20240617

El Gobierno ha fijado un umbral salarial por trabajador para las empresas que pidan un permiso de residencia en España por la contratación de personas muy cualificadas, procedentes de fuera de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que en el club comunitario permite la libertad de movimientos. El Ejecutivo exigirá un umbral salarial único que, como mínimo, sea de 36.225 euros brutos anuales por cada trabajador, para que la Administración pueda conceder una tarjeta de residencia a esa persona. Esta cuantía equivale a 1,4 veces el salario medio bruto de los trabajadores españoles, que es de 25.896,82. Así lo valora la memoria económica del proyecto de orden ministerial que fija el umbral salarial mínimo de referencia para la concesión de las autorizaciones de residencia, para profesionales altamente cualificados. Proyecto en el que están trabajando los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Economía, Comercio y Empresa; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de l Interior. El texto explica que con el umbral salarial para el trabajador de 36.255 euros brutos al año, el Gobierno busca un cifra moderada, que contente a todos los agentes: “Que no suponga una barrera de entrada [porque a las empresas les parezca una cifra muy alta], una discriminación para ellos [porque pueda parecerles un salario bajo] y un obstáculo para la competitividad de las empresas”. Así se desprende de la Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La orden recoge la estructura de los salarios en España para dar a entender que esa cifra es razonable para atraer a personal muy cualificado de fuera de la UE. Por ejemplo, por debajo de este umbral salarial está el sueldo medio bruto anual, que representa 25.892,82 euros. Es decir, la cifra resultante de dividir la masa salarial entre el número de trabajadores. En ella pueden pesar más los sueldos más altos de una minoría sobre los más bajos de una inmensa mayoría.

La orden que prepara el Gobierno para conceder la residencia a los trabajadores extranjeros muy cualificados coincide con el grave problema al que se enfrentan las empresas españolas porque, en muchos casos, no encuentran los trabajadores que necesitan. Sobre todo, los que requieren una elevada formación en las ciencias, como las matemáticas, la tecnología o las ingenierías. En su último informe anual, el Banco de España señala que “en algunos sectores y ocupaciones es probable que el desajuste entre los requerimientos de habilidades de los nuevos puestos de trabajo y las cualificaciones de los trabajadores que buscan empleo haya aumentado y, por tanto, que la eficiencia del emparejamiento haya disminuido. Esta hipótesis resulta especialmente plausible en una coyuntura, como la actual, con rápidos avances tecnológicos y con un sistema educativo que no se está adaptando a ellos con la suficiente rapidez”. Precisamente, esta es una de las razones que esgrime Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, integrada en la CEOE, para cifrar en 150.000 el número de empleos que ofrecen las empresas y no encuentran trabajadores.

Casi un centenar de expertos e instituciones han abordado en las Juntas Generales de Gipuzkoa durante los últimos meses la reforma fiscal que los tres territorios vascos deben aprobar en los próximos meses. El acceso a la vivienda para los más jóvenes, la retención y captación de talento e impulsar la competitividad empresarial del tejido guipuzcoano son los tres retos prioritarios en los que han confluido los principales ponentes del territorio en sus intervenciones, amén de otros capítulos relacionados con la demografía, la igualdad o el cambio climático. Ahora, la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas debe elaborar en el próximo mes el informe definitivo de la ponencia después de escuchar a todos los expertos. La reforma fiscal en Euskadi, después de las llevadas a cabo en 2014 y 2018, se iba a afrontar en 2020, pero llegó la pandemia y quedó en el aire. Más tarde, la guerra desatada en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia y su impacto en toda Europa en términos económicos, y sobre todo energéticos y de precios, volvió a alterar cualquier calendario. No fue hasta febrero del año pasado cuando el PNV y los socialistas de Euskadi acordaron engrasar el desafío pendiente, siempre bajo la mirada de la progresividad (que paguen más los que más tienen).

Las diferentes asociación de Gipuzkoa han reclamado estos meses en Juntas medidas para favorecer la retención y atracción de talento. El director general de la patronal Adegi, José Miguel Ayerza, ha reclamado que se suprima el Impuesto de Patrimonio, que se bonifique al 100% o que se reduzca la base liquidable para equiparar este gravamen a la realidad fiscal existente en la Unión Europea y otras comunidades del Estado, ya que supone un incentivo a la deslocalización de contribuyentes y reduce el atractivo del territorio a la inversión. Además, Adegi ha realizado diferentes propuestas para mejorar la captación y retención del talento, uno de los retos que tienen las empresas. Entre las medidas planteadas al respecto figura la necesidad de deflactar los tramos de la renta al 100% de la inflación, así como ajustar los límites y deducciones por vivienda o EPSV a la subida de los precios.

Fue el propio diputado de Hacienda, Jokin Perona, el que abrió la ronda de ponencias en febrero. En su alocución, invitó a los grupos a abordar «el reto de la emancipación de los jóvenes», y reconoció que el acceso a la vivienda o las oportunidades laborales y la retención de talento en Euskadi son los principales objetivos que persigue esta reforma fiscal. «El problema de la emancipación juvenil, por ejemplo, está ligado a la vivienda y al reto demográfico, por lo que debemos trabajar en una fiscalidad que ayude, junto con otras políticas y herramientas, a que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida». Cuatro meses después de su intervención, el diputado de Hacienda considera que el objetivo planteado en las Juntas Generales de Gipuzkoa de realizar una ponencia fiscal «ha sido todo un acierto, ya que nos ha permitido escuchar la visión de los agentes locales conocedoras de nuestra propia idiosincrasia e identidad y, al mismo tiempo, contrastar nuestro caso con realidades externas pudiendo conocer, a su vez, qué tipo de iniciativas y estrategias están desarrollando los países de referencia en los distintos ámbitos de actuación». Perona destaca varias de estas iniciativas, tales como: la innovación, el emprendimiento, las EPSV, la vivienda, la igualdad de género, la emancipación de los jóvenes, la transición energética o el primer sector. «Consideramos que estas aportaciones contribuirán a que entre todos los grupos políticos que conformamos el arco parlamentario podamos adoptar las decisiones más adecuadas en la reforma fiscal que llevaremos a cabo este año».

La fundación bancaria BBK, el principal accionista de Kutxabank –con un 57% del banco–, cerró el pasado año una serie importantes movimientos para lanzar su actividad inversora. Según han confirmado fuentes de la entidad y tras acceder a la auditoría de cuentas de la fundación presidida por Xabier Sagredo, las inversiones se incrementaron en 270 millones, elevando los activos financieros a más de 570, eso sin contar la participación en el banco surgido de la fusión de la antiguas cajas. Se trata de unas operaciones en las que BBK destinó 16,6 millones a comprar el equivalente al 1,5% del accionariado del fabricante de trenes vasco, CAF. Además, reforzó su posición en empresas estratégicas del sector eléctrico. Fue el caso de Iberdrola, donde elevó su inversión un 45% hasta llegar a los 18,5 millones (5,8 más), y el de Red Eléctrica, donde tiene ya destinados 14,2 millones de euros, un 56% más que en el año anterior (un crecimiento de 5,1 millones). La mayoría de la inversión, eso sí, ha sido para la colocación de capital acumulado con criterios de prudencia. Así, en fondos pasivos repartidos en diferentes valores cotizados en Bolsa ha elevado el capital hasta los 140 millones, 58,9 más que en 2022. Y de igual manera ha ocurrido con la adquisición de bonos de deuda, tanto pública como de empresas. Un mercado en el que se estrenó el pasado año con 155 millones. En total, la inversión en activos financieros suma 405 millones a los que hay que añadir otros 123 de tesorería. Son grandes cantidades acumuladas gracias al importante reparto de beneficios que las fundaciones han recibido de Kutxabank. A pesar de todo, la espera a la evolución del sector tras el covid y las exigencias del regulador, han hecho que el peso de participaciones industriales siga siendo bajo y se reduzca a las de CAF, Iberdrola, Red Eléctrica, Vidrala y Arteche. Una tendencia que cambiará ahora con apuestas como la de los 30 millones para Aparca10, una sociedad gestora de aparcamientos nacida en Madrid que BBK quiere desarrollar en el futuro con una nueva óptica y arraigo.

El perfil de los alumnos que componen las aulas de los 182 centros de la Formación Profesional vasca es muy variado. El abanico es tan amplio que en la misma clase pueden compartir mesa un joven de 17 años con un hombre de 52, que podría perfectamente ser su padre. Este último perfil, el del alumno mayor y experimentado, es una realidad palpable en las aulas. Sin ir más lejos, ahí están los 1.772 estudiantes mayores de 40 años matriculados este curso en la FP, y esa cifra escala hasta los 2.627 con los mayores de 35 años. Entre todos esos alumnos hay 512 mayores de 50 años, de los cuales 157 son guipuzcoanos. «En el departamento de Educación uno de los mantras que más se repite es que damos respuesta desde los 0 a los 99 años», explica Jorge Arévalo, el viceconsejero en funciones de Formación Profesional. «Es cierto que lo más normal es que los alumnos estén en una horquilla entre los 16 y los 22 años», relata Arévalo, pero aclara que «cada vez es más habitual ver en clase a una mujer de 40 años o a un hombre de 55». De hecho, las estadísticas apuntan a que en los últimos cinco años en la Formación Profesional vasca se han matriculado, de media, 500 alumnos mayores de 50 años y 1.903 estudiantes de más de 40 años por curso. Son cifras «que deberían haber sido más altas de no haber sido por la irrupción de la pandemia», matiza Arévalo. La pujanza de la FP dual y de los módulos flexibles en los horarios son dos de los factores que explican la atracción que sienten estos estudiantes más experimentados por acceder a un grado de la FP. «Creo que la clave es que ahora nosotros podemos adaptarnos a este perfil de estudiantes, cosa que antes no nos era posible», indica.

El Ayuntamiento de Vitoria ha pisado el acelerador de las renovables en los edificios de su propiedad con la esperanza de avanzar en el autoconsumo y llegar pronto a ahorrarse un 30% en la factura anual de luz y agua caliente. Gracias a las ayudas europeas en poco tiempo ha conseguido triplicar la cifra de inmuebles dotados con placas fotovoltaicas en sus techumbres. Son ya 32 los espacios públicos ‘enchufados al sol’ y pronto se sumarán cinco más. Al Ataria o al parque de Bomberos se han añadido colegios y centros cívicos. De manera paralela, aumenta el número de vitorianos que se apuntan a comunidades energéticas privadas. Empresas, bloques de pisos, viviendas particulares, mercados, pueblos... Poco a poco todos se van subiendo al carro de las renovables. El Ayuntamiento de Vitoria lo viene haciendo desde hace algunos años pero experimenta ahora un particular acelerón gracias al impulso de las ayudas europeas. Lo refleja el hecho de que en el último año se hayan triplicado el número de edificios municipales ‘enchufados’ al sol por medio de paneles fotovoltaicos. Ya se supera la treintena de inmuebles públicos dotados con estas instalaciones (hay en concreto 32) a los que próximamente se sumarán al menos otros cinco. Un particular ‘anillo’ solar que pieza a pieza va adquiriendo envergadura. Reducción del consumo, el uso de instalaciones más eficientes y la producción de energía renovable son las bases de la singular ‘hoja de ruta’ de la administración municipal. ¿El desafío? Que sus edificaciones (centros cívicos, instalaciones deportivas, bloques de oficinas y otros centros) se suministren de un porcentaje de al menos el 32% con energías renovables, y fundamentalmente en el caso de la electricidad, que sea de origen fotovoltaico. 

El pequeño comercio de Gipuzkoa reclamó ayer un plan urgente para salvar al sector y evitar más cierres. Solo en los dos últimos años han bajado la persiana 620 tiendas en el territorio. La Federación Mercantil de Gipuzkoa, reunida en asamblea en Getaria, pidió medidas estratégicas a las instituciones para apoyar al sector, que está atravesando «un momento muy complicado», en palabras de Julen Maiz, presidente de la Federación, que se despidió del cargo tras seis años al frente del sector guipuzcoano. En este sentido, Maiz lamentó que «el comercio está atravesando por un momento muy complicado». A este respecto aseguró que «si, como todos decimos, el comercio local es un sector estratégico y queremos mantenerlo, tenemos que ser coherentes y valientes». Y para ello pidió «un plan especial para mantener el comercio local abierto». En cuanto a la situación de los comercios, Maiz se pronunció acerca de las consecuencias que tuvo el sector a causa de la pandemia. El hasta ahora presidente, aseguró que con el covid-19 «nos encontramos con una situación nueva, de gran incertidumbre y en la que los hábitos de los clientes han variado radicalmente». No obstante, también quiso subrayar que desde la federación «hemos capaces de gestionar 8 millones de euros en ayudas directas».

La evasión de impuestos en la compraventa de carburante se ha disparado a niveles históricos en los últimos meses hasta rozar los 1.000 millones de euros anuales de agujero a las arcas públicas. Al calor de un nuevo cerco regulatorio y de la cruzada de las autoridades tributarias, también la banca tradicional ha reforzado sus barreras y ha acelerado el bloqueo de cuentas corrientes a los operadores. Si bien la relación de los intermediarios comerciales del carburante con las entidades financieras siempre ha sido complicada, en el último año y medio y en especial en los últimos meses, los obstáculos que encaran estas compañías para acceder a los servicios de las entidades han aumentado de forma significativa, según relatan varios afectados. «El primero en cerrarnos la cuenta fue Banco Santander. Lo hizo sin previo aviso y sin dar explicaciones. La historia se repitió en BBVA. Esa vez, cuando preguntamos en la gestora nos dijeron que éramos un sector non grato», así arranca el relato de M.S., quien asegura que hasta hace poco iban «saltando de un banco a otro», pero desde hace un año todas las grandes entidades, «Bankinter, Unicaja y CaixaBank», les han cerrado la puerta. «Las nuestras no son empresas de nueva creación, fueron constituidas hace 34, 20 y 15 años, tienen un histórico», enfatiza. Los años 2022 y 2023 fueron récord en defraudación en el sector, en el marco del descontrol de precios energéticos y de las sanciones comunitarias a la importación de carburante ruso, que han generado desequilibrios en el mercado europeo, pues el veto no ha impedido el flujo del producto con sello de Moscú. No en vano, el plan de actividades de la Agencia Tributaria para 2024 pone especial énfasis en este problema y alude directamente a la supervisión de cuentas corrientes, mediante el análisis «más ágil y certero del origen y destino de los fondos de las cuentas bancarias», una información clave que las entidades deben reportar al órgano fiscal y que allana el camino a «la investigación de fraudes complejos».

Los pasados días 11, 12 y 13 de este mes, cuando el mercado aun estaba digiriendo el shock de la ruptura de negociaciones por parte de Taqa para lazar una opa sobre Naturgy, en la trastienda del sector se producía otro terremoto. Numerosos fondos oportunistas lanzaban un aluvión de operaciones para tomar posiciones en otras empresas energéticas. Citadel Advisors entraba en Grenergy, un día después de que JPMorgan Asset Management moviera posiciones en esa misma empresa de renovables. En paralelo, Citadel también movió ficha en Solaria, competidor de Grenergy, igual que lo hacían Cubist Systematic Strategies, Marble Bar Asset Management y Qube Research & Technologies. El alud de compraventas “tácticas”, o de posiciones a corto, continuó con Acciona Energía, donde movió ficha AQR Capital Management, y Enagás, con los fondos Point 72 Europe y Balyasny Asset Management. Así se podría ir enumerando otra serie de operaciones de este tipo de entidades, que han convertido en las últimas semanas al sector energético en la diana preferida de sus disparos. Más de la mitad de sus operaciones en Bolsa en España en los dos últimos meses se ha producido sobre empresas energéticas. Si el rango temporal se estrecha a las últimas dos semanas, la proporción sube a ocho de cada diez.

Han tenido que ser los empresarios extranjeros que más inversión comprometen en España con los fondos europeos los que han evidenciado la incapacidad del Gobierno para ejecutar sus compromisos y sólo han pasado siete meses desde la investidura. El consejero delegado de Seat, Wayne Griffiths, telefoneó el jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha podido confirmar este diario. Griffiths, un inglés de estilo alemán, cuidó al menos las formas y no dejó que Sánchez se enterara por la prensa de su decisión de dimitir como presidente de la patronal de automoción Anfac al estar «decepcionado» con el propio líder socialista. Sánchez no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo el pasado febrero en un evento organizado por la propia Anfac y Griffiths quiere liberarse de su puesto institucional para dar los pasos que, lamentablemente, puede tener que dar desde Seat y su matriz Volkswagen. El contenido exacto de la conversación que mantuvieron sólo lo saben ellos, pero fuentes conocedoras señalan que, a partir de ahora, no hay que dar por hechas las inversiones anunciadas por Volkswagen de 10.000 millones en España. «No hay que darlas por garantizadas, ni en el montante ni en el calendario, porque tampoco el Gobierno está cumpliendo», avisan. Exactamente igual hizo el mismo día desde Michigan (EEUU), el presidente de Stellantis y primer fabricante de automóviles en España, el portugués Carlos Tavares, en duras palabras que han pasado inadvertidas. «No vamos a utilizar el dinero de nuestros accionistas para invertir en algo que los clientes no quieren, obviamente; pero ésa no es la decisión de Stellantis, ése es el marco en el que se ha puesto la industria del automóvil», dijo. Así que, ante tal «desalineamiento», habrá «un cierto número de ajustes», avisó Tavares en alusión a que no pueden invertir en coches eléctricos si no hay mercado para ellos porque, entre otras cosas, gobiernos como el español no dan los incentivos fiscales prometidos para atraer clientes.

Pekín no se va a quedar de brazos cruzados. Aunque es consciente de que tiene más que perder que Europa –el año pasado sus exportaciones a la UE superaron en 291.000 millones de euros a las importaciones–, ya ha comenzado a buscar los productos europeos contra los que puede arremeter en su represalia. Y entre ellos se encuentran dos muy relevantes para España: la carne de cerdo y el vino. El runrún llevaba tiempo corriendo entre los empresarios españoles afincados en China, y el diario oficialista Global Times, controlado por el Partido Comunista, publicó el pasado jueves lo más parecido a una confirmación en un tuit: «Exclusiva: la industria china está reuniendo pruebas y ha solicitado a las Autoridades que abran una investigación 'antidumping' contra la importación de cerdo de la Unión Europea». «Es un aviso a navegantes, porque China suele comunicar estas cosas a tres niveles. Todo empieza como un rumor, luego la prensa oficialista comienza a publicar historias sobre el tema, y finalmente se toman medidas a nivel oficial», explica un empresario español del sector cárnico desde China. «No creo que todavía se estén moviendo papeles en los despachos, pero es verdad que todo puede cambiar en cualquier momento», apostilla. En un comunicado interno, la Asociación Empresarial Cárnica ANAFRIC advierte de que «China está considerando seriamente medidas de represalia contra los productos agroalimentarios de la UE, en particular para la carne de porcino (incluidos los despojos comestibles), los productos lácteos y los vinos (en orden decreciente de valor económico exportado)». Para desarrollar una estrategia conjunta, emplazan a sus socios a una reunión el próximo miércoles.

"...Nuestra productividad no solo es más baja que la de nuestros socios comerciales, sino que las diferencias se ahondan persistentemente sin visos de compostura a plazo cercano. Como prefacio baste citar el análisis de José A. Herce sobre las fuentes del crecimiento del PIB entre 1965 y 2021. La descomposición entre la aportación del factor trabajo (cantidad de trabajadores), acumulación del capital (monto de la inversión) y productividad total registra una conclusión descorazonadora: en los últimos 40 años la contribución acumulativa anual de la productividad total de los factores ha sido de cero. Lo anterior no significa que la economía española no haya crecido, no crezca –ahí está la previsión de mejora de nuestro PIB del 2,4% para 2024– y no vaya a seguir creciendo. Lo que destaca es que el crecimiento se debe a la adición sucesiva de factores de producción, capital y trabajo, al proceso productivo. No a incrementos de la productividad...La OCDE estima que España perderá diez puestos de ranking en productividad para 2060, pasando de la posición 23 a la 33 tras ser adelantada por República Checa, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Hungría quedando a la altura de Rumanía, Estonia, Turquía, Letonia y Grecia, No está de más hacer referencia a otro informe de la OCDE, –‘Reactivando el crecimiento compartido de la productividad en España’– en el que se ensalza al País Vasco como la comunidad autónoma con mayor tasa puntual de productividad por trabajador sobre el PIB, a precios constantes de 2015. La noticia precisa una matización: los datos puntuales difieren de su evolución y crecimiento. Nos referiremos a la productividad entre 2002 –año de la adopción del euro– y 2022, en un cálculo de elaboración propia. Con los datos de población y PIB a precios corrientes facilitados por los portales de Gobierno vasco llegamos al resultado de que la tasa acumulativa media anual de progreso de la productividad en euros corrientes en Euskadi ha sido del 2,45%. Una vez deflactada por la tasa acumulativa de los precios, se reduce al 0,21% de tasa acumulativa anual real, un porcentaje pobre...¿Qué hacer para remediar nuestra mediocridad y activar la palanca del progreso futuro? La respuesta abarca un amplio repertorio ya citado aquí en repetidas ocasiones. Por destacar una, la eficiencia y cualificación del capital humano, entendido en sentido amplio como la mejora de sus conocimientos, habilidades y competencias. He ahí la piedra filosofal de la productividad. Luego vienen muchas más". 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a España de que los impuestos extraordinarios a bancos, energéticas y grandes fortunas deberían ser “limitados y temporales”. Estos gravámenes recaudaron unos 3.500 millones en 2023, y ayudaron a financiar las medidas para combatir la crisis energética y de precios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a España de que los impuestos extraordinarios a bancos, energéticas y grandes fortunas deberían ser “limitados y temporales”. Estos han servido para obtener una recaudación importante, de unos 3.500 millones en 2023, y han ayudado a financiar las medidas para combatir la crisis energética y de precios, admite el organismo. Sin embargo, la institución considera que estas figuras, si se mantienen en su formato actual, podrían ser “particularmente distorsionadoras y crear incertidumbre”, lo que a su vez “podría desincentivar una inversión que ya está débil”. El Fondo explica que estos impuestos surgieron para dar respuesta a la crisis inflacionaria. En ese contexto, las energéticas se han beneficiado de unos precios disparados. Y la banca ha elevado sus márgenes con las subidas de tipos aprobadas por la inflación: las han trasladado a los préstamos, pero no con la misma intensidad a sus depositantes. Así lo ha concluido un estudio del Banco de España que cita el FMI. Todo ello ha justificado la reacción del Gobierno.

Entre tanta incógnita para la investidura catalana, hay una certeza: a partir del 25 de junio, los partidos tendrán dos meses para llegar a un acuerdo, que evite la repetición electoral, que tendría lugar en octubre. Solo el calendario está claro. Todo lo demás, en el aire. Eso sí, empieza a haber movimientos. El presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, de Junts, abre mañana una ronda de contactos con los partidos con vistas a proponer un candidato a la investidura, cuya primera sesión está prevista para el 25 de junio. Solo Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts) tienen opciones aritméticas de ganar la votación para ser presidente de la Generalitat. El líder socialista es quien más posibilidades tiene, porque puede sumar tres mayorías absolutas distintas: un tripartito de izquierdas con ERC y los comunes, un pacto a dos con Junts o incluso con el PP y Vox. El dirigente nacionalista solo puede ser investido con una ecuación a día de hoy imposible, que necesita los votos secesionistas y la abstención del PSC. El PSC y ERC se reunirán mañana para empezar a ver si es posible el acuerdo. De momento, las dos partes ya han puesto las cartas sobre la mesa. ERC exige como «mínimo» un Concierto Económico como el vasco para Cataluña. Y reclama además la implicación en persona del presidente del Gobierno. Los socialistas ya asumen el lenguaje de los republicanos y hablan de financiación «singular» para Cataluña. El propio presidente del Gobierno recogió ayer el guante y trató de seducir a los independentistas, desde ‘La Vanguardia’, donde aseguró que ve «factible» una «financiación singular para Cataluña». 

El reciente éxito en las elecciones europeas del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), que se alzó en segunda posición por detrás de los conservadores CDU/CSU y por delante de los socialdemócratas, ha hecho que se extienda el nerviosismo entre los principales empresarios del país, que advierten que los objetivos del partido podrían poner en peligro a Alemania como lugar de negocios. Ahora, el multimillonario Reinhold Würth, conocido por el apodo del rey de los tornillos, ha dicho alto y claro lo que muchos otros empresarios solo se atreven a decir a puerta cerrada: si AfD continúa ganando poder habrá que replantearse las inversiones en el país. En Künzelsau, una pequeña localidad en el Estado federado de Baden-Württemberg donde tiene su sede el Grupo Würth, AfD logró un 20,6% de los votos. “Si esta tendencia continúa ahora, entonces tenemos que tener cuidado como empresarios sobre dónde y cómo invertimos”, explicó el mítico empresario en la radio pública alemana Deutschlandfunk. “Ahora, por supuesto, nos tomaremos nuestro tiempo para analizar y considerar si haremos más inversiones a mayor escala aquí en Alemania o si nos trasladaremos a otro lugar”, explicó el multimillonario de 89 años y presidente del consejo de supervisión de la compañía, que cuenta con más de 27.000 empleados en el país, sobre la posibilidad de llevar su negocio a otro lugar.

Los ministros alemanes se precipitan hacia un enfrentamiento sobre cómo tapar un agujero enorme de financiación en el presupuesto del próximo año, en la que será una de las pruebas más duras para la unidad de la coalición desde que Olaf Scholz es canciller. La fecha límite para aprobar un proyecto de presupuesto para el próximo año en la mayor economía de la eurozona es el 3 de julio, una tarea a la que no ayudan las crecientes fricciones entre los tres partidos de la coalición tras las elecciones europeas. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha exigido grandes ahorros en todos los ámbitos para hacer frente a una menor recaudación fiscal en la aletargada economía alemana, que sólo se espera que crezca un 0,3% este año. Pero se enfrenta a una fuerte resistencia por parte de muchos de los principales ministerios afectados. “Las posiciones de las partes son esencialmente irreconciliables y todavía no veo cómo podemos llegar a un acuerdo”, afirmó un diputado con conocimiento de las conversaciones. El conflicto plantea un gran dilema a Scholz, que se encuentra en una posición difícil tras unas elecciones europeas en las que su Partido Socialdemócrata (SPD) cayó a sólo el 14% del voto, el peor resultado en unas elecciones a nivel nacional en sus 134 años de historia. El canciller se encuentra atrapado entre Lindner, un halcón fiscal del Partido Liberal Democrático (FDP) a quien hasta ahora ha apoyado en la disputa, y los ministros del SPD y de los Verdes de su gabinete que rechazan los recortes propuestos.