20250207

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Nota de prensa de Confebask, Adegi, Cebek y SEA: "El importante aumento de las cotizaciones sociales, así como los elevados registros del absentismo laboral en Euskadi, la reducción de jornada laboral por disposición legal - que irrumpe sobre lo pactado previamente en la negociación colectiva y rompe los equilibrios establecidos-, y la falta de flexibilidad organizativa en las empresas, hacen que la presión sobre los costes laborales sea unas de las principales preocupaciones empresariales por su impacto en la competitividad, en especial en las pequeñas y medianas empresas. Una preocupación, que en este 2025, se ve acrecentada por la elevada incertidumbre económica existente en el panorama internacional. La economía europea y la vasca están sufriendo una crisis de crecimiento y competitividad respecto de EEUU y China en la carrera por la prosperidad económica y el bienestar futuro. Adicionalmente, las perspectivas industriales en Europa y Euskadi se ven a su vez amenazadas por la crisis estructural a la que se enfrenta un sector relevante para el porvenir económico y social de Europa y Euskadi como es el del automóvil, tractor del resto de sectores empresariales. Asimismo, el ‘Salario mínimo propio’ ya existe en Euskadi. Y se llama negociación colectiva sectorial y provincial , que desde hace más de 40 años, y de manera acordada con los representantes de los trabajadores, ya establece los ‘salarios mínimos y máximos ’ para cada sector y empresa, en función de sus diferentes realidades y posibilidades. La pretensión de establecer un salario mínimo general, sin tener en cuenta esas distintas realidades, produciría, además del correspondiente efecto escalada sobre el resto de la tabla salarial, la ruptura de la lógica de esa evidente relación entre el salario y la situación particular de cada ámbito en cuestión. Este modelo vigente de negociación colectiva,  además, lleva garantizando desde hace ya más de cuarenta años, que el poder adquisitivo de las personas sea compatible con la competitividad de las empresas. De hecho, fruto  de esa negociación colectiva, y de los acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores, Euskadi dispone del salario medio más alto y de la jornada laboral más reducida de todo el Estado.  En concreto, el salario medio a jornada completa en Euskadi es un 18% superior al que se paga en el Estado, una diferencia que además se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, el salario pactado en los convenios vigentes en Euskadi también ha subido desde 2019 (año pre – covid) por encima del pactado en el Estado, un 15.4%, frente al 14.1%..." Ver más en Confebask. 

Malestar en el Gobierno vasco por la negativa de la patronal a negociar, mientras las centrales auguran una mayor conflictividad laboral. Confebask cerró ayer la puerta a negociar un salario mínimo para Euskadi, por encima del vigente en España (1.184 euros en 14 pagas, tras la última subida) y acorde a la realidad socioeconómica vasca. La patronal rechazó la petición que habían hecho en este sentido todos los sindicatos –ELA, LAB, CC OO y UGT– , que por primera vez en años se habían coordinado en una acción conjunta. Las partes se habían citado ayer en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) para constituir la mesa y la organización empresarial acudió a la reunión solo para exponer su negativa, que justificó «en el riesgo que supone para la competitividad y sostenibilidad de las empresas». Los sindicatos le reprocharon «no estar a la altura» y advirtieron de más conflictividad. ELA y LAB anunciaron que redoblarán sus esfuerzos para conseguir el SMI por la otra vía en la que trabajan, presionando a los partidos políticos para que logren un cambio legislativo y Euskadi consiga competencias en esta materia, ahora en manos del Estado. CC OO y UGT no descartan sumarse. Torres no ocultó ayer su malestar. Tras expresar su sorpresa, reprochó en una nota muy dura que «Confebask y sus patronales territoriales hayan perdido una gran oportunidad para hablar de esta cuestión e introducir otros asuntos que preocupan a las empresas vascas». Se refirió también a los altos índices de conflictividad laboral que tanto denuncian los empresarios para insistir en que era «una oportunidad magnífica para que el diálogo y el acuerdo entre diferentes sea la característica fundamental de nuestras relaciones laborales». En esa misma línea, censuró que la patronal apele a la negociación colectiva para rechazar la reducción de jornada aprobada por el Gobierno central y a la vez «no entre ni siquiera a negociar un posible acuerdo interprofesional».

El consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga y en el que participan el Ejecutivo autonómico y las fundaciones bancarias BBK y Vital, ha puesto límite temporal a su oferta. Este grupo, que aspira a hacerse con la propiedad del 29,8% de las acciones de la compañía ferroviaria, ha exigido una respuesta a los vendedores –liderados por el fondo británico Trilantic– «antes del viernes día 14 de febrero», según confirman fuentes cercanas a la operación. Así las cosas todo hace prever una intensa negociación bilateral hasta esa fecha. Ese día, el 14 de febrero, era la fecha que Trilantic había fijado como límite para recibir ofertas por su paquete accionarial. Tan solo Sidenor había mostrado un interés formal de compra, pero también había acercamientos de la ferroviaria polaca Pesa y de la india Jupiter, que han dado a entender su interés por lanzar una opa sobre la totalidad del capital de Talgo. Pero el grupo vasco quiere acortar los plazos. Así las cosas, Trilantic –también otros socios minoritarios que le acompañan en una sociedad instrumental bautizada como Pegasus y con sede en Luxemburgo– se encuentran ante un auténtico dilema. La decisión es clave. Si vende sus acciones al grupo vasco desactivará cualquier opción de opa y de mejorar con ello el precio de venta de sus títulos. Si rechazan la oferta saben que será una afrenta a los intereses del Gobierno español que, en público y también en privado, les ha trasladado su inequívoco apoyo a la oferta vasca. Una estrategia complicada para Trilantic y para el resto de socios, que tienen otras importantes inversiones en España, en especial en el sector de las energías renovables. El Gobierno español considera que Talgo es una empresa estratégica, con una tecnología golosa para cualquier competidor, que merece la pena proteger. De ahí que la negociación de los próximos días se vuelva decisiva.

Los inversores vascos interesados por Talgo, encabezados por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, reconocieron ayer ante la CNMV su nuevo intento de hacerse con el 29,76% del capital del fabricante de trenes. A la vista de que la oferta ya era conocida, con un máximo de 4,8 euros por título, lo más relevante es lo que se añade en el comunicado: no piensan, de ningún modo, lanzar una opa por el 100% del capital. El mercado reaccionó de manera cautelosa a esta oferta: la acción se disparó un 4,86% en el arranque de la negociación, aunque terminó la sesión con una caída del 0,77%, hasta tocar los 3,88 euros. “El consorcio ha presentado una oferta a Trilantic Capital Investment GP Limited, como socio mayoritario de Pegaso Transportation International SCA, para adquirir 36.870.994 acciones de Talgo, representativas de un 29,7682% de su capital social”, señalaron. Junto a Jainaga firman representantes de las fundaciones bancarias BBK y Vital, y del fondo público vasco Finkatuz. El dueño de Sidenor sostuvo hasta el último momento su exigencia de ir como único socio de perfil industrial en el consorcio respaldado por Ajuria Enea a través de Finkatuz. La CNMV decidió suspender minutos antes de la apertura del mercado la cotización de los títulos de Talgo en exigencia de transparencia sobre una operación que lleva meses fraguándose y que atañe a los principales accionistas, pero también a cientos de minoritarios. Queda por ver si habrá un pulso entre distintos ofertantes por Talgo en los próximos días.

Los años pasan pero el patrón es cíclico y no hace más que repetirse. Euskadi cerró este último año con un balance negativo de 65 empresas que dejaron de tener su sede en la comunidad autónoma. En concreto, 265 trasladaron su sede a otras autonomías mientras que otras 200 recalaron en territorio vasco. En este sentido, solo dos comunidades cerraron el año con un balance peor. La primera de ellas es Cataluña, que aún sigue padeciendo los efectos del ‘procés’ de 2017 y que continúa siendo el territorio en el que se producen más fugas empresariales. Concretamente, ha perdido 371 sedes desde enero a diciembre, mientras que Navarra, que se sitúa en segundo lugar, arroja un saldo negativo de 88 compañías. Estos registros evidencian que en la actualidad Euskadi atraviesa un periodo de enfriamiento económico y que lleva años perdiendo tejido empresarial. Sumado a esto, 2024 también fue especialmente negativo para la comunidad en cuanto a la creación de empresas. En concreto, el País Vasco firmó el peor ejercicio desde el covid, ya que desaparecieron 326.  Un dato importante a considerar es la facturación anual de las empresas fugadas. En el caso de Euskadi, los cambios representan un saldo neto de facturación negativo de 708 millones de euros. Esto se explica debido a que las que han abandonado el territorio han facturado 915 millones y las que han llegado, sin embargo, tan solo 207. Una vez más, tal y como ha sucedido en años anteriores, Madrid es el destino predilecto de las sociedades vascas que se marchan. Concretamente, más de la mitad de las que abandonaron el territorio –135– se fueron a la capital. 

El futuro más inmediato de Mercedes Vitoria se complica. Sindicatos y empresa siguen buscando alternativas para evitar la amenaza de un ERTE tras una nueva reunión negociadora celebrada ayer que se cerró sin acuerdo. La cita se produjo ante la perspectiva de un verano sin trabajo en la Avenida de Los Huetos durante mes y medio. Fuentes consultadas por EL CORREO confirman que actualmente se trabaja con un escenario en el que la mayor fábrica de Euskadi estaría sin producción desde principios de agosto hasta mediados de septiembre. A las habituales vacaciones de la plantilla se sumaría una interrupción del trabajo (‘block pause’) durante las dos primeras semanas del noveno mes para adaptar las instalaciones a la llegada de la plataforma eléctrica VAN.EA. Esa parada complica todavía más la alta ‘deuda’ de días de trabajo que tienen los trabajadores con la marca de la estrella. El inicio de la producción a dos turnos a partir de marzo genera un excedente de plantilla de unas 600 personas, fundamentalmente empleados de Montaje Final a los que hay que reubicar internamente. El calendario de 2025, pactado por la empresa con ELA, UGT y Ekintza, habilitó unas ‘jornadas de ausencia’ para salvar la situación durante los meses de marzo, abril y mayo. Las cinco fechas que Mercedes activó como días de trabajo entre el 13 y el 17 de enero sirven para que cada semana un grupo de trabajadores, de entre 300 y 500 personas, se ausente de los talleres durante estos tres meses. Sin embargo, a partir de junio la situación es diferente. Y es ahí donde es necesario dar con medidas de flexibilidad para evitar el ERTE, que es algo que la mayoría de los sindicatos quiere evitar. 

Las empresas que tributan en Euskadi ya no tendrán que adelantar en Aduanas el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a partir del próximo año. La Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) aprobó ayer por unanimidad un acuerdo que, a efectos prácticos, evitará a los contribuyentes tener que esperar hasta la liquidación trimestral del IVA para recuperar los costes incorporados a sus importaciones. Este cambio ya se había acordado en noviembre del año pasado y ayer se oficializó con una nueva disposición adicional séptima que modifica el Concierto Económico, y que se aprobó en un acto con representantes del Ejecutivo autonómico, de las tres diputaciones forales y del Gobierno central. Desde 2015 el IVA a la importación era competencia exclusiva del Estado, lo que ya permitía a los contribuyentes no tener que adelantar su pago en Aduanas. Sin embargo, quienes tributaban en las Haciendas Forales estaban excluidos de este sistema, lo que les obligaba a adelantar el impuesto que luego recuperaban. La implementación del acuerdo requerirá modificaciones normativas en la regulación del IVA, así como realizar adaptaciones informáticas entre las Haciendas Forales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria para resolver la gestión, por lo que la CMCE anunció que estos mecanismos comenzarán a operar a partir del 1 de enero de 2026.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol, Interpol y autoridades policiales de Vietnam, ha desmantelado un entramado delictivo que operaba entre España, Vietnam y China, dedicado a la falsificación de vinos bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja). Han sido investigadas siete personas, que en estos momentos se encuentran en libertad, residentes en Álava y Valencia, por pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, falsedad documental y estafa continuada. La operación, denominada ‘Epígrafe’, se enmarca dentro de la lucha contra el fraude alimentario y sigue abierta. En estos momentos se está investigando cuántos litros de vino se han transportado al continente asiático y las ganancias que ha obtenido este grupo. Según explicó ayer el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, el aviso que propició la investigación llegó por parte de un ciudadano español durante sus vacaciones en Vietnam, en marzo de 2023, cuando descubrió en una tienda de productos ‘gourmet’ una botella de vino etiquetada como Denominación de Origen Calificada Rioja. Al parecer, la botella tenía «un diseño muy similar al de una distribuida por una bodega de La Rioja Alta». Al sospechar de su autenticidad, decidió comprarla y trasladarla a España para su análisis. Los resultados confirmaron «que ni el vino, cápsula, corcho, envase, ni etiquetado cumplían con los estándares de la Denominación de Origen Calificada Rioja», afirma Sáez.

Es un campo en el que se va a generar una «economía nueva». Se trata de la tecnología vinculada al dato, al que llaman «el petróleo del futuro». Especialmente en la movilidad y la logística. Y Vitoria y Álava, donde estos sectores son estratégicos, trabajan para posicionarse. Lo demuestra la iniciativa que desarrolla Mobility Lab, fundación impulsada por la Diputación y el Ayuntamiento para fomentar la innovación y la descarbonización. Se trata de una plataforma para la compartición voluntaria de datos, sector «pionero» en Europa, destaca a este periódico el director de la entidad, Iñigo Bilbao. Para ello ha logrado una ayuda de 1,5 millones del Ministerio para la Transformación Digital que irá a parar a tres proyectos: un centro demostrador y dos casos de uso, uno de logística y otro de distribución de última milla. La financiación permitirá avanzar en la construcción de un «Espacio de Datos de Movilidad y Logística en Álava», proyecto en el que ya venía trabajando desde sus orígenes con apoyo del Centro de Cálculo de Álava, que aporta «el soporte técnico». Este tipo de plataformas son «espacios federados en los que se da una compartición voluntaria segura en un clima de confianza». Empresas, instituciones, centros de investigación... pueden permitir acceso a sus contenidos y a su vez, lograr acceder a otras bases de otros organismos.

El absentismo y la dificultad para atraer y retener talento se han convertido en los últimos años en los grandes problemas de la economía guipuzcoana. Para poner freno a esta situación, la Diputación ha activado su programa Lanaren Zentzua, una iniciativa que comenzó en 2020 bajo el marco de Etorkizuna Eraikiz y mediante el cual se pretendía identificar y abordar con antelación los retos a los que se podía enfrentar el tejido empresarial del territorio. Después de cinco años de trabajo, la diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Ane Insausti, anunció ayer en la presentación de las conclusiones y resultados del proyecto, que ha identificado que «la dificultad para atraer y fidelizar talento, junto con el absentismo, son dos factores que afectan a la competitividad de las empresas guipuzcoanas. Estos problemas no solo impactan en las empresas individualmente, sino que también tienen una repercusión en la economía de todo el territorio». Estos retos a los que debe hacer frente el territorio se extraen de las conclusiones y resultados presentados por más de 85 empresas de sectores tan diversos como la industria, el transporte, la farmacéutica, la fabricación aditiva o el turismo y servicios, que han participado en este proyecto junto a diez agencias de desarrollo, la Asociación empresarial y laboral ASLE, la Cámara de Comercio, Tknika, la Universidad de Mondragon y el Instituto de Competitividad Orkestra. Estas instituciones y organismos «han jugado un papel esencial en este proceso, apoyando a las empresas participantes en su camino hacia la mejora», sostiene el ente foral.

Andoni Ortuzar se marcha sin citar a Aitor Esteban. Aitor Esteban se queda para presidir el PNV hasta 2029 acordándose de Andoni Ortuzar, «un amigo». Antes de eso, de que ambos mostraran sus cartas en público e hicieran votos por la «unidad» de la sigla centenaria a la que se deben, se ven cara a cara, ayer por la mañana, en el despacho del presidente del EBB en la quinta planta de Sabin Etxea y sellan con un apretón de manos una salida de circunstancias que evita que el PNV se desangre en una lucha intestina inaudita desde que Imaz y Egibar se enfrentaron en 2003, agravada en este caso por el carácter puramente personal, no ideológico, de la confrontación. Así se escribió ayer el desenlace de uno de los capítulos más convulsos y extraños de la historia del PNV, que se cierra –está por ver si en falso– con el paso al lado de quien ha sido presidente del EBB los últimos doce años por «responsabilidad» y ante el «alto riesgo de división» en el partido si ambos, el líder de la ejecutiva y el portavoz en el Congreso, se enfrentaban en segunda vuelta en un duelo de poder sin un claro ganador. El partido respira aliviado al ver que no habrá choque y que Esteban tiene vía libre para ser presidente, al retirarse también de la liza el guipuzcoano Markel Olano, aunque los alderdikides no ocultan sus temores e incertidumbres ante lo desconocido, un período de inédita cohabitación entre el virtual nuevo líder del PNV y los altos cargos internos e institucionales designados bajo el manto de Ortuzar y una bicefalia totalmente a estrenar entre Esteban y el lehendakari Imanol Pradales. 

Salvo sorpresa mayúscula, y según coinciden en señalar las fuentes consultadas, no será ‘él’ sino ‘ella’ y el PNV ya no tendrá ‘hombre fuerte’ en la capital, sino ‘mujer fuerte’ en la figura de Idoia Sagastizabal, una de las más estrechas colaboradoras de Esteban en las Cortes durante todas estas legislaturas llegándose a convertir, sin duda, en su mano derecha. ¿Y quién cogerá el acta de diputado de Esteban? El siguiente en la lista es el exalcalde de Getxo y exsenador Imanol Landa, que trabaja ahora de director general de Relaciones Municipales en la Diputación vizcaína. Ahora, debe decidir si acepta o corre lista. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (Eibar, 1972) ocupó el puesto número dos en las listas al Congreso por Bizkaia. Afiliada a la organización municipal de Lekeitio, fue burukide del Bizkai buru batzar durante el primer mandato de Itxaso Atutxa hasta que dio el salto al Congreso en sustitución de Pedro Azpiazu, que fue llamado por Iñigo Urkullu para ser consejero de Hacienda en su segunda legislatura al frente de la Lehendakaritza. Desde entonces, se ha convertido en la voz del PNV en asuntos económicos, aunque su proyección mediática ha sido limitada por su perfil técnico y por la sobreexposición histórica que los portavoces jeltzales en el Congreso siempre han tenido, como ocurrió con Iñaki Anasagasti, Josu Erkoreka y el propio Esteban, que de los veinte años que ha estado en Madrid, más de la mitad los ha ejercido de portavoz. Es decir, que si se consuma el nombramiento de Sagastizabal, se convertirá en la primera mujer en ostentar un cargo de enorme relevancia. 

Los empresarios han activado la maquinaria para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los distintos grupos políticos ya se han iniciado y el objetivo último es convencerles de que voten en contra para que la medida no salga adelante. No obstante, fuentes de la CEOE admiten que el resultado de la negociación parlamentaria es en estos momentos una incógnita y que el Gobierno podría ganarse el voto decisivo de Junts a cambio de cesiones en otras materias, por lo que los esfuerzos se centran ahora en «amortiguar el daño» intentando, al menos, arrancar algunas flexibilizaciones sobre varios aspectos del texto. Más allá del recorte de la jornada legal sin merma salarial, a la patronal hay un tema que le preocupa aún más, si cabe, del acuerdo que acaba de validar el Consejo de Ministros y que aterrizará en cuestión de semanas en el Parlamento. Se trata del endurecimiento del registro horario, que el Ejecutivo quiere hacer obligatoriamente digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Es decir, que las empresas ya no puedan apuntar la jornada de sus trabajadores a papel y boli y que pasen a contar con un registro de horas digitalizado al que puedan tener acceso los inspectores en tiempo real de forma remota. Su incumplimiento, según está establecido en el anteproyecto de Ley, se multará con una sanción por cada trabajador –y no por empresa, como hasta ahora– que en su grado máximo podrá alcanzar los 10.000 euros. La CEOE aspira a que el Gobierno elimine o, al menos, suavice los términos en los que se está planteando el nuevo registro horario durante la negociación parlamentaria.

Pese al aparente dinamismo de la economía española y al empuje del PIB, una parte significativa del tejido empresarial español atraviesa serias dificultades para seguir a flote. Buena prueba de ello es que España cerró 2024 con la cifra de procedimientos concursales más alta de la última década, superando los 9.000, tendencia que no solo no se ha revertido en el arranque de 2025, sino que se ha acentuado. En enero pasado, 855 empresas se vieron abocadas a un proceso concursal por problemas de solvencia, un 34,4% más que en el mismo periodo del año pasado y un 38% por encima de las cifras de diciembre. Así lo refleja el último informe sobre procedimientos concursales y disoluciones empresariales de Informa D&B, publicado ayer. Aunque la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2022 proporcionó a las empresas herramientas y vías de escape, como los planes de reestructuración, precisamente para intentar evitar la entrada en concurso de acreedores, todavía hoy casi una sentencia de muerte empresarial en la mayoría de los casos, el grueso de los procedimientos siguen siendo concursos: 652 de los 855 registrados; es decir, más del 76% del total. Y estos siguen en ascenso, con un aumento del 21,8% respecto a enero de 2024 y del 41% sobre diciembre. Pese a que ya han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, los planes de reestructuración, pensados para compañías viables de cierto tamaño, siguen siendo un recurso minoritario en un país poblado por pymes y micropymes. El mes pasado se registraron 31 de estos planes, apenas dos más que en enero de 2024, año en el que, en conjunto, hubo 334, un 2% menos que en 2023.

La no continuidad del plan de ayudas públicas a la compra de coches eléctricos (Plan Moves), tras ser tumbado en el Congreso de los Diputados dentro del controvertido decreto ómnibus, ya está aflorando las primeras consecuencias en el mercado español, que afronta una paralización en la venta de eléctricos. Esta es la visión de Alberto de Aza, director general de la firma automovilística china BYD en España y Portugal, que asegura que el mercado del coche eléctrico en nuestro país se encuentra en “la peor situación posible”, ya que el cliente está esperando a que se lance un nuevo plan de ayudas para adquirir su vehículo cero emisiones. El directivo explica que este impasse sin ningún programa de incentivos públicos a la compra de automóviles eléctricos en España ha hundido un 50% las visitas de clientes a los concesionarios, lo que derivará en una fuerte caída de las matriculaciones de eléctricos hasta que no se lance un nuevo plan de ayudas públicas, algo que se demanda desde el sector del automóvil y que se prevé que suceda próximamente y con carácter retroactivo. De Aza solicita al Gobierno “rapidez” a la hora de dar continuidad a los incentivos públicos a la compra de coches, ya sea a través de una continuidad del extinto Plan Moves o con una nueva iniciativa diferente. En este sentido, recuerda que en España el despliegue de la movilidad eléctrica “va muy lento”, a una velocidad por debajo de lo que requiere Europa. El directivo manifiesta su “esperanza” de que se lance pronto un plan de ayudas que permita impulsar las entregas de los coches eléctricos, que el año pasado representaron poco más del 5% del mercado español y cerca del 10% si se suman también los automóviles híbridos enchufables.

Nissan ha dado un volantazo en su estrategia tras rechazar la fusión en los últimos términos que le planteó Honda, que quería convertirla en una mera filial en lugar de tener un reparto accionarial y de poder más equilibrado en el nuevo hólding resultante, como figuraba en el preacuerdo de integración anunciado a finales de diciembre. Ahora, tras comunicar a Honda que da por concluidas las negociaciones para crear el tercer fabricante automovilístico del mundo, por detrás de Toyota y Volkswagen, Nissan ha iniciado la búsqueda de un socio estratégico en el sector tecnológico para revitalizar su negocio y mejorar la rentabilidad, meses después de anunciar 9.000 despidos y el recorte del 20% de su capacidad productiva. Según las fuentes consultadas por Financial Times, Nissan tiene un foco amplio en la búsqueda de un socio potencial, pero fuera del sector automovilístico. Algunos consejeros, incluso, están abiertos a analizar una alianza con el grupo taiwanés Foxconn, el mayor ensamblador del iPhone, que ya mostró interés en comprar a Renault el 36% que posee en Nissan antes de que ésta anunciase la integración con Honda. El responsable de estrategia del vehículo eléctrico de Fox-conn, Jun Seki, fue un alto directivo de Nissan hasta 2019. El rotativo apunta que el consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, se reunió en la mañana de ayer con el de Honda, Toshihiro Mibe, para informarle de que abandonan las conversaciones de fusión, que habrían creado un gigante valorado en unos 58.000 millones de dólares (55.750 millones de euros).

Las grandes corporaciones alemanas se pronunciaron ayer contra todo bandazo político hacia la ultraderecha en las elecciones del 23 de febrero y advirtieron, en particular, a la Unión Cristianodemócrata (CDU) y sus hermanos bávaros de la Unión Socialcristiana (CDU/CSU) sobre cualquier colaboración con la populista Alternativa para Alemania (AfD). ‘Defendemos los valores’ es el título de la iniciativa presentada, entre otros, por Deutsche Bank, Siemens y MercedesBenz donde se critica toda tendencia hacia el nacionalismo y la xenofobia. Unas cuarenta grandes empresas y organizaciones económicas firman el texto. «Sin una democracia estable no habrá bienestar ni crecimiento. Estamos ante unas elecciones importantes que no deben convertirse en unos comicios de protesta», afirmó el presidente de Siemens, Roland Busch, quien comentó que el desplazamiento del espectro político hacia los extremos puede conducir a la erosión de la diversidad, del aperturismo y de la tolerancia. Los cuarenta altos representantes de la industria alemana presentaron ya su iniciativa con motivo de la cita electoral europea de 2024 para defender la idea de un continente unido e insisten ahora ante el auge de la ultraderecha. «Avanzar con la economía no significa retroceder con los valores», destacó Ola Kallänius, líder de Mercedes-Benz, mientras que Christian Sewing, jefe del Deutsche Bank, expresó la preocupación de las grandes empresas por los daños posibles a la democracia, después de que la Unión se apoyara en los votos de AfD en el Bundestag para imponer una moción parlamentaria y un proyecto de ley destinados a endurecer la política contra la migración ilegal.

Eran muchos los análisis que hasta hace bien poco apuntaban a que la Unión Europea aspiraba a poder trabajar con Donald Trump de cara a las siempre complejas relaciones con China. En cambio, ese plan se hundió antes de arrancar por culpa de la amenaza de fuertes aranceles y de la entrada en la escena geopolítica del multimillonario Elon Musk, quien ahora, disfrazado de agitador, se dedica a promover a los políticos populistas de extrema derecha en Alemania y Reino Unido. «Con la Unión Europea tenemos un déficit comercial de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan nada», soltó Trump en enero. En medio del excesivo ruido que rodea las primeras semanas del republicano en la Casa Blanca, una información del diario hongkonés South China Morning Post, propiedad del gigante chino Alibaba, destacaba que todas las negociaciones que Bruselas tenía en marcha con las autoridades chinas han quedado relegadas a un segundo plano, empezando por la paralización de las conversaciones sobre los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en el país asiático. Esto último, según interpretan algunas voces autorizadas de Pekín, no es necesariamente una mala noticia para el Gobierno de Xi Jinping. La nueva guerra comercial de Trump, que también podría sacudir muy ponto directamente a Bruselas, puede provocar como efecto rebote que la UE rebaje la dura línea que ha estado guiando últimamente su política hacia China, marcando un deshielo en las relaciones. En la segunda economía mundial, donde mantienen una diplomacia que da especial importancia a simbólicas fechas redondas -este año es el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y la UE-, van a buscar ese acercamiento aprovechando la incertidumbre ante los imprevisibles golpes que lleguen desde Washington.

Más del 80% de las empresas de la UE que pueden acogerse a un nuevo impuesto fronterizo sobre el carbono quedarán exentas gracias a las reformas previstas por la Comisión Europea, según anunció el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra. Hoekstra declaró a Financial Times su intención de limitar el mecanismo de ajuste fronterizo del carbono (CBAM) a los mayores importadores y ahorrar a la mayoría de las empresas los costes de cumplimiento. La iniciativa forma parte del intento del bloque por reducir la burocracia y aumentar la productividad. “Menos del 20% de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación son responsables de más del 95% de las emisiones”, afirmó. “Aunque no reduce la importancia de los objetivos climáticos, es una forma de hacer la vida mucho más fácil a una amplia gama de empresas de todo el continente”, declaró. La medida liberaría de la obligación de cumplir con la normativa a 180.000 de las 200.000 empresas afectadas. Las compañías europeas se han quejado de la complejidad y el elevado coste de los formularios que se deben rellenar relacionados con el CBAM, cuyo objetivo es proteger a la industria pesada de la UE, un sector que ya tiene que pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Obliga a los importadores de siete sectores, entre ellos el aluminio, el acero, el hierro y los fertilizantes, a informar sobre el contenido de carbono de sus productos. A partir del año próximo, deberán pagar la diferencia entre el precio de emisión del carbono en la UE y en el país en el que se fabricó. Dado que pocos países tienen sistemas de comercio de emisiones al estilo de la UE, o calculan el contenido de carbono, el sistema ha resultado oneroso para los importadores de la UE.

El Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés) rebajó ayer el tipo de interés en un cuarto de punto y lo situó en el 4,5%. Es el tercer recorte del precio del dinero en poco más de medio año, pero sirve de poco consuelo al Gobierno laborista de Keir Starmer, que no consigue sacar a la economía británica de un estado de pesimismo generalizado. El BoE arrojó además un jarro de agua fría a Downing Street, y a la ministra de Economía, Rachel Reeves, al reducir a la mitad su previsión de crecimiento del PIB británico. De una subida del 1,5% que calculó para 2025 en su informe del pasado noviembre, la autoridad monetaria cree ahora que el crecimiento del Reino Unido para este año será de un raquítico 0,75%. El Comité de Política Monetaria del BoE culpa a la decisión adoptada por Reeves, cuando anunció el pasado octubre una fuerte subida de las cotizaciones a la Seguridad Social (national insurance, es el término inglés) que corresponde a las empresas, de un aumento mayor del previsto de las cifras de parados y de la inflación. La autoridad monetaria calcula ahora que la inflación, en el 2,5%, subirá hasta el 3,7% en el tercer trimestre de este año, debido también en parte al aumento del coste de la energía y de las tarifas reguladas por el Gobierno. Aunque el gobernador del BoE, Andrew Bailey, dejó abierta la puerta a nuevos recortes del precio del dinero, no lo ha hecho con una claridad que ayudara a estimular a los mercados. “Tendremos que juzgar, en cada una de nuestras reuniones, cuán rápido y cuán lejos vamos en nuestras decisiones. Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, y el camino que tenemos por delante anticipa baches”, dijo Bailey.