Ofrece una gestión más moderna y ágil garantizando el rigor y la exigencia de los parámetros ambientales porque dedica una especial atención a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente bajo las premisas de la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial. Integra condiciones y requisitos y elimina los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades, pero manteniendo, a su vez, los elevados estándares de calidad ambiental propios de nuestra Comunidad Autónoma. Impide a los ayuntamientos vetar proyectos medioambientales avalados por la figura del Proyecto de Interés Público Superior (PIPS).