20240326

En una entrevista incluida en el último número del newsletter sobre Financiación Empresarial de Confebask, el presidente del clúster de reciente creación BasqueFIK, Jon Ander de las Fuentes, asegura que “nacemos básicamente para fortalecer la competitividad, presencia y diversidad de las empresas financieras e inversoras, así como con la intención de conectar con las necesidades de las empresas vascas para mantener los centros de decisión. No nacemos porque creamos que falte ni músculo ni capacidades financieras. Creemos que lo que hace falta es coordinar y combinar adecuadamente nuestras capacidades. Tenemos un territorio muy atractivo para la inversión local y para la que viene de fuera. Echar raíces en Euskadi es la primera opción de debiera plantearse el capital y el ahorro que generamos aquí”. Entre los primeros pasos que quieren dar, Jon Ander de las Fuentes cita “crear un observatorio para medir nuestra competitividad en el sector financiero e inversor en el contexto mundial, definir un plan de acción rápida ante oportunidades de inversión estratégicas en Euskadi, e impulsar la cultura financiera mediante la colaboración educación - empresa, la atracción del talento y refuerzo del conocimiento, así como promocionar el prestigio del sector como palanca de progreso. Asimismo, otro de las herramientas pasa por desarrollar el Concierto Económico Vasco como elemento diferencial y dinamizador de nuestra economía”. Ver más en Confebask. Leer newsletter completo aquí

Tal y como destaca el CRL en su último informe correspondiente a los meses de enero y febrero de este año, "la intensa actividad negocial desarrollada el pasado año, así como los acuerdos rubricados a lo largo de estos dos primeros meses, han hecho posible que la situación de la negociación colectiva al finalizar el mes de febrero, con el 55,3% de la población asalariada con sus convenios actualizados y únicamente el 4,7% con sus convenios decaídos, mejore ampliamente a la del mismo mes de los últimos ejercicios. El hecho de que el 85% de los convenios se acuerden con un período de vigencia superior a los dos años ha permitido que a comienzos de 2024 el 52,3% de la población trabajadora tuviese ya sus condiciones  actualizadas...En cuanto al incremento salarial medio para 2024 de los acuerdos actualmente en vigor es del 3,57% para los negociados en la CAPV". Esta cifra es superior al IPC interanual registrado en Euskadi en del mes de febrero, que se ha situado en el 3,1%. Ver informe completo CRL

La negociación colectiva en Euskadi, que cerró 2023 con sus mejores datos de la última década y a la que se han sumado este año 65 nuevos convenios que afectan a más de 21.000 trabajadores, dejan ya a 356.617 vascos con sus acuerdos laborales actualizados. Esto supone en total un 55,3% de la población asalariada. Los resultados se apoyan en buena parte en que una gran mayoría de los convenios recientes (el 85%) se firmaron por un periodo superior a los dos años. Por su parte, aquellos que permanecen decaídos, es decir en los que ya se ha superado el plazo fijado antes de su revisión, suponían el pasado mes un 4,7%. Bajar del 5% ha sido gracias en parte a la actualización del convenio en la Alimentación de Álava. El resto de estos, que suponen cuatro de cada diez, se encuentran actualmente prorrogados. El último informe lanzado este lunes por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para analizar las variables del País Vasco también ha puesto en valor la subida salarial acordada en los convenios suscritos este año, con un crecimiento en los sueldos del 4,78%. Para enfrentar la inflación, que viene reflejando una moderación durante los últimos meses, todos los vascos que tienen vigentes sus convenios laborales firmados en Euskadi verán reflejadas en sus nómina una subida media del 3,39%. 

Mercedes Benz Vitoria, la segunda planta de furgonetas más grande que la multinacional alemana tiene en el mundo, presenta hoy en sociedad el proyecto de transformación que la adentrará en la era eléctrica. Coincidiendo con su setenta aniversario y ante una destacada representación institucional, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Iñigo Urkullu, la factoría de la Avenida de los Huetos mostrará el rediseño de sus instalaciones para producir, a partir de marzo de 2026, el primer vehículo de tamaño medio puramente eléctrico. Un modelo basado en la nueva plataforma modular eléctrica VAN.EA que se sumará a esa larga lista de vehículos que ya salen de la línea de montaje de la factoría (Vito, Vito Tourer, eVito, eVito Tourer, V-Class y EQV). Su diseño definitivo aún no se ha desvelado y durante varios años, el 'full electric' se fabricará simultáneamente con otras furgonetas de combustión tradicional o híbridas. Pero lo evidente es que está llamado a ser el monovolumen-bandera de la nueva Mercedes. La inversión que de forma escalonada realizará la matriz alemana para ampliar instalaciones y transformar sus procesos de montaje -entorno a 1.200 millones de euros- «a priori» dará estabilidad a más de 4.800 empleos directos, 30.000 indirectos y al negocio de 600 proveedores. Pero también a un ecosistema en desarrollo con el que Euskadi buscaría ser referente en fabricación e investigación del desarrollo de baterías para la automoción eléctrica. De un lado, el apoyo a Basquevolt y su proyecto de gigafactoría; de otro ese Centro de Fabricación Avanzada que impulsan Mercedes Vitoria, el Gobierno vasco, Gestamp y la Corporación Mondragón -a través de MB Sistemas- y que se conocerá oficialmente como Basque Automotive Manufacture Center (BAM).

En pleno debate sobre la transición energética y el papel de las empresas en la descarbonización, con el enfrentamiento entre Iberdrola y Repsol como telón de fondo, el Gobierno Vasco aprobará hoy nuevos compromisos en favor de la reducción de emisiones con­taminantes en las grandes em­presas e industrias vascas y en las pymes. El Ejecutivo autonó­mico anunciará este martes el Programa de Descarbonización Industrial, con veinte millones de euros para apoyar a empresas a que mejoren el medio ambien­te a través de la modernización de las instalaciones productivas industriales. El plan industrial, que anun­ciará este martes el departamen­to de Desarrollo Económico, Sos­tenibilidad y Medio Ambiente que pilota la consejera Arantxa Tapia busca apoyar a empresas indus­triales y de servicios conexos para fomentar inversiones en instala­ciones productivas, nuevas y exis­tentes, que permitan reducir las emisiones de gases de efecto in­vernadero, tanto las derivadas del consumo de energía como de los procesos de producción. 

Las empresas alavesas, representadas por SEA y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, han mostrado su "malestar" ante "el progresivo y constante deterioro de los servicios ferroviarios" en el Territorio y "la falta de consideración" de Renfe, que "no han hecho más que incrementar el perjuicio para la competitividad de la provincia de Álava y la capital de Euskadi". En un comunicado, las empresas alavesas han censurado las decisiones que ha adoptado Renfe, tanto recientemente como en los últimos años, respecto al servicio ferroviario que presta en Vitoria-Gasteiz. "Vitoria es una de las pocas ciudades capital de Comunidad Autónoma que no se encuentra en la actualidad conectada mediante tren de alta velocidad. En lugar de suplir esa carencia con la puesta a disposición de una mayor frecuencia y mejor servicio de Renfe a la capital de una de las economías más importantes de España y a la provincia con mayor índice de PIB industrial de todo España, asistimos a un deterioro del servicio que ni la ciudad, ni la provincia, ni la comunidad autónoma se merecen en relación a la aportación de riqueza que realizan", han expuesto. "De hecho, hemos asistido a un progresivo y constante deterioro de servicios ferroviarios; primero con la eliminación el año pasado del tren que permitía viajar hasta Madrid a primera hora de la mañana, y luego, una vez restituido el tren, con el cambio por otro de menor calidad y con un viaje de mayor duración", han recriminado. "Por si todo esto fuera poco, apenas unos meses después de que fuera restituido el primer tren de la mañana, asistimos ahora a una nueva alteración decretada por Renfe que privará a los viajeros alaveses, de nuevo, del convoy que salía de Vitoria-Gasteiz a las 6.48 horas, viéndose obligados a esperar hasta las 8.08 horas, para emprender viaje hasta la capital de España", han explicado. Ver nota SEA-Empresas Alavesas. 

Muchas han sido las voces que han criticado la lentitud con la que los fondos europeos Next Generation llegan a las diferentes comunidades del Estado. Ahora, en el ecuador del plazo para ejecutar estas ayudas y a falta de dos años y medio para que se agote el plazo en junio de 2026, Euskadi puede presumir de ser la autonomía que distribuye de forma más ágil estos fondos por cada habitante. Y es que el País Vasco lidera las licitaciones de los fondos europeos concedidos a empresas y entidades públicas hasta enero, con una cantidad que asciende a 365 euros per cápita hasta enero y un total de 808,1 millones de euros. Así se desprende de un estudio realizado por la institución académica Esade, que analiza el destino y el ritmo al que se están transfiriendo los 80.000 millones de euros que España tiene asignados (hasta enero se habían convocado 56.344 millones, un 70% del total, aunque solo se habían concedido 32.925 millones, un 41% del total) y cómo estos recursos económicos llegan al Gobierno Vasco a través de las conferencias sectoriales. Por comunidades autónomas, Andalucía está a la cabeza en cuanto a la concesión de recursos, con un total de 1.273 millones de euros, por delante de la Comunidad Valenciana (1.271 millones), Cataluña (1.229 millones), Madrid (883 millones ) y Euskadi (808 millones).

Hace dos años, las entidades sociales vascas estimaban en 30.000 las personas que, aún teniendo derecho a percibir la RGI, no lo hacían por desconocimiento. Llegar a ese numeroso colectivo, y automatizar los trámites para que los trabajadores del Servicio Vasco de Empleo puedan dedicar más tiempo a orientar a los usuarios y menos a la burocracia, era uno de los objetivos que perseguía la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión. Un año después de su entrada en vigor, y con 98.427 beneficiarios vinculados a 57.334 perceptores, 6.533 más que un año antes, la directora de Prestaciones e Inclusión en Lanbide, Sara Buesa, y el coordinador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi, Alfonso López, analizan cómo han transcurrido estos doce meses. La flexibilización de requisitos aumenta los perceptores. Buesa hace un balance «muy positivo» de este primer año. «Las cosas están funcionando como queríamos que funcionaran», asegura. La flexibilización de los requisitos de acceso, especialmente el de empadronamiento, están detrás del importante aumento de perceptores. Las familias con menores a su cargo, 15.262, suponen el 26,7% del total y, si antes debían acreditar tres años inscritos en los padrones municipales, ahora basta con uno. Este cambio facilita el acceso a hogares especialmente vulnerables, como los monoparentales, que han aumentado un 13,6% entre los perceptores de la RGI hasta alcanzar las 8.236.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ya ha tomado una decisión sobre la demanda que presentó UGT contra el Reino de España por la regulación de la indemnización por despido y a finales de esta semana se la trasladará a las partes y la remitirá también al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que tendrá que emitir una recomendación instando al Gobierno de España a legislar en consecuencia. Pasados cuatro meses desde ese momento, el CEDS hará pública su resolución, pero si el Comité de Ministros emite su recomendación antes de ese plazo, entonces el CEDS publicará su informe también. Fue en la sesión plenaria del 18 al 22 de marzo cuando el organismo decidió sobre el fondo de la reclamación colectiva que había presentado UGT en 2022. A finales de esta misma semana remitirán su decisión sobre si el coste del despido en España vulnera o no la Carta Social Europea tanto a UGT como al Ministerio de Trabajo, que no podrán hacerla pública. Simultáneamente se la mandarán al Comité de Ministros del Consejo de Europa –integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembro–, que tendrá que estudiar el informe y emitir una recomendación al Ejecutivo. Previsiblemente ésta se emitirá después de que en julio se haga público el informe. «El CEDS se pronuncia en esta decisión sobre si ha habido una violación de la Carta Social o no, y argumenta su decisión. El Comité de Ministros del Consejo de Europa toma una resolución en base a la información proporcionada por el CEDS», señalan a este medio desde el organismo con sede en la ciudad francesa. El conflicto se remonta dos años atrás, cuando, tras la firma de la Carta Social Europea por parte de España, el sindicato que lidera Pepe Álvarez demandó a España porque nuestro sistema tasado de indemnizaciones por despido de 33 días para los improcedentes no era, en su opinión, justo ni suficientemente disuasorio para evitar que las empresas optaran por los despidos. 

Repsol someterá a votación en su próximo junta, que ha sido convocada para el día 10 de mayo en Madrid, la estrategia del grupo en transición ecológica. No es la primera vez que Repsol somete a votación el plan de sostenibilidad y medioambiental. Ya lo hizo en 2022, con una aprobación de más del 83%. Pero este año, este asunto tiene especial relevancia. Iberdrola, uno de sus grandes rivales energéticos en España, ha interpuesto una demanda contra el grupo Repsol, al que acusa de competencia desleal por ecopostureo, o greenwashing, es decir, hacer un uso fraudulento del márketing de la sostenibilidad medioambiental. Al día siguiente de conocerse la denuncia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se congratuló de que el greenwashing llegara a los tribunales. Esto se interpretó como una crítica más de Ribera hacia el consejero delegado de Repsol, al que también ha acusado de negacionista climático y retardista de la transición verde. El hecho de que Repsol someta a votación su plan medioambiental en su junta es, en cierto sentido, un órdago a Ribera porque es un claro mensaje de que la estrategia verde de la empresa en realidad es la que quieren y aprueban miles de inversores, cientos de ellos minoritarios. Repsol tiene más de medio millón de accionistas.

Las plantas de cogeneración españolas, que producen electricidad y calor de manera simultánea y sostenible, se encuentran en una grave situación con motivo de la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera. El retraso de más de dos años en la publicación de la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones de régimen retributivo específico de cogeneración generará a partir del 1 de abril una situación crítica, que obligará a un gran número de plantas de cogeneración españolas a detener su actividad y a paralizar las inversiones en nuevas tecnologías como el biogás, la biomasa o el hidrógeno verde hasta que se aplique dicha regulación, alertan algunas empresas. De no producirse esta publicación antes del 1 de abril, a la que la cartera se comprometió hace dos años con una propuesta de orden, una buena parte de plantas de cogeneración, que producen a la vez calor y electricidad que se vierte a la red y son básicas para la actividad industrial, se verán obligadas a parar su actividad, sumándose a cerca de un centenar de instalaciones que ya se han visto obligadas a hacerlo desde 2022. Tal y como destaca Antonio Cortés, consejero delegado de Grupo Neoelectra, «la situación es extrema tanto para los cogeneradores como para la industria manufacturera asociada. En algunos casos, sufrimos más de medio año de retraso en los pagos que tiene que realizarnos el Gobierno, además de llevar ya dos años sin conocer la metodología con la que se nos abonará la electricidad que proporcionamos a la red. Nos sentimos abandonados por el Ejecutivo».

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el hólding empresarial público dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, comunicó ayer que ha alcanzado ya un 3% en el capital de Telefónica. El hólding despeja así las dudas sobre su capacidad operativa para ejecutar el encargo del Gobierno de llegar hasta el 10% del capital de la operadora, sin contar con los nuevos Presupuestos del Estado, en los que se iban a contemplar los instrumentos financieros necesarios para que Sepi ejecutase la inversión multimillonaria. A los precios actuales, un 10% de Telefónica supondrá un desembolso de casi 2.300 millones de euros. El anuncio de la Sepi implica que, por primera vez en 27 años, la mayor operadora de telecomunicaciones de España vuelve a tener una participación estatal relevante. En 1997, el Gobierno de José María Aznar vendió el último 21% que el Estado mantenía en Telefónica. Dos años antes, el Gobierno de Felipe González había traspasado otro 12%. La entrada del Gobierno a través de la Sepi en Telefónica ha despertado recelos en los inversores, que temen una mayor injerencia política en la gestión de la operadora, que hasta ahora siempre se ha regido por prioridades puramente empresariales. La decisión del Gobierno de tomar una participación y de tanta importancia está mediatizada por la irrupción de la operadora de telecomunicaciones Saudi Telecom Company (STC) en el capital de Telefónica el pasado septiembre.

Los máximos directivos del fabricante aeronáutico estadounidense Boeing dejarán la compañía por los nuevos problemas del modelo 737 Max –y el impacto en la imagen y en las cuentas del grupo–, tras el incidente de un avión de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo a comienzos de enero. El consejero delegado de Boeing, Dave Calhoun, que accedió al cargo hace cuatro años para enderezar el rumbo de la compañía tras dos accidentes de sendos aviones 737 Max por deficiencias en el software, que causaron 346 fallecidos, dejará el cargo a finales de 2024, arrastrado por una nueva crisis desatada con otro modelo de la familia superventas del grupo. El presidente de Boeing, Larry Kellner, abandonará la compañía tras la junta general de accionistas que se celebrará en mayo. Le sustituirá el ex consejero delegado del fabricante de chips Qualcomm, Steve Mollenkopf, quien se encargará de designar al nuevo CEO. Además, la nueva crisis se ha llevado por delante a Stan Deal, responsable de la filial de aviación comercial de Boeing, en el centro del huracán por los persistentes problemas con el 737 Max y otros modelos durante los últimos años, quien deja el cargo con carácter inmediato. Deal será relevado por la directora de operaciones del fabricante norteamericano, Stephanie Pope.

Hacienda planea poner el foco sobre las grandes empresas durante los próximos años. Así lo anticipa el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027, publicado ayer, en el que se considera “imprescindible seguir intensificado el control” sobre los grupos empresariales y multinacionales, se anticipa la creación de una Unidad Nacional de control de grandes compañías que complemente a la que ya fiscaliza a las mayores cotizadas, y prevé revisar los créditos fiscales que pueden aplicar cada ejercicio para abaratar su factura tributaria. “Uno de los colectivos respecto del cual resulta más determinante la labor de control desarrollada es, sin duda, el de los grupos que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades”, defiende el Plan, en el que la Agencia Tributaria, que destaca que estos 50.000 grupos apenas suman un 3% del censo empresarial pero suponen el 30% del Impuesto de Sociedades. A la hora de abordar este “importantísimo colectivo de contribuyentes”, el Fisco plantea dos vías de acción, conjugando la operativa de control ordinario del procedimiento inspector con la actuación propia de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas. De hecho, aunque la Delegación Central de Grandes Contribuyentes ya supervisa habitualmente a las grandes compañías y firmas cotizadas que facturan más de 200 millones de euros anuales, Hacienda aspira a mejorar el control sobre firmas intermedias “mediante la constitución de una Unidad Nacional de apoyo” para grandes empresas. El plan, explican fuentes oficiales, es contar con una unidad que coordine y refuerce las actuaciones de los equipos regionales y transversales que analicen compañías que facturen más de seis millones anuales, sean cabeceras de grupos a efectos de la tributación por Sociedades o IVA, y queden fuera del radar de la delegación central. 

Ante la reactivación de las reglas fiscales en Europa, que obligará a España y al resto de Estados miembros a apretarse el cinturón de la deuda y el déficit públicos, el Gobierno no ha dejado de defender en las últimas fechas su “compromiso con la estabilidad presupuestaria” y su “responsabilidad fiscal”. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró la semana pasada que el objetivo de reducir al 3% este año el desfase entre ingresos y gastos “va por buen camino” a tenor de la buena marcha de la recaudación en el arranque de 2024, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró a mediados de marzo al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, durante su visita a España, que el Ejecutivo estaba trabajando “en un plan fiscal estructural a medio plazo acorde con las nuevas reglas fiscales”. Eso sí, lo estaba haciendo en el marco de un proyecto de Presupuestos para 2024 que finalmente no verá la luz, ya que el propio Sánchez decidió aparcarlo poco después por el adelanto de elecciones autonómicas en Cataluña, lo que a priori deja ese plan fiscal en el aire. Con este telón de fondo, la Comisión Europea dio ayer un toque de atención al Gobierno español, dejándole claro que además de palabras quiere hechos y urgiéndole a esprintar en el ajuste de los desequilibrios presupuestarios, en especial en el adelgazamiento de su abultada deuda pública, una de las principales vulnerabilidades de la economía española. “Se necesitan más esfuerzos para reducir la alta deuda pública”, advirtió Bruselas en un informe publicado ayer en el que, con el título de Revisión en profundidad 2024, analiza los principales puntos flacos y desequilibrios de España y otros Estados miembros (Países Bajos, Chipre, Rumanía, Eslovaquia y Suecia).