20240608

El presidente saliente de SEA Empresas Alavesas, Pascal Gómez, presidió ayer su última Asamblea General como máximo responsable de la patronal. En un discurso emotivo en la parte personal, Gómez se despidió cargando con contundencia contra el alto absentismo del territorio, un fenómeno al que tildó de «crisis interna, que nace de nuestros polígonos» frente a los problemas como la pandemia, que venían de fuera. Ante el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el diputado general, Ramiro González, el empresario pidió «colaboración» a las instituciones y a los sindicatos para combatir la ausencia de empleados a su puesto de trabajo, algo que según SEA afecta «a 14.500 alaveses» cada día. «Las empresas no pueden sobrevivir» con un problema que, de acuerdo con la patronal, hace que cada año los trabajadores del territorio falten a trabajar 25,5 días de media. «Esto no puede seguir así. Esto tiene un nombre propio: absentismo. Y uno de sus posibles apellidos es ‘falta de valores’», advirtió. Gómez animó a frenar este problema a base de «trabajo conjunto» en un llamamiento que interpeló no sólo a las instituciones; también a «los sindicatos, a la sanidad, a las mutuas» y a toda la sociedad en general. Un discurso en el que obvió cuestiones candentes como la reforma fiscal o el nuevo Plan General de Vitoria. La asamblea, que en su primera fase se desarrolló a puerta cerrada, sirvió para renovar parte de la Junta Rectora, el órgano que deberá elegir al empresario o empresaria que sucederá a Pascal Gómez. Además, se aprobó el presupuesto y se encarrilaron cuestiones importantes para la organización empresarial como el cambio de la sede social al chalet Goya de la calle Álava, algo que ocurrirá en la segunda mitad de este año. Una asamblea, en definitiva, marcada por las despedidas. Porque SEA también rindió homenaje a Urkullu, al que entregó su ‘Insignia de Oro’. La patronal, además, distinguió a Fernando Salamero con el Premio ‘Compromiso Empresarial’. Salamero es presidente del Grupo Rioja, vicepresidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja y desempeña el mismo cargo en la Organización Interprofesional del vino. Salamero, además, preside Bodegas Marquistas de Álava, la patronal alavesa del vino.

El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes, en la clausura de la Asamblea General de SEA-Empresas Alavesas, que es "cierto" que, tal y como mantiene la patronal vasca, el absentismo laboral se ha convertido en un "problema" en Euskadi, por lo que ha afirmado que es necesario "revertir cuanto antes" esta situación. Urkullu, que ha aprovechado su intervención en la Asamblea de SEA para volver a reivindicar la importancia de la colaboración público-privada, ha aludido a las habituales quejas de las organizaciones empresariales vascas respecto al absentismo laboral. El lehendakari en funciones ha manifestado que es "cierto" que este fenómeno constituye un "problema" en la CAV. "Euskadi lidera las tasas de absentismo en el Estado; en este indicador nos situamos cerca de la cabeza europea", ha lamentado. A juicio de Urkullu, este es "un dato que debemos revertir cuanto antes", puesto que "lastra nuestras posibilidades de competitividad y crecimiento". Al margen de esta cuestión, Urkullu ha reafirmado el compromiso del Gobierno vasco con el modelo de colaboración público-privado, sobre el que ha destacado que "se ha demostrado eficaz", aunque debe seguir "mejorando y desarrollándose".

El diputado general, Ramiro González, aprovechó su breve intervención para insistir, de nuevo, en la acuciante falta de suelo industrial. En la casa de un empresariado alavés que presentó alegaciones al Plan General y que ha visto cómo el grueso de ellas ha caído en saco roto, el máximo dirigente foral se refirió al suelo industrial como el primer reto para la economía del territorio. González reafirmó el «compromiso» de la Diputación con esta reclamación empresarial y alertó de la competencia a la que se enfrenta Álava. «Los vecinos están haciendo una oferta muy agresiva de suelo industrial que necesitamos, al menos, igualar», advirtió el diputado general, sin concretar en profundidad quiénes son esos vecinos. Junto a ese reto, el líder del Ejecutivo foral hizo referencia a dos retos más: la llegada de la alta velocidad y la falta de subestaciones para garantizar la integración de las renovables y la descarbonización de la industria. Sobre el TAV, González manifestó que es «absolutamente imprescindible acelerar los plazos» de su llegada porque es «un elemento de competitividad imprescindible». En cuanto a las subestaciones, el diputado general recalcó la necesidad de contar con «una red eléctrica fuerte en Álava». «Nos jugamos la descarbonización, el futuro y tener una industria fuerte como la que Álava es capaz de tener». González puso en valor la actividad de los empresarios del territorio y se refirió al 2023 como «un buen año para la economía alavesa».

El Instituto Vasco de Estadística dio a conocer ayer los datos sobre la evolución de la economía vasca en el primer trimestre del año y los resultados tienen algún elemento positivo pero en el lado negativo revelan que la producción de bienes y servicios en Euskadi camina con mayor lentitud que la velocidad impuesta en el conjunto de España. Los datos son contundentes. La economía vasca creció en los primeros tres meses de 2024 un 1,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una tasa que revela que aún estamos en la fase de desaceleración –en el primer trimestre de 2023 el aumento fue del 2,4%–, aunque asoman algunos indicios de que el esperado repunte puede estar a la vuelta de la esquina. El INE, sin embargo, ha adjudicado un crecimiento del 2,4% para el conjunto de la economía española. Esto es, siete décimas mas que el PIB vasco, que evoluciona de forma más modesta. En comparación con el cierre de 2023, la economía vasca ha crecido el 0,6%, lo que ha permitido una creación de empleo en términos contables –puestos de trabajo teóricos a tiempo completo necesarios para atender el aumento de la producción– de casi 20.000 personas. Hay otros elementos positivos, aunque tienen un peso puramente emocional. Ese dato de crecimiento del 1,7% para el periodo de enero a marzo supone una décima más que el que anticipado a finales del pasado mes de abril. También que se sitúa tres décimas por encima de las previsiones que realizó el Gobierno vasco hace algunos meses y que anticipan un crecimiento del 1,9% para el conjunto del año. En cualquier caso son variaciones mínimas que no permiten pensar todavía en un vuelco sobre el escenarios central de las estimaciones que sirvieron para elaborar los presupuestos públicos.

Gipuzkoa lidera el crecimiento de la economía vasca tras crecer un 1,9% en el primer trimestre en la comparativa interanual, frente al alza del 1,7% de Bizkaia y del 1,2% de Álava. Nuestro territorio también está a la cabeza en el crecimiento intertrimestral. El Producto Interior Bruto (PIB) sube un 0,7% en relación al periodo octubre-noviembre-diciembre del año pasado (el mismo que en Álava), mientras que el dato más bajo lo registra Bizkaia (0,6%), según los datos ofrecidos ayer por el Eustat. La asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, concluye con estas cifras que el crecimiento de la economía del territorio mantiene «un ritmo robusto». Si ampliamos el mapa al conjunto de Euskadi, el sector servicios y la construcción son los que sostienen la economía vasca hasta marzo a pesar del parón de la industria, que marcha al ralentí por el contexto internacional. Así las cosas, el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi crece un 1,7% hasta marzo en tasa interanual, y un 0,6% si se compara con el periodo octubre-diciembre de 2023, según los datos ofrecidos ayer por el Eustat. Ese crecimiento, tanto en la comparativa interanual como trimestral, supone una décima más de incremento respecto a la estimación realizada por el Gobierno Vasco en abril. El alza anunciado ayer por el Eustat supone un avance calcado al registrado tanto en el tercer como en el cuarto trimestre de 2023 (1,7%), y una décima por debajo del conjunto del pasado ejercicio (1,8%). Estas cifras revelan una estabilidad muy significativa a pesar de que el crecimiento de la economía española es superior a la vasca, con un incremento del 2,4% por el tirón del turismo, pero sobre todo de la industria, que crece un 2,3%. Esto es, el PIB estatal es siete décimas superior al vasco, que parece evolucionar de forma más modesta.

Empresas y centros tecnológicos piden redes eléctricas que den respuesta a la demanda y que eviten problemas a la actual estructura industrial. El permanente debate en torno a la energía se centra con demasiada frecuencia en su creciente demanda o en la exigencia de garantizar su cambio hacia modelos renovables. Sin embargo, esto puede distraer sobre los problemas que genera su distribución y la necesidad de planificar las redes eléctricas. No hacerlo correctamente «nos puede encorsetar tanto que podamos ahogar en algunos casos a nuestra estructura industrial», alertó el viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Amundarain. Lo hizo en el segundo foro de Transición Energética, del ciclo Encuentros Mundo Futuro, organizado por El Correo con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, Iberdrola y la Fundación BBK. En esta cita el director de i-DE Región Norte del grupo Iberdrola, Javier Arriola, lamentó que «las redes han sido un patito un poco feo» que ha quedado «olvidado» incluso en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En el actual mercado regulado, «donde aunque queramos no podemos invertir más», se ha hecho obligatorio generar y consumir energía de manera equilibrada en un modelo que cada vez incluye más instalaciones renovables. «En los últimos meses ha habido precios de mercado cero y eso es una desgracia a pesar de que pueda hacernos ilusión como consumidores. Es un espejismo que demuestra un desequilibrio entre la oferta y la generación. Estamos tirando energía y eso es un lujo que no nos podemos permitir», advirtió. El foro sumó la participación del director de redes y sistemas energéticos de Tecnalia, Ángel Díaz Gallo; al director de la Unidad de Negocio Power Grid Automation de Ingeteam, Jorge Haya; y a la presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), Begoña San Miguel. La representante de la FVEM admitió su preocupación por las solicitudes de incrementos de potencia que no han contado con una respuesta suficientemente inmediata. «Estamos poniendo en peligro parte del tejido industrial actual. Podemos sufrir incluso una deslocalización si no somos capaces de atender a las demandas de la industrial global», incidió.

Ante un sistema de redes que se puede quedar escaso para aprovechar los picos en la generación de energía verde, la industria también desarrolla modelos que sirvan de ‘pilas’ capaces de almacenarla y aprovecharla en momentos en los que resulta más escasa. «La energía eléctrica también es una materia prima para otros sectores», reconoció el viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Amundarain, quien añadió que «estamos en un momento de cambio del ‘mix’». Es decir, la combinación de las diferentes fuentes de energía que la suministran, y que esa transformación «se está intensificando». No es la única visión al futuro realizada en el foro. El director de i-DE Región Norte del grupo Iberdrola, Javier Arriola, también planteó que habrá «herramientas y tecnologías más eficientes» que, por un lado, reducirán los costes para el ciudadano y que, por otro, operarán junto a «vehículos eléctricos más eficientes, bombas de calor más eficaces... y, en general, unas condiciones de consumo mucho menores». Sin embargo, todos estos saltos tecnológicos llegan en la actualidad acompañados de una mayor dependencia energética. El director de la Unidad de Negocio Power Grid Automation de Ingeteam, Jorge Haya, alertó de «las costuras» que ya se ven en el sistema actual al peligrar grandes inversiones, como las proyectadas para levantar centros de datos. «Hay unos retos tremendos que no se solucionan de un día a otro», acompañó el director de redes y sistemas energéticos de Tecnalia, Ángel Díaz Gallo. «La transferencia de la investigación al mundo industrial parece ser más fácil en algunos países por la forma en que se operan estos negocios. El gran reto es facilitar el entorno regulatorio para que toda esa innovación pase a la industria», alegó.  «Todos necesitamos implicarnos un poco más en el bien colectivo, pero creo que eso pasará a medida que veamos la necesidad de más potencia. Tenemos que darnos cuenta de que solo queremos ver verde en casa», razonó la presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel.

Cepsa puso en marcha ayer en Palos de la Frontera (Huelva) la construcción de la primera planta química en España para elaborar alcohol isopropílico (IPA), un producto que no sólo se encuentra en los geles hidroalcohólicos, sino también en productos de limpieza tanto para el hogar como para la industria, en la que invertirá 75 millones. Esta nueva planta será, además, la primera que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir el empleo de materias primas de origen fósil en la fabricación de este tipo de alcohol por materias primas sostenibles. José María Solana, CEO de Cepsa Química, destacó durante el acto que el proyecto IPA “es un paso muy importante en nuestra estrategia Next Chemicals in Positive Motion”. El alcohol isopropílico también se emplea como disolvente en la fabricación de pinturas, recubrimientos y tintas de impresión, así como en la producción de ingredientes clave en la industria farmacéutica, cosmética y agroquímica. La nueva instalación, cuya finalización está prevista para finales de 2025, tendrá una capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales. Se calcula que para la construcción de esta nueva planta serán necesarias alrededor de 400.000 horas de trabajo, entre mano de obra directa e indirecta. La ubicación de la nueva instalación junto a la planta química y al Parque Energético La Rábida facilitará un alto grado de integración entre las tres instalaciones y traerá aparejadas fuertes sinergias industriales y económicas.

Un total de 35 juntas administrativas alavesas han suscrito un manifiesto en el que advierten de su intención de oponerse «administrativa y judicialmente» a los proyectos energéticos que no respeten su entorno, en alusión a los grandes parques solares y éolicos y a la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia. El acuerdo se logró el pasado 28 de mayo en una reunión celebrada en Gopegi que ha dado origen a una campaña de búsqueda de adhesiones «ante la avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos planteados por empresas privadas» en Álava y que podrían ocasionar «afecciones de gran impacto en la vida y economía de concejos y entorno rural». Se expresan así en la misma línea que hace unos días lo hizo la asociación alavesa de concejos, Acoa. En este caso, piden al resto de pueblos que «aúnen sus fuerzas para frenar estos macroproyectos devastadores y conseguir una transición energética justa y social». Su apuesta pasa por cambios que «respeten tanto el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y sus gentes, como el entorno agrícola y medioambiental». Al Gobierno vasco, Diputación y ayuntamientos les piden que «ordenen el despliegue de estas tecnologías con criterios claros y sostenibles y que hagan partícipes a la población rural y su entorno». Las juntas pertenecen a las localidades de Urkabustaiz, Zuia, Zigoitia, Vitoria, Asparrena, Arraia Maeztu, Lantarón, Valdegovía, Arrazua-Ubarrundia, Legutio, Amurrio, Ribera Alta, Ribera Baja, Peñacerrada, Labastida, Iruña de Oca y Valle de Arana.

Convertir la construcción en industria es una necesidad para el sector. No sólo para lograr satisfacer una demanda de vivienda al alza y que está lejos de cubrirse con el parque inmobiliario actual, sino porque la calidad, los plazos y los precios son sustancialmente mejorables echando mano de esta construcción industrializada. Esto es lo que se desprende del coloquio ‘Construcción Industrializada, un reto a afrontar’, organizado por El Correo.  «La construcción industrializada tiene que ser la que nos da la mejor calidad, las mejores prestaciones y al menor coste posible», describió Begoña López para dar comienzo al debate. Factores que pueden ser la respuesta para los diferentes retos que tiene el sector. «Es cierto que hay una alta demanda de necesidades de vivienda que hay que cubrir», afirmó Sebastián Waliño. Algo que, según Fernando Larraza, sólo será posible mediante una construcción que se base en lo que «la tecnología ya ha permitido en otros sectores. Así se podrán ofertar viviendas en cantidad, calidad, precio y plazo». «Partimos de una construcción muy anquilosada, así que tenemos mucho margen de mejora», reconoció el director de Precom. «En la construcción tradicional se asumía que podía haber incertidumbre de precio y de plazos, ahora no. Tenemos unas garantías de calidades y ejecución máximas y con unos parámetros de sostenibilidad necesarios», coincidió Waliño. «Además que tienen que ser sostenibles a largo plazo, no sólo en el momento de su construcción», añadió Larraza. En cuanto a cómo trasladar a un potencial comprador la importancia de la industrialización, los participantes destacaron que se debe ver un edificio como un producto. «Un usuario que va a comprar un coche, ¿qué prefiere? ¿Uno fabricado artesanalmente o uno realizado en la cadena de producción con todos los controles?», cuestionó Begoña López. «Le estamos dando un mejor producto al mismo precio, e incluso en el mejor de los casos, se lo daremos a un menor coste. Así que lo debería ver como algo positivo».

Una inflación acumulada en las materias primas del 15,9%, una acuciante falta mano de obra y suministros que tardan meses en llegar. Son los tres frentes que se les han abierto a las empresas de la construcción en el territorio. Una conjunción de problemas que ha hecho que 103 firmas del sector hayan desaparecido en Álava desde 2022. Así se desprende de los datos recopilados por Informa D&B, una pla- taforma especializada en concursos y disoluciones. Dicho de otra manera: desde la guerra en Ucrania, una de cada cinco compañías que se han disuelto en Álava se dedica a la construcción y 14 firmas más del sector han pasado por un concurso de acreedores. La cuestión preocupa a las constructoras alavesas, que ya pusieron sobre la mesa este problema hace un año. En su informe anual, la Unión de Empresarios de la Construcción de Álava (Uneca) incluyó entre sus preocupaciones dos de esas tres variables: precios y mano de obra, a las que sumaba los «elevados costes laborales» y «la morosidad de los clientes». El director general de Sarkis Lagunketa y expresidente de Elkargi, Josu Sánchez, es una de las personas que mejor conoce el sector en Álava: buena parte de la Vitoria más moderna lleva la firma de su empresa. Aunque asegura no estar al tanto de este tipo de disoluciones, sospecha que pueden provenir más de los gremios que de las grandes constructoras: «pymes, subcontratas, carpinterías metálicas, empresas de pintura...». Comparte que la causa puede estar en estos dos fenómenos a los que ya apuntaba Uneca el año pasado: «la falta mano de obra y el alza de precios». A diferencia de la patronal, no percibe preocupación por la morosidad, pero sí por la «escasez de suministros». Para muestra de este problema, un botón: «Si pides hoy unas ventanas de aluminio tardan tres meses en llegar». Da la razón a las comunidades de vecinos y Sánchez sostiene que todas las grandes firmas del ladrillo en Álava están «hasta arriba» de trabajo. «Estamos todas a tope y se está vendiendo casi todo, pero nos está costando construir», subraya. El directivo hace un especial hincapié en la escasez de trabajadores y pone como ejemplo la misión que las patronales vascas han lanzado a México y Colombia para reclutar operarios. «Eso ya lo hicimos hace veinte años y cada vez va a ser más necesario. Tenemos una escuela de formación medio vacía», lamenta.

Tras el inevitable parón del covid, la edición de 2022 se convirtió en la cita de recuperación para la Bienal de Máquina-Herramienta (BIEMH) y su 32 edición finalizada ayer se ha confirmado como la de su consolidación. En su primer balance, el director del BEC cifró en 38.000 visitantes de 67 países las personas que han pasado por ella, lo que la ubica en un escalón intermedio entre los 35.000 de 52 nacionalidades en 2022 y los 42.000 de 61 países en 2018, mejorando de paso su impacto a nivel internacional. De hecho, la cantidad de extranjeros creció un 56% respecto a la edición previa. De todos los visitantes, un 46% llegó de fuera de Euskadi y un 7% lo hizo desde el extranjero (unas 2.660 personas, sin contar expositores). En la Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta (AFM) –que colabora con el BEC en la organización del certamen–, los valoraron más por su «calidad» que por la cantidad, al tratarse de visitantes extranjeros CEO y altos responsables de compras. Para 2026 la feria quiere recuperar su habitual ubicación de fechas en marzo, en concreto del 2 al 6. El cambio no es baladí. Se aleja de la proximidad al verano, una época menos atractiva para atar negocios. «Nos posicionará como una de las primeras grandes ferias europeas y nos situará además en un momento, a principios de año, en el que los presupuestos de las empresas todavía están frescos», matizó Basañez. En todo caso, la BIEMH ya ha dibujado una sonrisa en el sector. «El ambiente ha sido optimista, con muchos proyectos y ganas de hablar de cosas concretas», valoró el director de la AFM, Xabier Ortueta, que señaló además un «gran cambio» en la tecnología. 

Se presentaban como una revolución. Un nuevo rival que cambiaría el sector automovilístico, con modelos tecnológicamente preparados y más asequibles. Pero los coches chinos tienen todavía trabajo para hacer camino en un mercado vasco y estatal en el que irrumpieron con fuerza y suponen una minoría en el número de matriculaciones en Gipuzkoa. Los modelos del gigante asiático crecen levemente en el territorio, pero a un ritmo casi idéntico al que se registró el curso pasado y aún lejos de marcas con mayor recorrido. Así lo demuestra el último informe publicado por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) donde se detalla los resultados de coches vendidos en lo que va de 2024. El balance no muestra unos datos positivos para el sector en general. En el mes de mayo el número de matriculaciones ha caído casi 7 puntos respecto al mismo periodo del pasado curso, aunque el acumulado sí que manifiesta un aumento del 2%. En este marco, las marcas chinas no han sido una excepción. Si bien el año pasado, uno de los turismos ofertados por estas nuevas firmas, el modelo de gasolina de la marca MG ZS, logró alzarse como el SUV más vendido del mes de agosto, un hito pionero para un vehículo de origen chino, su cuota de mercado en Gipuzkoa se sitúa en números similares a los del pasado curso. El número de ventas ha sido de 122 coches de los 3.023 totales que se han vendido en lo que va de 2024. O lo que es lo mismo, apenas un 4% del total. Entre las firmas del gigante asiático, la que más éxito ha tenido este curso es MG, aportando 79 matriculaciones en lo que va de año hasta mayo. Un alza del 38% respecto al mismo periodo de 2023, aunque este porcentaje es engañoso ya que son crecimientos sobre ventas muy bajas, lo que infla el porcentaje de incremento. 

Gorka Vidal, condenado en 2007 a 22 años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA, fue el martes uno de los invitados a la ponencia sobre la reforma fiscal en las Juntas Generales de Gipuzkoa, y este próximo lunes desempeñará idéntico papel en la Cámara foral de Álava. EH Bildu había solicitado la comparecencia de los sindicatos para que expongan su punto de vista y en representación de LAB acudirá Vidal como experto, aunque en su currículum –como el jueves publicó este diario– sobre todo destaca que fue detenido hace dos décadas en Cuenca por la Guardia Civil en el marco de la operación conocida como ‘la caravana de la muerte’, cuando transportaba 536 kilos de explosivos junto a Irkus Badillo para atentar en vísperas de las elecciones generales de 2004. «Dado que estamos a las puertas del debate de la nueva reforma fiscal, EH Bildu considera importante que se conozca de primera mano la valoración y las propuestas que sobre política fiscal hacen los sindicatos que conforman la mayoría vasca», justificaba la coalición abertzale para reclamar la comparecencia de representantes de ELA, LAB, UGT y ESK en la próxima comisión de Hacienda del legislativo alavés. En unas semanas también asistirá una dirigente de CC OO.

Cuando pasen las elecciones europeas de este domingo, comenzará el baile en Cataluña. Es el terreno quizá más complicado al que se ha enfrentado Pedro Sánchez en muchísimo tiempo. En Madrid depende tanto de Esquerra como de Junts para todo y todo el tiempo, y en Cataluña pretende gobernar con el apoyo de ERC después de la histórica victoria de Salvador Illa. La cuadratura del círculo del secretario general del PSOE pasa por gobernar en ambos sitios con la aquiescencia del independentismo, algo a lo que Carles Puigdemont, al menos por ahora, no está dispuesto. El terreno es muy pantanoso. Tanto, que la opción de que haya un adelanto de las generales a finales de año es una hipótesis que cada vez cobra más fuerza. Así lo admitió ayer el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien no descartó que «en otoño o a principios de invierno» Sánchez apriete el botón nuclear si en Cataluña hay una repetición electoral (sería a finales de septiembre o principios de octubre). «Si Cataluña va a un proceso de segunda vuelta de elecciones se va a tensionar la política española, sí o sí. Ojalá haya un gobierno, ojalá salga todo bien, sobre todo para los intereses de Cataluña; pero si se diera la otra circunstancia yo creo que van a venir curvas en la política española», recalcó en una entrevista en Onda Vasca.

Optar a un puesto de trabajo sin conocer de antemano el salario o trabajar sin saber cuánto ganan nuestros compañeros de mesa pronto va a ser cosa del pasado. En cuestión de dos años España tiene que trasponer la directiva europea de igualdad retributiva, que entró en vigor el 6 de junio de 2023 y debe estar incorporada a nuestra legislación antes del 7 de junio de 2026, y por la que se pondrá en marcha la maquinaria de lo que puede ser una de las mayores revoluciones de las relaciones laborales de la historia. Dada la opacidad que existe todavía hoy en el sector privado sobre las retribuciones –especialmente en las empresas pequeñas y medianas–, el país vivirá un antes y un después en materia de transparencia, pues será obligatorio que todos los estados comunitarios cumplan –como mínimo– con las medidas de la normativa. La directiva obliga, en primer lugar, a que todas las empresas que publiquen ofertas de empleo destinadas a captar candidatos informen de antemano de cuál será el salario asociado al puesto, independientemente del perfil del candidato. Preguntas como «¿en qué banda salarial estás?» para ofrecer sueldos ajustados a esos niveles quedarán prohibidas. «Los solicitantes de empleo tendrán derecho a recibir del empleador potencial información sobre lo siguiente: la retribución inicial o la banda retributiva inicial, basadas en criterios objetivos y neutros con respecto al género, correspondientes al puesto al que aspiran, y, en su caso, las disposiciones pertinentes del convenio colectivo aplicado. Ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores», establece el artículo cinco. Esta exigencia de transparencia no sólo afectará a la búsqueda de empleo sino que las empresas también tendrán que aplicarla internamente. 

En el primer trimestre de 2024 se presentaron 39.883 demandas por despido en los Juzgados de lo Social, lo que supone un 20,6% más que en el mismo periodo de 2023 y la mayor cifra para un trimestre desde 2020 en pleno impacto de la pandemia. En estas demandas se reclaman 35.673 euros por despido, en promedio, lo que se traduce en una cantidad de 1.422,74 millones de euros en juego en los tribunales, de acuerdo con las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado ayer por el CGPJ, en el primer trimestre del año se presentaron 39.883 demandas por despido en los Juzgados de lo Social, lo que supone el mayor registro desde el segundo trimestre de 2020, cuando se presentaron 41.597 demandas, y la tercera mayor cifra de toda la serie estadística, que arranca en 2007. De hecho este volumen queda un 37,3% de la media de los 16 años anteriores, lo que pone de manifiesto lo abultado de la cifra. Este avance llama la atención porque se produce en un momento de aparente bonanza en el mercado laboral, con más de medio millón de nuevos empleos al año tanto en la Encuesta de Población Activa del INE como en los afiliados a la Seguridad Social del Ministerio, una coyuntura muy diferente a la de los dos anteriores datos máximos, de 2013 y de 2020, cuando las empresas se veían obligadas a reducir plantilla ante el desplome de la demanda. Por regiones, Cataluña fue la región que concentró un mayor número de demandas por despido, con 8.216 reclamaciones, el 20,6% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 6.671; Madrid, con 5.850 y la Comunidad Valenciana, con 5.688. En términos relativos, las demandas suben en todas las regiones con el mayor incremento en Castilla y León, con un alza del 58,8 %, y el menor en Navarra (0,3 %).

La población femenina mundial sólo cuenta con dos tercios de los derechos de los hombres (el 66,6%) y en ningún lugar del mundo se confirma la paridad. Así lo asegura el Banco Mundial en su informe anual La mujer, la empresa y el derecho 2024 y lo reafirma Ana María Tribin, economista sénior de la institución y encargada de presentar la semana pasada el informe en la Fundación Ramón Areces, en Madrid. «A los países de la OCDE les va muy bien: tienen la puntuación más alta. Pero ninguno alcanza el 100, es decir, que todavía faltan leyes por implementar», señala en una entrevista tras el evento. La experta en género pone a España como ejemplo: «España tiene una puntuación de 90, lo que quiere decir que tiene el 90% de la legislación que se necesita para que las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades, pero le falta desarrollarlas», señala Tribin, para recalcar la dificultad de la implementación, un paso que mantiene la brecha de la desigualdad de género en muchos aspectos. Para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el informe recoge una tasa del 68% en la implementación de mecanismos que aseguren que las leyes de igualdad se afianzan. «Faltan todos esos marcos de apoyo que se necesitan para que la ley se haga realidad», lamenta Tribin. «Los programas, la cantidad de dinero que se le atribuye a cada uno de estos temas, las políticas, si hay instituciones para denunciar la discriminación... Hay muchos países que no tienen estas instituciones. Entonces, a pesar de que tengan la ley, si no pueden ir a decir que tienen un problema de discriminación en el empleo, no se puede implementar». En el informe se resalta precisamente este hecho: las economías con una mejor valoración en leyes se enfrentan generalmente a mayores brechas de implementación. Se podría decir, pues, que hay consciencia del problema, se han encontrado soluciones, pero no se ha implementado un sistema que las corrija.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de los riesgos que puede entrañar la reducción de la jornada laboral que ha prometido el Gobierno y que en estos momentos negocian patronal y sindicatos. Esta se quiere rebajar desde las 40 horas semanales legales hasta las 37,5 horas sin bajar el salario percibido. El FMI pide que este recorte del tiempo de trabajo se diseñe con mucho cuidado para mitigar su impacto en la producción y en los ingresos de los trabajadores a largo plazo. Y pone como ejemplo el caso francés, del que extrae lecciones para España. Las 35 horas semanales de Francia se pusieron en práctica hace dos décadas, cuando había menos tecnología, menos terciarización y, por tanto, una menor flexibilidad en la economía. Se hizo recortando en proporción el sueldo recibido salvo para los que ganaban el salario mínimo. Y además se fue deshaciendo al poco tiempo, lo que impidió llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, a juicio del organismo con sede en Washington, las lecciones para España son evidentes: la más importante es que los trabajadores al final acaban soportando al menos parte de los costes de la reducción de jornada. Nada es gratis: “Incluso si los salarios no se reducen inicialmente, puede provocar años de moderación salarial”, dice el informe elaborado por la plantilla de la institución dentro del llamado capítulo IV.

El euribor respondió ayer de forma contundente al resultado de la reunión de junio en la que el Banco Central Europeo (BCE) dio una de cal y otra de arena: rebajó los tipos de interés por primera vez desde 2016, pero lanzó el mensaje de que mantendrá una política restrictiva hasta que la inflación esté bajo control. El índice hipotecario a 12 meses, del que depende el coste de alrededor de cuatro millones de préstamos a tipo variable en España, subió ayer hasta el 3,701% desde el 3,684% del jueves y rompió una serie de tres rebajas consecutivos. El tipo medio mensual provisional de junio se sitúa en el 3,702%, por encima ya del 3,68% de junio, y se acerca a los máximos del año del 3,718% a los que cerró marzo. Los expertos explican que el recorte de tipos de 25 puntos básicos estaba más que descontado. La clave estaba en las nuevas guías del BCE sobre futuros recortes, que decepcionaron al mercado. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no ha dejado clara su hoja de ruta para lo que queda de año después de elevar su previsión de inflación dos décimas tanto para 2024 como para 2025. El euribor refleja la incertidumbre sobre el futuro de los tipos, ya que los bancos (el euribor se forma cada día con los precios a los que se prestan entre sí las entidades) creen que el precio del dinero seguirán en niveles altos durante más tiempo. Los expertos creen que el índice, que se comporta de forma irregular durante todo el año, seguirá la misma línea errática hasta que el BCE ofrezca más claridad.

La economía de la Eurozona avanzó tímidamente en los tres primeros meses de 2024. Los países del euro crecieron un 0,3%, según los datos publicados este viernes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), tras cerrar el año pasado en recesión técnica, con un retroceso de su Producto Interior Bruto (PIB) del 0,1%. De cara a final de año, el Banco Central Europeo (BCE) publicó el jueves sus previsiones, en las que mejora sus cálculos de marzo. Así, la institución prevé que la Unión Europea (UE) crecerá un 0,9% en este ejercicio y que la economía ganará velocidad en 2025 y 2026, con un avance del 1,4% y del 1,6%, respectivamente. Mientras tanto, entre enero y marzo de este ejercicio, el PIB español avanzó un 0,7%, más del doble que la media de la Eurozona. En ese periodo, el consumo de los hogares de la UE y de la Eurozona creció un 0,2%. También crecieron las exportaciones, un 1,4% en los países de la moneda común, mientras que las importaciones cayeron un 0,3%. Ayer también se conocieron los datos sobre empleo entre enero y marzo. Eurostat indica que el número de personas empleadas creció en un 0,3% en la UE y en la Eurozona. Los mayores incrementos se registraron en Rumanía (2,4%), Malta (1,4%) y Portugal (1,1%). En España, país que sigue a la cabeza del desempleo en Europa pese a la mejora registrada en los últimos años, el número de personas empleadas aumentó un 1%, triplicando la media de la Eurozona.

Faltan dos domingos para que sea verano y en las conversaciones de oficina ya se cuela el tema de las vacaciones. Empieza la temporada alta para muchos destinos turísticos. Pero lo que para unos es sinónimo de disfrute, otros lo ven como una penitencia. La masificación en algunos lugares es preocupante y ya se habla de otro fenómeno no menos inquietante: la turismofobia. En España, los canarios han alzado la voz porque no pueden más. En Barcelona se ha empezado a poner freno a las viviendas turísticas. Baleares aplica ya la tasa turística. Sevilla se plantea cobrar por el acceso a la Plaza de España... La situación, en realidad, viene de antes del covid, cuando ya se empezaban a ver muchos de los problemas que han estallado ahora: encarecimiento de los alquileres e incluso expulsión de los vecinos de su propio barrio, dificultad para los residentes de disfrutar del espacio público, aumento de la huella de carbono y agotamiento de los recursos naturales ante el incremento de la población flotante... Pero el confinamiento actuó como muro de contención. Y una vez que empezamos a vislumbrar la salida de la pandemia, la preocupación principal era volver a arrancar las máquinas económicas del país. Y la del turismo necesitaba un buen empujón. «En ese momento, lo importante era recuperar la actividad», explica Luis Alfonso Escudero, profesor de Geografía en la Universitat de les Illes Balears. Así, muchas de las fórmulas planteadas para buscar un turismo más sostenible allá por 2019 se quedaron en ‘stand by’, entre ellos, las relativas a su regulación. A esto, añade Escudero, se sumó otro fenómeno inesperado. Tras pasar meses sin salir de casa, cuando las restricciones se levantaron sufrimos unas irrefrenables ganas de «vivir experiencias y hacer actividades». Pablo Díaz, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), lo llama «efecto revancha».

Cruzar los Pirineos para cotizar en una empresa española no parece ser la prioridad de los trabajadores de la UE. De hecho, su presencia es escasa en las plantillas de las grandes firmas del país. En la gran mayoría de casos –de una decena de compañías consultadas por este diario– el porcentaje de trabajadores comunitarios ronda el 1,5% del total. La proporción de los empleados comunitarios es prácticamente marginal en la mayoría de segmentos representados por estas entidades, como el automovilístico, los servicios, la banca, la construcción o el sector energético. Destacan, por otro lado, las grandes firmas dedicadas al turismo, que mantienen una cuota mayor de personal proveniente de la UE. Este panorama se enmarca en un momento en el que los empleados extranjeros son cada vez más numerosos e importantes para el mercado laboral español: representan el 14% del total, casi el doble que hace dos décadas. Del total de empleados foráneos en España, solo uno de cada cuatro (905.792) provienen de países de la UE, mientras que la mayoría (2.812.453) pertenecen a terceros países. La Comisión Europea ya advertía en su informe de movilidad laboral de 2022 de la decreciente tendencia en la migración por trabajo en suelo comunitario. “En general, hubo una disminución de la movilidad laboral durante 2020, en gran parte debido a las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19″, detalla el informe. La Comisión Europea cifra que las entradas de personas en edad de trabajar disminuyeron un 21% y las salidas cayeron un 14% durante ese año. Francia y Polonia se han convertido en los países de origen más relevantes, mientras que los principales receptores fueron Alemania y Suiza. José Luis Risco, socio responsable de talento en la consultora EY, argumenta que el idioma se ha impuesto como una barrera determinante para la llegada de talento de la UE y que, por ese mismo factor, al país han migrado principalmente trabajadores de Latinoamérica.