20241217

Un poco a contracorriente de algunas de las últimas estimaciones que se han hecho para el próximo año, las empresas vascas se muestran «moderadamente optimistas» en torno al comportamiento de la economía en 2025. Creen incluso que habrá algo más de dinamismo que en este 2024. De ahí que las tres cámaras de comercio de Euskadi hayan calculado que el PIB de la comunidad autónoma crecerá en torno al 2,2% el próximo ejercicio, tras analizar una encuesta en la que han participado 800 empresas vascas. Esa estimación, pese a todo, tan solo supone una décima más de crecimiento que la última previsión oficial realizada por el Gobierno vasco y que ha servido como base para calcular la evolución de los ingresos fiscales del próximo ejercicio. La impresión manifestada por las empresas contrasta con las previsiones de organismos internacionales como el Banco Central Europeo y la OCDE, cuyas últimas estimaciones han sonado a jarro de agua fría al interpretar que las locomotoras económicas de Europa van a seguir al ralentí más tiempo del que inicialmente se había previsto. Pese a ello, un buen número de compañías vascas creen que 2025 va a ser mejor en tres aspectos fundamentales: la demanda interna, las exportaciones y la generación de empleo. Tan solo el 14,8% cree que habrá una relajación de la demanda interna, mientras que el 39,4% apuesta por una mejoría en las exportaciones. Por el contrario, las mismas empresas reconocen que en 2024 las cosas han ido algo peor de lo que esperaban en casi todas las vertientes, salvo en su intención de invertir. Un aspecto que, apuntan, está ligado a la necesidad de abordar cambios estructurales para mejorar la competitividad o adaptarse a las obligaciones en materia de transición energética y descarbonización. La moderación de los tipos de interés y la consiguiente mejora en las condiciones de financiación, indican, también ha jugado un papel decisivo en esta inclinación a mejorar las inversiones.

La energía eólica marina –‘offshore’– es una de las renovables con mayor crecimiento en los últimos años. Un tirón que ha atraído las miradas de Amper, la empresa que cotiza en la Bolsa dedicada a los negocios de energía y defensa, sobre la compañía vasca Navacel y que ha adquirido por 23,8 millones de euros. Navacel lleva años especializada en la fabricación de grandes infraestructuras para las plataformas de extracción de gas y petróleo, así como para la energía eólica marina. La ubicación de una de sus principales plantas en la Ría de Bilbao y la concesión en el Puerto del Abra con acceso al Cantábrico han sumado en el interés de Amper. La compañía afronta ahora un proceso de crecimiento en su área de energía y la capacidad de Navacel para construir piezas críticas de los aerogeneradores marinos, como sus plataformas, ha sido clave. La adquisición se ha abonado al 50% en metálico y la otra en mitad mediante la emisión de acciones a 0,15 euros, con lo que la familia Celorio –fundadora de Navacel– será titular del 5% de las accionistas de Amper y podrá nombrar a un representante en su consejo de administración. Ante un caso más de una compañía familiar que pierde el control de la empresa en Euskadi, fuentes de Amper explican que se trata de un proyecto industrial con una apuesta firme por el arraigo y las instalaciones de Navacel. Además de las del Puerto de Bilbao, la empresa tiene en Alegría (Álava), una planta de 100.000 metros cuadrados.

La Fundación BBK, principal accionista de Kutxabank, ha rebajado su participación en el constructor ferroviario vasco CAF hasta el 13,2% de su capital, lo que supone el primer movimiento accionarial del banco en el fabricante de trenes desde hace casi siete años. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BBK se ha desprendido de 282.848 acciones, que tienen un precio actual de mercado de cerca de 10 millones de euros, a tenor de los 34,25 euros a los que cotizan. Su participación en la ferroviaria con sede en Beasain (Gipuzkoa) se remonta a 2008, cuando contaba con el 5,8% del capital. En 2016 llegó hasta el 19%, que se redujo al 14% en 2017, intacto hasta ahora. Su participación actual está valorada en 155 millones de euros. BBK aprovecha la zona de máximos en la que se encuentra CAF en Bolsa, si bien a principios de noviembre llegó a alcanzar los 38 euros por acción. No obstante, desde los 31 euros a los que cayó a finales de ese mes se ha revalorizado un 9%. Cartera Social (los trabajadores del grupo con acciones) es el principal accionista de CAF, con el 25%, seguida del 13,2% de BBK, del 5% de Indumenta Pueri (dueño de la marca de moda infantil Mayoral) y del 3% del Gobierno vasco.

La segunda sede del futuro centro vasco de datos Atlantic Data Infrastructure (ADI) se construirá en el Parque Tecnológico Garaia de Arrasate, y contará con una ampliación de capital después de la entrada de Kutxabank, Iberdrola, Mondragon y las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia como socios, que se suman así al Gobierno Vasco, Teknei, Dominion, Euskaltel y Gertek. El ADI, el nuevo proyecto tecnológico e industrial centrado en la seguridad y conectividad de las infraestructuras para los servicios de información, tendrá su sede principal en Bizkaia. El presidente y director general de Dominium, Roberto Tobillas, señaló en un acto con medios celebrado en octubre que ADI ultimaba la entrada este año de Kutxabank e Iberdrola como socios. Finalmente, la entidad bancaria y la multinacional eléctrica entran como socios, y de la mano de una ampliación de capital. Tobillas subrayó que son dos «socios de absoluto arraigo y relevancia en el país», en el contexto de un proyecto en red que ha calificado «de país y de territorio» donde se quiere que «estén representados todos los sectores y socios principales que hay en Euskadi». Impulsado por Euskaltel, Grupo Teknei, Dominion y el Gobierno Vasco, Atlantic Data Infrastructure (ADI) es un proyecto tecnológico-industrial centrado en la seguridad, disponibilidad, conectividad y sostenibilidad de las infraestructuras para los servicios de información que hace con la vocación de convertirse en un conjunto de centros de datos para apoyar la transformación digital de empresas e instituciones en Euskadi. Su objetivo es que sus instalaciones se distribuyan por toda la Comunidad Autónoma Vasca e, incluso, Navarra. Por otro lado, ADI estima que las obras del centro ubicado en el Parque Teknologico Ezkerraldea de Abanto Zierbena finalizarán en el primer trimestre de 2025, por lo que podría «estar operativo» a lo largo del próximo año, según avanzó el presidente de Dominium, Roberto Tobillas.

El año afronta sus dos últimas semanas sin atisbar la solución para Talgo como era el deseo del Gobierno central y del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Se trataba, al menos, de cerrar un principio de acuerdo sobre el que trabajaran el industrial vasco y el principal accionista del fabricante de trenes, el fondo Trilantic. Lejos de ello, las cosas se han tensado hasta el punto de que Jainaga lanzó este domingo un órdago amagando con retirarse si «los accionistas actuales no nos quieren». En ese ambiente es en el que se va a celebrar el próximo jueves el consejo de administración de Talgo. El último del año y una sesión en la que si bien no se tratará de forma directa la futura propiedad, sí pesará en el ambiente la posición de unos y otros consejeros. La mayoría representan a Trilantic, que con un 29,9% de las acciones pide por su participación 185 millones, 5 euros por título. Jainaga está dispuesto a ofrecer 150 millones, 4 euros por acción. En el consejo están representados también, en menor proporción, el resto de los principales accionistas, como la familia Oriol, con el presidente Carlos de Palacio; y Torreal, el vehículo inversor de la familia Abelló, así como otros consejeros independientes. La posición ante la operación Sidenor no es, en absoluto, monolítica. De momento, Trilantic, trata de ganar tiempo y no ha permitido un acceso fluido a las cuentas de la compañía, una vez que se conoció formalmente el interés de Sidenor por hacerse con el control de Talgo. Las primeras cifras llegaron la semana pasada y la información sigue llegando a cuenta gotas para enfado del Ejecutivo central. El Gobierno de Pedro Sánchez ha fiado en Sidenor la apuesta para salvar el proyecto industrial de Talgo, que cuenta también con el compromiso del Ejecutivo vasco y de la Fundación Vital –accionista alavesa de Kutxabank– de aportar capital a cambio de trasladar la sede de la empresa a Euskadi.

Los máximos responsables de la multinacional alemana comunicaron la intención de comenzar el proceso de cierre con un preaviso de seis meses. Fuentes de la empresa atribuyen la decisión a «la difícil situación en la que se encuentra el mercado» y la pérdida de competitividad. Especializada en la fabricación de neveras y lavavajillas compactos, la dirección de BSH se reunió ayer con los representantes de los trabajadores y la dirección local para informarles del cierre de la planta de Esquíroz (Navarra), que da empleo a unas 655 personas directamente (unas mil contando empleo indirecto). El presidente del comité, Juanjo Hermoso de Mendoza, pidió «la implicación del Gobierno de Navarra para afrontar esta situación de la mejor forma posible y dar una salida digna a los trabajadores y trabajadoras». Pese a las pesimistas perspectivas para la planta de Esquíroz, la noticia cogió a los trabajadores completamente por sorpresa. «Sí que esperábamos que anunciaran despidos, pero en ningún caso un cierre de la planta», explicó un trabajador que salía del turno de mañana y que mostraba su pesimismo. Según les indicó la empresa, hoy y mañana no habrá actividad, con lo que ayer fue el último día de trabajo del año. La plantilla no retornará a sus puestos hasta el 7 de enero. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, señaló que el anuncio de cierre ha sido «inesperado» y que la plantilla es su «máxima preocupación».

Iberdrola y una treintena de empresas y organizaciones implantadas en su torre - entre ellas Confebask-  se han comprometido a manejarse de acuerdo con los siguientes 17 valores: respeto a los Derechos Humanos, justicia social, igualdad entre mujeres y hombres, solidaridad, diversidad e inclusión, compromiso, sostenibilidad medioambiental, corresponsabilidad, convivencia, identidad, esfuerzo, confianza, creatividad, participación, honestidad, ilusión y salud. Son los que incluye la Carta de Valores de Bilbao, documento que todas firmaron ayer en un acto presidido por el alcalde, Juan Mari Aburto, y el presidente de Iberdrola. «A partir de hoy Bilbao es una ciudad un poco mejor» dijo Aburto. El logro, a su juicio, es tanto más necesario en un momento como este, «en una sociedad cada vez más líquida donde todo pasa demasiado rápido», y además «hay un excesivo enfrentamiento en lo público» con la amenaza del «populismo». Admitió el alcalde que cuando comenzó con la Carta de Valores, aprobada en el pleno municipal en 2018, se sintió un poco incomprendido. «Es un proyecto muy difícil de entender, incluso para mis concejales, que me miraban como las vacas al tren, como que estaba zumbado». Sin embargo, el asunto se fue «interiorizando». Galán, por su parte, hizo énfasis en los «tiempos revueltos» y las incertidumbres que acechan. En pleno debate sobre la fiscalidad de las energéticas, defendió la necesidad de «reglas claras» para no ahuyentar las inversiones. Y lamentó que el diálogo se sustituya por la «confrontación», y que las reflexiones a largo plazo naufraguen frente a la inmediatez. Lamentó que «el compromiso con la palabra dada ahora se está olvidando». Ver más en Confebask. 

EH Bildu se abstendrá en la votación definitiva de los Presupuesto de Bizkaia después de que ayer alcanzara un pacto con PNV y PSE, que admitirán enmiendas suyas por valor de 30 millones. PNV y PSE cerraron ayer un pacto presupuestario con EH Bildu en Bizkaia que se dará a conocer en las próximas horas. Aunque los partidos que sustentan a la Diputación que lidera Elixabete Etxanobe tienen mayoría en las Juntas Generales, la coalición soberanista se abstendrá en la votación definitiva que se registrará a finales de la semana que viene tras mes y medio de conversaciones en las que las partes han ido acercando posturas poco a poco pese a las aparentes reticencias iniciales. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró ayer tras la reunión que la dirección de su formación celebró en Pamplona que el acuerdo presupuestario estaba ya «avanzado» en Bizkaia. Fuentes conocedoras de las conversaciones han confirmado que efectivamente ayer mismo se cerró un pacto inédito. La izquierda abertzale nunca ha avalado un proyecto económico del Ejecutivo foral vizcaíno. No solo eso, resulta además que durante la década que nacionalistas y socialistas llevan cogobernando el territorio jamás se habían avenido a pactos externos. Sin necesitarlo ahora lo harán con el principal grupo de la oposición en el momento de mayor pujanza de la coalición independentista. También han existido conversaciones con PP y Podemos, aunque quedaron en nada.

Subida del 10% en las deducciones del IRPF a familias y freno a elevar la plusvalía. Son medidas a las que dieron ayer luz verde las Juntas Generales de Álava a iniciativa del PP tras el pacto sellado por esta formación con el Gobierno foral PNV-PSE. Los tres grupos aprobaron parte de las enmiendas de los populares con la abstención de Vox y el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Este consenso del Ejecutivo foral con el grupo de Iñaki Oyarzabal, que deberá ser refrendado por el pleno el viernes, llega después de que jeltzales y socialistas, que gobiernan en minoría, acordaran con los soberanistas aprobar las cuentas de 2025. Las incorporaciones al Proyecto de Norma Foral de las medidas tributarias de Álava incluyen que la Diputación aumentará un 10% las deducciones sobre el IRPF por hijos y ascendientes. En el mismo porcentaje se elevarán las deducciones de todas las personas con discapacidad. Se aplicará una subida idéntica a quienes reciben una prestación para contratar a cuidadores (las denominadas PEAP). Otra de las mejoras afecta a la plusvalía, al «eliminar cualquier subida en los tramos máximos del impuesto que hay que abonar en la venta, donación o sucesión de un inmueble o terreno urbano», señaló el PP. Además, se modificará el Impuesto de la Renta para que los afectados por la talidomida tengan una exención fiscal (hasta ahora se les retenía casi la mitad de la ayuda por la Hacienda foral). Y se introducen exenciones a las indemnizaciones públicas agrarias y ganaderas a pequeñas y microempresas que tributen en Sociedades, para equipararse a las de las personas físicas.

Los gobiernos central y vasco cerraron ayer un «principio de acuerdo» para materializar una transferencia que no estaba incluida en el guion previsto pero que en las últimas semanas ha ido ganando protagonismo: la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes. La idea es que Euskadi pueda empezar a tramitarlos a lo largo del próximo año. Con esta competencia se pretende agilizar la concesión de las autorizaciones de trabajo, que ahora mismo supone una auténtica carrera de obstáculos para los extranjeros. De hecho, el Gobierno vasco calcula que hay más de 20.000 inmigrantes ‘sin papeles’ en Euskadi en un momento en que las empresas tienen serias dificultades para cubrir vacantes por la crisis demográfica, especialmente grave en el País Vasco. El acuerdo fue alcanzado en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena. Una cita que tenía como objetivo cerrar de forma definitiva los dos últimos traspasos pactados por Pedro Sánchez e Imanol Pradales a finales de noviembre: Gestión del Litoral y Actividades Cinematográficas y Audiovisuales. Son ya cinco materias acordadas entre ambas administraciones a lo largo de este 2024 después de que en marzo se firmase la referida a Cercanías, acogida de inmigrantes y homologación de títulos extranjeros. Con estas carpetas zanjadas, el ministro Torres anunció «un principio de acuerdo, que se va a materializar en las próximas semanas en una sexta transferencia» sobre «permisos de trabajo para personas inmigrantes». Y no es una cuestión menor, al menos en lo político, porque se trata de una materia en la que el Gobierno vasco lleva poniendo el foco en las últimas semanas. Imanol Pradales ha dicho que hay más de 5.000 inmigrantes ‘sin papeles’ formándose en Lanbide, «que sin esa autorización acaban en la economía sumergida». El lehendakari reclama, incluso, una reforma de la Ley de Extranjería.

Las personas nacidas en otros países tienen más peso que nunca en Euskadi. A 1 de enero de 2024 suponían ya el 13,5% de la población, con un censo de casi 300.000 residentes procedentes del extranjero. Las llegadas, además, se aceleraron el pasado año, en el que se incrementaron un 9,6% con respecto al ejercicio anterior al crecer la población migrante en 21.000 ciudadanos y se situaron en porcentajes similares a los de 2019. Estos números los ofrece este lunes en su operación Estructura de Población, en base a la información aportada por el censo de población y viviendas. El Instituto Vasco de Estadística pone en contexto el porcentaje de extranjeros en el País Vasco y aclara que, en el momento en el que se extraen los datos, «la proporción que se daba en España era del 18,1%), superior a la de Euskadi, que «se encuadra entre Castilla-La Mancha y Andalucía», que tienen «un 14% y un 12,% de población de origen extranjero, respectivamente». Aquí, el mayor peso de la población migrante se da en Álava, donde se eleva hasta el 15,7%, muy por delante del 13,4% de Gipuzkoa y del 13% de Bizkaia, territorio en el que residen 149.040 migrantes, en torno a la mitad de los afincados en la comunidad autónoma. Es, además, la provincia en la que más se ha incrementado en un año la población extranjera, un 10%, frente al crecimiento del 8,9% de Gipuzkoa y del 9,3% de Álava. Lo que también refleja la publicación del Eustat es que las capitales son más atractivas que otras zonas de la comunidad autónoma. 

Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CC OO han convocado varios días de huelga en enero y febrero en la enseñanza pública vasca. En una comparecencia conjunta, han denunciado «el empeoramiento de las condiciones laborales del personal de educación, con una toma unilateral de decisiones por parte del Departamento de Educación y con una prolongación permanente de las negociaciones sin contenido significativo». «La única opción que nos han dejado es la de convocar movilizaciones y huelgas», afirman. Los sindicatos demandan «negociar aquí y ahora» los convenios colectivos caducados. El que afecta al colectivo docente, por ejemplo, no ha sido renovado desde 2010. El del personal de cocina y limpieza y el del Consorcio Haurreskolak, desde 2009. Son quince años. «Y tampoco este Departamento de Educación avanza a la hora de proponer los contenidos necesarios para renovar los convenios», han subrayado las representantes de los trabajadores. «Es el momento de aumentar la inversión en la educación pública vasca y frenar la vulneración de los derechos» de la plantilla, han añadido. Al margen de las reivindicaciones concretas de cada uno de los colectivos, hay siete comunes a todos ellos: acordar medidas concretas para aliviar las cargas de trabajo cada vez mayores, desarrollar un plan de rejuvenecimiento de las plantillas para adelantar la jubilación, recuperar el poder adquisitivo perdido, estabilizar el empleo público y, ante las fusiones y cierres de centros públicos «que se están decidiendo unilateralmente, aprovechando las oscilaciones de la natalidad», garantizar el empleo.

La compraventa de vivienda sigue disparada impulsada por el abaratamiento de las hipotecas ante la caída del euríbor. Prueba de ello es que octubre fue el mejor de la historia para Euskadi y no es un fenómeno puntual porque septiembre también fue de récord. En concreto, se registraron 2.517 operaciones en el mes, casi un 70% más que en octubre del año pasado. El mercado está por encima de los niveles de la burbuja inmobiliaria previa a la gran crisis, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento de Euskadi fue el cuarto mayor de toda España, solo por detrás de La Rioja (88%), Cantabria (81%) y Asturias (70%), todas ellas comunidades del norte. La media nacional alcanzó el 51%, con 69.418 operaciones, también el mejor octubre de la historia y un récord desde mayo 2007, cuando se superaron las 75.000 compraventas. El mercado acumula ya cuatro meses al alza, con lo que ha conseguido poner el acumulado anual en positivo. Así, en los diez primeros meses d 2024 se han vendido en Euskadi 19.456 viviendas, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. La recuperación desde el verano está siendo notable. Esta mejora está relacionada con la caída del euríbor, que cerró noviembre en el 2,5%, su nivel más bajo en dos años, y ayer se situó en el 2,44%. Teniendo en cuenta que hace un año superaba el 4%, el abaratamiento es significativo.

Luz verde para la mayor operación urbanística del Centro de Donostia, que da un paso más para levantar entre 400 y 500 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler en Easo. En plena crisis de la vivienda, con especial afección en la capital guipuzcoana donde la oferta es mínima en comparación con la demanda y los precios no hacen más que subir, el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana licita la modificación «puntual» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Sebastián para impulsar la creación del nuevo ámbito residencial que se levantará en la playa de vías de Easo, según ha podido saber este periódico. La operación se llevará a cabo principalmente sobre el suelo público perteneciente al Gobierno Vasco y contará con elementos de «innovación urbana», según fuentes del área que lidera Denis Itxaso. Serán un mínimo de cuatrocientas VPO en alquiler y la fórmula de las cien restantes depende del Ayuntamiento, al haber sumado algún suelo municipal para ampliar la promoción hasta medio millar de pisos. Pueden ser libres o también protegidas. El acceso a la vivienda es una problemática a la que se enfrentan miles de donostiarras y guipuzcoanos. Su escasez y carestía complica la búsqueda de un hogar en el territorio, y más concretamente en San Sebastián. La entrada en funcionamiento de la variante del Topo en 2026 liberará el espacio que actualmente ocupa la estación de Easo y su playa de vías, una superficie de unos 21.000 metros cuadrados. Ubicado en pleno Centro de la ciudad, es «un paso crucial» para «aumentar la oferta de vivienda pública en San Sebastián» que «no solo responde al tensionamiento del mercado residencial, sino que apuesta por una arquitectura innovadora y de calidad», defiende el consejero Itxaso.

Las constructoras vuelven a la carga para reequilibrar los contratos de obra pública afectados por la pandemia (antes de 2021) en los que están asumiendo pérdidas por la actualización parcial de precios. Las patronales CNC, Seopan y Anci aseguran que “se han identificado casi cuarenta contratos en esta situación, destacando los corredores de Adif de Murcia-Almería, León-Asturias, Madrid-Extremadura y Vitoria-San Sebastián, junto con contratos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y de otros órganos de contratación de las administraciones estatal, autonómica y local, cuya ejecución, de mantenerse estas condiciones, sería financieramente inviable”. Según las fuentes consultadas, se trata de 38 contratos con un precio de adjudicación de 1.315 millones de euros (sin IVA) en los que los contratistas no han podido repercutir sobrecostes por 51,8 millones de euros, una vez aplicado ya el límite del 20% que permite la revisión excepcional aprobada por el Gobierno en tres decretos de 2022. Según el esquema vigente, que afecta al uso de determinados materiales (sin incluir energía y personal), se limita la cuantía de la revisión excepcional al 20% del precio de adjudicación del contrato. Según las empresas, el sistema “no compensa los incrementos reales soportados en los contratos adjudicados con anterioridad a 2021, afectando a obras públicas que, en muchos casos, forman parte de itinerarios y corredores estratégicos financiados con subvenciones europeas del Nextgen”. Las patronales piden al gobierno una modificación de los reales decretos. “Es preciso referenciar el límite de la cuantía máxima de la revisión de precios excepcional al precio del contrato o al presupuesto base de licitación; incrementar el límite máximo de la revisión de precios excepcional del 20% al 30% de esa referencia; y considerar que el contrato está en ejecución a efectos de la revisión de precios mientras persistan derechos y obligaciones de las partes”.

España acumula una nueva denuncia de la Comisión Europea ante la justicia europea. En esta ocasión, el Ejecutivo de la UE acusa al Estado español de que sus normas de contratación pública “se apartan notablemente de las leyes europeas” en lo relativo a “los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben ajustarse a la legislación nacional de contratación pública que transponen las directivas”. Desde Bruselas, este año ya se han abocado a los jueces de Luxemburgo varios incumplimientos por parte de España. La Comisión abrió el expediente de infracción a España hace ahora tres años. A la primera respuesta española, le siguió una opinión razonada desde Bruselas apuntando por qué se considera que no se ha traspuesto correctamente la directiva. “Sin embargo, hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones que impone la legislación de la UE”. Añade el comunicado emitido ayer, en el que hay también se informa de los pasos dados con otros ocho procedimientos de sanción a España, “los esfuerzos hechos hasta ahora por las autoridades españolas han sido insuficientes”. Hace ahora 10 años que se aprobó la directiva de contratación pública. Como sucede normalmente, se dejaba un plazo de casi dos años para dar transponerla a la legislación nacional. Es decir, en 2016. España notificó que lo había hecho. Pero posteriormente la Comisión concluyó que las medidas aprobadas eran insuficientes.

Con el ejercicio 2024 en su recta final, el tejido productivo español transmite sensaciones agridulces. Del lado positivo, un porcentaje significativo de empresas han percibido un aumento de su facturación en el cuarto trimestre del año, en contraste con la evolución negativa que registraron en el mismo periodo de los dos años anteriores, al tiempo que se ha reducido la proporción de negocios afectados por mayores gastos financieros y la escasez de demanda. Del lado negativo, el mapa empresarial español revela un repunte de los problemas de escasez de mano de obra y un empeoramiento de la percepción de incertidumbre sobre la política económica en España, factores que condicionan y lastran la actividad empresarial. Así se desprende de la última Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial en nuestro país, correspondiente al cuarto trimestre y publicada ayer, donde se evidencia que, pese a la buena marcha del PIB que muestran las estadísticas del INE, en el monte empresarial español hay tanto orégano como malas hierbas. Así, el 29,8% de las empresas encuestadas por el supervisor (sobre un total de casi 6.000 respuestas válidas) asegura haber experimentado un repunte de sus ventas en el cuarto trimestre, frente al 22,6% que ha reportado un descenso, con la empresas de la Comunidad Valenciana encabezando este deterioro por culpa de los estragos causados por la DANA, tendencia negativa que prevén que se prolongue en el primer trimestre de 2025, aunque con “un cierre gradual de esta brecha” en los próximos meses. Junto a esta evolución heterogénea de los ingresos, las empresas españolas no ocultan su creciente preocupación por la carestía de mano de obra, lo que no deja de ser paradójico en un país que ostenta el dudoso honor de liderar la tasa de paro en la UE, y por la incertidumbre que generan las políticas económicas del Gobierno. Ambos factores constituyen para el tejido productivo español dos claros condicionantes negativos para su actividad. En concreto, el porcentaje de empresas que denuncia “problemas de disponibilidad de mano de obra” se ha aupado hasta el 44,2%, casi dos puntos más que en el trimestre anterior, evidenciando que la falta de mano de obra cualificada es un fenómeno cada vez más extendido entre los diferentes sectores de actividad, aunque son especialmente acusados “en la agricultura, la hostelería y la construcción, donde más de la mitad de las empresas declaran estar viéndose afectadas”, señala el informe.

Hace apenas unos días, al primer ejecutivo de una de las mayores eléctricas españolas le preguntaban en público su opinión sobre la decisión del Gobierno del PSOE de pactar con Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG la continuidad del gravamen extraordinario a las energéticas. “Hace solo una semana que el PSOE ha pactado con Junts y PNV justo lo contrario”, contestaba el directivo, educadamente pero con cara de espanto. Lo que no sabía ese ejecutivo es que al cabo de unos días, se iba a producir una situación igual de delirante con otros impuestos energéticos: IVA, tasa a la generación eléctrica, tasa del diésel, impuesto de hidrocarburos. La situación en estos momentos es tan confusa con respecto a qué va a pasar con algunos tributos que hay políticos que, en sus declaraciones públicas, llegan a confundir unos con otros. Por ejemplo, se ha llegado a identificar a Repsol como la empresa más afectada por la tasa a la generación eléctrica, cuando ese gravamen repercute sobre todo sobre Iberdrola, Endesa y Naturgy. Estas confusiones no pasarían de la mera anécdota política si no fuera porque hay miles de millones en juego que generan una enorme incertidumbre a las empresas y esto puede afectar a la continuidad de sus inversiones en España. La fiscalidad –sumando impuestos indirectos como el IVA– y otros gravámenes ocultos, suponen entre el 30% y el 50% de la factura energética en España. En su conjunto, y con precios de la energía moderados, hay más de 40.000 millones en juego.

El Gobierno afronta una semana clave para la configuración del nuevo marco tributario español. Mientras que el alcance definitivo de la reforma fiscal terminará de definirse entre el miércoles, en el Senado, y el jueves, definitivamente en el Congreso de los Diputados (ver información adjunta), el Gobierno prepara la subida fiscal del diésel y no renuncia a impulsar el impuesto a las energéticas. En este último caso, Hacienda se da una semana para tratar de sumar una mayoría de consenso, implicando a PNV y Junts, puesto que en caso contrario su compromiso con el ala izquierda del Parlamento es aprobar la prórroga por decreto en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo lunes 23 de diciembre, aún a sabiendas de que no será convalidado. Las perspectivas de un acuerdo en torno al gravamen energético parecen remotas, de momento, pero el Gobierno no lo da aún por perdido. Así lo manifestó ayer desde Bruselas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. “Estamos en un debate de que sigue y de que continúa”, dijo a su llegada al primer encuentro con los ministros energéticos europeos. “La apuesta es tener un presupuesto, porque es algo importante para la estructura económica del país. En eso vamos a estar, vamos a buscar las mejores soluciones y seguimos debatiendo”, agregó, a sabiendas de que Unidas Podemos ha condicionado su apoyo a las cuentas a la aprobación del tributo energético. Hacienda ya hizo un primer intento de consensuar el rediseño de la figura el pasado miércoles, si bien la incomparecencia de Junts y PNV a una reunión a la que se había citado a todos los socios parlamentarios del Gobierno ya dio cuenta de la dificultad de alcanzar una cuerdo. Después de todo, los dos partidos exigieron el sacrificio del tributo a los sectores petrolero, eléctrico y gasista como condición para apoyar la reforma fiscal.

El futuro de los gravámenes temporales extraordinarios sobre banca y energéticas se decidirá esta semana, con desigual grado de incertidumbre. Las figuras, que en el último ejercicio han recaudado 2.860 millones de euros conjuntamente, nacieron bajo la fórmula de “prestación pública patrimonial no contributiva” para 2022 y 2023, y fueron prorrogadas durante 2024, pero expiran el próximo 31 de diciembre. A partir de ahí, el Gobierno aspiraba a aprovechar su reforma fiscal para convertirlos en impuestos permanentes pero su minoría parlamentaria le ha obligado a limitar su ambición. Mientras que el tributo sobre las empresas energéticas fue separado de la reforma fiscal, y Hacienda aún pugna por llegar a un acuerdo para salvarlo antes del próximo lunes (ver información adjunta), el de banca seguirá sujeto a votaciones parlamentarias hasta el jueves. Hasta la fecha, la reforma fiscal supuso sustituir el gravamen vigente por un nuevo impuesto progresivo a las entidades financieras durante los años 2024, 2025 y 2026. El tributo, que gravará el margen de intereses y comisiones de las entidades de crédito y sucursales nacionales o extranjeras por su negocio, pasará de un tipo del 4,8% al otro gradual, que partirá del 1% sobre los primeros 750 millones; del 3,5% hasta los 1.500; del 4,8% hasta los 3.000; del 6% hasta 5.000, y del 7% en adelante. A su llegada al Senado, sin embargo, el PP ha aprovechado su mayoría para introducir una batería de enmiendas a la reforma fiscal que incluye bonificar hasta el 100% del nuevo tributo financiero para las entidades que rebajen sus hipotecas o financien la construcción de vivienda a precio tasado. La Cámara Alta bendecirá esta enmienda en la votación de mañana, junto al resto de enmiendas presentadas por el PP, que incluyen una rebaja de IRPF para los jóvenes; deducciones para los afectados por la dana y la aceleración de las rebajas fiscales para pymes ya previstas en el proyecto de ley. El paquete será remitido de vuelta al Congreso de los Diputados para su votación definitiva en el Pleno del jueves, cuando el PP aspira a lograr el apoyo de PNV y Junts a algunas de sus medidas para que sobrevivan en la norma que acabe entrando en vigor.

El Gobierno ha empezado a mover los hilos en el terreno parlamentario para tratar de amarrar un acuerdo para la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha apuntado públicamente que confía en contar con los apoyos necesarios pese a la distancia que separa las posiciones iniciales de los partidos que sostienen al Ejecutivo acerca de la implantación de las 37,5 horas. Y tanto el Gobierno como los sindicatos, embarcados en una ronda de contactos con las formaciones políticas para tratar de recabar apoyos a la medida, ven margen de maniobra para lograr la suma parlamentaria a escasos días de que se suscriba el acuerdo bipartito entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO. Sin embargo, aunque existen opciones para sacar adelante la medida parece igualmente claro que el Gobierno deberá redoblar esfuerzos si quiere materializarla. De entrada porque las mayores resistencias entre los socios de la coalición proceden de PNV y Junts, que ya han mostrado serias reticencias a la implantación de las 37,5 horas. El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pulsó en el día de ayer las reservas de la formación independentista catalana en su reunión de hora y media con Carles Puigdemont. “Tengo la sensación de que en relación con cuál será la posición de Junts queda trabajo por hacer y nosotros lo vamos a intentar realizar con todas nuestras fuerzas”, señalaba el líder de UGT tras el encuentro celebrado en Waterloo. Cabe recordar en este punto que Junts ya avisó al Gobierno a comienzos de año en el contexto de la aprobación de la proposición no de ley sobre la reducción de jornada que si quería contar con su apoyo debería negociar teniendo en cuenta el impacto de la medida en el tejido productivo catalán.

El presidente de la patronal de fabricantes de coches, Anfac, Josep Maria Recasens, lanzó un par de mensajes contradictorios la semana pasada durante la rueda de prensa anual que la asociación celebra tradicionalmente con la prensa. Por un lado, dejó entrever el miedo generalizado en el sector ante la posibilidad de plantarse el 1 de enero sin ayudas a la compra de vehículos eléctricos, ya que el Moves III caduca el próximo 31 de diciembre. “A día de hoy, no hay Moves para el año que viene”, aseguró el también máximo directivo de Renault en España. Sin embargo, pocos minutos después, el mismo Recasens afirmó que tiene el apoyo tanto de Industria como de Transición Ecológica para prorrogar las ayudas antes de final de año. Distintas fuentes ministeriales consultadas por este periódico señalan que “hay buena sintonía” con los fabricantes, pero que no hay un plan claro ni se sabe de dónde saldrá el dinero para alimentar una prórroga de ese tipo. Para ello, hay dos caminos: seguir tirando de fondos europeos, reasignándolos de otras partidas, o bien sacarlos de los Presupuestos Generales, y el Ejecutivo actualmente está lejos de aprobar unos Presupuestos por la difícil aritmética parlamentaria y los cambios de parecer de su socio Junts. “Podemos escribir los planes de choque que queramos [en referencia al Plan Auto 2030 para relanzar la industria del automóvil, que Anfac prevé lanzar de la mano del Ejecutivo en el primer trimestre de 2025], pero estos quedarán en nada sin un Moves”, había indicado el directivo. 

La primera concesión de Teresa Ribera en su ascenso a comisaria europea fue mudar su discurso antinuclear por una prudente defensa de todas las tecnologías que ayuden a la Unión Europea a reducir sus emisiones, incluida la energía atómica. Era el momento que esperaban las empresas dueñas de las centrales españolas y el Partido Popular para tratar de poner al Gobierno frente al espejo y retomar la acción política contra el apagón promovido por la exministra socialista. Hoy, el debate es una olla a presión. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo encabeza un frente común para suspender el cierre nuclear que integra a los empresarios catalanes, al sindicato UGT, a Vox y, previsiblemente también, a Junts per Catalunya. El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso, para su debate en Pleno, en la que reclama «extender la vida útil» de los siete reactores de España, y confía en que Junts acabe apoyándola. ¿Por qué? Porque la formación de Carles Puigdemont ya votó a favor de atrasar el cierre de las nucleares en la Comisión Mixta de la UE. En concreto, fue otra proposición no de ley del PP en la que se exigía «suspender cautelarmente» el calendario de cierres, para que los titulares de las centrales pudieran pedir una «prórroga de su periodo de operación». Los populares están desplegando una ofensiva total en el Congreso. De hecho, también han presentado una iniciativa similar en la Comisión para la Transición Ecológica. Quieren ir anotando victorias simbólicas –las proposiciones no de ley son pronunciamientos no vinculantes– para incrementar la presión al PSOE y, sobre todo, para armar una mayoría alternativa en el Congreso. Cataluña concentra tres de los siete reactores nucleares activos en el país, que aportan el 60% del suministro energético de la región. 

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar los tipos de interés al 3%, niveles mínimos de marzo de 2023. Pero el destino del precio del dinero está más lejos y, según confirmó Christine Lagarde, presidenta de la autoridad monetaria apenas cinco días después del último ajuste, el BCE seguirá bajando las tasas. “La dirección del viaje es clara y esperamos bajar más los tipos de interés”, subrayó la banquera central en su discurso en Vilna con motivo de la conmemoración de los 10 años de la entrada de Lituania en el euro. Se trata de la primera guía al mercado clara que ofrece la máxima responsable del banco central desde que apuntó al pasado junio como la fecha en la que, si los datos de inflación lo permitían, el BCE rebajaría sus tipos de interés por primera vez en el ciclo. Desde entonces, la postura de la autoridad monetaria ha sido cauta, buscando mantener la flexibilidad para poder reaccionar a la evolución de los datos que iban llegando ralentizando o acelerando la normalización de sus políticas. Pero eso ahora ha cambiado. Lagarde resaltó que su “confianza en que estamos asistiendo una regreso de la inflación al objetivo se ha incrementado”. Precisamente, la confianza es la llave que permite al BCE ir más allá en sus perspectivas sobre los tipos de interés y así lo quiso reflejar la presidenta, que repitió el término en hasta siete ocasiones en su intervención.

La Reserva Federal de EEUU adoptará un enfoque más cauteloso con respecto a los recortes de los tipos de interés por temor a que las políticas de la administración Trump incrementen la inflación, según un grupo de economistas encuestados entre el 11 y el 13 de diciembre. Los economistas aumentaron sus previsiones para los tipos de los fondos federales en comparación con la encuesta anterior de FT-Chicago Booth de septiembre. La gran mayoría pensaba que se situarían en el 3,5% o más a finales de 2025, mientras que en septiembre la mayoría afirmó que probablemente caerían por debajo del 3,5%. Si la Fed recorta los tipos de interés en un cuarto de punto en su reunión de esta semana, como se espera, el tipo de referencia se situará entre el 4,25% y el 4,5%. “En los últimos meses, los riesgos sobre el mercado laboral han sido menores y el aumento de la inflación se ha estancado un poco”, señala Jonathan Wright, execonomista de la Fed que ahora trabaja en la Universidad Johns Hopkins y que contribuyó a diseñar la encuesta: “La inflación ha bajado más de lo que yo y la mayoría de la gente esperábamos, pero creo que el último tramo para llegar al objetivo será un poco más difícil, por lo que pienso que la Fed no tendrá prisa por rebajar los tipos”.

El Bundestag, el Parlamento federal alemán, negó ayer –como estaba previsto– su confianza al canciller federal, Olaf Scholz, una decisión que llevará a la disolución de la cámara y la celebración de comicios legislativos anticipados el 23 de febrero. De los 717 diputados presentes en el plenario del histórico Reichstag, solo 207 respaldaron al socialdemócrata, mientras que 394 votaron en su contra y 116 se abstuvieron. Con esta votación quedó sepultado el tripartito que gobernaba Alemania desde 2021 formado por socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP) y que reventó el 6 de noviembre cuando Scholz expulsó de su Ejecutivo a los cuatro ministros del FDP. Su salida se vio acompañada de duras críticas contra el menor de los socios tras conocerse que planeaban desde el verano abandonar la coalición y reventarla a base de provocaciones. La votación fue puro trámite. Scholz había pedido someterse a la moción de confianza sabedor de que la perdería y con el fin de adelantar las elecciones, cuya fecha había pactado de antemano con la oposición conservadora. El canciller se dirigió seguidamente a la oficina del presidente, Frank Walter Steinmeier, para solicitar la disolución del Bundestag, que podrá seguir legislando hasta que ocupen sus escaños los nuevos diputados.