20250107

El último informe del Observatorio Vasco de la Juventud sobre el mercado laboral revela que uno de cada cuatro asalariados de entre 16 y 29 años que trabajan en el ámbito privado tiene unos ingresos netos inferiores a 1.000 euros. Son cifras referentes al cierre de 2023, pero resultan cuando menos llamativas y más si se comparan con el ámbito público, donde los jóvenes que perciben menos de 1.000 euros se limitan al 11,3%. Volviendo al sector privado, hay otro 29,3% que cobra entre 1.001 euros y 1.500 euros. Sumando ambas franjas supone que más de la mitad (53,5%) no supera esta última cantidad. El porcentaje de los que perciben entre 1.501 euros y los 2.000 se reduce bastante, ya que supone el 16,7% del total, y tan solo el 4% ingresa más de 2.000 euros. Eso sí, hay un 25,9% que no contesta. En el ámbito público los que cobran menos de 1.500 euros suponen el 29,4% del total, otro 19% percibe entre 1.501 y 2.000 euros y el 27,7% supera esa cantidad. Si se tiene en cuenta a todos los asalariados, tanto los del sector privado como los del ámbito público, el 22,5% percibe menos de 1.000 euros, otro 27,6% entre esta cantidad y los 1.500 euros, con lo que la mitad están por debajo de ese listón. Entre 1.501 y 2.000 euros son el 16,9% de los jóvenes, y tan solo el 7% cobra por encima de esa cantidad. Con todo, el informe destaca que la diferencia entre quienes tienen menos de 25 años y quienes están entre los 25 y los 29 años son sustanciales, y es que quienes cobran menos de 1.000 euros pasan de ser el 34,5% al 15,1% y, por el contrario, quienes cobran más de 1.500 euros se incrementan del 11,7% al 31,4%. A medida que sigue aumentando la edad lo hace quienes perciben más de 2.000 euros netos, aunque está lejos de ser mayoritario, ya que tan solo lo cobra el 23,9% de los mayores de 35 años. La diferencia es abismal si se tiene en cuenta el tipo de jornada que se realiza, ya que entre quienes trabajan a tiempo parcial, seis de cada diez cobran menos de 1.000 euros, porcentaje que se reduce al 8,5% entre quienes lo hacen a jornada completa.

El 8,2% de la juventud ocupada está buscando otro empleo, principalmente para mejorar sus condiciones de trabajo respecto a su puesto de trabajo actual o para encontrar uno más acorde a su formación, según revela el informe del Observatorio de la Juventud Vasca. Un porcentaje que no ha variado prácticamente en los últimos años, ya que era del 7,4% en 2021 y del 8,1% de 2019. Eso sí, el porcentaje de mujeres que busca otro empleo es mayor que el de los hombres, con un 10,4% y un 6,5%, respectivamente. Los jóvenes que trabajan en el sector servicios buscan cambiar de empleo en mayor medida que en la industria (9,3% y 4,9%, respectivamente), y los que lo hacen en la alta tecnología bajan al 5,9% en el caso de los hombres y al 8,7% en el de las mujeres. La variable decisiva es el tipo de jornada, ya que entre los que trabajan a tiempo parcial son el 20,9% quienes pretenden cambiar de empleo frente al 3,9% de los que tienen jornada completa. El 6,4% de todos los jóvenes de 16 a 29 años está desempleado. Hay que distinguirlo de la tasa de paro que se calcula sobre la población activa; en este caso es el porcentaje sobre el total de personas de su mismo grupo de edad. Gipuzkoa arroja el porcentaje más bajo, con el 5,3%, frente al 6,7% de Bizkaia y el 7,8% de Araba. Por su parte, el 41,8% está ocupado, cifra similar en nuestro territorio (41,9%). Finalmente, uno de cada tres desempleados (34,9%) menores de 30 años lleva un año o más buscando trabajo.

La reforma de impuestos arranca su tramitación este año en las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Lo hace con un retraso de cinco años por la pandemia y las crisis energética y de precios, pero eso no significa que no se hayan puesto en marcha nuevos tributos. Son figuras impulsadas desde el Gobierno de España en aplicación de directivas europeas y que, tras su traspaso, reportarán a las haciendas vascas más de 160 millones en la liquidación de 2024. En su mayoría son lo que se conoce como impuestos verdes, como el que penaliza la compra de plástico de un solo uso, la gestión de gases fluorados o el arrojo de materiales en vertederos. Su implantación ha coincidido con los tributos que gravan las transferencias financieras o las compras digitales. Esos más de 160 millones de euros recaudados en 2024 suponen 48 más que el ejercicio anterior. Las empresas han criticado esta fiscalidad por encarecer sus procedimientos, pero también por la introducción de una serie de exigencias que han burocratizado aún más su relación con la Administración. Unos requerimientos que, señalan, han limitado su competitividad y han elevado sus precios en un momento, además, en el que el IPC subía con fuerza. La propia patronal vasca, Confebask, señaló sin mucho éxito esta situación en las propuestas que trasladó a las diputaciones para el debate fiscal. El mayor crecimiento en la recaudación hasta octubre del pasado año se concentró en la fiscalidad verde. Los tres nuevos impuestos han crecido un 75% con 35,7 millones. El más importante es el que afecta al pago que toda empresa debe afrontar por dejar residuos en un vertedero. Una figura que impulsó el Gobierno central para terminar con el ‘turismo de la basura’. Un fenómeno por el que las compañías trasladaban sus vertidos a las autonomías en las que era más barato el depósito de los desechos.

Los impuestos indirectos, aquellos que como el IVA o los que afectan al contribuyente independientemente de su renta y que gravan el consumo, cerraron 2024 con la menor cuota sobre la recaudación en lo que llevamos de siglo. Y es que, hasta octubre, solo representaron el 46,7% del total de la recaudación con 7.101 millones. En los últimos años, estos tributos han supuesto algo más de la mitad de los ingresos de las diputaciones. Las subidas de precios experimentadas desde 2022 junto a un aumento del consumo habían elevado esta cuota a niveles récord. Los impuestos indirectos, sin embargo, suponen la figura fiscal menos redistributiva del sistema impositivo ya que afectan por igual a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos. El caso es que en 2024 el buen comportamiento del empleo y la moderación en la subida de los precios reequilibraron la recaudación. Así, los impuestos directos, como el IRPF o Sociedades, se elevaron hasta concentrar el 52,7% del total de la recaudación con 8.012 millones de los 15.207 millones del total ingresado por las diputaciones hasta octubre. La caída de la inflación por la moderación de los precios y un enfriamiento del consumo afectó a la recaudación de este impuesto que, por primera vez desde la pandemia, ha visto frenada su evolución.

Vecinos de Aralar, incluidos concejales, irrumpen en los trabajos necesarios para decidir si la ruta por Gipuzkoa es viable. El boicot a la alta velocidad está retrasando su puesta en funcionamiento entre Euskadi y Navarra. Esta situación, que ya se vivió hace dos décadas cuando ETA y la izquierda abertzale convirtieron las obras del TAV en un objetivo prioritario con funestas consecuencias, se repite en pleno 2025. El acoso es ahora de menor intensidad, pero la situación que se está registrando en la Sierra de Aralar ha hecho saltar ya las primeras alarmas. A los sabotajes que ha sufrido la maquinaria se unen durante las últimas semanas las «visitas» que vecinos y concejales de algunos municipios de la vertiente navarra están realizando a unos trabajadores que ni siquiera están ejecutando el proyecto. Solo llevan a cabo catas geológicas para determinar si es técnicamente viable la conexión entre Pamplona y Euskadi por Gipuzkoa, una de las dos alternativas existentes –la otra es por Vitoria–. Pese a que la fase es así de incipiente, las interferencias empiezan a ser notables. «Hablan con los profesionales, les mueven las estacas con las que se marcan las zonas donde va a analizarse el terreno...», confirman portavoces autorizados del Gobierno central a EL CORREO. «Está habiendo muchas cosas que retrasan las labores», lamentó antes de Navidad el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. El galimatías que rodea al tren de alta velocidad que debe conectar la ‘Y’ vasca con Pamplona –y después con Zaragoza, Barcelona y el Corredor Mediterráneo– empieza a ser ya difícil de seguir. Pasado mañana se cumplen siete años desde que el Gobierno central pusiera sobre la mesa un proyecto en el que planteaba dos opciones, enlazar Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso o por Vitoria. La segunda alternativa es la favorita de los técnicos porque es más simple y costaría cuatro veces menos.

Europa krisi poliedriko baten gatibu da. Lidergo sendorik ez du batasunak eta ultraeskuinak gora egin du nabarmen. Alemania eta Frantziak krisi politikoan murgilduta daude, eta Erresuma Batuak batasuna utzi izanak are eta gehiago ahuldu du bere nazioarteko eragina. Ekonomiak, gainera, ez du esperantzarako tarterik uzten. 2008ko krisian gutxietsitako Portugal, Espainia, Grezia eta Italiako ekonomia periferikoak dira hazkundeari eusten diotenak (Next Generation funtsen eta zerbitzuen bultzadari esker zenbait kasutan) eta litekeena da Alemaniak 2024a atzeraldian murgilduta bukatzea. Gehiago irakurri. 

Información y comunicación así como las actividades profesionales y la construcción son los sectores con más fraude. La Inspección de Trabajo de Euskadi dio un importante salto en su labor con la denominada ‘herramienta de lucha contra el fraude’, un programa desarrollado por el Ministerio de Trabajo que utiliza tecnología ‘big data’ para detectar indicios de irregularidades en la contratación. La comenzó a utilizar en 2018 y su efectividad es tal que en las campañas alcanza un éxito del 37%, es decir, logra que las empresas regularicen más de un tercio de los contratos sobre los que se ha puesto la lupa. Este es al menos el resultado del primer plan de choque realizado en 2024. El informe arroja una radiografía muy completa sobre los sectores y los colectivos donde se concentra el fraude. El programa ponía el foco en dos ámbitos: el abuso en la temporalidad y el mal uso de los contratos fijos discontinuos, una modalidad que salió reforzada en la reforma laboral de 2021. La Inspección de Trabajo de Euskadi envió cartas a 1.843 empresas por indicios de fraude en la situación de 4.145 trabajadores y, ante el aviso, las compañías regularizaron 1.545 contratos, el 37% de los investigados. En cuanto a la distribución geográfica, es llamativo que Gipuzkoa presenta un nivel de fraude mayor, ya que las empresas de ese territorio se vieron obligadas a modificar el 43% de los contratos investigados. En los casos de Álava y Bizkaia los porcentajes son más moderados, del 34% y el 31%, respectivamente.

Artículo de Julen Elgeta, presidente de la red de centros de FP Hetel: "La relación entre las empresas y la Formación Profesional está cambiando, y ahora las compañías empiezan a desempeñar un rol formativo decisivo. Más allá de ofrecer prácticas, comienzan a colaborar activamente en el desarrollo del talento y en asumir un papel central en la evaluación de competencias. Sin embargo, muchas organizaciones aún desconocen los momentos clave para involucrarse en los procesos de la FP, un sistema muy dinámico, lo que puede hacer que pierdan oportunidades estratégicas...Muchas empresas cometen el error de contactar con los centros solo cuando necesitan cubrir vacantes, pero para entonces los estudiantes ya están asignados. Las organizaciones más proactivas empiezan a colaborar desde los primeros cursos, posicionándose como referentes atractivos para los estudiantes y asegurando acceso al talento emergente. Con la reforma de la FP, las empresas tienen una responsabilidad mayor en el proceso formativo. Los resultados de aprendizaje adquiridos durante las prácticas formarán parte de la evaluación de los estudiantes. Esto significa que las empresas deben asumir un compromiso más profundo, no solo como receptoras de talento, sino también como agentes formativos...Las que se limitan a buscar candidatos en momentos de necesidad inmediata suelen encontrarse con menos opciones. Además, este enfoque reactivo dificulta la creación de una relación a largo plazo con los centros y los estudiantes. Otra herramienta valiosa son los recientemente implantados cursos de especialización, que permiten a las empresas acceder a talento formado en áreas específicas como, por ejemplo, ciberseguridad, Inteligencia Artificial o energías renovables. Colaborar en el desarrollo de las prácticas de estos cursos ofrece a las empresas una ventaja competitiva al garantizar que los graduados/as tengan las competencias más demandadas en el sector. El futuro de la FP exige que las empresas sean aliadas estratégicas en la formación de talento..."

El progreso de la inteligencia artificial en numerosos ámbitos de la sociedad es ya imparable. Uno de los estamentos en los que se está adentrando con más fuerza es el de la educación, en el que se busca cómo esta herramienta puede facilitar, en especial, el trabajo de los docentes, que son los principales transmisores del conocimiento en el centro educativo. Con ese fin, un equipo de investigadores de la UPV/EHU liderado por Héctor Galindo-Domínguez, ayudado por personal de la Université de Pau, de Francia, dio vuelo hace un año a un proyecto cuyo objetivo «era el de valorar el impacto de la IA en las evaluaciones educativas de docentes en formación». Para tal propósito, convocaron a 507 estudiantes de Magisterio de la UPV/EHU para que corrigieran una serie de textos. Pero no eran unos textos cualquiera, «si no unos creados por herramientas de inteligencia artificial», apunta Galindo, como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Copilot de Bing. El experimento, «que ha sido la fase inicial de una investigación más potente que vamos a llevar a cabo», se fundamentó en conocer de qué manera el conocimiento y el criterio de los jóvenes profesores vascos está relacionado con la capacidad de la IA para corregir. Observaron que existen inteligencias artificiales que replican con más precisión el comportamiento humano que otras. En el caso concreto de ChatGPT, se descubrió que replicaba el comportamiento de los docentes en formación «con casi un 70% de precisión». Es decir, de cada 10 textos, «7 tenían una puntuación excesivamente similar a la de los profesores en formación».

La acusación de Yolanda Díaz a Carlos Cuerpo subió de nivel y hay quien piensa que traspasó la línea de la corrección política: Díaz acusó a Cuerpo de injerencias en sus competencias. Dijo que “es de mala persona” para referirse a aquellos que rechazan la contracción de media hora de jornada al día, entre los que segundos antes había incluido al responsable de Economía. El Ministerio de Economía no tardó en responder, con un tono menos beligerante y sin alimentar la trifulca. “La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es una prioridad para el ministro Cuerpo”, indicó el gabinete en un comunicado remitido a los medios tras la entrevista de Díaz en Radio Nacional que revolucionó los ánimos entre los socios del Ejecutivo. Es el enésimo capítulo de una espinosa batalla que empezó en cuanto nació la coalición, que ha vivido muchos desencuentros, unos con sordina y otros a bombo y platillo. La tensión, por diferencias ideológicas y protagonismo de las medidas, prosigue nada más empezar 2025. El encontronazo entre ambos miembros del Ejecutivo recuerda las tensas relaciones que mantuvieron durante la pasada legislatura la exvicepresidenta primera, Nadia Calviño, con la líder de Sumar. Durante los primeros cuatro años del Gobierno de coalición se sucedieron las acusaciones mutuas, algunas muy graves, entre ambas dirigentes. Pero en público trataron siempre de no evidenciar la distancia que las separa para no afectar a la coalición. Este último episodio trascendió a la opinión pública pocos días antes de que Trabajo presentara su acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada a 37,5 horas a lo largo de este año, rechazado por la patronal. Fuentes de Sumar llamaron la atención de la intromisión porque varias voces del PSOE aseguraron en público que preferían una aplicación gradual de la reducción de jornada, sin la obligatoriedad de que entre en vigor en 2025 (como plantea el acuerdo de Gobierno). 

La crisis de inflación ha disparado el pluriempleo en España. El encarecimiento de la cesta de la compra y del coste de la vivienda han empujado a miles de personas a ocuparse en más de un puesto de trabajo para apuntalar sus ingresos con varias nóminas y cerca de 900.000 trabajadores se han encontrado en esta situación en los últimos meses. Pero hay un dato incluso más llamativo en las estadísticas de la Seguridad Social que hasta ahora no se había difundido y es que, dentro de ese colectivo, unos 100.000 cotizantes tienen tres o más empleos. Se entiende por pluriempleo la situación del trabajador por cuenta ajena que presta sus servicios profesionales a dos o más empresarios distintos y en actividades que dan lugar a su alta obligatoria en un mismo régimen de la Seguridad Social. Una tendencia al alza que crece en nuestro país muy por encima de los países del entorno europeo y que ha sido objeto de análisis por parte del Banco de España en su estudio sobre la reacción de los hogares al repunte de los precios en las economías del euro. Hasta ahora conocíamos por la Encuesta de Población Activa (EPA) que los ocupados con un empleo secundario alcanzaron un máximo histórico de 600.000 personas en el cuarto trimestre de 2023. Los registros de la Seguridad Social consultados por este medio elevan esa cifra hasta las 870.000 personas y, de acuerdo con los datos analizados por los investigadores de Fedea, entre 2012 y 2022 el pluriempleo en España se ha disparado un 60% y sólo desde 2019 ha crecido más de un 14% impulsado por la ola inflacionista que ha puesto contra las cuerdas el poder adquisitivo de muchas familias.

El ejercicio 2024 ha culminado con una recaudación de impuestos récord en España. Aunque los datos definitivos de cierre de año tardarán casi tres meses en ser publicados, las cifras oficiales anticipan que los ingresos públicos de los once primeros meses del año superaron ya al conjunto de la recaudación de todo el año 2023, al calor del alza fiscal encubierta que se produce por la negativa de Hacienda a actualizar el Impuesto de la Renta con la evolución de precios y salarios. La oposición frontal del Gobierno a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) provoca el fenómeno conocido como progresividad en frío o rémora fiscal, provocando que el contribuyente tribute más pese a perder poder adquisitivo. Es el caso de un trabajador que perciba un incremento salarial suficiente como para saltar de tramo del IRPF, pese a que la subida no le compense si quiera el alza de precios de la cesta de la compra. Aunque los gobiernos centrales de distintos signos llevan lustros sin deflactar el IRPF, el fenómeno ha sido especialmente notable en los últimos años, que han registrado la mayor inflación de las últimas cuatro décadas. Solo en el último año, la no deflactación de la tarifa del IRPF ha permitido incrementar la recaudación del impuesto en 3.400 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La cifra supone el 40% de los 8.500 millones de euros de recaudación extra que el Estado había recaudado con el Impuesto sobre la Renta hasta el mes de noviembre. La relevancia de este motor de recaudación es tal que Hacienda ha convertido la no deflactación del IRPF en una de las principales palancas de saneamiento de las cuentas públicas españolas. 

La directora ejecutiva de ONU Turismo desde hace poco más de un año, Natalia Bayona, se muestra optimista sobre el potencial de crecimiento del sector, aboga por la regulación de los apartamentos turísticos y apuesta por mejorar la formación. Con 27 años, fue la persona más joven en dirigir la oficina de promoción del turismo colombiano en el exterior y ha sido la primera mujer de menos de 40 años en este cargo del organismo de Naciones Unidas para impulsar un turismo responsable, sostenible y accesible, con sede en Madrid. "Que Trump regrese al poder es un ejemplo de que se cree en la democracia. Naciones Unidas ha identificado 60 conflictos internacionales. Trump dijo no ser partidario de nuevas guerras, y sin confianza y seguridad no hay turismo. Si, a través del poder geopolítico de EEUU, la guerra termina o se llega a una mediación en Ucrania-Rusia, en Palestina-Israel y las tensiones en Taiwán-China o en Venezuela, eso va a ayudar al turismo. Y esto está vinculado a la inversión. EEUU es un gran emisor y el tercer receptor; eso no cambiará...El 13% del PIB español depende del turismo. El país se ha consolidado en el mundo gracias a la inversión turística. Las grandes familias han invertido en América: RIU, Iberostar, NH..., por citar algunas. Pero hoy van también hacia Cabo Verde, Tanzania, Marruecos, Albania... Ello posiciona a España como país inversor y destino de turismo...España es sinónimo de seguridad, confianza y hospitalidad. Hizo un buen manejo del Covid: ciudades como Madrid y San Sebastián mantuvieron un buen equilibrio entre la salud y el desarrollo económico. La capacidad está llegando a su límite. En 2024 no habremos alcanzado los 100 millones de visitantes... En gastronomía, ciudades como San Sebastián, Madrid y Barcelona se han fortalecido tanto que compiten contra Francia...– ¿Cuál es el principal reto del turismo?- El primero es la educación. No existe otro sector que emplee a más jóvenes. En Europa, dos tercios de quienes trabajan en el turismo solo tienen educación secundaria. La prioridad es fortalecer la base técnica. Lo que ayudará al turismo a mejorar su condición es la educación, con títulos oficiales y actualizados. Un 80% de los currículos están enfocados solo en hostelería, pero hay que tratar también liderazgo, gestión de crisis, empatía, humanidades..."

Galicia, una de las comunidades con más viento de España, tiene más de 60 grandes proyectos eólicos paralizados por decisiones judiciales polémicas, mientras la Xunta de Galicia acaba de aprobar una normativa que ha soliviantado aún más al sector de esta energía renovable, que alerta de una interrupción casi total de las inversiones. Este freno a la energía limpia se produce en medio de una oposición vecinal y ecologista que protesta con ímpetu ante la instalación de aerogeneradores y denuncia decenas de proyectos, mientras una sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emite sentencias contrarias al criterio del resto de tribunales españoles. “La comunidad gallega es referente a nivel nacional por potencia instalada, pero ahora mismo es un territorio complicado para nuevos proyectos”, resume Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector. “Se han juntado la oposición social de algunas plataformas, que han encontrado resquicios jurídicos para paralizar 2.700 megavatios (MW) en decenas de proyectos —que se podrían haber construido en este año y el que viene— y un cambio de legislación de la Xunta muy cuestionado. Eso hace que el sector se paralice ante la incertidumbre regulatoria”, añade. La primera parte de este puzle es la resistencia vecinal.

El tsunami vivido en los últimos ejercicios en el sector de la distribución, que tras la pandemia registró una crisis inflacionista que ya refleja síntomas de estabilización, ha dejado sobre el papel claros ganadores; al menos, en lo que a cuota de mercado se refiere. Para realizar la comparación entre los gigantes de la distribución, se han comparado los datos de cuota de mercado aportados por Kantar en los primeros días del mes de diciembre de los años 2022, 2023 y 2024. Los primeros datos, relativos a diciembre de 2022, corresponden a un escenario en el que, mientras la tasa del IPC general se situaba en el 5,7%, los precios de la alimentación escalaban hasta el 15,7%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. En diciembre de 2023, por su parte, los precios de los alimentos registraban una tasa del 7,3%; y, a la espera de conocer la tasa de diciembre de 2024, se prevé que siga la estela de los últimos meses, en los que ha estado por debajo del 2%, lo que refleja la estabilización de los mismos. En diciembre de hace dos años, cuando los alimentos registraban una de sus tasas de IPC más altas, Mercadona se anotaba una cuota del 25,4%. Dos años después, la líder del mercado no solo ha logrado retener a los compradores de entonces, sino que en diciembre de 2024 su cuota ha crecido un punto, hasta el 26,4%, 0,2 puntos menos que en diciembre de 2023. El caso de la cadena valenciana, que registra un incremento de cuota si se compara el último mes del año de 2022 con el de 2024, no es generalizado, pero sí que hay competidores que han logrado anotarse también un aumento en este tiempo; el más destacado, Lidl.

La banca afronta una nueva era. Ya no son los largos años de los tipos a cero, pero tampoco de las aceleradas subidas en el coste del interés de los ejercicios recientes. El precio del dinero acumula cuatro rebajas decretadas por el Banco Central Europeo, hasta situarlo en el 3%, lo que supone que los vientos de cola no soplen tan fuertes para la banca. Para mantener sus números al alza, las entidades buscan ahora capear las caídas en los tipos con una mejora de los volúmenes de negocio, más aportaciones de sus filiales internacionales o profundizando en otras áreas, como la venta de seguros. Desde que el BCE acometiese su primera subida en los tipos de interés en el verano de 2022, los principales bancos españoles han visto florecer su rentabilidad y tanto el ROE como el ROTE han escalado varios porcentuales, que ha sido de más de siete en el caso de CaixaBank, de unos cinco para BBVA o de más de siete para Bankinter. Dejaron atrás con estos números la época en la que los tipos cero y la política ultraexpansiva de los bancos centrales complicaban ofrecer unas tasas de rentabilidad que atrajesen a los inversores de Bolsa ante unos requerimientos de capital cada vez mayores. En estos últimos años, las entidades con más exposición al mercado español sumaban más en este indicador, mientras que, en paralelo, algunas apuestas internacionales lastraron el fulgor de los grandes. Algo ha cambiado, no obstante, recientemente. Bankinter ha sido tradicionalmente el banco español más rentable. Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 BBVA le dio el sorpasso. La entidad que preside Carlos Torres es ahora el banco español más rentable.

La desaceleración vivida en el sector europeo de la automoción se ha traducido en un frenazo en seco para las empresas proveedoras de componentes. Durante 2024 los problemas se trasladaron ya al mercado laboral, como demuestran los despidos que se han duplicado en el sector arrastrados por la caída de ventas y un exceso de inventarios entre los fabricantes de vehículos, como pueden atestiguar la francesa Michelin o la alemana Bosch. Y no solo corren peligro los puestos ya existentes. También se paraliza la creación de nuevo empleo. Esta realidad acrecienta las cifras y permite estimar que, desde 2020, la pérdida neta de puestos de trabajo rebasa los 58.000. Únicamente el año pasado el desempleo entre estas compañías aumentó en 30.000 personas, el doble que durante 2023 según recoge el análisis de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa, por sus siglas en inglés). Es una realidad que toma el mapa europeo. Basta con localizar el cierre de plantas de las grandes compañías, con un adelgazamiento de sus plantillas, o directamente la desaparición de las empresas más pequeñas, que se declaran en quiebra o en situación de insolvencia. En el mercado actual, con un viejo continente que ha encadenado la crisis del covid con la invasión de Ucrania a la vez que sufre la feroz competencia china, los proveedores tienen que seguir haciéndole nuevos agujeros a un cinturón ya casi asfixiante, pero del que penden todavía 1,7 millones de trabajadores según Clepa. Y todo eso sin atender a la transición energética, en la que la desaceleración de la automoción eléctrica también arrastra consecuencias. 

El creciente poder de Elon Musk y la previsible enorme influencia en la inminente Administración Trump –el millonario tecnológico ha puesto todos sus recursos y más de 200 millones de dólares a disposición de la candidatura de Donald Trump– han llevado a una parte de la opinión pública a mostrar preocupación por la capacidad de Starlink –la constelación de satélites de comunicaciones de baja órbita que ha creado en los últimos años– para convertirse en una firma global de telecos que amenace el negocio de las operadoras convencionales. Cuando Trump asuma la presidencia, el próximo 20 de enero, el ascendiente de Musk puede permitir que Starlink acceda a planes federales de subsidios para extender su uso en EEUU o a valerse de la enorme capacidad de presión de la Administración estadounidense para mejorar sus posiciones competitivas en muchos mercados internacionales. Pero hay que partir de la base de que la realidad actual de Starlink ya es formidable. Para empezar, se apalanca en la fortaleza de Space X, el negocio de cohetes lanzadores espaciales que acaba de ser valorado en 350.000 millones de dólares. Con su fabricación industrial y cohetes reutilizables, Space X ha revolucionado el sector espacial, recortando en picado el coste de los lanzamientos espaciales y logrando un cuasi monopolio, porque en 2024 ha lanzado el 85% de las cargas orbitales de todo el mundo. Starlink lanzó su primer satélite en 2019, y en septiembre de 2022 ya tenía 3.000 dispositivos en el espacio. Ahora cuenta con 7.000 y lanza a un ritmo de 60 semanales, o sea, más de 3.000 al año gracias al poder de Space X. Y ha pedido permiso para poner en órbita unos 42.000.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han alzado la voz contra Elon Musk por su apoyo a la ultraderecha y sus continuas intromisiones en la política continental. El laborista Starmer respondió a los ataques de Musk por un escándalo de abusos sexuales en el Reino Unido ocurrido hace más de una década, y subrayó que el magnate y el Partido Conservador están amplificando discursos extremistas y desinformación en redes sociales. Aunque evitó un enfrentamiento directo, las alusiones del dirigente laborista a quien está llamado a ocupar un papel destacado en la nueva Administración de Donald Trump fueron evidentes. Asimismo, Macron denunció a Musk por respaldar una “internacional reaccionaria” que amenaza la democracia y por influir en elecciones, como las de Alemania, donde Musk apoya al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). El presidente francés alertó también sobre los grandes conglomerados tecnológicos. Precisamente, la Comisión Europea señaló ayer a Musk y su plataforma X (antigua Twitter) por no cumplir con las normativas de transparencia de la UE, destacando la parcialidad de su algoritmo. En ese sentido, le exigió que su plataforma actúe con neutralidad ante las elecciones alemanas de febrero. Keir Starmer se ha lanzado a una batalla despiadada con la pretensión de no mancharse las manos. El primer ministro británico decidió finalmente responder ayer a los continuos ataques que ha recibido durante los últimos días por parte de Elon Musk por el escándalo de los abusos sexuales a menores en el Reino Unido ocurrido hace más de una década. Starmer evitó acusar directamente al multimillonario, consciente del papel clave que va a desempeñar en la inminente Administración estadounidense de Donald Trump, pero lo colocó, junto al Partido Conservador, entre los que “extienden mentiras y desinformación” en las redes y “amplifican el discurso de la extrema derecha”.

El mercado arranca el año pendiente de la deuda estadounidense. El rendimiento del bono a 30 años se ha disparado al 4,85%, su nivel más alto desde finales de 2023, y cerca del 5% que empieza a preocupar a los expertos. Esta escalada se ha producido justo antes de la subasta de 58.000 millones de bonos a tres años que iba a hacer ayer el Tesoro, y de las adjudicaciones de bonos a 10 años de hoy y a 30 años de mañana, adelantándose un día al calendario habitual, debido al funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, que tendrá lugar el jueves. El aumento de los rendimientos refleja una presión creciente sobre la deuda estadounidense, agravada por la preocupación sobre los efectos que pueden tener las políticas económicas de la próxima Administración de Donald Trump. El mercado está particularmente atento a las señales relacionadas con recortes de impuestos y mayores aranceles comerciales, unas medidas que podrían acelerar la inflación y el déficit público, y que llevarían consigo una pausa o un ritmo más lento en los recortes de tipos de interés por partes de la Reserva Federal (Fed). No obstante, las noticias que llegaban ayer de EE UU apuntaban que los asesores de Trump están estudiando unos aranceles universales para importaciones críticas, lo que supone una medida más laxa de la que se barajaba en un inicio.

"Qué impacto tendrá la próxima administración estadounidense en el crecimiento económico y la inflación? La respuesta aún no está clara, porque si bien algunas de las políticas propuestas por el presidente electo Donald Trump impulsarían el crecimiento y reducirían la inflación con el tiempo, otras tendrán el efecto contrario. En el lado positivo del balance, Trump será en general favorable a las empresas, y este hecho por sí solo podría estimular la actividad económica al desatar los “espíritus animales” que impulsan la inversión empresarial, la innovación y el crecimiento. El crecimiento también debería beneficiarse si él y los republicanos del Congreso consiguen prorrogar de manera permanente los recortes de los impuestos corporativos y sobre la renta de las personas físicas que expirarán en 2025. Del mismo modo, si se mantienen a raya los posibles excesos de su programa desregulador, la reducción de la burocracia podría promover el crecimiento y fomentar la competencia, reduciendo los precios en el más largo plazo. Trump también quiere aumentar la producción de petróleo y gas de Estados Unidos en un equivalente a tres millones de barriles diarios, lo que podría reducir los precios de la energía y lograr que los sectores nacionales que consumen mucha energía sean más competitivos. Pero es de esperar que esto pueda hacerse sin eliminar gradualmente la mayor parte de los subsidios a la energía verde de la administración anterior. El “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, un comité asesor externo dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy (dos importantes donantes de la campaña de Trump), no llegará ni a acercarse a recortar el presupuesto federal en dos billones de dólares, como se prometió en un principio. Pero si el llamado DOGE [por sus siglas en inglés] puede identificar recortes inclusive por 200.000 millones de dólares, podría reducir las ineficiencias del sector público..."

A falta de dos semanas para que vuelva a la Casa Blanca, la sombra de Donald Trump ya planea sobre el mundo. Uno de los políticos a los que más desprecia, Justin Trudeau, anunció ayer que dimitirá en breve como primer ministro de Canadá y que dejará de encabezar el Partido Liberal en cuanto su formación encuentre un sustituto. Su pérdida de popularidad, la falta de apoyos en su propio partido y el alza del coste de la vida han tumbado la imagen de un político de 53 años que buscaba su cuarto mandato tras casi diez años en el poder. A todo eso se ha unido el regreso de Trump, que ya ha anunciado que aplicará fuertes aranceles a los productos del país vecino. El 77% de las exportaciones canadienses tienen como destino EE UU. Y desde el 20 de enero en Washington mandará de nuevo el magnate republicano, que considera a Trudeau un simple «gobernador» de Canadá. «Anoche, durante la cena, les conté a mis hijos la decisión que hoy comparto con ustedes. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que mi formación elija a su próximo representante», declaró Trudeau, que dirige el país desde 2015 y que es hijo de Pierre Elliot Trudeau, antiguo máximo mandatario canadiense . «Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones, y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción», argumentó Trudeau. Los comicios están previstos para octubre de este año, aunque ahora podrían adelantarse. «Es hora de un reinicio. Es hora de que baje la temperatura», agregó el político liberal.

La ultraderecha austríaca avanza de manera firme hacia la jefatura del Gobierno de la república alpina. El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, anunció ayer que ha encargado la formación de un nuevo Ejecutivo federal a Herbert Kickl, líder del xenófobo Partido Liberal Austríaco (FPOE), claro ganador de las elecciones generales celebradas el pasado septiembre en el país centroeuropeo, pero aislado hasta ahora por los restantes partidos. El dirigente ultranacionalista se siente capaz de constituir un gabinete con mayoría parlamentaria, dijo Van der Bellen, quien destacó que «Kickl tiene confianza en encontrar soluciones en el marco de las negociaciones para formar gobierno y quiere esa responsabilidad». El máximo mandatario destacó que le había encargado la tarea de formar un nuevo Ejecutivo con el respaldo del Partido Popular Austríaco (OEVP). El presidente de la república alpina hizo el anuncio visiblemente disgustado. «No me ha sido fácil dar este paso, pero estaré atento para que se respeten correctamente los principios y reglas de la constitución», dijo en una breve alocución Van der Bellen, que mantiene desde hace años una abierta enemistad con Kickl. Éste tampoco oculta su aversión hacia «la momia» del palacio imperial, como ha calificado en alguna ocasión al jefe del Estado. El máximo mandatario austríaco se ha resistido siempre a ceder poder al FPOE, pero ha actuado finalmente forzado por las circunstancias políticas.