20250108

La propuesta de nuevos impuestos pactada por PNV y PSE y que comienza ahora su tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava ya tiene cifras. Son un total de 235 millones que las diputaciones dejarán de recaudar para dejar en el bolsillo de ciudadanos y empresas de Euskadi. Así se desprende de las memorias económicas con la que los ejecutivos forales acompañan el proyecto remitido a las Juntas. En Álava el impacto en las arcas públicas será de 35,7 millones por 88 en Gipuzkoa y en Bizkaia la Mesa de Presidencia de las Juntas de Gernika calificará el proyecto hoy para iniciar su tramitación, pero el cálculo se fija en 113,7 millones. Son el precio público para facilitar el acceso a la vivienda, fomentar el ahorro para complementar la pensión con una EPSV y, sobre todo, aliviar las rentas de trabajo más bajas. Y es que esas son las principales medidas, junto al apoyo a inversiones sostenibles de las empresas, de la propuesta que las cámaras forales someten a debate. El impacto global, eso sí, apenas llega al 1,2% del global de la recaudación que, según el último Consejo Vasco de Finanzas, se estimó para 2025 en un total de 19.718 millones. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos años se han ido incorporando nuevos tributos como los que afectan a transferencias financieras y compras online –tasa Tobin y Google– o los verdes que gravan el uso de plástico, vertederos o gases fluorados. Solo en 2024 representarán más de 160 millones de ingresos. Y es que una de las máximas con la que PNV y PSE pactaron la reforma era la de asegurar los ingresos suficientes a las instituciones vascas para preservar la calidad de las políticas públicas. La medida más importante en cuanto al coste de la reforma fiscal es la elevación del mínimo exento para presentar la declaración del IRPF. Pasa de los 14.000 a los 19.000 euros y, junto a la nueva ‘bonificación del trabajo’, que ordenará la nueva tabla de retenciones, supondrá 131,9 millones de euros. Es el 56% de todo el impacto económico de la reforma y beneficia a aquellas personas que trabajan y que presentan ingresos bajos. 

Una vez más, Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma con la tasa de absentismo laboral más alta de España. El informe que publicó ayer Adecco Group Institute con los datos correspondientes al tercer trimestre de 2024 sitúa la tasa de absentismo vasca en el 9,8%. Supone un aumento de 2,2 puntos respecto al periodo abril-junio, y es la tercera subida más fuerte del conjunto nacional. En comparación interanual el incremento es de una décima. El absentismo de los trabajadores vascos por incapacidad temporal (IT) para el tercer trimestre se sitúa en el 7,7%, dato que coincide con el del mismo periodo del año pasado. Si se compara con el segundo trimestre, el porcentaje ha crecido en un 1,8 puntos. Un dato especialmente llamativo es que el País Vasco lidera el índice de absentismo laboral en absolutamente todos los sectores salvo en el de la construcción, en el que se sitúan en segundo lugar con un 7,8% (únicamente superado por Cataluña). Otros sectores donde la tasa es elevada son la industria (10,7%), el más afectado a nivel nacional, o los servicios (9,7%). Las cifras de Euskadi son muy superiores a las del conjunto de España. A nivel estatal, la tasa de absentismo llega al 7,5%, es decir, 2,3 puntos menos que en el País Vasco, y el índice de absentismo por incapacidad temporal es del 5,8%. La comunidad que más se acerca al índice de Euskadi es Navarra con un 8,9% (y con una variación interanual de 0,9 puntos). En la otra cara de la moneda, las comunidades que presentan índices más bajos son Baleares con un 4,7% y Canarias con un 6,6%. Ver informe Adecco. 

Las empresas vascas registraron un total de 406 procesos concursales durante 2024, es decir, un aumento del 27,7% respecto al año anterior. Se trata de la cifra más alta desde 2014, año en el que se contabilizaron 464 procedimientos. El último informe publicado por Informa D&B, firma especializada en información financiera y comercial, indica que entre enero y diciembre se registraron 295 concursos de acreedores, 21 planes de reestructuración y también se pusieron en marcha 90 procedimientos especiales en Euskadi. En concreto, el sector empresarial en el que más concursos de acreedores se produjeron es el del comercio con 70 casos. El segundo sector más afectado fue el de la construcción, con 57 sociedades vascas que se declararon en situación de insolvencia. Y en tercer lugar se encuentra la industria, con 43 entidades. Por su parte, el año 2024 terminó con 1.599 empresas disueltas, es decir, un 4,78% más que en 2023. Asimismo, este dato es el más alto de la última década. En esta ocasión, es el sector de la construcción el que se vio más afectado, con un total de 401 empresas vascas que pusieron fin a sus operaciones. Le siguen el comercio en segundo lugar (294) y servicios empresariales (284) en tercero. Aun así, los datos obtenidos en el País Vasco no se alejan en exceso del conjunto de España. A nivel estatal, el país también registró los peores datos de los últimos diez años al haber anotado 9.015 procedimientos concursales, frente a los 7.373 del año anterior. Supone un incremento interanual del 22,3%.

Dos entidades españolas, Abanca y Kutxabank, se encuentran en el top 20 de los bancos más sostenibles del mundo, según la clasificación que elabora Morningstar Sustainalytics. Abanca ocupa la posición décima del ránking y Kutxabank, la número 17 de una lista de 1.022 bancos analizados. La firma valora como “fuerte” la gestión ESG de Abanca y Kutxabank y su nivel de riesgos en la materia como “insignificante”. Por eso la puntuación es mejor cuanto más baja. Morningstar mide regularmente la integración de los criterios ESG en los productos de las empresas analizadas y en su gobierno corporativo (bancos y no bancos). También la gestión de la ética empresarial, la seguridad y la privacidad de los datos que manejan de sus clientes. Banco Europeo de Inversiones lidera la clasificación, seguido por la entidad italiana Cassa Depositi e Prestiti. En el grupo de las grandes destaca Intesa SanPaolo. Entre las entidades españolas sobresalen Caja Rural de Navarra, Cajamar, Sabadell y CaixaBank

Donostia ha concluido 2024 con el dudoso honor de ser la capital del Estado con el metro cuadrado más caro en las viviendas de segunda mano. Su precio se ubica en los 6.752 euros el metro cuadrado, un 6,26% más que en diciembre de 2023, y los tentáculos de esa influencia que se estaban expandiendo por los municipios colindantes de Donostia son ya palpables en Hernani, la tercera localidad en todo el Estado –sin tener en cuenta las capitales– que más se ha encarecido en el trimestre final del año que acabamos de terminar y la que más del segundo semestre del 2024. El informe anual del portal inmobiliario Pisos.com señala que la localidad de Buruntzaldea ha alcanzado en diciembre los 3.809 euros el metro cuadrado en las viviendas de segunda mano. La subida es del 9,19% en los tres últimos meses de 2024, del 18,94% en el segundo semestre respecto al primero y del 14,52% respecto a la misma época del 2023. Es la subida más destacada entre los municipios guipuzcoanos incluidos en el estudio, que son los diecisiete con mayor población, por delante del 12,99% que ha experimentado Hondarribia (4.334 euros/m²) y del 10,82% de Elgoibar (2.259 euros/m²).

Los fondos europeos Next Generation, aprobados para paliar los efectos económicos de la pandemia, corren el riesgo de ser menos efectivos de lo inicialmente previsto, según un análisis del Banco Central Europeo publicado ayer. El documento concluye que el plan de recuperación tiene el potencial de aumentar el PIB de la zona euro entre un 0,4% y un 0,9% hasta el final de la primera fase en 2026, y entre un 0,8% y un 1,2% hasta 2031, por debajo de lo que calculaba el banco en 2022. “Es probable que el impacto positivo esperado en el PIB se materialice más tarde de lo esperado inicialmente, y esté sujeto a riesgos a la baja”, advierte el estudio. Los 11 expertos del BCE que han participado en la evaluación culpan a las demoras administrativas y las ramificaciones del shock de inflación energética tras la invasión rusa de Ucrania de ese menor impacto. Y creen que algunos proyectos previstos podrían quedar finalmente anulados o sacarse adelante con prisas. “El riesgo de una implementación ineficaz o incompleta de las inversiones y reformas vinculadas al NGEU [siglas en inglés del plan] ha aumentado desde 2022. Los retrasos en la implementación observados hasta ahora, combinados con la fecha de finalización fija del NGEU, sugieren que algunos proyectos podrían apresurarse a ejecutarse a expensas de la calidad de la implementación, o cancelarse por completo”, apuntan. Para reconducir la situación, recomienda a los Estados miembros dedicar más recursos administrativos, recurrir al apoyo técnico de la UE e identificar cambios regulatorios para facilitar el despliegue de sus proyectos, unos esfuerzos que estima “vitales” para que los fondos “liberen su potencial transformador”.

Europa se debate en el arranque de 2025 entre los anhelos de un ejercicio mejor que el anterior y el temor a que los nubarrones que se perfilan en el horizonte lo impidan. A la inestabilidad geopolítica que desde hace tiempo provocan las guerras abiertas en Ucrania y Oriente Próximo, dos polvorines de incierto desarrollo y desenlace, se unen ahora factores que pueden ser cruciales para el devenir económico mundial y europeo: el inminente retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, amenazando con una guerra arancelaria poco menos que generalizada que puede hacer rebrotar las tensiones inflacionistas, y la grave crisis económica y política que padecen las dos mayores economías del euro: Alemania, que en apenas mes y medio afrontará unas elecciones decisivas, y Francia, sumida en su peor bache institucional en años. Con este telón de fondo, cabe preguntarse hasta qué punto la frase pronunciada a finales de diciembre por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de que “estamos muy cerca de llevar la inflación al 2% de manera sostenible” expresa una convicción más que un deseo, dada la incertidumbre que envuelve el corto y medio plazo, donde la presión de los precios sobre los servicios, que son los que principalmente tiran de la actividad económica, está lejos de amainar. De hecho, el IPC armonizado de la zona euro aceleró en diciembre por tercer mes consecutivo, hasta auparse al 2,4% interanual, dos décimas más que en noviembre, su tasa más alta desde julio pasado y muy por encima del 1,7% registrado en septiembre, según los datos publicados ayer por Eurostat. El principal catalizador de ese renovado encarecimiento de los precios fue, un mes más, el sector servicios, donde el IPC creció a tasas del 4% en diciembre, una décima más que en noviembre y un porcentaje que, décima arriba o abajo, ha sido una constante a lo largo de los últimos meses. 

Grandes constructoras españolas como FCC, Ferrovial y Sacyr, así como otras compañías como Iberdrola, están dando diferentes pasos ante el abanico de oportunidades que empieza a abrirse en Reino Unido, valoradas en varias decenas de miles de millones de libras, tras el cambio de Gobierno. Dragados (ACS) es previsible que sea un actor muy activo en el nuevo escenario, dada la presencia que ya tiene en Reino Unido, aunque la empresa no comenta planes. Para Acciona, es una vía para incrementar su discreta presencia en el país. Transcurrido medio año desde que los laboristas relevaron a los conservadores en Downing Street, comienza a aclararse el panorama inversor en un país con claras carencias de infraestructuras en ámbitos como el agua, el ferrocarril, las carreteras y la energía. Gradualmente, el Ejecutivo de Keir Starmer y los diferentes reguladores están explicando o autorizando los planes para los próximos años. Cada uno de ellos se encuentra en un grado de concreción diferente, pero todos dibujan un prolongado periodo inversor para, al menos, los próximos cinco años, con cifras que, globalmente, superarán los 100.000 millones de libras (120.000 millones de euros). Las constructoras españolas, así como otras de Francia o Alemania, por ejemplo, se espera que puedan seguir teniendo un papel relevante. El sector energético es la gran prioridad del Gobierno. National Grid (redes eléctricas) ha presentado un plan inversor de 35.000 millones de libras (42.000 millones de euros) entre 2026 y 2031, no solo para mantener y mejorar las redes existentes de transmisión y distribución, sino para nuevos proyectos. A ello se añade el esfuerzo del Gobierno por reducir los obstáculos para construir nuevos parques de renovables y su alianza con The Crown Estate, la sociedad que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Corona –que incluye vastos terrenos en el litoral–, para impulsar inversiones, junto con el sector privado, de 60.000 millones de libras (72.000 millones de euros) en nuevas renovables, sobre todo eólicas. El objetivo es llegar a 2030 con el 95% de la electricidad descarbonizada. En este segmento (redes y generación), Iberdrola anunció una inversión de 29.000 millones de euros solo hasta 2028, que se irá traduciendo en subcontratos. Parte de ese dinero está incluido en otro plan para desarrollar redes entre 2026 y 2031 por 10.600 millones de libras (12.800 millones de euros).

La venta de activos tóxicos bancarios ligados al ladrillo continuará a un ritmo relevante durante todo este año. Las entidades financieras se desprenderán de este tipo de propiedades adjudicadas y créditos fallidos por alrededor de 10.000 a 13.000 millones de euros, según las previsiones facilitadas por la consultora Atlas Value Management. Aunque la cifra podría ser mayor dependiendo de la estrategia de la Sareb, según indican varios expertos consultados, ya que el conocido como banco malo entra en su última etapa de vida teniendo en cuenta que tendrá que liquidarse dentro de dos ejercicios, en 2027. La banca se ha desprendido desde 2008 y hasta el segundo trimestre de 2024 de 263.000 millones de euros en activos tóxicos, según datos de Atlas publicados a finales de agosto. Hubo años especialmente relevantes como 2012 con la creación de la Sareb, a la que las cajas de ahorro con problemas traspasaron más de 50.000 millones en adjudicados y créditos fallidos. El año con mayores traspasos se produjo en 2017, al alcanzar un volumen superior a los 51.000 millones. Ese ejercicio fue cuando Santander transaccionó con Blackstone el 51% de una cartera proveniente del Banco Popular con valor contable de 30.000 millones (10.000 millones de tasación), que dio el pistoletazo de salida a las operaciones de los grandes bancos para quitarse del balance esa exposición al ladrillo, con la vigilancia y la presión del Banco Central Europeo. Para 2025, José Masip, socio de Atlas, prevé cierta continuidad respecto a los traspasos: “El volumen de transacciones de los últimos años se ha mantenido estable en torno a los 10.000 y los 13.000 millones, por lo que no prevemos que pueda haber cambios en la magnitud global”.

El presidente de Renfe, Raúl Blanco, comunicó ayer que dejará su cargo al frente de la empresa ferroviaria pública el 14 de enero por motivos personales. Este alto cargo catalán, que llegó a la operadora pública en febrero de 2023, no ha logrado así superar los dos años al frente de la compañía y ha decidido su salida “de mutuo acuerdo” con el Ministerio de Transportes. Su mandato ha estado marcado por las dificultades técnicas en la operación, con un último capítulo el pasado día 1 con toda la flota de trenes Talgo Avril paralizada durante una jornada; el pulso por el mercado de la alta velocidad con Ouigo e Iryo, y una difícil labor de avance en la internacionalización hacia Francia, Italia o el centro de Europa, algo que destacaba como prioridad en una entrevista con El País en agosto. Según fuentes de la compañía, el hasta ahora primer ejecutivo va a centrarse en nuevos objetivos profesionales en el ámbito privado. Álvaro Fernández Heredia, actual secretario general de Movilidad Sostenible y hombre del círculo más íntimo del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, se perfila como posible sustituto de Blanco. 

El Tesoro Público elevará este año por primera vez desde el Covid la emisión de deuda para poder afrontar los costes de reconstrucción y relanzamiento de la zona afectada por la dana. Según Paula Conthe, secretaria general del Tesoro, se trata de una medida “de prudencia”. El Tesoro emitirá 5.000 millones más que el año pasado. Es decir, 60.000 millones de euros. En 2024 emitió 10.000 millones menos. Todavía no hay una estimación oficial de cuánto dinero será necesario para afrontar las consecuencias de la dana. La única cifra facilitada es que el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado hasta la fecha 831 millones en indemnizaciones a 64.800 afectados. Según Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el crecimiento robusto de la economía española, el mayor de la zona euro, permite al Reino de España tener un “acceso sólido” a los mercados y reducir los costes de los intereses. El coste medio de la deuda en circulación es del 2,21% a pesar de que los tipos de interés han vivido la mayor subida en vertical de la historia. La mayor parte de los 60.000 millones de euros de necesidades de financiación neta –unos 55.000 millones– se cubrirán con bonos y obligaciones. Los 5.000 millones restantes con Letras del Tesoro, cuya demanda entre los minoristas se ha disparado los dos últimos años al revelarse como prácticamente el único producto capaz de ofrecer una rentabilidad apreciable con riesgo cero. Hasta el punto de que el 36% de las Letras en circulación está en manos de familias, no de grandes inversores. Se han convertido en un instrumento más de inversión para el minorista, compitiendo de igual a igual con los depósitos a plazo. Las Letras a un año, que llegaron a pagar cerca del 4%, dan ahora una rentabilidad del 2,38%, según la subasta celebrada ayer.

El balance de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del año 2024 no anuncia buenas noticias. Después de celebrar un descenso del 6,3% durante 2023, un informe independiente adelanta datos que revelan el nulo avance en la descarbonización de España en el pasado ejercicio. El Basque Centre for Climate Change (B3C) y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) ofrecen cifras adelantadas de la trayectoria del año pasado que atisban una subida de casi un 1%. Esto deja una factura contaminante que no difiere sustancialmente de la que se tenía en el año 1990, el año de referencia para plantear los objetivos de descarbonización en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Así, las emisiones se sitúan ahora un 3,2% por debajo de aquel año, cuando la meta marcada por el Gobierno español es bajarlas un 32% en 2030. Solo quedan 6 años y un 30% del trabajo. Para lograrlo, habría que registrar un descenso anual del 5,6%. De haberse replicado el logro de 2023, el objetivo no parecería ahora tan lejano.  Por el momento, esta investigación desgrana los motivos del incremento de los gases que contribuyen al calentamiento global, procedentes de distintas actividades productivas, tales como la generación de energía, el transporte o la industria. Y este análisis detallado revela la causa del mal resultado de 2024: el transporte. El tráfico en todas sus modalidades –aéreo, marítimo, por carretera– está detrás del aumento del consumo de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Esto lastra los resultados logrados por el sector energético para descarbonizarse, demostrando una vez más que las renovables no son suficientes por sí solas para una economía menos contaminante.

Noruega, el mayor exportador de petróleo de Europa, se ha convertido en el indiscutible referente mundial en electrificación del transporte por carretera: casi el 90% de los coches que se vendieron allí el año pasado eran eléctricos. El país es hoy el único del mundo donde ya circulan más vehículos con baterías que con gasolina. A pesar del frío y la escasa densidad de población, la transición al coche verde comenzó en los noventa y se afianzó y aceleró con los avances tecnológicos, que han supuesto un crecimiento exponencial de cero emisiones en los últimos años. Christina Bu, secretaria general de la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, subraya por teléfono que sin los incentivos públicos nunca habría sido posible la transformación del transporte por carretera en Noruega. El país nórdico promueve desde hace más de tres décadas medidas para favorecer a los eléctricos frente a los de combustión. En 1990 suprimió el impuesto de circulación para estos vehículos, en 1996 les facilitó peajes gratis, mientras que en 1999 permitió el aparcamiento gratuito en ciertas ciudades. Aunque algunas de estas medidas ya no están en vigor, fueron esenciales para convertir en atractiva la compra de este tipo de vehículos. En 2001 se suprimió el IVA para los coches eléctricos, lo que abarata automáticamente su precio respecto a los de gasolina o gasóil, pues en Noruega esta tasa supone un incremento del 25% en el precio de un vehículo convencional. Por ejemplo, un utilitario de 40.000 euros pasa a costar 50.000 si es de combustión. “Tan importantes como los incentivos han sido los desincentivos”, destaca Bu.

El futuro de las empresas lo determinará el acceso a los recursos digitales, o así lo creen el 60% de las compañías, quienes ven en un mejor acceso el factor más transformador de los próximos cinco años. Dicha transformación conllevará la automatización y modificación de muchas tareas, razón por la cual el 41% de las empresas plantean reducir su plantilla, y pese a ello, no podrá evitar la creación de 78 millones de nuevos trabajos netos para 2030, según las estimaciones del Foro Económico Mundial. El también conocido como Foro de Davos fundamenta su cálculo en que la disrupción laboral creará 170 millones de nuevos puestos de trabajo, pero desplazará otros 92 millones. Con ello, el aumento neto será de 78 millones de nuevos empleos. Así lo refleja el organismo en su informe Future of Jobs Report 2025, donde analiza las transformaciones del mercado laboral para el próximo lustro. En dicho análisis, además de la transformación digital, entre las grandes variables que definirán (o redefinirán) el mercado laboral desde 2025 hasta 2030 se identifican la lucha contra el cambio climático, los cambios demográficos, las tensiones geopolíticas y las presiones económicas. Todo ello tendrá su consecuente impacto en el tejido empresarial, que en su ajuste a las nuevas circunstancias, modificará su demanda de perfiles de empleados. Para estos últimos, el Foro tiene sus previsiones en clave de competencias, de las cuales estima que deberán modificarse el 40% en los próximos cinco años. Las competencias de carácter más humanístico, así como las cognitivas, serán las más demandadas en el próximo lustro, y ejemplifica este aspecto mencionando la creatividad, la resiliencia y la alfabetización tecnológica como fundamentales para afrontar las transformaciones del empleo. 

El líder de la ultraderecha austríaca, Herbert Kickl, ha prometido una «nueva era» para la república alpina y expresado su deseo de encabezar el próximo Ejecutivo federal tras negociar con los hasta ahora gobernantes conservadores un acuerdo de coalición. En el caso de que el Partido Popular Austríaco (OEVP) no se avenga a conversar, Kickl, presidente del Partido Liberal Austríaco (FPOE), amenazó con forzar nuevas elecciones y se mostró seguro de que su formación volvería a ser la más votada. Un día después de que el presidente de Austria, Alexander van der Bellen, le encomendara la tarea de formar un nuevo Gobierno y tras meses de sufrir el aislamiento de los restantes partidos con representación parlamentaria, empeñados en mantener en pie el cortafuegos para marginar del poder a la ultraderecha, Kickl se mostró conciliador y dijo tender la mano al nuevo líder conservador, Christian Stocker. «No me resulta fácil», reconoció el jefe del FPOE, ya que Stocker le ha criticado con suma dureza. «Necesitamos un socio en el que creer y confiar», dijo Kickl con la vista puesta en los conservadores en una intervención ante la prensa, donde no se permitieron preguntas, en la que aseguró que su objetivo es «gobernar Austria de manera honrada».

Meta –la antigua Facebook– anunció ayer que pondrá fin a su programa para evitar ‘fake-news’, una decisión sobre sus políticas de moderación de contenido que le acerca a Donald Trump y a la línea impuesta por Elon Musk en X/Twitter. «Vamos a eliminar a los fact-checkers (verificadores de contenido) para reemplazarlos por notas comunitarias similares a las de X, empezando en Estados Unidos. Los verificadores de hechos han sido demasiado parciales políticamente y destruyeron más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos», ha explicado Mark Zuckerberg, fundador de esta red social y dueño también de Instagram y Whatsapp. El actual sistema de comprobación de datos se implantó en 2016 y consistía en que organizaciones independientes se encargaban de cotejar la veracidad de las informaciones que se publicaban en la red social. «Un programa destinado a informar con demasiada frecuencia se convirtió en una herramienta para censurar», asegura ahora Joel Kaplan, jefe de Asuntos Globales de Meta recientemente incorporado a la compañía. El nuevo modelo se llama ‘Notas de la Comunidad’ y en la práctica supone barra libre para todo tipo de comentarios. El anuncio va en línea con muchas de las quejas de los republicanos y del propio Musk – el dueño de X saludó la decisión de Zuckerberg ayer con un «esto es genial»–, que consideran censura estas prácticas de verificación de contenidos y sostienen que «las recientes elecciones (del 5 de noviembre) se sienten como un punto de inflexión cultural hacia, una vez más, priorizar la libertad de expresión».

A pocos días de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump eleva el tono. El presidente electo de Estados Unidos amenazó ayer con recuperar el control del Canal de Panamá y de la isla danesa de Groenlandia sin descartar el uso del ejército. «Puedo decir lo siguiente: los necesitamos por razones de seguridad económica. No me voy a comprometer a eso (a evitar una acción militar). Es posible que tengamos que hacer algo», declaró en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. También pidió a sus socios en la OTAN que eleven al 5% sus presupuestos de Defensa. Ahora, la aportación exigida es del 2% y muchos miembros de la Alianza, como España, no llegan a ese porcentaje. En 2024, 11 de los 32 países cumplían el requisito del 2%: Estados Unidos, Polonia, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Letonia, Reino Unido, Hungría, Eslovaquia y Dinamarca. Francia lo rozaba con el 1,9% y España, en la cola, se quedaba en el 1,2%, sólo por delante de Bélgica y Luxemburgo. Trump quiere más músculo financiero en la OTAN. Y en esa estrategia para reforzar su posición aspira a controlar Groenlandia y el Canal de Panamá, sin olvidar su objetivo de convertir Canadá en el Estado número 51 de EE UU, propósito este último que no cuenta con «la más mínima posibilidad», advirtió ayer el primer ministro canadiense en funciones, Justin Trudeau.