20250125

El horno ‘float’ de Guardian Llodio, que la empresa señala como responsable del cierre de la histórica factoría, ya tiene fecha para iniciar el proceso de apagado. La dirección de la planta comunicó ayer a los trabajadores que será el próximo miércoles 29 cuando se activará el protocolo para que esta estructura esencial en la fabricación del vidrio flotado quede anulada. En un inicio, el cese estaba previsto para el 3 de febrero, pero a lo largo del día de ayer la compañía cambió de opinión ante la convocatoria de una huelga indefinida para el día 2. De esta manera pretende anticiparse al movimiento de la plantilla. Así, el próximo miércoles Guardian pulsará el botón de un procedimiento que se pretende completar en un mes y que supondrá el despido de 171 trabajadores. Esto supone acelerar el final de la planta alavesa, que el lunes Guardian planteó que no iba a producirse antes de junio. El horno quedará «inservible porque se dejará morir sin retirar el vidrio ni el estaño de su interior», denunciaron los sindicatos nada más desvelarse el último movimiento del equipo directivo. Proceder así, sin un vaciado previo de la estructura, «supondría inutilizarlo de forma total» y «elevaría los costes de forma exponencial a cualquiera que quisiera reanudar la actividad». La multinacional «se niega a valorar otras alternativas», remarcan los trabajadores, y tiene la intención de acometer la parada total de la instalación a lo largo de febrero «vaciando las materias primas y el almacén de vidrio durante este tiempo». La empresa pretendería iniciar la negociación de los despidos en marzo, supuestamente ya con el horno inutilizado, «porque su intención es mantener a la plantilla durante ese periodo» de desmantelamiento.

Empieza la cuenta atrás para que Astilleros Balenciaga pueda encontrar un inversor que apueste por la continuidad de la empresa. La centenaria firma zumaiarra, que se encuentra en concurso de acreedores desde mediados de diciembre, entra en una fase decisiva para despejar su futuro, ya que en cuestión de dos o tres meses a lo sumo el administrador concursal deberá decidir si hay una propuesta viable o de lo contrario se cierra el astillero. Según ha podido saber este periódico de fuentes de los trabajadores, hay tres inversores que han mostrado un interés por reflotar la compañía. Se trata de socios industriales que bien operan en el sector o que sin hacerlo buscan ampliar sus capacidades. Por el momento, no existe una oferta en firme, aunque todo apunta a que existe un interés real. Como es lógico en estos casos, antes de plasmarse en una propuesta formal, los posibles compradores tienen que analizar toda la información respecto a la situación del astillero que obra en manos de la administración concursal. Ante la premura de los plazos se están intensificando las negociaciones. Pero en la medida en que se va agotando el tiempo, la administración concursal tiene que contemplar todas las posibilidades, por lo que ha anunciado al comité de empresa que se empezará a negociar un ERE de extinción de los 70 empleos directos del astillero. Cabe recordar que estos trabajadores se encuentran en ERTE y que la empresa genera otros 600 empleos indirectos, por lo que todos los afectados destacan la necesidad de que se mantenga la actividad de construcción de barcos. La activación del expediente de rescisión no supone ningún contratiempo para que los inversores puedan tomar una decisión y también la administración concursal, ya que en caso de que hubiera una propuesta en firme que fuera viable se paralizaría el ERE de la plantilla.

Ulma Agrícola, fabricante de invernaderos que forma parte del Grupo Ulma, la cooperativa industrial con sede en Oñati, inauguró ayer sus nuevas instalaciones tras una inversión de 10,5 millones de euros. El nuevo espacio de 9.000 m², ubicado en la misma localidad de Alto Deba, permitirá diseñar sistemas de invernaderos «más avanzados» que «favorezcan» la productividad y calidad de los cultivos y, al mismo tiempo, racionalizar el uso de agua y fertilizantes, según subrayó la cooperativa en una nota. La plantilla de Ulma Agrícola está formada por 35 personas en Oñati –diez más en su filial de México–, pero con la nueva planta se prevé aumentar en un 25%, ocho personas más. Desde la cooperativa destacan que la nueva planta productiva supone un «salto» hacia procesos industriales «más eficientes y sostenibles» en la fabricación de invernaderos para cultivos agrícolas, viveros de plantas y flores, acuicultura, ganadería y almacenaje. Ulma Agrícola se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de invernaderos de plástico y exporta el 85% de su producción con proyectos instalados en más de 50 países. Las ventas el pasado año alcanzaron los 11,3 millones de euros.

La crisis de oferta que experimenta el mercado inmobiliario sigue elevando la temperatura del sector. Lo hace mientras los precios estrechan el acceso a la vivienda y la política da un espacio principal a esta cuestión en el debate. Así se desprende de los datos de firmas de hipotecas sobre viviendas hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo público constató una realidad: la compra de hogares en Euskadi tras el verano se ha disparado. El último dato, el del mes de noviembre, recogió un salto del 27% respecto al año anterior con 2.006 pólizas que se acumulan al incremento del 70% de octubre (2.297 operaciones) y al del 50% de septiembre (2.290 créditos). Así, el otoño en el País Vasco ha sido el más intenso en la serie histórica con un crecimiento –atendiendo a septiembre, octubre y noviembre– del 44% respecto al mismo periodo de 2023. Además, a falta del último mes del año, el importe acumulado en los préstamos que los bancos han concedido en Euskadi con garantía hipotecaria sobre una vivienda ha ascendido a 3.110 millones. Es la cantidad más alta que han prestado las entidades financieras desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2009. La dinámica también se ha registrado en el conjunto del Estado. 

Entrevista con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. "La Vivienda en Euskadi es un problema complejo con muchas aristas. Cuando accedí al cargo me comprometí a llevar a cabo una posición de combate en la búsqueda de soluciones y no lo pierdo de vista ni un solo día. Ya que me pide ceñirme a tres o cuatro cuestiones, diría la escasez de terrenos disponibles con una Ley de Suelo que no ha servido para activar solares para la construcción; que ello ha derivado en una oferta insuficiente para una demanda que además va en aumento, por lo que existe un tensionamiento del mercado; y que a pesar de las muchas cosas buenas que se han hecho en Euskadi en materia de vivienda, la realidad del mercado ha superado todas las expectativas... Hay una realidad innegable, y es que las operaciones urbanísticas salen en tanto en cuanto el Ayuntamiento como promotor público, o un promotor privado, encuentran viabilidad financiera en una promoción. Estimamos que en Euskadi hay suelos tanto en manos públicas como privadas capaces de albergar hasta 75.000 viviendas protegidas. Y en estos momentos la Ley del Suelo no ayuda a movilizarlos. Mi obligación es asumir esa realidad y tratar de cambiarla...Lo que digo es que es posible que la ley establezca unos porcentajes de vivienda protegida y vivienda libre que en estos momentos hagan inviable muchas operaciones. Y que, por tanto, muchas de esas 75.000 viviendas potenciales estén paralizadas por ese motivo. Máxime cuando tenemos también una Ley vasca de Vivienda de 2015 que dice que los poderes públicos deben ceñirse a hacer VPO de alquiler, lo que incrementa el coste de la inversión...Lo que no es progresista es tener paralizadas 75.000 posibles VPO. Los prejuicios ideológicos muchas veces tropiezan con la realidad, y nosotros hemos venido aquí a cambiar las cosas y a sembrar políticas que sirvan a la ciudadanía. Quienes se empeñen en abordar esta cuestión desde el prejuicio ideológico y el inmovilismo tendrán que rendir cuentas en el futuro, porque una política de vivienda errada es la peor hipoteca que podemos dejar a las generaciones venideras..."

Bildu mostró ayer su rechazo a la tan ansiada reforma fiscal que promueven las tres diputaciones vascas, al considerar que «debilita los servicios públicos». La posición de la izquierda abertzale es fundamental porque jeltzales y socialistas no cuentan con los votos suficientes en Álava y Gipuzkoa para sacarla adelante. Este plantón aboca a los de Andoni Ortuzar a buscar el apoyo del PP en un momento en que los puentes entre ambas formaciones han saltado por los aires por la cesión del palacete de París. EH Bildu se planta y rechaza la reforma fiscal pactada por el PNV y el PSE-EE a finales del año pasado y que ahora tocaba debatir y ratificar en las tres Juntas Generales. La posición de la coalición soberanista es clave porque jeltzales y socialistas no cuentan con los votos suficientes en Álava y Gipuzkoa para sacarla adelante. La decisión sitúa al PP como el socio más probable para avalar una propuesta que, según EH Bildu, «debilita los servicios públicos». Los de Andoni Ortuzar tendrían que apoyarse en los populares justo en el momento en el que los puentes entre las dos formaciones están prácticamente rotos tras la polémica por el palacete de París.

EH Bildu volvería a ganar las elecciones forales de Gipuzkoa. Así lo señala el Sociómetro político de diciembre de 2024, que otorga a la coalición abertzale dos puntos más en intención de voto de los que logró en las elecciones del 2023, en las que a pesar de ser el partido más votado del territorio no pudo llegar a la Diputación. Aún así no sumaría nuevos representantes y sumaría los 22 actuales, al contrario que el PNV, quien tendría un juntero más, 18 en total, que con los 7 de su socio el PSE podría repetir Gobierno foral. En todo caso, seguiría sin alcanzar la mayoría absoluta y necesitaría el respaldo de uno de los partidos de la oposición para sacar adelante las leyes de la legislatura. Sin cambios significativos el PP, con sus tres junteros, y caída de Elkarrekin Podemos, que pasaría de 2 a 1, escaño que se llevan los peneuvistas. Con estos resultados el bloque PNV-PSE sumaría 25 asientos, a un juntero de lograr la mayoría absoluta, mientras que una entente de izquierdas EH Bildu-Elkarrekin Podemos apenas sumaría 23. Por lo tanto, y ante la improbable situación de que los populares apoyasen un gobierno de la izquierda independentista, su abstención sería suficiente para que jeltzales y socialistas revalidasen mandato.

La apuesta por el crecimiento de CaixaBank se traduce en Euskadi en lograr 100.000 clientes nuevos en tres años para llegar al medio millón y pugnar por ser la segunda entidad en cuota de mercado. La estabilización de los tipos de interés, además, ha lanzado a la banca a una carrera por captar mercado. Un escenario en el que el director de la Territorial Norte de Caixabank, Kepa Badiola, se siente cómodo «porque tenemos el gen del crecimiento muy interiorizado». Recuerda que son la tercera entidad en el País Vasco por delante, entre otros, de BBVA. "Sobre esa cuestión (la OPA de BBVA a Sabadell), no opinamos. Lo que sí tenemos claro es que el nivel de competencia de la banca en España es de los más altos de Europa. Independientemente de que la fusión se produzca, no va a poner en riesgo la competencia. El cliente puede estar tranquilo...– La firma de hipotecas está creciendo mas de un 50%, ¿hay un riesgo de burbuja? – No. Es verdad que han crecido las ventas y han subido los precios, pero hay un nivel de ahorro importante y el porcentaje del préstamo sobre el valor es razonable. Estamos en la ortodoxia financiera, no se está cometiendo ninguna locura que se pudo hacer en el pasado. – Pero los precios están dificultando el acceso a la vivienda. ¿Aciertan las medidas anunciadas por el Gobierno?– No, porque no hay suficiente oferta. Hay que ayudar a la demanda, sí, pero hay que construir más, disponer de más suelo y acortar el plazo de las licencias...Sobre el crecimiento de Euskadi este año, nuestro departamento de estudios, con un 2,4% de crecimiento, es más optimista que el Gobierno vasco. La inversión tiene que tirar sí o sí porque los costes de financiación se van a reducir sensiblemente...– ¿La reforma fiscal de las diputaciones es suficiente para que las empresas vascas recuperen competitividad? – Hay una pérdida creciente del peso de nuestra economía y, aunque veo sensibilidad en las administraciones, faltan empresarios. La reforma tiene algunas medidas que ayudan, pero es un poco insuficiente. Para traer inversión a Euskadi necesitamos alguna cosa más..."

Acaba de comenzar un año clave para el sector del automóvil, ya que a la transformación estructural hacia la movilidad cero emisiones que está viviendo la industria se añade la entrada en vigor desde comienzos de 2025 de una nueva normativa europea de emisiones (Clean Air for Europe, CAFE), que exige a los fabricantes recortar de 115 a 93,6 gramos por kilómetro las emisiones medias de dióxido de carbono de sus coches vendidos entre 2024 y 2025. La consecuencia de no cumplir con esta exigencia en materia de emisiones es grave para los grupos automovilísticos, que se enfrentan a multas de 90 euros por cada gramo y vehículo que supere el límite. El sector calcula que hay riesgo de sanciones por 15.000 millones de euros. La estrategia que están siguiendo las grandes compañías es muy diversa a la hora de enfrentar esta nueva y estricta regulación, ya que algunas están apostando todo a la movilidad eléctrica; otras se decantan por un mix de eléctricos, híbridos y de combustión; algunas presionan para que se suavice la norma CAFE; y otras negocian con Tesla o Polestar para comprar derechos de emisión que les permitan esquivar las multas a pesar de superar los límites. Pese a los diferentes acercamientos estratégicos a esta nueva realidad regulatoria, varias marcas coinciden en un modus operandi común desde finales del año pasado. Han apostado por retrasar hasta 2025 la matriculación de coches eléctricos vendidos en 2024 para que computen de cara a este año y ayuden a reducir la media de emisiones del conjunto de la marca.

La operadora estatal de Arabia Saudí STC ya tiene un 9,9% de Telefónica. Aunque el Gobierno dio la autorización –tras un año de análisis– hace dos meses, a la compañía le faltaba una fase final con los reguladores de Luxemburgo que ya han logrado. De esta forma, la compañía árabe ha comunicado a la SEC (la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos) que ya controla el 9,97% de la operadora española y que buscará entrar en el consejo de administración que desde el pasado sábado preside Marc Murtra tras la sustitución de José María Álvarez-Pallete. STC se sitúa así como el segundo accionista con más derechos de voto, solo por detrás del Estado con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En un comunicado remitido a la SEC, la operadora saudí confirma su disposición para hablar con Telefónica y lograr un asiento en el consejo, además de asegurar que solo tiene fines de inversión en Telefónica y que este 9,9% será su participación final, que no pretenden comprar más acciones. «Tras la adquisición de las acciones ordinarias de conformidad con el acuerdo contingente de compra de Acciones, Luxco (la sociedad que canaliza la inversión de Saudi Telecom) tiene previsto entablar conversaciones con Telefónica para solicitar un puesto en el consejo», indica el grupo árabe en el comunicado.

Masorange y Vodafone España –controlada por el grupo financiero británico Zegona– han empezado a explorar la creación de una empresa conjunta para sus redes móviles, con un esquema similar al que han cerrado ambas para la constitución de la firma conjunta de fibra óptica mayorista (un tipo de empresa denominado netco o fiberco). El proyecto, conocido internamente como Surf, está en pleno proceso de búsqueda de socios financieros. Las conversaciones entre ambas compañías para la creación de la empresa conjunta de red móvil están en sus fases iniciales, según han señalado fuentes conocedoras. Y es que el foco de atención es ahora mismo el proceso de búsqueda del socio financiero para Surf, dada la importancia que el proyecto tiene para ambas, puesto que prevén que pueden obtener unos 4.500 millones de euros, de los que unos 3.200 millones irían a parar a Masorange y los otros 1.300 millones a Vodafone España. La integración de las dos redes en una sola supondría ahorros por el alquiler de torres al reducir sustancialmente el número; en proveedores como Ericsson o Huawei, ya que con un solo equipo se radiarían las frecuencias de ambos; así como en plantilla directa y en las subcontratas de operación y mantenimiento.

El alquiler turístico está en el punto de mira del Gobierno. “Sobra Airbnb y faltan viviendas”, dijo abiertamente el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado lunes. Y, frente a esta situación, anunció una reforma fiscal para imponer un IVA del 21% a los pisos turísticos para que “tributen como lo que son, un negocio”. Este castigo fiscal se unirá, además, a otras restricciones previstas para este año como el registro obligatorio de este tipo de inmuebles y una persecución más exhaustiva de quienes estén operando ilegalmente. Pero, ¿podrán estas medidas frenar la escalada de este tipo de arrendamientos en España? Y, más importante, ¿son estas medidas la solución al problema que atraviesa el mercado del alquiler? El alquiler turístico está viviendo un gran apogeo en España. Las pernoctaciones en este tipo de viviendas se dispararon casi un 23% en los nueve primeros meses de 2024, hasta superar los 136 millones, según las últimas cifras de Eurostat. De esta forma, España se convierte en el segundo país de la Unión Europea con más reservas en pisos turísticos, sólo por detrás de Francia (157 millones). A cierta distancia, se sitúan otros como Italia (105 millones de pernoctaciones), Alemania (47 millones), Grecia (40 millones) y Portugal (37 millones). En total, en España hay casi 400.000 pisos que operan como alojamientos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las provincias con una mayor presencia son Alicante (44.615), Málaga (44.365), Las Palmas (27.121), Baleares (26.994) y Santa Cruz de Tenerife (24.054). Completan el top diez: Girona (23.261), Madrid (22.430), Barcelona (18.693), Valencia (17.856) y Cádiz (15.926). La actividad generada alrededor de los pisos turísticos aportó al PIB español 29.600 millones de euros en 2023, según un estudio reciente de Oxford Economics. 

El teletrabajo se desplegó por muchas empresas como una vía de salvación durante la pandemia. La imposibilidad de acudir a las oficinas propició que los hogares se transformasen en nuevos centros de trabajo y que toda la actividad pasase a desarrollarse a través de una pantalla de ordenador. Sin embargo, 2020 queda hoy como un recuerdo lejano: la mayoría de las grandes compañías han dado orden a sus empleados de que regresen a sus puestos de trabajo, e incluso el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nada más tomar posesión del cargo, ha decretado que todos los trabajadores el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deben volver a la oficina. A gigantes pioneros en este retorno como Tesla (Elon Musk considera el teletrabajo como “moralmente incorrecto”), Amazon, Goldman Sachs o JP Morgan se les ha unido recientemente WPP, la mayor red de agencias publicitarias del mundo; y en España, la plantilla de la energética Holaluz ha convocado una huelga indefinida por, entre otras decisiones tomadas por la compañía, haber alterado el modelo de trabajo a distancia que venían disfrutando durante los últimos años. Tampoco el sector público parece a salvo de esta vuelta al pasado. Recientemente, la Generalitat de Cataluña ha suprimido el teletrabajo a sus altos cargos —direcciones generales, secretarías generales y sectoriales; así como sus asimilados orgánicamente— apelando a que el desempeño de sus funciones requiere su “presencia efectiva constante” en las instalaciones de la Administración.

«En mi vida había visto tanto pesimismo en Davos sobre Europa. Es demasiado», sostiene Larry Fink el presidente del mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock. La alerta sobre el declive de la Unión Europea se ha acentuado tras el amenazante discurso del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, y ha sido uno de los asuntos dominantes de la reunión del Foro Económico Mundial en la localidad alpina, ya concluida este viernes. El debate de clausura lo puso de manifiesto. El propio Fink llegó a asegurar: «Europa es un mito maravilloso que no funciona». La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, admitió el comentario sólo si sirve de provocación para reaccionar. «No es un mito ni un caso perdido», aseguró la francesa, pero sí cree que se encuentra en «crisis existencial» en la que urge una reacción: «Hago un llamamiento a los líderes europeos para que respondan juntos a la amenaza existencial que tenemos». «Soy optimista, pero realista, necesitamos una unión de capitales, una unión bancaria, que los ahorros europeos se queden en Europa y que vuelva tanto talento que se ha ido. El mercado único debe ser una realidad», defiende la francesa, que considera que existe «enorme potencial» en el Viejo Continente si se toman las medidas adecuadas. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, coincidió en el sombrío diagnóstico sobre Europa. «EEUU ofrece una alta productividad porque sus mercados de capitales asignan el dinero a empresas dinámicas, las tecnológicas, que ayudan a que crezcan rápido las empresas y su coste de energía es barato». El resultado es que «el dinero se está yendo rápido a EEUU». Georgieva cree que Europa debe asignar el dinero a lo que «marca la diferencia» y lamentó «los daños autoinfligidos» por los estados miembros como el de la «burocracia».  No obstante, Fink concedió que ve tanto pesimismo con Europa que «probablemente sea hora de volver a invertir», por si está tocando fondo el Viejo Continente antes de rebotar. También hay fantasmas que pueden volver y no sólo a Europa. «Veo mucha complacencia con la inflación», advirtió Fink, que cree que se dan condiciones de inestabilidad de energía y de costes salariales que pueden provocar su regreso. «La mayoría del genio de la inflación ha vuelto a la lámpara, pero sus piernas siguen fuera y pataleando», concedió metafóricamente Georgieva. Lagarde, fue, en cambio, más optimista con que la tendencia se encuentra a la baja.

En Davos se percibe la inmensa relevancia del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el mundo contemporáneo. Era muy notable la presencia de empresas relacionadas con el sector en los inmuebles que ladean la calle central. La carrera por el dominio de la inteligencia artificial es un indicador crucial del futuro de la economía mundial —y de los equilibrios de poder entre los actores más avanzados: EE UU, China y Europa—. Esta batalla tecnoeconómica con derivadas geopolíticas discurre sobre distintos planos. Uljan Sharka, consejero delegado de iGenius, una compañía italiana del sector, cree que un elemento fundamental es la potencia computacional. “Si analizamos los elementos habilitadores fundamentales se suelen destacar los datos, los talentos y la potencia computacional. Los primeros son más o menos abiertos a todos, en lo segundo hay muy buenas universidades no solo en EE UU sino también en Europa y en China. La potencia computacional en realidad es el único elemento que diferencia un ecosistema de otro”, dice, durante una conversación mantenida en Davos. Sharka subraya dos elementos fundamentales en ese aspecto de la carrera. Por un lado, las restricciones impulsadas por la Administración de Biden a la exportación hacia China de los microchips clave en los desarrollos tecnológicos avanzados. Estas complican mucho el avance del gigante asiático, y constituyen una formidable arma en la competición entre ambos. Por el otro, una cultura inversora, a su juicio, equivocada en Europa. “En Europa no tenemos restricciones, pero vivimos una paradoja. Cuando, hace tiempo, era claro que había que invertir en software, en Europa seguía habiendo una predilección para la inversión en manufactura. Ahora, la hay en lo intangible, cuando realmente habría que invertir en capacidades computacionales materiales”.

La actividad comercial de la eurozona volvió en enero a la senda del crecimiento y registró el primer aumento desde el pasado agosto. El repunte que se concentró en el sector servicios, mientras que el manufacturero se mostró todavía débil. El índice PMI compuesto de la actividad total de la zona euro, elaborado por S&P Global, se situó en los 50,2 puntos en el primer mes de este año, lo que supone un avance de 0,6 puntos en comparación con el dato registrado en diciembre. Cuando el PMI supera la barrera de los 50 puntos se considera que hay una expansión de la actividad. El PMI manufacturero, por su parte, retrocedió, aunque el dato positivo es que lo hizo a menor ritmo: moderó su caída a 46,1 puntos desde los 45,1 de diciembre. Según los autores de la encuesta, los datos de enero indican que la expansión de la actividad comercial se concentró en el sector servicios, donde la actividad aumentó por segundo mes consecutivo, aunque en una tasa ligeramente menor que en diciembre: por el contrario, la producción manufacturera siguió en declive. La continua debilidad de la demanda al comienzo del año limitó el ritmo de recuperación de la actividad en el conjunto la zona euro, puesto que los nuevos pedidos se redujeron por octavo mes consecutivo. Tal y como ocurrió con la actividad general, el aumento de los nuevos pedidos en el sector servicios contrastó con el declive en el sector manufacturero.

En respuesta al proteccionismo estadounidense y chino, la Comisión Europea quiere que las compañías de la UE tengan preferencia en la contratación pública en sectores sensibles del club comunitario. Esta medida permitiría excluir a empresas extranjeras de importantes licitaciones. La iniciativa se incluye en la nueva brújula para la competitividad europea a la que ha tenido acceso País. Se trata de una estrategia diseñada por el Ejecutivo comunitario para tratar de reindustrializar Europa y recuperar el enorme terreno perdido –sobre todo en materia de avances e implantación tecnológica e investigación y desarrollo– ante Washington y Pekín. Impulsar la competitividad y aumentar la productividad del club comunitario es la gran prioridad de esta legislatura. Sin embargo, el documento, la nueva brújula que guiará ese camino y que la Comisión aprobará previsiblemente la semana que viene y que aún está en discusión, es poco ambicioso en comparación con el enorme reto por delante. No incluye fondos nuevos para abordarlo y sí fórmulas aún muy vagas, como la de una nueva ley para el Espacio Europeo de Investigación, que prevé para 2026. Aunque la conclusión es muy clara: sin un crecimiento económico más fuerte y productividad, la UE será incapaz de hacer la transición verde, mantener su modelo social y fortalecer su defensa. La medida que da preferencia a las empresas europeas en la contratación pública, uno de los ejes de esa nueva brújula, busca proteger a las compañías de la Unión de competidores extranjeros en sectores que son clave para la economía, la seguridad y la autonomía estratégicas de la UE. 

Boeing vivió un 2024 para olvidar. Desde que una tapa del fuselaje de un aparato de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo a principios de año, la compañía no levantó cabeza. Las dudas sobre la seguridad, la huelga de sus empleados, el despido de un 10% de la plantilla, los problemas de su división espacial, el relevo en la cúpula, la caída de las ventas y las pérdidas multimillonarias marcaron un ejercicio de pesadilla cuando la empresa aspiraba a recuperar la rentabilidad perdida. La compañía anunció el jueves a los inversores que los resultados del cuarto trimestre serán aún peores de lo que esperaba el mercado. Con unas pérdidas de cerca de 4.000 millones de dólares en el cuarto trimestre del año, la compañía cerrará el ejercicio con un quebranto cercano a los 12.000 millones de dólares (unos 11.500 millones de euros al tipo de cambio actual). Boeing anticipó que sufrió en el cuarto trimestre unas pérdidas de 5,46 euros por acción, sin facilitar la cifra absoluta. Como el número de títulos ha variado durante el trimestre, habría que calcular la media ponderada para una aproximación al resultado neto. Eso arroja unas pérdidas del orden de los 3.800 millones de dólares que se añaden a los 7.968 millones de los nueve primeros meses del año. Con ello, los números rojos de 2024 rivalizarán con los 11.873 millones que perdió en 2020, el peor año de la historia de la compañía hasta el momento. La empresa publicará los resultados el próximo martes

El sueño de abastecer de energía a una familia durante casi un siglo con la cantidad de combustible que cabría en un vaso de agua y hacerlo de forma eficaz, limpia, segura y de fuentes prácticamente inagotables está cada vez más cerca. El prototipo de reactor de fusión nuclear Smart (Small Aspect Ratio Tokamak), liderado por la Universidad de Sevilla (US) y en el que participa un consorcio internacional, ha conseguido arrancar el dispositivo, generar plasma (el combustible del reactor), elevar su temperatura a unos 10 millones de grados y mantenerlo durante el doble de tiempo del previsto. El avance adelanta en dos años las previsiones de desarrollo de una de las tecnologías más prometedoras. La fusión nuclear es la gran esperanza energética. El principio físico es la liberación de energía mediante la unión de dos núcleos de átomos ligeros para formar otro. En estos momentos, los elementos más utilizados son el deuterio y el tritio, de los que, con solo 2,5 gramos, el equivalente a la cantidad que cabe en una cucharilla, se puede generar una energía equivalente a la que produciría la combustión de un estadio lleno de carbón. Cada gramo tiene 10⁷ más capacidad que un combustible fósil. Pero para llegar a esa capacidad mediante un proceso que imita al Sol queda aún recorrido, una senda que la Universidad de Sevilla ha acortado con un avance inédito: generar plasma, elevar su temperatura a millones de grados sin comprometer el tokamak y mantenerlo durante un segundo, un tiempo que puede parecer corto, pero que es el doble del previsto en este primer arranque del dispositivo. El profesor de Física Atómica, Molecular y Nuclear Manuel García Muñoz, investigador principal del tokamak Smart, considera que el paso abre la “fase operativa”, que la teoría se pone en práctica. 

Un número récord de empresas estadounidenses en China se están planteando trasladar algunas operaciones fuera del país o ya están en proceso de hacerlo, según un nuevo estudio, a medida que aumentan las tensiones geopolíticas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según un sondeo de la Cámara de Comercio Estadounidense en China el 30% de los encuestados estaba estudiando alternativas y reubicando la fabricación fuera del país el año pasado, o ya lo habían hecho, el doble que en 2020. Michael Hart, presidente de AmCham China, asegura que, aunque la mayoría de las empresas estadounidenses no se sumarán al éxodo, la tendencia hacia la reubicación es un hecho. “No hay ninguna razón para pensar que la inversión bilateral aumentará en los próximos años. Las empresas están cambiando de rumbo o reforzando su cadena de suministro con inversiones en otro lugar”, añadió Hart. Las empresas estadounidenses y chinas se están preparando para afrontar las consecuencias de los planes comerciales proteccionistas de Trump. Aunque el nuevo presidente de EEUU se abstuvo esta semana de poner en práctica sus amenazas más serias, que incluyeron un arancel general del 60% a los productos chinos, Trump reiteró que Washington podría imponer un impuesto del 10% a partir del 1 de febrero si Pekín no toma medidas enérgicas contra las exportaciones de precursores de fentanilo, el opioide sintético mortal.

De los primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca se podrían hacer muchos análisis, pero en ninguno cabrían criticas al nuevo presidente por incumplir sus promesas electorales, especialmente en materia de inmigración. Al magnate le faltó tiempo para comenzar su particular cruzada contra los extranjeros asentados de manera irregular en Estados Unidos, donde ha declarado el estado de emergencia nacional en la frontera con México. Hasta allí quiere enviar a 10.000 soldados. Mientras, su plan de deportaciones masivas está ya en marcha: más de medio millar de «ilegales» han sido arrestados y varios «cientos» expulsados del país «en aviones militares» en apenas cuatro días. «El presidente envía un mensaje contundente y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos, sufrirás las consecuencias», avisó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, tras anunciar las primeras cifras que arroja la «mayor» operación de deportaciones en la historia del país, donde se calcula que viven casi 11 millones de personas sin papeles. Trump lo considera una «invasión». La inmigración es una de sus obsesiones. Lo demostró en su gira electoral por EE UU al describir a quienes cruzan la frontera como «salvajes», «animales» o «criminales» y acusar, por ejemplo, a los haitianos de comerse a los gatos, un comentario que lanzó en mitad de un mitin en la ciudad de Springfield (Ohio) y que revolucionó durante días la campaña. Él ni se inmutó. Y la mayoría del electorado, en vista del resultado en las urnas, tampoco. «Promesas hechas. Promesas cumplidas», presumió Leavitt, quien ayer compartió imágenes de los detenidos, con cadenas en sus pies y alrededor de la cintura, puestos en fila para subir a uno de los vuelos fletados para las expulsiones. La Administración Trump no especificó el destino de los aviones, pero sí ha trascendido que las redadas se extienden por todo el país (Chicago, Boston...) y por cualquier lugar, incluidos colegios e iglesias, hasta ahora considerados espacios seguros.