20240209

El sector de máquina-herramienta cerró el pasado año con un nuevo récord histórico de facturación tras rebasar los 2.000 millones de euros en un ejercicio que, «aunque empezó titubeante, ha mostrado un gran dinamismo creciendo un 17,1% sobre la cifra de 2022», según señaló ayer AFM Clúster, que prevé un 2024 de menos a más pero con un crecimiento de pedidos algo inferior. Las ventas y la exportación fueron muy bien, con mercados como Estados Unidos o México ganando mucho protagonismo. Por subsectores, las máquinas crecieron el año pasado un 21,5%, con la deformación presentando un magnífico comportamiento (un 37,6% más) y llegando a los 447 millones de euros. El arranque también creció (15%), y alcanzó 929 millones. «Las importantes inversiones del sector de automoción han sido la principal clave del buen rendimiento de la deformación», apuntó la organización presidida por José Pérez Berdud. «Para el arranque, sectores como la energía o la aeronáutica han contribuido al crecimiento», añadió. En lo que respecta al resto de subsectores, los componentes y las herramientas de corte se mantuvieron en cifras similares a las de 2022, mientras que otras máquinas y servicios, crecieron notablemente; un 27% y un 18%, respectivamente. Las exportaciones trajeron enormes alegrías, con un repunte superior al 20% y 1.552 millones de euros, en un año en que uno de los principales mercados, Alemania, atravesó dificultades. Pese a ello, destacó AFM, el fortísimo tirón de EEUU y México y la materialización de los pedidos captados en 2022 en Italia, junto con China y Francia, impulsaron las ventas en el exterior. Es especialmente notable la cifra alcanzada en Estados Unidos que, por primera vez en años, se situó como primer destino de nuestras exportaciones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se vio obligada ayer a suspender la cotización de Talgo. La inminente comunicación de la OPA del grupo húngaro DJJ con una oferta de 617 millones por el fabricante de trenes desató rumores e informaciones que forzaron la decisión del supervisor. Talgo ya había reconocido en noviembre contactos con el inversor húngaro Andras Tombor, interesado en ofrecer con su corporación industrial 5 euros por acción, alcanzado esos 617 millones por la compañía que tiene una planta y 700 trabajadores en Euskadi. Y es que el momento es idóneo porque confluyen la necesidad de recoger beneficios del principal accionista de Talgo, el fondo británico Trilantic, y una cartera de pedidos que está a rebosar hasta el punto de generar problemas a la capacidad y ritmo de fabricación de Talgo. Fuentes conocedoras del proceso confirmaron ayer que es cuestión de horas o días que la operación se comunique oficialmente a la CNMV registrando el aviso formal de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA). La oferta gusta al núcleo fuerte de los propietarios de Talgo. Este está conformado por el fondo Trilantic, por el presidente de la compañía, Carlos de Palacio, y por Juan Abelló. Los tres comparten una sociedad domiciliada en Luxemburgo, Pegaso Transportation International, que tiene el 40% de la compañía. Trilantic ha aplazado ya tres veces su salida de la empresa en la que expiró su ciclo de inversión. De momento, lo único que ha trascendido es que, en las explicaciones a los trabajadores, la dirección ha defendido la operación por el fortalecimiento industrial que reportaría a Talgo. Además, se aseguran el mantenimiento de las plantas y del empleo. El 60% restante de los accionistas de Talgo que tendrán que tomar una decisión son la compañía de seguros Santa Lucía, con el 4,91% de las acciones, y la familia Torrente Blasco, con el 5,04%. El resto de los títulos, un 51%, están cotizando libremente en el mercado bursátil.

Muy buenas noticias para el tejido empresarial de Araba. Una de sus joyas, el parque empresarial Arasur ha logrado vender una de sus piezas icónicas: la parcela más grande habilitada para usos económicos en el norte del Estado. Pese a que existe un contrato de confidencialidad entre Arasur y el comprador del terreno, una parcela de 27 hectáreas, el equivalente a 250 campos de fútbol, este diario ha podido conocer que se trata de un fondo de inversión que entre sus activos incluye ahora una pieza única para la atracción de grandes inversiones. A la zona, de 270.000 metros cuadrados, podrán llegar desde centro logísticos globales para dar salida a sus productos en el Norte del Estado, hasta recintos de grandes superficies o inversiones industriales. "Aquello que les sea rentable", matiza Peio Ruiz, director logístico de Araba Logística, responsable de Arasur. Con esta nueva venta, el terreno que queda en Arasur es prácticamente anecdótico. Son tres parcelas las que aún no tienen uso, con lo que la ocupación roza el 100%. Apenas quedan tres parcelas libres, de las que una está comprometida. En total, apenas quedan libres 40.000 metros cuadrados en dos piezas junto a los terrenos del Puerto de Bilbao.

El termómetro de la economía vasca mejoró ligeramente su resultado en el mes de enero, hasta situarse en 83,6 sobre 150, cinco décimas por encima del dato anterior, un resultado que hace pensar que en el inicio de 2024 la economía vasca mantendrá la estabilidad de los últimos trimestres. Estos datos se recogen en el "Termómetro Económico" bimensual que publica el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco correspondiente a enero y que analiza un centenar de indicadores. En marzo pasado, hace casi un año, Euskadi entró en la zona de crecimiento suave (por debajo de 100 puntos) por primera vez desde el mismo mes de 2021. Ahí, por debajo de los cien puntos, sigue desde entonces. Ver termómetro Gobierno Vasco. 

La vicelehendakari y consejera de Trabajo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, cargó ayer con dureza contra la patronal vizcaína Cebek porque, en su opinión, «deslegitima la actividad política de los Gobiernos». Mendia realizó estas manifestaciones en Bilbao, después de mantener un encuentro con la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y también a través de un mensaje que colgó en las redes sociales. La vicelehendakari salía así al paso en torno a las valoraciones realizadas por la patronal vizcaína sobre su propuesta de explorar la jornada semanal de cuatro días, así como sobre la iniciativa de la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, para rebajar ya la jornada semanal a 38,5 horas semanales. La presidenta de la organización empresarial vizcaína, Carolina Pérez Toledo, no dudó en calificar como «un disparate» estas propuestas, aseguró que «no es un tema que se pueda calificar de urgente». Cebek también puso de manifiesto el resultado de un sondeo realizado entre las empresas, que sitúa «el clima político en España» como una de sus principales preocupaciones. El distanciamiento entre los empresarios vascos y la vicelehendakari ha ido en aumento a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar recientemente un punto máximo de tensión. La decisión de Mendia de conceder una subvención de 6,5 millones de euros a Fabrika –una fundación dependiente de la patronal guipuzcoana Adegi–, para estudiar precisamente la reducción de la jornada laboral, intensificó esta fractura. Entre los empresarios vizcaínos y alaveses ese movimiento de implicar a la patronal guipuzcoana se consideró como un intento de abrir una brecha en las organizaciones empresariales vascas. La vicelehendakari defendió ayer la alianza con la fundación de la patronal guipuzcoana. «Yo creo que fomentando y colaborando con la fundación Fabrika vamos a conseguir impulsar una nueva cultura empresarial que, entre otros ingredientes, tendrá la reducción de la jornada laboral junto a otras muchas cuestiones que son muy importantes para el día a día de las empresas», dijo.

La Diputación de Bizkaia ha puesto en marcha los programas de ayudas destinados a favorecer el nacimiento de nuevos proyectos empresariales y también iniciativas de autónomos, que estarán dotados con un total de 28,5 millones en subvenciones. Esta cifra supone un aumento anual del 5,5%, según destacó ayer en su presentación la diputada de Promoción Económica en la institución foral, Ainara Basurko. Las ayudas tienen cuatro ejes de actuación. El más importante, al que se han destinado 21,5 millones de euros, está dirigido a incentivar planes de innovación. El objetivo es apoyar dicha innovación en «productos, procesos, gestión o servicios, digitalización, transporte por carretera y también descarbonización». Esta última vertiente es una novedad en los programas de la Diputación vizcaína, que está ligada a las nuevas tendencias en las inversiones del sector empresarial. Los otros tres ejes de actuación se orientan a promover el nacimiento de nuevas empresas y también proyectos liderados por trabajadores autónomos, al tiempo que 2,2 millones se destinarán a procesos de internacionalización de medianas y pequeñas empresas. Por último, habrá 400.000 euros para atraer talento.

El acuerdo político transversal es la principal aportación de la Ley de Cambio Climático aprobada ayer en la Cámara vasca. Así lo señaló la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, al destacar el respaldo de más del 80% de los diputados a una norma que adelanta el objetivo de la descarbonización total de la economía vasca a 2045, cinco años antes de lo marcado por la Unión Europea. Para ello despliega un nuevo calendario de metas. El primer hito será en 2030, cuando se espera reducir las emisiones de CO2 en un 45% respecto a 2002. Para lograrlo se establecen dos recetas: la implantación de renovables y el avance en la eficiencia energética. La ley contó con el respaldo de los dos partidos que sustentan el Gobierno (PNV y PSE) y de Bildu. La necesidad de desarrollar las energías renovables es una de las claves, ya que actualmente la generación eléctrica verde apenas supera el 10% de toda la que tiene lugar en el País Vasco. El objetivo para 2030 es elevarla al 30%. Todo un desafío. Para allanar ese camino y vencer la oposición social a esas instalaciones la norma ofrece dos vías. Una es la de conceder más participación a los municipios que las acojan y la creación de un impuesto que las energéticas deberán pagar al Gobierno vasco. Toda instalación renovable de más de 5 MW deberá dar entrada en la sociedad de explotación al municipio en el que esté ubicada, una participación que ascenderá al 20%. La otra fórmula es la creación de un impuesto que deberán pagar los titulares de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en Euskadi. Con esa recaudación, el Gobierno vasco se compromete a desarrollar políticas sostenibles. Las compañías abonarán entre 2.600 y 4.200 euros por aerogenerador en función de su potencia y número. En el caso de una instalación de 40 MW, como son la mayoría de las planteadas en Euskadi, quedará en un pago de cerca de 40.000 euros anuales. En el caso de las fotovoltaicas, los propietarios abonarán 700 por hectárea ocupada cada año.

Pese a que la transición energética requiere que ciudadanos, empresas e instituciones públicas rememos en la misma dirección, varias comunidades autónomas ya han aplicado y otras se plantean aplicar impuestos adicionales a las instalaciones de energías renovables, y ello a la vez que prometen desarrollar nuevos mecanismos propios para luchar contra el cambio climático y la dependencia energética...Los Gobiernos autonómicos del País Vasco y Aragón también han aprobado recientemente sendos proyectos de ley que gravan las instalaciones eólicas y fotovoltaicas. En algunos casos –como los del País Vasco y Aragón– las tasas propuestas tienen efectos retroactivos sobre los miles de millones de euros que han sido invertidos tras recibir todas las bendiciones institucionales y revitalizar economías locales deprimidas. Además, el que suelan exceptuarse a los parques con menos generadores pone en duda que estos tributos persigan una finalidad medioambiental y no meramente recaudatoria. Estos gravámenes, que no entienden de ideologías, pues han sido aprobados por Gobiernos de diverso signo político, no sólo cambian las reglas del juego, a mitad del partido y una vez que muchas plantas han sido transferidas por quienes en su día obtuvieron las licencias, sino que incrementan de forma significativa los costes de los parques eólicos y solares de los que depende el que logremos alcanzar los objetivos de descarbonización...Esta tensión impositiva es particularmente preocupante para enfrentar uno de los principales retos de la transición energética: la electrificación de sectores clave y la universalización del uso de unas tecnologías que no solo reduzcan la dependencia energética y eviten la contaminación, sino que permitan lograr ahorros sustanciales en las facturas de los usuarios...

La plataforma ciudadana Meaka-Irimo de Antzuola ha logrado un importante respaldo al reunir más de 3.000 firmas en apoyo a las alegaciones populares presentadas el pasado martes ante la Delegación Territorial de Administración Industrial de Gipuzkoa contra el parque eólico de Trekutz. El proyecto, contemplado entre Meaka e Irimo y que tiene impacto en terrenos tanto de Antzuola como de Urretxu, tendrá, de salir adelante, dos molinos equipados con generadores de 200 metros desde la base a la punta de pala vertical que ofrecen cada uno 5 MW. El proyecto, propuesto por la empresa Cilda Energy, fue anunciado en el Boletín Oficial del País Vasco el 15 de diciembre. Desde entonces, la plataforma ha estado activamente involucrada en la preparación de sus alegaciones, colaborando estrechamente con el Ayuntamiento local. Este esfuerzo conjunto ha culminado en la recopilación de 3.022 firmas en contra del proyecto eólico previsto en el monte Irimo. Desde la plataforma expresaron en el momento de la entrega de firmas a través de un comunicado que «tenemos claro que las energías renovables son necesarias, pero no se pueden imponer de forma desordenada y en beneficio de las multinacionales y según sus deseos». Ya el Ayuntamiento de Urretxu había enviado el pasado 30 de enero sus alegaciones al proyecto del parque eólico de Trekutz. A tenor del análisis realizado en este proceso, el consistorio urretxuarra, dirigido por el PNV, solicitaba también la paralización de la tramitación del citado parque eólico.

Los puertos españoles siguen siendo una de las principales vías de entrada del gas natural licuado (GNL, el que viaja por barco). Las importaciones de este combustible alcanzaron el año pasado los 72.790 gigavatios hora (GWh), un 29,8% más que en 2022 y encadenan ya dos ejercicios seguidos al alza: en 2022, cuando empezó la guerra, el crecimiento fue de casi el 55%. A diferencia del petróleo y sus derivados, el gas no es objeto de sanciones por parte de la Unión Europea. Rusia es ya el segundo máximo suministrador español de GNL, con el 18% del total. Rebasa, así a Nigeria, y queda únicamente por detrás de Estados Unidos, que en 2023 también fue –por primera vez– el mayor proveedor de crudo de la cuarta economía del euro, según las cifras publicadas este jueves por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Argelia sigue siendo el indiscutible primer origen del gas que llega a España, pero en su caso la mayor parte de las ventas (el 80%) viajan por tubo y no por barco.

El sector del automóvil no contempla un escenario en el que desaparezcan los incentivos a la compra de coches eléctricos una vez termine el actual plan Moves III (finaliza el 31 de julio). Así lo transmitió ayer el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, en un encuentro con periodistas, en el que ha recalcado la necesidad de un cambio fiscal en el motor que favorezca la compra de eléctricos. “Si no hay incentivos, nos puede pasar lo mismo que a Alemania”, avisó el directivo, en alusión a la caída en picado de las ventas de este tipo de coches el pasado diciembre, cuando las matriculaciones se desplomaron un 48% por la retirada de las ayudas por parte del Ejecutivo de Olaf Scholz. Botello resaltó que Anfac, la patronal de automovilísticas en España, está en conversaciones con el Ejecutivo para “tener un plan fiscal para el automóvil” que favorezca la compra de coches eléctricos y que “la interlocución es muy buena”. Cabe recordar que el coche electrificado (incluyendo eléctricos e híbridos enchufables) no ha empezado el año de la mejor forma, con una cuota de mercado en enero del 11,6%, por debajo de la media del 12% de 2023 y del 15% que se alcanzó en diciembre. El sector, en general, asume una ralentización del crecimiento de las entregas de automóviles eléctricos en todo el mundo. El ejecutivo de Volkswagen detalló cuáles son las tres grandes reclamaciones del sector al Gobierno. Por un lado, pide crear una base de datos sobre toda la red de infraestructura de carga. En la actualidad cada operador tiene sus cargadores eléctricos, pero no hay un registro centralizado. Además, propone la interoperabilidad de los puntos de carga públicos para que los usuarios puedan pagar con tarjeta sin necesidad de registro. Y, por último, Botello planteó una deducción del IVA para los coches eléctricos.

El gigante danés AP Moller-Maersk, el segundo grupo mundial del transporte marítimo de mercancías, desplomó el beneficio en 2023, tras las ganancias récord en los dos años anteriores, debido al descenso de los fletes y la normalización del negocio, que en los años de la pandemia vivió un aumento de precios sin precedentes por la falta de contenedores y los problemas logísticos generados por el Covid. Pese a la vuelta en 2023 a unos registros más en consonancia con lo habitual en el sector, Maersk volvió a advertir ayer de los riesgos y la incertidumbre que conlleva la crisis en el mar Rojo, desatada tras el comienzo de la guerra de Israel y Hamás, porque los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, amenazan el paso de los buques por la vía que une Asia con Europa a través del Canal de Suez. El conflicto ha obligado a las navieras a desviar los barcos por otra ruta que bordea África por la costa sudafricana, alargando el trayecto y encareciendo los fletes, lo que supone un riesgo para sus clientes y para la inflación. Pero más que la crisis del mar Rojo, que según el CEO de Maersk, Vincent Clerc, aún “no ha tocado techo”, lo que preocupa al directivo es el exceso de capacidad debido a la gran cantidad de buques nuevos que entrarán en circulación este año y el próximo en un momento en el que la demanda languidece. “Esta sobrecapacidad pondrá las ganancias bajo presión y podría generar un difícil escenario para los próximos años. Estamos frente a una situación que requiere de mucha prudencia”, declaró Clerc.

ArcelorMittal redujo un 90% el año pasado su beneficio neto, hasta 919 millones de dólares (853 millones de euros), acusando el impacto de 3.800 millones de dólares procedentes de partidas no recurrentes. El grupo siderúrgico registró 1.400 millones de dólares por la pérdida del valor de su inversión en la acería italiana Acciaierie d’Italia (la antigua Ilva), a los que se suma otros 2.400 millones por la venta de sus activos en Kazajistán, tras el accidente de la mina de Kostenko, ocurrido en octubre, que llevó al Gobierno local a suspender la cooperación con la filial ArcelorMittal Tamirtau. Sólo en el cuarto trimestre, el grupo ArcelorMittal perdió 2.966 millones de dólares, frente al beneficio neto de 261 millones de último cuarto de 2022.

Los agricultores españoles protestan estos días por varios motivos: se quejan de “excesiva burocracia”, de lo “rígidas” que son las normas fitosanitarias en Europa, de las barreras comerciales, de que las ayudas no sean mayores, del aumento de los costes de producción... Otro elemento clave para entender los problemas del campo y que, sin embargo, no protagoniza tantas pancartas como los anteriores es la precariedad de los trabajadores. “Los que se están manifestando no son los trabajadores, son los grandes y los pequeños propietarios. No se está hablando de los problemas que tienen los empleados por cuenta ajena. Me llama la atención”, opina el responsable del sector agrario en CC OO, Vicente Jiménez. La realidad laboral del campo es que los salarios están entre los más bajos de la economía española, la temporalidad se mantiene en registros altísimos, está entre los sectores que más recurre a las empresas de trabajo temporal (ETT), las jornadas están entre las más largas y notifica el peor dato de siniestralidad. El sueldo medio bruto mensual en el sector agrario (engloba agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) de 1.477 euros brutos mensuales en 2022 (últimos datos disponibles), según las cifras de la encuesta de población activa. Es el tercer peor registro en la clasificación por ramas por actividad, solo por encima de hostelería (1.390) y empleo doméstico (981). La nómina de los trabajadores del campo está lejísimos de la media (2.128). 

La tercera jornada de protestas de los agricultores y ganaderos movilizados a través de las redes sociales puso ayer sobre la mesa una tensión que empieza a ir más allá del bloqueo de algunas carreteras nacionales. Los incidentes violentos fueron muy aislados, pero el sentimiento de hartazgo empieza a calar ante la falta de contundencia del Gobierno que, de momento, solo se ha reunido con las tres asociaciones mayoritarias –COAG, Asaja y UPA– que iniciaron ayer su propio calendario de movilizaciones. Es cierto que el Ejecutivo ha transmitido su «compromiso y apoyo» con todo el sector primario estos días. Y reconoce que muchas de las reivindicaciones son justas. Pero en la práctica no han anunciado ninguna medida concreta, más allá de que reforzará la ley de cadena alimentaria, con la que se busca evitar que el agricultor siga vendiendo a pérdidas. El primer movimiento del Ejecutivo, de hecho, se producirá el próximo 13 de febrero, cuando la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha convocado al sector para abordar «el problema de la mano de obra». Y es que el campo ha perdido más de 100.000 empleos en los últimos diez años, por no hablar del grave problema del relevo generacional, con una media de edad actual de 61 años en el sector.

El agro vasco denuncia la llegada de verduras y carne de terceros países de fuera de la UE con menos controles. Cada vez es más habitual en nuestros supermercados encontrar naranjas de Sudáfrica en vez de Valencia, plátanos de Costa Rica en vez de Canarias, espárragos de Perú o China en vez de Navarra o ternera de Argentina en vez de Euskadi. Aunque nada comparable al cordero de Nueva Zelanda en vez de Burgos, un fenómeno que también comienza, según los ganaderos, a producirse. Esta proliferación de productos procedentes de terceros países fuera de la UE es una de las principales razones que ha sublevado a los agricultores vascos y de todo el Estado. Todos ellos claman a coro contra lo que consideran «competencia desleal» de productos importados desde Sudamérica, África, Asia y hasta Oceanía, con una exigencias medioambientales de trazabilidad menores que las europeas y que les permiten vender más barato que el producto local, presionando además a la baja su precio. El fenómeno de los llamados ‘alimentos kilométricos’ ha sido abordado en distintas ocasiones por el Ministerio de Transición Ecológica que en su día, haciéndose eco de un informe de la organización Amigos de la Tierra, llegó a cifrar en 25,4 millones de toneladas los productos importados de terceros países. Unas mercancías que recorrieron de media 3.827 kilómetros, con una huella de CO2 de 4,2 millones de toneladas. Recogía casos sangrantes como el de los garbanzos, cuya distancia media entre el agricultor que los produjo y el consumidor que los compró era de 7.500 km. Un trayecto transoceánico para un producto que lleva siglos cultivándose de manera local. Las asociaciones agroganaderas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba coinciden en denunciar que a las carnes, frutas u hortalizas que llegan de fuera de la Unión Europea no se les aplican unos aranceles suficientes, o en su defecto controles más rigurosos, para compensar lo que consideran menores exigencias medioambientales o de gestión del ganado en esos países. Unas medidas que en la Unión Europea y España son cada vez más estrictas y encarecen el coste de producción sin que luego en el lineal del supermercado se repercutan al cliente esos gastos, con lo que el margen de los agricultores sigue estrechándose y ahogando, señalan, su rentabilidad.

Entre el tercer trimestre de 2022 y el tercero de 2023, último periodo del que hay datos de Eurostat, la ocupación ha aumentado en unos dos millones en el conjunto de la zona euro. De ellos, unos 700.000 pertenecen a España. A pesar de suponer un 10% de la economía del euro, España crea un 33% de los puestos de trabajo. Estas cifras certifican el robusto crecimiento de la actividad en España al tiempo que la producción en Europa languidece en medio de la escalada de tipos y las repercusiones de la crisis energética. Sobre todo sufre Alemania, cuyo modelo productivo acusa la pérdida del gas barato de Rusia, la desaceleración de China, la transición al vehículo eléctrico, la falta de inversión y el retraso en la digitalización. A pesar de esta ralentización y aunque con menos horas trabajadas, el mercado laboral está exhibiendo una gran resistencia en Europa. Las vacantes no cubiertas han tocado incluso cifras récord en todos los países. Y en este contexto España es el que está arrojando los mejores números de creación de empleo. Influye algo la intensa recuperación del turismo tras el Covid. De hecho, está en términos reales un 17% por encima de los niveles previos a la pandemia, gracias a que está siendo capaz de fijar precios más altos.

La ola de despidos sigue sacudiendo con fuerza la industria tecnológica en 2024. Desde el arranque del año se han anunciado ya recortes que afectan a 33.874 trabajadores, según Layoffs.fyi, una empresa que ha estado siguiendo los despidos en el sector desde la pandemia. La abultada cifra está provocando una inquietante sensación de déjà vu, pues en 2023 los gigantes tecnológicos ya recortaron 262.735 puestos de trabajo, y 165.269 en 2022, con el objetivo de adaptarse a la nueva situación pos-Covid y a las incertidumbres macroeconómicas provocadas por la guerra de Ucrania. Dos de las últimas empresas en anunciar ajustes han sido la red social Snap, que el pasado lunes comunicó que reducía en un 10% su fuerza laboral, lo que afecta a unos 540 empleados, y DocuSign, que ha reducido su plantilla en un 6% (a finales de 2023 tenía 7.336 empleados). Pero la lista de compañías que están aplicando ajustes es muy larga: 135 en total, según la misma fuente. Entre ellas están gigantes como Google, Microsoft, Amazon, Zoom, Meta, Uber, Just Eat, eBay, SAP, Citrix, PayPal, iRobot y Salesforce. “Las empresas tecnológicas todavía están tratando de corregir su sobrecontratación durante la pandemia, dado que el entorno de altos tipos de interés y la desaceleración tecnológica [tras la pandemia] han durado más de lo esperado inicialmente”, ha asegurado a Bloomberg el fundador de Layoffs.fyi, Roger Lee.

Telefónica cerró en la noche de ayer el plazo de adscripción para su expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres grandes filiales españolas, incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV), para un total de 3.421 personas, cerca del 20% de la plantilla de estas divisiones. Fuentes del sector estimaron que la compañía alcanzará la cifra acordada con los sindicatos, con una adscripción cercana al 100%, puesto que, en estos procesos, durante los últimos días, es habitual que los trabajadores con opciones de entrar en el plan presenten su solicitud. En su última actualización, realizada el pasado martes, la compañía comunicó a los sindicatos que las adscripciones superaban las 2.800, en torno al 82% del total planteado. Otras fuentes del sector señalan que la compañía podría no alcanzar exactamente el 100% pactado a través de bajas voluntarias, si bien superará la media de los planes de bajas de los últimos años. En este escenario, Telefónica tiene la opción de llevar a cabo despidos forzosos en las áreas denominadas excedentarias por edad. Entre los afectados figurarían empleados que han cumplido o están cerca de los 65 años, que no se han marchado en anteriores planes de bajas voluntarias, y que están en instalaciones en provincias en las que no hay apenas trabajo, por la derivación de tareas a las subcontratas, y que la empresa quiere cerrar. 

Los precios al consumo en China cayeron en enero al ritmo anual más rápido de los últimos 15 años. En este sentido, las previsiones de los analistas no se cumplieron. Ahora, las autoridades de la segunda mayor economía del mundo se enfrentan al desafío de intentar recuperar la confianza de los inversores. El índice de precios al consumo del país cayó un 0,8% interanual en enero, según las estadísticas oficiales publicadas ayer. Esto supone el cuarto mes consecutivo de descensos y la mayor contracción desde 2009. La caída, más pronunciada que la del 0,5% contemplada en un sondeo de Reuters entre analistas y el descenso del 0,3% registrado en diciembre, llega en un momento en que la economía china se enfrenta a una prolongada crisis del sector inmobiliario, a un desplome del mercado bursátil y a una pérdida de los ingresos por exportaciones. En opinión de Eswar Prasad, catedrático de Economía de la Universidad de Cornell y ex responsable de la división china del FMI, “ahora mismo hay multitud de indicadores en rojo; es un periodo peligroso para la economía y los mercados financieros chinos”.