20250507

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El mercado laboral vasco volvió a crecer por tercer mes consecutivo y fijó un nuevo techo en abril con 1.024.840 afiliados a la Seguridad Social, un 1,10% más que el año pasado. Aunque supera por poco el anterior récord histórico –suma 330 trabajadores más que al cierre de 2024– y se aprecia una ralentización en la creación de empleo, se ha notado el empujón de la Semana Santa que el año pasado impactó en marzo, y que durante el último mes ha generado un millar de puestos. En todo caso, los datos recogidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reflejan un amplio reparto de los 11.124 empleos creados en el último año. Los sectores que han incorporado más profesionales son las actividades sanitarias y de servicios sociales (que añaden 2.400 asalariados), el área de la educación (que creció en 2.100) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (con 1.900 contratos más). Destaca el crecimiento continuo que las empresas de reparto vienen generando en el ámbito del transporte y el almacenamiento. En el último año han añadido 1.500 trabajadores, pero en el acumulado de los últimos cinco ejercicios esta cifra se eleva ya hasta los 6.000. El gran motor en Euskadi continúa siendo la industria manufacturera, que encabeza la lista con 175.000 asalariados, aunque en comparación con el mismo mes de 2024 las cifras han caído ligeramente y el sector pierde 170 operarios. Abril puso una nueva cota al número de trabajadores y rebajó la cifra de los demandantes de empleo. Por séptimo mes consecutivo cayeron los parados en la comparativa anual. 

La hostelería, con 108.413 puestos de trabajo creados en el cuarto mes del año, es responsable del 49,9% de todo el incremento de afiliación registrado, 230.993 nuevos cotizantes que elevan el total a 21.588.639 afiliados a la Seguridad Social, un nuevo récord de la serie histórica –de hecho, el incremento es el segundo más alto de la serie para un mes de abril solo por detrás del registrado en 2023 (+238.436 cotizantes)–. Del mismo modo, la tendencia ha impregnado un desempeño positivo del paro registrado. Concretamente bajó en 67.420 personas en abril en relación con el mes anterior debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas partes del descenso del desempleo (49.660 desempleados menos). Una caída que sitúa el registro en un total de 2.512.718 parados, la menor cifra en 17 años. Más allá de que las cifras dan cuenta de la resiliencia del mercado laboral a los desajustes macroeconómicos que sacuden la actividad, esta concentración en los servicios y especialmente la hostelería de la generación de empleo también da cuenta de la persistencia del factor estacional. “La afiliación y el desempleo registraron una notable evolución en el mes, impulsados por la Semana Santa y el efecto tractor del sector turístico”, destacan desde la CEOE mientras que Cepyme acoge con cautela los registros de abril al atribuirlos a la “estacionalidad y no a mejoras estructurales en el entorno empresarial”. En este punto, partiendo de la base de que el efecto de la Semana Santa ha brindado unas cifras positivas de empleo en términos agregados, persisten ciertos puntos negros que afloran el impacto de algunos de los elementos que determinan la actividad empresarial, como el incremento de costes asociado a medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional.

Dominion ha comenzado el año con buen pie, elevando sus beneficios netos del primer trimestre hasta los 9,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento sustentado en la reducción de alrededor del 25% del gasto financiero y en las bajadas de tipos acometidas por los bancos centrales. Asimismo, la cifra de negocio de la cotizada vasca decayó un 7% hasta los 264 millones, aunque creció un 7% en términos orgánicos. Esta caída, destacaron desde la compañía en el marco de su junta de accionistas celebrada ayer, está «directamente relacionada con la estrategia de simplificación del grupo y la salida de actividades no estratégicas». Con todo, la rentabilidad sigue creciendo, ya que el ebitda ascendió hasta los 35,9 millones, lo que supone un margen récord del 13,6% sobre las ventas. En paralelo, la empresa dirigida por Mikel Barandiaran sigue avanzando en la simplificación de su negocio para lograr «un mayor enfoque estratégico». Han reorganizado su estructura para centrar su actividad en tres ramas diferentes. En el primer trimestre, los ingresos de Global Dominion Environment (GDE), centrada en actividades de economía circular y descarbonización –área en la que la compañía invertirá próximamente adquiriendo empresas del sector– se elevaron hasta los 113,7 millones de euros, representando así el 43% del negocio. Por otra parte, la facturación de los servicios de Global Dominion Tech-Energy (GDT) creció un 12% hasta los 115,1 millones, y sigue representando la mayor parte de los ingresos. Por el contrario, la línea de los ‘proyectos 360’, basados en el diseño, desarrollo, construcción y posterior mantenimiento de grandes infraestructuras como hospitales o centrales energéticas renovables, sí que registró una ligera caída en ingresos hasta los 35,3 millones. Con todo, conserva márgenes elevados, con un 24,6% sobre ventas.

Una inversión de 37 millones de euros y un fin: convertir a Vitoria en «nodo estratégico» para transportar mercancías hacia Europa. Con ese propósito es con el que Adif trabaja a destajo en Júndiz para terminar la primera fase de las obras de la intermodal. Los trabajos para convertir al polígono industrial en «nodo estratégico» para el tráfico de bienes encaran su fase final después de varios retrasos y según portavoces del administrador ferroviario la previsión es que esta infraestructura se ponga en servicio «en este trimestre». Es decir, que si nada se tuerce, la infraestructura de Júndiz llegará antes del verano. ¿Qué va a suponer esto para el polígono industrial? Fundamentalmente, tener la 'llave' para conectar el eje Atlántico europeo que saque a miles de camiones de las carreteras mediante una suerte de autopista ferroviaria entre España y el resto de Europa. El objetivo que se ha ido fijando en los últimos años es que el tráfico de mercancías sobre raíles pase del 5 al 10% antes de 2030. La clave de esta infraestructura es que permitirá trabajar con trenes tanto de ancho ibérico como de ancho estándar. Es decir, que los convoyes que circulen por Vitoria no tendrán que pasar por el trámite de tener que parar en Hendaya o en Irún para adaptarse al ancho de las vías españolas o del resto del continente. Para eso se habilita lo que en el argot ferroviario se conoce como el 'ancho mixto', capaz de trabajar con los dos tipos de raíles. A partir de verano, por tanto, Júndiz podrá recepcionar enormes convoyes de hasta 740 metros de longitud -aunque las vías de carga y descarga más grandes sólo tendrán una extensión de 600 metros- y estará preparada para operar cuatro trenes al día y 50.000 contenedores al año.

A día de hoy las mejores oportunidades laborales se encuentran en la sanidad y las ingenierías. Estos campos copan las diez carreras con mayor inserción laboral, pero también son las que ofrecen mejores sueldos, tal y como figura en el U-Ranking publicado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Este trabajo ha analizado 108 carreras en base a criterios como la tasa media de afiliación a la Seguridad Social, la base media de cotización o la inserción laboral de aquellos jóvenes que finalizaron su formación universitaria en 2019 para conocer en qué situación se encuentran unos años después. Y los resultados no dejan lugar a la duda. De esos más de cien grados, el de Medicina es el que encabeza todas las estadísticas, seguido de Enfermería y Odontología. En los tres casos se da una situación de pleno empleo, lo que demuestra la altísima demanda que hay de unos profesionales escasos. Más del 97% de los jóvenes que finalizaron sus estudios en alguna de estas tres ramas sanitarias trabaja en el campo para el que se formó. En el caso de Medicina esta tasa es del 99,8%. A nivel global el U-Ranking cifra en un 77,6% el porcentaje de graduados universitarios que logra empleos acordes a su cualificación académica cuatro años después de haber finalizado sus estudios superiores, aunque advierte que hay grandes diferencias entre ramas académicas. Poco, por no decir nada, tiene que ver la situación de los que se formaron en alguna de las principales ciencias sanitarias a la de quienes lo hicieron en áreas sociales, jurídicas, artes o de humanidades. Mientras las primeras, junto con las ingenierías, además de una mayor inserción laboral gozan, en general, de trabajos de calidad, en las segundas «el porcentaje de titulados que consigue un contrato acorde a su nivel de estudios no supera el 50% y, en algunos casos más extremos, está por debajo del 20%», tal y como recoge el estudio. Dicho de otra manera, más de la mitad de las personas que finalizan una carrera del campo social, jurídico o de las artes trabaja cuatro años después en algo diferente de lo que estudió. Pero es que, además, algunos de estos grados son muy populares entre quienes inician sus estudios universitarios. Los autores del análisis subrayan que «un dato que añade gravedad al problema es que entre las 10 titulaciones con peores resultados (de inserción laboral y calidad del empleo) están algunas con un elevado volumen de egresados, como Publicidad y Relaciones Públicas, Turismo, Criminología y Bellas Artes».

Los sueldos que ofrece Euskadi a los médicos, en plena pugna por atraer profesionales, rebasan por poco los de Madrid pero son superados por Cantabria. Guerra abierta entre las comunidades autónomas por la falta de médicos. El déficit de profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, ha desatado una auténtica competición entre los diferentes territorios con el objetivo de atraer talento y convencer a los jóvenes MIR que finalizan su formación de que sus hospitales y ambulatorios son el mejor lugar para desarrollar su profesión. Y una de las bazas con la que ‘juegan’ los distintos gobiernos autonómicos es el sueldo a ofertar como aliciente para fichar a nuevos galenos. Porque no, no se cobra lo mismo en todos los lugares. Y eso ha provocado un cruce de reproches entre los diferentes consejeros responsables del área de Salud. En términos salariales, Cantabria es hoy la comunidad limítrofe más competitiva. Entre sus nuevas condiciones, el territorio vecino ofrece a los jóvenes facultativos que terminan su residencia este verano hasta 61.000 euros anuales en Atención Primaria. Una cifra a la que habría que añadir, por ejemplo, las horas extra: solo por trabajar una tarde a la semana, habría que sumar a ese salario base otros 720 euros en la nómina. ¿Y Euskadi? La oferta en el País Vasco es algo menor; exactamente, 5.000 euros anuales menos. Y aunque a los 56.000 euros de sueldo base –con un contrato laboral de tres años– habría que añadir antigüedad, complementos de hospitalización y autoconcertación o condiciones laborales diseñadas para facilitar la conciliación, la objetiva diferencia entre ambas comunidades llevó al consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, a tildar de «OPA hostil» la oferta para captar médicos de familia que lanzó Cantabria tras el anuncio del Gobierno Vasco.

Desde hace más de un año la patronal ha exigido al Ministerio de Trabajo que capitanea la vicepresidenta Yolanda Díaz la necesidad de llevar a cabo un estudio riguroso de las consecuencias que tendrá el recorte a 37,5 horas para el tejido productivo. No solo por el sensible incremento de los costes laborales que supone la reducción de la jornada sin un ajuste proporcional en los salarios sino por las consecuencias colaterales que ello implica en términos de pérdida de competitividad, de productividad, y por ende, su efecto nocivo sobre la creación de empleo. Además, el rechazo se completa bajo la estimación de que quienes sufrirán los efectos más severos, aquellos empresarios con menor margen de absorción y adaptación a la regulación, las pequeñas y medianas compañías y los autónomos que tienen empleados a su cargo. Así, lo exponen más de una decena de organizaciones empresariales consultadas por los efectos de la medida aprobada por el Gobierno mostrando un rechazo frontal y un enfado notable por otro de los factores que devienen de la medida: la injerencia en los procesos de negociación colectiva que ven intervenidos con esta medida al quedar determinado uno de los elementos centrales de las negociaciones en las más de 4.000 mesas abiertas entre empresas y sindicatos, la fijación y distribución de la jornada laboral. Pero con todo, el punto de partida de la oposición está en que la medida imprimirá un acelerón de los costes laborales, como señala el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que cifra el coste para el tejido productivo en 23.000 millones de euros. A partir de aquí, teniendo en cuenta que las grandes empresas ya cuentan en muchos casos con convenios por debajo de las 40 horas semanales, el presidente del Cepyme, Gerardo Cuerva, advierte de que será “devastador para la pyme”, especialmente para las del sector de comercio, la hostelería y la agricultura. Mientras que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, alerta de que la implantación supondrá una puntilla y forzará la destrucción de “pequeñas empresas y de autónomos con empleados a cargo”.

La medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enfrenta un trámite con final incierto y, de hecho, por el momento no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación. El Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de ley de la jornada de 37,5 horas pese al reciente órdago de Junts que ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad para tumbar la medida antes de que pueda ser negociada con los grupos políticos. Y consciente de que esta vía puede suponer una tortura para el Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo ya anticipan que eliminan cualquier línea roja si supera este primer obstáculo para intentar sumar los votos necesarios que validen la reducción de la jornada laboral, y mira hacia los 137 diputados del PP reclamando su apoyo. Pese a que Díaz se esforzó ayer en aminorar la envergadura del pulso planteado por la formación que dirige Carles Puigdemont tildando la amenaza de “herramienta de negociación” inició la campaña para responsabilizar al PP de la suerte que pueda correr la reducción de jornada. “¿Va a hacer el señor Feijóo lo mismo que hizo con la reforma laboral?”, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros asegurando que la eventual negativa del Congreso supondría torcer la voluntad popular de una medida que “está ganada en la calle”. “El PP tiene que decidir si tumbar la reducción de la jornada laboral. ¿Va a maniobrar Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral?”, señalaba Díaz. Por otro lado, pese a la insistencia de Junts de que no apoyará la medida, reiterado por la portavoz de la formación Miriam Nogueras asegurando que la iniciativa “dificulta trabajar” e impone una “fiscalización inaceptable” a las empresas, desde el Ministerio de Trabajo siguen pensando que existe margen para negociar. 

Las principales asociaciones empresariales y una parte de los académicos en la materia, están ejerciendo una resistencia numantina, que ahora pretenden trasladar al Parlamento, donde tiene que aprobarse una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para hacer efectivo este recorte de jornada. Sus argumentos para que la medida no salga adelante son fundamentalmente económicos. Distintos estudios cifran el incremento de los costes laborales para las empresas en torno a los 24.000 millones, a lo que otros suman un impacto en forma de menor crecimiento del PIB y del empleo. Uno de los primeros cálculos que se realizaron fue el hecho por distintos investigadores para BBVA Research, entre ellos por su director de análisis económico, Rafael Doménech, e indica que con el recorte legal que el Gobierno está intentando aprobar, los costes laborales que soportan las empresas experimentarán un incremento equivalente al 1,5% del PIB (cerca de 24.000 millones de euros). Esto supondrá, según estos economistas, que “sin medidas compensatorias” que contrarresten este aumento de costes la reducción de la jornada restará en torno a seis o siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los dos primeros años de su aplicación. Y, además, en este periodo también se recortaría en ocho décimas anuales la creación prevista de empleo. Si bien este cálculo se hizo para 2024 y 2025, los años en los que el Gobierno pretendía que ya estuviera en vigor el recorte progresivo del tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas semanales en cómputo anual. Todas estas cuestiones juntas elevarían la factura de lo que podría costar esta medida a la economía española al entorno de los 48.000 millones, según la última actualización hecha en abril pasado del estudio sobre el impacto del recorte de jornada elaborado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, que forma parte de CEOE. Esta asociación asegura hacer una “estimación conservadora” del impacto de esta medida, que se desglosa de la siguiente forma: en primer lugar, tendría un efecto directo de unos 13.900 millones por las horas de trabajo que se dejarían de hacer, pero que se continuarían remunerando –el Gobierno ha estimado que el recorte afectaría a unos 12,5 millones de asalariados–. Y a esta cantidad habría que sumar un segundo impacto de unos 33.800 millones, que es el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo, según las estimaciones de los economistas de Cepyme.

La consulta pública, el procedimiento inédito al que el Gobierno ha decidido recurrir para decidir si permite o frena la opa hostil de BBVA a Banco Sabadell, ha venido para quedarse. Así lo dijo ayer desde Barcelona el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que cree necesario realizar una “valoración completa” del impacto que tendría la operación, basado en el “interés general”. Lo dijo en la reunión anual del Círculo de Economía, foro de opinión que aglutina a empresarios, directivos y académicos de la comunidad catalana. El año anterior, la convocatoria tuvo lugar poco después de que BBVA anunciase la opa, y sirvió para que el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, recibiera el apoyo del empresariado catalán, tal como reflejó el mar de aplausos que recibió. Anteayer, doce meses después, en este mismo foro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se convoca una consulta pública, que arrancó ayer. Cuerpo se mostró muy prudente y en ningún momento dejó entrever cuál será la postura definitiva del Gobierno. Sí que dijo, al igual que Sánchez, que la consulta pública es un mecanismo previsto en la ley y citó explícitamente la normativa que regula la defensa de la competencia.

La beligerancia de toda Cataluña –partidos, instituciones, empresarios y sindicatos– contra la opa de BBVA sobre el Sabadell contrasta con el silencio que impera en Euskadi, sede del banco vasco. La diferencia es todavía mayor ahora, cuando la operación ha pasado a un plano más político, al quedar en manos del Gobierno central tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado una inédita «consulta pública» antes de tomar una decisión y sobre ello fue cuestionado ayer el Gobierno vasco. La respuesta de la portavoz y consejera Maria Ubarretxena fue todo menos clara. No solo eludió fijar su posición sobre la opa sino que volvió a exigir a la entidad presidida por Carlos Torres que refuerce su presencia en el País Vasco. «Euskadi quiere y necesita que BBVA aumente su impacto en la economía vasca», dijo al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La respuesta es muy similar a la que dio el lehendakari, Imanol Pradales, en una reciente entrevista en uno de sus pocos pronunciamientos sobre el tema. «Haya o no opa, lo que me preocupa es que el banco tenga una mayor presencia en Euskadi en muchos niveles». En relación a la consulta pública planteada por Sánchez para recabar la opinión de ciudadanos, asociaciones y organizaciones, Ubarretxena señaló que «no es un procedimiento habitual», aunque no llegó a criticarlo. Lo que sí dijo es que todo el proceso de autorización de la opa «pone de manifiesto la falta de desarrollo en competencias que el Estatuto de Gernika prevé en materia de banca, seguros y crédito».

Jaume Guardiola (Barcelona, 68 años) apura sus últimos días como presidente del Cercle d’Economia. "La propuesta de Pedro Sánchez de hacer una consulta pública fue una sorpresa. Ahora tenemos que ver exactamente en qué consiste. Personalmente, me he manifestado muchas veces en contra de la opa, porque creo que hay un problema de competencia real. La CNMC ha hecho un análisis muy de banca minorista, basado en el que se utilizó para la fusión de CaixaBank y Bankia. Pero este caso es muy diferente, porque el Banco Sabadell es un jugador importante en la empresa...No soy el único que conoce este mercado, pero sé cómo funciona el departamento de riesgo de un banco, y sé que a la banca le cuesta asumir cuotas de riesgo para determinado tamaño de empresas. Por lo tanto, que haya solo tres jugadores puede llevar a un potencial estreñimiento de acceso al crédito...Las empresas grandes no tienen problema, porque se financian por otras vías. El problema está para el grueso de las empresas, las pymes, y cuando hablas directamente con ellas todas te dicen que están preocupadas..."

Red Eléctrica registró en su propio diario de incidencias signos de alerta del sistema en la semana previa al apagón. Así lo reflejan documentos con el sello del grupo que preside Beatriz Corredor. El martes 22 de abril, la compañía reconoció en su boletín diario casi una veintena de desconexiones en cascada de líneas y plantas fotovoltaicas en un minuto, entre las 19.01 y las 19:02. La foto es semejante a lo que sucedió seis días después en el gran apagón. Así quedó recogido en el reporte que la empresa controlada por el Estado envía a un centenar de agentes del sistema al final de cada jornada. No era la primera vez que ocurría este año y que Red Eléctrica lo constataba en su Informe Diario de Incidencias de Operación. En días puntuales de enero y marzo de 2025, el operador también habría registrado perturbaciones «nada habituales». Red Eléctrica y Moncloa insisten en que el sistema operaba de forma estable hasta el incidente. Telemetrías de las empresas del sector, a las que también tiene acceso el operador, evidencian que no, que ya en las horas previas al blackout hubo desviaciones «muy fuertes» de los valores normales, como adelantó este diario. Ahora, el informe de anomalías del grupo que capitanea Corredor refleja que el sistema eléctrico sufrió caídas sucesivas días antes del colapso, y que en Red Eléctrica lo sabían. Aquel martes no hubo un apagón general, pero sí secuelas visibles. Problemas en la infraestructura de Adif provocaron retrasos en los trenes, y la refinería de Cartagena se desconectó del sistema eléctrico al detectar anomalías en la red.

El Gobierno quiere impulsar la construcción de vivienda industrializada como vía para incrementar la oferta y el parque público disponible en España y ha decidido incorporar esta forma de producción como uno de los criterios que la empresa pública de vivienda tendrá en cuenta a la hora de valorar los concurrentes a los proyectos de licitación que lance a futuro. Así lo anunció ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministro, en el que el Ejecutivo dio luz verde al Perte de vivienda industrializado anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero dentro de su último paquete de 12 medidas para abordar la actual crisis de habitabilidad. La valoración de las empresas que se presenten a los proyectos podría alcanzar hasta un 10%, según explicó Rodríguez, y la medida entrará en vigor en cuestión de semanas, cuando la empresa pública de vivienda tiene previsto lanzar una licitación para construir 1.600 viviendas públicas en todo el país. «Este será el modelo: incorporar, valorar la industrialización en las licitaciones públicas para acompañar al sector y garantizarles la demanda de este tipo de industria», indicó Rodríguez. La construcción de vivienda de forma industrializada consiste en construir una casa principalmente en una fábrica o nave industrial, utilizando procesos estandarizados y piezas prefabricadas, para luego ser ensamblada en el terreno. Esta forma de edificar está más avanzada en países del norte de Europa, sin embargo, en España apenas representa el 5% del total de la vivienda producida cada año, unas 5.000 en volumen. Entre sus ventajas, esta modalidad permite reducir los tiempos de producción y abaratar los costes una vez que se alcanza cierto nivel productivo. La intención del Ejecutivo es elevar la proporción actual y alcanzar una media de 15.000 viviendas anuales creadas por este sistema.

Los concesionarios españoles de automóviles han decidido dar un paso al frente para captar nuevas oportunidades de negocio vinculadas con el desembarco en España de nuevas marcas chinas de coches. Tras una primera gran oleada en la que han llegado al mercado español grandes firmas del gigante asiático como BYD, Omoda, Jaecoo o MG, entre otras, ahora llega una segunda avalancha con nuevas enseñas asiáticas que darán un nuevo impulso a las ventas en un momento complicado para el sector automovilístico, a causa de la incertidumbre económica y de la transformación a la movilidad eléctrica. Las matriculaciones de coches, todavía por debajo de los niveles de 2019, el retorno a la batalla del descuento y la histórica competencia en el mercado español, en el que ninguna marca tiene una penetración de más del 10%, han llevado al límite a las redes de concesionarios, que cerraron el año pasado con una rentabilidad sobre facturación del 0,9%, casi la mitad del 1,58% contabilizado en 2023, según datos de Snap-on Business Solutions, que recogen que un tercio de los puntos de venta estaba en pérdidas. En este entorno, las redes de distribución de vehículos en España están buscando fórmulas para maximizar su negocio, ya sea reduciendo costes, apostando por la posventa y también buscando nuevas marcas con las que colaborar que les aporten volumen adicional en un entorno de mercado deprimido.

Indra quiere pasar de ser una compañía de ingeniería a una empresa productiva. Es la línea a seguir en los próximos años en su afán de ser el campeón español del sector de la Defensa y para aprovechar la ola de los nuevos programas que se van a lanzar en Europa en los próximos años. La empresa está llamada a ser el tractor nacional del ecosistema de Defensa, para lo que está intentando ganar tamaño para poder competir con los gigantes europeos del sector como Leonardo, BAE Systems, Thales, Airbus o Dassault, entre otras. En Indra consideran que ganar tamaño y capacidad de producción serán dos puntos clave para ser un actor relevante en la nueva oleada de programas de Defensa que se van a desplegar en Europa con motivo de la nueva tensión geopolítica internacional. Así lo defendió ayer el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados financieros trimestrales, en la que dijo que Indra tiene en cartera varias operaciones de M&A, entre las que se encuentra la integración de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering). El directivo confirmó que Indra está analizando la posible fusión Indra-Escribano, aunque aseguró que esta operación se encuentra todavía en una fase “muy preliminar”, en el marco de la estrategia de Indra de buscar empresas que puedan ayudar a complementar tecnologías o a integrarse más a la cadena de valor, no solo en el ámbito de Defensa, aunque es en el que hay más margen para crecer.

La inestabilidad geopolítica creciente ha hecho que la Comisión Europea quiera corregir las vulnerabilidades de la UE y, una de ellas, pasa por su dependencia del gas ruso. A pesar de que las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Moscú se han reducido drásticamente desde el inicio de la guerra en Ucrania –en febrero de 2022– el Ejecutivo comunitario planea vetar por completo las importaciones de gas ruso a finales de 2027 y acabar con el 13% de gas que la Unión Europea aún compra a Moscú. «La guerra en Ucrania ha expuesto los riesgos de chantajes, coerción y shocks económicos (...). Es momento de que Europa complete su desconexión de la energía que lo ata a un suministrador no fiable», apuntó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y es que las cifras hablan por sí solas: tal y como explica el comisario de Energía, Dan Jorgensen, «desde 2022 la factura europea de gas ruso ha superado con creces toda la ayuda militar que el bloque ha enviado a Ucrania». De este modo, Bruselas anunció que fijará 2027 como fecha para poner fin a las importaciones de gas, petróleo y energía nuclear desde Rusia, en una propuesta que se espera que presente el mes que viene. Esta decisión llega en un momento crucial, en el que el bloque trata de evitar una guerra comercial total con la Casa Blanca, que demanda que la UE compre más GNL estadounidense.

La pausa de noventa días anunciada por Donald Trump para imponer los «aranceles recíprocos» a la Unión Europea fue vista en Bruselas como una señal de esperanza en las negociaciones con Washington. Con todo, EEUU sigue aplicando «tarifas injustificadas» al bloque que afectan ya al 70% de sus exportaciones al otro lado del Atlántico por valor de 380.000 millones de euros. Así lo aseguró ayer el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde defendió que Bruselas no se mantendrá «con el piloto automático» en esta guerra comercial y que responderá con las medidas que crea necesarias para asegurar un equilibrio en las relaciones comerciales con EE UU. Sefcovic se mantiene en contacto «constante» con la Administración Trump y, a pesar de que ha habido avances en las negociaciones, las propuestas de Bruselas no parecen haber convencido de momento a la Casa Blanca. El Ejecutivo comunitario ofreció en febrero a EE UU aranceles de «cero por cero» en bienes industriales de sectores estratégicos como los coches y sus componentes. La UE también se mostró dispuesta a enfrentar los desafíos que supone la sobrecapacidad en sectores como el acero y el aluminio; e incluso se mostró dispuesta a cerrar un acuerdo para elevar sus compras de gas natural licuado y productos agrícolas en 50.000 millones de euros para equilibrar la balanza comercial. «Necesitamos que EE UU progrese hacia una solución justa y equilibrada», afirmó.

Desconfianza en la Unión Europea. Bruselas negocia con Estados Unidos en plena tregua arancelaria, pero teme una nueva ola de gravámenes comerciales sobre las exportaciones comunitarias. Así lo señaló ayer Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, en su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en la que aseguró que “podrían estar en camino más aranceles que afecten a otros 170.000 millones de euros en productos europeos vendidos en EEUU”. Sefcovic se refiere a las seis investigaciones que Trump ha lanzado sobre diferentes sectores de la actividad económica aludiendo a “causas de seguridad nacional”. Estos segmentos corresponden a la madera para construcción, los productos farmacéuticos, los semiconductores, los minerales críticos y los camiones. “Si todas estas investigaciones dan lugar a aranceles injustificados y perjudiciales, un 97% de todas las exportaciones de la UE a EEUU estarían sujetas a gravámenes comerciales”, expresó el comisario. Esta cifra suma la potencial nueva ola de aranceles a los 380.000 millones de euros en productos que ahora mismo siguen afectados por las tasas comerciales estadounidenses. Porque la tregua decretada por Trump supuso una pausa en la escalada de tensión con una rebaja del 20% al 10% en los aranceles generalizados impuestos el 2 de abril. Sin embargo, las tasas comerciales a los automóviles y al acero y al aluminio, del 25%, siguen plenamente vigentes. “Hemos mostrado una buena voluntad significativa pausando nuestras medidas de respuesta a los aranceles al aluminio y el acero por 90 días para dar margen a las negociaciones”, aseguró Sefcovic.

No hubo broncas en público ni insultos. Al contrario, la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se desarrolló con un refinamiento exquisito. Pero los desacuerdos entre ambos sobre aranceles, la relación comercial y el interés del republicano por anexionar el país vecino quedaron expuestos de modo casi más descarnado que si la hubieran emprendido a gritos. Suave, pero tajantemente, el antiguo gobernador de los bancos centrales de Canadá e Inglaterra zanjó la cuestión de la soberanía canadiense: “Hay sitios que simplemente no están en venta... [Canadá] no está en venta, y no lo va a estar jamás”. Trump le respondió irónico: “Nunca digas nunca”. Ni EE UU ni Canadá tenían grandes expectativas de la reunión entre sus líderes ayer en el Despacho Oval. “No esperen fumata blanca”, advirtió Carney antes de la cita. El primer encuentro entre ambos debía servir para tomarse la medida, cuando las relaciones entre los dos vecinos, socios y otrora excelentes aliados, se encuentran en su peor momento en la historia reciente. El republicano reclama que el país de al lado se convierta en un Estado más de EE UU, y quiere machacarlo a aranceles; el Partido Liberal de Carney logró triunfar en las elecciones de hace una semana en Canadá gracias al brusco giro anti-Trump de un electorado que apenas un puñado de meses atrás apoyaba decisivamente a los conservadores. Canadá es —o era, hasta el regreso de Trump al poder— el segundo socio comercial de EE UU y su aliado más estrecho en toda una gama de áreas, desde la economía al intercambio de datos de inteligencia, pasando por la colaboración universitaria o la seguridad nacional. Pero la imposición de aranceles y las declaraciones del republicano han dinamitado esa relación idílica.

«Habemus canciller». Esta ha sido la expresión utilizada por analistas políticos tras la elección ayer del conservador Friedrich Merz como décimo canciller de Alemania, en segunda votación y con todos los elementos de un thriller. Contra todo pronóstico y por primera vez en la historia de la República Federal, Merz no superó la elección en primera vuelta pese a contar la gran coalición con la mayoría absoluta requerida. La perplejidad se instaló en el pleno y en la tribuna de invitados donde numerosas personalidades, entre ellas la ex canciller Angela Merkel, asistían a la sesión. Merz obtuvo en primera votación 310 votos a favor, seis menos de los necesarios y 18 menos de los que suman la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz, la bávara Unión Socialcristiana (CSU), de Markus Söder, y el Partido Socialdemócrata (SPD), de Lars Klingbeil. Fue mucho más que una derrota sin precedentes. Los líderes de la CDU/CSU y el SPD celebraron recientemente su unidad de forma contundente, Merz anunció que gobernaría de forma «enérgica» y que haría avanzar de nuevo al país. Ayer, sin embargo, salió a la luz que los dirigentes no tienen bajo control a sus grupos parlamentarios cuando se trata de decisiones clave, y que no han sabido reconocer lo grande que puede ser el resentimiento silencioso. Obviamente, los responsables ni siquiera se habían preparado para la posibilidad de que Merz fracasara en el primer intento. Con todas las alarmas desatadas y a la caza improbable de los 18 diputados que, bajo el anonimato, cambiaron el sentido de sus votos, la cuestión para los líderes de los grupos parlamentarios implicados fue cómo minimizar los daños para el canciller y para el futuro Gobierno. El acuerdo fue acortar los plazos para una segunda votación, que también debía superar el candidato por mayoría absoluta, de 316 diputados. La ley daba de plazo hasta el viernes. A la segunda votación, lo consiguió.