20240214

Un nuevo informe destaca que el Estado lidera, junto a Francia y Portugal, la tasa de absentismo laboral por incapacidad temporal en la UE con un 4,1%. El impacto económico que tienen las prestaciones por baja por IT supone un 1,4 % del PIB del Estado (más de 17.000 millones de euros), según los últimos datos de 2021 procedentes de Eurostat, un porcentaje que se sitúa por encima de la media de la UE (1,2 %) y representa un crecimiento de 0,6 puntos respecto a 2014. Así lo recoge un estudio socioeconómico sobre la evolución de la IT y la siniestralidad elaborado por Umivale Activa en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Aunque el porcentaje de ocupados que se ausenta por accidente, enfermedad o incapacidad temporal de su puesto de trabajo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, las diferencias regionales son acusadas. Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria encabezan el listado, con una tasa por encima del 5 %, mientras que Madrid, Baleares y Aragón se sitúan al final, en torno al 3 %. La Comunitat Valenciana se sitúa en la media nacional, con un peso de las ausencias laborales por IT del 4 % y un incremento respecto a 2007 de 0,9 puntos porcentuales. Son múltiples los factores que inciden en la IT, como las condiciones de trabajo, la cultura de las empresas y las políticas y prácticas de recursos humanos, pero también factores externos al trabajo como la situación familiar o el contexto social y cultural. También son importantes los factores relacionados con el sistema de salud, la legislación o incluso los procesos judiciales.

Las ventas de las empresas de Gipuzkoa cerraron el año 2023 con un aumento del 2,9% interanual, según ha explicado hoy la portavoz de la Diputación, Irune Berasaluze, en base al informe que elabora tradicionalmente el departamento foral de Hacienda. Este incremento, subrayó, es consecuencia, sobre todo, del aumento de las ventas interiores o realizadas en España (un 4,2% más), mientras que las exportaciones crecieron apenas un 0,8%. Las cifras acumuladas en los doce meses del año presentaron un balance positivo especialmente en la construcción, con un alza del 10,4%, aunque también crecieron las ventas del sector servicios (4,4%), así como las de la industria, con un 0,8%, el repunte más modesto entre los grandes sectores. En cuanto al mes de diciembre, la facturación creció un 5,1% respecto al mismo mes de 2022, manteniendo una tendencia al alza por quinto mes consecutivo. Positivos fueron también los datos acumulados relativos al empleo, «que mantuvo el pulso pese a la coyuntura de incertidumbre económica y geopolítica», señaló la portavoz. Durante 2023, el número de personas empleadas por las empresas de Gipuzkoa (sin tener en cuenta las financieras) se elevó un 1,4%, siendo el sector servicios el que mayor incremento experimentó (1,7%), seguido por el industrial (1,3%). En el caso de la construcción, sin embargo, la cifra disminuyó un 2,1%. Los salarios pagados por las empresas de Gipuzkoa el año pasado también repuntaron. En comparación con las cifras de 2022, el incremento acumulado en el periodo fue del 6,9%. El mayor crecimiento se dio en los servicios (7,5%). En el sector industrial y la construcción, por su parte, subieron un 6,7% y un 4,1% respectivamente.

Que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro avale públicamente la intención de un antiguo asesor del presidente Orbán para comprar Talgo no es irrelevante. Es un movimiento que traslada la clave política al primer plano de la operación. Lo hace, además, con un país que es el que más fricciones tiene con la UE por la exigencia de garantías democráticas y por su menor beligerancia hacia Rusia. Son un conjunto de elementos que dificultan la vertiente de la imagen para el Gobierno de España. El máximo responsable de la cartera diplomática de Hungría Peter Szijjártó, ha visitado este martes a su homólogo español, José Manuel Alvares. Szijjártó ha dicho tras la reunión que «estaremos contentos si se alcanza un éxito en los planes de expansión» de Magyar Vagon, la compañía ferroviaria integrada en el grupo DJJ interesado en comprar Talgo por 617 millones de euros (cinco euros por acción). El ministro de Exteriores húngaro ha enmarcado la operación empresarial en un proceso de expansión de compañías de su país, entre las que citó el caso de la petrolera nacional, un grupo bancario y una firma farmacéutica. Un contexto que no puede obviar que el consorcio industrial que analiza la compra de Talgo está liderado por, Andras Tombor, quien fuera asesor de Defensa del presidente húngaro. El grupo fue refundado por el actual ministro de Defensa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, y creció con privatizaciones en el sector ferroviario impulsadas por la Administración Orbán. Entre sus compras, destaca en 2022 la de las instalaciones que el fabricante ruso TMH tenía en Hungría y que se integraron en Magyar Vagon. En cuanto a la vertiente económica, la oferta está a la espera de que la corporación de Tombor logre un acuerdo con los bancos para mantener la financiación de los cerca de 230 millones de deuda de Talgo. El problema no es la cuantía, sino que algunos de estos créditos están condicionados a la permanencia de sus actuales dueños.

El Grupo Michelin cerró 2023 con unas ventas de 28.343 millones de euros, 247 millones menos que en el ejercicio anterior (0,86% menos), aunque esta resultado se vio perjudicado por el tipo de cambio, ante la caída de la mayoría de divisas frente al euro, con un efecto negativo del 2,9%. El fabricante de neumáticos con sede en la ciudad gala de Clermont-Ferrand ha dado a conocer sus resultados del año pasado. En un comunicado, Michelin destaca que en 2023 “los mercados de venta de neumáticos a nivel mundial se mantuvieron estables, pero con un mix adverso, con primeros equipos creciendo en la mayoría de los segmentos, mientras que el reemplazo se enfrentó a una reducción masiva de existencias, que ahora se considera completada”. De este modo, el volumen de ventas de neumáticos del Grupo cayó un 4,7%, “lo que refleja la estrategia del Grupo de priorizar los mercados y segmentos que aprecian su propuesta de valor única”. “En un entorno empresarial desafiante, nuestros equipos altamente comprometidos han contribuido a ofrecer los sólidos resultados que anunciamos hoy para 2023. Me gustaría darles las gracias de todo corazón por su tremenda capacidad de adaptación diaria”, ha afirmado Florent Menegaux, CEO de Michelin.

El 82% del alumnado de Formación Profesional (FP) Superior tiene trabajo a los seis meses de graduarse. Es un punto más que hace un año. Los datos también revelan que, a mayor cualificación, mayores oportunidades de encontrar trabajo inmediato. Así, el grado de empleabilidad de quienes acaban grado básico es 'sólo' del 76%. No obstante, la mayoría de alumnos continúan su formación hasta el ciclo superior. Así se desprende del informe 'Situación laboral en los ciclos formativos de los centros Hetel 2022-2023', elaborado y presentado este martes por Hetel y BBK. Hay otro dato interesante. Cuando los alumnos van a una empresa que se corresponde con lo que han estudiado, la tasa de empleabilidad aumenta un poco más hasta situarse en el 83,5%. Es una cifra en la que ha hecho hincapié el responsable de Hetel, Julen Elgeta, durante la presentación del estudio. «Le damos mucho valor a este dato teniendo en cuenta la velocidad a la que cambian los puestos de trabajo», ha señalado. Con estas cifras sobre la mesa, llama la atención que las empresas se quejen, de manera recurrente, señalando que no encuentran mano de obra cualificada adaptada a sus necesidades. Preguntado acerca de esta cuestión, Elgeta ha indicado que quizá hay una falta de coordinación entre los centros de FP y las compañías a la hora de la captación de talento. Las empresas, en cualquier caso, tienen más presencia que nunca en la FP. Este año, por ejemplo, los centros de Formación Profesional han contado con la colaboración de 7.542 empresas para la formación de los alumnos. Son más del doble que dos cursos antes. La intención del Gobierno vasco es que la cifra siga aumentando. Por otro lado, la encuesta ha preguntado a los jóvenes, por primera vez, sus preferencias a la hora de escoger una empresa. Priorizan las condiciones laborales (conciliación, horario, flexibilidad, opción de teletrabajar, proporcionalidad en la carga de trabajo...), seguido del sueldo y el ambiente en el trabajo. Por último, el informe revela un «cambio de tendencia». Cada vez hay más hombres en los ciclos formativos tradicionalmente más feminizados, como química, comercio o marketing; en cambio, las mujeres siguen sin ganar presencia en los ciclos STEAM (industriales), que son los que mayor demanda tienen y los que cuentan con mejores datos de inserción laboral.

Lanbide ha acordado este martes «medidas excepcionales» para que los inmigrantes en situación irregular puedan seguir realizando cursos formativos para acceder a certificados de profesionalidad ante el problema surgido por la obligación de cotizar por las prácticas, ya sean remuneradas o no, desde el 1 de enero. Esta normativa de la Seguridad Social, pensada para que los jóvenes vayan acumulando tiempo de cotización para su jubilación, ha supuesto un perjuicio para los extranjeros sin papeles, ya que no pueden realizar los módulos prácticos que dan acceso a los certificados profesionales. Euskadi había apostado por esta vía para ayudarles en la regularización y, según Lanbide, en estos momentos hay un total de 1.224 inmigrantes irregulares afectados por la normativa, aunque la cifra se podría ampliar a lo largo del año. Su situación es de total incertidumbre, lo mismo que la de los 52 centros que imparten la formación y que habían accedido a financiación para ello. Para darles respuesta, el consejo de Lanbide se ha reunido hoy para debatir posibles soluciones. Como medida general se ha acordado «ampliar el plazo de realización de las prácticas cuando las personas extranjeras hayan iniciado el trámite de autorización de residencia o su prórroga o cualquier otro proceso de permiso que le permita residir legalmente en España y completar su regularización en ese plazo accediendo al módulo de prácticas con alta en la Seguridad Social». En segundo lugar y solo cuando la medida general no sea aplicable, «se va a posibilitar la realización del módulo de prácticas en el centro de formación y obtener el certificado de profesionalidad completo». Para ello, «los centros deberán disponer de aulas de prácticas donde se simule un entorno laboral». Estas medidas se completarán con otras para que los centros no se vean perjudicados en la ejecución de sus compromisos adquiridos en las convocatorias.

Los centros privados han aumentado en 15 años el ratio de cuidadores por usuario, elevándolo a un trabajador para cada persona dependiente. El 90% de estos espacios son de titularidad privada, aunque después aproximadamente un tercio de sus plazas están concertadas. Pues bien, en los últimos 15 años la cantidad de estas residencias ha ascendido de las 141 de 2009 a las 149 actuales. Desde la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA, entidad a la que pertenecen la mayoría de centros) señalan que «no hay problemas ni largas listas de espera en acceder a una cama por la vía privada», situación contraria a lo que ocurre con las plazas públicas. Ahora bien, reconocen que ante unos usuarios «cada vez más dependientes» será fundamental «impulsar un nuevo modelo de atención en el futuro». Los trabajadores también son un factor a tener en cuenta en ese sistema que quiere impulsarse. Con el fin de reivindicar unas condiciones dignas, las 6.600 trabajadoras de estos centros (más del 80% son mujeres) consiguieron el pasado noviembre renovar su convenio tras 68 jornadas de huelga. El acuerdo fue presentado ayer por GESCA. El convenio actualiza el número de trabajadores que tiene que haber por cada persona usuaria en un centro de atención a la tercera edad, adaptándose así a la normativa autonómica impulsada el pasado junio. En el caso de aquellas residencias con pacientes en segundo y tercer grado -la práctica totalidad-, el ratio debe ser de un gerocultor (el especialista que se encarga de las actividades básicas diarias) por cada tres usuarios. Al igual que en los anteriores convenios, la jornada máxima sigue siendo de 35 horas semanales, con un tiempo de descanso de 20 minutos. Asimismo, se mantiene la obligatoriedad de que el 85% de la plantilla tenga un contrato indefinido. Del mismo modo, el acuerdo recoge las tablas salariales hasta 2025, donde se acuerda un incremento del 25,5% en cinco años. En el caso de los gerocultores, su sueldo ascenderá a los 1.800 euros brutos en 14 pagas.

No han pasado ni dos meses desde la última huelga en todo el sector público vasco y ya hay una nueva convocatoria sobre la mesa. Los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Steilas y ESK acaban de anunciar un paro para el 12 de marzo, en plena precampaña para las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el 21 de abril. El argumento es la «nula voluntad política» para atender sus reclamaciones, en particular la de que las condiciones laborales de los funcionarios vascos se negocien en Euskadi y no dependan de Madrid. En esta ocasión Satse se ha desmarcado mientras que UGT vuelve a quedarse al margen al considerar que las protestas tienen carácter político. El bloque sindical convocó a finales del año pasado dos huelgas que abarcaban a los 150.000 trabajadores de todo el sector público -Osakidetza, educación, transporte, Lakua...–. La primera fue el 25 de octubre y la segunda el 19 de diciembre. En esta última se notó una menor incidencia, quizás por el hartazgo de tantas movilizaciones ya que a estos paros generales se sumaron otros sectoriales. Educación y transporte fueron las áreas con mayor seguimiento. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y la exigencia de que los partidos políticos vascos reclamen en Madrid que las decisiones sobre el empleo público se tomen en Euskadi. En este sentido, el PNV negoció con el PSOE, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, disponer de un mayor margen de maniobra, pero las centrales tacharon el acuerdo de insuficiente.

Los jóvenes que no tengan el ahorro suficiente para poder adentrarse en la compra de una vivienda dispondrán de un aval público que les garantizará el conocido 20% necesario de entrada con la que llevar a cabo esta operación. Sin embargo, la letra pequeña de esta medida desmorona una parte de un anuncio que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las municipales del año pasado, y que ha materializado a pocos días de los comicios autonómicos gallegos del domingo. Cuando un comprador quiere comprar una vivienda y necesita una hipoteca, el banco no le concede todo el capital necesario, sino, como máximo, el 80% del valor de tasación. Es decir, es necesario tener ahorrado el otro 20%. Para un inmueble de 200.000 euros, es necesario disponer, de primeras, con 40.000 euros. Muchos jóvenes carecen de estos ahorros, por lo que será el Estado el que avale ante la entidad financiera esa cuantía bajo determinadas condiciones: que sean jóvenes de menos de 35 años, con una renta inferior a 37.800 euros al año, un patrimonio que no supere los 100.000 euros y que se destine para una vivienda habitual que mantengan en propiedad al menos 10 años. Ese aval implicará que la entidad conceda un crédito sobre el 100% del valor de tasación de la vivienda, frente al 80% habitual. Se materializarán a través de acuerdos con el ICO y será cada entidad la que determine si concede esa hipoteca sobre el 100% del valor de tasación. Se trata de una práctica que se había desterrado del mercado financiero hace muchos años por el sobrendeudamiento que generaba. El banco analizará la solvencia de cada solicitud y si esos jóvenes cumplen con los requisitos mínimos de ingresos y estabilidad laboral para acceder a una hipoteca. Organizaciones como Asufin han criticado esta medida. La asociación sostiene que sin vivienda pública «asequible», los avales ICO para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven son un «subsidio encubierto» para los promotores. Y alerta sobre las vinculaciones que puede exigir la banca.

El Gobierno aprobó el 28 de febrero del año pasado la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida comúnmente como Ley Trans, que estipulaba la obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de disponer en el plazo de un año de un protocolo de actuación para velar por la igualdad de este colectivo. En esa norma, no se especificaba en qué tenía que consistir ese protocolo, pero el Ejecutivo se comprometía a explicarlo en un reglamento posterior. Pasado casi un año desde de ese momento y a quince días de que entre en vigor la obligación de las empresas de contar con este protocolo –que aplica a partir del 2 de marzo–, el Gobierno todavía no ha hecho ese desarrollo reglamentario y fue ayer cuando convocó por primera vez a los agentes sociales para negociar su contenido. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, achacó el retraso al adelanto electoral del año pasado en declaraciones posteriores al encuentro, pero desde el 16 de noviembre en que Pedro Sánchez fue investido presidente han pasado tres meses en los que tampoco se ha avanzado en este contenido. De hecho, en la cita de ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recabó la propuesta de los sindicatos –acudieron con un borrador de reglamento que ellos habían preparado–, mientras que CEOE y Cepyme se comprometieron a enviar sus propuestas en los próximos días. Una vez analizadas las de unos y otros, el Ejecutivo volverá a convocarles a una nueva reunión para avanzar en un acuerdo que sirva de base para desarrollar el reglamento, que aspiran a tener «cuanto antes».

Las grandes empresas deberán tener en el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, un plan de movilidad sostenible en el trabajo. Plan que será de contenido obligatorio en la negociación colectiva en este tipo de compañías, según informó ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Departamento de Yolanda Díaz ha introducido en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, la llamada “negociación colectiva verde”. Por lo tanto, todos los centros de trabajo de 500 trabajadores, o de 250, deberán negociar en el convenio un plan de movilidad para los empleados. Hay que reseñar que el Ministerio habla de centros. Por lo tanto, una gran empresa, con miles de trabajadores y varios centros de trabajo en España, deberá tener varios planes de movilidad de sus empleados. De la misma forma que un centro de 250 trabajadores ya es una gran empresa y no mediana. El límite de esta última es de 249 trabajadores. Por lo tanto, obligar a las compañías de 250 empleados a negociar un plan de movilidad, y además financiarlo, se convertirá en una razón más para que muchas empresas no quieran ganar tamaño. Este es uno de los grandes problemas que tiene España con la falta de productividad y de empleo. Según Trabajo, los planes de movilidad sostenible en los convenios deberán incluir medidas concretas como las siguientes: el impulso de dichos planes, así como el transporte colectivo de los empleados. Es decir, el fomento de autobuses ecológicos para llevar a los trabajadores desde su casa al centro y viceversa, que tendrá que ser en un vehículo de cero emisiones contaminantes. En esta medida, y dentro de la movilidad compartida, también pueden entrar los automóviles eléctricos o híbridos. Y también el fomento del teletrabajo para contribuir a rebajar la presencia de vehículos en las calles y en las entradas de las ciudades.

Orange y MásMóvil han cerrado definitivamente el acuerdo final con la Comisión Europea de cara a la fusión de ambas compañías en España, según señalan fuentes conocedoras del proceso. El acuerdo definitivo alcanzado supone, fundamentalmente, que no se van a modificar los términos de los remedies, las concesiones que Orange y MásMóvil se comprometían a conceder a un tercero –en este caso al grupo rumano Digi– obligadas por la Comisión Europea para restaurar el nivel competitivo previo a la fusión. El acuerdo mayorista consiste en la concesión de un contrato de roaming (National Roaming Agreement o NRA) a Digi para que éste utilizase la red móvil de Orange a un precio ventajoso. Un detalle importante de este acuerdo NRA es que se trata de una opción que Digi puede ejecutar o no a su conveniencia. Eso le facultará para activarlo o no, en función de su conveniencia. Como ahora Digi usa la red móvil de Telefónica, el hecho de que disponga de una opción para usar –previsiblemente a mejor precio– la red de Orange, le coloca en una muy buena situación para renegociar su acuerdo con Movistar y lograr mejoras en el precio mayorista que se traducirían directamente en un aumento del margen ebitda para el grupo rumano.

La evolución del número de clientes moderó el pasado año el importe del bonus del presidente de BBVA, Carlos Torres, y del consejero delegado, Onur Genç. Las métricas vinculadas a la clientela han sido las que han registrado un resultado más moderado, entre los seis indicadores incluidos en el plan de incentivos a corto plazo, uno de los dos programas que forman la retribución variable de la dirección. El indicador de clientes objetivo ha sido el único que no ha alcanzado la meta fijada. Ha registrado un resultado de 98, frente al listón de 100 que BBVA estableció como referencia para 2023, lo que implica un nivel de logro del 98%. BBVA captó, en términos brutos, 11,1 millones de clientes en 2023. El número de usuarios activos cerró el año en 71,5 millones en todo el mundo, un 6,3% más que el ejercicio previo. “El indicador de clientes objetivo cerró el ejercicio con una tendencia al alza, si bien ha quedado ligeramente por debajo del objetivo debido al desempeño de algunos países y del segmento de pymes”, explica el banco en su informe de remuneraciones. Esta variable recoge “el crecimiento de clientes relevantes en cada país, es decir, aquellos clientes en los que el grupo quiere crecer y retener en los segmentos de individuos, pymes, empresas y corporaciones por considerarlos de alto valor, ya sea por su nivel de activos, pasivos o transaccionalidad”.

Masdar, el grupo de renovables del Emirato de Abu Dabi, está estudiando la posibilidad de adquirir una participación en activos renovables de Iberdrola en Estados Unidos. Sería un primer movimiento tras el acuerdo sellado el pasado mes de diciembre, cuando ambos grupos sellaron una alianza para analizar oportunidades de inversión valoradas en 15.000 millones de euros. Masdar estaría interesado en comprar una parte de los activos renovables terrestres de la eléctrica española en el país, según informó ayer Bloomberg Masdar ya era uno de los candidatos a comprar parte de los activos de Iberdrola para unirse a este grupo en el desarrollo de renovables. Iberdrola lleva meses sondeando la búsqueda de un socio que le ayude con las inversiones de miles de megavatios en EEUU. La operación de búsqueda de ese socio se ha denominado de forma interna el plan Maverick. Además de Masdar, otros candidatos eran los fondos GIC, Norges y GIP. En Iberdrola insisten en que Masdar es “un socio estratégico importante”, aunque subrayan que no se ha concretado aún nada con respecto a EEUU. Iberdrola presenta un nuevo plan estratégico el día 21 de marzo. El grupo mantiene el foco de su estrategia en las alianzas a largo plazo.

Desde hace 75 años, el 14 de febrero se celebra el Día Mundial de la Energía. Y desde la Cumbre de París, en 2015, la transformación energética se ha acelerado con el fin de alcanzar la neutralidad climática. Hoy, los combustibles fósiles representan más del 70% del suministro global (frente al 82% de 2022), según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) World Energy Outlook 2023, y la necesidad de transformar el sector energético y triplicar las renovables para 2030 supone grandes oportunidades para las empresas. En el caso de España, la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), contempla elevar del 42% al 48% el objetivo de generación renovable final en 2030 y del 74% al 81% la potencia renovable instalada en relación con el total de la potencia eléctrica en dicha fecha. Entre renovables (40%), ahorro y eficiencia energética (29%), redes (18%) y electrificación (12%), se llevan el grueso de los 294.000 millones de euros de inversión previstos hasta 2030, de los que el 15% son fondos públicos y el resto corresponde a la inversión privada. “La ambición del nuevo Pniec implica diversos retos, tanto físicos y técnicos, como económico-financieros y regulatorios”, asegura Antonio Hernández García, socio de Sectores Regulados, Análisis Económico y Sostenibilidad en Consulting de EY. Eduardo González, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, coincide en que es necesario “agilizar la tramitación y concesión de autorizaciones para proyectos de renovables y de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas en entornos de seguridad jurídica y rentabilidad suficiente”.

Los problemas del mercado petrolero no tienen su origen únicamente en la crisis del mar Rojo, pero sí se han visto acrecentados por ella. El precio del crudo se ha visto incrementado un 6% en lo que va de mes de febrero, hasta los 83 dólares por barril de Brent, debido a una confluencia de factores de oferta y de demanda, tal como puso de manifiesto ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su último informe mensual. Por un lado, las ventas de los grandes exportadores se han contraído en enero, cuando precisamente el cártel debería empezar a plantear un alivio a los recortes de la producción. Por otro, el consumo se ha visto impulsado, a pesar de la ralentización de la economía europea, debido a la mayor demanda china y para transporte, impulsada en cierta medida por la reactivación del sector turístico y por que el cierre del canal de Suez obliga a numerosos buques a dar un rodeo por el sur de África. De acuerdo con las cifras publicadas ayer por la OPEP, la producción de crudo entre los grandes exportadores ha caído en 350.000 barriles al día en enero con respecto a diciembre, un descenso que va bastante más allá del recorte pactado por el cártel con Rusia y el resto de sus socios. De hecho, este ajuste se produce fundamentalmente en Libia, un país exento del pacto, que pierde 162.000 barriles al día el último mes, el 13,8% de su producción, y no se trata de un ajuste voluntario sino forzado por los conflictos que azotan al país, donde los insurgentes han logrado cerrar el mayor campo petrolero libio. Además, Libia se había convertido en una de las puertas de entrada a Europa del petróleo ruso, por lo que la inestabilidad en la zona puede impactar especialmente al Viejo Continente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que de China sale el 35% de la producción mundial. Ni siquiera la suma de todo el músculo manufacturero de los siguientes nueve países de la lista alcanzaría los números de la superpotencia asiática, que ha tenido un ascenso salvaje desde que ingresara en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001. El secreto del subidón sin precedentes, además de la mucha y barata mano de obra –que cada vez lo es menos–, parte de una estrategia que nadie más ha conseguido copiar. Un inmenso ecosistema productivo que selecciona puntos concretos para ubicar la cadena de fabricación necesaria para armar un producto. «Los chinos son muy prácticos y pragmáticos. Cuando van a desarrollar una industria, lo primero que hacen es crear el caldo de cultivo que necesita esa industria, desde las máquinas hasta los trabajadores, y se va levantando todo de una manera bastante organizada alrededor de una misma ciudad, de un mismo barrio, con varias industrias satélites abriendo en torno a un mismo producto. En Occidente todo eso es inviable por el miedo que hay a que la competencia nos copie», explica Jaime Horvilleur, agente de compras madrileño de 33 años que lleva más de una década viviendo en la ciudad de Yiwu, donde se encuentra el mercado mayorista más grande del mundo.