20250110

El principal propietario de Talgo, el fondo de inversión Trilantic, ha acelerado las tareas para armar una opa sobre el 100% del fabricante de trenes que deje en vía muerta la oferta de Sidenor. Según ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras de las negociaciones, los movimientos de dos alternativas se han intensificado en los últimos días. Se trata de la compañía polaca PESA, participada con fondos públicos del Gobierno de Donald Tusk, y la empresa ferroviaria de la India Jupiter Wagons. El objetivo es vender a un precio más alto que el que ofrece la siderúrgica vasca. La operación que trata de cocinar el representante de Trilantic, Javier Bañón, serviría para recuperar una oferta sobre el total de las acciones de Talgo. Esta vía sacaría de la mesa a Sidenor, que es la apuesta que respaldan el Gobierno de España y también el Ejecutivo vasco, por su carácter industrial y nacional. Lo haría porque una opa por el 100% de Talgo elevaría el coste de la operación por encima de los 500 millones, una cantidad que escaparía a la capacidad del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. El industrial vasco ha planteado una oferta solo por el 29,9% de las acciones de Talgo, evitando así una oferta pública de adquisición por el conjunto de la empresa y ofreciendo hasta 4 euros por título, es decir, 150 millones. Para Trilantic se trata de una cifra insuficiente, ya que el fondo pide 5 euros, lo que valoraría su paquete accionarial en 185 millones. Las dos alternativas que han surgido a Sidenor, Pesa y Jupiter Wagons, se han reunido por separado con PwC para analizar la situación de Talgo. 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está tratando de desatascar la crisis de Talgo. Para ello, el departamento liderado por Óscar Puente reunió ayer a responsables del Gobierno vasco, Sidenor y Trilantic Capital Partners, según señalan fuentes gubernamentales al tanto del encuentro. El Ejecutivo quiere tener una solución antes de que termine enero. Es decir, en los próximos 20 días. El propio Óscar Puente señalaba también ayer en un desayuno informativo previo a dicho encuentro que esperaba que este problema esté “próximo a su solución”. El objetivo sería poner de acuerdo al potencial comprador, considerada la opción más idónea de las barajadas hasta ahora, y el principal accionista de la empresa, con alrededor el 30% de las acciones y que ha manifestado su deseo de vender su participación en el fabricante de trenes. El Gobierno, con capacidad de veto gracias al escudo antiopas, quiere que se mantenga la españolidad de la empresa y la capacidad de decisión dentro de España, lo que convierte a Sidenor en la primera opción por delante de otras propuestas extranjeras. Las fuentes consultadas señalan que, para ahormar la solución, el Ejecutivo estaría abierto a la participación posterior de otros actores que pudieran contribuir a garantizar el futuro de Talgo, pero siempre desde posiciones minoritarias que mantengan la capacidad de decisión de la empresa y su futuro industrial dentro de España. Hasta ahora, las posiciones estaban alejadas, de ahí que el Gobierno haya decidido mover ficha. La compañía siderúrgica presidida por José Antonio Jainaga puso una línea roja en el pago de cuatro euros por acción, lo que supondría valorar Talgo un 20% por debajo de la oferta que realizó el consorcio húngaro Ganz-Mavag Europe el pasado año. 

 El año que se cerró hace escasos días no fue bueno, en líneas generales, para la industria vasca. Las dificultades fueron más notorias en la segunda mitad de año. Así, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó en los once primeros meses del año un 1%, según datos divulgados por Eustat. Asimismo, en el mes de noviembre el IPI retrocedió un 1,6% en tasa interanual, un descenso que fue, de todas maneras, desigual por territorio, con una caída más agudizada en Araba por su exposición a la fabricación de automóviles. Lo cierto es que las dificultades se han ido acumulando a lo largo del último año para el sector. La rebaja en los costes de financiación por el descenso aplicado por el BCE a los tipos de interés aparece casi como el único acontecimiento positivo en un marco general en el que persisten los problemas vinculados a la inflación -en especial en materia energética- y la debilidad del sector exterior, con una demanda procedente de Europa que sigue al ralentí. Esto se nota especialmente en la producción automovilística, que se encuentra sumida en un momento de dudas por el descenso en las ventas de vehículos a combustión y las dudas en torno al eléctrico, donde China está acaparando el negocio en detrimento de los grandes fabricantes de Alemania y Francia. Esto tiene su traducción en que, por ejemplo, el territorio de Araba –donde se ubica la planta de Mercedes Benz– experimentó en los once primeros meses del año una caída acumulada en la producción industrial del 2,7%, un porcentaje notablemente superior al retroceso que tuvo lugar en Bizkaia (0,7%) y Gipuzkoa (0,4%).  

Será el miércoles, día 22, cuando el Congreso de los Diputados vote y, salvo sorpresa mayúscula, tumbe, el nuevo gravamen a las compañías energéticas que el Gobierno central PSOE-Sumar acordó con EH Bildu en el último Consejo de Ministros del año, el del pasado 23 de diciembre. En concreto, se aprobó un nuevo gravamen temporal (el existente hasta entonces decayó en las Cortes con los votos de PP, Junts y el PNV) que estará en vigor en 2025 estableciendo, eso sí, distintos incentivos para la descarbonización. El problema es que el decreto aprobado debía ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de un mes, de ahí que la Mesa de la institución haya establecido el día 22 para su debate. Lo que pactó EH Bildu con el PSOE a través de una disposición adicional dice así: «El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra». El Ejecutivo sabe que carece de mayoría para aprobar este gravamen porque Junts lo rechaza de plano. Una negativa también manifestada por el PNV al no estar acordado con las instituciones vascas. Los jeltzales nunca se han posicionado radicalmente en contra de esta figura, sino que siempre han defendido que el gravamen extraordinario que estaba vigente debía convertirse en un impuesto tradicional para poder concertarlo con las haciendas forales y, una vez aquí, tomar las decisiones que consideren para diferenciarse del régimen común y adaptarlo a la realidad vasca. Esto es, precisamente, lo que EH Bildu asegura que ha pactado con el Gobierno central.

El PP elevó ayer el tono contra el PNV después de un principio de año en el que a la apuesta del portavoz de la dirección nacional, Borja Sémper, por reforzar la «interlocución» con los jeltzales, el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, respondía que esperar el apoyo de Sabin Etxea es estar «equivocado». Un cruce de declaraciones en el que ayer irrumpió Miguel Tellado, portavoz en el Congreso y de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. El dirigente de Génova no llegó a desautorizar a Sémper, pero poco le faltó. Porque su intervención se mantuvo fiel al guion defendido en estos momentos por el PP vasco: que el PNV va a «piñón fijo» con los socialistas, que defiende políticas «de izquierdas» y que su máximo representante en el Congreso no es más que «el portavoz adjunto» de Pedro Sánchez. Tellado compareció en Bilbao en una rueda de prensa junto al propio De Andrés. La convocatoria tenía como objetivo genérico «analizar la situación política», pero en la práctica se convirtió en una puesta en escena para marcar distancias con el PNV y reforzar la postura del presidente del PP vasco, quien desde hace tiempo se esfuerza en subrayar la imagen de su partido como la única alternativa de centroderecha que existe en Euskadi y en recordar los pactos que el PNV mantiene tanto en Madrid como en el País Vasco con los socialistas. De ahí que De Andrés y Tellado no ahorrasen críticas hacia los nacionalistas. El primero recordó el respaldo «constante» de los jeltzales al Gobierno y a los proyectos de la «izquierda radical». Lo hizo, además, incluso echando mano de su apoyo a las leyes de Irene Montero en su etapa como ministra de Igualdad, «defendiendo con vehemencia» la «agenda woke» y «de izquierdas».

Aunque todavía no han comenzado las conversaciones formales entre la Diputación y la oposición, el PP se abre a apoyar también –acaba de respaldar los Presupuestos– la reforma fiscal en Gipuzkoa del Gobierno foral de PNV y PSE. Eso sí, los populares se muestran críticos con el proyecto presentado, pero quieren «aportar y sumar» a la norma. En el Ejecutivo foral, el ala jeltzale apela a un «acuerdo amplio» mientras que el PSE pide mantener el pacto de la ponencia que avaló EH Bildu. El Gobierno de Gipuzkoa vuelve a enfrentarse a otra prueba de fuego. Tras superar el escollo de los Presupuestos, aprobados gracias a los votos del PP, el Ejecutivo foral en minoría requiere una vez más del apoyo de uno de los partidos de la oposición para dar luz verde a la reforma fiscal. No será tarea fácil, ya que jeltzales y socialistas han presentado en los tres territorios históricos un proyecto unificado para garantizar la «armonización», por lo que una geometría variable en la que los socios sean diferentes para la norma alavesa y para la guipuzcoana –como ocurrió con las Cuentas del 2025 al llegar a pactos con el PP y EH Bildu– se antoja complicado. Eso sí, todavía sin iniciar conversaciones formales entre la Diputación y la oposición en Gipuzkoa, el PP ya muestra voluntad para alcanzar un posible acuerdo sobre esta reforma fiscal con el objetivo de «sumar y aportar», aunque se muestra crítico con el proyecto presentado. El PP ha sido el salvavidas del Gobierno foral que lidera desde junio del 2023 la diputada general Eider Mendoza. Fueron los populares quienes facilitaron su investidura y también quienes hace apenas tres semanas propiciaron con sus votos el primer Presupuesto de la legislatura. Este miércoles el partido liderado por Mikel Lezama fue el único grupo de la oposición que respaldó el Proyecto de Decreto Foral-Norma por el que se aprueban determinadas medidas tributarias para el ejercicio fiscal 2024. 

Los vascos con titulaciones en grados superiores están muy bien situados en el mercado laboral. Así lo corrobora el último informe elaborado por la Fundación CYD, donde se analizan las características de los titulados universitarios estatales y su inserción laboral. Solo el 4,3% de los ciudadanos de Euskadi –de entre 25 y 64 años– con titulaciones superiores se encontraba en paro en el año 2023. Esta cifra convierte al País Vasco en la autonomía con la tasa de paro más baja de todo el Estado, superando en el podio a Cataluña y La Rioja, con un 5% y un 5,3%, respectivamente. Por la cola aparecen comunidades como Andalucía y Extremadura, donde uno de cada 10 egresados –10,4%, exactamente– no estaba trabajando ese año. El estudio, elaborado con los datos aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de Estadística y la Seguridad Social, también refleja que Euskadi está en el puesto más alto de la clasificación en el porcentaje de graduados superiores entre la población de 25 a 64 años –55,7%–, tomando en cuenta los datos más actuales sobre estas estadísticas, recabados en 2023. Es un ranking en el que solo sigue su ritmo, aunque algo lejos, Madrid, con un 50,5%. Por detrás, aparecen Cantabria y Navarra, y en el último lugar, Baleares, con un pobre 33,5%. En cuanto a la tasa de actividad de los egresados a nivel estatal –el indicador que mide la relación entre la población activa y el total de la población en edad de trabajar–, el País Vasco también ocupa las posiciones altas dentro de las clasificaciones elaboradas por la Fundación CYD, aunque en este caso las diferencias entre las distintas comunidades autónomas son pequeñas. En el indicador de la tasa de empleo –la proporción de personas que trabajan respecto a la población en edad de trabajar–, Euskadi es la tercera autonomía con el índice más alto de España, solo superada por Cataluña y La Rioja. Canarias y Andalucía, con menos del 80%, ocupan las posiciones más bajas de esta clasificación, en la que Baleares es la única región que ha registrado una estadística más baja que la recogida en 2019. Además, en el informe presentado por esta prestigiosa institución académica, se recoge que en el año 2023 la renta media equivalente de los graduados superiores en España fue de 27.101 euros, un 64,7% superior a la de quienes solo alcanzaron estudios obligatorios. 

Duro revés al último intento del Ministerio de Función Pública para mantener la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. DKV se sumó ayer a Adeslas y confirmó que no acudirá a la nueva licitación planteada por el Ejecutivo. Una decisión que afectará a los 200.000 empleados públicos que actualmente están suscritos a su seguro y que se sumarían a los más de 500.000 de Adeslas. En total, más de 700.000 funcionarios que, si nadie lo remedia, se quedarán sin su seguro médico actual a partir de abril, fecha a la que el Gobierno ha obligado a las aseguradoras a mantener sus servicios mientras se resuelve –si es que finalmente lo hace– el nuevo concierto. En el caso de Euskadi son solo 1.300, pero se suman a los casi 12.000 que estaban bajo el paraguas de Adeslas (propietaria del IMQ), sobre un total de 24.200 mutualistas. Hay que recordar, además, que cerca de 8.100 ya están en la Seguridad Social con lo que solo quedarían los 2.774 de Asisa. Ahora toda la presión recae sobre esta última compañía, la tercera aseguradora de Muface con más de 363.000 funcionarios a su cargo en el conjunto de España. La firma debe decidir antes del 15 de enero si acude o no a la licitación, con la duda de si será capaz de asumir a todos los mutualistas que se quedarán sin el servicio de las otras aseguradoras. Fuentes de Asisa indican a este diario que siguen analizando los pliegos del concierto y que esa posibilidad de presentarse en solitario también se está estudiando.

Comprar una vivienda sin recurrir a un préstamo hipotecario en Euskadi se antoja como una misión prácticamente imposible para familias y particulares vascos. De hecho, el País Vasco es la segunda comunidad de todo el Estado, solo superada por Madrid, donde menos hogares se compran sin la necesidad de acudir a una entidad financiera para endeudarse. En concreto, el 31,9% de las compraventas llevadas a cabo en noviembre fueron al contado, muy lejos del 48,4% de la media estatal, según los datos publicados ayer por el Consejo General del Notariado. Si atendemos precisamente al número de operaciones llevadas a cabo en Euskadi en el undécimo mes del año (2.191), tan solo 699 familias y particulares vascos compraron una vivienda a tocateja, frente a las 1.492 que tuvieron que pedir un préstamo hipotecario. El bajo número de viviendas compradas en mano en el País Vasco se explica por el elevado precio del metro cuadrado, que sube un 2,9% respecto al mismo mes del 2023, hasta los 2.725 euros. Las compraventas totales, por su parte, se disparan un 10,5% respecto a noviembre del 2023. La clasificación estatal de viviendas compradas al contado sitúa a la región de Murcia a la cabeza de este ránking, con un 64%. Le sigue Castilla la Mancha (63,9%) y la Comunidad Valenciana (62,9%). En la última posición están Madrid (29,4%), Euskadi (31,9%) y Navarra (40,1%). Además, entre quienes se endeudan para adquirir una vivienda, también tienen que hacerlo con un importante capital acumulado en sus manos. Los notarios constatan que la banca está concediendo en Euskadi un 67,1% del valor del inmueble. Es decir, que hay que tener ahorrado más un 30% del capital, además de los correspondientes pagos de impuestos, tasas y registros oficiales.

El Palacio Euskalduna fue el escenario de la quinta edición de los premios Retail Digital Sariak, que organiza la Cámara de Bilbao para reconocer la labor del comercio, la hostelería y los servicios de Bizkaia en el camino hacia la innovación y la digitalización. En el acto, presentado por el periodista Koldo Campo, intervinieron José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Bilbao; y Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Los premiados fueron Astarloa. Libros, arte y antigüedades (mejor web corporativa); Petite Siesta (mejor web de comercio electrónico); La Manducateca (mejor uso del social media); Koala Baby, de Galdakao (retail más completo); Kikaren Munduan, de Gernika (mejor establecimiento sostenible); Khaleko, de MuxiKa (espacio comercial más innovador); Mai Piu, de Gernika (mejor escaparate) y Akerlei Centro de Formación, de Ermua (premio del público al mejor escaparate de Bizkaia). Entre los asistentes, Pedro Campo y María López Negrete, presidente y vicepresidenta de Cecobi. 

Para los expertos, «en estos momentos en los que se debate la reducción de la jornada laboral a tiempo completo de las 40 horas actuales a 37,5 horas», es un elemento «a tener en cuenta» que, aunque la disminución del tiempo de trabajo no influirá en la cuantía mensual del SMI ni en la relación entre el salario mínimo y el medio, «sí supondrá un aumento del salario por hora en aquellos sectores donde la jornada laboral a tiempo completo todavía sea de 40 horas, incrementándose en un 2,5% por cada hora de reducción». En base a estos cálculos, el recorte de la jornada disparará un 6,25% los sueldos en aquellos sectores que todavía se sitúen en la jornada máxima legal de 40 horas, ya que tendrán que reducirla en dos horas y media semanales. Con todo, los asesores añaden que «es de esperar que dicha reducción se traduzca también en un aumento de la productividad que compense parte del aumento del coste laboral». No es la única advertencia que contiene el informe. Como en anteriores ediciones, el comité descarta que las fuertes subidas del SMI impulsadas por este Gobierno hayan tenido un impacto negativo en el empleo. Sin embargo, en esta ocasión llaman la atención sobre algunos efectos colaterales que les empiezan a generar «preocupación».

"El asunto del Salario Mínimo es muy sensible. En primer lugar por el gran número de afectados/interesados, cuya cifra supera los dos millones y medio de trabajadores. En segundo por sus efectos colaterales sobre las escalas salariales, pues afecta directamente a los mínimos (como su mismo nombre indica) pero también a los inmediatamente superiores que se ven aproximados o superados por ellos tras la subida...Ni todas las empresas son iguales, ni todos los sectores obtienen el mismo valor añadido, ni en todos los lugares los costes y los niveles de vida evolucionan de manera similar. Eso es lo que le lleva al ministro... Carlos Cuerpo a detener el proyecto de reducciones horarias y mirar con detalle sus efectos concretos en los distintos tipos, lugares y tamaños...Fijarse solo en el salario mínimo y hacerlo de manera independiente del conjunto de los costes laborales que soporta y asume una empresa es un error grave...Además del salario mínimo, estamos en plena imposición, sin diálogo social mediante, de la rebaja del tiempo de trabajo sin merma del salario, que supone un coste añadido que será quizás pequeño y asumible para las grandes empresas tecnológicas de Madrid, Barcelona o Bilbao, pero que será sensible para las pequeñas y medianas empresas de la hostelería, del comercio, de la agricultura y, desde luego, para el servicio doméstico. Por si fuera poco, no deberíamos olvidarnos de los constantes incrementos de las cotizaciones sociales, algunas sin aumentos de las prestaciones. Hay que analizarlo todo en su conjunto, salarios, horario y cotizaciones, porque ese total es el que compone el resultado final del coste laboral..."

Si sigue al pie de la letra las recomendaciones del grupo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno tendrá que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) español 39 o 50 euros mensuales en 14 pagas. Eso dará pie a dos posibles escenarios ya en 2025. En el primero, el SMI subiría hasta 1.173 euros brutos al mes, mientras que en el segundo llegaría hasta los 1.184 euros. Aunque la coalición del PSOE y Sumar todavía tiene que decidir cuál de las dos opciones tomar, lo que parece estar claro es que esta vez no habrá una adaptación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (el IRPF) al nuevo suelo salarial, lo que obligará a los contribuyentes que lo cobren a tributar por él por primera vez. En los últimos años, siempre que el SMI subía, el Ministerio de Hacienda hacía lo propio y llevaba a cabo una revisión posterior del IRPF para aumentar hasta la nueva referencia retributiva el mínimo exento a partir del cual hay que pagar. Es lo que sucedió, sin ir más lejos, el pasado ejercicio, cuando el límite para tributar por el IRPF se subió hasta los 15.876 euros –el actual salario mínimo–. Lo mismo sucedió en 2023, en aquel entonces hasta los 15.120 euros. Sin embargo, según avanzan fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero, en esta ocasión no se tiene pensado realizar dicha corrección, por lo que el mínimo exento, que en la práctica funciona como la frontera a partir de la cual se rinden cuentas con la Agencia Tributaria, se mantendrá al nivel actual. Esto, según cálculos llevados a cabo por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), provocaría una suerte de desfase técnico que obligaría a los beneficiarios del SMI a pagar en el IRPF alrededor del 42% de la subida prevista, sea cual sea. Aunque la decisión final todavía no está tomada, en Hacienda confirman que en principio no se prevé una actualización del IRPF similar a la de otros años.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó ayer las prioridades de su departamento en 2025. Quiere que el número de trabajadores siga creciendo, desarrollar un plan de integración y convivencia intercultural y mejorar la protección social del sistema público. Entre esos objetivos prioritarios, el ministerio también apuesta por “ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”. Es el listado de puestos de trabajo para los que el Ejecutivo autoriza a las empresas la contratación en el extranjero por escasez de mano de obra. Es un planteamiento distinto al que defiende el Ministerio de Trabajo, que mediante el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) publica el catálogo. El departamento de Yolanda Díaz viene mostrando resistencia a la inclusión de más profesiones, cree que España no sufre un problema de vacantes y subraya que este documento es su competencia. Seguridad Social subraya que algunos sectores sufren escasez de mano de obra y reivindica su protagonismo en la confección del listado. Esta diferencia de opiniones coincide con la que mantienen Economía y Trabajo a cuenta de la reducción de jornada. De momento es un desencuentro leve, pero es un motivo más de discusión en el seno del Ejecutivo, instalado en la trifulca. Hasta 2023, el catálogo era una herramienta predecible, compuesta de ocupaciones muy minoritarias, como maquinista naval o piloto de buques mercantes. Cuando tenía el cargo que ahora ostenta Saiz, José Luis Escrivá insistió muchísimo para que el catálogo cambiara, que incorporase a fontaneros, soldadores o camioneros. Tras mucha presión, también de la patronal, el Ministerio de Trabajo accedió a incluir profesiones técnicas de la construcción, como montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC; instaladores electricistas de edificios y viviendas; o conductores-operadores de grúa móvil. Saiz quiere ir más allá. Dijo ayer que busca una “mejor inclusión de las personas extranjeras” en el mercado laboral. “Es un asunto prioritario que abordaremos a través de dos líneas de trabajo íntimamente conectadas: una, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, una tarea que asumiré personalmente, identificando sectores de mano de obra de forma objetiva, y otra, la estrategia de movilidad laboral”. 

Nuevo año pero mismo propósito para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quien no se da por vencida tras la mala acogida que tuvo su propuesta de poner en marcha bajas laborales flexibles que permitan compatibilizar acudir al empleo con ausencias al trabajo siempre y cuando esté avalado por el médico. La sucesora de José Luis Escrivá se mantiene en sus trece y su gran prioridad para este año, además de seguir creando al menos otro medio millón de nuevos empleos, es regular lo que ahora denomina «altas progresivas», un cambio de nombre porque –reconoce– igual no supo explicar bien su iniciativa, que no es otra que permitir, en determinadas patologías, como puede ser la enfermedad del cáncer, una incorporación al trabajo gradual y no de golpe, en los casos en que así se pueda beneficiar al paciente. «Seguiremos negociando una nueva regulación para las altas progresivas con la salud en el centro. Mejoraremos la protección de los trabajadores», aseguró ayer en un encuentro con los medios. Para ello, anunció que ella misma presidirá la primera reunión del año de la mesa del diálogo social en la que el protagonismo absoluto lo tendrá este tema y que se celebrará la última semana de enero. Falta saber si los sindicatos acudirán a esta reunión, puesto que tanto UGT como CC OO se han mostrado totalmente contrarios a estas ‘bajas flexibles’ desde que estalló la polémica hace ya más de cuatro meses, y advirtieron de que no se sentarán a negociarlo. Pero Saiz se mostró confiada en que arrancará un acuerdo tanto a la patronal, que sí lo ve con buenos ojos, como a los sindicatos para así –precisó– seguir la línea de otros países europeos. 

El Gobierno ha insistido en los últimos meses, por activa y por pasiva, en la fortaleza y resiliencia de la economía española que, en palabras del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de ir “como una moto” a hacerlo “como un cohete”. Sin embargo, la percepción que tienen los agentes económicos no es tan uniforme ni concluyente. La partitura del crecimiento no suena con la misma intensidad en todos los sectores de actividad, ni sus efectos se han trasladado por igual a empresas y familias. De hecho, la cifra de procedimientos concursales, lo que es sinónimo de negocios en apuros, se disparó en 2024 hasta cifras inéditas en más de una década después de haber crecido un 22% en el año. Con este telón de fondo, los economistas españoles advierten de que si bien “es evidente que hay señales positivas a nivel macroeconómico”, España sigue teniendo por delante importantes retos y desequilibrios que condicionan su potencial de crecimiento a futuro, como el grave problema de la vivienda, el abultado endeudamiento público o las dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones. Todo ello aderezado por unas crecientes cargas impositivas y laborales al tejido empresarial que lastran la competitividad de la economía. De hecho, para más del 70% de los economistas españoles la elevada presión fiscal y los costes salariales representan “las mayores barreras de nuestra competitividad”. Así lo refleja el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas de España (CGE), correspondiente al segundo semestre de 2024 y publicado ayer, que recoge las opiniones de economistas colegiados de todo el territorio nacional y en el que se muestra que ambos factores preocupan al 74% y al 72% del colectivo (presión fiscal y costes salariales, respectivamente); esto es, prácticamente a tres de cada cuatro.

El año 2024 cerró con un balance mixto para la construcción en España, un espejo de los tiempos económicos que vivimos: la incertidumbre global no logró apagar la vitalidad que viene registrando el sector en los últimos tres años. Sin embargo, hay dos problemas crecientes que se observan: uno en el ritmo de edificación de viviendas y otro en el empleo, donde las expectativas de generar nuevas ofertas de trabajo han caído 15,7 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023. Ambas dificultades hicieron que el indicador de clima de la construcción –el termómetro principal para los analistas que publica mensualmente el Ministerio de Industria–, terminara el año con uno de los valores más bajos en 12 meses (con un repunte intermensual de solo 0,9 puntos) y muy lejos del promedio anual (8 puntos). La desaceleración se debe en concreto a que, mientras las carteras de pedidos mantuvieron el tipo (con un aumento de 10,6 puntos), las expectativas de empleo, que reflejan la confianza empresarial, se desplomaron casi nueve puntos. En términos interanuales, el descenso es de poco más de 10 puntos respecto a 2023. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), considera que esto no supone una crisis, pero sí una ralentización. “No es que el sector caiga, pero hemos alcanzado un punto donde la falta de mano de obra empieza a frenar proyectos, especialmente en vivienda. Si no resolvemos este problema, será difícil mantener el ritmo que la demanda exige”, detalla. 

BBVA quiere evitar que Sabadell haga un movimiento táctico con su autocartera que ponga en aprietos el éxito de la compra de Sabadell. Ocho meses después de la presentación de la opa hostil, Carlos Torres ha decidido rebajar el umbral mínimo de aceptación de la oferta con el objetivo de excluir del cómputo total de acciones la autocartera de Sabadell. Es decir, los títulos propios que tiene el banco. Con la reformulación, la opa saldrá adelante si BBVA consigue el sí del 50% más una de las acciones con derecho a voto. Hasta ahora, el anuncio de la oferta decía que la condición mínima era que acudiera a la oferta la mitad más uno de los títulos emitidos. Los abogados de BBVA quieren evitar que se produzca la situación hipotética de que adquirir el 50,01% del capital de Sabadell no le diera el control efectivo del banco, dado que las acciones de autocartera no tienen derechos de voto. Garrigues es el despacho que asesora a BBVA en esta operación. El objetivo es que sean los 200.000 accionistas con capacidad de decidir los que decanten la balanza. Según las fuentes consultadas, excluir la autocartera suele ser habitual en las opas de exclusión de Bolsa y squeeze out. Pero no ha ocurrido nunca en las opas voluntarias, al menos en el pasado reciente. Fuentes de BBVA señalaron ayer que la modificación de la oferta obedece a un “ajuste técnico”.

El peso lo sustentan dos consorcios: el francoitaloestadounidense Stellantis y el alemán Volkswagen. Estos dos gigantes del sector del automóvil concentran el 73% de la producción de vehículos en España, según los datos de las plantas a cierre de 2024. La cuota conjunta de Stellantis y Volkswagen sobre el total de la producción nacional no solo refuerza el peso y la historia que tienen ambas en España, sino que supone elevar la dependencia industrial de nuestro país respecto a estas dos empresas. A cierre de 2023, ambas representaban menos del 70% de la fabricación. Stellantis y Volkswagen operan cinco de las 17 factorías españolas de la industria. En total, los dos grupos ensamblaron más de 1,73 millones de vehículos en sus plantas nacionales durante el año pasado, lo que supone mejorar en un 1% el volumen contabilizado a cierre de 2023, sobre una producción total en España de 2,37 millones. España cuenta con una sólida posición en producción de motores de combustión e híbridos, aunque se está posicionando también en materia del vehículo eléctrico, ya que está recibiendo últimamente nuevos proyectos como la producción de una nueva generación de furgonetas eléctricas en Vitoria (Mercedes-Benz), de una nueva familia de eléctricos en Vigo y Zaragoza (Stellantis) o de vehículos eléctricos pequeños en Martorell (Barcelona) y Pamplona (Volskwagen). Es previsible que a corto y medio plazo se anuncien más adjudicaciones de vehículos eléctricos, como por ejemplo de Renault, que tiene en España su hub de híbridos y que está preparando un plan industrial. 

España está aumentando poco a poco la red de recarga de vehículos eléctricos y ya alcanzan niveles adecuados para el volumen actual de matriculaciones de eléctricos en el país, que sigue sin superar el 5% de cuota sobre el total del mercado. A cierre de 2024, España contaba con un total de 38.725 puntos de recarga operativos de coches eléctricos, lo que representa un fuerte incremento del 32% en comparación con las 29.301 unidades con las que finalizó 2023, según datos recogidos en el Barómetro de la Electromovilidad publicado ayer por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Este aumento ha sido posible gracias a la ofensiva de las grandes energéticas como Iberdrola, Endesa o Moeve a la hora de ampliar la capilaridad geográfica de la red pública de recarga, que todavía está por debajo del objetivo de la patronal de los fabricantes de llegar a los 64.000 puntos operativos en 2024. Solo en 2024 se pusieron en marcha 9.424 nuevos puntos de recarga en España, una cifra considerable, aunque por debajo de los 11.173 puntos que se instalaron al término de 2023. Uno de los datos más destacados es el elevado número de postes de recarga que se encuentran fuera de servicio en estos momentos en España, tanto por estar averiados o en mal estado como por no haberse podido conectar todavía a la red de distribución por la elevada burocracia, que hace que este trámite se dilate hasta más de un año.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus entregó 766 aviones comerciales en 2024, un 4% más que en el año anterior, pero ligeramente por debajo del objetivo de 770 unidades que se había marcado para un ejercicio marcado por los cuellos de botella en la cadena de producción. La cifra es la más alta de Airbus en los últimos seis años y refleja la renovación de flota de muchas aerolíneas con aviones más eficientes en el consumo de combustible, como es el caso de la familia A321neo. Por otro lado, Airbus obtuvo 878 nuevos pedidos brutos de aviones comerciales, con lo que su cartera total a finales de año se sitúa en 8.658 aeronaves. El CEO de Aviones Comerciales, Christian Scherer, señaló que la demanda fue sostenida durante 2024.

Cada vez más pasajeros evitan los congestionados aeropuertos principales y toman vuelos directos, a medida que las aerolíneas aprovechan los nuevos aviones para rediseñar sus redes. Desde los inicios de la era de los aviones a reacción, las aerolíneas han utilizado aviones de gran tamaño y alto consumo de combustible en las rutas intercontinentales más transitadas. Estas rutas enlazan grandes aeropuertos, antes de que los pasajeros hagan transbordo a aviones más pequeños a través de conexiones regionales. Pero los avances en la tecnología aeronáutica han puesto bajo presión este modelo de centros de conexión o hubs. Las aerolíneas pueden utilizar ahora aviones de pasillo único más pequeños y eficientes, normalmente asociados a viajes más cortos, en trayectos largos, abriendo rutas directas que no habrían resultado rentables con aviones más grandes. Los pasajeros de United Airlines que crucen el Atlántico el próximo verano podrán coger vuelos directos desde la Costa Este de EEUU a destinos como Bilbao (España), Palermo (Italia) o incluso Groenlandia. “Aviones más pequeños y de menor consumo, como el Boeing 737 Max 8, han hecho posible un nuevo servicio sin escalas a destinos de ocio en auge accesibles desde la Costa Este de EEUU”, explica Patrick Quayle, vicepresidente sénior de planificación de red global y alianzas de United Airlines. “Nuestra cartera de vuelos de punto a punto aprovecha el creciente interés por diversos lugares de Europa”, añade.

Horas antes de la investidura hoy de Nicolás Maduro, la crisis política de Venezuela entró en una fase impredecible. La oposición al régimen se echó a las calles y la reaparición de su líder, María Corina Machado, tras más de 130 días en la clandestinidad elevó al máximo la tensión. Agentes chavistas interceptaron tras un tiroteo a la comitiva que la protegía cuando abandonaba en moto una concentración contra el Gobierno. Machado permaneció detenida varias horas. La gran manifestación contra la investidura del presidente Nicolás Maduro terminó ayer envuelta en nervios, miedo y, sobre todo, confusión. La líder opositora María Corina Machado apareció tal y como había prometido en la movilización de Caracas. Al término de un breve mitin, intentó huir pero fue detenida por las fuerzas de seguridad del régimen en una operación de interceptación en la que se escucharon disparos, según denunció el equipo que acompaña habitualmente a la disidente y se encargó de su campaña electoral, Comando con Venezuela. Más tarde, este mismo grupo anunció que había sido liberada después de ser forzada a grabar varios vídeos. Los acontecimientos no han sido confirmados por el régimen chavista.

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia. Pero la presencia militar de EEUU allí ha eclipsado durante mucho tiempo el puñado de buques, patrullas de trineos tirados por perros y un único avión de vigilancia operado por el garante de la seguridad de la isla ártica, Dinamarca. La Base de Pituffik, en el extremo norte de Groenlandia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, alberga a 200 militares estadounidenses y a otras 450 fuerzas y contratistas de aliados, y forma parte del sistema de alerta temprana de misiles de Washington, además de ofrecer vigilancia espacial y mando de satélites. La base de EEUU más septentrional, a sólo unos 1.500 km del Polo Norte, es el símbolo más potente de lo vital que es Groenlandia para la seguridad estadounidense. Pero es probable que su importancia geoestratégica aumente a medida que el cambio climático reconfigure el Ártico, abriendo nuevas rutas comerciales cerca de Norteamérica, situando a Groenlandia en el centro de la pugna polar entre EEUU, China y Rusia. Según Mikkel Runge Olesen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS), “para EEUU, el problema es el interés chino y ruso por el Ártico. EEUU ha empezado a ver el Ártico como una región de competencia geopolítica. Para EEUU es muy importante mantener a las otras grandes potencias fuera de Groenlandia”. Cuando Trump expresó por primera vez su interés en comprar Groenlandia en 2019, lo enmarcó como “un gran negocio inmobiliario” y enfatizó los aspectos económicos de arrebatársela a Dinamarca. Esta vez, su enfoque ha cambiado. “Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, dijo, y mencionaba la necesidad de disuadir a los buques rusos y chinos. La mayor isla no continental del mundo sólo tiene 57.000 habitantes, pero juega un enorme papel en materia de seguridad.