20240509

La presidenta de la organización empresarial vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo, reclamó ayer en público al próximo Gobierno vasco la puesta en marcha de un plan que permita recuperar las empresas que tuvieron que abandonar Euskadi como consecuencia del chantaje y la presión de la violencia terrorista de ETA. Un plan que, matizó, incluiría intentar recuperar también a los empresarios y las familias que se fueron por las mismas razones. Pérez Toledo hizo esta petición en la clausura de la asamblea anual de la patronal vizcaína, en presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, a quien dedicó unas palabras cariñosas y de reconocimiento para agradecerle la comprensión que ha tenido en torno a los problemas que afectan a las empresas. La presidenta de Cebek se extendió en la parte principal de su discurso en las secuelas que ha dejado en la sociedad vasca los años de terrorismo y, en concreto, la presión sobre los empresarios, al tiempo que llamó a «no justificar ni ser comprensivos» con lo que ocurrió. Tampoco eludió incidir en que ETA hizo un gran daño a la economía vasca, frente a quienes sostienen una tesis diferente. «Así que sigamos con el incómodo esfuerzo, pero necesario de no sólo calificar lo incalificable, sino también de cuantificar lo incalculable: el grave daño económico que el terror de ETA ha producido en Euskadi». Este tema fue objeto de polémica en marzo del pasado año cuando el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, declaró durante una conferencia que la organización terrorista «causó un daño humano pero no afectó a la economía vasca». La patronal vizcaína, que había mantenido silencio hasta ahora sobre aquellas declaraciones, quiso dejar clara su opinión apenas unas semanas antes de que se produzca el relevo en las carteras del Ejecutivo autonómico.

 El lehendakari Iñigo Urkullu ha agradecido esta mañana a los empresarios su compromiso con el desarrollo del país, pero ha advertido de que el trabajo “no está hecho” porque Euskadi “necesita un tejido industrial fuerte, que crezca día a día” para mantener los servicios públicos y la calidad de vida de la que gozan hoy los vascos. Por ello les ha pedido que sigan invirtiendo y creando “más empleo” y “con mejores condiciones laborales”. Urkullu ha clausurado la asamblea de la patronal vizcaina, Cebek, que celebra este año su 125 aniversario. Durante su intervención, la presidenta de la organización, Carolina Pérez Toledo, ha agradecido al lehendakari la “relación fluida, cercana y respetuosa” que ha mantenido con los empresarios en los 14 años en los que ha estado al frente del Gobierno vasco. Además le ha entregado una placa en “homenaje” a “una persona ejemplo de la colaboración público privada, de cercanía de las instituciones con el tejido empresarial vasco, con nuestra sociedad donde vivimos y trabajamos”. Los empresarios y autoridades presentes han aplaudido durante varios minutos al lehendakari antes de su intervención. 

Pasado y futuro centraron ayer el encuentro empresarial organizado por la patronal vizcaína Cebek. La mesa redonda que abrió su asamblea general, en el 125 aniversario de la entidad, usó la transformación vivida en las compañías Euskaltel, en la sociedad deportiva Eibar y en las plantas de valorización de Zabalgarbi. Además anunció los retos como el freno que la fiscalidad pone a las inversiones, las altas cifras de absentismo, el problema demográfico o la conflictividad social que se volvió a reivindicar el 1 de Mayo. «Me dio mucha pena escuchar que solo mediante la confrontación y el enfrentamiento se consiguen ventajas», se lamentó el director de Euskaltel y presidente del Clúster Financiero e Inversor BasqueFIK, Jon Ander de las Fuentes. Durante los 28 años de historia de Euskaltel, ésta ha transitado desde la revolución traída por la telefonía móvil y la televisión por cable a las nuevas realidades que avanza en la actualidad la inteligencia artificial. Ahora De Las Fuentes envió un mensaje al futuro Gobierno vasco, al que recordó que «la parte pública tiene que facilitar un entorno y un marco predecible, sostenible y coherente». Durante la mesa redonda, moderada por Juanjo Álvarez, el director de Euskaltel incidió en que más allá de recurrir a los salarios como elemento tractor de talento, las empresas necesitan impulsar proyectos «retadores y que planteen algo diferencial» que realmente atraigan trabajadores, incluyendo aspectos como el «punto de vista emocional».

Impulso fiscal a la atracción y creación del talento innovador en Gipuzkoa. Las Juntas Generales aprobaron ayer un nuevo régimen especial dirigido a personas fundadoras de entidades innovadoras de nueva creación o ‘start-ups’. La clave de bóveda de esta medida se encuentra en la exención del 30% de los rendimientos íntegros de trabajo (IRPF) para este año desde la constitución de la empresa hasta los siguientes diez periodos impositivos en aquellos emprendedores que sean propietarios en un 5% de la entidad innovadora. Gipuzkoa se convierte así en el único territorio vasco, y también de toda España, que lanza un plan con este tipo de ventajas fiscales.El universo emprendedor de Gipuzkoa comprende a algo más de 300 ‘start-up’ tecnológicas a las que se les atribuye una valoración que ronda los 313 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres esa cifra (siempre teórica) desde el año 2018, según el informe ‘Ecosistema vasco de emprendimiento’ del Gobierno Vasco. No todas estas empresas de nueva creación se beneficiarán de inmediato de esta ventaja fiscal de la Hacienda foral, puesto que tienen que cumplir con los requisitos previamente descritos. Algunas de estas ‘start-ups’ pueden haberse vendido a posteriori, crearse como sociedad y pasar después a persona física, que su empresa no tenga un perfil innovador o que el fundador no alcance el 5% de propiedad de la empresa. De inicio, según ha podido saber este periódico, serán 64 personas emprendedoras los potenciales beneficiarios de esta exención en el IRPF del 30% este año, con un impacto para las arcas forales de 160.000 euros, aunque el objetivo del plan es ayudar a una cantidad mucho mayor. El diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, explica a este periódico que «con este nuevo régimen fiscal buscamos posicionar a Gipuzkoa como un referente en ciencia e innovación, donde surjan proyectos innovadores a nivel mundial. Se trata de un gesto con los emprendedores, puesto que los sueldos que tienen los fundadores en esos primeros años son inferiores a los de su equipo de trabajo. Con esta ventaja fiscal queremos apuntalar, reconocer y agradecer a esas personas que dan el salto a esa cultura emprendedora».

«Espabilar» y «aprovechar». Esos son los dos verbos que más utiliza José Luis Bonet (Barcelona, 1941) cuando se le pregunta por la economía alavesa. El presidente de la Cámara de Comercio de España visita hoy Vitoria con motivo de la 38 edición de los Premios a la Internacionalización de las Empresas Alavesas. Se encargará de abrir esta cita del empresariado del territorio, organizada por la Cámara de Comercio, con la conferencia ‘La internacionalización, necesaria para la competitividad de las empresas alavesas’. "Mercedes tiene que hacer su parte y transformarse para el futuro. Tiene una oportunidad extraordinaria, única, en los fondos Next Generation. El que no haga la transformación necesaria en todos los capítulos que dictan los Next Generation se quedará fuera de juego. Dicho esto, hay que aprovechar todas las oportunidades y todos los recursos. No diría que esto signifique penalizar la industrialización, al contrario. Hay que hablar de reindustrialización, de una transformación del tejido productivo...En materia fiscal, las administraciones territoriales tienen que espabilar, seguro. Yo hablo como catalán y allí hay una anomalía: una voracidad recaudatoria que no puede ser. Tiene que haber una consolidación fiscal tanto en el Gobierno central como en los territorios. Empezando por el gasto: la consolidación fiscal no solo es subir los impuestos. Hay que mirar en qué se gasta el dinero, evitar duplicidades..."

El Partido Nacionalista Vasco aprieta al Gobierno para que haga cambios importantes en el marco laboral español. Ha introducido dos enmiendas en el Congreso que, de aprobarse, harían que los convenios provinciales y autonómicos tengan prioridad sobre los estatales en materias tan relevantes como el salario, la distribución de la jornada, las vacaciones o el horario. El Ejecutivo ya había aceptado dos veces, a instancias del PNV, incluir la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal siempre que su regulación supusiera una mejora de las condiciones. Primero fue en el borrador de la reforma laboral en 2021, pero entonces la resistencia de la patronal y UGT hizo que se suprimiera. Y la segunda vez fue en la reforma del subsidio por desempleo, cuyo decreto fue tumbado en el Congreso en enero. Sin embargo, el PNV ha ido ahora más allá: ha añadido en las enmiendas que también tengan prioridad los convenios provinciales, lo que supondría una mayor atomización de las negociaciones y llevaría de nuevo a los años noventa, cuando la conflictividad era más acusada. Y en una de sus dos enmiendas incluso establece que se podrían empeorar las condiciones laborales de los convenios estatales. El Ejecutivo ya pactó con el PNV en el acuerdo de investidura que se aprobase la prevalencia de los convenios autonómicos siempre que mejorasen las condiciones. Pero una parte del Gobierno se resiste a que se sumen ahora los provinciales. Y todo el Ejecutivo rechaza que pueda aprovecharse esta regulación para deteriorar la situación del trabajador. “La negociación está siendo complicada”, admiten fuentes gubernamentales.

Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, no entra a valorar la prevalencia de los convenios autonómicos, pero se muestra en contra de que estas modificaciones se legislen al margen de los agentes sociales porque es una materia que está en el ADN del diálogo social. Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, comparte la crítica de que se esté negociando sin contar con los interlocutores sociales. Sin embargo, es partidaria de abrir el debate sobre estos cambios. Considera que hace falta racionalizar los numerosos convenios provinciales que existen porque no en todos se ejerce una capacidad de negociación real. A su juicio, la solución pasa por reforzar los autonómicos: “Hay muchos y están funcionando bien”, concluye. Si bien matiza que también se necesitan los estatales. Jesús Lahera, catedrático de la Complutense y consultor de Abdón Pedrajas, explica que el ámbito provincial de negociación ya predominaba en los noventa y se fue abandonando. Fuentes de la patronal creen que estos cambios serían desleales con la reforma laboral de 2021. Entonces, ya se decidió desecharlos. Se romperían los equilibrios que se alcanzaron con este pacto, afirman. Y tampoco gustaría a la Comisión Europea, pues podría ver esta iniciativa como una quiebra de la unidad de mercado y una modificación por la puerta de atrás de la reforma laboral, por la que España ha recibido fondos comunitarios.

El termómetro de la economía vasca –una herramienta del Gobierno vasco para medir mes a mes la situación de la actividad económica de Euskadi– alcanzó en el mes de abril un valor de 91,4, mejorando sensiblemente el resultado de marzo (84,5) y acercándose así a la zona de ‘crecimiento sólido’, fijada a partir de los 100 puntos. Según informó ayer el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, el valor alcanzado el pasado mes propicia que la economía de la comunidad autónoma recupere prácticamente el escenario de hace un año, cuando en abril de 2023 este termómetro marcaba un valor de 93,5 puntos. El departamento dirigido por el consejero en funciones Pedro Azpiazu señala que esta mejoría se apoya en varios indicadores, como son el consumo privado y el público, que mantienen el vigor que ya venían mostrando los meses anteriores, y pese a que el crecimiento de la inversión es más suave el saldo exterior mejora. Además se destaca que la producción industrial (IPI) en Euskadi rompió con la tendencia de los últimos meses y «mejora las perspectivas del sector». En concreto, el IPI se incrementó un 2% respecto al mismo periodo del año anterior con todos sus componentes al alza, salvo los bienes de consumo duradero y la energía. Asimismo, y como añadido a esta mejoría de la economía vasca, los servicios siguen impulsando el crecimiento y el empleo. Ver termómetro Gobierno vasco. 

La Formación Profesional vasca sigue su tendencia al alza y vuelve a aumentar su oferta de plazas para el próximo curso 2024/25, en el que dicha cifra será de 64.105, casi un 10% más de las que se anunciaron hace un año para el curso actual. Otra de las grandes novedades del nuevo curso que arrancará en septiembre es la del estreno de un nuevo certificado profesional, correspondiente al Grado C. Este será un ciclo formativo «flexible» destinado a trabajadores y desempleados «en el que el alumno va a decidir qué partes del mismo le interesa estudiar», explicó ayer el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, que estuvo acompañado en el acto de presentación del nuevo curso por Rikardo Lamadrid, director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, en el Politécnico de Easo. En este Grado C el estudiante se podrá matricular «únicamente en los módulos que le interesen», y generalmente será en horario vespertino porque está pensado para trabajadores y desempleados. Los títulos de este grado se dividen en unidades de competencia (alrededor de 120 horas que se acreditan). «Antes era el alumno el que se adaptaba a nuestros ciclos y ahora es al contrario porque podemos dividir los cursos en partes cada vez más pequeñas. Nosotros nos vamos a adaptar a los ritmos y necesidades de cada estudiante», aclaró Arévalo. En cuanto al incremento del número de plazas ofertadas, Arévalo explicó ayer que «está fundamentado en las necesidades que hemos detectado en las distintas ramas profesionales de las que se compone nuestra red educativa». Así, el representante del Gobierno Vasco apuntó que «los últimos informes de Adegi y Confebask sobre el empleo en Euskadi en el futuro más próximo y las reuniones que hemos mantenido con los distintos centros de FP del País Vasco y representantes de Lanbide nos han llevado a diseñar esta planificación para el próximo curso». Estas 64.105 plazas que se ofrecen son casi 10.000 más que las que se ofertaron para el curso 22/23.

CIE Automotive cerró un primer trimestre de 2024 «histórico» en el que batió «todas las marcas» y consiguió un beneficio neto «récord» de 93 millones, un 3,3% más respecto al mismo periodo del pasado año. La compañía presentó ayer esos resultados en el marco de la celebración de su junta general de accionistas en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el acto también destacó que en los primeros tres meses del año había facturado 1.036 millones de euros, un 3% más que en los mismos de 2023, con un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 191,6 millones, un 7% más, que supone un 18,5% sobre ventas. La compañía subrayó que estas «excelentes» cifras se completan, además de con el beneficio de 93 millones señalado, con una generación de caja operativa de 121,7 millones de euros. En el transcurso de la junta, el consejero delegado de CIE, Jesús María Herrera, destacó que a pesar del «freno» en la producción de vehículos en algunos de sus principales mercados fue un trimestre «histórico», con crecimiento orgánico «muy fuerte, de casi 5 puntos por encima del mercado». Herrera aseguró que 2024 va a ser «otro año de récord histórico» con unos «resultados sobresalientes» que consolidan a la firma como una de las empresas «más rentables del sector». De cara al futuro y en relación al plan estratégico 2025, afirmó que dada la «positiva evolución» de esa estrategia y las «buenas perspectivas» para los próximos trimestres, se reafirman en el mantenimiento de todos sus «ambiciosos compromisos».

El futuro de Álava conllevará un mayor grado de innovación y competitividad en sectores como la aeronáutica, la logística, la industria pesada, la economía del vino y sobre todo la automoción. En «esa apuesta por el talento y la divulgación de las más avanzadas e innovadoras formaciones tecnológicas» se encuentra, según destacó ayer el diputado general, Ramiro González, el centro de fabricación avanzada de Mercedes-Benz. El oficialmente denominado BAM (Basque Automotive Manufacturing Center) no estará en su sede de Júndiz hasta mediados de 2025, pero ya ha echado a andar en las sedes de sus impulsores el grupo Daimler, Gestamp y MB Sistemas del Grupo Mondragón. «Durante estos meses se han adquirido activos tecnológicos que en junio se instalarán en las fábricas de sus socios. También se han planificado y realizado las primeras contrataciones relacionadas con la nueva infraestructura del BAM», explicó en el pleno de control de las Juntas Generales. González reconoció que este novedoso centro necesitará personal con una formación específica.

Mercedes-Benz deja atrás sus ambiciosos objetivos en materia de electrificación de sus vehículos programada para 2030 ante el debilitamiento de sus ventas, según confirmó ayer en la junta general de accionistas del grupo su director general, Ola Källenius. «Continuaremos fabricando vehículos híbridos y con motor de combustión hasta bien entrada la década de 2030 si existe demanda», aseguró el directivo germano tras señalar que la transformación del modelo de negocio hacia la electrificación «podría tardar más de lo esperado». Este anuncio de Mercedes llega tras unos resultados decepcionantes en su división de coches eléctricos. El margen de beneficio de la compañía cayó al 9% en el primer trimestre del ejercicio, el más bajo de los últimos dos años y por debajo de las expectativas del grupo a largo plazo, al tiempo que advirtió de que los márgenes caerán aún más en lo que queda de 2024. La compañía con sede en Stuttgart está detrás de sus rivales en la transición hacia la electrificación. En el primer trimestre del año las ventas de vehículos eléctricos de la marca cayeron un 8%.

El centro tecnológico vasco Tecnalia, uno de los grandes referentes del sector, apuesta fuerte en 2024. A lomos de una facturación de 137 millones en 2023 (un 7,4% más) anuncia que duplicará este año sus inversiones (un 54,3% más) y que destinará 20 millones de euros a nuevos desarrollos, equipamientos e infraestructuras, dentro de su apuesta por crecer en computación cuántica, inteligencia artificial, fabricación avanzada, y en la movilidad sostenible y el hidrógeno, con la descarbonización como eje trasversal. El centro de investigación y desarrollo tecnológico, que tiene una de sus principales sedes en el Parque Tecnológico de Miramon, en Donostia, ha logrado el año pasado multiplicar por 13 cada euro de los fondos que capta en investigación para convertirlo en ingresos para el tejido empresarial. Estos datos son el resultado de la estrategia de transferencia de I+D+i a las empresas, con el objetivo de impactar en una doble vertiente, económica y social, y su actividad ha contribuido a generar 746 millones de euros de PIB en el País Vasco en 2023, según expuso en San Sebastián. El presidente de Tecnalia, Alex Belaustegui, y el director general del centro, Jesús Valero, destacaron que «conseguimos trasladar ese I+D+i a nuestro entorno y convertirlo en resultados para las empresas, en forma de iniciativas tecnológicas, startups y patentes». 

Jay Gambetta visitó Donostia en octubre de 2023, donde participó en una reunión para analizar la marcha de los trabajos para instalar un ordenador cuántico de IBM. Ahora, el vicepresidente de IBM-Quantum, ha regresado para intervenir en la conferencia Quantum Matter, organizada por el Donostia International Physics Center (DIPC). "Si hacemos una línea temporal, entre 1995 y 2000 fue el momento en el que se desarrolló la teoría y de 2000 a 2016 hubo experimentos de pequeño calado. Lo emocionante ha llegado ahora, cuando la computación cuántica puede ir por delante de la computación clásica. Ahora empieza la parte del descubrimiento de algoritmos...El mejor ejemplo puede ser la analogía con la computación clásica y en particular con la inteligencia artificial. Las bases, los fundamentos tanto de hardware como teóricos de inteligencia artificial se crearon hace 40 años y es ahora cuando de repente estamos viendo este crecimiento de la inteligencia artificial y todas las aplicaciones posibles. En el caso de la computación cuántica estamos en los primeros diez años y todavía no hemos llegado a esa explosión como ha ocurrido con la inteligencia artificial, pero llegará..."

Siemens Gamesa es una compañía vasca que fabrica aerogeneradores, pero también tritura consejeros delegados a una velocidad sin parangón. La multinacional Siemens Energy, propietaria de la empresa eólica, anunció ayer el cese de su actual consejero delegado, Jochen Eickholt. Superado por los problemas técnicos detectados en sus generadores hace más de un año y para los que todavía no se ha encontrado una solución y vencido por las pérdidas millonarias acumuladas en los últimos ejercicios, el primer ejecutivo de Gamesa finaliza su singladura. Eickholt es el tercer consejero delegado que pierde su puesto tras Markus Tacke y Andreas Nauen, al frente de la compañía desde que Siemens y Gamesa formalizaron su fusión hace siete años, en abril de 2017. Su puesto lo ocupará Vinod Philip, otro ‘hombre de la casa’, que hasta ahora ocupaba una dirección global de la compañía y que tiene una dilatada experiencia en el área técnica, el punto débil de la empresa. El relevo se producirá de forma efectiva en agosto. Eickholt, curtido en el seno de la multinacional Siemens y especializado en enderezar negocios complicados, fue situado al mando de Gamesa en febrero de 2022 en una especie de operación desesperada. Las pérdidas se acumulaban en la empresa por los retrasos en la construcción de algunos parques eólicos en el norte de Europa y el margen de negocio se había ido por un sumidero fruto de un alza de precios de las materias primas que no se podía compensar. Los aerogeneradores se comprometen con los clientes con una antelación de hasta tres años y Siemens Gamesa tenía todos sus contratos firmados sin revisiones de precios. Además, Siemens Gamesa tiene paralizada la fabricación de aerogeneradores terrestres desde el pasado verano, después de detectarse serios problemas técnicos en sus plataformas 4.X y 5.X, de las que ya habían instalado más de 200 unidades en el mundo. Unos fallos que han provocado una riada de indemnizaciones, que también han aumentado al no poder cumplir los plazos de entrega con los clientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba seis años sin acudir a un acto del Instituto de la Empresa Familiar. Siempre excusaba su asistencia para no atender a una organización que reúne a un centenar de las empresas grandes de España. En conjunto representan una facturación equivalente al 25% del PIB y dos millones de trabajadores. Pero ayer, el presidente sí aceptó clausurar, con tono conciliador, la asamblea que la institución celebró en el Teatro Real de Madrid. Los empresarios no tardaron en descubrir los mensajes que quería trasladar Sánchez. El primero, el presidente quería pedirles que aprovechen la “bonanza económica para subir los salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”. En segundo lugar, Sánchez hizo a los empresarios una petición inusual: que “le ayuden a defender la democracia, como el único sistema que es capaz de aunar justicia social con libertades civiles y con crecimiento económico”. Precisamente, en un momento en el que el presidente ha emprendido una campaña contra el PP y algunos medios de comunicación, a quienes acusa de intentar derribarle con la propagación de bulos. Así llama Sánchez a algunas de las informaciones que se han publicado últimamente sobre las actividades de su mujer. El presidente recalcó que su Gobierno “apuesta por la convivencia” y la política útil, para favorecer la estabilidad social”. “Es el círculo virtuoso que alimenta la apuesta por la convivencia y por la política útil, que humildemente estoy intentando poner en marcha desde la presidencia del Gobierno”.

Una carta firmada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que se advierte a las empresas españolas con intereses en Israel del «genocidio» en la Franja de Gaza derivó ayer en un nuevo cisma en el Gobierno de coalición y, a su vez, en otro choque diplomático con el Estado hebreo. Un roce que escaló a la categoría de protesta formal por parte de la embajada israelí en Madrid, que acusó a parte del Ejecutivo de «dar alas a Hamás». La misiva del ministro de Sumar, que alecciona a estas compañías sobre el «riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos» en el territorio gazatí, causó también estupor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde reconocieron que desconocían el envío, al tiempo que recordaban al socio minoritario del Consejo de Ministros que «Israel es un Estado amigo». «Amigo del genocidio», respondieron casi inmediatamente desde la cuenta oficial de Sumar en las redes sociales, cuando la polémica ya se había descontrolado. Los de Yolanda Díaz llevan semanas lamentando que Pedro Sánchez no reconozca de forma urgente al Estado palestino –el domingo, en un mitin de la campaña catalana la vicepresidenta segunda urgió al presidente a hacerlo esta misma semana–, y ahora optan por elevar el tono y practicar una política de «ruido» de la que hace meses renegaban para marcar perfil propio en pleno ciclo electoral y cuando las protestas por la situación en la región empiezan a extenderse a las universidades españolas.

En una especie de efecto boomerang, Iberdrola ha sido reconvenida y condenada a rectificar una publicidad que Autocontrol, el organismo creado en España para vigilar los mensajes publicitarios, ha calificado como «no veraz». Lo más curioso del caso es que el denunciante que presentó la reclamación no es otro que Repsol, empresa que a su vez ha sido objeto de una doble demanda de Iberdrola –ante Autocontrol y más tarde en los tribunales– por supuesta «publicidad engañosa». Iberdrola ha matizado que la campaña censurada tan solo estuvo activa durante dos días, a principios de febrero, y que será sustituida por otra nueva. Al tiempo, ha mostrado su disconformidad con la resolución y critica con dureza las decisiones de Autocontrol a quien acusa de haberse situado del lado de Repsol. Este es un episodio más en el enfrentamiento público entre ambas compañías en torno a la transición energética y más en concreto sobre las estrategias comerciales para atraer a clientes. Autocontrol está formado por 600 empresas –anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación– que representan algo más del 70% de la inversión publicitaria que se realiza en España.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, auguró ayer una “larga vida” a los hidrocarburos, frente al mensaje que se intenta transmitir de que la electrificación de la economía acabará con esas fuentes de energía, consideradas más contaminantes. “En 2100, en la matriz energética, el petróleo y el gas –no el carbón– seguirán estando ahí”, expuso durante su intervención en el V Foro Internacional Expansión. Brufau comentó que, lejos de caer, “la demanda de crudo sigue subiendo y la de electricidad baja en España”. Uno de los vectores que debería impulsar a medio plazo el consumo eléctrico y hacer reducir el de los carburantes es la electrificación del parque de vehículos, dado que el transporte es uno de los sectores donde más emisiones se producen, pero esto aún no pasa, según el directivo. Repsol apoya el objetivo de descarbonización en 2050, pero ha sido una de las compañías más críticas en el cómo, esto es, en lo que se considera como una imposición por parte de los gobiernos de qué tecnología debe usarse y en la velocidad que debe imprimirse para conseguir esa meta a mitad de este siglo. “Desde el Acuerdo de París [de 2015], la única obsesión de Europa es liderar la reducción de emisiones. Hay que aplaudir el liderazgo, pero no a cambio de todo”, criticó. Brufau cree que éste podría ser uno de los motivos que explica la pérdida de peso de la economía europea en el mundo. Según los datos que aportó, mientras que en 2010 Europa y Estados Unidos suponían, cada uno, un 22% del PIB mundial, actualmente el Viejo Continente se ha diluido hasta el 17,5%, pero la primera potencia económica mundial ha consolidado su posición y ya supone el 25,5%. “Esto no sería preocupante si fuese porque otros como China crecen del 9% al 17%, sino porque EEUU nos ha sacado siete puntos de diferencia. Es gravísimo”, subrayó.

La empresa Solaria ha iniciado los trámites administrativos para construir tres plantas solares de considerable potencia en Álava. Esta misma compañía tiene varios proyectos renovables ya lanzados en el territorio vecino, pero la gran novedad radica ahora en que la electricidad producida por los huertos que se pretenden levantar en Zigoitia, Ribera Baja e Iruña de Oca se descargaría en Bizkaia. En concreto, en una subestación que se construiría en Zierbena, junto al Puerto de Bilbao. Este planteamiento obligaría a Solaria a levantar una línea de alta tensión (220 y 400 kv) de largo recorrido. De esta forma, el trazado tendría 101 kilómetros de longitud. Atravesaría Álava y Bizkaia, prácticamente de punta a punta, para transportar el fluido generado a partir de la fuerza del sol y volcarlo a la red. El tendido entraría en Bizkaia por Gordexola y afectaría a otros siete pueblos: Orduña, Güeñes, Barakaldo, Galdames, Trapagaran, Abanto y el ya citado Zierbena. En total habría que construir medio centenar de torres metálicas si se quiere completar una línea que en su tramo vizcaíno rozaría los 25 kilómetros. El proyecto está todavía dando sus primeros pasos. Los promotores han solicitado al Gobierno vasco la autorización previa y la declaración de impacto ambiental. Se abre ahora un plazo formal de 30 días para que instituciones, asociaciones, empresas o particulares puedan presentar alegaciones. 

El intento de compra de BBVA sobre Sabadell podría estar dando sus últimos coletazos. El consejo de Sabadell tomó el lunes la decisión de decir no a la fusión sabiendo que la posibilidad de mejora de la oferta era prácticamente nula. Carlos Torres avisó a Josep Oliu el domingo vía email de que el canje ofrecido (1 acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell) era inamovible porque el mercado había hablado y la evolución de la cotización se había comido toda la prima que estaba dispuesto a ofrecer, cercana al 50%. “La ecuación de canje propuesta [equivalente a 2,26 euros por acción en el momento de realizar la oferta] supone una importante prima del 30% frente a los precios del 29 de abril. Pero la prima es del 48% frente a los precios prevalentes cuando la consideró nuestro consejo, a mediados de abril, cifra que supera con creces la que entonces nos planteábamos ofrecer para iniciar las negociaciones”, indica el presidente de BBVA en el correo electrónico del domingo, hecho público ayer por Sabadell en un hecho relevante. “Es decir, en nuestra propuesta ya hemos agotado todo el espacio que teníamos, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de vuestra acción desde mediados de abril hasta el día 29”, concluye. Torres remarca que, desde que se hiciera pública la oferta el 30 de abril, el mercado “ha dejado claro que no hay más posibilidad de subida”. “La capitalización de BBVA –continúa– ha descendido en ese periodo en más de €6.000 millones”. “Esta situación impide absolutamente que podamos pagar más prima, porque si lo hiciéramos es previsible que de nuevo cayera nuestro valor (incluso en una cantidad superior al incremento en prima que hiciéramos)”, explica. La comunicación de Torres a Oliu provocó ayer movimientos opuestos en las cotizaciones de los dos bancos. Sabadell lideró las caídas en el Ibex 35 con un descenso del 4,33% (con un valor de mercado de 9.789 millones) hasta los 1,79 euros, mientras que BBVA sumó un discreto 0,93%, hasta los 10,29 euros. Antes de la presentación de la oferta, BBVA cotizaba a 11,69 euros.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, está pendiente de la concentración bancaria en un momento en el que se vive un nuevo episodio de operaciones corporativas en el país. En una entrevista realizada por Salvador Arancibia, adjunto a la dirección de Expansión, en el marco del V Foro Internacional, el gobernador destacó que “una excesiva concentración crea bancos demasiado grandes para caer y trae recuerdos de la crisis”. De Cos quiso dejar claro que esta “interesante reflexión” se hace al margen de la oferta de fusión de BBVA con Sabadell, rechazada por el banco de origen catalán. Asimismo, destacó que, en términos de supervisión financiera, resulta tan dañino un exceso de concentración como un defecto. “Una competencia feroz, que lleva a que las entidades generen beneficios muy bajos incluso por debajo del coste de capital es preocupante en términos de solidez de los bancos”, explicó el supervisor. Sin embargo, España no vive precisamente un momento de competencia feroz entre sus bancos y el grado de concentración se ha elevado de forma significativa. “En 15 años se ha vivido una situación de aumento de la concentración bancaria y, de un punto de partida muy bajo ya pasamos la media de los países más grandes a excepción de Países Bajos”, indicó De Cos, que no quiso pronunciarse de forma directa sobre la posible fusión entre BBVA y Sabadell o sobre si generará una excesiva concentración.

El Banco de España pasa a la acción y pedirá a los bancos un requisito de capital extra para 2025 y 2026. El organismo supervisor activará en los próximos días el colchón de capital anticíclico, un mecanismo que sirve para que los bancos acumulen capital durante las etapas de bonanza económica, para liberarlo y absorber pérdidas en momentos de crisis. En las últimas semanas, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, había sugerido la posibilidad de poner en marcha este colchón anticrisis, y según las fuentes financieras consultadas por este diario, exigirá un 0,5% en 2025 y otro 0,5% adicional en 2026. Teniendo en cuenta los balances actuales de los grandes bancos, eso supone para los dos años unas reservas extra de unos 14.000 millones de euros a las seis principales entidades (6.400 millones para Santander, 3.800 millones para BBVA, 2.320 millones para CaixaBank, 790 millones para Sabadell, 390 millones para Bankinter y 290 millones para Unicaja). En los últimos años, los supervisores bancarios vienen repitiendo como un mantra que en los años de beneficios récord e inviables, gresos nunca vistos gracias a los altos tipos de interés, los bancos deben guardar dinero en una hucha para usarlo en las épocas de dificultades económicas. “Las entidades bancarias deben utilizar el incremento de los beneficios que se está observando en el periodo reciente para aumentar su capacidad de resistencia y, de este modo, continuar desarrollando su función principal de proporcionar financiación a los hogares y empresas con proyectos aunque se materializaran los riesgos relevantes identificados en el actual entorno de incertidumbre”, aseveraba el propio Banco de España en la última revisión sobre el colchón de capital anticíclico, el pasado mes de marzo.

«Es un momento positivo y de ilusión». Así definió ayer la primera ejecutiva de Eroski, Rosa Carabel, la actual situación de la compañía después de que 2023 arrojara unas ganancias de 109 millones, un 70% más que el año anterior. Fue un ejercicio en el que además la compañía resolvió su deuda amortizando de golpe 703 millones de euros tras una emisión de bonos de 500 millones al 10,6%. Un escenario perfecto, explicó Carabel, para recuperar el tiempo que absorbió la amortización de 2.743 millones de deuda y lanzar un plan de inversiones que no tenía precedentes en la cooperativa de Elorrio desde hace 25 años. Y es que el nuevo plan estratégico contempla un despliegue de 450 millones de euros hasta 2026 con los que se afrontará la apertura de 159 tiendas y se incrementará la plantilla en 1.000 empleados más para poder alcanzar la cifra de 30.000 trabajadores. Y es que durante los últimos cuatro años Eroski había perdido ligeramente cuota de mercado en su zona estratégica: la zona norte de España que abarca Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. Desde 2020 su cuota cayó del 13,4% hasta el 12,8% actual. Eso sí, Carabel destacó que esta dinámica «se ha detenido» con las últimas aperturas y recordó que la cuota de Eroski se mantuvo sin cambios el año pasado respecto a 2022. El crecimiento con las 159 aperturas hasta 2026 se centrará, explicó la responsable de la cooperativa de distribución, precisamente en la zona norte, que es donde se concentrarán las tiendas propiedad de Eroski. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alcanzó ayer otro acuerdo con los sindicatos para poner en marcha un nuevo modelo de subsidio por desempleo que entrará en vigor en noviembre y elevará la prestación hasta 570 euros al mes, la extenderá a nuevos colectivos y permitirá compatibilizarla con un trabajo. Los empresarios, sin embargo, se descolgaron de este pacto y calificaron el acto de su firma de electoralista. La patronal CEOE denunció que no se había producido una «verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta», y afearon al ministerio de Trabajo dirigido por Díaz no presentar una memoria económica de sus propuestas. Es más, CEOE y Cepyme emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que «la premura del proceso para la firma (apenas día y medio después de presentarles la propuesta) responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo en Cataluña que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real». La ministra, que ayer evitó responder a la pregunta de cuál será el impacto económico de estos cambios, dijo sentirse muy «orgullosa» de una reforma que permitirá a los beneficiarios (cerca de un millón en la actualidad) «vivir un poquito mejor». Y puntualizó que «no es una ‘paguita’, es algo a lo que tienen derecho las personas trabajadoras». Pero todavía no está todo hecho para que esta nueva norma –que el Gobierno no tiene claro aún si la aprobará como real decreto o como proyecto de ley– vea la luz y cumplir así con uno de los requisitos de Bruselas para realizar el cuarto desembolso de fondos europeos. La nueva norma tiene que pasar por el Congreso, donde esta vez el Ejecutivo espera contar con el voto a favor de Podemos una vez que se ha cedido en retirar el recorte en la cotización para los mayores de 52 años, que fue el escollo para que decayera en su anterior intento. Ver nota CEOE

Ameriketako Estatu Batuekeko bonuen interesak gora egin dute, argitaratutako azken datuen arabera inflazioa garaituezin mantentzen delako. Ez dirudi datozen AEBeko hauteskundeen aurretik interes tasa jaitsierarik izango denik. Burtsek eta akzio merkatuek aurreko aste borobila izan dute. Inflazioa ez da altuegia, baina berean mantentzeak bi irakurketa posible ditu merkatuetan; alde batetik izan daiteke ekonomia txukun doala eta horrek suposatuko lukeela bonoetatik/errenta finkotik irten inflazioak aktibo hauen errendimenduak jaten dituelako, eta diru hori akzioetara bideratu hauen irabaziak ekonomia hazkundearekin lotura estuagoa izanda inflazioa gainditzeko gai direlako. Beste irakurketa negatiboaren arabera inflazioa hazkunde ekonomiko nabarmenik gabe ematen ari dela izan daiteke: estagflazioa. Gehiago irakurri hemen

La Administración Biden ha revocado las licencias de exportación que permitían a Intel y Qualcomm suministrar semiconductores a Huawei. Con esta iniciativa, Washington aumenta la presión sobre la empresa china de equipos de telecomunicaciones. Al parecer, la medida del Departamento de Comercio de EEUU afectará al suministro de chips para los ordenadores portátiles y teléfonos móviles de Huawei. El Departamento de Comercio confirmó a Financial Times que había “revocado algunas licencias de exportación a Huawei”, aunque no especificó qué empresas estadounidenses se verían afectadas. “Examinamos constantemente cómo nuestros controles pueden contribuir a proteger nuestros intereses de seguridad nacional y política exterior, teniendo en cuenta un entorno de amenazas y un sector tecnológico en constante evolución”, declaró un portavoz del departamento. “Como parte de este proceso, y como ya hicimos en el pasado, a veces revocamos licencias de exportación”, añadió. Una persona familiarizada con la situación dijo que el departamento de Comercio había notificado a las empresas que se verían afectadas, aunque no ofreció más detalles. Washington ya aplica duras restricciones a la venta de tecnología estadounidense a Huawei, pero los legisladores republicanos han instado al presidente Joe Biden a tomar medidas aún más drásticas contra el grupo chino. En opinión de los funcionarios de seguridad nacional, el grupo colabora con Pekín en el ciberespionaje en todo el mundo. Huawei ha negado las acusaciones.