada el 29 de abril por España, que fue el primer país en presentar la solicitud. El desembolso definitivo, sin embargo, requiere ahora un segundo dictamen positivo del Comité Económico y Financiero (CEF), en el que participan ya los 27 Estados Miembros de la UE y que tiene ahora cuatro semanas para emitir su opinión. “España ha realizado avances suficientes en la ejecución de su plan nacional de recuperación como para recibir un segundo pago de Next Generation EU”, defendió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dio la “enhorabuena” al país. “España sigue avanzando en su agenda de reformas e inversiones”. 

Después de un año de negociaciones, el Gobierno se acerca a un acuerdo con las organizaciones de autónomos sobre la reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social en función de sus ingresos, entre 2023 y 2025. El acuerdo está pavimentado en rebajar su propuesta de cotizaciones para los que tienen los ingresos más bajos; atenuar la cuota, para los rendimientos intermedios y altos, y elevar la aportación de quienes tienen ingresos a partir de 4,050 euros al mes, los más altos. Esta es la propuesta que el Gobierno presentó ayer a las organizaciones de autónomos y que, con más detalle, consiste en lo siguiente: quienes tengan un rendimiento neto mensual de entre 670 y 1.300 euros tendrían una rebaja de la cotización a la Seguridad Social. Por ejemplo, quienes obtengan unos ingresos de hasta 670 euros al mes tendrían que pagar una cuota mensual de 230 euros. Esta cifra supone un recorte de 64 euros en 30 días y de 767 euros al año, respecto a lo que estos empresarios y trabajadores pagan ahora al año. Otro ejemplo: quienes ingresen entre 900 y 1.125 euros al mes deberían pagar 270 euros al mes y tendrían una rebaja de 24 euros mensuales, y de 287 euros al año. Entre 1.125 y 1.300 euros al mes, la cuota será de 290 euros al mes, con una rebaja de 4 euros en ese periodo y de 47 euros al año. Incluso, para quienes ganen entre 1.500 y 1.700 euros al mes, la cotización a la Seguridad Social sería la misma: 294 euros al mes.

Más de siete años lleva Abengoa arrastrando una situación financiera extremadamente delicada y ahora amenaza con protagonizar una de las mayores quiebras en España, para una empresa que acumula unos 6.000 millones de euros en deuda y cuenta con más de 5.000 empleados. El Consejo de Ministros rechazó ayer incluir a la compañía en el grupo de nuevos rescatados con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, matizó que este rescate no se ha rechazado aún técnicamente, aunque tampoco se ha aprobado. Y no quedan más reuniones de ministros antes del 30 de junio, cuando vence ese fondo destinado a salvar a empresas golpeadas por la pandemia. La SEPI considera que Abengoa no cumple las condiciones para recibir los 249 millones solicitados para su supervivencia. Una aportación que resultaba vital, pues a su vez actuaba como garantía para que el fondo Terramar inyectase otros 200 millones en Abenewco 1, la filial que agrupa los grandes activos de la empresa. La portavoz del Ejecutivo subrayó que las solicitudes con cargo al fondo de solvencia «se rigen por criterios técnicos y objetivos». Y desde el Ministerio de Hacienda indican que el visto bueno a estos rescates se basa en «un riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica y del plan de viabilidad presentado por cada empresa».

Luz verde final del Gobierno al mayor rescate del fondo de solvencia de la Sepi para las empresas afectadas por la pandemia. El Consejo de Ministros autorizó ayer la ayuda al grupo siderúrgico Celsa, que asciende a 550 millones de euros, así como otras cinco operaciones por un importe conjunto de 171 millones de euros. La financiación a Celsa obtuvo el pasado día 17 el visto bueno definitivo del consejo gestor de la Sepi y se desglosa en un préstamo participativo de 280,5 millones y uno ordinario de 269,5 millones de euros. Al superar los 250 millones, el préstamo participativo tuvo que ser autorizado por la Comisión Europea antes de pasar al Consejo de Ministros. Pese a superar todos los trámites, Celsa todavía no dispondrá del dinero de la Sepi. Fuentes cercanas a la compañía catalana aseguran que el hólding estatal no inyectará los 550 millones hasta que no se alcance un acuerdo con los fondos acreedores sobre la reestructuración de la deuda. Las negociaciones entre las partes siguen abiertas –ya sin la presión derivada del riesgo de perder el rescate por falta de tiempo– con la intención de cerrarlas cuanto antes, aunque no existiría una fecha límite. Los otros rescates autorizados por el Consejo de Ministros tienen como beneficiarios a la cadena de clínicas dentales Vivanta, con sede en Madrid; las ingenierías asturianas Isastur e Imasa y las compañías turísticas Meeting Point y Blue Sea, ambas con operaciones en Canarias.

Juan Manuel Rodríguez Poo presentó ayer su dimisión como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) después de que el Gobierno haya cuestionado, en numerosas ocasiones, los resultados de la Contabilidad Nacional y las cifras del Producto Interior Bruto (PIB). En un comunicado remitido ya por la noche, el Ministerio de Economía vinculó la salida a un proceso de «refuerzo del sistema estadístico estatal». «El actual presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha liderado», dice el ministerio que dirige Nadia Calviño, el «proceso de modernización y refuerzo de la institución desde su nombramiento en octubre de 2018. Logrados los objetivos, ha expresado su voluntad de dejar el cargo por motivos personales. Se abre un proceso de sustitución para este puesto que se espera cerrar en los próximos días», afirma. Sin embargo, detro del organismo ya se hablaba la pasada semana de la posible destitución de Rodríguez Poo e incluso El Confidencial llegó a publicar que su salida era inminente. En Economía negaron la información, afirmando que sólo se trabajaba de un proceso de «refuerzo». Sin embargo, lo que ha acabado ocurriendo es sensiblemente diferente y el presidente habría decidido dimitir antes de ser cesado.

La CEOE considera que la coyuntura ha superado su principal objetivo, que era igualar la recaudación del país a la media europea, e instan al Ejecutivo a reorientar la reforma hacia una simplificación del sistema tributario que reduzca sus costes de aplicación y mejore la competitividad del país. Así lo defendió ayer Pilar González de Frutos, vicepresidenta de la CEOE y presidenta de su Comisión Fiscal, durante el foro tributario organizado por EsadeECPol bajo el título La reforma del sistema fiscal: garantizando la eficiencia y la equidad. “Según Eurostat, en 2020 la presión fiscal media de la UE fue del 41,3% y aquí fue del 37,5%. Es verdad que hubo un fuerte incremento desde el 35,4% de 2019”, como consecuencia de la pandemia, admitió González de Frutos, para agregar que está “segurísima de que ese diferencial se ha reducido más en 2021”, debido a que la recaudación se disparó un 15,1%, más que duplicando el avance del PIB nominal. Por tanto, concluyó la representante de la patronal española, “la presión fiscal en España ha debido situarse en 2021 en torno al 41%, ya en unos valores muy similares a la UE”, con lo que puede darse por cumplido el principal objetivo de la reforma tributaria que preparaba el Gobierno. “Es necesario realizar un diagnóstico desde la situación actual y la comparativa con el entorno, aunque no estoy segura de que este diagnóstico sea el mismo que se está realizando en todas partes”, dijo, asumiendo que el Gobierno no ha llegado a la misma conclusión que los empresarios. Es más, el colectivo destaca que si a la carga tributaria se le suman las cotizaciones sociales, la cuña fiscal supera con creces la media de la OCDE.

Rusia se prepara para un default que supondría su primer impago de deuda desde 1998 al rebasar la fecha prevista para el abono de intereses y después de que como consecuencia de las sanciones de occidente se prohibiera a los acreedores recibir los pagos procedentes de Rusia. El país debía haber abonado unos cien millones de dólares en intereses de bonos estatales que vencieron hace semanas y tenían el periodo de gracia hasta el domingo pasado. Hasta ahora no ha habido señales del pago. Russia tiene equilibrada la cartera de divisas, gracias a sus enormes reservas de petróleo y gas, y ha reiterado en varias ocasiones su intención de cumplir con el pago de los intereses. El portavoz de Vladímir Putin apuntó ayer que las insinuaciones de que se habría producido un impago “son absolutamente injustificadas”, según Interfax. La escalada de las sanciones tras la invasión de Ucrania han dejado a Rusia fuera del circuito del sistema financiero global, y el Tesoro de EEUU eliminó el mes pasado las lagunas que permitían a los inversores norteamericanos cobrar temporalmente los pagos procedentes de la deuda rusa. Según los acuerdos de los bonistas, si los inversores no reciben el dinero a finales del periodo de gracia, supondría un default de Rusia que sería el primero desde 1998. “Este no es un default al uso”, según el responsable de mercados de deuda emergente de Abrdn. “Es un país con un montón de dólares y gran voluntad de pago, pero maniatado”. No ha habido signo algún de pago, ni pistas de Rusia sobre la búsqueda de otra ruta para pagar en el último minuto. 

La Unión Europea va a financiar con 1,26 millones de euros una investigación en la que «participa de forma significativa» el EHU Quantum Center (EHU QC), informó ayer la Universidad del País Vasco. El proyecto T-NiSQ (Redes de Tensores en la simulación de materiales cuánticos) está financiado por la UE en el marco del programa europeo QuantERA y pretende desarrollar herramientas de diagnóstico para la validación de componentes cuánticos. El estudio, que durará tres años, está coordinado por el Instituto Nacional Italiano de Física Nuclear y, además del centro de investigación cuántica de la UPV/EHU, participan la Universidad de Innsbruck (Suiza), el Instituto Max Plack de Óptica Cuántica (Alemania) y Instituto Jozef Stefan (Eslovenia). T-NiSQ persigue crear algoritmos que usen los principios cuánticos para certificar y validar dispositivos de computación cuántica. «Los estudios y desarrollos en T-NiSQ son una herramienta esencial para comprender mejor los efectos dinámicos y de correlación fuerte en la materia cuántica y para su uso en el diseño de instrumentos específicos», explicó ayer la UPV/EHU.