20240208

Rueda de prensa de Cebek sobre coyuntura y perspectivas económicas. "Tanto el entorno empresarial como los mercados, el nivel de pedidos, la utilización de la capacidad productiva, la facturación y la rentabilidad mejoran la percepción empresarial sobre el escenario económico existente y previsto en los próximos 6 meses de 2024. Los costes laborales y los incrementos salariales (1), la dificultad para contratar personas cualificadas (2); el absentismo laboral (3) y el clima político (4) son las principales preocupaciones de las empresas hoy. Queremos destacar el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestro territorio: el 74 % de las empresas mantendrán sus plantillas en el primer semestre de 2024 y un 19% las aumentará. Esa es la mejor previsión de empleo en esta Encuesta de los últimos años. Con datos del Consejo de Relaciones Laborales, los salarios sujetos a convenios negociados en Euskadi subieron un 4,6% frente a un 3,4 de media en el Estado. Un 72% de las empresas encuestadas va a incrementar los salarios en 2024 y un 22% los mantendrá. Supone el porcentaje más alto desde el inicio de las series desde la Pandemia. La conflictividad laboral que padecemos hoy en nuestro territorio no es aceptable y no está justificada por razones de una supuesta precariedad y malas condiciones laborales. Las dificultades para encontrar los trabajadores/as que las empresas de Bizkaia necesitan es un problema real, fundamentalmente en el sector industrial. Esta pasa a ser hoy la segunda preocupación de las empresas de Bizkaia, tras los incrementos de sus costes. Somos el territorio con los mayores índices absentismo de todo el Estado. Un 60% de las empresas no han reducido sus cifras de absentismo en 2023. Por el contrario, un 37% de las empresas las ha incrementado. Este es el mayor % de incremento anual en la serie de Encuestas de Cebek desde el inicio de la pandemia. Ver nota de prensa y encuesta de Cebek aquí.  

El «clima político» ha pasado de ser un asunto de escasa importancia para los empresarios vascos a convertirse en un tema de máxima preocupación. Así se desprende de una reciente encuesta realizada por la patronal vizcaína Cebek entre sus asociados, que refleja también un clima de ligero optimismo en torno a la evolución de la economía en 2024, pero al mismo tiempo la inquietud por la elevada conflictividad laboral y el absentismo que, lejos de reducirse, sigue creciendo. «Ha pasado de ser un tema que aparecía en el octavo o décimo lugar en la escala de preocupaciones al cuarto lugar», señalaron ayer la presidenta de la organización empresarial vizcaína, Carolina Pérez Toledo, y su secretario general, Francisco Javier Azpiazu, a propósito del ambiente de inestabilidad política. En esta misma línea, Pérez Toledo criticó la decisión inicial de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de abordar de forma unilateral una reducción de la jornada laboral semanal a 38,5 horas para este mismo año. «Afortunadamente esto se ha reconducido y trasladado a la Mesa de Diálogo Social, a la negociación entre empresarios y sindicatos, que es el lugar natural donde deben decidirse este tipo de cuestiones. La jornada laboral es un aspecto que está íntimamente ligado a la negociación colectiva», dijo. Tampoco ahorró críticas la presidenta de Cebek en torno a la propuesta de analizar la reducción de la semana laboral a cuatro días, realizada por la vicelehendakari y consejera de Trabajo del Gobierno vasco, Idoia Mendia. «Es un disparate», calificó Pérez Toledo, para insistir en que «este tema no forma parte de las preocupaciones actuales de las empresas ni de los asuntos que pueden considerarse como urgentes».

Según la información proporcionada ayer, la empresa eólica cerró el último trimestre –el primero de su ejercicio fiscal, de octubre a diciembre– con unas pérdidas de 426 millones de euros. El dato, pese a todo, puede verse también con perspectiva positiva ya que supone algo menos de la mitad de los 884 millones que esta misma compañía perdió en los tres primeros meses del pasado ejercicio. Mientras tanto, la matriz alemana de la firma, la multinacional Siemens Energy, ha encontrado en los recursos extraordinarios un balón de oxígeno para salvar la cara en este arranque del año y cerrar con un beneficio de 1.582 millones de euros. Un resultado positivo que está muy relacionado con la venta del 18% de una filial en India que ha traspasado a Siemens, en una operación que forma parte del esquema para intentar sacar adelante la compañía de bienes de equipo eléctrico. Junto a ello, la empresa destacó la buena marcha de la división de generación eólica marina, cuya cartera de pedidos sigue creciendo, además de haber incrementado sus márgenes de negocio. Gamesa no consigue remontar su situación porque no ha encontrado todavía una solución fiable para los fallos detectados en dos modelos de generadores eólicos terrestres, las plataformas 4.X y 5.X, que debían ser las estrellas de este segmento de mercado. No hay tampoco una fecha estimada en la que se pueden reanudar las ventas, paralizadas desde hace tiempo.

Los problemas del negocio nuclear de Siemens Gamesa (SG), la producción de aerogeneradores, causarán a la empresa un nuevo año de pérdidas. La filial eólica de Siemens Energy (SE) calcula que en su ejercicio fiscal en curso (2024) contabilizará en total unos números rojos de 2.000 millones de euros antes de desinversiones, según reconoció ayer la firma. De hecho, en su primer trimestre fiscal, que se inició el pasado 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, ya ha registrado un resultado negativo de 426 millones. El recurso a la venta de fábricas para aliviar el balance está sobre la mesa. La antigua Gamesa ya se ha desprendido del 32% del fabricante de torres eólicas Windar por más de 220 millones. Y ha puesto el cartel de “Se vende” a ocho de sus nueve fábricas en España. Este proceso tendrá que esperar a que SG solucione sus problemas industriales. Los fallos detectados en la fabricación de las turbinas terrestres 5.X y 4.X, la primera de las cuales estaba llamada a revolucionar el sector al ser capaz de alcanzar una capacidad unitaria de récord, por encima de los 7 MW, son los culpables de gran parte de las pérdidas. SG lleva medio año sin comercializar los equipos por estas averías. Y no hay fecha para reiniciar su producción. 

La crisis empresarial de Siemens Gamesa, el fabricante español de aerogeneradores filial de Siemens Energy, está cambiando el mapa comercial de la industria eólica en Europa. El gigante americano GE (antigua General Electric), el grupo danés Vestas, y el alemán Nordex (controlado por Acciona), están sellando un aluvión de contratos de suministro de equipos en un momento especialmente delicado para Siemens Gamesa. Esta compañía, que mantiene su sede en Zamudio, Bizkaia, lucha por sobrevivir y salir de un agujero de pérdidas financieras que parece no tener fondo. Los contratos que están consiguiendo sus rivales, además del suministro de equipamientos eólicos, llevan aparejados ahora acuerdos para el codesarrollo de los proyectos de renovables o el mantenimiento posventa. Las empresas de renovables logran así mejores condiciones financieras en el suministro de equipos. Los fabricantes, a cambio, consiguen atar a ese cliente durante décadas, haciendo aún más difícil para Gamesa retomar el pulso comercial.

El sindicato CGT, con cuatro de los 27 delegados en el comité de empresa de Michelin Vitoria, convocó ayer a los trabajadores a parar tres jornadas, los días 11, 17 y 18 de este mes de febrero. El llamamiento no se circunscribe a la factoría de la Avenida del Cantábrico, con 3.800 empleados, sino que es generalizado. Se ha trasladado también a los empleados de las plantas que la multinacional francesa tiene en Valladolid y en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Las fechas de los paros que se han elegido se corresponden con jornadas de bolsa de horas y, según CGT, «afectan a más de 4.000 trabajadoras y trabajadores ligados a sistemas variables». Se trata de aquellos que dependen de calendarios que incorporan como laborables fines de semana y festivos en los distintos turnos de trabajo (tres o cuatro, dependiendo de los días). Por el momento, el resto de sindicatos no respalda esta convocatoria. En la factoría alavesa el comité de empresa está liderado por CC OO, con seis representantes (perdió dos en las elecciones que se celebraron en noviembre de 2022). En aquella cita las urnas otorgaron también un empate a UGT y CGT (4 delegados) y lo mismo sucedía con ELA, ESK y CSICSIF (3 cada uno de ellos) al tiempo que LAB obtenía dos asientos. CCM, un grupo de operarios pertenecientes al colectivo de técnicos y administrativos de reciente creación, tiene dos delegados. Desde CGT se argumenta que los paros que propone pretenden mejorar la conciliación de esa parte de la plantilla que está «ligada a los sistemas variables, facilitándole la herramienta para que puedan no acudir al trabajo las jornadas de flexibilidad activadas (fines de semana y festivos) mejorando así su calidad de vida». Se insiste en que, pese al escaso respaldo de convocatorias similares, «las huelgas son un mensaje claro y contundente a la multinacional del hartazgo de la plantilla».

El sindicato ELA, mayoritario en la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio, denunció ayer que la empresa ha comunicado al comité «la presentación de un nuevo ERTE de suspensión de contratos, como continuación al actual que finaliza en febrero y comenzó el pasado verano». El sindicato no ha dado detalles sobre las condiciones de base que se ponen encima de la mesa y que empezarán a negociarse mañana. Sí ha criticado el momento en el que se presenta la medida, cuando «estamos a la espera de los resultados económicos del cierre de 2023, que se prevén con importantes beneficios» señalaron. El comité, integrado por ocho miembros de ELA, cinco de UGT, cuatro de LAB, dos de ESK y dos de CC OO, ha valorado que «la empresa continúa en su estrategia de seguir aprovechándose de los mecanismos del ERTE para debilitar las condiciones laborales con el objetivo de maximizar sus beneficios». Basan sus argumentos en que durante el primer semestre del año pasado, Tubos Reunidos logró 54,2 millones de beneficios y en el mismo periodo del año anterior, otros 52. Además, «la cifra de negocios alcanzó los 333 millones, un 36% más que en el año anterior. Por último, su cotización en Bolsa subió un 160% en 2023».

La diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo, anunció que se están buscando «vías» para «favorecer» al primer sector ante la incesante llegada de proyectos fotovoltaicos a la zona rural. Y es que, como denunció hace unas semanas el sindicato agroganadero UAGA, algunas empresas han recurrido a prácticas «depredadoras» que se han traducido en «presiones» e incluso se ha podido incurrir en un delito de «coacciones». Más allá de animar a todos los afectados a denunciar estos hechos ante la Ertzaintza, la responsable del Gabinete González señaló que va a «interceder» con estas compañías para «hacerlas entender que las prácticas que están utilizando no son apropiadas y, además de molestias, están generando inquietud en el campo alavés». No sólo eso. «Vamos a asesorar a los agricultores frente a las incomodidades que esas amenazas conlleven», avisó. Además, Amaia Barredo explicó que se van a «intensificar los controles administrativos en torno a la verdadera utilidad pública de los proyectos fotovoltaicos» para analizar caso por caso la «relativa efectividad» de expropiar terrenos. «Vamos a contrastar todos los intereses involucrados, no solo los de las fotovoltaicas sino también los agrarios, sin caer en automatismos ilógicos», respondió en el pleno de control a sendas preguntas de EH Bildu y Vox. Como un día antes dijo el diputado general, Ramiro González, la agricultura y las renovables tendrán que aprender a convivir en el territorio histórico. 

«Nos vamos a la mierda. Pero no lo vamos a permitir, vamos a seguir luchando». El sector primario alavés alzó ayer la voz, se declaró «en guerra» y señaló directamente al Gobierno vasco y a la Diputación frente a la sede del Ejecutivo autonómico en Vitoria, una ubicación cargada de simbolismo que pone el foco sobre las instituciones locales. Y un discurso plagado de cargas de profundidad en el que se aludió explícitamente a la consejera Arantxa Tapia y al diputado general, Ramiro González. Más de 600 tractores llegados de diferentes puntos del territorio provocaron caos circulatorio en algunas calles de la capital durante una exhibición de músculo que ha metido de lleno en el debate público –con unas elecciones autonómicas a la vista– sus reclamaciones. Fue una jornada «histórica», en palabras de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA). «A Arantxa Tapia y a Ramiro González se les llena la boca diciendo que el campo es un sector estratégico. No vamos a aceptar que sigan haciéndolo mientras nos dejan sin departamento propio de agricultura y ganadería», clamaron portavoces de la UAGA durante la lectura de un duro comunicado en Lakua. «Nos enfrentamos a desafíos insuperables: las exigencias de la PAC, los bajos precios, la competencia desleal, la burocracia asfixiante, la falta de apoyo que amenaza a nuestra subsistencia, los macroproyectos como el TAV, las placas solares, las líneas de alta tensión. No podemos quedarnos de brazos cruzados», agregaron agricultores y ganaderos, que dejaron muy claras sus reivindicaciones.

La histórica tractorada que se ha visto estos días en Álava, con más de 600 vehículos por las carreteras, va ser mucho más reducida en Bizkaia, donde el peso de la agricultura es mínimo y el sector primario se limita a explotaciones ganaderas cada vez más escasas. Pero sus problemas y sensación de ninguneo son igual de grandes y tratarán de darles visibilidad con cerca de medio centenar de tractores que entrarán en Bilbao a primera hora de mañana viernes, procedentes de varios puntos del territorio, según explicaron ayer los sindicatos convocantes, EHNE y ENBA. En concreto, los tractores saldrán de Carranza (6.30 horas en la cooperativa); Gernika (7 h. en el parking de Eroski) y Markina; Duranguesado (8 h. en el parking de Eroski); Mungia (8 h. en la cooperativa) y Erandio (8.15 h. en el Makro). Entrarán en Bilbao por diferentes puntos, unos por Zorroza, otros por San Ignacio y otros por la N-634. El plan, que ha sufrido varias modificaciones al coincidir con el desfile infantil de Carnavales, es juntarse a las 10 horas de la mañana en San Mamés y a las 10.30 recorrer el centro de la ciudad para llegar a las 11 a El Arenal. Allí se venderán unos 200 cuartos de cordero a 20 euros la pieza. Con este improvisado mercado quieren poner el foco sobre una de sus reivindicaciones: que se imponga una moratoria a las negociaciones para cerrar acuerdos de libre comercio hasta no analizar su impacto en las explotaciones europeas.

Mientras los agricultores alaveses rodean el Parlamento Vasco, los navarros colapsan las entradas a Pamplona, y los vizcaínos pretenden mañana bloquear Bilbao con sus tractores, las dos principales asociaciones agroganaderas de Gipuzkoa, EHNE y Enba, mantiene enterrado el hacha de guerra y tendida la mano de la negociación. Y todo ello, además, con los productores agrícolas de toda España extendiendo sus protestas por todas las carreteras y movilizándose por whatsapp. ¿Por qué los guipuzcoanos son los únicos que no salen a la calle? Portavoces de EHNE y Enba hablan de realidades territoriales propias y de que de momento priorizan negociar con cadenas de distribución e instituciones locales para mejorar la rentabilidad. El sindicato EHNE es quien agrupa más número de baserritarras en Gipuzkoa y sigue con atención los movimientos tanto en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, como en todo el Estado. No descartan, si ven que la situación no mejora, salir a las calles con sus tractores a primeros de marzo, pero de momento siguen con la vía de la negociación. Su presidente, Garikoitz Nazabal, defiende que en Gipuzkoa la pelea no está tan centrada «en Europa o las multinacionales», sino en plantear medidas a las instituciones vascas, desde el Gobierno autonómico a los ayuntamientos, pasando por las diputaciones forales. «También estamos saturados de burocracia y compartimos muchas demandas de quienes han salido a las carreteras, pero nosotros nos desmarcamos de esa dinámica», explica Nazabal a este periódico.

Eran dos marcas emblemáticas de vino de Rioja que llegaron a ser líderes indiscutibles del mercado. Hoy, 30 años más tarde, son unas enseñas muy devaluadas que están en proceso de liquidación y a punto de venderse al mejor postor. Ambas tienen un origen histórico y familiar –datan de 1880–y las dos fueron fundadas en el hermoso pueblo de Ollauri, en el corazón de La Rioja. Sus creadores, Federico Paternina y Miguel Martínez Berberana, fueron pioneros en el desarrollo del nombre de Rioja en el mundo. El crecimiento de esta denominación de origen llamó la atención de José María Ruiz-Mateos que integró estas bodegas en la división vinícola de Rumasa, compuesta también por las riojanas Franco-Españolas y Lan, y por Garvey, Terry, Williams & Humbert, René Barbier, Segura Viudas y Conde de Caralt. Rumasa controlaba el 40% de los vinos que se vendían con etiqueta de Rioja gracias, sobre todo, a Paternina y Berberana. Tras la expropiación de Rumasa en 1983, todas las bodegas se reprivatizaron durante un proceso que fue muy polémico y controvertido. El empresario riojano Marcos Eguizábal, afín al entonces Gobierno socialista y que había hecho fortuna en el sector inmobiliario, se convirtió en el principal propietario de vinos de Rioja al comprar Paternina y Franco-Españolas. Eguizábal pagó 90 millones de pesetas de la época (540.000 euros) y asumió una deuda de 906 millones de pesetas (5,4 millones de euros). En 1984 Paternina era una de las grandes exportadoras de vinos de Rioja con ventas de 700 millones de pesetas (4,2 millones de euros). En torno a Berberana se articuló una operación impulsada políticamente en la que intervinieron el Gobierno de La Rioja y los sindicatos de los viticultores para que en 1986 la bodega pasara a manos de un grupo muy heterogéneo en el que figuraban nada menos que siete cooperativas, la entidad financiera Caja Rioja y los trabajadores de Berberana.

Golpe de efecto en el negocio de la distribución. Uvesco (propietaria de BM y Súper Amara) anunció ayer la adquisición en Madrid del grupo Hiber, lo que en un solo gesto le permite incorporar sus 31 supermercados (más otro que está en construcción) en la comunidad madrileña. La operación, cerrada la semana pasada y que aún debe superar la pertinente autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), consolida a la compañía irundarra en el mercado madrileño, en el que desembarcó a lo grande en 2017 al adquirir el Grupo Gigante y donde ha seguido realizando después integraciones más pequeñas. Ahora, con Hiber en el seno de Uvesco, el grupo capitaneado por Ángel Jareño (su CEO) dispondrá de 79 supermercados en la zona centro, con una superficie de venta de 66.000 metros cuadrados, además de una plataforma logística situada en la localidad de Arroyomolinos. La adquisición, cuyo importe se guarda bajo siete llaves, permitirá incorporar a la irundarra a los 800 trabajadores de Hiber, con lo que plantilla en aquella zona se elevará a 1.800 profesionales.

Así lo constata la Guía Salarial que elabora anualmente la consultora LKS Next. El estudio analiza 90 perfiles profesionales en una radiografía de la estructura laboral vasca y de su remuneración. Los perfiles más demandados, el de ingenieros industriales y los ligados a las tecnologías e informática son los que más aumentan su retribución, cerca de un 7%. Pero además, aparece una novedad, y es que las empresas vascas ya no solo compiten entre ellas para contratar a los profesionales. El teletrabajo desarrollado por compañías de todo el mundo ha abierto las ofertas de los ciudadanos de Euskadi para trabajar. Países como Dinamarca y Estados Unidos están convirtiéndose en fuente de contratación de vascos que trabajan desde casa. La gran ventaja frente a las empresas locales es que los sueldos son los de aquellos países. Además, en la búsqueda de esos profesionales necesarios, las compañías vascas están recalando cada vez más en Latinoamérica. La tendencia global de los salarios constató ya una ganancia de poder adquisitivo, ya que los sueldos subieron más que los precios. Así lo explicó el director del área de personal de LKS Next, Ander Sansinenea, al recordar que las retribuciones «compensan así la pérdida de poder adquisitivo de los años anteriores». Lideran esas subidas las ingenierías, la informática, así como la robótica, la fabricación flexible y la industria 4.0. Es el segundo año en que esto ocurre. Los programadores de sistemas han incrementado su retribución un 7%, hasta los 41.424 euros anuales. Los analistas informáticos, un 6,5%, hasta los 48.177. Mientras que los ingenieros de servicios en la nube alcanzan los 49.003 euros, un 5% más que el año pasado. Y los técnicos de ciberseguridad aumentan de media su nómina un 5%, hasta los 44.864.

Ya hay plan para mejorar la conexión entre Elorrio y Mondragón, dos centros neurálgicos de la industria vasca. A las puertas de la precampaña, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, ambas lideradas por el PNV, presentaron ayer una ambiciosa reforma de la sinuosa carretera N-636 que une ambos municipios –y ambos territorios– a través del alto de Kanpazar. La solución pasa por ejecutar un nuevo trazado que elimina las curvas actuales y, sobre todo, contempla la construcción de un túnel para atravesar el puerto. La previsión que manejan las administraciones es invertir unos 120 millones y tenerlo todo listo en torno a 2031. El dinero lo aportarán «proporcionalmente», en función de lo que haya que hacer a cada lado de la muga. El acuerdo entre diputaciones se quiso escenificar con una comparecencia conjunta en San Sebastián de sus respectivos diputados de Infraestructuras, el vizcaíno Imanol Pradales y la guipuzcoana Maria Ubarretxena. Hubo apretón de manos, vídeos del proyecto y el mensaje de que todo está atado para ir quemando etapas. Hace dos años se acordó abrir un periodo para buscar «la mejor solución», el siguiente paso será la firma de un convenio de colaboración para redactar el proyecto constructivo. Se espera que salga a licitación pública antes de que acabe 2024 y que su definición requiera, aproximadamente, 42 meses.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Kutxabank cerraron ayer un acuerdo de colaboración con el que la entidad presidida por Antón Arriola prevé movilizar hasta 800 millones de euros en financiación de proyectos ‘verdes’ ligados a la construcción con criterios de eficiencia energética en España. En la práctica, la entente se traduce en la firma por parte de la entidad dirigida por Nadia Calviño de una cédula hipotecaria (deuda avalada por las hipotecas del banco) de 500 millones emitida por Kutxabank. Las inversiones se dedicarán a proyectos de nueva construcción de edificios energéticamente eficientes y de renovación de inmuebles con criterios sostenibles. Estas inversiones serán posibles gracias a la financiación en forma de préstamos hipotecarios verdes, préstamos al consumo o préstamos promotor que Kutxabank se compromete a poner en el mercado. Está previsto que una parte de las inversiones se lleven a cabo en regiones de España consideradas como menos desarrolladas por la UE, donde la renta per cápita es inferior al 77% de la media de la UE, lo que pone de manifiesto el compromiso del BEI de apoyar el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de la UE.

El holandés Wopke Hoekstra (Bennekom, Países Bajos, 48 años) se convirtió en el rostro de la intransigencia financiera con sus críticas a la falta de disciplina presupuestaria de los países del sur de la UE durante la crisis de la covid-19, cuando ocupaba la cartera de Finanzas en Países Bajos. El político democristiano es, desde el pasado octubre, comisario de Acción Climática y habla de la importancia de combinar las actuaciones para combatir la crisis climática con una “transición justa” a la vez que se mantiene la competitividad. El martes, Hoekstra presentó la recomendación política de la Comisión a los Estados miembros de que deben reducir (en conjunto) un 90% de sus emisiones de efecto invernadero para 2040, un paso imprescindible para llegar a la neutralidad climática en 2050. Las pautas de Bruselas (que no son vinculantes y a las que deberá seguir un paquete normativo) son prudentes y no marcan un plan específico para acabar progresivamente con los combustibles fósiles. " La clave del éxito es garantizar que continuemos de la mano con la acción climática. Y por eso se ha propuesto que se reduzca un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040 [respecto a 1990]. También se ha logrado combinar eso con una transición justa y, además, con la competitividad. Los ciudadanos ven que necesitamos hacer más en términos de acción climática, pero a la vez les preocupa lo que eso significará para su modo de vida, por las consecuencias que podría tener a la hora de ser capaces de pagar las facturas energéticas o para su trabajo...No hay alternativa para reducir los combustibles fósiles. Y aquí no hay magia. No se puede uno mantener al margen del problema. Es lo que les digo a aquellos que piensan que si hacemos captura y almacenaje de dióxido de carbono no necesitamos hacer todo lo demás. Pero a quienes están en contra también les digo que no pueden dejar esa opción fuera de la ecuación por razones ideológicas. En el caso de las renovables, por ejemplo, el debate también ha tocado el uso de la tierra. Así que no se trata sólo de la captura y almacenaje de dióxido de carbono, sino también de utilizar la naturaleza y nuestro suelo como una fuerza positiva..."

Si de algo no es sospechosa la Unión Europea es de ser indolente en su política ambiental. Pero el debate climático ha alcanzado en los últimos días una nueva dimensión en el Viejo Continente a raíz de las protestas masivas del campo. En parte, el clamor de ganaderos y agricultores surge del rechazo a ciertas imposiciones verdes. Aunque la presión del sector (y de los gobiernos más afectados por las protestas, como el francés) ha empujado a la Comisión Europea a recular en aspectos puntuales, como en la norma de pesticidas. Pero lo ha hecho sin levantar el pie del acelerador de su agenda verde. Por si había alguna duda, Bruselas propuso el martes a los 27 reducir un 90% sus emisiones respecto a los niveles de 1990 para 2040. El mensaje del campo, en cualquier caso, no está cayendo en saco roto. «La conservación de la naturaleza sólo puede tener éxito mediante un enfoque de abajo arriba y basado en incentivos», admitió ante los eurodiputados la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Las altas esferas comunitarias son conscientes de que bajo el claxon de los tractores palpita un debate mayor y más complejo: lograr la neutralidad de emisiones a mitad de siglo sin sentenciar la competitividad de la industria doméstica. Y cada vez son más las voces que señalan que Europa está pecando de optimista. Ni siquiera en un escenario en el que se sigan a rajatabla las actuales políticas verdes hay garantía de alcanzar el nivel de recorte de emisiones previsto y la contención del calentamiento del planeta al tope de 1,5 grados frente a los niveles preindustriales, como fijó el Acuerdo de París. Así se desprende de un exhaustivo estudio elaborado por el gigante de origen galo Vinci Energies y la escuela de negocios Esade.«Incluso si todos los países e instituciones internacionales cumplieran sus promesas y objetivos actuales, la meta de mantenerse muy por debajo de los 2ºC tampoco se alcanzará», sentencia el informe. Las proyecciones sobre las que trabaja el documento incluyen varios escenarios en función de qué medidas se aplican ya y cuáles lo harán en el futuro según las promesas de los países. «Está claro que las políticas actuales no son suficientes», insiste.

El gigante Ørsted, principal grupo energético de Dinamarca y uno de los mayores desarrolladores de instalaciones eólicas marinas (off shore) en el mundo, anunció ayer un programa de recortes en inversiones y empleos, así como su salida de varios mercados, entre ellos el español, donde contaba con aliados como Repsol y Acciona. La decisión del grupo se produce después de presentar su resultado anual, que arrojó una pérdida neta de 20.182 millones de coronas (2.705 millones de euros). El resultado de Ørsted se vio afectado por la cancelación en noviembre pasado de dos proyectos eólicos marinos en Estados Unidos, que provocó un deterioro de activos de 28.400 millones de coronas danesas (3.807 millones de euros). El nuevo plan de negocios aprobado por el consejo de administración incluye reducir 35.000 millones de coronas (4.692 millones de euros) en inversiones en los próximos tres años, la venta de activos por unos 115.000 millones (15.415 millones de euros) hasta 2030 y suspender los dividendos entre 2024 y 2026. Ørsted eliminará además entre 600 y 800 puestos de trabajo a nivel global, de una plantilla de algo más de 9.000 empleados, y reducirá su objetivo de capacidad instalada a entre 35 y 38 gigavatios hacia 2030. La compañía danesa (la antigua Dong Energy) explicó que, para reducir costes de desarrollo y centrarse en mercados estratégicos, abandonará varios mercados eólicos marinos, como Noruega, Portugal y España.

Ford anunció ayer la presentación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para su planta de Almussafes (Valencia), con 4.800 empleados, debido al descenso de la producción de vehículos y a la falta de suministros para la fabricación de motores, según fuentes sindicales. El expediente que propone la dirección abarcaría del 12 de febrero al 30 de abril, pero UGT, sindicato mayoritario en la factoría, ha avanzado que solo están dispuestos a negociar un ERTE hasta finales de marzo “mientras esperamos noticias sobre inversiones y carga de trabajo”, expusieron en un comunicado. La compañía ha propuesto un expediente que afectaría durante dos meses y medio a 750 empleados diarios de la planta de vehículos. Sería además de carácter rotatorio entre toda la plantilla para que ningún trabajador acumulase más de 15 días de suspensión de empleo. En motores, la parada sería equivalente a cuatro días de producción, adelantan los sindicatos. El anuncio de un nuevo ERTE se produce dos días después de que el vicepresidente de Ford Europa, Kieran Cahill, se reuniese con UGT para trasladarles que la compañía trabaja “en una alternativa” para solucionar la falta de carga de trabajo que se ha originado en la factoría por el retraso en la fabricación de los nuevos modelos eléctricos.

CEOE, Cepyme, UGT y CCOO han acordado este martes en su primera reunión bipartita para abordar la reducción de la jornada que cualquier cambio que se haga en el tiempo de trabajo en España debe plantearse en términos de jornada anual y no fijando unas horas de trabajo máximas a la semana como pretende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que quiere topar el tiempo de trabajo semanal en un máximo de 37,5 horas a partir de 2025. En esta primera reunión, los agentes sociales estipularon que, dado que todos los convenios colectivos del país y la jurisprudencia consideran la jornada de trabajo en términos anuales, no tiene sentido ahora fijar una jornada laboral máxima semanal, lo que se traduciría en una merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones, haciéndolas mucho menos competitivas. De esta forma, la idea es reducir la jornada laboral máxima anual para que el promedio de tiempo de trabajo semanal sea menor, pero eso no quiere decir que aquellos trabajadores que tienen, por ejemplo, un turno de 8 horas diarias cinco días a la semana –y trabajen 40 horas a la semana– vayan a trabajar ahora media hora menos. La solución pasará por incrementar sus días de vacaciones o libranzas. Las empresas mantendrán así su flexibilidad para estipular los turnos u organización de trabajo que más les convengan, pero sí tendrán que reducir el tiempo máximo de trabajo anual de sus empleados. La media de jornada anual pactada en España es de 1.752 horas (equivale a jornadas semanales de 38,2 horas), así que tendría que bajar al entorno de las 1.720 horas para que el promedio semanal baje a 37,5 horas. 

La reforma fiscal pendiente en Euskadi y que analizan este año las diputaciones forales ha pillado con el pie cambiado a las haciendas vascas en el tratamiento del IRPF sobre los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El incremento de esta cantidad en un 5% –hasta los 15.876 euros anuales– tiene un impacto en el Impuesto de la Renta que dejaría sin efectos esa subida, al menos, a la hora de cobrar la nómina estos próximos meses. Y es que la cantidad exenta del IRPF en Euskadi a día de hoy es de 14.000 euros. A partir de ahí, la tabla de retenciones establece el porcentaje que las empresas tienen que retraer del pago a sus empleados para adelantar a Hacienda. La referencia aprobada por las diputaciones vascas para este 2024 contempla que a un trabajador sin hijos que perciba el SMI, se le aplique un 6% de retención, lo que equivale a 952 euros que no podrá recuperar hasta la declaración de la Renta de este año. Un trámite para el que deberá esperar a la primavera de 2025 y siempre que se haya tramitado la reforma fiscal con efectos retroactivos. La situación es diferente a la de la Agencia Estatal Tributaria, ya que el martes el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Reglamento del IRPF que afecta a estas retenciones. El cambio busca precisamente que estos trabajadores no sufran ningún ajuste en el cobro de su nómina desde este mes. La medida, eso sí, está vinculada al amparo de una ley que modifique el IRPF y que el Ejecutivo anunció que tramitará junto a los Presupuestos Generales del Estado.

Euskal Ekonomisten Elkargoko Ekonometroaren arabera, AA sortzaileak ingurune aldakor berri bat sortuko du, profesionalentzat gaitasun berriak definituz. Era berean, askorentzat enplegu galera ere ekar dezake. Orain dela gutxi arte, AA zeregin espezifikoetan eta arazo zehatzak konpontzeko algoritmoen programazioan zentratzen zen. Hala ere, AA aurrera doa pausoz-pauso, hainbat kontzeptu berri sortuz: Adimen Artifiziala (AA), Adimen Artifizial sortzailea (AA generatiboa) eta Adimen Artifizial orokorra (AA orokorra, AGI edo ASI). Gehiago irakurri hemen. 

Para que los coches autónomos puedan circular por las carreteras, para que los robots cirujanos nos puedan operar, para que el teléfono móvil reconozca nuestro rostro o para que las retransmisiones deportivas sean tan espectaculares como lo son en la actualidad es necesario que todas esas máquinas puedan ver. El premio Fronteras del Conocimiento en la Categoría de Tecnologías de la Información y el Conocimiento dado a conocer ayer reconoce el trabajo del profesor japonés Takeo Kanade (Tamba, 1945), el creador de los algoritmos que permiten «comprender e interpretar imágenes y escenas visuales» a los ordenadores y robots. De la misma forma que los seres humanos y los animales necesitamos dos ojos para tener información de profundidad, la visión artificial en tres dimensiones solo es posible si se integran las imágenes de al menos dos cámaras. Sin embargo, los primeros algoritmos –la secuencia de órdenes que en número de pasos permite conseguir un resultado, como es la receta de cualquier plato o las instrucciones para cambiar la rueda del coche– de visión artificial estaban pensados para procesar una sola imagen, y aplicarlos para integrar varias era un proceso demasiado lento para resultar práctico. La solución a este problema llegó en 1981, cuando Kanade y su estudiante de doctorado Bruce Lucas idearon un método para agilizar el proceso.