20240920

Artículo de Peio Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA: "ELA no acudió a la reunión del Pacto Sanitario y al día siguiente el consejero de Hacienda, Noël D’Anjou, se reunió con Confebask. Dos reuniones en aparencia sin relación que, sin embargo, esconden una relación causal. La Comunidad Autónoma del País Vasco sufre un déficit fiscal brutal...La cicatería presupuestaria ha generado que la mesa sectorial de negociación de Osakidetza, donde estamos todos los sindicatos, esté absolutamente bloqueada. El último año ha habido 14 mesas de negociación, donde la dirección de Osakidetza impone medidas sin siquiera presentarlas en ella. El último ejemplo es lo sucedido con las horas extras del personal facultativo. El 26 de julio Osakidetza anunció que había aprobado una instrucción para fomentar las horas extraordinarias y llamó a la mesa a la siguiente semana para explicar lo que ya había impuesto con el apoyo del Sindicato Médico. En la primera semana de septiembre se convocó una nueva mesa donde Osakidetza volvió a insistir en fomentar dichas horas extraordinarias y se niega a abordar un aumento y estabilización de la plantilla...Mientras tanto, las decisiones importantes se toman sin participación social. El consejero de Hacienda se reunió con Confebask, pero no ha tenido a bien invitar al principal sindicato del país. En la reunión, leída la nota de prensa del Gobierno vasco, uno de los puntos tratados fue la futura reforma fiscal y acordaron poner la reforma fiscal al servicio de la competitividad empresarial; es decir, hablaron de limitar los ingresos que permitirán financiar el Pacto Sanitario e, insisto, esa reunión se realizó con la patronal y no se ha invitado a los sindicatos...ELA se sumaría a dicha mesa si el marco de discusión fuese el descrito, pero el consejero de Hacienda ha dejado claro que no lo es. Los compromisos fiscales con Confebask explican por qué ELA no acudió a la mesa de sanidad convocada por el lehendakari". 

«Un gran ejemplo de cuál es la línea a seguir». Así se refirió ayer Imanol Pradales a Mercedes Vitoria. El lehendakari, en plena ronda de encuentros, aprovechó este jueves para visitar por primera vez la factoría de la Avenida de Los Huetos y reunirse con la dirección de la multinacional de la estrella. La visita supone el primer encuentro entre el nuevo Gobierno vasco –también acudió el consejero de Industria Mikel Jauregi– y los ejecutivos de Mercedes. Un primer contacto marcado por la cordialidad y por las buenas palabras en el que el lehendakari sólo tuvo elogios para la planta alavesa. Mercedes está ahora mismo inmersa en el desarrollo de las obras de la plataforma VAN.EA, la que permitirá a Vitoria fabricar la furgoneta ‘full-electric’, si nada cambia, en 2026. La llegada de estos nuevos modelos le cuesta más de 1.000 millones de euros a la multinacional alemana. Las obras se centran ahora, sobre todo, en las nuevas naves de montaje bruto y de pintura, de 120.000 y 52.000 metros cuadrado respectivamente. Pradales se sirvió del caso de Mercedes Vitoria para fijarse el reto de captar inversiones extranjeras. La creciente competencia por conseguir capital industrial «obliga» a la región «a ser atractivos hacia el exterior». «Las empresas mundiales líderes miran a todo el mundo y deciden dónde invertir teniendo en cuenta múltiples factores», recalcó el jefe del Ejecutivo autonómico. En ese contexto, Euskadi tiene el deber de «sobresalir y cultivar nuestro poder de atracción». Pese a todo, el lehendakari cree que en esa batalla por atraer inversiones, la comunidad autónoma cuenta con un «fantástico punto de partida». Entre otras virtudes, Pradales destacó la cualificación de los trabajadores, la «estabilidad jurídica» o los incentivos fiscales, a su juicio «numerosos». Para mantener la competitividad de la comunidad autónoma, Pradales insistió en una de las ideas que el nuevo Gobierno vasco está trasladando en este arranque de legislatura: que la «fórmula mágica» es la «colaboración público-privada». El lehendakari, además, prometió más esfuerzo por «garantizar el arraigo de las empresas líderes» que ya están instaladas aquí. El presidente autonómico también puso a Mercedes como ejemplo de «estabilidad sociolaboral» en un momento en el que la conflictividad y el diálogo entre empresas y sindicatos también condicionan a las compañías a la hora de decidir dónde ponen su dinero. 

Entre los temas tratados durante la visita del lehendakari, la multinacional alemana explicó a los representantes del Gobierno vasco cómo está tratando de atajar el absentismo. En la fábrica, la mayor de Euskadi con 5.000 trabajadores, el último dato revelado por la empresa fue un 7,79% el año pasado. La cifra está por debajo de la media de Euskadi, situada en un 8,4% según datos del Grupo Adecco. En Mercedes, esa tasa resulta especialmente importante. Sus empleados cobran todos los años una paga de resultados. En ella son varios los elementos con los que se pondera el rendimiento de la fábrica alavesa y el del conjunto de la división de furgonetas a nivel mundial. Y entre los factores que calculan la 'eficacia' de Vitoria -que luego se computa junto al de toda la multinacional-, el absentismo cuenta un 35%. La tasa actual, no obstante, debe seguir bajando. La meta que pactaron dirección y comité de empresa en el último convenio, hace dos años, fue llegar a un absentismo del 5,3%... como máximo. El problema, no obstante, no afecta sólo a Mercedes. Según SEA-Empresas Alavesas, en el territorio cada día 14.500 personas se ausentan de su puesto de trabajo.

«En la Comisión Europea ya me han puesto el sobrenombre de Mister Permisos por mi insistencia en que hay que modificar los procesos que se siguen para autorizar la instalación de parques», desveló ayer el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la inauguración del primer parque eólico marino de la compañía en Francia. Una instalación a 16 kilómetros de la costa, en pleno Canal de La Mancha, que tiene capacidad para atender las necesidades de electricidad de algo más de 800.000 ciudadanos. Galán se refirió como ejemplo al largo proceso que ha tenido que superar para poder hacer esta inversión de 2.400 millones de euros e indicó que debería implantarse «el silencio administrativo para ganar agilidad». Así, criticó sin paliativos el hecho de que «construir este parque eólico nos ha costado dos años, pero el papeleo doce». El presidente de la eléctrica dio a entender que agilizar estos trámites es clave para cumplir los objetivos de transición energética. También se refirió al hecho de que esta transición no es solo un camino hacia «la energía verde sino también hacia la industrialización», ya que la construcción de nuevos parques eólicos también supone el nacimiento de oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo industrial. El parque de SaintBrieuc ha integrado componentes fabricados por varias empresas vascas, como es el caso de Siemens Gamesa o Haizea Wind, que se ha encargado de construir las torres sobre las que están apoyados los aerogeneradores. También aseguró que la construcción del parque eólico en la costa de Bretaña «ha sido el mayor reto tecnológico que ha tenido que superar Iberdrola en toda su historia», debido a las dificultades en una zona donde muchos días hay olas de gran altura.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha explicado que la compañía está analizando con el emirato de Catar, su primer accionista en la actualidad, ampliar sus lazos más allá de su relación puramente accionarial. En un encuentro en el transcurso de la inauguración y puesta en operación del proyecto eólico marino Saint-Brieuc, en la costa oeste de Francia, Galán explicó que mantiene una excelente relación con el socio catarí. Catar, a través del fondo estatal Qatar Investment Authority (QIA), tiene el 8,7% de Iberdrola. Es el primer accionista, muy por encima del 5% que tiene BlackRock. A pesar de que el fondo catarí no está en el consejo de Iberdrola, Galán dice que habla “con ellos una semana sí y otra también”. El pasado 13 de septiembre, EXPANSIÓN adelantó que Catar ha sondeado institucionalmente al Gobierno en España para comprobar la posibilidad de subir su participación más allá del 10%. La legislación actual obliga a un inversor extranjero a tener autorización gubernamental para adquirir más de ese porcentaje en una empresa cotizada española. Galán esquivó pronunciarse al respecto, pero sí aseguró que Catar “lleva subiendo su participación en Iberdrola desde hace catorce años, desde que están con nosotros”. Galán prefiere hablar de que Catar ya tiene “más o menos el 9%”. El emirato empezó teniendo un 6%. Luego, compró más acciones y más tarde fue cobrando siempre el dividendo en acciones en lugar de en efectivo. De esta manera, no ha diluido su participación. “Tengo –dice Galán– no una relación buena, sino súper buena” con los catarís. “Son socios nuestros en otras cosas, en EEUU, por ejemplo”, añade. Y ahora, “estamos mirando para ser socios en otros sitios”.

Los fondos de inversión GTO y Kartesia han cerrado la compra a la multinacional Ayesa de Smarttech Industry Software Solutions. Para Ayesa, propietaria de la antigua Ibermatica y con una gran sede en Donostia, este proceso de separación de un negocio forma parte de la estrategia global, enfocada a consolidar a la firma como el mejor proveedor de servicios IT (tecnologías de la información) y de ingeniería del mercado español. El traspaso del negocio de Smarttech a GTO y Kartesia no tiene un impacto significativo en el negocio de Ayesa en Euskadi, que seguirá ofreciendo servicios IT, tanto a corporaciones industriales como de otros sectores estratégicos. De hecho, la actividad que Ayesa mantiene a partir de ahora en el sector industrial sigue representando alrededor del doble de lo que supone Smarttech. Smarttech es una empresa tecnológica que, si bien es rentable, su modelo de negocio pivota sobre una suite de software propietario (producto propio), lo que se aleja de la actividad core de Ayesa, especializada en servicios gestionados, proyectos e integración de soluciones de valor basados en plataformas líderes (de terceros).

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, no se anduvo con paños calientes ayer en el Parlamento vasco a la hora de dibujar el panorama. La falta de pisos y sus precios carísimos alcanzan la categoría de «emergencia social» en Euskadi. «No tendremos futuro si nuestra juventud no tiene vivienda», abundó. Además, peligra «nuestra prosperidad económica» porque a los profesionales que le hacen tanta falta al tejido productivo no les sale a cuenta venir aquí. Así que el desafío de este nuevo Gobierno vasco es fenomenal. Por eso ha puesto la política residencial en el centro de sus planes y ayer la explicó el consejero Itxaso en su primera comparecencia en el Parlamento vasco. Sobre todo, llamó a la colaboración institucional. Lo dijo de distintas maneras y varias veces durante sus dos horas de intervención: ayuntamientos y diputaciones deben arrimar el hombro para resolver esta «crisis». Porque son ellas las que tienen competencias vitales. Sobre todo, los ayuntamientos. Lo primero, les invitó a «desbloquear suelos que están reservados para construir 75.000 viviendas públicas». Pero también a poner a disposición del Ejecutivo terrenos para levantar pisos protegidos y a rebajar el impuesto de obras (ICIO) para favorecer estas inversiones. «Que no hagan caja» en la gestión para solucionar un problema común. Incluso se refirió a la posibilidad de comprar vivienda vacía por parte del Gobierno vasco. Se refirió, por ejemplo, a herencias que no encuentran salida. La idea sería adquirirlas y luego, si son pisos grandes, segregarlos y ponerlos en alquiler público. En esto también hace falta la ayuda de los gobierno municipales que les pongan sobre la pista de estos inmuebles y luego la normativa urbanística les permita dividirlos. En cuanto a las diputaciones, su papel esencial sería en materia fiscal. Habló de incentivar fiscalmente la implantación de negocios a pie de calle y no en pisos. Y también de darle otro aire a la desgravación fiscal: en su opinión, hace falta que tanto la que beneficia a los compradores como a los arrendatarios «sea progresiva en función de la renta».

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, prometió ayer dedicar «grandes esfuerzos» para «reducir la brecha» de la segregación escolar, que describió como uno de los principales retos del sistema educativo vasco. «Hay que abordar el problema con valentía y medidas concretas», señaló. Una de ellas, contemplada en la Ley de Educación y en el acuerdo de gobierno de PNV y PSE, es alcanzar un pacto que involucre a la comunidad escolar y a los agentes políticos y sociales. «Toda la sociedad se debe implicar para mejorar la educación», incidió. Durante su intervención, Pedrosa, que no es miembro del PNV, apeló a la búsqueda de la «cohesión social», consciente de que «la Euskadi de hoy no es la de hace diez o veinte años». El peso de la inmigración es cada vez mayor y todas las evaluaciones, tanto internas como externas, indican que la brecha educativa de este alumnado con el autóctono es cada vez mayor. «Tenemos que ser un sistema equitativo», enfatizó. En relación con este asunto, apenas mencionó el cobro de cuotas en la red concertada, más allá de señalar que el «proceso» para erradicarlas está en marcha. Sin presentar grandes novedades, el discurso de la consejera trajo ciertos aires de cambio de ciclo. Por ejemplo, expresó en varias ocasiones su intención de avanzar hacia un sistema educativo «propio». En cuanto a la FP, el departamento se ha propuesto ahondar en su internacionalización, dar un impulso al inglés y al euskera –es la etapa en la que menos alumnado estudia en lengua vasca– y, en fin, animó a consolidarla como referencia.

El PNV, socio imprescindible de Pedro Sánchez para su supervivencia parlamentaria y, por ende, para su permanencia en la Moncloa, elevó ayer la presión sobre el presidente del Gobierno. «Lo tiene cada día más difícil». Así de contundente se mostró la presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB), Itxaso Atutxa, quien manifestó que el jefe del Ejecutivo central tiene un «problema con su forma de trabajar». En vísperas de que Sánchez reciba hoy en la Moncloa al lehendakari Imanol Pradales –una cita que se circunscribe a la ronda que el presidente pretende mantener con todos los líderes autonómicos–, el partido jeltzale apretó ayer las tuercas a Sánchez en un contexto de suma delicadeza: con Junts amenazándole con romper amarras y dejar caer la mayoría del bloque de investidura en el Congreso. Una advertencia que, lejos de quedarse en papel mojado, ya se ha materializado. Primero, con los posconvergentes tumbando una propuesta sobre alquileres; y, después, sumando fuerzas con el PP en el Senado para reconocer a Edmundo González como «legítimo» ganador de las elecciones venezolanas. El PNV, no obstante, no ve a la formación de Carles Puigdemont en una mayoría alternativa, en este caso de la mano del PP y Vox, aunque sí considera que Sánchez «lo tiene cada día más difícil». De hecho, según apuntó Atutxa, «ni siquiera el voto de (José Luis) Ábalos lo tienen seguro», dijo en alusión a los recientes desmarques del exministro en dos votaciones. Atutxa advirtió en este sentido de que Sánchez, que asegura que agotará su mandato hasta 4047, tiene «un problema, sobre todo, con su forma de trabajar», ya que «a veces se olvida de que, en las cosas que se llevan al Congreso, se necesitan consensos previos». 

El verano ha cerrado con un estancamiento del crecimiento turístico en Bizkaia. Después de un 2023 de récord, en los pasados meses estivales se anotaron descensos de entre un 1,1 y un 2,6% en las reservas realizadas en los hoteles del territorio. Entre junio y agosto, último dato publicado por el Instituto Vasco de Estadística, se alojaron en estos establecimientos vizcaínos 513.746 personas, un 1,2% menos que en el verano del año pasado. La disminución, en cualquier caso, apenas tuvo incidencia ya que la estancia media fue ligeramente superior y las pernoctaciones, pese a que hubo menos viajeros, se contrajeron solo un 0,5%. Estos datos, si bien confirman que se está alcanzando el techo de viajeros, también reflejan otra realidad: la gente viaja más que nunca. Basta con comparar la llegada de clientes a los hoteles este verano con el de 2019, antes de la pandemia. En los mismos tres meses de hace cinco años Bizkaia recibió casi 50.000 huéspedes menos que ahora. El crecimiento es de un 10,7%. En el cómputo anual, eso sí, han llegado 1.122.140 personas, un 0,7% más que entre enero y agosto de 2023. La ligera bajada de visitantes con respecto al pasado año se dio sobre todo en el turista nacional. El cliente extranjero, que supuso más de la mitad de las entradas, 272.471, aumentó en torno a un 0,7%. En Gipuzkoa y Álava, regiones en las que en los hoteles hubo menos personas alojadas que en Bizkaia –471.189 y 163.482, respectivamente– los turistas aumentaron un 2,6% y un 1,4%.

Los datos de ventas de coches eléctricos en agosto, con una caída del 44% en la Unión Europea, han hecho saltar las alarmas en la industria del automóvil. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) emitió ayer un comunicado en el que pedía que se tomen “medidas urgentes” ante la baja demanda de vehículos eléctricos y la amenaza de “multas multimillonarias” por superar los límites de emisiones de CO2 fijados para 2025 (93,6 gr/km por coche frente a los 116 actuales). La patronal europea del motor exige revisar de forma inmediata los objetivos de emisiones y asegura que la industria “no puede permitirse el lujo de esperar a la revisión en 2026 y 2027”. “Necesitamos acciones urgentes y significativas ahora”, sostiene ACEA, que reconoce abiertamente la falta de competitividad de la industria europea y sus “vulnerabilidades estratégicas”. Los fabricantes señalan que están “dispuestos a debatir un paquete de alivio a corto plazo para los objetivos de CO2 de 2025 para automóviles y furgonetas, así como una revisión rápida, completa y sólida de las regulaciones de CO2 tanto para automóviles como para camiones”. El consejo directivo de ACEA asegura que “faltan condiciones cruciales” para alcanzar el impulso necesario en la producción de vehículos eléctricos y la aceptación de los consumidores. Entre estas necesidades señala la infraestructura de carga eléctrica y de hidrógeno, un entorno de fabricación competitivo, energía verde asequible, incentivos fiscales y de compra, y un suministro seguro de materias primas, hidrógeno y baterías. La patronal mantiene que la transición a cero emisiones “es muy difícil” y que hay preocupación por las multas millonarias (unos 15.000 millones de euros, según estimaciones) por incumplir los objetivos de emisiones de CO2. Para evitar estas multas, los fabricantes se plantean dejar de producir unos dos millones de vehículos y cerrar algunas plantas en Europa.

La situación del vehículo eléctrico en Europa es alarmante. Según los datos ofrecidos ayer por la patronal europea de fabricantes de coches, ACEA, las entregas de este tipo de coches cayeron un 43,9% en agosto en la Unión Europea, con 92.627 matriculaciones. La caída se sustentó en el desplome del 68,8% en Alemania, con apenas 27.024 entregas, y la caída del 33,1% en Francia, con 13.143 unidades vendidas. Otros grandes mercados, aunque muy atrasados en materia del vehículo eléctrico como España e Italia, también bajaron sus ventas de eléctricos un 24,8% y un 40,9%, respectivamente. El principal ganador de este retroceso es el vehículo híbrido, que aumentó sus ventas en agosto un 6,6%, hasta las 201.552 unidades, en un contexto de caída generalizada de las matriculaciones del 18,3%. Los híbridos supusieron casi una tercera parte del mercado total de Europa en agosto. En lo que va de año, esta tecnología creció un 21,1%, con casi 2,14 millones de comercializaciones, cuando en el total de la UE se entregaron 7,18 millones de vehículos de todo tipo de motorizaciones. El principal vendedor de coches de la Unión Europea hasta agosto, como es costumbre, fue el grupo Volkswagen, con 1,89 millones de matriculaciones, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2023. A pesar de esos buenos números, con una cuota de ventas del 26,4%, la compañía atraviesa un momento delicado por la caída del mercado respecto a la etapa prepandemia y la fuerte competencia en el vehículo eléctrico, con Tesla y los fabricantes chinos en ventaja respecto al consorcio alemán. El segundo gigante europeo, Stellantis, que tampoco atraviesa un momento sencillo, redujo sus ventas un 3,2%. 

Termina sin acuerdo la reunión entre la Unión Europea y China por los aranceles a los vehículos eléctricos, con ambas partes emplazadas a un encuentro posterior. Con ello, la Comisión Europea mantiene los impuestos a la importación de vehículos eléctricos y de sus componentes desde el gigante asiático, que se elevan hasta el 38,1%, si bien algunos fabricantes cuentan con tarifas más reducidas. La reunión en Bruselas entre el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio del gigante asiático, Wang Wentao, con la que buscaron resolver la crisis abierta entre las dos regiones por los aranceles al coche de batería eléctrica importado desde el gigante asiático, concluyó ayer sin acuerdo. Por ello, los impuestos a la importación introducidos este verano por parte de Bruselas para compensar las ayudas de Estado de Pekín a su industria se mantendrán en los próximos meses. “Las dos partes acordamos intensificar los esfuerzos para encontrar una solución efectiva, aplicable y compatible con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el caso de los coches eléctricos”, señaló Dombrovskis en un breve comunicado difundido en redes sociales. El negociador comunitario ha dejado claro en su declaración que la voluntad de alcanzar un acuerdo se produce “sin perjuicio de la investigación de la Unión Europea y sus plazos”. Bruselas aplica desde principios de julio pasado tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China y a sus componentes, una medida de defensa comercial que es provisional, pero que puede convertirse en definitiva. Este gravamen, que se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos, será permanente salvo que una mayoría cualificada de Estados miembros (15 países que sumen como mínimo al 65% de la población total de la UE) vote en contra en una reunión técnica que debía celebrarse la próxima semana pero que fuentes europeas consultadas por Europa Press sitúan más adelante, en torno al 30 de septiembre.

Tras la significativa revisión al alza efectuada el pasado miércoles por el INE en los datos de PIB de los últimos años, que ha engordado en 36.400 millones el cálculo previo del volumen de actividad en 2023, la cascada de revisiones al alza para 2024 por parte de los principales organismos económicos nacionales e internacionales es solo cuestión de tiempo. Incluido el propio Gobierno, cuyo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya anticipó ayer que el Ejecutivo actualizará sus previsiones para alinearlas con esa revisión. “No solo debido a los mejores datos que vamos conociendo, sino también a la luz de la revisión del crecimiento hacia atrás, vamos a actualizar también nuestras previsiones”, afirmó Cuerpo, quien enfatizó algunos de los efectos positivos de ese ajuste: la economía española se recuperó antes del efecto de la pandemia del Covid, al tiempo que “ha bajado más nuestra ratio de deuda sobre PIB y ha crecido más nuestra renta per cápita; en definitiva, buenas noticias”, señaló el titular de Economía. Sin olvidar que ese mayor crecimiento pasado también tiene repercusiones a la baja en el cálculo del déficit público. Hasta ahora, la brújula del Gobierno apunta a un crecimiento del 2,4% este año y del 2,2% en 2025, pronósticos que las revisiones efectuadas en las últimas fechas y las que están por llegar empezaban a dejar cortos ante el fuerte crecimiento registrado en los dos primeros trimestres del año (un 0,8% en cada uno). Y eso sin contar con la reciente revisión del INE, que abre la puerta a ajustes de mayor calado en el futuro por parte de las principales instituciones económicas nacionales e internacionales.

La Agencia Tributaria llevó a cabo 44.776 actuaciones de control durante 2023 relacionadas con grandes empresas, patrimonios relevantes, abusos de formas societarias y lucha contra la economía sumergida, un 13,7% más que en el año anterior. Dentro de este amplio y variopinto grupo destacó la vigilancia sobre las grandes compañías, grupos societarios y multinacionales, con un saldo de 34.487 actuaciones, un incremento anual del 17,3%. Las inspecciones, según explicó ayer Hacienda, permitieron identificar importantes irregularidades, reforzando la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos contribuyentes, que por su naturaleza y complejidad consumen elevados recursos de alta cualificación. Uno de los grandes frentes dentro de las comprobaciones a empresas está íntimamente relacionado con la internacionalización y la actividad que desarrollan en otros países. Para ello, además de la Delegación de Grandes Contribuyentes, la Agencia Tributaria cuenta desde hace unos años con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que pone la lupa en las ramificaciones que las grandes compañías despliegan alrededor del mundo. En 2023, las actuaciones de control en las que participaron estos dos equipos provocaron ajustes en bases imponibles (la cantidad sobre la que se tributa) por un importe total de 2.925 millones de euros. En paralelo, se firmaron acuerdos previos de valoración con las grandes empresas —los cuales sirven para reducir la litigiosidad entre las partes de forma amistosa— que implican garantizar a futuro 3.578 millones de euros, siempre en términos de base imponible, un aumento del 32% respecto a 2022.

España se enfrenta a un desafío presupuestario significativo para las próximas décadas, impulsado principalmente por el envejecimiento de su población. En concreto, el país necesitará realizar un ajuste fiscal adicional equivalente al 6,3% de su producto interior bruto (PIB) para el año 2045, que es la década en la que está previsto que se termine el impacto de la generación del baby boom. Esta reestructuración será necesaria para hacer frente a los crecientes costes asociados al envejecimiento de la población, como las pensiones y los gastos en salud, y para mantener sus finanzas públicas en línea con las reglas fiscales de la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe presentado ayer por el centro de análisis Bruegel, titulado Cómo afectará el cambio demográfico a la sostenibilidad de la deuda en los países de la UE. El ajuste toma en cuenta el déficit estructural primario (es decir, que descarta los intereses que genera la deuda por pagar) que según la Comisión Europea es del 0,8% del PIB en 2024. De esta forma, si se suma la actual situación de déficit al futuro gasto, se concluye que para lograr un equilibrio en las cuentas habría que alcanzar esta tasa superior al 6% del PIB. Aunque la situación fiscal de España ya requeriría ajustes en el corto plazo (más del 4% del PIB entre 2024 y 2031), el impacto del envejecimiento será aún más pronunciado en las décadas siguientes, pues se prevé que en la década de 2040 se termine de jubilar el grupo poblacional más grande que existe a día de hoy, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).  En concreto, el centro estadístico calcula que los mayores de 65 años supondrán el 30,5% de la población en torno a 2055.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha pedido “paciencia” y “respeto al trabajo de los técnicos” para poder analizar con “rigor” la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell y ha explicado que la falta de información por parte de Sabadell es lo que está alargando el proceso, ya que, al tratarse de una operación de carácter hostil, se ha contado desde el primer momento con todos los datos de la entidad que la propone, pero las cifras del banco opado deben reclamarse según se avanza en el estudio y compararlas posteriormente entre sí. En una comparecencia en el Congreso, Fernández justificó la tardanza en decidir sobre la opa como algo normal por el carácter no pactado de la operación. Así, señaló que su escrutinio, una vez registrada ante el organismo de Competencia el pasado 30 de mayo, se encuentra todavía en la “primera fase” de análisis técnico, que tiene un plazo máximo de un mes, aunque ese plazo se suspende y deja de correr cada vez que “falta información” de Sabadell y hay que realizar un requerimiento para obtenerla. Además, en ocasiones no coinciden los datos aportados por BBVA y por Sabadell, lo que también da lugar a la suspensión de los tiempos.

Yolanda Díaz se ha encontrado en Barcelona el mismo panorama empresarial que dejó en Madrid. La vicepresidenta había planeado una gira por las patronales catalanas para tratar de convencerles de que su propuesta para reducir la jornada laboral es una buena reforma que debe apoyar la CEOE. Sin embargo, lo que ha constatado es una postura unánime de rechazo entre los empresarios. Díaz arrancó el miércoles una ronda de reuniones en Cataluña para intentar atraer a los empresarios a un pacto que, de no contar con su respaldo, será tumbado en el Congreso. Mientras el presidente Pedro Sánchez firmaba en La Moncloa el último acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social en materia de pensiones, la vicepresidenta y su equipo se dirigían a la Ciudad Condal para presionar a los empresarios catalanes a sabiendas de que su reforma necesita sí o sí el voto favorable de Junts. Por eso para Díaz era fundamental tratar de atraer a su bando a Foment del Treball y Pimec, para que éstas a su vez convencieran a Junts, socio clave de la coalición, de que voten a favor de la reducción de jornada. Pero su plan de dividir a los empresarios ha fracasado. Nada más hacerse la foto con Sánchez , los primeros espadas de la CEOE se dirigieron a la reunión de su junta directiva. Todas las miradas estaban puestas en Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, que en su intervención dejó claro que no daría su brazo a torcer ante las presiones de Díaz. Garantizó a Antonio Garamendi su lealtad en este asunto y avanzó su postura de cara a la reunión del jueves con Díaz. Y así fue. «No estamos de acuerdo con ordenar la jornada laboral por ley, confiamos en la negociación colectiva», afirmaban desde la patronal catalana al término del encuentro con la vicepresidenta. «Estamos en total sintonía con la CEOE en ese tema», zanjaban.

Los trabajadores pueden decidir cuándo inician el permiso de cinco días para cuidados de familiares enfermos o accidentados que recoge el Estatuto de los Trabajadores, sin que la empresa pueda obligar a que el comienzo de esas libranzas tenga que coincidir con el primer día del suceso que las ha provocado. Así lo ha sentenciado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha anulado una nota interna emitida en noviembre de 2023 por el grupo RACE SL, en el que la compañía obligaba a que el arranque de este tipo de permisos coincidiera en el tiempo con el suceso que hubiera provocado la solicitud de los días libres. De esta forma, este tribunal ha dado la razón a los sindicatos CC OO, CSIF y UGT, que presentaron en mayo pasado una demanda contra la citada empresa pidiendo la anulación de la interpretación concreta que hacía la compañía sobre la norma. Según el grupo empresarial demandado –en el que están también Asegurance SA; RACE Asistencia SA y Unión de Automóviles Club SA– los empleados de estas compañías debían de disfrutar del permiso “en días naturales con inicio obligatorio desde el día del hecho causante”.

Repsol ha sufrido un ciberataque a su base de datos de clientes de electricidad y gas en España alojada en un proveedor externo que ha afectado a miles de clientes, pero que ya ha sido subsanado, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía. El grupo multienergético detectó el pasado 10 de septiembre un acceso parcial a datos de clientes de electricidad y gas en el país, como consecuencia de un incidente sufrido por uno de sus proveedores. La compañía implementó de manera inmediata medidas para subsanar el incidente y proteger a los clientes, y ha reportado esta situación a las autoridades competentes. La información comprometida no incluye datos sensibles, financieros (cuentas bancarias, tarjetas de crédito), contraseñas o datos de consumo eléctrico. Los datos afectados son nombre y apellidos, DNI, domicilio, datos de contacto y CUPS. Repsol ha lamentado esta situación y las molestias que pueda causar a los clientes afectados, a quienes ha comenzado a informar en la tarde de este jueves de forma proactiva a través del correo electrónico. La compañía se suma así a la larga lista de grandes empresas españolas que han sufrido ciberataques este año, caso de Orange, Iberdrola, Banco Santander, Endesa, Telefónica, la filial española de la energética francesa TotalEnergies, Amper o la textil Tendam (Cortefiel) entre otras, y cuya finalidad es acceder a los datos de sus respectivas bases de clientes o apoderarse de diversos tipos de información.

El mes pasado, en un discurso en Jackson Hole, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, fue explícito sobre lo que consideraba la misión de la autoridad monetaria mientras la economía estadounidense salía de la prolongada etapa de inflación. “Haremos todo lo que podamos para apoyar un mercado laboral fuerte mientras avanzamos hacia la estabilidad de precios”, sentenció el presidente de la Fed en las montañas de Wyoming. El miércoles, Powell cumplió, reduciendo los tipos medio punto hasta el 5%, comenzando así el primer ciclo de relajación del banco central en más de cuatro años. Las autoridades dejaron en claro que no se detendrían allí, con proyecciones publicadas el miércoles que muestran que la mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto estimaron que los tipos caerían otro medio punto porcentual este año, seguido de una serie de recortes en 2025 para dejar los tipos entre el 3,25% y el 3,5%. Lejos de desatar el pánico, la preocupación de muchos antes de la reunión, los mercados se tomaron con calma el recorte de medio punto del miércoles. Además, los principales índices bursátiles y la deuda pública terminaron el día sin apenas cambios. “Fue innovador”, dijo Peter Hooper, vicepresidente de análisis de Deutsche Bank. “Fue tomar algún tipo de seguro para prolongar lo que es un muy buen lugar para estar en la economía”, indicó el experto. Hooper, que trabajó en la Fed durante casi 30 años, explicó que “Powell quiere garantizar que el aterrizaje va a ser suave”.

Israel pisa el acelerador en su ofensiva contra la milicia Hezbolá en Líbano sin reducir la presión sobre Gaza. El ejército bombardeó ayer posiciones del grupo chií en la frontera y cazas rompían la barrera del sonido sobre Beirut. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció que se mantendrá la presión militar sobre el país vecino pese a que eso entraña “grandes riesgos” además de “oportunidades significativas”. En los últimos días, una operación atribuida a Israel mediante la detonación de miles de dispositivos como buscas y walkie-talkies causó casi 40 muertos, la mitad de ellos integrantes de la milicia, y más de 3.000 heridos en Líbano. El líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, prometió ayer una represalia “justa” y retó al primer ministro Benjamín Netanyahu a invadir el sur de Líbano como su país hizo en 1982. Era el discurso más esperado del líder de Hezbolá en casi un año de guerra. Hasan Nasralá no tenía previsto hablar hasta dentro de tres semanas, con motivo del primer aniversario de la guerra en Gaza y la apertura del “frente de apoyo” en Líbano, pero lo acabó haciendo ayer, con tono grave y el mundo pendiente de sus palabras tras el mayor golpe al partido-milicia en sus cuatro décadas de historia: la doble detonación masiva a distancia de alrededor de 5.000 buscas y walkie-talkies que había encargado hace meses. Tras la vulnerabilidad mostrada por el pirateo de sus métodos de comunicación, sobre cuya autoría (Israel) apenas hay dudas, Nasralá prometió una represalia “justa” y un “ajuste de cuentas grave” que solo se sabrá “cuando se vea”.