20241210

El fondo de inversión parisino PAI Partners, que posee el 70% de la firma irundarra que incluye los supermercados BM y Super Amara, dio ayer por terminadas las negociaciones con Carrefour después de que el gigante de alimentación francés «no presentase» ninguna oferta en firme, según pudo saber este periódico de fuentes cercanas a la negociación. Esta decisión, no obstante, no se traduce necesariamente en un carpetazo a la posible venta de la guipuzcoana ya que este tipo de operaciones son habituales cada vez que un fondo de inversión compra una empresa. En este caso, el vehículo inversor galo se hizo en 2021 con el 70% del grupo Uvesco con el objetivo de recoger los beneficios de una posible venta al cabo de unos cinco años, el periodo habitual que utilizan los fondos para deshacer posiciones. Carrefour era, hasta ahora, el único interesado y el mejor posicionado. Con todo, el final de este primer asalto supone una bocanada de aire fresco para el accionariado vasco, que posee el 30% de la firma. Su objetivo era buscar una oferta ganadora local para evitar la adquisición por parte de la multinacional gala en aras a mantener el arraigo vasco de la compañía. La decisión de paralizar la venta del grupo Uvesco llegó ayer tras un proceso iniciado en verano, cuando el fondo PAI Partners tuvo constancia del interés de Carrefour por hacerse con la firma que incluye los supermercados BM y Super Amara. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto después de que la multinacional francesa no haya sido capaz de formalizar una oferta «concreta», subrayan fuentes conocedoras de la operación. El vehículo inversor parisino paralizó el proceso negociador con la cadena de alimentación gala por la citada razón pese a que era el único interesado hasta ahora, y también el mejor posicionado. Carrefour, en esta línea, no ha podido materializar su interés en una oferta formal –que sería de alrededor de 800 millones de euros– por problemas internos de la empresa, y no del sector o de la incertidumbre actual derivada de la política y economía francesa. Por el momento, a PAI Partners no le consta ninguna oferta más, y tampoco prevé recibir una nueva que se le pueda acercar a la de Carrefour. 

Los accionistas vascos del grupo Uvesco, que engloba en Euskadi las marcas BM y Super Amara, recibieron ayer la noticia de la paralización de la venta a Carrefour con cierto alivio, después de que el grupo minoritario que posee el 30% de la compañía con sede en Irun promoviese durante el proceso inciado en verano la búsqueda de una oferta ganadora local en aras a mantener el arraigo vasco de la firma. Por el momento, los propietarios minoritarios seguirán trabajando «en articular una vía vasca», confirman fuentes cercanas a la operación, por lo que la cancelación del proceso con Carrefour se traduce en una especie de prórroga para poder encontrar una solución que permita mantener el arraigo de la firma. De hecho, el propio Gobierno Vasco también mostró su preocupación por el caso de la posible venta de Uvesco a Carrefour, y se ha volcado durante esta nueva legislatura en captar fondos vascos para mantener el anclaje de sus principales empresas. En el caso de Uvesco, el Ejecutivo autonómico, junto a los accionistas locales de la firma de distribución y gestores de fondos de Euskadi como Stellum Capital, trabajó para elaborar una oferta alternativa a Carrefour que pudiera ser ganadora y crear, a la vez, un clima favorable al mantenimiento de los centros de decisión de Uvesco en el País Vasco, en este caso en Gipuzkoa. Todo un reto frente a la oferta de Carrefour que rondaba los 800 millones de euros. Finalmente, y aunque se hayan producido contactos entre representantes del Ejecutivo de Pradales y miembros cercanos a la negociación, no se ha necesitado la intervención urgente del Gobierno Vasco después de que PAI Partners no haya recibido una oferta formal por parte de Carrefour. En cualquier caso, la estrategia del Gobierno Vasco para captar fondos pasa, entre otras iniciativas, por la promoción de fondos vascos de inversión. Una vieja aspiración del Ejecutivo de Pradales que ahora se torna en necesidad ante el goteo de empresas emblemáticas y de gran valor estratégico.

Los contactos entre Pai Partners y Carrefour comenzaron a principios de este año. El gigante francés se acercó a los propietarios del grupo Uvesco atraído por la gestión del producto fresco que hace la marca vasca y en un momento dulce para el comercio de la alimentación. Las subidas de precios dibujaban un escenario muy halagüeño para el sector. Las facturaciones de todas las cadenas de supermercados, tras los fuertes incrementos de 2021 y 2022, siguieron creciendo en España el año pasado un 7,7% con 112.450 millones. En ese entorno BM, tras absorber varias marcas, presentaba ventas por encima de los 1.000 millones. Pai Partners compró el grupo Uvesco a finales de 2021 con el ánimo de mantener la inversión durante unos cinco años. Pero ese optimismo del sector atrajo el interés de Carrefour y de otras marcas como Continente. Los propietarios de BM, tras facilitar la financiación para el crecimiento de la marca, vieron la posibilidad de cerrar la operación antes de tiempo y se abrieron a un acuerdo que pasaba por valorar la marca vasca en cerca de 800 millones para firmar antes de fin de año. Pero el paisaje ha ido cambiando, especialmente en la segunda mitad de este 2024. La economía en Europa agrava su estancamiento por las crisis industriales de Alemania, Francia o Italia y los altos precios han reducido la capacidad de gasto de las familias. Las bajadas de tipos de interés y la moderación de la inflación no son suficientes y la fotografía del consumo presenta un cuadro menos prometedor que hace un año. Así, el Índice de Confianza del Consumidor (IIC) cayó en octubre 5,2 puntos hasta 79,6, el valor más bajo desde febrero y concatenando, además, dos meses de descensos por primera vez en 2024. Asimismo, la consultora Kantar en su informe sobre el tercer trimestre alerta de que el consumidor cuenta con menos ahorro, se muestra más cauto y con una valoración más negativa hacia el momento de compra. Una situación en la que la sensibilidad hacia los precios más bajos se agudiza en la elección de producto, refugiándose en marcas blancas que dejan menos rentabilidad a los supermercados. Un contexto que no ha ayudado a Carrefour a formular una oferta para cerrar la compra.

El lehendakari, Imanol Pradales, hizo ayer un llamamiento a no dormirse en los laureles de la actual coyuntura económica vasca porque nadie está quieto y «el mundo acelera»: «Nosotros debemos hacerlo también». Pradales dibujó en el Foro Expectativas Económicas un presente optimista para la fotografía económica de Euskadi, con un PIB per cápita por encima de la media europea, pero al mismo tiempo advirtió sobre el riesgo que tiene no avanzar para mejorar la competitividad o desterrar algunos de los puntos débiles, como la conflictividad laboral. También se mostró confiado en que el potencial de la industria vasca permitirá abordar con éxito dos de los principales retos del momento: la transición energética y la digitalización. Una pieza clave del desarrollo económico del País Vasco depende de la industria, su elemento diferencial positivo. Pero el lehendakari cree que hay que repensar los plazos de la descarbonización para no dañar la industria de forma irremediable. «Europa está reflexionando sobre la velocidad de implantación del vehículo eléctrico. Hay que combinar la descarbonización sin perder la competitividad y las posibilidades de la reindustrialización». «Hemos sido adalides de la lucha contra el cambio climático pero tenemos que combinarlo con una descarbonización inteligente, que no nos haga perder competitividad y tejido industrial. Es un equilibrio complejo pero lo que ocurre con el sector de automoción ha hecho que todos tomemos conciencia», advirtió en su intervención. El lehendakari se refirió al potencial industrial que tiene el País Vasco –«algo que no posee todo el mundo», dijo– para respaldar la idea de que tenemos los resortes suficientes para superar con éxito los retos de los cambios que se están produciendo en el mundo. Así, en materia de energía abogó por repotenciar los parques de generación eólica que ya existen en Euskadi para generar más electricidad renovable. En relación al impuesto a la banca, se mostró de acuerdo, sin entrar en muchos detalles, pero priorizó el fuero: «Lo primero que tengo que reclamar es que se concierte. Me ha sorprendido negativamente la posición del PP, con su oposición a la concertación», criticó.

Talgo nació en Álava (País Vasco), pero desde los años ochenta reside en Las Matas, una localidad de Las Rozas (Madrid). El presidente del Gobierno vasco, Imanol Pradales, anunció ayer que el ejecutivo autonómico quiere apoyar la operación de Sidenor para revertir la situación y que Talgo vuelva a tener sede social y fiscal en el País Vasco, con todo lo que ello representa en términos de empleo, imagen y fiscalidad territorial. Según el lehendakari, el Gobierno vasco está dispuesto a “acompañar un proyecto industrial serio para Talgo que implique que su sede social o fiscal esté en Euskadi y tenga capacidad de crecer a futuro”. Pradales emplazó a ver “en qué condiciones se gesta y se sustancia” el proyecto para “analizar cuál es el rol” del Ejecutivo autonómico en esa operación. El lehendakari añadió que el apoyo está condicionado a que vaya acompañado de una garantía de viabilidad industrial, implique arraigo y conlleve también la atracción de elementos fundamentales para ese arraigo, como las unidades de I+D o que su sede social y fiscal esté en el País Vasco. “En la medida en la que exista una persona o un grupo de personas que tengan un proyecto industrial encima de la mesa, que ese proyecto industrial sea serio y que además se incorporen ese tipo de elementos que citaba, garantizar el empleo, atraer sede social y fiscal, atraer cuestiones ligadas a I+D y, por lo tanto, conformar un proyecto que, a su vez, tenga capacidad de crecer a futuro, el Gobierno (vasco) estará dispuesto a acompañarlo”, indicó. Las razones esgrimidas por Pradales podrían tener una inmediata contestación desde Madrid, región que también está promoviendo la atracción de inversiones y la llegada de empresas.

En un claro mensaje a Bildu ante un hipotético acuerdo presupuestario el lehendakari quiso ser cristalino. La Administración no puede controlar «todos los espacios» porque «el dinero público es finito. No llega para todo». Pradales lamentó la visión ciudadana de los políticos porque «todos los partidos no somos iguales». Si hubiera que resumir la Euskadi que Imanol Pradales tiene en su mente, podría describirse de la siguiente manera: un «país pequeño» pero con altas capacidades «políticas y socioeconómicas» que debe aprovechar para ocupar un papel protagonista en Europa. Para ello, el lehendakari estima necesario que cada cual cumpla un papel: que la sociedad «recupere su confianza en la política», que las instituciones se esfuercen en «garantizar los niveles de calidad de vida» de las personas, que la Administración no sea un ente enorme que «ahogue» y «controle todo» y que el sector privado «arriesgue e invierta» para generar riqueza. El lehendakari lanzó mensajes con importante carga ideológica, como su oposición a un «intervencionismo a ultranza». «Nuestro modelo institucional debe procurar un equilibrio justo entre lo público y la iniciativa privada», explicó. Dijo estar «comprometido» con la sostenibilidad del sistema público «a medio y largo plazo», pero puntualizó que no todo debe pasar por ahí. «Escucho discursos en Euskadi que abogan por que todo sea público y lo público ocupe todos los espacios. No lo comparto», aseveró. Pradales advirtió de que recurrir al endeudamiento «sin límite» en las administraciones sería «pan para hoy y hambre para mañana» y llamó a aplicar el «rigor en la gestión», ahorrando por si mañana la situación no es tan favorable como hoy: «Los recursos son finitos». Toda una referencia velada a agentes como EH Bildu y el sindicato ELA, a los que el lehendakari sitúa en un discurso de «a más, a más, siempre más dinero público». También alerta de los «discursos ultras y xenófobos» y del «nivel de confrontación» política a nivel de España. 

CAF sigue engordando su cartera de pedidos en esta recta final de año. Tras el logrado a principios de mes de 40 unidades para el Metro de Madrid, que le reportará 400 millones, la empresa beasaindarra se ha adjudicado dos nuevos contratos de unidades de metro de su plataforma Inneo. Por una parte, fabricará trece unidades para el Metro de Medellín, y por otra, seis unidades para el metropolitano de la ciudad de Santiago de Chile por un monto total de 200 millones. Según recalca la firma, estos acuerdos refuerzan la presencia de CAF en el mercado latinoamericano, donde sigue desarrollando importantes proyectos tanto de suministro y mantenimiento de unidades ferroviarias, como bajo la fórmula de concesión de material rodante, en países como Brasil, México, Argentina, Venezuela o Ecuador, junto a los mencionados Colombia y Chile. El primer pedido corresponde a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada – Metro de Medellín LTDA., operadora del Metro de Medellín, que ha adjudicado a CAF el diseño y suministro de trece trenes. El acuerdo contempla el ensamblaje final y la realización de pruebas en las instalaciones de Metro, aspecto requerido por las autoridades colombianas en los pliegos del concurso.

El grupo Elecnor obtuvo un beneficio neto consolidado de 859,9 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone multiplicar casi por doce (+1.066,8%) las ganancias de 73,7 millones logradas en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias a la venta de su filial de energías renovables Enerfín al grupo noruego Statkraft. En concreto, la compañía registró una plusvalía de 805,3 millones de euros tras vender Enerfín por 1.560 millones de euros, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cuenta de resultados se conoce a escasas horas de que Elecnor celebre, mañana, junta extraordinaria. Entre otras cosas, el grupo aprobará un dividendo extra histórico de 6,206 euros brutos por acción. Repartirá un total de 540 millones de euros entre sus accionistas. El pago se producirá el próximo 18 de diciembre. La junta también aprobará un bono extra de 1,65 millones de euros en efectivo y de un solo pago para el actual primer ejecutivo, Rafael Martín de Bustamante Vega. El pago tiene la consideración de bono por “la especial involucración” y desempeño del consejero delegado en la operación corporativa extraordinaria, que consistió en la venta de Enerfín a Statkraft.

All Iron, Socimi especializada en apartamentos de corta y media estancia, se hace con su segundo activo en Barcelona. La firma ha comprado a la compañía singapurense Frasers Hospitality su único aparthotel en España por 35 millones de euros.mEl edificio suma 97 unidades y está situado en el número 34 de la calle Sancho de Ávila, en el distrito tecnológico 22@, una zona estratégica para atraer a directivos y trabajadores que se hospeden en la ciudad durante cortos periodos de tiempo. En total, tiene una superficie de más de 8.000 metros cuadrados y dispone de un restaurante, un bar, salas de conferencias y párking privado. Actualmente, el aparthotel está operado por la marca Capri de Frasers Hospitality. La empresa que dirige Pedro Luis Uriarte suele trabajar con sus socios habituales, como es el caso de Líbere, que opera su otro activo de Barcelona, ubicado en el número 49 de la ronda de Sant Antoni e inaugurado en el segundo semestre de 2024. Tras la operación, la empresa inmobiliaria suma 138 apartamentos en la capital catalana. All Iron ejecutó hace un mes una ampliación de capital de 19 millones de euros destinada, precisamente, a cerrar esta adquisición. La operación se enmarca en una estrategia de la Socimi para fortalecer su presencia en Barcelona y en Madrid, que ya suponen en torno al 50% del valor de su cartera de activos. En conjunto, la firma tiene 19 inmuebles, valorados en 300 millones de euros y que suman más de 1.000 apartamentos. La empresa destaca que el negocio de las viviendas de temporada está obteniendo “fuertes crecimientos y rentabilidades superiores al 10%”.

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) entregó ayer sus XVIII galardones al trabajo de tres mujeres llamadas a servir de referencia e inspiración a las próximas generaciones. La vicePresidenta Senior de la Estrategia de Sostenibilidad de la empresa matriz de Cementos Lemona, Elena Guede Vázquez; la propietaria y directora General de Zitro, Inmaculada Ortiz Aspizua; y la directora del Área Comercial de Laboral Kutxa, Susana Andrés Gorgojo, fueron las homenajeadas en el Hotel Carlton de Bilbao. Las premiadas, seleccionadas por un jurado de expertos, instituciones y medios de comunicación, recibieron una estatuilla de la artista Dora Salazar por ejemplificar los valores de la AED.

Álava se convirtió ayer en un nuevo escenario para que la geometría variable en la que está inmersa la política vasca sumase un nuevo capítulo. EH Bildu apoyará finalmente los Presupuestos de la Diputación foral, gobernada en minoría por el PNV y el PSE, los dos partidos que hace un par de semanas llegaron a un pacto similar con el PP en Gipuzkoa. Ahora queda por desvelarse qué pasará en la negociación abierta sobre las Cuentas públicas del Gobierno vasco, donde los dos socios del Ejecutivo y la coalición soberanista siguen sin romper la cuerda. La situación en Álava tenía un componente idéntico al de Gipuzkoa. A diferencia del proyecto de Imanol Pradales o lo que sucede en Bizkaia, PNV y PSE necesitan de un tercer socio para sacar adelante sus propuestas al no contar con mayoría absoluta. De hecho, tanto Eider Mendoza como Ramiro González –ambos del PNV– gobiernan con las Cuentas prorrogadas al no haber logrado reunir más apoyos a finales del año pasado. Eso sí, el diputado general de Álava consiguió a primeros de 2024 acordar una norma foral con todos los proyectos de legislatura gracias a un pacto con el PP. La posibilidad de que hubiese una fumata blanca entre el Gobierno foral y EH Bildu parecía lejana hasta hace solo unos días. Desde el entorno del diputado general, incluso, se había trasladado que no estaba dispuesto a traspasar algunas líneas rojas para atraer a los soberanistas, y que si no quedaba más remedio volvería a prorrogar las Cuentas.

Masdar, el grupo de renovables controlado por el emirato de Abu Dabi, ultima dos nuevas grandes compras de instalaciones de energías verdes en España, con lo que dará un nuevo salto estratégico en el mercado nacional. Por un lado, está en fase avanzada de negociación para adquirir un nuevo paquete de proyectos fotovoltaicos a Endesa. En paralelo, negocia la compra de una megaplanta, también fotovoltaica, al grupo Genia Solar. Con estas nuevas adquisiciones, que sumarían cerca de 700 megavatios (MW) de potencia, Masdar reforzaría su poder en fotovoltaicas en España, donde se ha convertido en uno de los tres mayores grupos solares del país, disputándoles el liderazgo a Iberdrola y Solaria. Las nuevas operaciones de Masdar en renovables son un suma y sigue a las protagonizadas desde el pasado mes de julio por este grupo. La actividad de Masdar en España se remonta a 2008, cuando cerró un acuerdo con Sener para desarrollar un emblemático proyecto en termosolares (Torresol), que luego vendió. Antes del verano, el grupo había ido tejiendo diversos acuerdos para desarrollar un gran proyecto (Almenara) en Castilla-La Mancha, con hasta 1.200 megavatios fotovoltaicos. El gran salto lo dio a partir de julio de este año, cuando el grupo emiratí llegó a un acuerdo con Endesa para hacerse con el 49,9% de una gigantesca cartera de proyectos de fotovoltaicas en el mercado español. El acuerdo abarcaba un portafolio de proyectos ya instalados de 2.000 megavatios, valorado en 1.700 millones de euros, y preveía el pago por parte de Masdar de 817 millones de euros.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) ha presentado un documento (Position Paper) en el que señala el potencial del mercado español como epicentro de inversiones para la transición energética y digital. El documento, titulado España: nueva Potencia Industrial, Digital y Energética, propone una hoja de ruta para duplicar el peso de la industria en el PIB español para 2035, alcanzando el 22%, mediante el aprovechamiento de los recursos energéticos, la transformación digital y la colaboración público-privada. El documento se publica en un momento crucial, en el que la transición energética y la digitalización “pueden ofrecerle a España una ventaja estratégica por primera vez en siglos”, indica. Con recursos renovables abundantes, una infraestructura energética eficiente, estabilidad institucional gracias a su pertenencia a la UE y una posición geográfica privilegiada, el país “tiene los elementos clave para liderar una etapa de reindustrialización y digitalización de Europa”. “España tiene el potencial de consolidarse como un gran polo de atracción para industrias y tecnologías sostenibles, mientras fortalece su papel como proveedor clave de energía para el resto de Europa”, explica Jaime Malet, presidente de AmChamSpain. La Cámara distribuirá el documento entre inversores extranjeros, líderes empresariales, políticos y organizaciones. Para ello, promoverá diversos encuentros en los próximos meses a modo de road-show.

El sector energético está viviendo profundos cambios, también en lo que a imagen de marca se refiere. En este contexto, Repsol, una de las marcas más reconocibles en España a nivel corporativo, sondea una renovación de su imagen. La compañía ha trabajado en esta cuestión con firmas expertas en imagen de marca, confirman fuentes al tanto de su situación. Aunque no se plantea cambios a corto plazo, no se descarta algún movimiento en el medio plazo. La energética viene trabajando desde 2022 con Saffron, una de las consultoras especializadas en rebranding más prestigiosas del mercado, que, entre otros trabajos, colaboró con Facebook para convertir esta marca en Meta. Repsol lleva desde hace años tratando de cambiar su percepción de imagen ante el mercado. La compañía busca resituarse como una energética global dada su actividad más allá de su principal negocio petrolero. Además de vender combustibles fósiles, la empresa desarrolla infraestructuras renovables y combustibles verdes. Al margen de comercializar carburantes, también ofrece electricidad y otros productos con los que compite no solo con las empresas del sector petrolero, sino también con las firmas de generación y venta de luz. A lo anterior hay que añadir su actividad de autoconsumo eléctrico, carsharing o recarga de vehículos eléctricos, lo que le convierte en una firma cuya vocación de futuro va mucho más allá de los combustibles fósiles.

«Falta reciprocidad». «No incluye las cláusulas espejo». «Ellos pueden utilizar hormonas y nosotros no». «Nos limitan los fertilizantes y a ellos no». «Beneficiará al sector industrial, coches, electrodomésticos...pero a nosotros nos hunde, sobre todo a las pequeñas explotaciones». «Llegarán productos con menor seguridad alimentaria y de peor calidad». La catarata unánime de quejas del sector agrario español no cesa tras el acuerdo comercial alcanzado el viernes entre la UE y los países del Mercosur. La reacción ha sido inmediata ante, de nuevo, «la competencia desleal». El lunes habrá respuesta en las calles, frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. Los agricultores y ganaderos mostrarán sus quejas después de unos meses de tregua, que coincidieron con la rebaja de algunas exigencias medioambientales que trataba de imponer Bruselas para la próxima PAC. Ahora, de nuevo, los tractores saldrán a la calle, convocados por Asaja y Coag, que no firmaron en abril el acuerdo de paz –que incluía 43 medidas, entre ellas, las cláusulas espejo– este año con Luis Planas. El diagnóstico es idéntico en todas las organizaciones del sector, sin excepción. «Falta reciprocidad y los agricultores y ganaderos volvemos a ser moneda de cambio de otro tipo de intereses ajenos al campo», resume Pedro Barato, presidente de Asaja. ¿Se está a tiempo de una rectificación del acuerdo? Los líderes agrarios no albergan esperanzas de que el Gobierno de España les apoye en esta cuestión. De hecho, Luis Planas defendió ayer desde Bruselas el acuerdo con Mercosur, en contra del posicionamiento de Francia, Bélgica e Irlanda, aunque el recorrido para la entrada en vigor aún es largo. Se necesitará del acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo –donde se puede formar un grupo de bloqueo– además de la ratificación de los parlamentos de los Estados miembros en aquellas cuestiones que se considere que exceden de las competencias de la UE para entrar en los ámbitos nacionales. Por lo tanto, «existe aún un margen de maniobra» destacan los líderes agrarios, aunque con tono pesimista. 

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trató ayer de tranquilizar a los ganaderos y agricultores españoles, que ya han mostrado su rechazo frontal al acuerdo UE-Mercosur y que preparan una gran manifestación para el próximo 16 de diciembre en Madrid. Y lo hizo dando un ejemplo muy «específico» y gráfico. «Con uno de los sectores que más se cita, como podría ser la carne de vacuno, la protección a través de la regulación que quedará establecida es una limitación a la cantidad de importación en carne. Y esa limitación supondrá un filete por persona por año, lo que se podría importar por parte de la Unión Europea», explicó Cuerpo en Bruselas antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. El responsable español, que ya el viernes se mostró muy satisfecho por el acuerdo, incidió este viernes en los aspectos beneficiosos del acuerdo. A nivel de la Unión Europea, las compañías pagarán «hasta 4.000 millones» menos en aranceles, mientras que en el caso concreto de España. las exportaciones a la zona «podrían aumentar hasta un 40%». «Y algunos estudios estiman una creación de empleo en el primer año de operación de esta nueva área de libre comercio de hasta 20.000 empleos», incidió Cuerpo, que subrayó que los beneficios de este área de libre comercio «son tangibles». También recordó que el pacto dará lugar a la «mayor zona de libre comercio del mundo», con hasta 750 millones de potenciales consumidores y que no sólo el sector vacuno sino también el agrícola estará «bien protegido». Pero las explicaciones de Cuerpo no parece que vaya a convencer al campo español. 

El Gobierno aprobará previsiblemente hoy la primera Ley de Industria en más de tres décadas, una norma que tiene precisamente por objetivo apuntalar la autonomía estratégica de la economía nacional pero también elevar el peso de las manufacturas en la actividad económica nacional, para mejorar los salarios, la productividad, la inversión en I+D y las exportaciones, dando impulso también a otros sectores. Sin embargo, la norma no ha estado exenta de roces entre los partidos de la coalición, ya que Sumar reclama al PSOE que la norma obligue a devolver las ayudas públicas a las empresas que se deslocalicen. La Ley de Industria es uno de los grandes objetivos de este Gobierno, ya que el texto ha pasado por las manos de los tres ministros del ramo que ha habido en los gobiernos de Pedro Sánchez, y en las tres ocasiones ha hecho énfasis en puntos algo diferentes, si bien la meta final era la misma: dar un impulso a la industria con el objetivo de que su peso en el PIB se eleva hasta el 20% del tamaño de la economía nacional, en línea con los objetivos marcados por la Comisión Europea. Y para ello este texto plantea distintas herramientas, como es el caso del fortalecimiento de las cadenas de valor, la flexibilización de los procesos de producción, gestión y formación, la recualificación de los trabajadores, la transición a una economía circular, la apuesta por los ecosistemas industriales o por la autonomía estratégica antes mencionada. No obstante, le ley nace lastrada también por la falta de un presupuesto que la acompañe, de plazos concretos para el desarrollo reglamentario que la potencie y del apoyo de otros ministerios, según denuncian distintas patronales. En concreto, el texto que aprobará hoy el Gobierno en Consejo de Ministros prevé la definición de Proyectos Estratégicos de Inversión, con una serie de beneficios asociados, como el acceso a ayudas públicas sin concurrencia competitiva o la preferencia en el acceso a fondos y fuentes de financiación pública que les sean de aplicación. Este instrumento tiene por objetivo fomentar la autonomía estratégica de la economía nacional, al permitir a la Administración apostar por sectores clave tanto por su efecto tractor para otras actividades (como puede ser el caso de las baterías, cruciales para la transición de la industria automotriz) como por distintas necesidades especiales derivadas de ciertos escenarios, una necesidad que se ha demostrado de especial relevancia tras la invasión rusa de Ucrania y la fragmentación del comercio global. Y, en la misma línea, el texto plantea también la creación de Ecosistemas Industriales Estratégicos, que también podrán optar a ayudar públicas de la misma forma. 

La suerte está echada. Es el mensaje que ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos encuentros que ha mantenido con los primeros ejecutivos de Stellantis y del fabricante chino de baterías CATL. Estas empresas serán las responsables de dar forma a un megaproyecto industrial que contempla más de 4.000 millones de euros de inversión en la construcción de una nueva gigafactoría de baterías en Zaragoza y en la adaptación de las plantas de Vigo y Zaragoza para la producción de una nueva generación de vehículos eléctricos. Pedro Sánchez se reunió ayer en La Moncloa, junto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con el consejero delegado de CATL, Robin Zeng. La visita supone el colofón final a un ciclo de encuentros y de conversaciones con los diferentes responsables del megaproyecto de Stellantis en España, cuya aprobación definitiva está a punto de darse a conocer públicamente, después de recibir las ayudas públicas a las que aspiraban los socios. Desde el lado de Stellantis, incluso tras la repentina salida de su anterior CEO, Carlos Tavares, las cosas están claras y su intención es lanzar el proyecto en España, ya que han satisfecho sus ambiciones en términos de apoyo público. El propio presidente de Stellantis, John Elkann, miembro de la familia fundadora de Fiat y primer accionista de Stellantis, habló por teléfono la semana pasada con Pedro Sánchez tras el adiós de Carlos Tavares para tranquilizar al jefe del Ejecutivo en relación con los planes industriales de la compañía en el país. Esta llamada telefónica se produjo apenas unos días después de que Tavares visitara Madrid para reunirse con Sánchez, una reunión en la que también confirmó la intención de Stellantis de ejecutar sus planes en España.

La capacidad de los trabajadores para responder ante este desafío constante varía en función de las competencias digitales que son capaces de acreditar en cada momento. Una forma de supervivencia que, para quienes poseen estos conocimientos, garantiza la obtención de mejores salarios y unas condiciones de empleo mucho más estables. Esta es la principal conclusión del estudio Las competencias digitales y digitalizadas. Sus implicaciones en el ámbito laboral y de los recursos humanos, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, en el que se remarca que los trabajadores con capacitaciones más altas de este tipo cobran hasta un 65% más por hora trabajada que el resto, y el 90% de ellos cuenta con un contrato indefinido y a jornada completa. El documento evalúa la retribución salarial y el tipo de contrato de 125 ocupaciones distintas –desde operarios y artesanos a profesionales científicos e intelectuales–, que categoriza en cuatro grupos diferenciados en función de sus habilidades. Para llevar a cabo esta distinción, define dos índices, que se nutren de dos parámetros originales: las competencias digitales (aquellas que implican el uso de herramientas digitales y la programación de sistemas informáticos); y las digitalizadas (las que puestas dentro del contexto digital dan una respuesta efectiva al trabajo). En esta segunda categoría, el informe pone como ejemplo la capacidad de una persona para mantener la atención de su interlocutor durante una presentación virtual. Dentro de esta categorización, el informe señala que casi el 90% de los asalariados se incluyen dentro de los dos primeros grupos, que corresponden a las ocupaciones con habilidades digitales bajas (54,8%) y medio-bajas (33,7%).

Los bancos españoles conceden las segundas hipotecas más baratas de Europa. Según los últimos datos ofrecidos por el BCE, a finales de octubre, el tipo de interés medio al que se firmaban los préstamos cayó al 3,2%, la cifra más baja desde enero de 2023. Igualmente, se trata del segundo país de la UE, solo por detrás de Malta, que ofrece los precios más bajos. El tipo de interés medio en la zona euro para los préstamos hipotecarios se sitúa en el 3,5%. En países vecinos como Italia y Francia (3,27%), los tipos también están por debajo, aunque son superiores a los de España. Y en Alemania (3,65%) y Países Bajos (3,73%) el precio es sensiblemente más alto. Los bancos que establecen los tipos más altos son los de Estonia, con una media del 4,97%, Letonia (4,86%) y Lituania (4,76%). Por dar una idea, en España, con este tipo medio del 3,2%, en una hipoteca a 30 años para adquirir un inmueble de 300.000 euros y en la que la persona aporta el 30% (unos 90.000 euros) eso supone pagar 128.000 euros en intereses en total a lo largo del periodo. Tomando el mismo ejemplo, pero con el tipo medio de la eurozona, los intereses ascenderían a 142.000 euros.

Las empresas promotoras y los fondos de inversión inmobiliarios se están encontrando un negocio de construcción de vivienda en alquiler asequible para las Administraciones que irá en aumento. En las últimas semanas se anunciaron licitaciones y concursos para más de 10.000 viviendas en las principales autonomías y en entidades estatales como Sareb y Sepes. En los próximos días se esperan los pliegos de 2.000 casas para menores de 35 años en la Comunidad de Madrid. Ahora llega el turno de que el sector privado valide ese posible negocio mostrando su potencial interés. Una de las fórmulas que las Administraciones encontraron para poner vivienda a precio asequible (un término que indica alquileres por debajo de mercado) fue el de la colaboración público-privada. Habitualmente, el modelo consiste en que la Administración ceda suelo por entre 50 y 75 años a las empresas para que construyan edificios residenciales y gestionen el arrendamiento. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, fue pionera con este tipo de programas a los que llamó Plan Vive y en los que participaron empresas como Culmia, Aedas, Avintia, Salas, DeA Capital o Grupo Ferrocarril. Este tipo de programas son una gota que ponen las Administraciones en la necesidad de vivienda en las grandes urbes, que la patronal de los promotores APCE y la consultora Colliers cifran en un déficit de 2,7 millones de casas en 15 años por el crecimiento demográfico y la creación de hogares.

La reconstrucción de la provincia de Valencia avanza mientras se terminan de evaluar las necesidades de los 70 municipios que sufrieron la devastación de la riada del pasado 29 de octubre. Por el momento, la Generalitat ha invertido 700,3 millones de euros en el primer mes, a razón de más de 17 millones al día. No obstante, tal y como anunció ayer el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, el teniente general Francisco José Gan Pampols, se espera la aprobación de otra línea de créditos con un importe cercano a la primera cantidad mientras se ultima el plan de reconstrucción económica y social de toda la comunidad autónoma. Gan desveló ayer la necesidad de habilitar este segundo fondo de inversiones para reparar los destrozos originados por la dana. El vicepresidente recordó que inicialmente el Consell efectuó una primera liberación de fondos por un valor superior a los 700 millones de euros «y ahora se espera otra por la misma cantidad». Es decir, la Generalitat invertirá cerca de 1.400 millones de euros de manera previa e independiente al proyecto definitivo para la recuperación. «Esto no es un presupuesto, es una habilitación de crédito que se tienen que ir incrementado a medida en que el plan de recuperación vaya adquiriendo forma», aseveró Gan antes de recordar que «hay cosas fáciles de presupuestar, como un puente o un canal, pero otras todavía no son cuantificables». Por el momento, el Gobierno valenciano ha centrado sus créditos en la reparación de infraestructuras, la retirada de residuos, la atención a las personas y las ayudas directas.

El Dax alemán es el reverso del Cac francés en esta recta final del año. La Bolsa parisina sufre sin paliativos por el caos político del país, ahora de nuevo a la espera de que un nuevo primer ministro pueda sacar adelante los presupuestos con los que comenzar a enderezar el déficit público. El Cac cae en el año casi el 1%, en un descenso acelerado desde la convocatoria en junio de elecciones anticipadas. El Dax alemán, en cambio, despunta el 21,5% y conquista sin miedo nuevos máximos, por primera vez desde este mes sobre los 20.000 puntos, pese a que el país también acusa su propia incertidumbre política y mientras se agrava el desánimo ante la pérdida de competitividad de su industria. Las crisis política y económica de Alemania no impactan sobre un Dax que se beneficia del tirón de la tecnológica SAP y sobre el que también crece la expectativa del efecto positivo que puede traer un cambio de Gobierno. El actual canciller Olaf Scholz convocó a principios de noviembre elecciones anticipadas para el próximo 23 de febrero y, pese a la incertidumbre política que ello supone, el Dax reaccionó al alza ante el adelanto electoral. Los inversores esperan que un nuevo Gobierno dé un golpe sobre la mesa y se decida a abordar un plan de gasto público con el que dejar atrás largos años de déficit de inversión en aras de la máxima pulcritud en sus cuentas públicas. Alemania está en el polo opuesto de Francia, con una deuda sobre PIB del 63% y un déficit público del 2,6% a cierre de 2023, por debajo incluso del 3% de las reglas fiscales de la Unión Europea. Pero la economía del país está en una situación de franca debilidad, con una crisis estructural en su povaya derosa industria automovilística, que requiere de una mayor inversión para evitar que la locomotora alemana se gripe del todo y arrastre a la recesión al conjunto de la zona euro.

Por primera vez en 14 años, los dirigentes chinos han cambiado su postura en política monetaria de “prudente” a “moderadamente flexible”, lo que ha hecho subir los precios de las acciones y los bonos, ya que los inversores apuestan por que los responsables políticos se están tomando la situación económica más en serio. El anuncio realizado ayer por el politburó del Partido Comunista, presidido por Xi Jinping, se produce cuando los líderes se disponen a celebrar este mes una reunión anual en la que establecerán la agenda económica para el año que viene. El politburó declaró que las autoridades “deben aplicar políticas fiscales más proactivas y políticas monetarias moderadamente laxas”. Añadió que las autoridades deben “reforzar los ajustes anticíclicos extraordinarios e [...] impulsar enérgicamente el consumo, mejorar la eficiencia de la inversión y expandir la demanda interna en todas las direcciones”. El rendimiento del bono chino a 10 años cayó a un mínimo histórico del 1,92%, prolongando su repunte y desafiando las advertencias de una “burbuja” en los precios de la deuda pública. El rendimiento de los bonos evoluciona de forma inversa a los precios. El índice bursátil Hang Seng China Enterprises de Hong Kong cerró con una subida del 3,14% tras el anuncio. “Para salir del círculo vicioso de deuda y deflación, los responsables políticos chinos deben intensificar las medidas fiscales para impulsar el consumo”, afirman analistas de Brown Brothers Harriman. “En este sentido, el último anuncio del politburó es alentador”.