20240203

Rueda de prensa de Adegi sobre coyuntura y resultado de la encuesta a sus empresas. "La dificultad para contratar personal cualificado y los elevados costes laborales e incrementos salariales son las principales preocupaciones de las empresas; lo son para el 45% de ellas en ambos casos. Se dispara la preocupación por el absentismo laboral, que es un problema para el 31% de las empresas. También es un factor para vigilar el descenso de inversiones productivas que nos manifiestan las empresas. Desciende el número de empresas que va a aumentar sus inversiones y aumenta el número de empresas que va a disminuirlas. Según los datos de la encuesta, ésta es la tendencia que se mantiene en 2023 y se prevé para 2024. Nueve de cada diez empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo. El 85,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de normalidad o reactivación. La facturación media aumenta un +2% respecto al trimestre anterior. Las ventas se han mantenido o aumentado para el 74,5% de las empresas y el 71% dicen tener un nivel de pedidos normal o alto. Adegi espera en 2024 un crecimiento del PIB de Gipuzkoa similar a 2023, entre +1,0% y +2,0%, mientras que el empleo seguirá teniendo un comportamiento robusto y se crearán entre 3.500 y 4.500 empleos". Ver más en Adegi

La crisis demográfica que atraviesa Gipuzkoa en los últimos años también se deja notar en el tejido económico del territorio. Casi la mitad de las empresas guipuzcoanas (45%) constatan dificultades para contratar personal cualificado, problema que se sitúa como la principal preocupación de las compañías. Así lo recoge la Encuesta de Coyuntura dada a conocer ayer por el presidente de Adegi, Eduardo Junkera, quien estuvo acompañado por José Miguel Ayerza, director general de la organización y por Patxi Sasigain, responsable de competitividad e Innovación. Este factor alcanza, además, el nivel más alto de preocupación desde que existe este sondeo empresarial, una circunstancia que también se produce con el absentismo laboral. Si acercamos la lupa a la problemática de la contratación, la mayor preocupación la encontramos en el sector servicios con un 61% (52,5% en el comercio y hostelería y un 63,5% en los servicios a empresa), por delante de la construcción (45,5%), y de la industria (35,5%). «Contar con personal cualificado es vital para poder desarrollar los proyectos empresariales y potenciar la competitividad empresarial», afirmó Junkera. En este contexto, pese a la falta de perfiles y en base también a las conclusiones de la Encuesta de Coyuntura, Adegi sí prevé que se cree empleo este año. «Proyectamos un aumento potencial de empleo de hasta 4.500 puestos de trabajo en Gipuzkoa durante 2024». Y es que, revela la encuesta de la patronal, el 90% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo, un punto menos que en septiembre y tres menos que el año pasado. La crisis que se vive en el mar Rojo también fue objeto de preguntas después de que empresas como Michelin Lasarte se haya visto obligada a reducir su producción ante la escasez de caucho. Ayerza señaló que «no es una cuestión relevante en este momento», ya que, aunque pueda haber compañías «con problemas», manifestó que «no es algo generalizado como para generar alarma en un corto plazo». La reforma fiscal en la que ya trabaja Gipuzkoa también ocupó unos minutos de la rueda de prensa de la Encuesta de Coyuntura de Adegi. Fue Ayerza el que se limitó a afirmar que «la fiscalidad debe posibilitar que las empresas generen más riqueza y empleo» para así «generar más recursos que garanticen las políticas sociales y el bienestar de la ciudadanía. Ese es el eje sobre el que pivotarán nuestras propuestas». 

Euskadi ha registrado en enero un total de 111.229 desempleados inscritos en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 3.450 parados más que el mes anterior (+3,20%). En cuanto al número de afiliados, y también en comparación con diciembre, Euskadi ha perdido casi 10.000 afiliados (9.756) a la Seguridad Social, aunque se mantiene por encima del millón de cotizantes. En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado que, “en esa comparativa mensual, la evolución del paro y la afiliación ha sido conforme a lo previsto para un mes de enero. Por ejemplo, en el sector Servicios, ya sabemos que una vez finalizada la campaña navideña se da un importante aumento del número de parados". Sin embargo, "en comparación con el mismo mes del año pasado todavía se registra una caída del paro y un aumento de los afiliados, lo que confirma que la economía vasca sigue generando empleo y con una intensidad lo suficientemente importante como para que el paro siga reduciéndose". Ver más en Confebask 

El mercado laboral también sufre la ‘cuesta de enero’ por la finalización de los contratos vinculados a la Navidad, ya sea para cubrir vacaciones o para reforzar las plantillas en esas fechas. En esta ocasión se destruyeron 9.756 empleos en Euskadi, en línea con el mismo mes del ejercicio anterior, mientras que el paro repuntó en 3.450 personas, según los datos publicados ayer por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. El sector de sanidad, residencias y servicios sociales fue el que más sufrió la destrucción de empleo, con casi 2.600 cotizantes menos, seguido de actividades administrativas. Comercio y hostelería perdieron más de 1.800 afiliados. Pese a este retroceso, el número de cotizantes vascos se mantuvo por encima del millón, una cota que se alcanzó por primera vez en mayo de 2023, se perdió en verano y se volvió a recuperar en octubre. En concreto, al cierre de enero se contabilizaban 1.003.190 trabajadores en alta en Seguridad Social. «El año ha comenzado siguiendo al patrón de todos los eneros de este siglo. Es un mes en el que de forma invariable sube el paro y baja la afiliación», recordó el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, que achacó este mal comportamiento «al fin de los contratos de refuerzo que se realizan en los meses de noviembre y diciembre con las campañas navideñas, tanto en comercio como en establecimientos asistenciales, por las sustituciones a personas cuidadoras». Tras analizar los datos, la patronal Confebask afirmó que la evolución de paro y la afiliación ha sido «conforme a la previsto» en un mes de enero. Su previsión es que «en 2024 seguirá habiendo creación de empleo, aunque «algo menos intensa» que en 2023.

Si conseguir papeles y trabajo ya era un calvario para los inmigrantes, acaba de surgir otra dificultad más. Se trata de la nueva obligación de cotizar por las prácticas, ya sean remuneradas o no, vigente desde el 1 de enero de este año. Los extranjeros que están en situación irregular no pueden cumplir este requisito y, por tanto, se han quedado sin acceso a títulos como los certificados de profesionalidad, que les abrían las puertas al mercado laboral. La nueva obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas de los becarios –antes era solo por las retribuidas– entró en vigor el 1 de enero y beneficiará a más de 40.000 alumnos de Formación Profesional (FP) y de las universidades en Euskadi. Es una regulación pensada para que los estudiantes vayan acumulando tiempo de cotización y que cuenta con una importante bonificación de la Seguridad Social. Pero su implantación ha planteado una seria dificultad para los inmigrantes sin papeles, que no pueden ser dados de alta en la Seguridad Social. Es un problema especialmente grave en Euskadi, donde se ha apostado por facilitar la formación a los extranjeros irregulares para que pueden acceder a un trabajo. En el departamento de Educación aseguran que tienen ya una solución muy avanzada tras negociar con el Ministerio de la Seguridad Social. Pero en el caso de la formación para el empleo, gestionada por Lanbide, todavía existe una gran incertidumbre. «Es un problema para la obtención de los certificados profesionales. Vamos a tratar de que todos aquellos que están en estos momentos en cursos puedan acabarlos y buscar una solución», explica Francisco Pedraza, director del organismo público. Según precisa, la nueva normativa afecta a las prácticas relacionadas con los certificados de profesionalidad pero no al resto del catálogo de especialidades formativas. Aún así, si no se encuentra una solución se quedaría fuera de la formación muchos inmigrantes. La incertidumbre es total en los centros de inserción.

El número de parados registrados en las oficinas de empleo subió en enero en 60.404 personas (2,23%) en relación con los que había en diciembre, y la Seguridad Social perdió 231.250 ocupados, una de las caídas más elevadas de la serie histórica. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, justificó que la caída porcentual (un 1,11% menos) es de «plena normalidad» en un mes de enero. El número de parados registrados alcanzó el mes pasado las 2.767.860 personas. A pesar de la subida, este es el menor nivel de desempleados en los últimos 16 años para un mes de enero y supone una disminución respecto a enero de 2023 de 140.537 personas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó en rueda de prensa que el mercado laboral español es «resiliente y empieza a estar basado en la estabilidad», en referencia a que más del 40% de los contratos realizados en enero fueron indefinidos. Por sectores económicos con respecto a diciembre, el paro registrado subió en servicios en 58.721 personas (3,03%), en agricultura en 1.256 personas (1,28%), en industria en 440 personas (0,20%) y en el colectivo sin empleo anterior aumentó en 1.221 (0,50%). Por el contrario, descendió en el sector de construcción en 1.234 personas (-0,58%). Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social se situó en 20.604.761 personas, a pesar del descenso registrado, uno de los registros más elevados en volumen de los últimos años, esta es la cifra de afiliados más alta de la serie en un primer mes del año. El crecimiento interanual de la afiliación media fue de 523.537 trabajadores. El fin de la campaña de Navidad marcó el comportamiento del empleo en este mes, que es muy volátil. 

Encuesta de El Correo. Con un crecimiento del 1,8% en el Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado y una tasa de paro situada en el 6,3%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la economía y el empleo en Euskadi ofrecen buenas perspectivas. Y eso se nota cuando se pregunta a la gente a este respecto. Se trata del apartado mejor valorado por la ciudadanía, con un abrumador índice de aprobación (81%) y una nota media de 6 sobre 10. Esto quiere decir que apenas uno de cada cinco encuestados suspende el trabajo del Ejecutivo autonómico en este área. Las estadísticas son prácticamente homogéneas en los tres territorios históricos: Bizkaia (6,0), Álava (5,8) y Gipuzkoa (6,1). Mayor diferencia se observa, en cambio, en los datos segregados por sexos. Los hombres (6,2) se muestran casi medio punto más satisfechos que las mujeres (5,8) con el estado de la economía y el empleo en Euskadi. En los tramos de edad, se percibe nuevamente una curva en forma de ‘U’. Son los jóvenes (6,6), muchos de los cuales no han accedido aún a su primer empleo, y los mayores (6,3), quienes en su mayoría ya han dejado de trabajar para jubilarse, los que más valoran la gestión del Gabinete de Iñigo Urkullu en materia económica. Por el contrario, ese balance es algo más pesimista en las edades intermedias; es decir, entre aquellos que se encuentran en el mercado laboral: estos encuestados conceden notas desde el 5,7 al 6. El estado de la economía y el empleo pone de acuerdo a los votantes de todos los partidos, ya que coinciden en aprobar la gestión de un apartado que involucra a distintos departamentos del Gobierno vasco: Desarrollo Económico y Hacienda han estado en manos jeltzales, mientras que Empleo y Turismo y Comercio han estado gestionados por consejeros socialistas. 

A pesar de estar a la cabeza en la tabla de salarios, Euskadi concentra la mitad de las huelgas que se convocan en España y es la zona de Europa en la que más paros laborales se producen. Una situación que, según las estimaciones realizadas por el Gobierno vasco, tiene un coste de 150 millones de euros al año por las horas no trabajadas –un impacto diez veces superior al de Cataluña y 35 veces el de la Comunidad de Madrid– y genera, además de una pérdida de competitividad, «un inmenso daño reputacional» para el país. La mitad de la ciudadanía, el 48%, coincide en que la acumulación de huelgas daña la imagen de Euskadi. El 51%, por el contrario, relativiza este escenario y considera que su impacto es «poco o nada». La preocupación es ligeramente superior en Bizkaia, donde, por ejemplo, ante la acumulación de manifestaciones por conflictos laborales, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha llegado a plantear que las marchas se desarrollen por las aceras para no tener que cortar el tráfico en las calles del centro. En Álava y Gipuzkoa es menor que la media general. El grado de preocupación evidencia una relación directa con la escala ideológica izquierda-derecha. Dicho de otra forma, que a los votantes conservadores esto les inquieta más que a los progresistas. En una escala de 0 a 10, los que mayor daño a la imagen de Euskadi detectan son los simpatizantes de PP (7) y PNV (5,3). Ese índice va descendiendo a medida que los encuestados se alinean con opciones de izquierdas: el PSE-EE (4,4), Sumar y Podemos (3), y EH Bildu (2,4). Quienes aún no han decidido su voto (4,3) y quienes tienen claro que no acudirán al colegio electoral (4) se sitúan aproximadamente en la media vasca. Esta preocupación también va por edades. Los mayores se muestran bastante más inquietos que los jóvenes. 

La ciudadanía despide al Gabinete Urkullu con notas altas. Solo en Sanidad son especialmente críticos los vascos con la gestión de Osakidetza. Se muestran bastante satisfechos sobre la situación económica y aprueban en Seguridad y Educación. Son los alaveses quienes se muestran más desencantados con el Gobierno vasco. La crisis del covid disparó la preocupación social por la Sanidad, pero el fin de la pandemia no ha logrado rebajarla, ni mucho menos. La gestión sanitaria del Gobierno vasco es, de hecho, el apartado peor valorado por los ciudadanos, según la encuesta realizada por Ikerfel para EL CORREO. Cuatro de cada diez consultados suspenden al Gabinete de Iñigo Urkullu en este área y, además, lo hacen con notas tan bajas que arrastran la puntuación media hasta un 4,8 sobre 10, a dos décimas del aprobado que sí le concede el otro 58% de la muestra. Los datos son especialmente negativos en Álava, el único territorio histórico en el que se conceden más suspensos (53%) que aprobados (47%) y con la nota media más baja, un 4,2. En los últimos años, sólo en Vitoria, Osakidetza ha cerrado las Urgencias del Hospital de Santiago y el PAC de San Martín. Las valoraciones son incluso peores que en Gipuzkoa (4,7), donde hace un año se desató una importante crisis con dimisiones y ceses en la OSI Donostialdea, y la integración de Onkologikoa ha levantado ampollas. Los mejores datos los arroja Bizkaia (5,1), donde la Justicia ha paralizado el traslado de la Unidad de Cirugía Cardíaca de Basurto a Cruces. La gestión sanitaria recibe las mejores notas entre los jóvenes y los mayores, pero suspende en las edades intermedias. Dicho de otra forma, una curva en forma de ‘U’ con el paso del tiempo.

Los centros educativos vascos de iniciativa social agrupados en Kristau Eskola y Aice-Icea vivirán este mes de febrero cinco nuevas jornadas de huelga después de que haya finalizado sin acuerdo la reunión que mantuvieron ayer la patronal y los sindicatos (ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT) para la consecución de un nuevo convenio para los más de 9.000 trabajadores del sector. La situación empieza a ser insostenible para muchas familias que, bajo el paraguas de AMPAs Unidas, se manifestarán hoy en Bilbao para exigir una solución a este conflicto. En la reunión de ayer, viernes, celebrada en la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao tampoco ha sido posible alcanzar un pacto para la renovación de un convenio que caducó en 2021. Desde Kristau-Eskola han manifestado su intención de seguir negociando y han pedido a los sindicatos que sean realistas. En este sentido consideran «irresponsable que las centrales sindicales hagan creer al profesorado que todo es posible, y que sólo a través de las movilizaciones se consigue hacer ceder». Las propuestas de Kristau Eskola «suponen desembolsos económicos muy importantes, y atienden a una visión de la realidad y de futuro», aseguraron ayer en un comunicado. Por su parte, ELA manifiesta que la propuesta es casi idéntica a la última presentada salvo que han ofrecido una reducción de jornada laboral anual ente diez y veinte horas para los sectores más feminizados. No nos dejan más opción que seguir adelante con las  huelgas», apuntan. Algunos colegios de la red concertada han anunciado su intención de devolver parte de las cuotas a los padres por la huelga. 

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por las empresas Gestamp Tooling Erandio y Gestamp Try out Servis GTS de Muskiz contra la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco que declaraba la cesión «ilegal» de los trabajadores de Erandio a la empresa Gestam Try out, informó ayer el sindicato ELA. La central sindical señala que el Grupo Gestamp tendrá que regularizar la situación laboral de cerca de 40 personas trabajadoras y permitirá que los trabajadores que interpusieron demandas puedan disfrutar del derecho a la subrogación y del abono de las diferencias salariales que sufrieron por el cambio de empresa.

51 años después de su fundación, Ibermática –ahora integrada en el grupo sevillano Ayesa– ha perdido una de sus señas de identidad, el nombre de la compañía y a su vez marca comercial. Una nomenclatura que estaba muy arraigada al territorio –no en vano nació en Donostia– y a Euskadi, desde donde la compañía ha extendido sus tentáculos por todo el mundo en este medio siglo. Pero al igual que otras firmas vascas, para lograr músculo financiero para seguir creciendo, ha tenido que dejarse por el camino parte de su identidad y de su arraigo en el País Vasco a medida que ha ido cambiando de accionariado y propietarios. La adquisición de Ibermática por parte del grupo sevillano Ayesa, que se produjo en agosto del año pasado pero que culminó este jueves con su integración definitiva, es un exponente más del creciente desplazamiento de los centros de decisión y de los propios directivos fuera de Euskadi. Una tendencia que se está produciendo en los últimos lustros en el País Vasco y que también está afectando a otras empresas emblemáticas con DNI vasco que han sucumbido a la necesidad de llevar su cuartel general fuera, sobre todo a Madrid, para estar donde se cocina todo o para seguir creciendo. Esto es lo que le pasó a Ibermática a partir de 2013 cuando el fondo madrileño Proa Capital se hizo con el control de la compañía tras adquirir el 55% de las acciones. Y a pesar de que hubo intentos posteriores, desde dentro de la compañía, para que la empresa proveedora de servicios tecnológicos mantuviera su arraigo en Euskadi y también contar con capital mayoritariamente vasco –captar inversores de aquí–; es decir, para retener la compañía en el País Vasco, no fue posible. Y es que como ha ocurrido con otros muchos casos, para ello se requiere, señalan estas fuentes, un «pulmón financiero potente que permita aguantar estos procesos y retener a las empresas en Euskadi».

Aciturri Aeronáutica ha completado la compra de Alestis Aerospace –ambas compañías cuentan con centros de trabajo en Euskadi– tras adquirir el 24,05% de sus títulos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según anunció la compañía ayer en un comunicado. Esta operación se ha formalizado en los términos y plazos previstos en el pacto suscrito por la SEPI y Aciturri en 2019, tras la adquisición por parte de la compañía de componentes aeronáuticos del 75,95% de Alestis Aerospace. La SEPI da así por cumplido su papel coyuntural en relación con la estabilidad financiera y operativa de Alestis, y su contribución a la viabilidad y objetivos estratégicos de la empresa, «referente en el sector aeroespacial». Alestis Aerospace mantendrá su actual equipo y centros de trabajo en Cádiz (Puerto Real y Puerto de Santa María), Sevilla, Getafe, Vitoria y Brasil para continuar formando parte del negocio de aeroestructura de Aciturri que, por su parte, cuenta con plantas en Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Portugal, Francia y Brasil.

CAF (Construcciones y Auxiliar del Ferrocarriles) es uno de los valores que suscita el acuerdo prácticamente unánime de todos los analistas: hay que tenerlo en cartera. Así lo recoge Bloomberg, con un 93% de las recomendaciones de compra y el 7% restante, de mantener. Se trata, además, de una empresa de mediana capitalización que ha ido ganando peso en cuanto a seguimiento por parte de los expertos, siendo ya 16 firmas las que cubren el valor y le dan un potencial, según el consenso, del 31%. En 2024, la acción sube el 2,3% y desde los mínimos de septiembre de 2022, avanza el 48%. El principal atractivo que reúne CAF de cara al mercado es la vinculación de su negocio con el transporte sostenible: es fabricante de vehículos ferroviarios (tranvía, metro, cercanías, alta velocidad...) y señalización, y de autobuses híbridos, de hidrógeno, trolebuses y baterías a través de su filial Solaris. La transición hacia un mundo más verde ha impulsado las ventas totales de CAF, que está presente en más de 50 países, desde los 1.318 millones de euros en 2016 a los 2.735 millones en los nueve primeros meses de 2023, un 107% más, a pesar de enfrentar vientos en contra como la restricción de la movilidad por el Covid y las disrupciones en las cadenas de suministros de componentes. El próximo 29 de febrero presentará los resultados de cierre del ejercicio y en Intermoney Valores esperan “un segundo semestre claramente más fuerte que el primero, por la renovación de contratos con otras condiciones y precios más ventajosos, ya que hasta ahora ha estado sacando unidades a precios obsoletos, a la vez que la presión inflacionaria irá relajándose”.

El Puerto de Bilbao espera iniciar este año las obras de construcción de la última gran obra de ampliación de sus instalaciones en el Abra exterior. Es lo que se denomina como ‘segunda fase del espigón central’ y permitirá ganar 300.000 metros cuadrados de muelles en un puerto que se acerca ya a la saturación de sus espacios. Así lo anunció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, quien indicó que a finales de este año ya estará ocupado el 95% del espacio disponible en el puerto, en un momento en el que «hay más demanda que oferta». La inversión total prevista para este año se cifra en 77,8 millones de euros, ya que además de los 54,4 millones que se destinarán a esa ampliación está previsto dar un impulso a la electrificación de los muelles. Barkala destacó el buen comportamiento del tráfico en el puerto vizcaíno, con cifras que mejoran la media de lo que ha sucedido en este sector de actividad en el conjunto de España. En toneladas, Bilbao movió el pasado año 32,8 millones –una cifra que aún se sitúa por debajo de las conseguidas antes de la pandemia– y con un ligero aumento del 0,11% respecto a 2022. Sin embargo, hay dos elementos que incitan al optimismo. El primero es que en el conjunto de puertos del Estado el descenso en el tráfico de mercancías fue del 3,3% y también que la estadística estuvo afectada por los malas condiciones climatológicas en la última semana de diciembre. De haber entrado los buques que tuvieron que retrasar su acceso al puerto hasta los primeros días de enero, el incremento en el movimiento de mercancías hubiese sido del 1,7%. Buena parte de esa situación comparativamente mejor a la de otros puertos españoles –Barcelona registró un descenso del 9,7%, Algeciras del 2,3% y Valencia del 2,7%– se debió al tráfico de graneles líquidos y, en especial, al gas que llega a la regasificadora del Puerto de Bilbao. 

La Asamblea General de Goierri Valley, asociación que engloba a empresas de esta comarca para impulsar su valor industrial y empresarial, aprobó ayer su plan de gestión y los presupuestos de 2024. La asociación continuará trabajando para generar un «impacto positivo y sostenible» en la industria de la zona, según destacaron en el cónclave celebrado en el Polo de Innovación Goierri, en el Edificio NBF, de Ordizia. En el presente ejercicio, la asociación contará con un presupuesto de 471.257,70 euros y continuará ofreciendo un espacio para fomentar la colaboración entre los diferentes agentes del sector industrial del territorio. Goierri Valley subraya tres proyectos: el laboratorio HUB 4.0, que ayudará a pequeñas empresas en su transformación digital; Munduan, que fomenta la internacionalización de las empresas asociadas en los cuatro mercados objetivo fijados (Francia, Alemania, Chile y México); y Análisis del Valor de las Estructuras Organizativas, proyecto que responde a las necesidades actuales de las empresas subcontratistas y cuyo objetivo es desarrollar un modelo cuantitativo de análisis de las estructuras indirectas, que permita medir la sostenibilidad del empleo indirecto, equilibrar roles y puestos, y crecer en base al incremento de la propia propuesta de valor.

Luis Ramón Arrieta, secretario de la comisión de Economía de la Universidad de Deusto, ofreció el jueves en la Sociedad Bilbaína una charla bajo el título ‘El impacto del terrorismo en la economía vasca’. Arrieta explicó que «no hay ningún caso en la UE ni en la OCDE donde una banda terrorista, además de causar un enorme daño humano, haya atacado, durante tanto tiempo, casi seis décadas, y con tanta dureza, a la economía de su país». Calcular esa factura es una tarea de gran dificultad pero Arrieta calculó que el coste directo, estimado en euros en la actualidad, ronda los 25.000 millones. «El impacto económico exacto no se puede medir, pero los estudios lo aproximan a órdenes de magnitud cercanos al fuerte deterioro de los datos macro en esos años, con una pérdida, en términos relativos, del 43% de stock de capital y del 24% de PIB, los peores datos de toda España en ese tiempo», destacó. «Todos los estudios demuestran que el terrorismo supone un coste directo muy importante, y que además reduce la inversión, externa e interna, en una economía impactando en una pérdida de stock de capital, de PIB, de tejido empresarial y empleo», ha añadió Arrieta.  Uno de los grandes frenos de esa sangría, a juicio de Arrieta, fue la labor de «diferentes instituciones y gobiernos, que trabajaron con intensidad para minimizar los enormes daños causados» y ahí jugaron un papel clave «nuestras herramientas de autogobierno, como el Concierto Económico». Arrieta admitió que es difícil saber qué habría sido de Euskadi en los años de ETA sin el Cupo pero sí avanzó que, en parte gracias a él, «nuestra economía no colapsó». En la parte final esbozó ideas para el futuro, que pivotan sobre una reforma fiscal, mantener la calidad de vida y un modelo educativo flexible para atraer y retener talento. Pero admitió que, hasta ahora, «no estamos poniendo en valor la Paz». Es decir, que «los datos de los últimos diez años siguen presentando un fuerte deterioro con pérdida de stock de capital y de PIB relativos, y además somos la comunidad española que genera menos empleo privado, el 1,8%, frente a la media de España del 6,2». Algo que no sucede en Irlanda del Norte. Con todo, Arrieta abogó por «aprovechar la enorme oportunidad» de la situación actual, que calificó como «un momento histórico».

No es fácil explicar que «la rentabilidad no es extraordinaria», como insistía ayer el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, pocas horas después de que la entidad desvelase que las ganancias del pasado ejercicio ascendieron a 4.816 millones, un techo histórico y un 54% más que el año anterior. Pero el máximo responsable de la segunda entidad en número de clientes en Euskadi insistía en que lo que había sido extraordinario era que dar préstamos hubiera costado dinero durante años. Eso es lo que ha pasado en el sector financiero hasta la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo iniciada en 2022 y que ha disparado las ganancias de los bancos. De momento, el Gobierno será uno de los principales beneficiarios de estos resultados, ya que en el reparto 2.900 millones en dividendos –el 60% del beneficio– recibirá un récord de 500 millones. El Estado posee el 17% de las acciones del banco derivadas de su posición en Bankia tras el rescate y antes de la fusión. La Fundación La Caixa tendrá 900 millones para la obra social y el resto se repartirá entre los 600.000 accionistas, de los que 23.000 residen en Euskadi. Además, a partir de este año la entidad instaura un pago adelantado de los resultados en los meses de noviembre. En el discurso corporativo destacó la apuesta de CaixaBank por mantener la sede en Valencia. Ni las amenazas de sanciones realizadas por Junts per Catalunya a las empresas que se fueron en 2017, ni la disposición del Gobierno central a negociar incentivos para su regreso, ha cambiado las cosas. 

Los grandes bancos españoles cerraron un 2023 para enmarcar. Entre las cinco entidades principales –Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter– ganaron 26.088,1 millones de euros, un 25,96% más. Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo en el último año y medio en su lucha contra la inflación. También ha pesado la contención de costes generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos. De los seis grupos financieros que cotizan en el Ibex, solo falta por comunicar sus resultados Unicaja, que lo hará el próximo martes. De las ganancias anotadas por los cinco grandes, se cosecharon en España 11.428,1 millones de euros. Es decir, el beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno aprobó un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con el compromiso de hacerlo permanente. En el primer año, entre estos cinco bancos pagaron casi 1.050 euros, un abono que se elevará hasta alrededor de los 1.400 millones en este ejercicio, según los cálculos de las propias entidades. El sector ha discrepado sobre la tasa desde el inicio y lo ha recurrido en los tribunales. Pese a ello, el Ejecutivo parece haber ganado el debate en la calle y la banca ya asume que el gravamen se mantendrá en el tiempo. Eso sí, reclama al menos algunos cambios “para evitar el carácter discriminatorio que tiene”, apuntan fuentes financieras.

Las grandes tecnológicas estadounidenses se preparan para abrir un nuevo capítulo de crecimiento de la mano de la inteligencia artificial tras sobreponerse al frenazo de la pospandemia. Apple, Microsoft, Amazon, Google y Meta experimentaron una recuperación gradual durante el ejercicio 2023, un año marcado por la contención de costes y los despidos. Los ingresos agregados subieron un 8% en 2023, hasta 1,63 billones de dólares (1,59 billones de euros). El crecimiento es modesto para los estándares históricos de estas compañías, que han concentrado sus esfuerzos en ganar eficiencia operativa para mejorar su rentabilidad. El beneficio operativo creció un 24%, hasta 387.000 millones de dólares, y el neto se disparó un 35%, hasta 326.772 millones de dólares. La cifra contrasta con el desplome del 24% de 2022, el año del gran frenazo tras la explosión digital durante la pandemia. La tendencia de mejora se ha afianzado en la recta final de 2023, por lo que se disipan nubarrones sobre la salud de la demanda digital. Apple vuelve a crecer (un 2%) tras cuatro trimestres de caída de las ventas; Amazon se anota su segunda mayor cifra de beneficio neto de la historia (10.624 millones de dólares); Meta registra su mayor incremento de ventas (+25%) en más de dos años; Google encadena cuatro trimestres acelerando el crecimiento de ingresos (+13,5%); y Microsoft eleva sus ventas un 18%, una tasa que no lograba desde hace casi dos años. Este sólido desempeño refleja el dinamismo de las compras online, la recuperación de la publicidad digital y del gasto en la nube, y la buena salud del consumo de servicios digitales.

El INE confirmó el viernes lo que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, avanzó hace dos semanas: la llegada de turistas y el gasto durante sus estancias alcanzaron máximos históricos en 2023. Las cifras han sido incluso mejores de las previstas inicialmente por Turespaña, con un balance final de 85 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 18,7% respecto a 2022 (1,5 millones más en términos absolutos) y superar el anterior máximo histórico, alcanzado en 2019 con 83,5 millones de viajeros. El turismo de revancha tras dos años de pandemia y la priorización de los viajes frente a otros gastos arrancaron 2023 como tendencias efímeras y se consolidaron a lo largo de los cuatro trimestres. Solo de esta manera se explica el estirón sin precedentes del gasto realizado por los viajeros durante sus estancias, que se disparó un 25%, hasta los 108.662 millones de euros. No solo vinieron más turistas, sino que gastaron más durante sus desplazamientos, con un desembolso medio diario de 149 euros, lo que representó un incremento anual del 2,3%. El arranque de 2024 no ha servido para frenar el optimismo de la industria tras un año récord. Turespaña prevé que en el primer cuatrimestre del año llegarán 23 millones de viajeros extranjeros, lo que supondría un 10,8% más sobre un año récord, y gastarán durante sus estancias en torno a 30.000 millones de euros, un 18,5% más anual, corroborando el mayor dinamismo del gasto frente a las llegadas. Las grandes hoteleras, como Meliá, Barceló, Riu, Palladium o Piñero, presentaron unas previsiones muy optimistas durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con planes de inversión para retomar la expansión paralizada por la pandemia. Francia certifica el ‘sorpasso’ a Alemania como segundo mercado emisor, e Italia aprovechó el desplome de los países nórdicos para empatar en la cuarta posición. 

El Gobierno francés ha conseguido desactivar una protesta agrícola que llevaba dos semanas en marcha y amenazaba con paralizar París y otras ciudades. Los tractores empezaron ayer a levantar los bloqueos que durante más de una semana han dificultado el tráfico en autopistas de toda Francia, pero amagan con volver si las promesas gubernamentales acaban en papel mojado. Es una victoria para el nuevo primer ministro, el joven Gabriel Attal, que se enfrentaba a su primera crisis desde que el presidente, Emmanuel Macron, le nombró a principios de enero. También es una victoria para los agricultores, que han arrancado de Attal y su equipo —en realidad, de Macron— concesiones de calado —el coste total de las medidas se evalúa en 400 millones de euros— y que les permiten pensar que la movilización ha valido la pena. Al mismo tiempo, según denuncian la izquierda y los ecologistas, las medidas del Gobierno para apaciguar la cólera del campo tienen un coste medioambiental. Critican, entre otras decisiones anunciadas el jueves, la suspensión del plan Ecophyto, que debía reducir a la mitad en 2030 el uso de pesticidas respecto al periodo 2015-2017. Solo se trata, según el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, de “revisar algunos aspectos [del plan Ecophyto] y de simplificarlos”. Pero la decisión, junto a otras que buscan aliviar la carga que las normas medioambientales tienen sobre los agricultores franceses, envía una señal preocupante, según los ecologistas.

Estados Unidos continúa con un mercado laboral a prueba de bomba. La tasa de paro lleva dos años completos por debajo del 4%, algo que no se veía desde hace décadas. La economía lleva creando empleo 37 meses consecutivos a pesar de las subidas de los tipos de interés aprobadas por la Reserva Federal para combatir la inflación. Las cifras de enero, además, han superado todas las previsiones y muestran una imprevista aceleración en la creación de empleo. La economía creó en enero 353.000 empleos no agrícolas, según las cifras difundidas este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo. Eso es casi el doble de lo que esperaban los analistas y la cifra más alta en un año. La tasa de paro se situó en el 3,7%, igual al 3,7% con que cerró 2023. Además, se han revisado al alza las cifras de creación de empleo del año pasado, en especial la de diciembre, hasta 333.000 puestos creados. El empleo crece en casi todos los sectores, pero los que más pujanza mostraron en enero fueron los servicios profesionales y empresariales, que añadieron 74.000 empleos; el sector sanitario, con 70.000 puestos de trabajo más; el comercio minorista (+45.000) y la asistencia social (+30.000). Crece también el empleo industrial (+23.000) y el público (+36.000) y el único sector que se descuelga es el de minería y explotación forestal, que pierde 6.000 empleos. La fortaleza de la creación de empleo es una buena noticia para el presidente, Joe Biden, en el inicio del año en que buscará su reelección.