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La producción industrial vasca reflejó en 2023 la desaceleración económica con un crecimiento casi plano, del 0,3%. Pero esquivó la regresión gracias a un gran diciembre en el que la fabricación se elevó un 5,4% respecto al mismo mes del año pasado. El dato asentó la tendencia de recuperación de noviembre, cuando con un 0,3% la industria vasca escapaba de la zona negativa en la que estuvo durante ocho meses el pasado año, según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Este impulso final se apoyó especialmente en los bienes de equipo, que crecieron un 10,4% en diciembre y con un acumulado anual del 4,2%. En este capítulo es donde se contabiliza la fabricación de vehículos, trenes y también los pedidos elaborados por el sector aeronáutico. Los bienes intermedios, donde se encuadra la metalurgia y la fabricación de productos metálicos, así como el caucho y el plástico, cerró el año con un leve descenso del 0,1%, pero en diciembre se apuntó a la recuperación con un crecimiento del 4,8%. La energía, en cambio, sí acusó el frenazo de Europa que redujo su demanda e hizo care la producción en un 9,6% en todo el año.

A los 23.411 empleados que ya tenían prorrogados o decaídos sus acuerdos con la patronal en Álava según los datos a finales de 2023, el órgano laboral estima que se incorporarán otros 7.400 empleados a los que les caducó el pasado 31 de diciembre. Según las cifras del CRL, el año pasado se cerró con 85 convenios pendientes de renovar a los que ahora se suman otros 36. Entre los más importantes a negociar en el territorio, el consejo laboral es rotundo: está sin resolver la actualización del convenio de hostelería –5.000 trabajadores del territorio se rigen por este documento en Álava– y este año el convenio más importante a renovar es el de la construcción alavesa, que afecta a 3.000 personas. Pese a todo ello, fuentes del ente laboral constatan que en los últimos años se ha dado «un avance» en la negociación colectiva. Algo que también apuntan los sindicatos y la patronal, aunque cada uno con sus matices. Portavoces de SEA no dudan en hablar de «buena salud y paz social» cuando se les cuestiona por la negociación colectiva y destacan el avance, que ha hecho cerrar el 2023 con «prácticamente todos los convenios sectoriales de ámbito provincial vigentes». A pesar de todo ello, los portavoces de la patronal no ocultan su malestar por los «intentos del sindicato ELA por boicotear la negociación colectiva», «infructuosos» a ojos de los empresarios alaveses. Ese malestar empresarial con la central de Mitxel Lakuntza es recíproco. Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato, señala a SEA como la «patronal más autoritaria» y admite que la organización empresarial es «con la que peor relación tenemos» en comparación con los otros dos territorios vascos.

El secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, replicó a ELA y negó que sean necesarias huelgas para lograr acuerdos en los convenios. Puso como ejemplo Gipuzkoa, donde «hemos firmado todos los acuerdos sin necesidad de conflicto ni huelga». Consideró «triste» que el lema de ELA sea «la cultura del conflicto, la nuestra es la cultura del acuerdo», dijo en Euskadi Irratia.

Si la economía alavesa se distingue por algo es por la industria. Casi un tercio del PIB lo pone sobre la mesa un sector en el que destacan dos grandes locomotoras: Mercedes y Michelin. Las avenidas del Cantábrico y de Los Huetos siempre están presentes en la actualidad del territorio aunque últimamente su presencia se debe a motivos completamente distintos. Mientras todo son parabienes para la firma de la estrella, Michelin pasa por uno de los momentos más complicados. El clima sindical está calmado en Mercedes, algo que contrasta con los últimos meses de Michelin, que han llegado a generar dudas en Clermont-Ferrand. Al mismo tiempo que la Avenida de Los Huetos es un ir y venir de maquinaria por la plataforma VAN.EA, en la Avenida del Cantábrico hay congelados 75 millones de inversión. Y, simultáneamente, una empresa hace récord de producción (157.507 furgonetas) y la otra afronta el año con menos trabajo en dos décadas: apenas 8 millones de cubiertas para coches. El biturbo alavés va a dos velocidades muy distintas. «Pérdidas de confianza» aparte, la realidad es que el problema es generalizado. Mientras la producción de coches ha crecido en España un 10,4% a lo largo de 2022, las fábricas de neumáticos europeas –Bridgestone es otro caso palmario en Euskadi– acumulan un reguero de parones de producción. «Si algo caracteriza a la automoción es el flujo tenso». Esa corriente ha influido en varios frentes. El primero es la propia venta de coches. Dos de los cinco modelos más vendidos en España a lo largo del 2023 han sido el Dacia Sandero y el MG ZS. Dos coches producidos lejos de España y, por tanto, «con un mercado distinto de abastecimiento» a la hora de poner neumáticos, lo que ha perjudicado, a su entender, a la factoría de la Avenida del Cantábrico. A ese problema, el economista Guillermo Dorronsoro suma otro más: la inflación. «Ha retrasado las decisiones de sustitución», subraya.

Buscan potenciar el territorio como un lugar para rodajes siguiendo el ejemplo de Bizkaia, que aplicó el año pasado las mayores deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades para el sector. Dio sus frutos en la provincia vecina: batió récords como escenario de 12 largometrajes y 7 series, 33 cortometrajes y un impacto económico total de 58,5 millones de euros. Aunque desde las instituciones locales no han aportado cifras acerca del impacto en el último año, la Diputación seguirá la norma vizcaína con unas deducciones fiscales que pasarán del 30% al 60% y de hasta el 70% para las producciones en euskera. A la espera de que el Consejo de Gobierno apruebe la norma y se tramite su aprobación en Juntas Generales, esta rebaja se aplicará con «efectos retroactivos a partir del 1 de enero de este año», según anunció ayer el diputado general, Ramiro González. De hecho, el máximo dirigente foral acudirá mañana a la sede de la AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España) para presentar las ventajas de elegir el territorio histórico como set de rodaje. El propósito es «colocar Álava a la cabeza en cuanto al tratamiento fiscal especial» dentro de la industria audiovisual. Allí, González defenderá las ventajas fiscales del plató alavés ante cerca un centenar de representantes de empresas del sector tanto nacionales como internacionales, principalmente productoras audiovisuales. Busca el mismo camino de Bizkaia, donde se produjo un ‘boom’ de rodajes el año pasado.

Las empresas tendrán desde hoy nuevas obligaciones y prohibiciones. El Gobierno volvió ayer a modificar la normativa laboral de nuevo sin haber consultado previamente, ni siquiera informado, a los agentes sociales, pese a que sindicatos y patronal han vuelto a mostrar recientemente su indignación con el Ejecutivo por saltarse el diálogo social. Las empresas ya no podrán reducir la jornada y, consecuentemente, el salario de los trabajadores a tiempo parcial si ellos no lo aceptan, y además deberán registrar la jornada de estos empleados día a día, incluyendo el horario concreto de inicio y de finalización. La conversión de un trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial o viceversa, así como el incremento o disminución de horas en este tipo de empleos tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador, sin que en ningún caso se pueda imponer unilateralmente por la empresa. Asimismo, se exigirá que las compañías hagan constar por escrito los contratos de trabajo, todos, independientemente de la duración que tengan, y en él deberán recogerse de forma obligatoria su duración; la de la jornada y su distribución; y la duración del periodo de prueba, así como cualquier modificación que afecte a estos elementos esenciales de la relación laboral. Estas son algunas de las medidas que se incluyen en el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva de condiciones laborales transparentes y fiables que ayer aprobó el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien logró imponer su criterio al PSOE, que no veía con buenos ojos estos cambios. «Esta norma manda un mensaje muy importante a los empleadores: prohíbe el trabajo a llamada en España, impide los contratos de cero horas en nuestro país», se congratuló la ministra de Trabajo en rueda de prensa. Se refería a los llamados ‘contratos de puesta a disposición’, que aunque en España no son muy comunes, sí que estaban permitidos y el empleado estaba obligado a esperar a que le llamara la empresa para trabajar y cobrar por ese tiempo efectivo. Díaz hizo hincapié en que «desde hoy mismo todas las horas que se realicen tienen que ser previsibles, lo que supondrá que no se va a poder modificar las jornadas laborales de muchos trabajadores del sector de la distribución y de los servicios en España como mecanismo para bajarles el salario».

Como regla general, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, proclamó ayer que todos los contratos a tiempo parcial con irregularidades se convertirán automáticamente en contratos indefinidos. Todas las empresas se verán obligadas a dar este paso en el momento en el que cometan una irregularidad en cualquiera de los preceptos que recoge el traslado a la normativa española de la directiva comunitaria de mayor transparencia en las relaciones laborales. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que traslada esta norma de la UE a la legislación española, y Díaz ha aprovechado para dar una nueva vuelta de tuerca a las empresas con el fin de dar mayor seguridad y estabilidad a los trabajadores. Es una ampliación de la cobertura a los trabajadores a tiempo parcial. En España hay 2,8 millones de personas con este tipo de contrato. Como resumen del espíritu de la norma, Díaz explicó que “con la aprobación de la misma se acabaron los contratos a llamada en España y los contratos a cero horas”. Es decir que el trabajador tenga que estar disponible en todo momento para que la empresa le pueda llamar y acudir al puesto de trabajo inmediatamente. Y, además, sin regular cómo establecer las horas de trabajo. “Es una norma –la transposición de la directiva comunitaria– que desde hoy mismo exige la obligatoriedad de recoger por escrito no sólo las condiciones estrictas y gruesas de la relación laboral, sino todos y cada uno de los hitos importantes de la misma”. Es decir, las condiciones “sustanciales” de trabajo que tiene que ver con los siguientes aspectos: la jornada, los horarios, los registros de la misma y, por supuesto, los salarios. La duración del contrato, de la jornada, del período de prueba y su distribución. “Todas y cada una de las horas que se realicen tienen que estar previsibles en la relación laboral”, dijo Díaz. El incumplimiento de todas estas condiciones comportará la conversión automática del contrato a tiempo parcial –y temporal– a indefinido. Además, la empresa deberá informar por escrito al trabajador si se modifican los elementos esenciales de la relación laboral. Está prohibido que el empleador reduzca la jornada y el salario, de forma unilateral y sin acuerdo del trabajador.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Esta renta, que beneficia en torno a 2,5 millones de trabajadores, sube un 5%, hasta 1.134 euros al mes. O multiplicado por catorce pagas, hasta 15.876 euros al año. O si se trata de medir los ingresos de los autónomos, para estimar la cotización a la Seguridad Social, se debe dividir esta cifra –15.876 euros– entre doce meses. Y, por lo tanto, da 1.323 euros al mes. Se hace así, porque, casi por su propia idiosincrasia, los autónomos no tienen pagas extraordinarias, como la mayoría de los asalariados y todos los empleados públicos. El incremento fue pactado por el Gobierno con los sindicatos, con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. La razón es que el Ejecutivo castigó la actitud de los empresarios, elevando la subida prevista desde al 4% al 5%. Y rechazó la pretensión de la patronal de que las empresas puedan repercutir la subida del SMI en sus precios, en las licitaciones públicas.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció ayer que su Gobierno aprobará en las próximas semanas subvenciones de 900 millones de euros para financiar diez “grandes proyectos” de hidrógeno verde. Es la primera lluvia de subvenciones multimillonarias que llegan a través del denominado Proyecto Importante de Interés Común Europeo asociado a esa industria (IPCEI). Este programa estaba aprobado por parte de la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation desde hacía más de un año, pero es ahora cuando llega el dinero. Esa subvención llega en un momento de máxima tensión empresarial de algunas compañías con el Ejecutivo. Sánchez no concretó de qué proyectos se trataba ni qué empresas van a recibir el dinero, pero fuentes de la Unión Europea explican que se trata de las que pasaron el corte de septiembre de 2022, cuando sus proyectos fueron declarados de interés económico por Bruselas. Son dos proyectos de Repsol, en el País Vasco y en Murcia, en sus dos refinerías de Bilbao y Cartagena. También se incluye un proyecto de Iberdrola en Puertollano, Ciudad Real; un proyecto de Endesa, sin especificar; y tres proyectos de EDP, en las antiguas centrales térmicas de Aboño y Los Barrios, en Gijón y Cádiz. Los proyectos más espinosos son los de Repsol. La primera petrolera se adelanta a Cepsa en la carrera de las subvenciones para el hidrógeno, a pesar de que Cepsa –segunda petrolera tras Repsol– ha hecho de esa nueva energía la columna vertebral de su estrategia. Pero la subvención para Repsol llega en un momento muy delicado de las relaciones del grupo con el Gobierno. Repsol es, con un impacto de 450 millones anuales, la empresa más castigada por la tasa decretada por el Gobierno hace dos años contra las energéticas. En protesta ante la posibilidad de que la tasa siga, Repsol ha congelado inversiones en España –incluidas las del hidrógeno– y ha amenazado con sacar proyectos del país. Si no reactiva los planes, perderá la subvención.

A pesar de su gran apuesta por las renovables, España cerró 2023 como el tercer país que más gas utilizó para la generación de electricidad en la UE. A nivel europeo, la eólica –primera fuente de generación española– superó por primera vez a este hidrocarburo y la nuclear sigue siendo la principal tecnología, según datos del think tank Ember. La conclusión más positiva es que 2023 supuso un paso importante en la descarbonización con caídas récord en carbón, gas y emisiones. El uso de los combustibles fósiles bajó un 19% mientras que la cuota de generación de las renovables se disparó un 44%. Así, el 12% de la electricidad europea se generó con carbón (333 TWh), mientras que el gas supuso un 17% (452 TWh), para un total combinado del 29%. Por su parte, entre eólica (18%, 475 TWh) y solar (9%) sumaron el 27%. Si se suman la nuclear –no supone emisiones– y la hidráulica, las fuentes limpias superan las dos terceras partes del total de la generación eléctrica. En España, las cifras de 2023 son también muy positivas en lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero, si bien hay que tener en cuenta que se obtienen en comparación con el año anterior y se trató de uno atípico. En 2022, Francia experimentó un problema de corrosión que paralizó gran parte de su parque nuclear, por lo que invirtió por completo la relación con España y pasó de exportar electricidad a importar luz a través de los Pirineos. Esto se notó durante todo el año, con especial hincapié en verano, cuando la ola de calor frenó la generación eólica y el sistema nacional tuvo que recurrir al gas para satisfacer la demanda. Los datos también reflejan varias realidades de España, como la diversificación de las fuentes en su mix. Aunque aparece entre los primeros países en electricidad generada con eólica, nuclear, gas, y solar, todas ellas aportan un porcentaje parecido del total (24%, 23%, 21% y 17%, respectivamente). Salvo la solar, ninguna ocupa puestos en el podio de la UE en esa otra clasificación.

El líder de la principal asociación industrial de Alemania ha tachado de “absolutamente tóxica” la política energética del Gobierno alemán, lo que supone una señal de la pérdida de confianza de las empresas en la gestión económica del canciller Olaf Scholz. Siegfried Russwurm, presidente de la BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), afirma a Financial Times que la agenda climática alemana es “más dogmática que la de cualquier otro país que yo conozca”. Según Russwurm, la decisión del país de abandonar progresivamente la energía nuclear y el carbón y apostar por las energías renovables coloca a las empresas de la mayor economía de Europa en desventaja frente a las de otras naciones industrializadas. “Nadie puede decir hoy con certeza cómo será nuestro suministro energético dentro de siete años, y por eso nadie puede decir lo altos que serán entonces los precios de la energía en Alemania”, afirma. “Para las empresas que tienen que tomar decisiones de inversión, eso es absolutamente tóxico”. Sus declaraciones llegan en un momento de creciente preocupación por las perspectivas de Alemania, que fue la gran economía del mundo que peor se comportó el año pasado, según el FMI. El país se ha visto asolado por los altos tipos de interés, la baja demanda de exportaciones y los elevados precios de la energía, provocados por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La Comisión Europea está convencida de que alcanzar los objetivos climáticos de 2040, que fijó ayer en una reducción de 90% de los gases de efecto invernadero respecto los niveles de 1990, no se logrará implementando solo políticas para rebajar las emisiones: también requerirá un impulso decisivo de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, sistemas para atrapar CO₂ generado y enterrarlo en el subsuelo, o de absorberlo con sumideros naturales. Por ello, y pese a las críticas acerca de que se trata de una tecnología de eficacia no lo suficientemente probada y que alienta las mismas prácticas contaminantes que busca eliminar, Bruselas ha presentado una propuesta no vinculante —la legislación necesaria la deja en manos del próximo ejecutivo europeo que surja de las elecciones de junio— que apuesta por esta vía sobre todo para aquellos sectores donde la reducción de emisiones es “especialmente difícil o costosa”. “Aunque mucho se puede lograr invirtiendo en eficiencia energética y energías renovables, también necesitamos tecnologías que puedan capturar y almacenar CO₂, o utilizarlo”, sostiene Bruselas. El comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, subrayó que esta iniciativa afecta a una parte relativamente pequeña del problema, pero defendió las tecnologías CCS (captura y almacenaje de carbono, por sus siglas en inglés) para sectores donde la reducción de emisiones es más complicada, como en la producción de cemento, acero o gas natural, así como la de electricidad, especialmente de biomasa, procesos de refinado, la incineración de desechos, el hidrógeno bajo en carbón o la producción de calor termal. “Soy el primero en reconocer que no hay alternativa a reducir emisiones y que no podemos salir de esto solo con CCS”, dijo Hoekstra en un debate en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. 

El país tiene planificadas inversiones entre los 700.000 millones y los 775.000 millones de libras (de 820.000 millones a 910.000 millones de euros) para la próxima década en todo tipo de infraestructuras –nuevas y viejas que piden una puesta al día urgente–, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Infraestructuras y Construcción, que no incorpora inversiones municipales ni de gobiernos autónomos de Escocia, Gales y el recién restablecido de Irlanda del Norte. El documento incluye 660 actuaciones y ha sido recopilado por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos. El Gobierno deberá dar su opinión en los próximos meses a una hoja de ruta pensada para dar seguridad a las empresas. “El catálogo refleja el compromiso del Gobierno con el crecimiento económico con esa estimación en infraestructuras”, explicó un portavoz de la Oficina del Gabinete. De esos 700.000 millones, 379.000 millones ya están comprometidos y el resto corresponden a una previsión de lo que será necesario llevar a cabo, además, en la próxima década. Las elecciones en Reino Unido, previstas el próximo otoño, podrían modificar esas prioridades. Iberdrola, a través de su filial Scottish Power, es la empresa española que cuenta con un papel más destacado y ya tiene comprometidas inversiones de 12.000 millones de libras (14.000 millones de euros) hasta 2028 en eólica y redes, incluida una licitación de 5.400 millones de libras en ese último ámbito. La compañía aspira a adjudicarse nuevos parques en futuras licitaciones este mismo 2024 y otros que se licitarán.

Las instituciones vascas constituirán hoy el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo para una mayor eficacia y coordinación en la red de 300 agentes públicos que se dedican a la orientación, formación e intermediación laboral. Lo anunció ayer la vicelehendakari, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno. El objetivo es organizar mejor los recursos para evitar duplicidades y «que en Euskadi haya zonas desatendidas y otras con excesiva cobertura». El consejo estará compuesto por seis representantes de diferentes departamentos del Gobierno vasco y otros seis de las diputaciones y Eudel. Hoy mismo se presentará una radiografía de los operadores que trabajan en este ámbito y que son más de 3.000 entre públicos y privados. La idea es trazar un mapa con el servicio que hay que cada punto de Euskadi y «facilitar la creación de una ventanilla única en cada territorio y una virtual para toda la comunidad autónoma». Por otro lado, Mendia anunció también la creación de un nuevo órgano para la evaluación de las políticas activas de empleo, a cuyo frente estará el consultor Fernando Fantova, que fue viceconsejero de Asuntos Sociales entre 2009 y 2013, en la legislatura de Patxi López.

La legislatura vasca está llegando a su fin y, poco a poco, toca hacer balance sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el Gobierno Vasco. Y el de ayer fue un día para la reflexión. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu presentó la Memoria de Cumplimiento 2023, el Balance de Legislatura y el Plan de Trabajo 2024 del Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. Un documento de 49 páginas que, por primera vez, confirmó entre líneas cuándo tiene previsto Iñigo Urkullu disolver el Parlamento y convocar las elecciones autonómicas: esta próxima primavera. El lehendakari aún mantiene un mutismo absoluto sobre cuándo apretará el botón electoral. Pero la realidad es que todos los departamentos que conforman su gabinete trabajan a contrarreloj para ir cerrando carpetas y poder llegar al final de legislatura con el máximo de compromisos cumplidos. Y nadie pone en duda ya que Urkullu no esperará hasta este próximo julio, cuando se cumplen oficialmente los cuatro años de legislatura, para llamar a las urnas. El 21 de abril es, según parece, la fecha que más se baraja para la celebración de las elecciones. La principal conclusión del Balance de Legislatura dejó reflejado la utilidad de la herramienta del Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. «Ha contribuido a promover una sinergia interdepartamental, interinstitucional y social, y ha mejorado el desarrollo y cumplimiento de los compromisos concretos de Euskadi con los ODS», destaca el documento. Igualmente, el Ejecutivo subrayó que se han identificado «tres ámbitos de mejora prioritaria», que tienen que ver con las energías renovables, el reto demográfico y la divulgación.

Agricultores y ganaderos se sienten ninguneados y hasta maltratados por las cadenas de distribución y las instituciones pero también por los propios consumidores, a los que quieren trasladar un mensaje nítido: sin ellos, sin su duro trabajo, nadie come. Su rabia estalló ayer con una tractorada histórica en una jornada de protestas que recorre España de punta a punta y que en Álava vive hoy su momento álgido con una nueva caravana en la capital vasca. Ayer, ya incluso antes del alba, los rotativos (las luces anaranjadas) de cientos de tractores en procesión iluminaban Rioja Alavesa. Las protestas en defensa del campo tuvieron un seguimiento masivo en la comarca. Su principal arteria, la carretera que enlaza Vitoria con Logroño, permaneció bloqueada durante las primeras horas del día por los manifestantes, la inmensa mayoría independientes y no adscritos a ninguna organización del sector. Agrupados en varias columnas, los viticultores se echaron a la carretera desde Laguardia en dirección a Logroño y también desde otros municipios como Samaniego y Labastida para llegar a la capital alavesa. El objetivo era exhibir su fuerza. Y lo lograron. A paso lento, con su marcha colapsaron la comarca provocando importantes atascos en los polígonos de Lanciego, Laguardia y en el entorno de Oion, donde los atascos coincidieron con la entrada de los trabajadores a sus empresas. Mañana está previsto que la proteste llegue a Bizkaia y a Bilbao. 

La gran revuelta de los agricultores europeos se ha convertido en una patata caliente para los dirigentes comunitarios ante el riesgo de que ese descontento, que intenta capitalizar la ultraderecha del bloque, les pase factura en las urnas. Por eso, Bruselas, ante las crecientes protestas del sector agrario, que en España se han iniciado más tarde pero con igual o más contundencia que en otros países, ha empezado a ceder en su agenda ecologista para intentar aplacar los ánimos y ganar tiempo. Porque si bien el catálogo de problemas del campo es más amplio (sequías, altos costes de producción, bajos precios en origen...), el núcleo de las protestas se focaliza ahora en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y en especial en el aumento de las exigencias, la burocracia y los costes que ha traído consigo el Pacto Verde Europeo, que deja en desventaja a la agricultura europea respecto a las importaciones de terceros países con requerimientos medioambientales mucho más laxos. Con este telón de fondo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer que retirará la propuesta de reducir en un 50% el uso de pesticidas en la UE de aquí a 2030. Un controvertido proyecto legislativo que había puesto en pie de guerra al sector agroalimentario europeo y que, de hecho, fue rechazado por la Eurocámara en noviembre pasado. “La propuesta SUR (uso sostenible de plaguicidas) se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo; tampoco hay avances en el Consejo (Europeo). Por eso, propondré al Colegio (de comisarios) que retire esta propuesta”, afirmó ayer Von der Leyen durante una comparecencia ante el Parlamento Europeo. Bruselas prosigue así con su dosificada respuesta de cesiones para atemperar el malestar en el campo europeo. La semana pasada, la Comisión ya puso sobre la mesa dos medidas de calado. De un lado, la propuesta de congelación durante un año de la norma que obliga a los agricultores a mantener en barbecho parte de sus tierras cultivables (un porcentaje mínimo del 4% de esas tierras). Y de otro, un plan, que aún perfila, para reducir la carga administrativa que soportan los agricultores, cuestión que despunta entre sus reivindicaciones.