20240918

En su intervención destacó como uno de sus principales objetivos «la utilización del Concierto Económico para impulsar el desarrollo económico y social de Euskadi». No concretó cómo se va a exprimir esta vía, pero insistió en que se van a desarrollar instrumentos financieros «para generar nuevos proyectos industriales, apoyar iniciativas de futuro y arraigar las empresas líderes en Euskadi». Mencionó, en concreto, la promoción de «una especie de fondo soberano vasco que sume recursos públicos y privados para contar con el músculo suficiente». D’Anjou desgranó sus directrices ante los grupos parlamentarios que le interpelaron sobre una eventual reforma fiscal. Especialmente incisivo fue el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, que instó a elevar la presión fiscal y tomar como referencia las bases acordadas en Gipuzkoa por su formación, PNV y PSE. El consejero de Hacienda evitó entrar en el debate y recordó que es «una competencia de las diputaciones forales». Lo que sí adelantó es que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025 será aprobado por el Consejo de Gobierno vasco el 29 de octubre. Luego pasará el Parlamento, donde prometió afrontar las negociaciones «de forma constructiva y franca». Pero como paso previo a todo ese proceso el departamento de Hacienda negocia con el Estado la senda de déficit para Euskadi que marcará los márgenes. D’Anjou explicó que su actuación en esta legislatura girará en torno a tres ejes: defensa y fortalecimiento del autogobierno económico; emplear la política financiera como herramienta de desarrollo económico y arraigo; y garantizar la viabilidad económica de los compromisos políticos del Ejecutivo. El consejero hizo especial hincapié en su objetivo de desarrollar instrumentos que potencien el crecimiento y el arraigo de las empresas vascas, fundamentalmente a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). El Gobierno vasco ya dispone del fondo Finkatuz, con 203 millones en el cajón, cuyos últimos movimientos fueron en 2022 con la entrada en el capital de la aeronáutica ITP y una ampliación de su participación en CAF. Ahora está trabajando, a través del clúster financiero BasqueFIK, en ese vehículo público-privado que pretende aumentar la potencia de fuego al aglutinar recursos de diferentes agentes. En esta iniciativa están presentes las fundaciones bancarias, las gestoras de patrimonios familiares (’family offices’), las EPSV o el sector bancario vasco, además del propio Instituto Vasco de Finanzas. El lehendakari, Imanol Pradales, manifestó su deseo de movilizar 3.000 millones de euros en los próximos años. Ver nota de prensa e intervención del consejero aquí. 

La diputada general presentó ayer Biqain, la estrategia para investigar y desarrollar tecnología cuántica en la que el Gobierno vizcaíno llevaba trabajando tres años. El plan pone a colaborar a administraciones públicas, universidades y empresas para que el tejido industrial vizcaíno pueda ser pionero a la hora de aplicar una tecnología «que va a cambiar el mundo». Dominarla «antes que nadie» se considera una ventaja competitiva que Elixabete Etxanobe elevó a la categoría de «revolución». Se estima que durante las próximas dos décadas los gobiernos y la industria europea van a invertir 850.000 millones en contratar a quien lidere el mercado. El primer paso de todo este proyecto, una de las grandes apuestas del Ejecutivo territorial para los próximos años, será la construcción de un centro de investigación en el que ubicar el «ecosistema» cuántico: laboratorios, centro de formación y vivero de empresas. Tal y como adelantó este periódico hace cinco meses, ocupará la tercera planta del Centro de Biotecnología María Goyri, uno de los edificios más nuevos del Parque Científico que la UPV/EHU tiene en su campus de Leioa. Su adaptación costará 1,7 millones. La cuántica se encuentra detrás de avances tan recientes como los teléfonos móviles, el GPS y los relojes inteligentes, aunque esa es solo la punta del iceberg. El valor añadido de esta rama de la física y de los ordenadores que la desarrollan es que son capaces de afrontar cuestiones mucho más complejas en un tiempo mucho menor. La segunda generación de la tecnología, la que se empieza a perfilar ahora, será clave para mejorar la ciberseguridad, los mercados financieros y la industria verde. La cuántica también puede ser aplicada a cuestiones como la salud: su desarrollo permitirá, por ejemplo, determinar dosis personalizadas de vacunas.

«La mayor parte de los proyectos no van a prosperar». Así de contundente se pronunció el diputado general de Álava, Ramiro González, hace ocho días cuando se le preguntó por los distintos parques eólicos y fotovoltaicos que están planteándose en el territorio. La Diputación no se ha quedado en las palabras y ha pasado a los hechos. Cuatro informes forales dan un portazo a los tres primeros proyectos de Solaria ligados a la línea de alta tensión que plantea la cotizada madrileña para cruzar Álava y Bizkaia desde Ribera Baja hasta el Puerto de Bilbao. Las plantas a las que se refiere la Diputación alavesa (Zierbena Solar 2, 3 y 4) son las primeras de una serie de 27 proyectos vinculados al tendido eléctrico, de unos 100 kilómetros, para que las instalaciones alavesas viertan su energía en el entorno del Puerto de Bilbao. Cada una de ellas ocupará más de 100 hectáreas. Juntas suman el equivalente a más de 500 campos de fútbol. Los planes de Solaria, desvelados por este periódico, prendieron una mecha política a pesar de los 150 millones de inversión que acarreaban de entrada. Desde entonces, decenas de ayuntamientos en Bizkaia y Álava se han posicionado en contra de estas centrales. Lo han hecho, además, equipos de gobierno de todos los colores: desde decenas de alcaldes del PNV en Bizkaia hasta los independientes de Ribera Baja pasando por las alegaciones de municipios de EH Bildu como Ayala o las alternativas que ha pedido Iruña de Oca, gobernada por los socialistas. Ahora el Ejecutivo foral alavés, a través de sus departamentos, advierte de las afecciones que tendrían estos proyectos. Uno de sus informes, el de los servicios de Sostenibilidad Ambiental y Patrimonio Natural, habla sin cortapisas de «una transformación del medio en el territorio histórico sin precedentes en tan corto intervalo de tiempo». Aunque la última palabra la tendrá el Gobierno vasco, los informes alaveses –que deben presentarse por ley– son contundentes y detallan unas afecciones que no serían «compatibles» con los planes de Solaria. Especialmente rotunda resulta la Dirección de Agricultura, que tilda a las tres centrales de «no admisibles».

Solaria optó ayer por la cautela ante los informes de la Diputación. Portavoces de la firma consultados por este periódico se limitaron a señalar que quedan a la espera de lo que diga el Gobierno vasco. «Nosotros nos adaptaremos a las exigencias legales del órgano sustantivo, que en este caso es el Gobierno autonómico, en lo que se refiera a la evaluación ambiental», afirmaron. La empresa de renovables, pese a ello, insistió en que su voluntad «siempre es la de llegar al diálogo y a acuerdos con el resto de instituciones». Sobre los ‘peros’, Solaria recalca que tomará nota de las alegaciones. «Nosotros las leemos, contestamos y, si hay que hacer alguna modificación, se hace. Pero seguimos adelante con estos proyectos», aseguraron ayer sus responsables. Los informes de la Diputación suponen el tercer tropiezo para los distintos proyectos de renovables en apenas una semana. Antes, este periódico desveló las alegaciones de la UAGA a las placas de Treviño y las razones, ligadas al águila real, que llevaron al Gobierno vasco a tumbar el parque eólico de Cantoblanco. Los movimientos en contra de este tipo de proyectos renovables han ganado peso en Álava en los últimos años. Plataformas como Horrela Ez, Arabako Mendiak Aske o los sindicatos agropecuarios se han manifestado en varias ocasiones contra lo que ellos interpretan como un «atropello». Solaria, por su parte, tiene a la vista una nueva cita con sus inversores: el próximo lunes dará cuenta de sus resultados financieros del primer semestre el próximo lunes. En los primeros tres meses del año ganó 23,6 millones, un 5% menos que en ese mismo periodo en 2023.

Euskadi ha perdido posiciones en el ránking de comunidades con mejores salarios. La media se situó en 2.504 euros brutos mensuales (prorrateadas las pagas extra y con todos los conceptos incluidos) en el segundo trimestre del año, lo que la coloca por detrás de Madrid (2.885 euros), Cataluña (2.574 y Navarra (2.554), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un descenso significativo respecto al segundo puesto que tenía entre enero y marzo, cuando solo Madrid estaba por delante. La causa de esta caída radica en que los salarios aumentan en Euskadi a un ritmo muy inferior al del conjunto de España. Entre abril y junio se incrementaron un 2,5%, cuando la media nacional se elevó en un 4%. Con todo se mantiene una brecha importante respecto al conjunto de España, donde el sueldo ronda los 2.353 euros brutos al mes. Este menor crecimiento es llamativo por cuanto los convenios negociados en Euskadi son los que recogen los mayores incrementos salariales de España. En el acumulado a julio la media era del 3,7% en la comunidad autónoma frente al 2,9% en el conjunto del país. Pero hay que tener en cuenta que hay trabajadores vascos cubiertos por convenios estatales. El caso es que este menor aumento de los salarios también se traduce en un menor incremento del coste laboral. Así, en Euskadi la suma de sueldos, cotizaciones y demás cargas se situó en el segundo trimestre en 3.442 euros mensuales tras crecer un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto de España el coste laboral subió un 4% y superó por primera vez los 3.100 euros, en concreto, 3.161 euros. El País Vasco se colocó así en el tercer puesto en el ránking. En Madrid el coste por trabajador se disparó un 6% hasta los 3.785 euros. En segunda posición está Navarra con 3.455 euros y un alza del 3,7%. En lo que Euskadi se mantiene imbatible es en el ránking de menor jornada laboral. 

Cuatro ex altos cargos del Gobierno vasco y el administrador de la empresa están imputados por delito medioambiental. La actividad de la firma –quemaba masa forestal para producir energía– desató las protestas vecinales. La empresa Glefaran generó durante sus siete años de existencia, entre 2016 y 2023, «un riesgo de daño grave sobre la salud humana y el medio ambiente» en los habitantes de los municipios de Güeñes y Zalla, donde se ubicaba. Así lo asegura la Fiscalía de Medio Ambiente en un informe realizado a instancias del juzgado de Instrucción número 2 de Balmaseda, que investiga la polémica actividad de la firma, en el que se certifican constantes «superaciones» de las emisiones permitidas de partículas por parte de la planta de biomasa de Las Encartaciones . Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de entrada en el juzgado el pasado 12 de agosto, la exposición de las personas a estas moléculas «agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías, neumopatías y cáncer de pulmón», entre otros efectos adversos, «incluso en concentraciones bajas y a corto plazo». El informe cita estudios realizados en poblaciones pequeñas de España que apuntan que un incremento en la concentración de partículas está relacionado con «una pérdida de casi un año en la esperanza de vida». También afecta al entorno, en concreto al «crecimiento vegetal, al ciclo de nutrientes del suelo, a los patrones de precipitación y al balance de la radiación global», señala la Fiscalía especial en sus conclusiones finales.

El despliegue de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes se llenó ayer de dudas legales tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular diversos preceptos de la ZBE de la capital al considerar, entre otras cuestiones, que se da una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal del Ayuntamiento madrileño de 2021. La sentencia incide especialmente en el hecho de que las medidas restrictivas afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven obligadas a cambiar de vehículo para poder circular por la ciudad. Un torpedo a la línea de flotación de la mayoría de ordenanzas que se están aprobando en el Estado. Este mismo lunes, Bilbao –la primera capital vasca en implantar su zona de bajas emisiones– empezó a multar a los vehículos sin etiqueta medioambiental que accedan a la zona centro de la ciudad (los barrios de Abando e Indautxu) a no ser que cuenten con una exención municipal. En Gipuzkoa, Donostia e Irun también están obligadas a crear una ZBE al ser municipios con más de 50.000 habitantes, en virtud de la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética. Está previsto que en la capital guipuzcoana la zona de bajas emisiones entre en vigor en enero de 2025, mientras que Irun va más retrasada y aún se encuentra en la fase de diagnóstico de situación y, una vez concluida esta, concretará el espacio que ocupará su ZBE. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Madrid amenaza con sembrar de dudas la implantación de estas zonas libres de los coches más contaminantes. Si en Euskadi el RACVN ya había anunciado su intención de recurrir ante la Justicia la implantación de estas zonas, el fallo contra la ZBE de Madrid puede dar alas a aquellos que no ven un encaje legal claro en esta medida restrictiva del tráfico.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cerró ayer la crisis abierta en Adif tras echar al anterior presidente Ángel Contreras. Lo sustituye otro ingeniero de caminos con perfil técnico y vinculado a la estructura de poder del Partido Socialista de Euskadi (PSE). Se trata de Luis Pedro Marco, un ingeniero cántabro de 55 años que ha repartido su carrera profesional entre el Gobierno vasco y trabajos para el sector constructor de la obra pública, también en el País Vasco. Marco, militante del Partido Socialista de Euskadi, participó en 2009 en el Gobierno de Patxi López como director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el ente público vasco creado para optimizar el sector ferroviario de la región, hasta 2013. ETS es el equivalente al Adif estatal. Después de una etapa prolongada en el sector privado en firmas vascas como Amenabar y Exbasa, Marco volvió en 2020 a desempeñar funciones de Gobierno en la Consejería de Transportes dirigida por el también socialista Iñaki Arriola. Fue hasta ayer viceconsejero de Infraestructuras y de Transportes en el País Vasco. Una nota del Ministerio de Transportes destaca su experiencia en el sector ferroviario con cargos de alta responsabilidad en varias empresa públicas: Red Ferroviaria Vasca (ETS), Ferrocarriles Vascos (Eusko Trenbideak), Metro Bilbao, Puerto de Bilbao y Pasajes, Plataformas logísticas de Zaisa (Irún), Aparkabisa (Barakaldo) y Centro de Transportes de Vitoria (CTV), así como el Consorcio de Transportes de Vizcaya (CTB), entre otros. Entre los retos del nuevo presidente de Adif, alejado de la polvareda política levantada tras el escándalo de corrupción del caso Koldo, figura completar la ejecución del tramo de alta velocidad que conecta las tres capitales vascas, más conocido como la Y vasca. José Antonio Santano, el secretario de Estado de Transportes (ex alcalde socialista de Irún) se comprometió a comienzos de este año a completar la instalación de la plataforma de esta infraestructura en el primer semestre de 2025. Además de conectar las tres provincias vascas con tecnología de alta velocidad, la Y vasca enlazará con el resto de España a través del tramo ferroviario entre Burgos y Vitoria. Navarra también reclama su conexión con la Y vasca.

Imanol Pradales ha dado la orden de desplegar los trabajos para lograr que el Gobierno vasco asuma en poco más de un año las 29 competencias pendientes, incluida la gran patata caliente: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Los servicios jurídicos de Lakua están diseñando ya el marco para la propuesta que se remitirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en todo caso mantiene sus amplias reticencias sobre el alcance del traspaso. El inicio de este procedimiento fue revelado ayer por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno en su comparecencia ante el Parlamento vasco para desgranar las líneas maestras de esta cartera, a la que está atribuida la culminación del Estatuto de Gernika de 1979 al tiempo que los partidos retoman el debate sobre su reforma. Maria Ubarretxena informó de que el proceso se ha «activado internamente». Fuentes de su equipo precisaron que por ahora se está «definiendo el marco, el ámbito de actuación y los fundamentos jurídicos» que contendrá la propuesta para la transferencia. El Gabinete Pradales quiere hilar muy fino en esta carpeta en concreto porque asume que es «una de las más complejas». Se trata de una competencia que efectivamente aparece atribuida a Euskadi desde hace 45 años pero que aún no se ha cambiado de manos y que su sola mención ha generado históricamente controversias políticas y también técnicas bajo la sombra de la supuesta ruptura de la ‘caja única’. El Gobierno de Sánchez e incluso el propio PSE-EE −que sería quien gestionaría esta materia a través del Departamento de Mikel Torres− advierten de que el traspaso sería «complicado». Independientemente de cómo acabe el proceso, conversaciones van a existir. La primera, este mismo viernes, cuando Pradales se reunirá con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. 

Seed Capital Bizkaia apoyó el año pasado 61 nuevos proyectos empresariales con un presupuesto de 4,3 millones de euros, superando los registros previos a la pandemia del covid. La Diputación foral destinó de este modo 70.492 euros de media por iniciativa y vuelve a los registros anteriores al coronavirus. En el año 2019, el volumen global de inversión fue de 4,2 millones, destinados a 53 proyectos. El reparto superó entonces los 79.200 euros, pero el confinamiento frenó la actividad en 2020. El año siguiente el Departamento foral de Promoción Económica atendió 225 operaciones y batió el récord presupuestario con 5,3 millones por la demanda estancada, pendiente de la reapertura de la economía. En cualquier las necesidades financieras de las start ups fue de tan solo 23.556 euros por proyecto. El volumen de inversión regresó a los estándares habituales en 2022, con 3,9 millones de euros activados, pero destinados a un número de iniciativas mayor, en concreto 84, porque aun quedaban flecos del periodo de cierre de la economía. De modo que la media rondó los 46.400 euros. De modo que puede calificarse 2023 como el año de la normalización de programa. Y Seed Capital Bizkaia cerró el curso pasado con nota, con un récord combinado de presupuesto y operaciones.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de 795 trabajadores presentado por MasOrange y cuya negociación con los sindicatos empezó ayer, contempla 39 bajas en Euskaltel, de un total de 276 empleados que tiene la compañía vasca, según fuentes sindicales. MasOrange, la teleoperadora fruto de la fusión de MásMóvil y Orange en España, anunció el pasado 3 de septiembre un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario para un máximo de 795 trabajadores, el 9,5% de los alrededor de 8.400 que componen su plantilla actual, de los que 6.600 proceden de Orange y unos 1.800 de MásMóvil. La empresa subrayó que la voluntariedad sería el criterio preferente de adhesión al ERE, que afectará a las principales sociedades del grupo, quedando al margen las tiendas propias, los ‘call center’ y algunas áreas funcionales. No obstante, la compañía ya ha admitido que recurrirá a despidos forzosos si no se alcanza con bajas voluntarias la cifra prevista en el ERE. La intención de la teleco es que el diálogo con los sindicatos concluya a mediados de octubre, momento a partir del cual se abrirá el proceso de adhesión al plan de salidas voluntarias. 

La consultora donostiarra IeTeam Group ha adquirido la rama de actividad de la consultora vizcaína 97S&F a través de la creación de la nueva empresa Nexio Consulting. La firma ieTeam Group, con presencia internacional, se hace de esta forma con una consultora con 25 años de trayectoria, más de 1.000 proyectos realizados, y una plantilla de 16 consultores y consultoras en su sede de Bilbao. Esta operación se materializa a través de la creación de Nexio Consulting, una nueva empresa. El cambio culmina un proceso de rejuvenecimiento y reorientación estratégica ante los retos cambiantes.

Los principales directivos de Banco Sabadell han redoblado su ofensiva, sobre todo dialéctica, para que la opa de BBVA no llegue a buen puerto pese a que la entidad vasca está recibiendo luz verde de aquellas instancias que han comenzado a analizar la operación, como acaba de hacer en fechas recientes el Banco Central Europeo (BCE), cuyos mensajes a favor de la fusión de entidades son nítidos desde hace mucho tiempo. Lo que está claro es que la tregua estival ha finalizado, como evidencian las declaraciones que el lunes realizó el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, asegurando que las posibilidades de que la opa prospere son «muy bajas» ya que se trata, dijo, de «una operación que no tiene sentido y que ha descarrilado». Además, aseguró que «no estamos viendo transparencia para los accionistas a la hora de tomar la decisión y la echamos de menos». Ayer, en un tono más comedido pero igual de firme, el presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió «lo atractivo de la opa» y advirtió a los accionistas del Sabadell sobre el desarrollo de la opa. «Deberían tener en cuenta qué pasa con el valor de sus acciones si la oferta falla», subrayó al recordar que los títulos de la entidad catalana, presidida por Josep Oliu, «está muy soportado» por la oferta presentada por el banco vasco. Lo hizo desde Barcelona durante unas jornadas organizadas por Esade en las que los asistentes, algunos accionistas del Sabadell, no se lo pusieron fácil. Más allá del recrudecimiento de la batalla por el relato, nada ha cambiado. De hecho, durante su intervención, Carlos Torres volvió a rechazar que vayan a incrementar su oferta. 

Era la crónica de una revisión al alza anticipada por el propio Banco de España hace menos de dos semanas tras el robusto avance del PIB en los dos primeros trimestres del año (un 0,8% en cada uno). Ayer, la institución que gobierna José Luis Escrivá desde el 6 de septiembre puso negro sobre blanco esa mejora y aupó hasta el 2,8% su pronóstico de PIB para este año, 5 décimas más que en su informe de junio, revisando por tercer trimestre sus proyecciones para la economía (desde el 1,9% que auguraba en marzo al 2,8% actual). El Banco de España, que también ha mejorado sus perspectivas para 2025 y 2026, hasta el 2,2% y el 1,9% (3 y 2 décimas más que en el informe anterior), se pone así al frente de los principales organismos nacionales e internacionales, que a expensas de futuras revisiones, prevén de momento alzas menores (entre el 2,1% y el 2,6%). El dato revisado del Banco de España es también más optimista que el del propio Gobierno (un 2,4%), pero el supervisor avisa de que aunque el crecimiento del PIB en el tercer trimestre ha seguido siendo robusto, habría perdido fuelle respecto a los trimestres anteriores, con un alza estimada del 0,6%. Un menor dinamismo reflejado en indicadores como el empleo, que se habría desacelerado en el tercer trimestre, o la confianza de los empresarios, que han visto debilitarse su facturación. Con este telón de fondo, la evolución del gasto de las familias sigue siendo una incógnita por despejar. El supervisor alerta de que en los últimos trimestres “el consumo de los hogares ha presentado tasas de avance modestas, que han sido, además, menores de lo esperado”, a pesar del “relativo vigor que han venido mostrando los indicadores de empleo y de renta disponible”. Una debilidad que, de prolongarse, “podría condicionar la capacidad de la economía española para mantener en los próximos trimestres el elevado dinamismo reciente”. A medio plazo, la evolución de la inversión empresarial seguirá muy supeditada al “ritmo de ejecución y el impacto de los proyectos asociados” a los fondos europeos. A ello se suma el freno en el ritmo de creación de empleo, según se desprende de los datos de afiliación de julio y agosto, que, a falta de conocer las cifras de septiembre, apuntan a “una cierta moderación en el proceso de creación de empleo en el conjunto del tercer trimestre”.

El problema de la falta de mano de obra en España se agravó en verano ante la necesidad de las empresas de contratar trabajadores de cara a la temporada turística, y muchas de ellas no lograron encontrar el personal que les hacía falta. Así lo reflejan los datos publicados ayer por el INE, que constata que el número de vacantes en el segundo trimestre de este año volvió a dispararse por encima de las 150.000 por segunda vez en la historia. Concretamente, hubo 151.379 empleos que no lograron cubrirse pese a contar con más de tres millones de parados. El número de vacantes se está disparando en estos últimos años hasta el punto de que se ha llegado a triplicar con creces en la última década. Y esta cifra que ofrece el INE previsiblemente se queda corta y no refleja la realidad de un problema que va en aumento, puesto que solo en el sector de la construcción, uno de los más afectados, el Ministerio de Trabajo llegó a cifrar en más de 110.000 los puestos sin cubrir, mientras que la estadística del INE solo reconoce 6.185. El grueso de este problema de la falta de mano de obra, casi el 90%, se concentraba en verano en el sector servicios, donde se registraron un total de 134.233 vacantes, 3.233 más que un año atrás. Muchos hoteles, restaurantes, bares y tiendas se vieron este verano con dificultades serias para contratar empleados. En la industria el número de puestos sin cubrir roza por primera vez los 11.000, más del doble que una década atrás. Las empresas sitúan la falta de mano de obra como el segundo mayor problema, por detrás de la incertidumbre política, para crecer y facturar más, según un informe del Banco de España publicado el lunes.

Los sindicatos y la patronal de las consultoras retomaron ayer las conversaciones para la renovación del convenio de las big four (KPMG, EY, PwC y Deloitte), que expira el próximo 31 de diciembre, aunque sin avances. Los representantes de los trabajadores volvieron a exigir subidas salariales, así como mejoras en las condiciones laborales, alegando que las empresas pueden afrontar dichas reclamaciones gracias a los “beneficios récord” que han obtenido en los últimos ejercicios. Por su parte, la Asociación Española de Consultoras (AEC) –que representa al 67% de la empresas del sector– considera que las pretensiones económicas planteadas son muy elevadas, señalaron fuentes de la negociación. El diálogo para llegar a un acuerdo sobre el que será el decimonoveno convenio colectivo de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública tiene lugar poco después de que el todavía vigente cumpliera un año (se firmó en abril de 2023 y entró en vigor el 26 de julio de ese año). Esto se debe a que el texto incluyó una cláusula sobre que la mesa de diálogo debía iniciarse nueve meses antes de que expirara. Fuentes de la mesa destacan que, si no se alcanza un acuerdo antes de la fecha de vencimiento, el pacto se prorrogará, como ocurre en todos los convenios; si bien afirman que es importante intentar llegar a un punto común para readaptar las mejoras salariales introducidas el año pasado y que “las compañías se vean obligadas a incluir en sus presupuestos este tipo de costes”. Así, la de ayer es la tercera reunión y, señalan fuentes de ambas partes de la negociación, hay “voluntad de llegar a un acuerdo”, pero todavía se mantienen las distancias. Los sindicatos reclaman la eliminación del artículo del convenio sobre compensación y absorción de las mejoras salariales pactadas, que impidió que las condiciones económicas acordadas el año pasado no fueran percibidas por todos los profesionales del sector. Sin embargo, para la patronal esto es una línea roja, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la mesa se sentaron representantes de los sindicatos CC OO, UGT, CIG y ELA/LAB y de las patronales AEC y la Asociación Nacional para la Investigación de Marketing Económico y Social (Animes).

Al menos 14 entidades financieras se han visto atrapadas en la crisis de Holaluz. Según varias fuentes financieras al tanto de su situación, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Caja de Ingenieros, Abanca, Arquia Banco y el ICF han sido las entidades firmantes del acuerdo por el que conceden a la comercializadora de luz un plazo de espera hasta el 18 de diciembre para reordenar su deuda y asumir sus compromisos de pago. Desde Holaluz han declinado hacer comentarios. Sin embargo, este balón de oxígeno a la firma liderada por Carlota Pi, que ha contado con la asesoría de PwC y fue firmado el pasado viernes por la última entidad, no ha sido sellado por el 100% de los acreedores de la compañía, que ha revelado que un 6% de los mismos no ha sellado el acuerdo. Con este pacto, suscrito bajo la fórmula de stand still, las entidades financieras se comprometen a seguir financiando el circulante de la empresa hasta dentro de dos meses mientras han concedido una carencia en la amortización del principal de sus restantes préstamos por la misma duración. Además, los bancos han aceptado otras medidas para favorecer la continuidad de la actividad ordinaria de la compañía. Holaluz ha revelado al mercado que, hasta el 18 de diciembre, las entidades financieras y la empresa “evaluarán, y negociarán la reordenación de la deuda financiera”. Este acuerdo se produce en un contexto de crisis de una empresa que lleva meses luchando por sobrevivir. 

La Seguridad Social es como un ser vivo porque está en constante cambio. Esta es la idea que defendió la pasada semana la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el Congreso de los Diputados durante su presentación de la última reforma de pensiones acordada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, un pacto que hoy se escenificará en el Palacio de La Moncloa. Los cambios, que aún tienen que ser aprobados en el Congreso, pretenden hacer el sistema más sostenible, al igual que las otras tres reformas de la anterior legislatura. Y lo hacen actuando por la vía de los ingresos, tratando de aumentarlos incentivando que los trabajadores se jubilen más tarde. Esta última reforma no ha efectuado, sin embargo, cambios paramétricos sobre el gasto, por lo que mantiene casi intacta la generosidad de las jubilaciones actuales. Una generosidad que, según un trabajo publicado ayer por economistas del Instituto Santalucía, es aún mayor para quienes han cotizado menos años y por menos dinero. Aún es pronto para saber si las medidas pactadas lograrán hacer el sistema sostenible solo con el retraso voluntario de las jubilaciones, ya que en última instancia depende de la voluntad individual de los futuros jubilados. Lo que sí parece claro, según la evidencia actuarial, es que la anterior reforma de 2011 –que prolongó la edad ordinaria de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años a partir de 2027 y endureció la escala de aseguramiento, con lo que hizo que costara más años y más aportaciones llegar al 100% de la pensión– sí restó algo de generosidad al sistema español. Sin embargo, y según el análisis actuarial, dicho recorte no ha hecho el sistema lo suficientemente sostenible porque aun así el PIB crece bastante menos que la generosidad del sistema, a pesar de los recortes de 2011.

“Sabemos que el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, está plagado de discriminaciones. Pero hoy nos damos la mano para dar un paso adelante y luchar contra ellas”, dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 26 de junio. Pronunció estas palabras hace casi tres meses, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI+, durante la presentación del reglamento para evitar la discriminación laboral del colectivo. Sin embargo, ese texto, acordado por el Gobierno con sindicatos y patronales, aún no está en vigor. No hay rastro oficial de él, pese a que no necesita respaldo parlamentario, al tratarse de una desarrollo reglamentario. “Se dieron mucha prisa para tenerlo en las fechas del Orgullo, pero ahora no se están dando ninguna”, denunció Toño Abad, responsable del área LGTBI+ de UGT. “La respuesta que nos dan a esta tardanza es que tienen muchas cosas que hacer”, agregó Carolina Vidal, secretaria confederal de mujeres, igualdad y condiciones de trabajo CC OO. En el Ministerio de Trabajo indicaron que estaban pendientes del dictamen del Consejo de Estado, que acaban de recibir en sentido favorable, con lo que anuncian que el reglamento se aprobará “en breve”, sin más concreción. Vidal destacó que “no es habitual” que un acuerdo social tarde tanto en trasladarse a la normativa oficial. “No sabemos por qué han tardado tanto.

El gigante tecnológico Amazon, uno de los mayores empleadores del mundo, prohibirá el teletrabajo a partir de enero y obligará a sus trabajadores a presentarse los cinco días de la semana en sus oficinas para «fortalecer el espíritu de equipo» y reducir puestos de gerencia. Así lo ha anunciado por carta el consejero delegado de la multinacional, Andy Jassy, a sus empleados en EE UU. Una decisión que afectará a los 1,5 millones de trabajadores que tiene en todo el mundo y a los que ahora se les permitía teletrabajar dos días por semana. En España esta medida afectará a alrededor de 5.000 personas que trabajan en las oficinas de la multinacional, de las 25.000 que emplea en el país. La decisión, que entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2025, se ha tomado porque «las ventajas de estar juntos en la oficina son considerables», explica Jassy en el comunicado. A partir de ahora el teletrabajo solo se concederá en «circunstancias especiales» como «enfermedad de un hijo, una emergencia doméstica o vistas de clientes a domicilio», puntualiza la empresa.

Meta dio ayer uno de los pasos más significativos para proteger a los menores en Internet con el lanzamiento de sus cuentas adolescentes, una funcionalidad que llegará al finalizar el año a España y permitirá un control mucho mayor por parte de los padres de la actividad en línea de sus hijos. El presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, explica los motivos de este lanzamiento y aborda la necesidad de soluciones a nivel sectorial para proteger a los niños en Internet, así como las últimas investigaciones sobre la empresa de la Comisión Europea y su visión del informe Draghi. "Creo que Draghi ha acertado completamente en su punto sobre la complejidad regulatoria de las nuevas tecnologías en particular. Hay otras secciones que no me han convencido tanto. Draghi tiene razón al decir que la IA es una gran revolución tecnológica y Europa, por su propia complejidad regulatoria, se está poniendo a sí misma en el vagón de cola y no solo comparada con Estados Unidos y China.La semana pasada Reino Unido nos autorizó a entrenar nuestros modelos con datos públicos de Reino Unido, Es algo esencial si quieres europeizar estos modelos. Tenemos que usar datos públicos europeos o si no, los europeos solo usarán modelos de California que no reflejan nuestra cultura y nuestros valores porque las autoridades están centradas en prevenir el uso de datos públicos..."

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desveló ayer la composición del próximo Ejecutivo comunitario, un equipo en el que hay menos nombres de peso que en la anterior legislatura y en el que Teresa Ribera ocupará –en principio– una vicepresidencia ejecutiva y las carteras de Transición Ecológica y Competencia. La política alemana ha ofrecido otra vicepresidencia al grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) del que forma parte la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Su nominado, Raffaele Fitto, será además el encargado de la cartera de Cohesión y Reformas. Esta propuesta deberá ahora ser validada por la Eurocámara, un examen que pasarán todos los comisarios uno a uno y en el que siempre cae algún candidato. Sobre el papel la clara ganadora del próximo colegio de comisarios es España, que logra con Teresa Ribera una vicepresidencia ejecutiva y dos importantes carteras. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Digital será además la socialdemócrata con mayor poder dentro de Bruselas. El trabajo de Ribera con la puesta en marcha del Pacto Verde es para Von der Leyen «una prioridad» dentro de las guías políticas de la institución comunitaria. En el que será su segundo mandato, la política alemana ha primado «la seguridad y la competitividad», dos áreas que tienen «mucho más impacto» en este nuevo Ejecutivo, lo que «refleja el tiempo en el que vivimos».

Jornada de alto voltaje. Así prevén los expertos que será el día de hoy, marcado en rojo en el calendario de todos los inversores, que ya llevan días con la mirada fija en Washington. Allí, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, se prepara para dar el pistoletazo de salida a la primera bajada de los tipos de interés de la autoridad monetaria y desatar, con ello, una importante volatilidad. Porque nadie se atreve a apostar de forma decidida a si el banquero central se decantará por un recorte de 25 puntos básicos, que dejaría los tipos entre el 5% y el 5,25%, o si, por el contrario, echará el resto con una rebaja de 50 puntos básicos que dejaría el precio del dinero entre el 4,75% y el 5%. Así lo reflejan los futuros sobre los fondos federales, que se encuentran extremadamente divididos. Los inversores, a través de sus posiciones en el mercado, otorgan una probabilidad del 49% al descenso de 25 puntos básicos de los tipos y un 51% a una rebaja de 50 puntos básicos. Según los datos recopilados por Deutsche Bank, se trata de la mayor incertidumbre respecto a una decisión monetaria en más de 15 años a tan poco tiempo para que dé comienzo la cumbre. Independientemente de la rebaja que se aplique, la desviación en puntos básicos sobre lo que ha descontado el mercado es la mayor en varias décadas, por lo que dará como resultado una importante sorpresa. Tras el recorte más o menos fuerte, los inversores tendrán que ajustar sus posiciones rápidamente y eso derivará en momentos de intensa negociación. Los expertos, eso sí, recuerdan que la volatilidad no tiene por qué ser necesariamente mala. 

En su particular cruzada contra los medios de comunicación, a los que señaló después de que en mayo un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por malversación y tráfico de influencias, Pedro Sánchez ya tiene ante sí un embrión para, asegura el Gobierno, «fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo». O, según denuncia la oposición, «para controlarlos». Es una de las 31 iniciativas del llamado Plan de Acción por la Democracia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, además de a los medios de comunicación, afectan al poder Ejecutivo y al Legislativo y que, en algunos casos, como la reforma de la ley de secretos oficiales, la despenalización de las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias a las instituciones del Estado, o la ley de ‘lobbies’, ya fueron abordadas la legislatura pasada a instancias de sus socios parlamentarios pero no llegaron a ver la luz. Para fiscalizar a los medios de comunicación, Moncloa se escuda ahora en que la Unión Europea exige que haya «medios transparentes», lo que, a su entender, incluye conocer a sus propietarios y regular la publicidad institucional que reciben. Además, plantea una reformulación del sistema de medición de audiencias para que, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, «no se puedan manipular los datos». De ahí que en la batería de medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros, la mayoría solo vagas ideas, el Gobierno anunció que encargará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que gestione un «registro público» de medios para que «los ciudadanos puedan conocer quién los controlan y de quién reciben financiación institucional», señaló el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.