20240317

La escasez de perfiles cualificados es una cuestión que sobrevuela la realidad empresarial desde hace varios años, pero lejos de haberse moderado en este período, se ha agravado hasta el punto de que ya una inmensa mayoría de las empresas a las que se les consulta sobre sus preocupaciones la sitúan entre las principales. Un nuevo ejemplo se encuentra en un informe elaborado por Mondragon Unibertsitatea, MIK, LKS Next e Isea en el que se constata que más de la mitad de los negocios afirma que la dificultad de encontrar personal llega en la actualidad a lastrar su competitividad, al impedirles crecer a pesar de reunir las condiciones para hacerlo. El documento “Estudio sobre las perspectivas de las empresas vascas ante el ejercicio de 2024” está estructurado en diversos apartados y en más de uno surge esta cuestión. Dentro de los factores que, en opinión de los empresarios, condicionan su actividad desde el exterior figura la escasez de personal cualificado, a la que se refieren el 52% de las personas consultadas.  Un 61,8% cita la dificultad de contratar personal cualificado, sólo por detrás de los obstáculos que encuentran para combinar el día a día con los nuevos proyectos. La preocupación se intensifica si el foco se sitúa sobre las cuestiones que, a nivel interno, representan un problema para un adecuado desarrollo de la actividad de una compañía. En este apartado, un 61,8% de las personas entrevistadas cita la dificultad de contratar personal cualificado, sólo por detrás de los obstáculos que encuentran para combinar el día a día con los nuevos proyectos. Un año antes, en 2023, el porcentaje era del 52%. Además, entre las cuatro razones más mencionadas en lo que respecta al ámbito interno también se encuentra la fuga de talento y el relevo generacional, repetido por el 36,6% de las organizaciones encuestadas por las entidades responsables del estudio. 

Zuriñe Gómez de Balugera asumió en 2020 la dirección de la Escuela de Ingeniería del campus alavés de la Universidad del País Vasco UPV/EHU con varios retos en mente. A día de hoy sigue siendo complicado captar alumnas mujeres y advierte de que pronto va a ser imposible dar respuesta a la gran demanda de ingenieros que existe por parte de las empresas. Desde su centro trabajan para ofrecer especializaciones y recuperar el talento fugado al extranjero. «El potencial que tenemos es bestial», sostiene esta doctora en Ciencias Químicas. " Estamos haciendo un trabajo de control porque el abandono normalmente se da en los primeros cursos. Intentamos que los alumnos no se descuelguen, que no dejen de venir a clase. Porque muchas veces el abandono no se da por la dificultad de los estudios, es que realmente en la primera semana ya se han descolgado. Concienciamos a los alumnos, los animamos en tutorías... No obstante, las titulaciones en Ingeniería son duras, no se puede obviar, y la gente que viene tiene que hacerlo muy mentalizada...El doble grado ha tenido una aceptación enorme con alumnos excepcionales y notas altísimas. Ambos grados combinan muy bien y el alumnado puede obtener esta doble titulación simplemente quedándose un año más en la Universidad. Es una titulación que ahora mismo está completa...– El próximo curso se ofertará un nuevo máster en Inteligencia Artificial Aplicada a la Industria e Ingeniería Asistida por Ordenador. ¿Era una demanda de las empresas?– Sí, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros sino que lo hemos diseñado a instancia de las empresas gracias a la colaboración tan estrecha que tenemos con ellas. Les preguntamos qué necesidades tenían y qué perfiles buscaban, y en base a ello hemos sacado esta titulación en la que el alumnado podrá inscribirse en breve...La demanda de ingenieros e ingenieras por parte de las empresas es abrumadora. Es algo que nos acaba superando porque en los próximos años no vamos a ser capaces de dar respuesta a tantas solicitudes. Cada vez hay más centros como el BAM (Basque Automotive Manufacturing Center, Centro Vasco para el Desarrollo de Tecnologías de Fabricación Avanzada en Automoción), Basquevolt, CIC Energigune, Robotekin... Todos estos están viniendo y pidiendo colaborar con nosotros. Va a haber una demanda muy grande por su parte y nosotros sacamos lo que sacamos al año..."

Flexibilidad horaria, medidas de conciliación familiar, teletrabajo, mejores sueldos... Las empresas guipuzcoanas ofrecen cada vez más incentivos de tipo social para atraer a trabajadores jóvenes y facilitar su futura decisión de si quieren ser padres. «Desde la empresa no podemos adoptar medidas para fomentar la natalidad, pero sí al menos para no perjudicarla» comenta con un punto de humor Juanjo Salegi, director de Recursos Humanos de la firma Bellota de Legazpi, referente mundial en la fabricación de herramientas y con 2.600 empleados repartidos por 14 factorías en distintos países. En la factoría principal de la localidad del Urola, donde existe mucho trabajo físico de forja, hay muchos trabajadores veteranos y Salegi reconoce que, a remolque de la baja natalidad, existe «cierta escasez de fuerza de trabajo joven y las empresas estamos compitiendo por ellos», como si de fichajes futbolísticos se tratara. Y el problema se «multiplica» cuando hablamos de profesionales en ámbitos de «alta cualificación» como la inteligencia artificial, la robótica, el big data y todo lo relacionado con la digitalización, donde en principio pueden aparecer más perfiles de jóvenes trabajadores, pero al haber cada vez menos nacimientos, se nota la falta de savia nueva. Lo peor, agrega el empleador, es que «a medio plazo el problema se va a agrandar porque la falta de mano de obra obedece también a «cambios sociales» y pueden provocar problemas en las empresas. «En la industria hay plantillas de más edad a los que les cuesta más adaptarse a los cambios tecnológicos que vienen en la producción, y a la vez hay escasez de personal joven que domina esa faceta», resume. Se da la paradoja, explica Salegi, que las empresas, en general, tienen buenas perspectivas de futuro en Gipuzkoa, «estamos haciendo bien las cosas» y los datos de empleo son «buenos». Hay trabajo, pero faltan manos jóvenes. Es lo que recientemente el presidente de la patronal guipuzcoana, Adegi, Eduardo Junkera, definía como «invierno demográfico». Calculaba en 80.000 los trabajadores que faltarán en Gipuzkoa cuando se jubilen los nacidos durante el baby boom’ de los años sesenta y setenta.

La crisis energética desatada en 2022 por la guerra de Ucrania acabó con los escépticos de las renovables. El tremendo impacto que generó en la economía el aumento del precio de la luz cerró consensos sobre la necesidad de desarrollar la energía verde, bien por motivos ambientales, por cuestiones económicas, o por las dos. Pero mientras ese acuerdo general recorría Europa, en Euskadi la falta de infraestructuras y unas malas condiciones meteorológicas hicieron que en 2023 se firmara el peor registro en generación renovable de los últimos doce años. Según recoge Red Eléctrica, el total de la electricidad de fuentes verdes generada en el País Vasco el año pasado fue de 881.358 MWh, la cifra más baja desde 2011, que es el último año que recoge el boletín estadístico del operador estatal. El caso es que hace doce años, la generación con energía eólica, fotovoltaica o hidráulica era un 25% mayor gracias al 1,18 millón de MWh alcanzado. Respecto al año anterior, el 2022, que es cuando estalló la guerra de Ucrania y una crisis de precios en la luz sin precedentes, en Euskadi la obtención de electricidad verde también descendió. En concreto, el 16,4%. Una tendencia que se ha venido reforzando en los últimos cinco años con un ajuste del 21%. En esta situación pesan varios aspectos. Uno de ellos ha sido el factor climático. Según explica el responsable del área de Energías Renovables y Aprovechamiento de Recursos del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñaki Bóveda, las condiciones del viento en la vertiente norte de la Península no fueron buenas. Así, los aerogeneradores produjeron entre un 20% y un 25% menos que su media habitual. Además, en lo que se refiere a la hidráulica, la sequía de la cuenca hidrográfica del Ebro se ha hecho notar hasta el punto de que Iberdrola ha señalado que el rendimiento energético en esta vertiente ha sido el más bajo en 23 años. Según explican desde el EVE, esta fuente de generación se redujo más de un 60% el pasado año en el País Vasco. Pero, además del tiempo, el principal problema es que no se han construido instalaciones de generación renovable. El último parque eólico en Euskadi se levantó hace 18 años en el Puerto de Bilbao. El rechazo social en muchos pueblos y el enfrentamiento político no ha ayudado a ello. 

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió en la última cumbre de ministros de Energía de la Unión Europea la necesidad de avanzar en un acuerdo para vetar el gas natural licuado (GNL) ruso. Este combustible se ha convertido en el más descargado en las regasificadoras europeas para hacer frente al cierre del Nord Strem (el gasoducto que proveía este combustible a Europa desde Rusia) provocado con la guerra de Ucrania. España ha sido el país donde mayor impacto ha tenido, ya que Enagas tiene más del 30% de la capacidad de regasificación del continente. El GNL ruso descargado en las siete instalaciones del operador estatal se incrementó un 34% en 2023 hasta alcanzar los 72.690 GWh. Una cantidad que, para ser transportada requiere de unos 75 buques. Mucho de ese combustible se trasladó luego a países de la Unión. El caso es que la dependencia europea sigue siendo alta, ya que el gasoducto que llegaba a Alemania transportaba 184 bcm anuales, una cantidad equivalente a 1.900 barcos. De ahí que el gas sea una de las pocas materias primas sobre las que no se han establecido un veto hasta ahora en la UE. Si se consumara la propuesta de la ministra Ribera, que requiere del consenso de los Veintisiete, la medida afectaría directamente al Puerto de Bilbao, que recibió el pasado año un total de 64 buques, de los que 29 contenían GNL de Rusia. La regasificadora que el Gobierno vasco y Enagas tienen en el municipio de Zierbena descargó en 2023 un total de 28.870 GWh de combustible procedente del país liderado por Vladímir Putin. Y es que la capital vizcaína es la puerta en España al gas ruso que viene por barco ya que recibe el 40% de las compras nacionales.

Entre las promesas que la falta de Presupuestos Generales del Estado para este año se llevarán por delante se encuentra el cambio previsto en el gravamen energético que puso en marcha el Gobierno en el verano de 2022, cuando arreciaba la crisis de precios de la luz y el gas. Aquel tributo era extraordinario pero iba a pasar a ser permanente. Y gravaba con un 1,2% la facturación de eléctricas y gasistas pero estaba llamado a «ajustarse» para minimizar su impacto desde este año, siempre y cuando las empresas afectadas se comprometieran a realizar inversiones de sostenibilidad y descarbonización. Esa era la intención de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aunque debía contar con el aval de su colega en el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero. Posiblemente se quedará en eso. En una idea. Porque sin proyecto de cuentas públicas, cualquier cambio es mucho más complejo y necesitaría una ley ‘ad hoc’ para modificarlo, con sus correspondientes mayorías en medio de tres procesos electorales: en Euskadi, Cataluña y Europa. Ante este panorama, las grandes energéticas españolas que abonan este tributo (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Cepsa, entre otras) han asumido ya que tendrán que seguir pagándolo en las mismas condiciones en las que se encuentra prorrogado desde el pasado 1 de enero. No era su previsión, pero el adiós a los Presupuestos de 2024 así lo provocará. En cualquier caso, hay una diferencia sustancial entre el pago realizado hace un año –por el que se gravaban los ingresos del ejercicio fiscal de 2022– y el que acaban de realizar el pasado 20 de febrero, fecha límite para abonar el primer pago del tributo: las energéticas han abonado bastante menos dinero que hace un año, según apuntan fuentes del sector a este diario. ¿La causa? Que la facturación desorbitada derivada de la crisis provocada por la guerra en Ucrania ya no es tal. Los precios se han relajado. Y que sus ingresos son inferiores. Con este panorama, Hacienda ya está recaudando hasta un 25% menos del gravamen de lo que ingresó un año antes.

La matricería vasca nació con Mecaner. La empresa de Urduliz fue creada en 1961 por Alberto Erhardt para atender un pedido de Seat y dio inicio en Euskadi a una potente industria que ha sido un gran orgullo para el territorio. Había casi veneración por la figura del maestro matricero que pulía los moldes con los que luego se daba forma a las puertas o al capó de los coches. Ahora Mecaner cierra y con ella muere en gran medida una actividad que lleva años agonizando, incapaz de competir en costes con China o el Este de Europa. El fabricante de automóviles Stellantis (Peugeot, Citröen, Opel, Fiat...) anunció en septiembre que bajaba la persiana de Mecaner y esta semana se ha iniciado la negociación para el ERE, que supondrá el despido de sus 142 trabajadores. La decisión de la multinacional es inamovible. Alega que no es rentable mientras que el comité les acusa de llevarse la producción a países ‘low cost’ como China. Mecaner se convierte así en la última pieza en caer de una lista negra que no para de crecer. Gestamp cerró en 2020 la emblemática Matricería Deusto y la ingeniería GTS, con 230 trabajadores. Un año antes, Batz, de la Corporación Mondragón, puso fin a Araluce, con 141 empleados. Otra empresa de este grupo, Matrici, entró en concurso en 2022 y aunque ha logrado salir, su plantilla ha quedado diezmada. Y esta es la última oleada porque el sector acumula ya muchas crisis, que siempre se han atribuido a la competencia de los países asiáticos.

Mercedes Vitoria ya tiene definido cómo esquivar el ERTE que amenazaba a la fábrica. Con la bolsa de días desactivables a siete jornadas de su tope –la dirección ya ha desconvocado 11 de 18 días– y ocho meses y medio de labor por delante, la cúpula y los sindicatos apenas necesitaron 48 horas para cerrar un preacuerdo. El texto acordado entre la dirección y la parte social permitirá a la fábrica elevar sus jornadas desactivables a 38 días, más del doble del límite actual. Esas 38 jornadas, sin embargo, tienen varios peros. Inicialmente el pacto alcanzado amplía hasta los 33 días la capacidad de desactivar jornadas. Sin embargo, el preacuerdo señala que se podrían cancelar hasta otras cinco jornadas más si hiciese falta a lo largo del año. ¿Cómo se van a distribuir esas jornadas? Serán diferentes según el tramo. Las siete que quedan aún habilitadas en el convenio seguirán con las condiciones actuales. Sin embargo, a partir de ahí cambiará la cosa. Si se pasa de las 18 cancelaciones, la empresa asumirá el 50% de esa desactivación. El otro 50% quedará en manos del trabajo, que podrá elegir entre deberle cuatro horas más a Mercedes o que se le descuente la parte salarial equivalente. Si ni siquiera por esas fuese suficiente para cubrir la bajada de pedidos, la multinacional alemana se compromete a perdonar otro 25% de horas. Eso sólo ocurrirá si se recurre a más de 33 cancelaciones de producción o no quedase más remedio que aplicar un ERTE.

La Diputación foral de Gipuzkoa ingresó 87,2 millones de euros en 2022 gracias a las reformas fiscales de 2014 y 2018 en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Es el impacto positivo que Jokin Perona, diputado de Hacienda, cifró el pasado 8 de febrero en su intervención en Juntas Generales en respuesta a la petición informativa realizada por el juntero de EH Bildu Haritz Pérez Martínez. En esa sesión de febrero se dieron a conocer las líneas generales del contenido de los informes de evaluación de ambos tributos, que tienen relación directa con la evolución del empleo y la renta, por un lado, y con la actividad empresarial por el otro. Todo ello en un contexto en el que las Diputaciones están estudiando qué medidas tomar de cara a la futura reforma para asegurar unos ingresos que garanticen el pago de las políticas públicas. La Diputación subraya que las reformas introducidas entonces en IRPF y Sociedades han «cumplido» con los objetivos de aumentar la recaudación para sostener los servicios públicos y «reforzar» la equidad –aportar al fisco según la capacidad contributiva– y progresividad –a mayores ingresos, mayor carga tributaria–. Un repaso a las estadísticas desde el año 2015, el primero en el que entró en vigor la reforma de 2014, permite comprobar que el fisco ha mejorado cada año sus ingresos en IRPF –el motor recaudatorio junto al IVA–. Y lo ha hecho, además, de forma llamativa, incluso con una pandemia de por medio. La mejora en esos siete años ha sido de un 41,3%. De las nueve principales medidas adoptadas en este tributo, la que mayores réditos proporcionó a las arcas forales fue la relacionada con el tratamiento de las aportaciones a las Entidades de Previsión Social voluntarias –EPSV–, cuya modificación normativa provocó un impacto de 34,1 millones y afectó a 26.251 contribuyentes. El límite de la aportación individual y la conjunta se quedó igual, en 5.000 y 12.000 euros, respectivamente, mientras que la novedad residió en la aportación de la empresa, con un límite de 8.000 euros.

Solo el 9,6% de los convenios vigentes negociados en Euskadi el pasado año incluyen una reducción de la jornada respecto del ejercicio anterior, porcentaje inferior al de 2022, cuando el 10,1% de los convenios contenía esta medida, y al de 2021, año en el que la tasa se elevaba al 10,3%. Según recoge el informe del Consejo vasco de Relaciones Laborales relativo al 2023, la cuantía media de la reducción de jornada pactada por convenio durante ese ejercicio (39 minutos) fue inferior a la registrada el año anterior, ya que en 2022 fue de 45 minutos. En 2021 la reducción para los convenios negociados en la CAV fue de 37 minutos y en 2020 la reducción fue de 48 minutos anuales de promedio para los convenios negociados en el ámbito vasco. De esta forma, la jornada media pactada para el año 2023 en aquellos convenios que se encontraban vigentes y con sus condiciones actualizadas, fue para el conjunto de Euskadi de 1.698 horas. Así, la diferencia entre la jornada pactada en los convenios negociados en la CAV (1.684 horas), y la de los registrados en el Estado con incidencia en esta comunidad (1.727 horas) fue de 43 horas. En 2022 la diferencia era de 24 horas, mientras que en 2021 la jornada pactada en los convenios de ámbito estatal con incidencia en Euskadi fue superior en 40 horas a la pactada en la negociación propia. Con carácter general, las jornadas que se pactan en los convenios aplicables en Euskadi siguen siendo inferiores a las pactadas para el conjunto del Estado (1.698 horas, frente a 1.749 horas). Si se tienen en cuenta únicamente los convenios negociados en la Comunidad Autónoma Vasca (excluidos los estatales con incidencia en esta comunidad), la jornada media se reduce todavía algo más, hasta a las 1.684 horas.

La maquinaria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nunca se para. Pendiente de que el Gobierno refuerce su estructura y sus medios, este organismo es uno de los que más asusta a las empresas cuando los funcionarios atraviesan sus puertas o cuando reciben una notificación que lleva su sello. Porque sus cerca de 3.000 efectivos vigilan el cumplimiento de las compañías en materia laboral. Cada día más. En 2023 realizaron 607.000 actuaciones, un 10% por encima del año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo, que ha declinado responder a las preguntas de este periódico. Tiene en marcha muchas campañas, algunas tradicionales y recurrentes, como pueda ser el fraude en la cotización o en las prestaciones, y otras de temporada, como actualmente sucede con las medidas de conciliación e igualdad de género, explica un inspector que pide anonimato. Por ello, las organizaciones deben estar preparadas para cuando les llegue el momento de someterse a este escrutinio. Que les llegará. “Las compañías no saben muy bien cómo funciona la Inspección y a qué se dedica. Y cuando les pide documentación, tampoco saben a lo que están obligadas y a lo que no”, mantiene David Díaz, director del área laboral de Baker McKenzie. Por ello no es de extrañar que tanto los propios funcionarios como los bufetes de abogados impartan cursos para enseñar a las organizaciones cómo deben actuar ante una inspección. Creen que antes de la visita, normalmente sin previo aviso, es básico contar con un protocolo para saber reaccionar y salir airosos del trance. Las empresas deben estar preparadas y colaborar para evitar sanciones de hasta un millón de euros. 

La natalidad en Gipuzkoa continúa cayendo en picado y el nivel de reemplazo demográfico, con una tasa de 1,34 hijos por madre, se sitúa muy lejos del necesario 2,1 para que los habitantes se mantengan sin disminuir su volumen. Con algo más de una docena de bebés viendo la luz cada día y una edad media en el territorio que ronda los 46 años, parece claro el reto demográfico al que se enfrenta Gipuzkoa, un tema amplio en el que tienen cabida cuestiones como la edad de las jubilaciones, las pensiones, el cuidado de los mayores y las relaciones entre una generación joven que pide ayuda para salir adelante y otra, la veterana, que busca vivir sin problemas el resto de su existencia. En este contexto, buscar una fórmula para mantener en el futuro la calidad de vida actual y una cohesión social que facilite la convivencia entre diferentes generaciones se ha convertido ya en una urgencia.

Los centennials están pasando por la peor crisis de salud mental en décadas y no se ven apoyados por las instituciones públicas ni por sus representantes. El 72% de los que tienen entre 18 y 35 años se siente abandonado por los políticos. La mayoría querría participar en la vida pública (ocho de cada 10 lo harían si encontraran canales adecuados), pero el 73% observa que se les escucha mucho menos que a otros grupos de edad, como los jubilados. Los datos proceden de una encuesta que el pasado viernes presentó en el Congreso de los Diputados la plataforma ciudadana España Mejor, cuya fundadora, la abogada internacional Miriam González, alertó de que «la situación de los jóvenes en España es dramática». «Se sienten ignorados. Tienen mucha desesperanza y desconfianza hacia los mayores, hacia los gobernantes y hacia la sociedad en general. Ya dan por perdido conseguir una educación de calidad, un trabajo acorde con su formación o poder emanciparse. El 45% de los entrevistados quieren ser funcionarios, no porque tengan vocación de servicio público sino porque quieren una nómina segura a final de mes. El panorama es desalentador», afirmó. La encuesta, realizada en una fase inicial a 11.000 jóvenes, tiene como objetivo llegar hasta 50.000 para «llamar la atención de los poderes públicos» sobre las inquietudes de «una generación realista y sin ilusión». Ahora que se avecinan nuevas elecciones –el 21-A, las vascas; el 14-M, las catalanas y el 9-J, las europeas–, el sondeo apunta que los jóvenes acudirán a las urnas con pocas ganas. El 43% no se siente representado por ningún político, según esta encuesta. La plataforma que preside Elsa Arnaiz recuerda que, en algunas elecciones, la abstención juvenil ha llegado a ser hasta 15 puntos superior a la de las demás franjas de edad. El politólogo y jurista Tomás Lozano dice que estos datos «demuestran la clara brecha existente entre la conversación civil y la percepción política de los jóvenes». «Los políticos están poniendo el foco en debates que responden a sus propios intereses, pero no tiene sentido que no hay políticas de desarrollo profesional o de generación de proyectos, ni buenas condiciones de empleo. Un joven con un sueldo de 1.300 euros al mes no pueda pagar un alquiler, desarrollar su vida cotidiana y tener hijos, que es el elefante en la habitación».

El Gobierno llevaba ya semanas tratando de combatir la idea de que, más de cien días después de la investidura del presidente, y cuando han transcurrido casi ocho meses desde las elecciones generales del 23 de julio, la legislatura no consigue despegar. Pedro Sánchez enterró bajo una alfombra el pasado verano su rechazo a una amnistía del ‘procés’ con el argumento de que solo alcanzar un acuerdo con Junts, liderado en la práctica por el prófugo Carles Puigdemont, permitiría seguir desarrollando su proyecto «progresista», pero la sensación de que un sobresalto se sucede a otro sin que sea posible para el Ejecutivo dar un paso en firme se había instalado ya en el ambiente. El adelanto electoral de Cataluña solo contribuye a acrecentarla. El presidente del Gobierno renunció a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 el miércoles, víspera de la votación clave de la amnistía en el Congreso, tras la convocatoria de Pere Aragonès a las urnas el 12 de mayo. Pero antes de eso ya se había visto obligado a posponerlos ante la dificultad de garantizarse el respaldo de los posconvergentes, que en enero sometieron a su equipo a una agónica negociación para sacar adelante los tres primeros reales decretos leyes de este mandato. En su primera entrevista tras ser reelegido presidente en noviembre, Sánchez auguró que las Cuentas estarían aprobadas en el primer trimestre de este año. Ese plazo ya había expirado. El propósito con el que, aun así, trabajaba hasta esta misma semana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era presentar el proyecto como tarde a principios de abril. Tras el frenazo del 30 de enero en la tramitación de la amnistía, el descalabro en las gallegas del 18 de febrero y el estallido del ‘caso Koldo’ tres días después, los socialistas creían que hacerlo permitiría apuntalar el mensaje de que, pese a sus muchas vicisitudes, el Gobierno es capaz de ofrecer un mínimo horizonte de estabilidad. 

El adelanto electoral en Cataluña y la perspectiva más que cierta de que esa circunstancia impediría tener los apoyos parlamentarios necesarios ha ‘animado’ al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a renunciar a presentar el proyecto de Presupuestos del Estado para este año, su principal herramienta de política económica y de reacción ante lo que pueda ocurrir. Una decisión que va a dejar damnificados. «Un Presupuesto prorrogado no creo que sea suficiente si pasa algo, si hubiera una nueva recesión o se agudizara la guerra en Ucrania», advierte Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. «Aunque se podría utilizar un decreto ley con medidas de urgencia, no tener Presupuestos da poco margen», indica Torres. No es, ni mucho menos, la primera vez que se prorroguen los Presupuestos del Estado. Ya se ha hecho en ocho ocasiones anteriores. «No es un drama», señala José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia. «Se pueden hacer reales decretos leyes, a los que últimamente estamos muy acostumbrados, para aprobar medidas si el Parlamento las apoya, pero no tener Presupuestos es renunciar a hacer política fiscal», subraya Boscá. Y la renuncia a presentar nuevas cuentas públicas evidencia la dificultad previsible que va a tener el Ejecutivo para sacar otras normas adelante. Las comunidades autónomas van a ser de las que más noten la falta de Presupuestos en 2024.

"...En lo inmediato, las grandes magnitudes fiscales se verán poco afectadas a nivel agregado. Si bien el techo de gasto se congela, entrañando una erosión del 3,5% en términos reales por el efecto de la inflación, la congelación es solo parcial: las pensiones y los sueldos públicos, por ejemplo, subirán en línea con lo acordado. Por otra parte, algunos ajustes podrían realizarse mediante proyectos de ley, como será probablemente el caso del factor Iprem, que sirve de base para el cálculo de las prestaciones asistenciales. Es precisamente por estas adaptaciones que anteriores prórrogas no tuvieron una incidencia notable en el déficit. En 2019, con los presupuestos prorrogados del año anterior, el déficit incluso subió medio punto en proporción del PIB (el año siguiente, con los mismos presupuestos prorrogados, el agujero escaló siete puntos adicionales como consecuencia de la pandemia). Los fondos europeos también aportan un elemento de flexibilidad. Algunas inversiones se paralizarán —básicamente las que no computan a efectos del plan de recuperación—, pero otras podrán ejecutarse ya que están respaldadas por los recursos transferidos por Bruselas, sin que se necesiten presupuestos propios. De manera similar, la creación de un fondo para inversiones tecnológicas, dotado de 20.000 millones de euros, podría seguir adelante gracias a los fondos. Las próximas transferencias europeas, sin embargo, dependen de reformas pendientes cuya tramitación parlamentaria no está garantizada. La incertidumbre nunca es buena para las expectativas de los consumidores y de las empresas. Una víctima colateral podría ser la inversión, que ya lastra un déficit acusado, algo preocupante de cara a las adaptaciones necesarias de nuestro modelo productivo en un contexto de cambio tecnológico acelerado por la inteligencia artificial y el cambio climático. La incertidumbre fiscal se cierne en torno a la inversión en el sector energético..."

Nadie sabe con exactitud cuando Emmanuel Macron pasó de ser un bálsamo a un halcón. Pero hay una fecha que marca la transformación: el pasado 21 de febrero. El Gobierno galo celebró ese día el ingresó en el Panteón de Francia del armenio Missak Manouchian y otros miembros de la resistencia, ejecutados por los nazis hace 80 años. El presidente se dirigió a sus invitados en El Elíseo con la siguiente frase: «El año que viene tendré que enviar algunos muchachos a Odessa». Solo le hubiera hecho falta echarse la pipa a la boca como el general MacArthur o cruzar la piernas sobre la mesa de Las Azores, pero lo cierto es que aquellas palabras impresionaron a todos los presentes. Sobre todo cuando días más tarde, al término de una cumbre de líderes, recuperó su propuesta de enviar tropas francesas (o sea, de la OTAN) a luchar con Rusia. ¿Quién era este presidente, de aspecto apacible e impoluto, que invocaba casi un conflicto mundial? ¿Cómo se había vuelto un látigo contra Moscú quien en 2017 recibió a Putin con una amplia sonrisa en «visita de trabajo» en Versalles, que en 2019 le llevó a su residencia de verano para reivindicar que Moscú volviera a acercarse a Europa o que, con la invasión en marcha, reclamó a los aliados que «no humillasen» a Rusia? En su favor cuenta que el líder francés ha sido tradicionalmente cortés y diplomático con su homólogo ruso, pero siempre con una matizada distancia. «Nos hemos dicho de todo», exclamó en Versalles para destacar que el jefe del Kremlin no había sido invitado con el fin de recibir abrazos. En su siguiente encuentro de 2019, tres años antes de la invasión, le pidió una cumbre para solucionar la crisis con Ucrania, Sin embargo, nada ha sido parecido a su llamada a pisar la ‘línea roja’ de desplegar tropas europeas en la exrepública, consciente como es de que involucrar a soldados de la OTAN desencadenaría probablemente una guerra global y de carácter nuclear.