20240802

Los dos parques eólicos de Iberdrola y el Gobierno vasco en Álava ya atisban el comienzo de las obras. Ocho meses después de que Azazeta consiguiese la autorización administrativa de construcción, el complejo de Labraza ha obtenido este mismo permiso, según informó ayer Iberdrola. La autorización administrativa de construcción es el último permiso de todos los que tiene que conseguir una infraestructura renovable durante su tramitación burocrática. Con este paso, ya sólo faltaría pedir y obtener la licencia de obra. En el caso de Labraza, será el Ayuntamiento de Oion quien deba conceder los permisos para meter las excavadoras y levantar los aerogeneradores. El parque, además, contará con otro punto a su favor, y es que la Diputación ha declarado a la central eólica de interés público, algo que facilita y agiliza ciertos trámites. Cuando Labraza y Azazeta se hagan realidad, se pondrá fin a una sequía de casi 20 años sin nuevas infraestructuras renovables en Euskadi. El último proyecto en pie es el complejo eólico que se levantó en Punta Lucero en 2006. El momento de inaugurar estos dos parques deberá esperar, como mínimo, a 2025, ya que la construcción de estas centrales suelen llevar aproximadamente un año. La compañía de Ignacio Sánchez Galán promueve estas dos centrales de molinos de la mano de Lakua a través de Aixeindar, una firma en la que la energética tiene el 60% del accionariado y el Ente Vasco de la Energía posee un 40%. El parque, con 40 megavatios (MW) de potencia, supondrá una inversión de 49 millones de euros y generará 90 puestos de trabajo durante su construcción. En contra de esta iniciativa están el concejo y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja), que llevaron el proyecto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. A pesar de ello, el concejo de Labraza recibirá cuatro de cada diez euros que abonará Aixeindar al Ayuntamiento de Oion en concepto de impuestos. Ver más en Iberdrola. 

Euskadi ha recibido ya 2.747 millones de los fondos europeos de los que 1.155 millones son gestionados directamente por el Gobierno vasco. Son los datos que dio la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, durante la presentación en San Sebastián del informe del primer semestre con la rendición de cuentas de la labor realizada por el Ejecutivo central en Euskadi. Las cifras pretenden contrarrestar las críticas del gabinete del exlehendakari Iñigo Urkullu sobre la lentitud de llegada de los recursos, un asunto que en el nuevo equipo de Imanol Pradales está bajo la tutela del socialista Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Empleo y Trabajo. Garmendia defendió que los fondos «fomentan la capilaridad en el tejido industrial y económico vasco» ya que «se contabilizan ya 50.090 adjudicatarios». Más de la mitad de los recursos que han llegado a Euskadi están destinados a microempresas y pymes, el 19% se han adjudicado a grandes empresas, el 13% a UTES, el 12% a fundaciones y otros y el 4% restante a hogares. La delegada resaltó que el 42% de los fondos están gestionados por el Gobierno vasco y que la tasa de resolución es del 75,9%. Según detalló, el 28% de los fondos se han dirigido a la Agenda Urbana y Rural para elaborar planes y acciones de sostenibilidad ambiental que «transformen nuestros pueblos y ciudades en ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados». El 24% se ha dirigido a la modernización del tejido industrial, el 15% a la consecución de infraestructuras sostenibles y el 13% a Ciencia y Salud. Asimismo, sostuvo que «el esfuerzo del Gobierno por mejorar las condiciones laborales y de contratación ha redundado en las buenas cifras con las que avanza el mercado de trabajo vasco».

La venta de turismos cogió impulso el pasado mes en Euskadi y lo hizo apoyándose en los híbridos convencionales, es decir, aquellos que no necesitan enchufarse. Crecieron más de un 75% –pasan de 571 en julio de 2023 a 1.004 este año–, mientras los modelos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) se dejaron un 3,85% –bajaron de 182 a 175–. En total, en el País Vasco se comercializaron 2.052 automóviles, un 19% más que el año pasado, pero muy lejos aún de los resultados anteriores a la pandemia (entonces se llegaba a 3.500 coches). Las tres patronales del sector –Anfac (los fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)–, calificaron julio de buen mes, aunque todavía persiste la comparativa con 2019. «Recuperar las cifras prepandemia no es solo una cuestión de ámbito económico, sino un paso más hacia los exigidos objetivos de reducción de emisiones», destacaron en Anfac, donde lamentaron que el envejecimiento del parque de vehículos alcanza en España los 14,2 años. «La prórroga del Moves hasta final de año ha de servir como un importante estímulo para los compradores», apostillaron los fabricantes. En el País Vasco este año se han vendido ya 14.500 turismos, un 2,9% más que entre enero y julio del año pasado. En toda España la curva es más pronunciada, de un 5,6%, con 619.224 vehículos. Se evidencia el ya habitual descenso de los turismos que recurren únicamente a los combustibles tradicionales. 

El elevado precio de los vehículos eléctricos, la escasez de puntos de recarga o las dudas sobre qué tecnología comprar son algunas de las razones que espantan a los guipuzcoanos a la hora de adquirir este tipo de turismo alternativo. No solo se trata de una teoría, sino que está respaldada por los últimos datos de matriculaciones publicados ayer por las tres patronales del sector –Anfac (los fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)–. El frenazo en las ventas de coches eléctricos es cada vez más evidente y preocupante. También en Gipuzkoa, que registra la mayor caída de matriculaciones de este tipo de turismos hasta julio en Euskadi. En concreto, se han comercializado 206 vehículos eléctricos, 38 menos que en los siete primeros meses del año pasado, lo que se traduce en un descenso del 15,5%. Álava arroja un registro prácticamente calcado, con una caída del 15,4%, mientras que el descenso en Bizkaia es mucho más tenue (-3,8%). La suma de los tres territorios históricos deja a Euskadi también con números en rojo (-9,3%), y 794 eléctricos vendidos hasta julio, 82 menos que en el mismo periodo del año pasado. En el conjunto del Estado las matriculaciones de estos vehículos suman 29.852 unidades, un 2,5% más que en 2023. Conviene, no obstante, echar un vistazo al resto de vehículos alternativos (híbridos, híbridos no enchufables y propulsados por gas) para tener una fotografía más nítida de las ventas de este tipo de turismos, que ya aglutinan el 55,6% de todos los vehículos comercializados en Gipuzkoa este año, y un crecimiento del 22,8% respecto al mismo periodo del año pasado, con 2.398 turismos.

Laboral Kutxa ha logrado en el primer semestre un beneficio neto de 134,4 millones, lo que supone un aumento del 22,44% en relación al mismo periodo del año anterior. Unos resultados que se ven impulsados por el efecto positivo de unos tipos de interés todavía elevados y una intensa actividad comercial, sobre todo en lo que respecta a la financiación de empresas. Una evolución que «ha sorprendido de forma positiva», según indica la entidad en una nota, y con un crecimiento que «es mejor de lo esperado, apreciándose incluso una mejora del sector industrial». Como en el conjunto del sector, los altos tipos de interés están impulsando los márgenes derivados del negocio típico bancario de tomar y prestar dinero. En concreto, Laboral Kutxa ha generado hasta junio un margen de intereses de 325,36 millones, lo que supone un incremento del 31,07%. El total de ingresos por comisiones crece un 4,83%, hasta los 68,1 millones. La gestión por patrimonios se eleva un 13,32% gracias a la diversificación hacia figuras de ahorro inversión, que compensa la revisión globlal de las comisiones llevadas a cabo por la entidad para el conjunto de la clientela. Y es que desde el 1 de junio han entrado en vigor las nuevas condiciones y actualizaciones de exenciones de comisiones para la clientela particular. Los dividendos y otras operaciones financieras restan 51,22 millones a la cuenta de resultados, debido principalmente a las minusvalías contabilizadas por las operaciones de venta y adquisición de deuda pública (se trata en realidad de una pérdida contable), con el objetivo de garantizar un mayor flujo de ingresos en los próximos ejercicios.

El Gobierno Vasco defiende en las últimas alegaciones oficiales el enlace de Ezkio-Itsaso como la mejor conexión del TAV con Navarra, en lugar de la opción de Vitoria, que ahora secunda el Ministerio de Fomento. Ezkio-Itsaso o Vitoria. La conexión de la Y vasca con Navarra, un enlace clave para comunicar la alta velocidad del Arco Atlántico con el Corredor Mediterráneo, debe este año deshojar la margarita definitivamente tras casi veinte años sin concretarse, un proyecto estratégico que empieza a decantarse del lado alavés, según ha manifestado en las últimas semanas el propio Ministerio. La decisión, que debe oficializarse a final de año cuando se presente el estudio definitivo, ha soliviantado a la Diputación de Gipuzkoa, que considera «irrenunciable» que el tren de alta velocidad se adentre por Gipuzkoa desde Navarra, un trazado más corto (44 minutos frente a los 63 minutos que tardaría el tren de Pamplona a Vitoria), aunque según los argumentos del Ministerio, se trata de una obra de mayor complejidad técnica y más costosa en la inversión inicial. El choque institucional ha saltado, dejando también al descubierto las discrepancias con las instituciones alavesas, que reclaman el enlace por Vitoria. A la espera del proyecto definitivo, para el cual todavía no se han iniciado las catas sobre el terreno por la oposición de municipios y propietarios para estos trabajos, la información oficial se remite al estudio que presentó Fomento en 2018, en el que ya se decantó por Vitoria. Ese documento fue rebatido en el turno de alegaciones por el Gobierno Vasco. En la extensa documentación aportada, el Departamento de Desarrollo e Infraestructuras rebatió en varios informes la vía de Vitoria y concluyó que el trayecto por Ezkio es la mejor opción, no solo en el tiempo más corto, sino que también reduce el impacto medioambiental y subraya que a largo plazo el coste de mantenimiento es menor en el caso de Ezkio.

El grupo siderúrgico ArcelorMittal redujo un 51% su beneficio neto en el primer semestre, hasta 1.442 millones de dólares (1.332 millones de euros). La caída se pronunció en el segundo trimestre, en el que ganó un 73% menos (504 millones de dólares), debido a una menor valoración de la participación del 28,4% en el grupo de tubos Vallourec, que adquirió en marzo. El dato del segundo trimestre se situó por debajo del consenso de mercado presentado por la propia compañía. El segundo productor de acero del mundo atribuyó este descenso a un resultado operativo más bajo, los menores ingresos por inversiones en capital y a la evolución de las divisas, sobre todo por la apreciación del dólar. ArcelorMittal advirtió de que las actuales condiciones de mercado son “insostenibles” ya que los precios del acero en Europa y Estados Unidos están por debajo del coste marginal de producción y el exceso de producción de China ha dado lugar a “diferenciales internos de acero muy bajos y exportaciones agresivas”. Sobre el futuro, ArcelorMittal remarcó la situación “insostenible” del mercado por el exceso de producción en China, pero espera que en la segunda mitad de año la demanda sea superior a la del mismo periodo de 2023, que se vio impactada sobre todo por la reducción de reservas en Europa, al tiempo que se muestra “optimista” de que el reabastecimiento comience una vez que la demanda real empiece a recuperarse.

Durante los últimos años, el vigoroso crecimiento de la economía se ha sustentado fundamentalmente en el turismo internacional y en las exportaciones de servicios, que han opacado un pilar fundamental de la economía: la industria. Algo que el Gobierno pretende resolver con la próxima Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que ha concluido recientemente su fase alegaciones públicas y se prepara su entrada en la etapa final de desarrollo, con la previsible aprobación en septiembre en el Consejo de Ministros. Sin embargo, aunque la norma ha tenido buena acogida por parte de los distintos sectores industriales, las empresas también echan de menos aspectos clave para que la ley tenga buenos resultados y reclaman concretar plazos para los distintos instrumentos que plantea el texto, dotar un presupuesto que la respalde y lograr un compromiso por parte de otros ministerios en las áreas que tocan a la industria, como es el caso del transporte, la energía o los impuestos. A pesar del fuerte crecimiento del PIB, uno de los grandes problemas de la economía en los últimos años ha sido el retroceso de la productividad por trabajador. Dicho de otra forma: hoy es necesario tener casi dos millones más de trabajadores para lograr una producción económica algo superior a la de 2019. Y esto se debe fundamentalmente a la pérdida de peso de la industria en el conjunto de la actividad. Según distintos estudios, el sector manufacturero presenta a unas cifras muy superiores a la media en distintas estadísticas clave para la prosperidad a largo plazo, como es el caso de los salarios, la estabilidad en el empleo, las exportaciones, la inversión en capital y bienes de equipo o en I+D. Por este motivo, la Comisión Europea se ha marcado como objetivo que la industria alcance un peso del 20% del PIB, pero España se sitúa en los puestos de cola del ránking, con una cifra del 11,6% del PIB una vez excluida la energía, muy por debajo de esta cota.

Segundo intento fallido de IAG para hacerse con Air Europa. La matriz de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus ha renunciado a la operación ante las exigencias de la Comisión Europea que, entre otras cosas, obligarían a la empresa a realizar mayores concesiones de rutas y ‘slots’ a otras aerolíneas competidoras para evitar el riesgo de concentración en el mercado. «Es la mejor decisión para proteger los intereses de los accionistas», indicó ayer Luis Gallego, consejero delegado del grupo. «Las exigencias de la Dirección General de Competencia para dar luz verde a la operación son tan altas que deja de tener sentido empresarial para Iberia. Por tanto, hemos decidido no seguir adelante», aseguraron ayer fuentes de la compañía, que deberá pagar 50 millones de euros a Globalia –dueña de Air Europa con un 80% del capital– en concepto de indemnización, como especificaba el acuerdo de compra. Pocas veces antes se ha vivido en España un culebrón corporativo tan complejo en el tiempo y que haya puesto tan al límite a una compañía, con una primera intentona de integración en 2019 que se vio frustrada en 2021 ante las objeciones de Bruselas sobre unas 70 rutas en las que ambas aerolíneas ofrecían servicios directos y, en algunos casos, eran los únicos operadores. Ya en agosto de 2022, IAG se hizo con el 20% de Air Europa –que ahora mantendrá– para un año después, en diciembre de 2023, notificar su intención de hacerse con el 80% restante. Durante este proceso, la compañía había llegado a ofrecer la cesión de hasta el 52% de las frecuencias que ahora opera Air Europa para eludir las reticencias de Competencia.

Todas aquellas personas que hayan realizado prácticas, remuneradas o no, en alguna empresa a partir de los años 80 podrán recuperar desde hoy cinco años de cotización con unas condiciones más ventajosas que las actuales, que les permitirá jubilarse antes y con más pensión. La orden del Ministerio de Seguridad Social que recoge el acuerdo logrado con los agentes sociales a finales de mayo para mejorar el sistema para rescatar años de cotización de los becarios se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor este mismo viernes. Además, se aplicarán también estas nuevas condiciones a los potenciales beneficiarios que ya lo hubieran solicitado, mientras que aquellos cuya solicitud ha sido ya resuelta podrán pedir que se les aplique este sistema más ventajoso. El periodo para que los antiguos estudiantes en prácticas o investigadores suscriban este convenio especial con la Seguridad Social se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. Las mejoras introducidas incluyen una importante rebaja del coste con respecto a la normativa publicada en mayo que generó una oleada de críticas de sindicatos, universidades y asociaciones de investigadores. Con la nueva norma para el cálculo de la cuota a pagar se tomará la base mínima de cotización del grupo 7 del régimen general vigente cuando se realizaron las prácticas, en lugar de la de 2024.

En los últimos años, es posible que haya visto a su banco cambiar de nombre varias veces y que la que era su oficina de toda la vida ahora se haya convertido en una peluquería hípster o en un local donde sirven té. En la última década, los bancos han cerrado miles de oficinas hasta reducir su red a casi la mitad. Y el número sigue bajando. El BBVA ha comunicado que cerrará 300 oficinas si sale adelante su plan de comprar el Banco Sabadell. Pero es solo el último gran plan de cierre de sucursales que han dejado cada vez a más pueblos sin un establecimiento en el que abrir una cuenta o pedir un crédito. En marzo de 2015, los bancos tenían unas 32.000 oficinas diseminadas por todo el país, según los datos que ofrece el Banco de España. Desde entonces, las entidades han acometido planes de cierre masivos y han adelgazado en más 14.000 sucursales su red, un 44% menos. Eso supone que en cada día de los últimos nueve años cuatro oficinas bancarias han colgado el cartel de cerrado. Los bancos justifican el cierre de oficinas en que hay más clientes digitales y estas ya no resultan rentables. Pero existe una parte de la población para la que la atención presencial en un establecimiento sigue siendo importante a la hora realizar una transferencia de dinero, abrir una cuenta o pedir un préstamo. Y ese colectivo, que habitualmente se trata de mayores que viven en áreas rurales y no son usuarios de la banca digital, encuentran problemas para acceder a una oficina en su municipio. 

Los pequeños inversores volvieron a hacer caja en la banca española en el primer semestre del año. Todas las entidades pierden accionistas en la primera parte del año hasta un total de 201.523, cifra que supone la pérdida de un 3,8% de la base accionarial que tenían los principales cotizados cuando terminó el año 2023. Ahora, el sector suma 5,06 millones de accionistas, lejos de los 5,26 del cierre del año pasado. A mucha más distancia queda el listón de los 6 millones que la banca española defendió por última vez al cierre del primer trimestre de 2020. El ritmo de salida de inversores coge velocidad y, salvo un vuelco radical, apunta al cuarto año consecutivo de descensos. En todo el año pasado, la banca perdió 338.463 accionistas, cifra que alcanzó los 108.000 en 2022 y los 213.461 en 2021. Se da la circunstancia de que en los tres años anteriores y la primera mitad de 2024 la banca española ha experimentado subidas de doble dígito en sus cotizaciones. La gran mayoría de los accionistas perdidos son inversores particulares que cada vez son más ágiles a la hora de mover sus acciones en el sector. Realizan beneficios en grandes cantidades en los años de subida y compran aprovechando las grandes correcciones, como ocurrió en 2020 tras el estallido de la pandemia. Fue el último año en el que el conjunto de los bancos sumó accionistas. Banco Sabadell es la entidad con más salidas en el primer semestre del año, un total de 17.063. Se trata de un caso singular porque la entidad está siendo objeto de una oferta pública de adquisición (opa) por parte de BBVA y porque es, con gran diferencia, el mejor banco del Ibex 35 en lo que va de año.

La progresiva mejoría de la industria europea a lo largo de la primera mitad del año se ha visto truncada en junio con unas cifras muy negativas. Tan negativas que podrían incluso comprometer el exiguo crecimiento del 0,8% previsto para este año, de acuerdo con los análisis de S&P Global. Y prácticamente todos los países europeos se encuentran en negativo, con la excepción de España que roza el estancamiento. El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector industrial cayó en julio a mínimos en lo que va de año, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por S&P Global, que lo sitúan en 45,8 puntos. Esto es, una cifra que apunta a una contracción de la industria en torno al 4% en términos interanuales, un golpe tan intenso que podría compensar el avance del sector servicios, ahogando el crecimiento económico. “A juzgar por los últimos datos, la creencia generalizada de que la recuperación de la zona euro se aceleraría en la segunda mitad del año ya no puede sostenerse tanto”, explica Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. “A principios de este año, parecía que el sector [industrial] podría salir gradualmente del declive de la producción en el que había estado durante meses, pero las dudas que surgieron en junio se han intensificado debido a una disminución acelerada de la producción en julio. En vista de estos datos, probablemente necesitaremos reducir nuestra previsión de crecimiento del PIB para el año por debajo del 0.8% anterior”. Y, más allá del débil dato general, hay numerosas luces rojas una vez que se desciende a los datos más específicos, con una “sólida reducción de los nuevos pedidos de los mercados de exportación”, una “fuerte reducción” de la carga de trabajo pendiente que aflora ciertas dudas sobre una mayor contracción de la actividad cuando se acaben estos pedidos, una fuerte caída del empleo (la decimocuarta consecutiva y la mayor en la que va de año), y una caída de la confianza de los empresarios, que a su vez ha afectado a los pedidos de bienes intermedios.

El Banco de Inglaterra anunció ayer un recorte de 0,25 puntos de los tipos de interés, hasta dejarlos en el 5%, frente al 5,25% en el que estaban desde agosto de 2023. Es el primer descenso desde marzo de 2020, en plena pandemia, cuando la institución acometió su último recorte y los dejó en el 0,1%. Desde ese nivel comenzaron a subir a partir de diciembre de 2021 con la intención de corregir la inflación derivada de la guerra en Ucrania. La decisión se tomó con una fuerte división en el Comité de Política Monetaria. De sus nueve miembros, cinco votaron por reducir el precio del dinero (entre ellos, el propio gobernador, Andrew Bailey), frente a cuatro partidarios de dejarlos igual (entre ellos, el economista jefe de la entidad, Huw Pill). La institución ubicada en Threadneedle Street se desmarca así de los pasos de la Reserva Federal norteamericana, que el miércoles optó por mantener los tipos entre el 5,25% y el 5,5%, estables desde julio de 2023. La Fed insinuó una bajada tras el verano, igual que hizo el Banco Central Europeo el 18 de julio, cuando también mantuvo los tipos en el 4,25%. Los expertos se habían mostrado divididos en las últimas semanas sobre un posible descenso de los tipos en Reino Unido, pero en los últimos días ganaban los que preveían un recorte. Andrew Bailey sostuvo que las “presiones inflacionistas han aflojado lo suficiente para recortar hoy [por ayer] los tipos”, pero advirtió de la “necesidad de asegurarse de que la inflación se mantiene baja”, de manera que el Banco de Inglaterra será “cuidadoso para no recortar los tipos muy rápidamente o demasiado”. El Banco de Inglaterra, no obstante, sigue preocupado por los efectos de segunda ronda sobre la inflación en el medio plazo.

Más de un centenar de países llevan años estancados sin que su renta por habitante dé el salto al peldaño siguiente. Son las 108 economías en desarrollo que, según un informe publicado ayer jueves por el Banco Mundial, seguían a cierre del ejercicio 2023 empantanadas en la llamada trampa del ingreso medio: una especie de limbo en el que quedan los países cuyo PIB per cápita avanza hasta cierto umbral –fijado en un 10% de lo que marca ese mismo indicador en EE UU (que equivale a unos 8.000 dólares anuales o 7.400 euros al cambio actual)– y después agotan su crecimiento. La cuestión no es baladí, pues este conjunto de territorios, del que forman parte economías gigantes como China, India o Brasil, reúnen al 75% de la población mundial, el 40% de la actividad económica y al 60% de las emisiones de carbono. Por ello, la institución multilateral los considera “cruciales para la prosperidad global en el largo plazo” y propone una hoja de ruta para que naveguen hacia la categoría de ingresos altos. El concepto de trampa del ingreso medio fue acuñado hace casi dos décadas por economistas del Banco Mundial, que observaron cómo el PIB per cápita de los países en vías de desarrollo suele toparse, cuando sale de la zona de ingresos bajos, con ese techo de cristal que ronda una décima parte de la renta por habitante de EE UU. La institución con sede en Washington considera economías de ingreso medio a aquellas con una renta per cápita que se sitúa en un intervalo que va de los 1.136 a los 13.845 dólares (entre los 1.050 y los 12.800 euros). Salir de ese limbo no es sencillo y los números lo corroboran: desde el año 1990 hasta hoy, solo 34 economías han logrado dar el salto y pasar a engrosar las filas del grupo de países de renta alta. 

La tasa de paro de la eurozona fue el pasado mes de junio del 6,5% de la población activa, una décima por encima del dato de mayo, cuando marcó su mínimo desde el comienzo de la serie en 1999. Por lo tanto, el dato de junio representa el primer incremento del nivel de desempleo en la zona del euro desde septiembre de 2023, según informó ayer Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. A pesar de este repunte en la tasa de paro de la zona euro, en el conjunto de la Unión Europea el nivel de desempleo se mantuvo estable por cuarto mes consecutivo en el 6%, que es la tasa más baja alcanzada nunca. En líneas generales, el nivel medio del desempleo en Europa está en niveles muy bajos ahora, tras superar la pandemia del coronavirus de 2020 y el impacto en la economía de la guerra en Ucrania. No obstante, hay que señalar que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,25%, para prevenir un repunte de la inflación. La oficina de estadística europea calcula que al final del primer semestre del año, 13,25 millones de personas carecían de empleo en la UE. De ellos, 11, 2 millones de parados estaban en la zona del euro. Esto supone un aumento mensual de 52.000 desempleados en la UE y de 41.000 en la divisa única. En comparación con junio de 2023, el desempleo creció en 188.000 personas en la UE y en 81.000 personas en la zona euro.

Pedro Sánchez logró que todo el PSOE, con contadísimas excepciones, aceptara el pasado octubre que el precio para su propia investidura fuera una amnistía a los encausados del ‘procés’ rechazada una y mil veces hasta antes de las generales del 23 de julio. El pacto con ERC para situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat a cambio de un ‘concierto’ fiscal «solidario» para Cataluña está resultando en cambio, al menos de momento, mucho más difícil de aceptar. Un día después de que el jefe del Ejecutivo lo defendiera «con pasión», las manifestaciones en contra del contenido del acuerdo no solo no se frenaron; fueron en aumento. El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, reclamó ayer a Sánchez que convoque el órgano que reúne a los secretarios generales de todos los territorios del PSOE, el Consejo de Política Federal, para que tengan oportunidad de pronunciarse sobre algo que afectará a sus comunidades. «Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad sobre un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro», dijo. Gallardo remarcó que, como líder del PSOE extremeño, defenderá «siempre» los principios del partido, entre ellos, la solidaridad entre los españoles. Y recordó que lo que él pide ahora –y que secundan varias federaciones consultadas por este periódico (Aragón lo ha hecho públicamente)– es lo que se hizo para definir en 2013, con Alfredo Pérez Rubalcaba a las riendas, la posición del conjunto del partido sobre la configuración del Estado autonómico, plasmada en la trabajadísima Declaración de Granada, en la que se proponía una reforma «con los principios y técnicas del federalismo».

La diplomacia internacional trabaja contra reloj para evitar que el polvorín de Oriente Próximo salte por los aires tras los asesinatos de varios líderes de Hamás y Hezbolá, que llevan la espiral de tensión en la región a su momento más peligroso en los casi 10 meses de contienda en Gaza. Con los ojos puestos en Teherán y Beirut, los esfuerzos pacificadores parten de los países que han mediado en los últimos meses para intentar que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego que permitiera liberar a los rehenes israelíes en Gaza y acercar el fin de la guerra. Entre esos mediadores se encuentra Estados Unidos, principal aliado de Israel y, a la vez, con estrechos contactos entre países del Golfo que pueden tender puentes con Irán. Israel vive en estado de alerta ante posibles respuestas por sus ataques sobre Líbano contra el partido-milicia libanés Hezbolá, y tras el asesinato en Irán del líder político de Hamás, Ismail Haniya, una acción que no se ha atribuido. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha augurado un “duro castigo” y Hezbolá ha hecho saber que la “determinación y tenacidad” de sus combatientes aumentará tras la muerte en un ataque de su número dos, Fuad Shukr. Israel, además, anunció ayer que un ataque en julio sobre Gaza mató al jefe militar de Hamás, Mohamed Deif. Sumido en su complicada campaña electoral, Washington muestra su preocupación por la posibilidad de que el asesinato en Teherán de Haniya pueda descarrilar las negociaciones de un alto el fuego en Gaza. Existe el temor de que la muerte del dirigente que lideraba la representación del grupo radical palestino en esas conversaciones pueda precipitar una reacción de Irán que desencadene una guerra regional.