20240503

Artículo de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, para el anuario 2023 de Estrategia Empresarial: "En términos generales podemos decir que 2023 ha cerrado el año algo mejor de lo que esperábamos. Con un crecimiento del 1’8% con respecto al año anterior, si bien muy por debajo de lo conseguido en ejercicios precedentes. En todo caso, la pujanza en la creación de empleo se ha mantenido, aunque también hay que destacar que, en este caso, el sector público ha copado buena parte del incremento de la ocupación, dos de cada tres...Por lo que se refiere a el consumo privado y la inversión, es cierto que crecen, pero en mucha menor medida que otros años, al acusar el efecto de la inflación y también el bajo ritmo de llegada de los fondos europeos. Este capítulo es especialmente relevante, porque esas ayudas están pensadas para contribuir de manera decisiva a mejorar la competitividad de nuestras empresas. En un entorno tan cambiante y trascendental como el actual, la urgencia para luchar contra el cambio climático, los nuevos paradigmas de la energía y la inteligencia artificial nos están haciendo cambiar de caballo a mitad de carrera...Veremos si durante este año se acelera la llegada de esos fondos europeos, aunque también es cierto que, excepción hecha de casos de sobra conocidos, en términos generales, las empresas vascas no están esperando a esas ayudas e invierten ya en la medida de sus posibilidades en todo aquello que suponga adaptarse a estos nuevos tiempos". 

La hipotética absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA es un suceso mercantil de consecuencias neutras para la hacienda vasca y más en concreto para la Diputación foral vizcaína. No cabe esperar ingresos adicionales para el fisco local si se consuma la operación pese a que BBVA, el banco que tiene su sede social en la capital vizcaína, daría un importante salto en su dimensión de negocio: 248.000 millones más de activos totales; 10.000 millones más de capitalización bursátil y 161.000 millones de euros que sumar al capítulo de depósitos de clientes. La clave hay que buscarla en el Concierto Económico, que delimita con bastante precisión qué tipo de empresas están al margen de la fiscalidad vasca. Así, toda compañía que tenga su sede en Euskadi pero que supere los 10 millones de euros en ingresos anuales y realice fuera del País Vasco más del 75% de su negocio debe aplicar la legislación del Estado, no la foral. También debe abonar la totalidad de sus impuestos –Sociedades e IVA, principalmente– a la Agencia Tributaria y ésta entrega al País Vasco tan solo una parte de lo que recauda de ellas, la que corresponde al porcentaje de negocio que realizan en Euskadi en relación a su volumen total. BBVA está sometido a este régimen, que en redacciones anteriores del Concierto Económico se denominaba ‘cifra relativa de negocios’.

Aún así, la posible fusión no ha gustado al empresariado catalán. El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que temen «la pérdida de la eficacia de un banco muy cercano a las empresas». La noticia tampoco fue bien recibida por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que quiso recordar que «necesitamos más entidades y no menos». Ha llovido mucho desde que en 1988 el Banco Bilbao de José Ángel Sánchez Asiaín y el Vizcaya de Pedro Toledo firmaran su fusión dando a luz a las siglas BBV, que en 1999 se completaron con la ‘A’ de Argentaria. Y en todo ese tiempo una dinámica constante ha sido la pérdida de peso vasco en el consejo de administración del BBVA, hasta el punto de que en la actual composición del órgano de gobierno del banco, no hay ninguno. La última fue la bilbaína Susana Rodríguez Vidarte, que terminó el mandato el año pasado. Y en puestos ejecutivos hay que retrotraerse a 2009, cuando José Ignacio Goirigolzarri, abandonó el puesto de consejero delegado. El actual presidente de CaixaBank completa, junto al alavés Román Knörr, la representación vasca en los últimos 15 años. El crecimiento internacional de los mercados y la importancia en aumento de otras áreas geográficas se han ido reflejando en la identidad del banco y en su volumen de activos aunque, eso sí, ha mantenido su sede social en Bilbao. El caso es que el banco que surgiría de la propuesta de absorción realizada por el BBVA sobre el Sabadell ahondaría en esa senda. El peso vasco se diluiría por la presencia de Cataluña, que aportaría tres consejeros del Sabadell al nuevo órgano de gobierno, aunque ninguno ejecutivo. Además, la propuesta de la entidad presidida por Carlos Torres plantea mantener una sede operativa en Barcelona, ya que el Sabadell, aunque trasladó su sede social a Alicante por el ‘procés’, cuenta en Cataluña con una importante estructura que integrar en la nueva entidad. Además, Sabadell perviviría como marca comercial. El otro polo que diluiría el contenido vasco del nuevo BBVA-Sabadell está en México.

Los despachos y consejos de administración de BBVA y Banco Sabadell viven horas de auténtico infarto. La propuesta de fusión lanzada el pasado martes por la entidad comandada por Carlos Torres ha supuesto una fuerte sacudida en el sector bancario español. Y, aunque el consenso coincide en que la oferta es mucho más atractiva que la acometida en 2020 –que fracasó principalmente por discrepancias en las valoraciones–, hay dos obstáculos que a estas horas amenazan con entorpecer la llegada a buen puerto de la operación. Fuentes cercanas a los movimientos que se están desarrollando desde el martes indican que en el consejo de Sabadell no ha sentado bien que la fórmula escogida por BBVA sea la de un canje de acciones (una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell), sin que al menos parte del pago se realice en efectivo. El reparto de poder sería otro de los focos del debate dentro del consejo de la entidad que aún tiene pendientes nuevas reuniones para analizar la operación antes de dar el ‘sí’ definitivo a BBVA o apostar por apretar un poco más para una mejora de la oferta, conscientes de que la reestructuración acometida en los últimos años permitirían a la entidad catalana seguir su camino en solitario. No solo se trata del precio –la oferta supone valorar a Sabadell en más de 11.500 millones de euros, con una prima del 30% que los analistas consideran muy por encima de lo esperado–, sino de cómo quedaría configurada la cúpula de la entidad resultante. BBVA ha ofrecido a Sabadell tres puestos de consejeros no ejecutivos. Y uno de ellos tendría el cargo de vicepresidente.

El coche eléctrico todavía suena a futuro y aún no termina de afianzar su presente. En los cuatro primeros meses del año en Euskadi el número de turismos enchufables (eléctricos e híbridos conectables) matriculados subió ligeramente respecto a las ventas que registraron en el mismo cuatrimestre del pasado año –de 919 hasta 957–, pero su penetración en el mercado baja. De representar el 12,03% de todos los vehículos vendidos en el País Vasco entre enero y abril de 2023, han pasado ahora al 11,87%. «Mes tras mes el mercado de vehículos electrificados puede crecer en volumen, pero no en cuota», lamenta el director general de la patronal de fabricantes Anfac, José López-Tafall. El segmento de los automóviles enchufables también permanece estancado en el resto de España, donde representan un 10,6% de todos los turismos matriculados en lo que va de año. Los datos apuntan a que no se logrará alcanzar los 280.000 coches electrificados este año. «A este ritmo ya podemos decir que no lo lograremos», señala el portavoz de Anfac. Análisis que comparten el resto de patronales (la de los concesionarios, Faconauto, y la de los distribuidores, Ganvam). «Sin las políticas adecuadas, desgraciadamente en nuestro país no funcionará el vehículo electrificado como ocurre en otros de nuestro entorno a los que tenemos que mirar si queremos cumplir los objetivos de descarbonización», alertan en Faconauto. En cuanto al conjunto de las ventas de turismos en Euskadi, el pasado mes crecieron un 14% (1.987 unidades) y remontaron la caída de marzo, mes en el que este año cayó Semana Santa. Así, el aumento acumulado en el primer cuatrimestre es de un 5,5%, con 8.063 coches nuevos vendidos.

Geroa, la EPSV colectiva creada entre patronal guipuzcona y sindicatos, se ha visto atrapada en la crisis de Holaluz. La compañía catalana de comercialización de electricidad e instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo ha multiplicado por seis sus números rojos hasta alcanzar los 33 millones. Geroa entró en el capital de la compañía en dos rondas de financiación hasta alcanzar un 6,68% de sus acciones. Lo que le da un asiento en su consejo de administración y una posición que ha empleado esta semana para no aprobar las cuentas de Holaluz del ejercicio 2023. Decisión compartida por otro de los socios, Axon, que con un 16,8% de las acciones sumó la mayoría necesaria para no formular las cuentas en el consejo de administración de la eléctrica. Una situación que provocó la suspensión de cotización de la empresa en el mercado secundario BME Growth. En el último año su pérdida de valor cotizado ha sido de un 56% pasando de 129 millones a 56. El negocio de la empresa se ha visto castigado por la caída del precio de la luz y sus fundadores, Oriol Vila, Ferran Nogué y Carlota Pi buscan a contrarreloj cerrar una financiación de 21 millones para evitar entrar en preconcurso. El contexto pone en peligro al inversión de Geroa, aunque el impacto es irrelevante en el conjunto de sus más de 2.800 millones de patrimonio gestionado.

En octubre de 2013, una pequeña comercializadora catalana irrumpió en la escena eléctrica al hacerse con la primera subasta de compra colectiva organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Denominada entonces Holaluz.com, pues solo trabajaba online, el éxito fue tal que a finales de ese año había logrado 15.000 nuevos contratos (a una media de 50 por día) frente a los apenas 2.000 con que contaba en esos momentos, y se vio obligada a aumentar su plantilla de 18 a 30 personas. Del crecimiento exponencial de la compañía en apenas una década da cuenta que en 2022 tenía ya una plantilla de 600 personas y una cartera de 370.000 clientes. Fundada en 2010 por la ingeniera industrial Carlota Pi, junto con Ferran Nogué y Oriol Vila, estos emprendedores partían de la creencia de que la liberalización del mercado eléctrico a finales de los años 90 no había favorecido a los consumidores, subyugados por el dominio de las grandes eléctricas. Conscientes del escaso margen que proporcionaba la comercialización, Holaluz recurrió a trucos como bajar la potencia, eliminar los servicios de mantenimiento de las facturas, amén de que, al contratar solo por internet, sus costes eran inferiores al de las grandes del sector y de que podían ofrecer un trato más personalizado. Desde sus inicios, Holaluz, que solo vendía y vende electricidad renovable, quiso transmitir la imagen de un activismo moral-energético que chocaba con la mala fama de las grandes del sector. Aquello le sirvió en un principio para captar clientes atraídos por ese aireado compromiso con la lucha contra el cambio climático y la transición energética de la empresa catalana. Grandes frases como la pronunciada por su presidenta, Carlota Pi, “Hemos creado Holaluz para salvar al planeta”, se hicieron habituales, al tiempo que la empresa se ponía como ejemplo de eléctrica comprometida y recibía una lluvia de premios. Pero Holaluz no tardó en convertirse en una eléctrica más, con sus multas por parte de la CNMC por supuestos engaños a clientes o al figurar entre las más caras en el comparador de tarifas del organismo regulador. Y es que, como ha quedado demostrado, “el margen en este negocio, en el que durante años se compitió con una tarifa regulada muy baja y ahora con precios negativos, es muy reducido o nulo”, opinan fuentes del sector.

Pérdidas multimillonarias, expedientes de regulación de empleo (EREs) masivos, problemas con los auditores, estrepitosas caídas en Bolsa e incluso suspensión de cotizaciones. Las empresas de renovables en España, que hace apenas un año todavía disfrutaban de un boom empresarial que parecía no tener límites, han entrado en una espiral de problemas que presagian lo peor: el estallido de una burbuja que, tarde o temprano, tenía que reventar. Holaluz fue suspendida ayer de cotización tras quintuplicar pérdidas y tener problemas para aprobar sus cuentas. El martes, se suspendió la cotización de Solarprofit, tras anunciar preconcurso de acreedores, situación en la que también podría acabar Holaluz. Es solo la punta del iceberg de problemas más graves que están afectando a todo el sector, y de los que la Bolsa ya viene anticipándose desde hace meses, como un mala premonición. Todas las grandes empresas de renovables independientes en España valen ahora menos que los máximos alcanzados en los últimos años. Unas cotizan en el BME Growth (la liga bursátil más pequeña en España). Es el caso de Cox, EiDF, Energy Solar, Enerside, Greening, Holaluz, Solarprofit y Umbrella. Otras cotizan en el Mercado Continuo (una liga mayor). Es el caso de Audax, Grenergy, Ecoener y Soltec. No se libran ni siquiera Acciona Energía y Solaria, que forman parte del Ibex (la Champions del parqué español). De media, las empresas de renovables se han dejado casi un 60% del valor desde sus máximos –normalmente entre 2021 y 2002– hasta hoy. En cuestión de meses se han evaporado más de 6.000 millones de euros de valor en Bolsa entre las empresas de renovables.

Geroa Pentsioak, la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo preferente de referencia en el territorio y en el conjunto de Euskadi, se benefició el año pasado de la buena marcha de los mercados tanto de renta fija como de variable (la Bolsa) y se apuntó una rentabilidad del 7%, una revalorización muy por encima de la experimentada por la inflación. Para este año, la rentabilidad esperada por la institución está «en torno a un 5,35%». Así consta en la Memoria anual de la institución controlada al 50% por Adegi y los cuatro principales sindicatos (ELA, LAB, CC OO y UGT), a la que ha tenido acceso este periódico. El organismo vio mejorar sus principales ratios a lo largo del ejercicio, como las aportaciones, las prestaciones o el número de empresas socias. En definitiva, un buen año para una Geroa que estuvo marcada a lo largo del ejercicio por la polémica, dadas las protestas de un grupo de socios críticos con la forma de cobro de las prestaciones y que demandan poder recibirlas siempre en forma de capital. «La evolución de los mercados financieros ha sido francamente positiva. El retorno a una rentabilidad positiva y atractiva de los activos sin riesgo no se veía desde hacía casi una década», se felicita Geroa en su informe anual, en el que hace un repaso de la situación geopolítica y macroeconómica de 2023 y en el que deja constancia de la buena marcha de las Bolsas y la deuda pública de medio mundo. Sólo China, matiza, «ha decepcionado en todas sus magnitudes». Esa rentabilidad del 7% hace referencia a la obtenida en el año por el Fondo I de los dos que tiene Geroa, el que atesora más dinero y que asume el riesgo de la inversión. El patrimonio de ese vehículo asciende a 2.581 millones de euros, frente a los 2.444 de cierre de 2022.

La ponencia que analiza la futura reforma fiscal vasca en las Juntas Generales de Gipuzkoa, y por la que desde hace tres meses vienen pasando expertos de distinta índole, acogió ayer la intervención de Ignacio Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, quien urgió a mejorar e intensificar las ventajas fiscales de las entidades de previsión social voluntaria de empleo preferentes, como Geroa, si realmente se quiere generalizar su implantación como complemento a las pensiones de la Seguridad Social. El responsable de las EPSV vascas recordó las bondades de esta fórmula, tanto para los partícipes como para el conjunto de la sociedad y la propia Administración, y urgió también a que sea el diálogo social, el mantenido entre patronales y sindicatos, el que dé soporte a ese impulso, toda vez que este tipo de EPSV han de encardinarse en los convenios colectivos. Durante su intervención en las Juntas, Etxebarria ha planteado varias propuestas concretas. Por ejemplo, mantener los actuales límites de reducción (5.000 euros para el trabajador y 8.000 para la empresa) aumentándolos para los autónomos por su doble condición de trabajador y empresario. También sugirió incorporar deducciones adicionales en cuota (más intensas en los primeros años) a partir de determinadas cantidades, recuperando además las que hubo en el Impuesto de Sociedades. De la misma forma, resaltó el presidente de la Federación de EPSV, sería necesario «incorporar incentivos al cobro en forma de renta, con exenciones ligadas a los años durante los que se permanezca en el sistema. Eso sí, pidió un tránsito «sosegado» al nuevo marco.

ArcelorMittal, que presentó ayer sus resultados del primer trimestre con un beneficio neto atribuido de 875,2 millones de euros –un 14,4% menos respecto al mismo del año pasado–, destacó sus «buenas perspectivas» para el sector y remarcó el aumento de la carga de trabajo en la planta vizcaína de la ACB de Sestao, así como de su plantilla tras incorporar a 35 personas en abril. ArcelorMittal indicó que ese incremento de carga de trabajo y de plantilla en la ACB se han debido «a la demanda cada vez mayor de acero con bajas emisiones de carbono», donde la acería de Sestao «está bien posicionada». Asimismo, la multinacional indicó que la situación en las otras plantas ubicadas en Euskadi, la vizcaína de Etxebarri y la guipuzcoana de Olaberria, también se caracteriza por «una buena cartera». En el caso de la ACB, en abril se puso en marcha un quinto equipo de trabajo, lo que supuso la contratación de 35 personas para producción y mantenimiento, de manera que en la actualidad su plantilla es de 350 personas. El objetivo de producción de esta factoría para este año es de 600.000 toneladas, si bien se prevé incrementarlo para el ejercicio 2025 si la demanda de acero producido con bajas emisiones de carbono «sigue siendo positiva».

El grupo de aceros especiales Sidenor sufrió los efectos de la caída de precios del acero y de los altos costes energéticos en 2023. La facturación se recortó un 12% y se colocó por debajo del listón de los 1.000 millones que había rebasado el ejercicio anterior: 938 millones de euros. La rentabilidad empeoró un 63% y el beneficio fue de 23 millones, lejos de los 62 millones de 2022. Su presidente, José Antonio Jainaga, considera “buenos” estos resultados, habida cuenta del entorno económico que vivió Sidenor el pasado ejercicio, con tensiones geopolíticas, incertidumbre política en España y altos tipos de interés. La debilidad de la economía se dejó sentir en la industria del acero en la segunda mitad del año. Para 2024 resulta “difícil” hacer previsiones ya que el escenario sigue incierto. Por ello, Jainaga reclama flexibilidad para adaptar al entorno la capacidad productiva. Sidenor depende, sobre todo, del sector europeo de automoción, donde está su principal mercado, pendiente ahora de la transición energética y el coche eléctrico. Suministra piezas para conjuntos de transmisión, motores de combustión y eléctrico, cajas de cambios y dirección. La firma siderúrgica proyecta diversificar más allá de la automoción, hacia los sectores eólico, ferroviario, minero, defensa, maquinaria y gas y petróleo. Asimismo, prevé entrar con sus productos en los nuevos componentes de la electrificación.

Alrededor de 1.200 personas se manifestaron ayer por las calles de Zorroza para reclamar la salida del barrio de las plantas de Sader y Profersa, a quienes culpan de generar malos olores y contaminación ambiental. La protesta estuvo convocada por una plataforma en la que se integran once colectivos vecinales y civiles, y tres grupos sociales, y su lema fue ‘Por un aire limpio en nuestros barrios’. La afluencia superó las previsiones y en algunos puntos del recorrido hubo que detener la marcha porque la cabecera iba a juntarse con la cola en algún recodo. El conflicto en torno a estas dos plantas, del grupo Agaleus, viene de lejos, de hace muchos años. Pero todo se enconó hace una semana, el pasado viernes, cuando se produjo un incidente en la fábrica de fertilizantes Profersa. Una reacción química involuntaria desató una humareda blanca muy estridente que salió por los laterales de la factoría al mezclarse ácido y agua. Aunque las autoridades aseguraron que «no hubo daño para la salud», los vecinos siguieron el incidente con mucha preocupación y sirvió para alimentar la ola de rechazo a estas instalaciones. Portavoces vecinales dicen no creerse las tesis oficiales y están convencidos de que sí hay contaminación.

Los tres grandes representantes de la industria española de componentes para automóviles –Gestamp, Cie Automotive y Antolin– atraviesan un momento dulce, después de cerrar 2023 con resultados históricos de rentabilidad para las dos primeras y rozando el break even en Antolin. Esta mejoría de los resultados del Big 3 español del sector se produce en un entorno de inflación y recuperación de los volúmenes de producción de vehículos y está vinculado con los planes de expansión internacional que tienen las tres compañías. Gestamp, Cie Automotive y Antolin cuentan con una presencia global muy extensa, con más de 320 plantas entre los tres, de las que casi 30 están situadas en Estados Unidos y otras 29 en México. Las tres empresas están inmersas en una ofensiva de crecimiento internacional, aunque no tienen las mismas expectativas en todos los mercados y han puesto el foco en Asia. La fuerte apuesta por China y Asia se está llevando a cabo de forma paralela a un frenazo en los planes de las tres compañías en EEUU, un país clave para ellas. Los motivos son el escaso crecimiento en un mercado ya maduro en comparación con las posibilidades que se abren en Asia y Latinoamérica. Gestamp, el mayor fabricante español de componentes por volumen de ingresos, ha identificado un claro punto de mejora en Norteamérica que le ha llevado a diseñar un plan específico en la región, denominado Phoenix. La empresa opera nueve plantas en EEUU y siete en México. No obstante, se trata de la única región de las que opera donde su rentabilidad está por debajo de los datos pre-Covid.

Buenos tiempos para la actividad industrial en España, o al menos mejores que los que el país venía navegando en los últimos meses. Así lo indican los datos del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), estadística actualizada ayer por S&P Global con los números del mes abril. Las últimas cifras disponibles indican que la actividad manufacturera apuntó al alza a lo largo del mes pasado, al llegar a los 52,2 puntos, desde los 51,4 de marzo. Hay que tener en cuenta que cualquier dato por encima de 50 es positivo, puesto que en ese umbral se encuentra la ausencia de cambios en la actividad y, por tanto, es negativo por debajo del mismo. En concreto, la cifra alcanzada en abril supone el tercer mes consecutivo en positivo y, más importante aún, la más alta desde junio de 2022. Es decir, el mejor rendimiento estadístico en los últimos 22 meses de esta encuesta, que tiene en cuenta la información aportada por los responsables de compras de alrededor de 400 empresas de manufacturas. Los motivos que explican este avance, tal y como recoge el informe elaborado por S&P Global, tienen que ver con que “las empresas reforzaron los niveles de producción y de empleo como respuesta al aumento de la demanda del mercado. Alentados por las proyecciones positivas de producción, los fabricantes también aumentaron sus actividades de compra e intentaron reconstruir los inventarios en sus plantas”. Hay, pese a ello, un “único inconveniente”: cierta tensión palpable en los precios, puesto que “la tasa de inflación de los costes de los insumos revelada por la encuesta es la más fuerte en más de un año”, pero a la vez las empresas rebajaron sus precios cobrados al consumidor final, debido a “la competencia y los esfuerzos por impulsar la demanda”.

El consejo de administración de la farmaceútica vasca Faes Farma ha nombrado consejero ejecutivo a Eduardo Recoder, que será ratificado el próximo 1 de septiembre tras 17 años en el gigante internacional AstraZeneca. Esta incorporación supone un paso histórico dentro del plan que la empresa anunció en abril de 2022, con la salida progresiva de Mariano Ucar de la primera línea, tras 11 años como presidente ejecutivo. Ucar seguirá como presidente no ejecutivo. Eduardo Recoder es licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona y ha trabajado además en Grunenthal España y en BASF Pharma en Alemania y Reino Unido. Faes Farma cerró 2023 con unas ventas de 473 millones. Entre sus formulaciones estrella destacan el antihistamínico Bilastina, Calcifediol (para tratar la falta de vitamina D en enfermos renales o en pacientes con problemas óseos por falta de calcio) y la Mesalazina, destinada al tratamiento de problemas digestivos. Una de las claves de su actividad reside en las ventas internacionales, que aglutinaron el pasado ejercicio más de la mitad de la facturación.

La Universidad del País Vasco obtuvo 252.190.000 euros gracias a la actividad de sus científicos en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En ese lustro se crearon, además, 58 empresas y se registraron 69 patentes, según destacaron ayer la rectora Eva Ferreira; Inmaculada Arostegui, vicerrectora de Investigación; y Guillermo Quindós, vicerrector de Desarrollo Científico-social y Transferencia, en una rueda de prensa en Bilbao. «La Universidad del País Vasco ha hecho de la investigación y la transferencia una de las señas de identidad de su proyecto universitario. Así lo demuestra el excelente resultado del trabajo desarrollado en los últimos años. Somos la primera entidad investigadora en nuestra comunidad autónoma y nos encontramos entre las ocho mejores universidades del Estado en producción científica», subrayó Ferreira. El desglose de los más de 252 millones obtenidos indica un incremento progresivo al pasar de los 39,6 millones del inicio del periodo a los 69,02 millones del último, lo que supone un incremento del 76%. Este montante procede de «los proyectos de investigación de los científicos y de los contratos conseguidos con empresas e instituciones, no de la aportación del Gobierno vasco», precisó Arostegui. Todas esas actividades abordan cinco grandes campos –Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura, Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Arte y Humanidades–, lo que según la rectora demuestra que la actividad investigadora realizada «es puntera en todas las grandes ramas del conocimiento». La investigación de la universidad pública vasca se divide en dos grandes áreas, la propiamente investigadora y la de transferencia de conocimiento.

La pulsión negociadora entre Gobierno, sindicatos y patronales se ha rebajado hasta casi la parálisis. Algunas de las personas que vivieron –y participaron– en el éxtasis de 2021 consideran injusta la comparación con la situación actual. Recuerdan que desde entonces se han celebrado unas elecciones generales; o que en este año se entrelazan las vascas, catalanas y europeas, lo que ha dilatado mucho los tiempos. También que el grueso de lo que se discute hoy se deriva de lo acordado en aquel momento. Sin embargo, las segundas patas de esas reformas se mantienen aletargadas, llegando al punto de poner en riesgo el cumplimiento de algunos hitos con Bruselas, de los que depende, además, el cobro de los fondos europeos. Y todo ello con una mayoría parlamentaria más débil para el Gobierno, que necesita el apoyo de los nacionalistas de derechas (PNV y Junts) en cada votación. En esa idea abunda Pepe Álvarez, secretario general de UGT: “No hay una parálisis, lo que ocurre es que teniendo en cuenta cuál es la situación parlamentaria, hay que medir mucho los acuerdos para que luego no se caigan”. La debilidad del Gobierno de coalición para conformar mayorías es una carta que cada bando juega en función de sus intereses. “Nosotros pudimos utilizar a nuestro favor la fortaleza progresista que tuvimos en 2021 para presionar y no lo hicimos por responsabilidad”, recuerda Unai Sordo, líder de CC OO. Desde CSIF alertan de que “este país no puede aguantar mucho más la parálisis política del Ejecutivo”. “Se está trabajando activamente en las mesas de negociación, con realización de propuestas”, replican fuentes de la CEOE, que defienden que aunque no esté habiendo acuerdos, cada negociación “sigue su curso”. El último gran pacto en el que participaron los empresarios fue el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito hace un año para compensar el golpe de la inflación.

Las pensiones son el gran reto para la economía española y todos los organismos económicos advierten sobre ello. Ayer fue la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la que alertó de que el gasto público en pensiones que tiene España va en detrimento del crecimiento económico, y además avisa de que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento. La organización indica en su última actualización económica que «el envejecimiento de la población, el lento crecimiento de la productividad y la escasa inversión lastran el potencial de crecimiento de España». Así, la reforma de las pensiones que conllevó su revalorización conforme a la inflación supone restar fondos públicos para destinar a otras políticas, como la educación o al crecimiento económico. Como ejemplo, las pensiones y los intereses de la deuda ya suponen la mitad del gasto público total en España. En sus nuevas previsiones, la OCDE mejora en tres décimas la estimación anterior hasta un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España este año del 1,8%, eso sí, aún por debajo de la previsión del Gobierno situada en el 2%. Para el año que viene mantiene su expectativa de que la economía del país crezca un 2%, ligeramente por encima de la previsión del Ejecutivo (1,9%). «El consumo privado sustentará el crecimiento respaldado por un mercado laboral resistente y aumentos de los ingresos reales», apunta la organización.

Por primera vez desde que el 18 de abril, cuando la intervención policial en la Universidad de Columbia para desalojar los campamentos propalestinos incendiase los campus de todo el país, Joe Biden se dirigió ayer a la nación. «Existe un derecho a protestar, pero no a crear el caos», amonestó. El presidente no mostró empatía alguna por los manifestantes. De hecho, preguntado al final si estas protestas podrían hacerle recalcular su política con Israel, la repuesta fue seca y contundente: «No». En su sermón a los estudiantes, a los que recordó que «las protestas violentas no están protegidas» por el derecho a la libertad de expresión», Biden parecía hablar más en nombre de quienes le acusan de estar perdiendo el control de las universidades que a un grupo del electorado que pierde cada día más. «La ley se va a cumplir», advirtió. Sus palabras satisfacían tanto al ala judía del Partido Demócrata, concentrada en las élites de poder político y económico, como a la del Republicano, cuyos líderes piden desde hace semanas mano dura contra las protestas. La intervención policial había dejado hasta ayer cerca de 2.000 detenidos en todo país, siendo la última más destacable la que se produjo en la madrugada de ayer en el campus de Westwood de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Más de 200 patrulleros lanzaron bengalas de humo y pelotas de goma contra los jóvenes del campamento, que la noche antes habían sufrido una embestida vandálica en toda regla por grupos proisraelíes que, vestidos con máscaras blancas y capuchas negras les atacaron durante horas con palos y barras de metal, mientras saltaban violentamente sobre las láminas de madera que protegían sus tiendas de campaña. Al menos una quincena de estudiantes resultaron heridos. La Policía tardó tres horas en responder a las llamadas de emergencia y una más en intervenir, después de llegar a la escena.

El escenario parece lejano, pero en Francia y Reino Unido los estudiantes ya han empezado a ocupar y acampar en las universidades. Las autoridades políticas y académicas temen el contagio, aunque por ahora el movimiento es limitado. Entre la firmeza y el diálogo, autoridades francesas han redoblado los esfuerzos para evitar que el movimiento propalestino en Estados Unidos se reproduzca. El Gobierno británico, que ha mantenido una actitud beligerante frente a las continuas manifestaciones propalestinas de los últimos meses en las calles de Londres, ha contactado con los rectores para exigirles que se muestren firmes ante cualquier muestra de lo que consideran antisemitismo. Aunque la protesta no acaba de prender como en la otra orilla del Atlántico, en Francia ha encendido una trifulca partidista entre una izquierda radical que agita la bandera palestina y una derecha que llama a cortar los fondos públicos si no se atajan enseguida las movilizaciones.