20220608

Varias decenas de empresas vascas aspiran a obtener ayudas procedentes de los fondos europeos dentro del PERTE que pretende impulsar el desarrollo y la producción del ‘vehículo eléctrico y conectado’. La convocatoria de ayudas, que se cerró el pasado viernes, contempla la aspiración de contar con dos fábricas de baterías en el País Vasco. Una de ellas está impulsada por Mercedes Benz, para abastecer las necesidades de su planta de producción de vehículos de Vitoria; y la segunda lleva la firma de Irizar, con destino a sus autobuses eléctricos. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, señaló ayer a El Correo que «hay razones para sentirse satisfechos» de la participación del País Vasco en el PERTE del automóvil eléctrico, ya que se han conseguido dos hitos importantes. «Hay empresas vascas presentes en los proyectos de los principales fabricantes, Volkswagen, Stellantis, Renault y Mercedes, además de Irizar en autobuses; y esta participación va más allá de la tradicional producción de componentes para el sector del automóvil». Así, se refería al hecho de que haya empresas vascas que van a participar en esas iniciativas que confluyen en la producción de vehículos eléctricos, con aportaciones «en el campo de la electrónica, de la conectividad, las tecnologías de la información e incluso en la ciberseguridad de los automóviles».

La junta de accionistas de la sociedad, el próximo día 23, se ha transformado ya en un campo de batalla. Será el próximo día 23 y el escenario, la junta de accionistas de Indra. La primera ‘colina’ que quiere conquistar el Ejecutivo de Pedro Sánchez también se intuye a la perfección: forzar un vuelco en el consejo de administración de esa compañía para que los consejeros ‘rebeldes’, los que se oponen a seguir las directrices del Gobierno, queden en minoría. Aún hoy son mayoría. El objetivo final, más allá de ese hito, es que Indra juegue un papel decisivo en el futuro de la empresa vasca ITP Aero, que Rolls puso en venta hace casi dos años y de la que espera salir en breve. Si les dejan elegir, Rolls quiere estar fuera antes del próximo 30 de junio, aunque la llave también la tiene el Gobierno, que debe aprobar la operación por una razón doble. La primera es que ITP es una empresa que tiene fabricación y actividades en el área militar –el avión europeo de combate Eurofighter y el mantenimiento de la flota aérea española–, y ello exige una autorización expresa del Ministerio de Defensa. La segunda razón reside en el decreto que aprobó el Gobierno, en plena pandemia, para evitar compras ‘indeseadas’ de empresas españolas por parte del capital extranjero ajeno a la Unión Europea. Un decreto que se ha prorrogado hasta diciembre de este año y que entra en juego porque el principal comprador de ITP será el fondo norteamericano Bain.

El Servicio Vasco de Empleo Lanbide ha detectado en lo que va de año el doble de casos de fraude para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En concreto, si el año pasado se contabilizaron 267 presuntos fraudes por documentación falsa, en lo que va de 2022 ya son 224, según datos aportados a este periódico por el Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco. Es decir, se ha pasado de detectar una media de 22 timos al mes a unos 44, el doble. A todos ellos se les ha retirado la ayuda «de inmediato». El esfuerzo en detectar las posibles estafas pretende acabar con un porcentaje preocupante, aunque minoritario, de beneficiarios que se burlan de los controles y logran trampear el sistema, como la trama destapada esta semana en Bizkaia, liderada por un inmigrante senegalés acusado de estafar más de un millón de euros a Lanbide. Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de los controles y de la colaboración con la Ertzaintza, Policía Nacional y Policías locales para detectar las estafas y suplantaciones de identidad.

O.N., senegalés de 41 años, ideó una trama con la que ha conseguido estafar al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, más de un millón de euros a lo largo de una década, según informaron ayer fuentes oficiales. Se trata del mayor desfalco en ayudas sociales descubierto en Bizkaia en los últimos años y de los más importantes del País Vasco. El «ideólogo», como le califica la Policía Nacional en la nota de prensa que confirmaba ayer la información, «creó 62 identidades falsas» para burlar los controles de la Renta de Garantía de Inserción, conocida como RGI, el salario que la sociedad vasca otorga a personas en riesgo de exclusión. Junto con él fueron detenidos otros 22 inmigrantes, la mayoría de ellos originarios de Latinoamérica, El Sahel –donde se ubican países como Senegal, Mali, Nigeria o Sudán– y el Magreb. O.N. utilizaba al resto de miembros de la organización para que se presentasen físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes y documentación falsificados para hacerse pasar por esas identidades ficticias y solicitar las ayudas sociales que en Euskadi se conceden a personas y familias en situación de necesidad. Él volaba a menudo a su país de origen. Los investigadores llegaron a contabilizar hasta una treintena de viajes, lo que indicaba su elevado nivel de vida, incompatible con el de una persona que cobra la RGI.

La fuga de camareros durante la pandemia –con los bares y restaurantes cerrados a cal y canto– a otros sectores como el comercio ha puesto en jaque a los propietarios de este tipo de establecimientos de cara al inminente periodo estival. A pesar de que la hostelería ha tirado en mayo con fuerza del carro del empleo en Gipuzkoa con 495 nuevos ocupados, la realidad es que este sector tiene una escasez acuciante de trabajadores cuando la ciudad se prepara para un verano que se presume especial por ser el primero sin mascarillas ni restricciones o limitaciones de horarios y aforos desde 2019. Así lo constatan diferentes bares y restaurantes con los que ha podido hablar este periódico. La conclusión es unánime. «Nos está costando un mundo encontrar camareros». Antton Otaegui lleva la gerencia del restaurante Kaskazuri situado en el céntrico Paseo Salamanca de la Parte Vieja, y del Muxumartin, en la calle Puerto. Otaegui sostiene que «durante la pandemia muchos trabajadores de hostelería se han desplazado a otros sectores. Ahora, con los picos que se producen en nuestro sector y la llegada del verano, todos necesitamos de golpe ampliar nuestras plantillas. "En general, toda la hostelería estamos ofreciendo contratos de 40 horas sujeto a convenio con un salario neto que ronda los 1.400 euros. Va a ser un verano con mucho trabajo. Si finalmente no conseguimos los camareros que precisamos, los dueños o propietarios tendremos que trabajar el triple u ofrecer un servicio más reducido". 

El mercado inmobiliario ha arrancado con fuerza en Euskadi, con un repunte acumulado del 20% en las operaciones en el primer cuatrimestre, pero los precios no han subido al mismo ritmo. Al contrario, el valor por metro cuadrado ha registrado un tímido crecimiento (2,85%), que contrasta con la evolución media del Estado, que roza el 10%, alimentada sobre todo por el empuje de Madrid y las comunidades que son destino vacacional de muchas familias. Contención de precios en la CAV frente a los primeros indicios de sobrecalentamiento del sector estatal en un contexto en el que la inminente subida de tipos de interés invita a destinar ahorro a la compra de vivienda. En el lado de los vendedores, también se percibe que es momento de oportunidades y la cuantía de las operaciones acumula varios meses de subidas. Todo apunta a que el sector superará este curso los valores del ejercicio anterior, algo que sucede casi siempre, incluso en periodos críticos como los vividos durante la pandemia y las restricciones de movilidad. Sin embargo, el dinamismo en las operaciones no está alineado hasta ahora con la subida de los precios y la moderación parece que es, al menos de momento, la tónica.

ELA presentó ayer su último informe fiscal con datos que, según denunció, reflejan que «en Euskadi y Navarra se está aplicando el mismo manual de Feijóo y Ayuso». Así, criticó que las empresas «solo están pagando un tipo efectivo del 7,3% en el Impuesto sobre Sociedades» y exigió una urgente reforma para establecer un mínimo del 25%. Reclamó, además, un gravamen específico del 50% para «los beneficios extraordinarios que están registrando eléctricas, petroleras y bancos a costa del sufrimiento de los ciudadanos»; y también abogó por elevar los tributos al capital y las rentas altas. El documento lo presentaron el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el responsable del Gabinete de Estudios, Mikel Noval, que se quejaron de la «falta escandalosa de datos». Apuntaron en este sentido que la cifra del tipo efectivo del 7,3% es de un informe de la Hacienda Foral de Bizkaia de 2019. Según explicaron, si se aplicase el 25% «sin exclusiones de ningún tipo en materia de deducciones e incentivos fiscales», se recaudarían 2.300 millones de euros más en Euskadi.

El Gobierno vasco destina anualmente 15,9 millones de euros para financiar a los 724 liberados sindicales de la estructura de la Administración del Ejecutivo y de la red de entes autónomos y sociedades públicas. Las cifras reflejan un cierto ajuste sobre las últimas que se hicieron públicas en 2011, cuando en plena crisis financiera el Gobierno de Mariano Rajoy planteó un recorte importante en estas retribuciones. Entonces, los liberados para trabajar en representación de los trabajadores de la Administración autonómica vasca eran 843 y el coste ascendía a 16,4 millones de euros. De los 724 liberados de los que el Ejecutivo ha dejado constancia en diversa documentación trasladada al Parlamento, 379 lo son a tiempo completo y 345 son representantes con disponibilidad de horas en su jornada laboral para estas tareas. En cuanto al coste, el montante del salario de estos trabajadores que cuentan con el 100% de su jornada y las horas de los que tienen disponibilidad parcial asciende a 9 millones de euros, mientras que los contratos de sustitución alcanzan los 6,9 millones. Y es que, según explican desde el Gobierno vasco, solamente se sustituye a aquellos liberados que destinan toda su jornada a tareas de representación de los trabajadores.

El sector turístico tiembla por su ansiada recuperación tras asistir en las últimas semanas a un colapso en los aeropuertos de Europa. La falta de personal y de agentes de policía, así como los controles más estrictos a los viajeros británicos por el Brexit, han causado cancelaciones y demoras en los viajes, que han acabado con miles de viajeros en tierra. Tras más de dos años de penurias por el coronavirus, el sector turístico encara esta campaña de verano con la ilusión de un niño el día de Reyes. Sin embargo, no va a ser tan sencillo y ahora se topa con un nuevo contratiempo: el caos registrado las últimas semanas en aeropuertos europeos pone en alerta al sector a las puertas del verano. Los problemas son variados —falta de personal en los aeródromos, controles más estrictos para los viajeros británicos por la salida del Reino Unido de la UE y carestía de agentes de policía—. La primera consecuencia es la pérdida de conexiones por los retrasos que provoca, extremo que niega Interior que suceda en España. Y el efecto más temido para el sector es el freno que puede suponer para el turismo.

Telefónica España ha decidido ofrecer a toda la plantilla su modelo de semana laboral de cuatro días, incluida en la prórroga del II Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), acordada con los sindicatos en 2021, y bautizada como jornada semanal flexible bonificada. La compañía considera que la prueba piloto realizada en los últimos meses ha dado buenos resultados, y ahora está en condiciones de extenderla al conjunto de los trabajadores. A final del pasado año, Telefónica comenzó una prueba piloto sobre este modelo de semana de cuatro días, con el que la compañía aspiraba a revolucionar las relaciones laborales. Cerca de 150 trabajadores se acogieron de forma voluntaria. Según señaló la empresa entonces, este número era suficiente para evaluar los posibles ajustes de operativa y eficacia de los equipos. Ahora, este modelo de jornada se va a extender de forma definitiva en Telefónica, con las mismas condiciones establecidas en el citado acuerdo en el convenio. Bajo la jornada semanal flexible bonificada, los empleados trabajan 32 horas a la semana, ocho horas diarias de lunes a jueves. De la reducción de jornada semanal de 5,5 horas, la empresa bonifica una hora, en torno al 20%.

Las mujeres tendrán que suponer un 40% en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Este porcentaje se reduce el 33% si se tiene en cuenta todo el equipo directivo de la compañía. Ambas exigencias están incluidas en la directiva que pactaron ayer a última hora de la tarde los representantes del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, según informó la Comisión, felicitándose porque su iniciativa hubiera salido finalmente adelante. El texto, que una vez ratificado definitivamente tendrá que trasponerse a las legislaciones nacionales, contempla sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” cuando se incumplan las obligaciones en los procesos de selección, apunta el Ejecutivo europeo. El objetivo es que se alcancen las cuotas enunciadas a mitad de 2026. La directiva fija, en realidad, una representación mínima del 40% para el género infrarrepresentado, evidentemente mujeres dada la situación real. Y salió del Ejecutivo europeo en 2012, cuando todavía era presidente de la Comisión el portugués José Manuel Durao Barroso. Han pasado 10 años para que finalmente los dos órganos legisladores de la UE —el Consejo de la UE, o lo que es lo mismo, los Estados miembros, y el Parlamento— alumbraran un acuerdo político que ahora debe ser ratificado por ambas partes. El pacto fue posible, en buena medida, por el cambio de Gobierno en Alemania, puesto que era, precisamente, la excanciller germana, Angela Merkel, quien no veía la opción de fijar la obligación legal para que las empresas tengan cuotas de representación por género, según explican fuentes comunitarias.

La invasión rusa de Ucrania ha modificado por completo el mapa de abastecimientos energéticos de España, para asegurarse el suministro durante los próximos meses. Estados Unidos se situó en abril como el primer proveedor de petróleo de nuestro país gracias a la exportación de 808.000 toneladas, lo que representa un aumento del 332% (cuatro veces más) que en el mismo periodo de 2021, según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. El 15% del crudo que llegó a España procede del mercado estadounidense, lo que supone las importaciones más elevadas desde esa potencia mundial desde que se dispone de datos. Por poner en perspectiva la relevancia del nuevo socio energético, en 2021 las importaciones de crudo de EE UU representaron aproximadamente un 8% del total. En abril pasado le siguieron Libia, con 695.000 toneladas y el 12,9% de todo el suministro (un 45,8% más interanual); y Nigeria, con 644.000 toneladas y el 12% del total, con un incremento del 26%.

Repsol, la primera petrolera española, explicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “considera su negocio de exploración y producción como estratégico, lo cual incluye su mantenimiento y consolidación a largo plazo”. Sin embargo, “en el contexto de la gestión dinámica y permanente del porfolio de negocios”, el grupo “viene analizando diversas oportunidades y propuestas relacionadas con dicho negocio, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto”. La compañía salía así al paso de una información de Reuters en la que se apuntaba a que el fondo EIG Global Energy Partners está en conversaciones preliminares para adquirir una participación minoritaria del negocio de exploración y producción (upstream) de Repsol. Según fuentes del sector energético, el fondo estadounidense, conocido en España por financiar a grupos como Forestalia y Opdenergy, ha ofrecido a Repsol entrar en su división de upstream con un 25%. Un acuerdo de este tipo daría a Repsol más músculo para impulsar su carrera hacia las renovables, dentro del proceso de transformación histórico que está viviendo la empresa. Otra razón, quizás más relevante, es que la venta de parte del negocio clásico de Repsol supone un gran impacto a la hora de reequilibrar su balance de activos, dándole más peso precisamente a las energías limpias.

El aumento de la producción de Arabia y aliados se ve eclipsado por la pérdida potencial de Rusia. Es probable que la fiebre de los precios sólo se rompa cuando la demanda empiece a flaquear. Tras meses de presiones de la Casa Blanca, Riad cedió y acordó con otros productores de la OPEP+ acelerar la producción. La decisión adelanta a julio y agosto el aumento del suministro ya previsto por el grupo para septiembre, con un incremento mensual de unos 650.000 barriles diarios. El aumento trata de sofocar un repunte del mercado del petróleo que amenaza el crecimiento económico mundial y ha elevado los precios de la gasolina en EEUU a máximos históricos, causando un quebradero de cabeza político al presidente Joe Biden a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Analistas y un funcionario implicado en la diplomacia señalaron que el acuerdo apuntaba a un deshielo de las relaciones entre Arabia Saudí y la Casa Blanca de Biden. Muchos de los países miembros de la OPEP+ han incumplido sus cuotas de producción en los últimos meses, dejando la producción del grupo unos 2,6 millones de barriles diarios por debajo de lo previsto, según S&P Global. Esto supone casi el 3% de la demanda mundial de petróleo.

La estanflación amenaza con llegar. Un fenómeno económico que aúna precios muy elevados con un débil crecimiento y altos niveles de desempleo. Algo que el mundo no ha vivido desde la década de 1970, asegura el Banco Mundial en su informe de Perspectivas Económicas publicado ayer, en el que advierte de que el PIB mundial crecerá solo un 2,9% este año, cuando en enero, antes de que estallara la guerra de Ucrania, su previsión era de un 4,1%. Y los que más sufrirán las consecuencias serán los países europeos por la proximidad al conflicto bélico. El organismo con sede en Washington prevé que la actividad en la Eurozona crezca un 2,5% este año –1,7 puntos menos de lo avanzado en enero– por la desaceleración experimentada en la primera mitad de 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania y a los nuevos brotes de Covid-19 con la variante ómicrom a principios de año. Advierte de que la guerra conduce a precios de la energía cada vez más altos, graves problemas en las cadenas de suministro y condiciones financieras más estrictas. El organismo destaca que las subvenciones y ayudas económicas que la mayoría de potencias de la Eurozona –como España– están dando a sus ciudadanos ayudarán a «amortiguar» el impacto en las familias del alto precio de la energía. El problema, en su opinión, es que controlar los precios de la energía por parte de los gobiernos es una política que «puede conducir a distorsiones del mercado y a problemas ambientales».

El Consejo Europeo y la Eurocámara han alcanzado un pacto político para fijar ese marco legal comunitario que promueva en los países miembros de la UE unos salarios mínimos adecuados “para garantizar un nivel de vida digno”. “Las nuevas reglas protegerán la dignidad del trabajo y asegurarán que el trabajo se pague”, afirmó ayer Von der Leyen, celebrando un acuerdo con el que se da cumplimiento a su promesa, aunque el acuerdo, alcanzado por los negociadores técnicos, aún debe ser refrendado por los líderes de los 27 y el Parlamento Europeo. La futura directiva, propuesta por Bruselas en octubre de 2020, no fija un umbral salarial mínimo para los 27, lo que sería poco menos que imposible ante la disparidad económica y de rentas en el bloque, sino que se limita a señalar la posibilidad de aplicar “valores de referencia indicativos comúnmente utilizados internacionalmente” como el 50% o el 60% del salario medio bruto de cada país. Ese último porcentaje es al que se ha aferrado el Gobierno de Pedro Sánchez para encadenar cuatro subidas consecutivas del SMI en España. Pero si la norma no habla de cantidades, sí establece unas reglas de juego comunes en virtud de las que cada Estado miembro deberá evaluar si el salario mínimo fijado en su país es el adecuado para garantizar un nivel de vida digno atendiendo a las condiciones socioeconómicas, los niveles de productividad o el poder adquisitivo. No son recomendaciones. La norma obligará a los países del bloque a fijar un sistema de aplicación que incorpore mecanismos de control, supervisión e inspección “para garantizar el cumplimiento” y hacer frente a la subcontratación abusiva, el falso trabajo autónomo o las horas extra no registradas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley contra el despilfarro de alimentos, que afecta cada año en España a más de 1.300 millones de kilos de comida. Es decir, unos 31 kilos por persona. La futura ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario obligará a todos los agentes de la cadena –desde el agricultor y el ganadero, pasando por la industria y la distribución– a disponer de un plan de prevención para evitar excedentes. Además, sancionará con multas de entre 2.001 y 60.000 euros a quienes no presenten dicho proyecto. Las sanciones podrán llegar a los 500.000 euros en caso de reincidencia. Entre las medidas que incluye la norma, lista ya para iniciar su andadura parlamentaria, figura la obligación de que los restaurantes comuniquen a sus clientes la posibilidad de que se lleven las sobras, salvo en los establecimientos de bufé libre. Este servicio se ofrecerá sin coste adicional alguno, y los bares y restaurantes deberán ofrecer «envases aptos».