20240512

Los expertos consideran que se trata de un caso muy excepcional que justifica una compensación extra, pero advierten de que no debería generalizarse. La sentencia ha provocado un gran revuelo en el mundo laboral. ¿Supone que a partir de ahora se va a generalizar la exigencia de compensaciones por encima de las marcadas en la ley? Los expertos consultados consideran que se trata de un caso excepcional en el que la indemnización era muy pequeña para compensar el grave perjuicio sufrido por el hombre. «Pero existe el temor a que se abra esta vía para un caso muy particular y luego se convierta en norma», apunta Ricardo Mínguez, consejero del Área Laboral de Cuatrecasas. De materializarse este riesgo, se crearía una gran inseguridad jurídica porque las empresas no sabrían a qué atenerse. Hasta esta sentencia el criterio del TSJPV era ceñirse a los topes máximos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, según reconocen los propios jueces –Garbiñe Biurrun, Fernando Breñosa y José Félix Lajo– en el fallo. Pero se han apoyado en este caso para dar un giro y abrir la posibilidad de compensar el despido improcedente por encima de lo que marca la ley. El cambio ha sido debatido en la Sala de lo Social, integrada por nueve magistrados. «Es una decisión mayoritaria y, por tanto, es de suponer que tendrá continuidad en otras sentencias, siempre que se acrediten daños y perjuicios no compensados por la indemnización legalmente prevista», explicó  Garbiñe Biurrun, que pertenece a la sección que dictó el fallo y es presidenta de la Sala de lo Social. El Ayuntamiento de Oñati, que todavía no ha decidido si recurrirá al Tribunal Supremo, no lo ve así y considera que el cambio de criterio no está justificado y va en contra de la mayoría de sus homólogas en España. «Nos preguntamos dónde queda el principio de seguridad jurídica cuando lo ‘influyente’ en la decisión ha recaído en una resolución que aún no ha sido publicada», denuncia.

 Los procesos de baja laboral por contingencias comunes  iniciados en 2023 en Euskadi crecieron un 6,4% con respecto a 2023, hasta los 266.588, lo que supone una incidencia media mensual de 31,9 por cada mil trabajadores. Suponen un coste de 502 millones de euros en prestaciones y de 404 millones de manera directa para la empresa. Estos datos se desprenden del informe sobre absentismo laboral que la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT) ha publicado, y del que se desprende que Euskadi es la quinta comunidad en tasa de incidencia media mensual por detrás de Nafarroa (42,9), Catalunya (42,6), Melilla (33,7) y La Rioja (32,9). Los procesos iniciados crecieron un 6,4% con respecto al año anterior, pero también lo hizo y en mayor medida la población protegida, al pasar de 634.243 personas a 695.462, con un incremento del 9%. La duración de las bajas laborales en Euskadi fue en 2023 de 43,19 días de media, un 6,7% por encima del periodo medio registrado en el año precedente. En cuanto a los costes en Euskadi, 502 millones en prestaciones y 404 millones directos para las empresas, también se incrementaron en 2023, un 128,1 y un 155,5%, respectivamente.  

"Llama la atención que, de manera periódica, desde el entorno empresarial se ponga el absentismo laboral, al igual que la ausencia de perfiles profesionales cualificados para poder contratar e incorporar a sus plantillas, como uno de los problemas que más están afectando al desarrollo en el día a día de nuestras compañías, sin que nadie sea capaz de plantear alguna medida conducente a su resolución. Da la impresión de que el absentismo laboral va a ser un problema que se va a enquistar porque nadie quiere meter mano a un asunto en el que parece que la inacción por parte de todos los agentes concernidos en este asunto forma parte de lo políticamente correcto. Sorprende que en un asunto de esta naturaleza que afecta a la competitividad de nuestras empresas no se tenga ya un diagnóstico de situación, con el fin de poner en marcha medidas que corrijan de alguna manera sus consecuencias, teniendo en cuenta que hace dos años se puso en marcha, dentro de la Mesa de Diálogo Social, un foro de reflexión en el que participan la patronal, los sindicatos CCOO y UGT, diferentes departamentos del Gobierno Vasco, INSS, Osalan y las mutuas. La persistencia del absentismo laboral, junto con otros aspectos negativos que se configuran en el escenario socioeconómico vasco, pueden ser determinante a la hora de situar a Euskadi fuera del foco de la inversión, en favor de otras zonas, teniendo en cuenta que los inversores son globales y actúan desde esos parámetros. Lo que está claro es que es un factor que puede suponer un lastre para el crecimiento económico y, por ende, en la creación de empleo. Lo que está claro es que, según el registro de la Seguridad Social y con datos recogidos por la patronal vizcaína Cebek, los vascos faltan una media de 22 días al año por una baja laboral motivada por una Incapacidad Temporal (IT), tanto por contingencia común, como profesional, el doble que hace una década. Este dato hace que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) sea la segunda de todo el Estado con más ausencias por enfermedad, por detrás de Galicia y por encima de la media estatal, que se sitúa en los 16,8 días..."

Txema Elvira (Moreda de Álava, 1976) es desde octubre el presidente de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa. De momento esa es la denominación oficial, pero su presidente no rehúye la polémica abierta en las últimas semanas. Si de él depende, adelante con el cambio de nombre. «No es un clamor popular, pero creo que el 80% de la gente apuesta por el cambio», afirma. Sobre los retos de la comarca, advierte de que «cada vez hay menos agua» y cree que el sector vinícola, en plena crisis de sobreproducción, debe redoblar su apuesta por el enoturismo. "Son tiempos difíciles. La verdad es que no veo el futuro muy halagüeño, porque es que no se vende vino. El tema es que no se vende vino, en general. Tenemos que fomentar, más si cabe, el enoturismo, donde somos un referente. Creo que nos toca girar hacia ese modelo de negocio. Mientras, se está fomentando la vendimia en verde; las bodegas así lo están demandando: ahí están las ayudas. Son las propias bodegas las que están diciendo a los agricultores que no les van a recoger la uva y que hagan toda la vendimia en verde que se pueda...Creo que necesitamos diferenciación. Nosotros apostamos por una denominación de origen propia, pero dentro del paraguas de de Rioja. O sea, un modelo Burdeos. Y apostar por la calidad frente a lo que se ha hecho en los últimos años: de cantidad, con mucha producción y precios bajos. Hemos ido un poco hacia el modelo de La Mancha frente al de Borgoña y Burdeos. Una de nominación de origen propia dentro del paraguas de Rioja ayudaría a la diferenciación...No me gusta llamarlo subdenominación porque parece que estás por debajo. Pero sí: sin desmarcarte y sin salirte de la denominación Rioja. Un modelo Burdeos, donde tienes ese paraguas con nombre, historia y conocido, pero tienes una denominación de Viñedos de Álava dentro de Rioja Alavesa, con marca propia de calidad. No veo una ruptura drástica. Para empezar, porque creo que es imposible desde muchos puntos de vista: político, económico y social. La gente te dice que tenemos que diferenciarnos. Pero luego, a la hora de tomar decisiones y de salirse, pues eso te lo dicen en el bar. Después les entra el vértigo..."

Nuestro territorio cerró el mes de abril con 65.467 cotizantes autónomos , tras ganar en los últimos tres meses 367 afiliados tras el desplome de enero, que suele ser habitual, tal y como ocurre con el régimen general. Con todo, se trata de una lenta recuperación, ya que apenas suma 197 respecto al mismo mes del año pasado. Y en cualquier caso, se queda lejos de los máximos históricos, ya que si nos retrotraemos a enero de 2009 –año hasta el que ofrece datos detallados la Seguridad Social–, entonces la cifra de cotizantes llegaba a los 73.859; es decir, que todavía restarían 8.392 afiliados para llegar a esos registros históricos. La fotografía es muy similar en el País Vasco, ya que había en abril 166.958 afiliados en el régimen especial de los autónomos (RETA), lo que supone una ligera mejoría respecto al mes anterior (109 más), pero supone una caída de 2.088 en relación al mismo mes del año anterior. Al igual que en nuestro territorio, en enero se produjo una gran caída, que luego se ha ido recuperando, con un marzo que ha sido el mejor desde 2014, como destacaba Confebask, en su informe sobre la evolución del tejido empresarial vasco. Con todo, estas cifras distan también mucho de los máximos históricos, ya que en enero de 2008 había 189.796 autónomos, es decir, 23.000 más que en la actualidad. La caída más acentuada se produjo durante la crisis financiera (2008-2013) y aunque a partir de ahí comenzó una recuperación, con altibajos, como puede verse en el gráfico adjunto, sin llegar a las cotas previas, la pandemia supuso otro rejonazo para las actividades por cuenta propia, sin que desde entonces se haya podido volver a la casilla previa. De hecho, en abril había todavía 3.000 autónomos menos que antes del covid. Silvia Martínez, secretaria general de UPTA Euskadi, es escéptica pese a este repunte. 

El empleo público ha alcanzado un récord en Euskadi al sumar 159.256 trabajadores. En cinco años ha crecido un 15,2%, frente al 3,6% del sector privado. Las administraciones concentran la mitad de los puestos de trabajo creados en nuestra comunidad desde la pandemia. Los datos no dejan lugar a dudas sobre su creciente peso en el mercado laboral vasco, en el que han ganado atractivo al ofrecer, aparte de estabilidad, unas condiciones salariales, de jornada y conciliación muy superiores a las que brindan las empresas a las nuevas generaciones. La masiva participación en las últimas OPE prueba ese gancho...Lo llamativo no es tanto que las administraciones, a las que es exigible un uso racional de los recursos a su disposición, hayan engrosado sus plantillas como la brecha entre ese ascenso y el muy modesto experimentado por las empresas con el mercado laboral de Euskadi en máximos –más de millón de cotizantes– gracias a la resistencia de su economía en una coyuntura complicada. Con unas ventajosas condiciones de trabajo, mejoradas sustancialmente en la última década en comparación con las de las compañías, y una avalancha de oposiciones para afrontar el relevo generacional, ser funcionario se ha convertido en una alternativa seductora para amplias capas de la población. El sector público ha entrado así de lleno a competir en la captación de talento en un contexto de precariedad para los recién graduados que dificulta su emancipación y de cambios sociales, incluidos el afán por la seguridad y la caída de las vocaciones emprendedoras. Una realidad que las empresas no se pueden limitar a lamentar. Aunque se rigen por una lógica económica, muy distinta a la de las administraciones, en la que prima la rentabilidad, habrán de dar un paso al frente para atraer con ofertas laborales de mayor calidad a los profesionales brillantes que necesitan"

Al consejero de empresa familiar Manuel Pavón le ha tocado asesorar a muchas ‘dinastías’ para mantener su armonía y evitar que problemas ordinarios como las rivalidades o los celos se trasladen a la compañía. Recientemente el experto ofreció una charla para la cátedra de Empresa Familiar que organiza la UPV, bajo el título de ‘Guerrero a Sabio’, centrada en el difícil momento de la sucesión. "El CEO se hace y se hace con su formación, sus creencias, sus valores… Las familias tienen que ponerse a entrenar a los hijos desde pequeños y de manera constante para que sepan qué es lo que tienen entre manos y cómo llevarlo. Incluso podríamos diferenciar tres tipos: las familias empresariales que siempre están pensando en cómo hacer negocios; las propietarias que tienen algo y lo cuidan mucho pero no crece; y las ‘jamoneras’, que van cortando trozos hasta que un día se dan cuenta de que ya no hay jamón que cortar. Las familias empresarias son las que entrenan muy bien a sus hijos desde jóvenes...Una empresa puede ser muy grande y pesar mucho económicamente, pero los problemas familiares son los mismos. Las grandes empresas pueden contar con recursos que no tienen las pequeñas, como montar una fundación que dirigen los hijos y con intereses fiscales mientras un director de fuera se encarga de la empresa. Eso en un restaurante de la esquina no se puede hacer, pero también hay una familia detrás, un capital invertido y un negocio en marcha. La complejidad será distinta, pero seguro que tienen muchas connotaciones de igualdad en sus conflictos o rivalidades...Una empresa familiar tiene que estar gestionada o gobernada por algún miembro de la familia, debe tener más del 50% del derecho de voto y además la familia debe tener vocación de continuidad. Ese espíritu que se da aquí responde al modelo de familia empresarial que citábamos antes. Esto significa que transmiten marcas, valores, actividades filantrópicas, hablan constantemente del mundo de los negocios, tienen cultura emprendedora, gastan lo justo y no son ostentosos, tienen implicación social y reflejan una cultura de esfuerzo...A la empresa familiar lo que le hace ventajosa es la perspectiva a largo plazo. Su objetivo es trascender de generación en generación, lo que las lleva a preservar más el capital. También son más dinámicas al tomar decisiones y no tienen que reportar beneficios a nadie, por lo que con no poner nada en riesgo ya están bien. Es lo que también se conoce como riqueza socioemocional, que está en el corazón y en la cartera. Por eso transmitir el concepto de marca familiar es un gran activo..."

Hace exactamente cinco años, el 12 de mayo de 2019, entró en vigor la obligación para las empresas de llevar un registro horario que marque bien la hora de inicio y finalización de la jornada, así como los descansos. La norma estaba llamada a ser una gran revolución para evitar los abusos, pero un lustro después hay serias dudas de su eficacia. «Mi vida sigue exactamente igual. Yo no ficho y hay semanas que he llegado a meter 95 horas», ironiza Maite, cocinera en un restaurante vizcaíno. «Nosotros metemos en el sistema las horas pactadas porque en este sector no se pagan las horas extras, tienes que sacar el trabajo adelante y punto», explica Teresa, de una correduría de seguros. «Yo tengo una aplicación de móvil que solo me deja fichar por la jornada pactada», añade una trabajadora de una empresa de ‘catering’. Son solo un puñado de experiencias con el registro horario que reflejan su escaso impacto. En la mayoría de los casos se ha convertido en un mero formalismo por el que los empleados rellenan los datos de entrada y salida con el horario pactado para que la empresa no tenga problemas. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que la regulación implantada por su antecesora, Magdalena Valerio, no está funcionando como se esperaba y promete cambios. «Estamos trabajando para implantar un sistema digital que permita a la Inspección realizar controles en remoto con objeto de conocer en tiempo real las horas que se están haciendo», señaló esta misma semana al tiempo que aseguró que la reforma estará lista antes del verano. La vincula a la reducción de jornada desde las 40 horas semanales ahora vigentes hasta las 38,5 este año y las 37,5 en 2025, un recorte recogido en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar.

"Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra viento y marea reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi 12 veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles. Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del producto interior bruto (PIB) registrado estos últimos dos años. Esta es, además, una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales. La inmigración obedece sobre todo a motivos laborales, como refleja la composición por edad, siendo la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi siete puntos..."

El 29 de abril, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, tuvo que respirar aliviado tras presentar los resultados trimestrales del banco sin tener que contestar a una sola pregunta sobre una posible compra. Apenas 24 horas después se desató el mayor terremoto financiero de las últimas décadas, con un intento de fusión con Sabadell que terminó en fracaso y que ha mutado en una OPA hostil cuya resolución está lejos de finalizar. La OPA hostil lanzada por BBVA a los accionistas del Sabadell se ha acelerado tras el rechazo del consejo a la oferta amistosa del 1 de mayo. Una propuesta que se precipitó después de que la cadena británica Sky News hiciese pública la operación, lo que obligó al banco a comunicar sus intenciones a la CNMV. «Si no hubiese existido esa filtración, ahora estaríamos negociando en privado», confesó Carlos Torres. El presidente del banco vasco defendió que los contactos con Sabadell y su homólogo, Josep Oliu, venían desde mediados de abril. De hecho, tenían programada una reunión el día 30, la misma jornada de la filtración. Tras el rechazo de la cúpula directiva de Sabadell, BBVA dirige su oferta directamente a los accionistas, un formato muy poco habitual en el sector, con un solo precedente hace ya casi 40 años, cuando Banco Bilbao lo intentó en balde con Banesto en 1987. Una vez que se publique el folleto de la oferta, los inversores deben decidir si venden sus títulos a la entidad. La fusión, de hecho, está condicionada a que al menos un 50,01% de ellos acepte la propuesta. El mayor accionista de Sabadell es BlackRock con un 3,62% del capital, seguido del inversor mexicano David Martínez (3,4%), y Dimensional Funds y Fintech Europe, con algo más de un 3% cada uno. Se da el caso de que, entre los institucionales, BlackRock también es el principal accionista de BBVA, con un 5,91% de su capital. Y ambas entidades comparten a más fondos en su estructura accionarial. La entidad ofertante también confía en convencer a los más de 200.000 minoristas que copan el 48% de la estructura de Sabadell. Pero no lo tendrá fácil, pues en estos procesos los particulares suelen seguir la recomendación del consejo, que previsiblemente indicará a sus inversores que deben rechazar la oferta.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, es un gallego por elección y raíces que nació en Salamanca hace 58 años. Torres tiene ante sí la prueba más difícil en tres décadas de carrera: la compra —opa mediante— del Banco Sabadell para crear la segunda entidad financiera de España. La operación es el segundo intento de Torres en cuatro años y va a poner a prueba tanto el carácter del directivo, bregado en la esgrima de la consultoría de alto nivel —trabajó en McKinsey durante 12 años y fue socio de la firma con 31— como su idea de lo que es el éxito. Lo explicó en una de las charlas que ofreció en 2020, durante la pandemia: el éxito, dijo entonces, tiene más que ver con el esfuerzo que con el resultado. Una frase redonda, pero pendiente de pasar prueba en la banca. Torres, nieto e hijo de maestros, apasionado de la tecnología, observador de estrellas desde su época de estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Boston —obtuvo licenciatura en Ingeniería Eléctrica y en Ciencias Empresariales— sabe lo que implica agitar aguas profundas y aparentemente calmadas. Y no solo como consultor, un empleo que imprime carácter. Tras su etapa en McKinsey, Torres aplicó sus habilidades en la eléctrica Endesa, a la que se incorporó en 2002 como director corporativo de estrategia. Justo a tiempo para participar en el gran juego de las opas que libraron Gas Natural, la alemana Eon, Acciona y la italiana Enel por el control de la compañía entre 2005 y 2009.

Nissan llegó a Barcelona en 1979, un año antes de que Japón se convirtiera en el primer fabricante mundial de automóviles y cuando la que entonces era la segunda economía mundial recibía presiones para que sus competitivos coches no se llevaran por delante las plantas de Detroit y la industria europea. 45 años después, Chery, otro fabricante de automóviles asiático, en este caso chino, va a aterrizar en las mismas instalaciones que ocupó Nissan hasta 2021. Lo hace en medio de una batalla creciente entre Bruselas y Pekín, en la que la Comisión Europea ha abierto en pocos meses varias investigaciones por las prácticas comerciales y económicas del gigante asiático, una estrategia que se inauguró en septiembre con el escrutinio de los subsidios a la construcción de coches eléctricos de China a sus empresas ante la durísima competencia que representan para las compañías europeas. Chery ha sido el segundo fabricante chino que ha anunciado que producirá vehículos en la UE. Antes lo hizo BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos de ese país, que en diciembre de 2023 comunicó su intención de levantar una planta con capacidad para 200.000 automóviles al año en la localidad húngara de Szeged. Sin embargo, BYD no será la primera en fabricar en Europa. Chery comenzará a hacerlo mucho antes, este mismo año, en Barcelona, y prevé alcanzar las 150.000 unidades anuales a partir de 2029. Habrá anuncios similares pronto: Leapmotor, aliado con Stellantis, y MG, propiedad de SAIC, tienen planes parecidos. Los gobiernos de los Estados miembros están encantados con estos planes, como ha dejado claro esta semana Bruno Le Marie, ministro de Finanzas francés, coincidiendo con la visita del presidente del país asiático, Xi Jinping a París: “Francia da la bienvenida a todos los proyectos industriales. BYD y los coches chinos son muy bien recibidos”. Curiosamente, Francia fue el país que acogió con más entusiasmo la apertura de la investigación sobre los subsidios chinos al automóvil.

Aunque acuñado unos años antes, el acrónimo peyorativo PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España —la S es de Spain, en inglés—) se popularizó, con mucha mala baba, hace justo 14 años. Eran tiempos truculentos para las economías del sur de Europa, de recortes indiscriminados y austeridad a ultranza. El Ejecutivo comunitario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) acababan de rescatar por primera vez a Grecia, el canario en la mina en la gravísima crisis del euro. Meses después le llegaría el turno a Portugal. En 2012, a España. Y en 2013, a Chipre, que completaba lo más parecido a un lustro ominoso para los países mediterráneos. Solo se salvó, y por los pelos, Italia; una caída que, de haberse materializado, casi con toda seguridad habría liquidado la aventura de la moneda única. Década y media después de aquellos días de tinieblas, el guion económico europeo ha dado un giro de casi 180 grados. Sí, la convergencia de renta sigue lejos. Sí, el sur sigue teniendo mucho menos peso en las grandes decisiones económicas, tanto en Bruselas, sede de la Comisión —la prometedora emisión conjunta de deuda parece haberse quedado en un episodio aislado—, como en Fráncfort, cuartel general del BCE —a la hora de subir o bajar tipos, el Eurobanco sigue mirando, sobre todo, a Alemania—. Y sí, los principales indicadores socioeconómicos siguen dibujando dos Europas: una rica, muy rica, al norte; otra notablemente más pobre, al sur y al este. Pero los datos —y las políticas: aquel oxímoron de la austeridad expansiva, que tanto daño hizo, quedó atrás hace tiempo— dibujan una realidad radicalmente distinta. Un extremo en el que coinciden la decena de voces consultadas para realizar este reportaje.

El apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Gaza se ha ido poniendo cada vez más cuesta arriba. Entre ambos aliados se interponen los casi 35.000 muertos palestinos y la criticada gestión israelí de una contienda que avanza en su octavo mes. A las puertas de las elecciones presidenciales de noviembre, EE UU ha acabado convertido en otro escenario de esa guerra. En las últimas semanas, la complicada relación entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha vivido varios rifirrafes. El mandatario israelí se muestra empeñado en su estrategia, centrada en objetivos bélicos más que humanitarios (como liberar a los rehenes o salvaguardar a los civiles gazatíes). Ayer, el Estado judío ordenó nuevos desplazamientos forzosos de palestinos en la Franja que la legislación internacional considera ilegales. Pese a que las diferencias han abierto una de las mayores brechas que se recuerdan en las relaciones bilaterales, nadie pronostica una ruptura total. De los abrazos en Jerusalén en octubre, en vísperas de la ofensiva israelí en Gaza, el inquilino de la Casa Blanca pasó al “gilipollas” al referirse al líder israelí en privado en febrero, según publicó la cadena de televisión NBC. Ahora, la decisión de Netanyahu de rematar la ocupación total por tierra de la Franja ha empujado las relaciones al abismo: “Se encuentran en mínimos históricos”, dicen Itamar Eichner, corresponsal diplomático del diario israelí Yedioth Aharonoth.