20240729

Entrevista con Loli García, secretaria general de CCOO Euskadi. "-Confebask pide reducir el tipo mínimo de Sociedades del 17% al 15% y quitar Patrimonio-. Y de paso que no paguen nada y que trabajemos por cuatro duros y que trabajemos todas las horas del mundo. Vamos, es inmoral y más en estos momentos de máximos beneficios. Además, estas políticas tan neoliberales solo las usan cuando hay momentos de grandes ingresos, pero cuando las cosas vienen mal dadas siempre llaman a papá Estado a que vengan a resolverme los problemas...Hay que pagar impuestos en función de nuestros ingresos reales y de nuestras posibilidades. Las rentas más bajas tendrán que tener devolución de impuestos y las rentas más altas pagar en función de sus ingresos. También planteamos cambios en el Impuesto de Sociedades, porque estamos en menor recaudación que en 2007 y en un momento donde los beneficios empresariales son muy elevados. También hay que recuperar los impuestos a la riqueza...La reforma laboral ya mejoraba en cierta manera las indemnizaciones por despido, al incrementarse los contratos indefinidos, lo que hace que muchos trabajadores tengan ahora derecho a indemnización, y porque se impulsaban instrumentos de flexibilidad interna pactada, como los ERTE, ante problemas coyunturales evitando las salidas forzosas. Pero también hay que recuperar la causalidad del despido y abordar las indemnizaciones, porque tiene que estar muy justificado, muy causalizado, y tienen que incrementarse las indemnizaciones para que el despido sea el último recurso de una empresa...El presidente de la CEOE afirma que la reducción de jornada puede suponer una paralización de convenios. Hay quien lo interpreta como una amenaza. –El tema ya está maduro, no da más de sí en el ámbito de la negociación. Nosotros lo que hemos percibido es que no hay voluntad por parte de la CEOE de intentar buscar un acuerdo. Y se está poniendo en posiciones maximalistas. Se ha entrado en 'la etapa del lloriqueo' como hizo con el SMI. Nosotros lo que le estamos exigiendo al Gobierno es que legisle ya. Es necesario reducir la jornada de trabajo en este país, porque estamos a años luz de los países de nuestro entorno. Es necesario porque hay que mejorar las condiciones de trabajo. Es de justicia social..."

Loli García señala que hay que hacer mucha pedagogía respecto al tema del absentismo «porque desde determinados ámbitos se está intentando justificar como una falta de asistencia, como si los vascos fuéramos más vagos o no queremos ir a trabajar, y no es así». "Una parte se debe a problemas de prevención en los centros de trabajo, porque muchas de estas incapacidades temporales están englobadas dentro de la enfermedad común cuando su origen, probablemente, está en el ámbito profesional. El grueso de las incapacidades temporales se engloban en las enfermedades musculoesqueléticas, y en las que tienen que ver con problemas o trastornos leves de salud mental que, en muchos casos, tienen un origen en el ámbito laboral. Por lo tanto, tenemos un problema de mala prevención de riesgos en muchas empresas y esto hay que abordarlo de manera seria...El tiempo de las bajas tiene mucho que ver con el deterioro de nuestro servicio público de salud. En la atención primaria y en la atención especializada. Por lo tanto, primero, prevención de riesgos laborales y, segundo, mejora de nuestro servicio de salud...Se puso en marcha un grupo técnico de diagnóstico y de análisis de la situación. Hemos contrastado de manera fidedigna todos los datos. Y ya nos han hecho romper algunos mantras que había instalados, sobre todo por algunas partes empresariales. Ahora estamos intentando llegar a unas conclusiones comunes; ver dónde están los problemas e intentar buscar soluciones. En cualquier caso, hay que huir del ‘cuñadismo’, del típico ‘yo conozco uno que lleva un año y medio de baja y lo he visto por la calle paseando... "

Las próximas semanas van a ser claves para despejar los movimientos corporativos en torno a Talgo, el fabricante ferroviario español. El consorcio húngaro Ganz-MaVag, que ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) sobre Talgo, está dispuesto a reservar parte del capital de la compañía al socio o socios españoles que decida el Gobierno o que cuenten con el beneplácito de éste. Sería un esquema equivalente a lo que se ha dado en llamar la fórmula ITP-Indra, con la que se allanó el camino para que el fondo estadounidense Bain Capital comprara hace casi dos años el fabricante español de motores y componentes aeronáuticos ITP a Rolls-Royce. Para autorizar esa compra, el Gobierno impuso como condición que Bain reservara parte del capital de ITP a un consorcio de empresas españolas. Entre esas empresas terminó figurando el grupo Indra, que se hizo con el 9,5% de ITP. Aunque Indra es una empresa cotizada y se considera privada, está participada en un 28% por la Sepi, el hólding empresarial del Estado, que ejerce gran influencia en su gestión. Indirectamente, el Estado ha anclado así la españolidad de ITP. La propuesta húngara, liderada por Magyar Vagon, para replicar en Talgo la fórmula que se siguió en ese grupo industrial se ha hecho llegar a diversas instancias gubernamentales al más alto nivel, explican diversas fuentes. Con ella, Ganz-MaVag espera despejar, como hizo Bain en su día, el camino de su opa a Talgo y limar las reticencias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Administradores de sistemas, ingenieros de robótica, diseñadores gráficos... Son algunos de los profesionales del ámbito de la digitalización que más se demandan actualmente en las empresas de la provincia. Una tendencia del actual mercado laboral en un contexto de avance de las nuevas tecnologías en las compañías. En concreto, en la provincia se buscan cerca de 200 de titulados en esos ámbitos, mientras en el conjunto del País Vasco la cifra roza los 1.800 puestos de trabajo. Es lo que se desprende del mapa de empleo de Fundación Telefónica, una aplicación que analiza bolsas de trabajo de los últimos tres meses con tecnología basada en el llamado 'Big Data' y la inteligencia artificial. El estudio, que se apoya en la información de los portales InfoJobs, Tecnoempleo y Ticjob, refleja que los perfiles digitales más demandados en Álava son el de profesional técnico TIC (con 36 ofertas publicadas, cerca del 20% del total) y administrador de sistemas (35). El listado sigue con plazas de Consultor TIC (21), digital product manager (14), ingeniero de robótica (14), diseñador gráfico (13), digital project manager (13). El tejido productivo del territorio busca además perfiles de especialista en marketing digital (7 plazas), experto en ciberseguridad (7) y desarrollador de software. Las empresas alavesas necesitarán 13.275 profesionales entre este año y 2025, de acuerdo con el Observatorio de Empleo elaborado por EmpleoAraba, una iniciativa de SEA Empresas Alavesas y la Fundación Vital. Esta radiografía del mercado laboral alavés muestra cómo en un escenario con una economía al borde del pleno empleo, las compañías de la provincia tienen cada vez más complicado encontrar los perfiles profesionales que necesitan. Según este estudio, los ingenieros y profesionales de FP van a ser los más cotizados. Los estudiantes de formación profesional van a acaparar el 60% de las necesidades de las empresas. De hecho, la IA, la informática y la ciberseguridad aportarán el 8% del crecimiento del empleo entre los egresados de la universidad. De las más de 13.000 vacantes que van a generarse en la provincia, 3.307 serán por jubilaciones. 7.740 llegarán por el crecimiento de las empresas y otros 2.228 empleos surgirán de las nuevas líneas de negocio.

El suelo industrial en Euskadi se está revalorizando y centraliza operaciones como hace mucho tiempo, y no solo logísticas, se trata también de inversiones para naves industriales. Así lo corrobora el director de la zona norte de la agencia de capital inmobiliario CBRE, Juan José López del Corral, al señalar «que de las operaciones sobre activos en el País Vasco, la industria pesa el 30%, cuando la media en España ronda un 10%». Y es que desde 2022, la suma de las inversiones realizadas asciende en Euskadi a 200 millones de euros. Además, solamente en la primera mitad de este año, el valor registrado de las operaciones es de 86 millones, la mejor cifra de la serie vasca recogida por la agencia líder nacional del sector. López del Corral no duda en señalar dos factores clave que han provocado esta situación. Por un lado, «los problemas en las cadenas de suministro que se vivieron tras la pandemia». «Muchas empresas -explica- vieron que necesitaban espacios para tener almacenada determinada materia prima esencial y para que los atascos no les dejaran colgada la distribución y la producción». A esto se añadió el fenómeno conocido como 'relocalización' que se ha generalizado el sector industrial. Es la operación por la que muchas compañías traen de vuelta procesos que se habían llevado al extranjero, principalmente por abaratar costes. Las últimas crisis geopolíticas como la guerra de Ucrania, los problemas de tránsito en el Mar Rojo o los aranceles frente a China han provocado que muchas empresas hayan optado por cambiar el paso. La otra causa que ha disparado las operaciones es el uso del 'sale and lease back'. Una operación en la que el propietario de la nave se la vende a un fondo o gran inversor firmando además un contrato de alquiler a buen precio y de larga duración. Es un uso que plantean muchos directores financieros ya que las empresas obtienen una fuerte e inmediata liquidez. López del Corral señala que «está muy generalizado e incrementándose mucho» porque el suelo en Euskadi es muy valioso, «hay muy poco, especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa, y eso atrae muchas inversiones», agrega.

Artículo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "...Según la OCDE, España ha visto una reducción significativa en su índice de protección al despido, situándose por debajo de la media europea. Esta disminución en la defensa de la relación laboral ha fomentado un aumento en la frecuencia de despidos, creando zonas de impunidad. No es admisible un mercado de trabajo basados en despidos casi gratuitos y fomentados por una legislación demasiado laxa. Ha llegado la hora de proteger el contrato de trabajo. La reciente decisión del CEDS ha podido examinar la exitosa reforma laboral pactada en 2021, y alineándose con la tesis defendida por UGT, indica que se debe seguir caminando en la defensa del contrato indefinido impidiendo su quiebra por razones injustificadas. El órgano que interpreta el Tratado Internacional de Derechos Sociales Humanos insta a España a revisar su sistema de indemnización. Esto podría implicar un aumento significativo en las compensaciones por despido improcedente, ahora consideradas insuficientes para cubrir los daños y perjuicios de las victimas...La necesidad de una reforma en la indemnización por despidos improcedentes en España es evidente. Una modificación adecuada debería considerar varios aspectos clave como la introducción de los parámetros de reparación y disuasión para fijar las indemnizaciones, en ausencia de readmisión, para los despidos efectuados al margen del cauce legal. Esto asegurará que las victimas reciban una compensación justa por el daño sufrido. Cualquier reforma debe considerar el impacto socioeconómico de los despidos y asegurar que los trabajadores despedidos puedan mantener un nivel de vida adecuado mientras buscan nuevas oportunidades laborales...Una indemnización adecuada no solo protege a la clase trabajadora, también fomenta un ambiente laboral más estable y productivo. Al asegurar que los empleadores piensen dos veces antes de recurrir a despidos injustificados, se pueden crear condiciones más favorables para el crecimiento económico y el bienestar en espacios de trabajo más seguros. La persona trabajadora tiene que sentir que la legislación le protege frente a decisiones arbitrarias. Es hora de que España tome medidas decisivas para reformar su sistema de indemnización y alinear sus prácticas con los estándares que nos llegan del Consejo de Europa..."

Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de CEOE, hace hincapié en que «en un contexto de insuficiente progreso de la productividad por hora, la reducción de la jornada conlleva, a su vez, un deterioro de la productividad por trabajador y, en consecuencia, de la competitividad económica y de la capacidad de creación de empleo y crecimiento a medio y largo plazo». La productividad en España por hora trabajada ha crecido un 4,2% en la última década, prácticamente la mitad de lo que ha aumentado en Europa (8,1%). A su vez, la productividad por ocupado entre 2013 y 2023 creció en España solo un 0,7% frente al 5,9% en la Unión Europea. Esto ha llevado a que el PIB per cápita se haya alejado aún más de la media europea. El ‘think tank’ insiste en que en otros países ha sido posible reducir la jornada porque antes se habían producido ganancias de productividad y no al revés. El IEE argumenta que la productividad por ocupado ha caído un 1,9% entre 2018 y 2023 debido a que la jornada media se ha reducido un 3,8%. Si siguiéramos este razonamiento habría comunidades autónomas mejor preparadas para reducir la jornada laboral que otras. En concreto, las comunidades donde más ha crecido la productividad entre 2013 y 2022 son Galicia (10,3%), País Vasco (9,1%), Navarra (7,8%) y Cantabria (7,7%), todas ellas por encima de la media de la eurozona. Les siguen Murcia (6,3%), Madrid (5,8%), La Rioja (5,7%) y Baleares (5,2%), por encima de la media española. Sin embargo, si lo que medimos es el nivel y el crecimiento del PIB per cápita, quienes encabezan el ranking son la Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Estas cuatro regiones que son las que tienen mayor nivel de vida (renta per cápita) son además las que tienen mayor productividad (PIB por hora) de España. Según el IEE, el que algunas regiones hayan apostado por modelos de competitividad fiscal pueden ser factores determinantes para explicar su mayor crecimiento económico y su capacidad de tracción económica. Por ello, defiende que en la futura reforma de la financiación autonómica se potencie la corresponsabilidad fiscal. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social volverá a reunirse hoy con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme tras ofrecer en el último encuentro de la mesa de negociación la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37,5 horas semanales a lo largo de 2025, en lugar de implantar su vigencia desde el 1 de enero, todo con el objetivo de atraer a CEOE y Cepyme. Trabajo considera que esta mayor flexibilidad contribuirá a que las patronales se sumen a un posible acuerdo, porque ya no existirían “objeciones de calado” a esta medida, comprometida en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar. No obstante, a tenor de las declaraciones de CEOE y Cepyme de los últimos días, las organizaciones siguen sin estar por la labor de que se les imponga un recorte de la jornada laboral. De momento, el ministerio se ha mostrado abierto a negociar con los agentes sociales en varios ejes: la incorporación paulatina de la reducción de jornada a lo largo de 2025 “introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones” u otro tipo de medidas; un mayor margen para la distribución irregular de la jornada laboral, y el derecho a la desconexión digital, que ya se encuentra en el reglamento laboral, pero en el que quiere profundizar. En cuanto a la distribución irregular de la jornada, actualmente las empresas pueden distribuir hasta un 10% de la jornada anual. Lo que propone Trabajo es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas en el momento de la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida.

La modificación de la prevalencia de los convenios colectivos en favor de los autonómicos es una medida de importante calado para la negociación colectiva, que no fue negociada en el diálogo social y que se aprobó –casi de la noche a la mañana, como parte del real decreto-ley que modificaba la protección por desempleo en España– por exigencia del PNV a cambio de que apoyara la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La medida busca en última instancia reforzar a los sindicatos autonómicos vascos ELA –adscrito al PNV– y LAB –de la cuerda de EH Bildu–, pero en la práctica dará mucho más poder también a los de otras regiones como CIG, en Galicia. El cambio supone que hay asuntos que antes quedaban vetados para los convenios autonómicos y en los que ahora sí podrán acordar condiciones distintas (siempre que sean mejores) que las reguladas en el convenio estatal. Se trata de asuntos de gran importancia como el salario, los turnos o la jornada mínima de trabajo, mientras que no podrán modificar lo acordado a nivel nacional en lo relativo al periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas en prevención de riesgos laborales o la movilidad geográfica. La modificación supone una ruptura de la unidad de mercado, ya que en empresas que tengan centros de trabajo en varias comunidades puede haber distintas condiciones para los trabajadores de una misma compañía en función de la región en la que trabajen. Además, dado que el cambio ha entrado en vigor de un día para otro, a medida que se renueven los convenios las compañías pueden encontrarse con condiciones diferentes en función del territorio. 

En la pandemia, muchas empresas optaron por enviar a sus plantillas a casa y poner en marcha el trabajo en remoto, con lo que el mercurio de las oficinas se hundió en mínimos. El sector ha atravesado años complicados. Distritos empresariales de grandes ciudades en todo el mundo se han venido, metafóricamente, abajo. España no se quedó al margen de ese cambio y capitales como Madrid o Barcelona se vieron seriamente afectadas, sin embargo, algo está cambiando. La temperatura del sector comienza a subir y, si damos por bueno su papel como termómetro, se podría decir que las oficinas empiezan a vislumbrar el final de su agonía y anuncian el golpe definitivo al teletrabajo. Cuando hablamos de la temperatura al alza del sector nos referimos a la inversión y la demanda de alquiler de oficinas, que han empezado a reactivarse antes incluso de lo que el propio mercado esperaba. De enero a junio, según datos provisionales de la consultora especializada CBRE, la contratación en Madrid y Barcelona, los dos principales mercados, ha superado los 407.000 metros cuadrados, un 27% más a la registrada en el mismo periodo de 2023 y un 4% por encima de la media del primer semestre en los últimos cinco años. Otra novedad es el aumento del tamaño medio de las operaciones. En Madrid y Barcelona, 11 transacciones han superado los 5.000 metros cuadrados, y más de 25 operaciones, los 3.000 metros cuadrados. Detrás de este cambio de tendencia están, según fuentes del sector, la «mayor certidumbre económica», los ajustes que han dejado precios más atractivos y la mayor visibilidad en las rentabilidades con las bajadas de tipos, amén de una consolidación del trabajo híbrido y de la presencialidad por encima del teletrabajo, que elevan la demanda.

El director general de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, considera un “escenario remoto” que el Gobierno no apruebe la fusión con Banco Sabadell, por lo que es optimista respecto a que la operación finalmente salga adelante. Explica que, tras la aprobación por parte de los accionistas de BBVA de la ampliación de capital necesaria para hacer la operación, la entidad sigue trabajando con organismos cuya aprobación es necesaria. Es el caso del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras lo que vendría la apertura del plazo de aceptación por parte de los accionistas del Sabadell, recuerda. “Que no se vaya a aprobar la fusión para nosotros es un escenario remoto”, asegura, pese a que el ejecutivo español ya ha mostrado su rechazo a esta operación, cuya oferta califica de “muy atractiva”.  Belausteguigoitia también cree que el dividendo de 2.900 millones anunciado por el Sabadell no obliga a una elevación de la oferta del BBVA, porque los resultados presentados por el banco catalán están en línea con lo previsto. Sobre la preocupación de las pymes por las consecuencias que podría tener la fusión, el director general de BBVA España señala que la entidad es un “gran banco de pymes”, con una presencia y con un conocimiento importante del tejido empresarial catalán; y precisa que el banco resultante sería capaz de conceder créditos de 5.000 millones de euros más al año. Para Belausteguigoitia, el mercado financiero español “es, ha sido y será muy competitivo”, y resalta que con la fusión de CaixaBank y Bankia “de tamaño más importante que ésta, no se ha resentido el crédito”, por lo que espera que la operación se resuelva en condiciones similares a compras precedentes.

Huawei era el fabricante líder en España en todos los terrenos en 2019. Vendía más móviles que Samsung y Apple (aunque estos facturaban más) y sus redes de fibra y móvil equipaban a los principales operadores, desplazando a las históricas europeas Nokia y Ericsson. Pero el veto decretado ese año por Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Donald Trump, contra sus equipos por supuesto espionaje para el Pekín se trasladó como un tsunami a todos los mercados occidentales. Alemania acaba de replicar ese veto tras llegar a un acuerdo con las principales empresas de telecomunicaciones para que retiren toda la tecnología de Huawei y ZTE antes de finales de 2029. En España, el Gobierno no ha adoptado un veto formal ni ha incluido a Huawei en ninguna lista de fabricantes prohibidos como era su intención inicial. Pero Bruselas está presionando a través de los fondos Next Generation para que el Ejecutivo endurezca su postura. Y el ejemplo germano, el principal mercado europeo, puede vencer esa resistencia. En este contexto, la filial española de Huawei se enfrenta a una difícil encrucijada. Hace dos años cerró todas sus tiendas físicas y apenas vende móviles por el canal online. Debido al veto, sus smartphones dejaron de funcionar bajo el paraguas de Android, el sistema operativo de Google, lo que impide que lleven aplicaciones tan populares como Gmail, Google Maps o Play Store. Y tampoco manejan WhatsApp, Facebook o YouTube. La consecuencia es que Huawei no figura ni entre las 10 primeras firmas por venta de móviles, con menos del 1% de cuota, cuando en 2018 lideraba el mercado nacional con más de 2,5 millones de móviles vendidos y una cuota del 28%.

En los últimos tres años, los robots industriales de Péter Fankhauser han pasado de ser capaces de subir escaleras a saltar entre cajas, dar volteretas hacia atrás y realizar otros movimientos al estilo parkour. Los robots no estaban programados para realizar estas acciones, pero ahora se pueden adaptar a su entorno gracias a los nuevos modelos de inteligencia artificial. “Al ver esto piensas que estamos ante la próxima revolución. Los robots están empezando a moverse de forma realmente artística y casi da miedo porque parece que juegan con la física”, señala Fankhauser, consejero delegado de ANYbotics, una start-up de robótica de Zúrich. En la última década, el sector de la robótica, valorado en 74.000 millones de dólares, ha incrementado sus capacidades gracias a los importantes avances en la IA, como en redes neuronales, sistemas que imitan a los cerebros humanos. Las mayores empresas tecnológicas y de IA del mundo, como Google, OpenAI y Tesla, compiten por construir un “cerebro” de IA que pueda manejar de forma autónoma los movimientos de los robots, lo que podría transformar sectores como la fabricación y la sanidad. En concreto, la mejora de las capacidades de razonamiento visual y espacial por ordenador han permitido a los robots ganar autonomía en la navegación por diversos entornos, como obras de construcción, plataformas petrolíferas y carreteras.

Cathie Wood (Los Angeles, 1955) alcanzó el estatus de inversora estrella de Wall Street tras lograr ganancias estratosféricas en 2020 con su fondo insignia. El Ark Disruptive Innovation logró una rentabilidad ese año del 152% y los inversores de todo el mundo se rindieron ante ella como la nueva reina de Wall Street. Su fondo bandera atrajo oleadas de dinero en poco tiempo: a principios de 2020 su gestora contaba con 3.500 millones de dólares bajo gestión y cerró el ejercicio cerca de los 60.000 millones. En 2021 y 2022, Wood registró pérdidas en su fondo mucho más abultadas que las de sus comparables, y cuando comenzó a ser cuestionada, disparó la rentabilidad de Ark hasta cerca del 70% en 2023, gracias a su apuesta por la tecnología. El fondo lleva una caída de alrededor del 12% en el año, pero Wood vislumbra la vuelta a la rentabilidad y promete a los inversores ganancias “del 15% en promedio para los próximos cinco años”. Wood explica su filosofía de inversión justo antes de volar hacia Nashville para participar durante el fin de semana en una conferencia sobre bitcoin, en la que hay inscritos miles de asistentes solo para escuchar a la gurú de la tecnología, en un momento en que, tras un buen primer semestre, las grandes tecnológicas sufren en Wall Street. "Esta vez no se ha producido una gran crisis, pero ha habido un choque muy fuerte de tipos de interés. Los tipos en el 5% por primera vez en mucho tiempo hacen que la gente se pregunte si quiere asumir riesgo en Bolsa. Se han acumulado enormes cantidades de efectivo, y las empresas con mayor cantidad de liquidez han estado respaldadas. Además, a las grandes tecnológicas les ha ayudado toda la historia de la inteligencia artificial (IA)... La IA es el cambio tecnológico más pronunciado de la historia. Y muchas personas esperan que ese cambio se produzca ya. Pero cuando hablas de las empresas que más se beneficiarán de la IA en términos de ganancias de productividad, lo cierto es que les va a llevar mucho tiempo prepararse. Claro que va a haber mejoras rápidas de productividad. Usarán ChatGPT para escribir emails y demás. Pero para transformar una empresa, que lo va a hacer la IA, hace falta mucha preparación. Algunas de las grandes empresas en las que invertimos nos dicen que les va a llevar 2 o 3 años averiguar cómo recolectar sus datos, integrarlos, mapear procesos de trabajo...Yo no debo dar consejos, pero creo que Tesla, que es la mayor participación en nuestro fondo insignia, es el proyecto de IA más grande y completo del mundo. Está en todas partes y no va a dejar de invertir. Pero no es solo la IA. Tesla está a punto de presentar el robotaxi, y en una sola empresa convergen tres de las grandes disrupciones de las cinco que vemos: robótica, porque los vehículos autónomos son robots; almacenamiento de energía, porque los coches son eléctricos; e IA, porque estarán impulsados por IA. Solo hay otras dos grandes revoluciones tecnológicas, blockchain y la multiómica [nuevo campo de investigación de biología]..."

Guerra de sondeos por ambas partes en una jornada sin grandes altercados. Venezuela celebró ayer las elecciones presidenciales más polarizadas e inciertas que asoman al país a un posible cambio de ciclo que pondría fin a 25 años de chavismo si el candidato opositor, Edmundo González, derrota a Nicolás Maduro. Al cierre de esta edición, la rivalidad era máxima. Los venezolanos fueron convocados ayer a los colegios electorales para determinar quién presidirá el país caribeño en los próximos seis años, pero en el fondo se enfrentaron a la decisión más importante en el último cuarto de siglo, el tiempo que ha estado regido por el régimen bolivariano del Partido Socialista, ahora encabezado por Nicolás Maduro tras los mandatos iniciales de su fundador, el fallecido general Hugo Chávez. «El 28-J será el día más largo de nuestras vidas», señalaban las redes sociales. No era una jornada cualquiera. Era histórica porque las encuestas pronosticaron un cambio y una victoria de la oposición encabezada por su líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González, un exdiplomático de 74 años conocido por su comportamiento tranquilo que se vio obligado a dar un paso al frente después de que su compañera se tuviera que enfrentar a la prohibición de ejercer cargos públicos que dictó la Justicia afín a los postulados del Gobierno actual.