20250211

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, ha alertado del "impacto negativo" que tendrá en la competitividad de las empresas vizcaínas y vascas y en el comercio internacional gravar con un 25% todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que "adopte una postura en defensa de la industria europea". Rey ha mostrado la preocupación de la FVEM por ese anuncio del aumento de aranceles en Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Europa. A su juicio, estas medidas, de carácter "claramente proteccionista", tendrán un "impacto negativo" en la competitividad de las empresas vizcaínas y vascas y en el comercio internacional. No obstante, el director gerente de la patronal vizcaína del Metal ha afirmado que habrá que esperar a ver "en qué se materializa el anuncio de Trump". Adolfo Rey ha recordado que el sector siderúrgico representa casi un 10% de la industria del metal de Bizkaia y, aunque las exportaciones a EEEU no sean las principales de la industria vizcaína, estas barreras comerciales "van a afectar de forma directa a las empresas que lo tienen como mercado-destino". 

El director general de Siderex, asociación clúster de siderurgia, Asier San Millán, ha calificado de «mala noticia» el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos y ha pedido a la Unión Europea que «se ponga las pilas». Según los últimos datos oficiales, el sector siderúrgico vasco exporta acero por valor de 385 millones a EEUU. Asier San Millán, no obstante, ha afirmado que es algo que ya esperaban desde el clúster vasco y ha añadido que tampoco «cambia mucho» respecto a la situación que ya se estaba viviendo porque en el primer mandato de Trump ya se establecieron aranceles y Joe Biden no los eliminó aunque la medida fue más «laxa». «Ya hemos estado conviviendo de alguna manera con ello», ha subrayado. Tras lamentar una medida que viene a «endurecer ese proteccionismo», San Millán ha matizado que si bien se puede pensar inicialmente en las acerías, ha apuntado que hay que tener en cuenta a todas las empresas vascas de los diferentes eslabones de la cadena de valor para saber la afectación. En este sentido, ha subrayado que EEUU es el 'top 3' y es tras Alemania y Francia el tercer cliente para el sector. En concreto, en total, todo el sector siderúrgico vasco exportó acero el pasado año por casi 400 millones, en concreto, 385 millones. «Es lo que el País Vasco exporta a Estados Unidos, que es casi el 15% de nuestras exportaciones, que es un volumen muy importante». Otra de las variables que a su juicio hay que tener en cuenta es si terceros países, principalmente los asiáticos y especialmente China, -al no poder acceder al mercado norteamericano- «acaban inundando otros mercados como el europeo» con aceros 'low cost' y sin «cumplir las mismas reglas de juego que las empresas vascas y europeas», lo que puede derivar en una «guerra de precios». Por ello el clúster pide que el Ejecutivo de Bruselas "se ponga las pilas. En Estados Unidos hay un presidente que se levanta de un día para otro y establece una serie de medidas, y aquí en Europa, entre que se hace una demanda, se investiga esa demanda, se ponen medidas temporales, se ve que esas medidas temporales surgen efecto o no y hasta que se establecen las definitivas, pasa mucho tiempo», ha lamentado. «Si queremos una industria, si queremos una sociedad industrial, tenemos que ser proactivos», ha zanjado.

Trump no es el único instigador de la imposición de aranceles a la industria no norteamericana. La Administración Biden, aunque con piel de cordero, también aprobó medidas proteccionistas. Una de ellas acaba de finalizar un largo peregrinar que se inició en 2021 y que en la práctica va a suponer la aplicación de una carga impositiva excepcional del 28,55% a las torres eólicas fabricadas en España. Y en concreto una de las empresas afectadas y referenciadas en el expediente es la vasca Haizea Wind, junto a la asturiana Windar, que hasta febrero de 2024 tenía como socio industrial a Siemens Gamesa. Así, cualquier torre eólica fabricada en España que entre en Estados Unidos llegaría con un sobreprecio del 28,55%. El efecto es simple: no llegará ninguna. Haizea Wind hace ya años, desde 2020, que abandonó el mercado norteamericano ante la presión proteccionistas de sus autoridades. El expediente se inició en 2021 con la denuncia de dos compañías norteamericanas, que consideraban que las exportaciones de torres que hacían desde España Windar y Siemens Gamesa –especialmente en el ámbito de la generación marina– lo hacían con precios por debajo de los costes de producción. Siemens Gamesa alegó que no fabricaba torres sino que las compraba a otros proveedores –entre otros nombró a Haizea, Vestas y Windar– para luego exportarlas junto con los generadores en un paquete completo. Una primera decisión del Departamento de Comercio estableció entonces un arancel de emergencia y disuasorio el 73%, que el Tribunal Internacional de Comercio calificó como desmesurado. El Gobierno norteamericano ha decidido ahora volver a la carga, aunque con una nueva tasa del 28,55%. Fuentes del sector aseguran que será igualmente disuasorio porque hace inviable la exportación a Estados Unidos en esas condiciones.

Apenas veinte días después de que llegara a la Casa Blanca, Bruselas empieza a hartarse de los juegos de Donald Trump, que ayer anunció que impondrá aranceles del 25% al acero y al aluminio europeo. La Comisión Europea aseguró ayer, antes de que se hiciera efectiva la firma de los decretos, que «no ha recibido ninguna notificación oficial» respecto a la imposición de tarifas por parte de Washington, unas medidas que serían «ilegales y económicamente contraproducentes» y ante las que la UE «responderá». A través de un comunicado, el Ejecutivo comunitario subrayó que Europa «no ve justificación para la entrada en vigor de tarifas a sus exportaciones» y destacó que el bloque «reaccionará para proteger los intereses de las empresas europeas, de los trabajadores y los consumidores ante medidas injustificadas». El intercambio comercial entre EE UU y Europa movió 851.000 millones de euros en 2023 y las cadenas de producción de ambas potencias «están profundamente integradas». «Al imponer aranceles, EE UU estaría gravando a sus propios ciudadanos, elevando los costes para las empresas y alimentando la inflación. Además, los aranceles aumentan la incertidumbre económica y perturban la eficiencia y la integración de los mercados globales», concluye el comunicado. El portavoz de la Comisión Europea responsable de Comercio, Olof Gill, aseguró que la alianza entre la UE y EE UU «es fuerte». «Los impuestos a productos europeos pondrían en entredicho esta alianza. Las tarifas de los productos que entran en Europa son muy bajas y más del 17% de los productos entran a tarifa cero. Estamos en contra de las tarifas injustificadas y tomaremos los pasos necesarios para proteger nuestros intereses, a nuestras compañías y consumidores», zanjó. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha destacado que Bruselas está preparada para responder con «firmeza» a EE UU en caso de que imponga gravámenes a los productos europeos. 

El histórico grupo vasco Bergé ha cerrado un acuerdo con el gigante danés A.P. Moller Capital, dueño de la naviera Maersk, para venderle el 51% de su división logística y portuaria, según hizo público ayer en un comunicado. La operación afecta a su negocio troncal pero no a su filial Astara, dedicada a la importación y exportación de coches. El objetivo de esta alianza es reforzar el crecimiento de Bergé, con un fuerte compromiso de inversión –algunas fuentes apuntan a 300 millones–, pero no deja de suponer un cambio importante de dueños en una empresa de gran tradición en el Puerto de Bilbao, donde van ganando peso las multinacionales y perdiéndolo las firmas de carácter familiar. Cabe recordar, en este sentido, que la terminal de contenedores de la dársena vizcaína fue adquirida en 2017 por otro coloso, el grupo chino Cosco, cuarto en el ránking mundial de navieras que lidera la suiza MSC, con Maersk en segundo lugar. Ahora la danesa irrumpe con fuerza al hacerse con el control de Bergé, que además de su posición histórica en el Puerto de Bilbao y el de Santander, también tiene presencia en muchos de los muelles españoles así como en México y Colombia. Maersk es, asimismo, una figura relevante en los puertos españoles aunque recientemente se ha llevado una línea importante de Algeciras a Tánger. Bergé fue fundada en Bilbao en 1870 como oficina de consignatarios de buques y estibadores, pero fue creciendo y diversificando su negocio hasta convertirse en el mayor importador y distribuidor privado de coches, una actividad que ahora tiene agrupada en la filial Astara. En esta espectacular expansión tuvo mucho que ver Ramón Gorbeña, quien fue presidente de la compañía durante casi 60 años y montó la delegación en Santander. Su nieto, Jaime Gorbeña, era el actual presidente.

La plantilla de Astilleros Balenciaga continúa con las movilizaciones para reclamar una salida al concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa zumaiarra desde mediados de diciembre. Hoy se concentrará ante la sede del PSE en Donostia en demanda de un acuerdo, al tiempo que solicitará al partido una reunión para aclarar su postura con respecto a la continuidad de la compañía. Los trabajadores del astillero –cuenta con una plantilla de 70 personas aunque genera 600 empleos indirectos– consideran que el Ministerio de Economía y Cofides «siguen bloqueando el acuerdo». Cabe recordar que Cofides –sociedad estatal que financia proyectos de inversión– es uno de los principales acreedores del astillero, ya que otorgó durante la pandemia un crédito participativo de doce millones y bloqueó la propuesta de reestructuración que aprobó un juez donostiarra para evitar que el astillero entrara en concurso de acreedores. En una nota de prensa, la plantilla indica que quiere respuestas sobre la actuación del PSOE/PSE y el Ministerio de Economía en el concurso de acreedores. Recuerda que los representantes de los trabajadores intervinieron en el pleno del Ayuntamiento de Zumaia el 30 de enero sin la presencia de los concejales socialistas, por lo que no pudieron contestar a la pregunta que pensaban hacerle. También se movilizarán este fin de semana coincidiendo con el Congreso del PSE de Euskadi que se celebrará en el Kursaal donostiarra, que contará con la presencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, del que depende Cofides.

El Gobierno vasco sabía hace una semana que la oferta diseñada junto al empresario local José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor, para hacerse con el control de Talgo se iba a enfrentar a “contendientes difíciles”. Solo unos días después el Gobierno polaco confirmó ese temor a través de Pesa, la corporación ferroviaria de ese país controlado por el fondo estatal PFR, dispuesta a comprar Talgo participando en la subasta del 40% en manos de Pegaso, la plataforma a través de la que Trilantic, Torreal y la familia Oriol participan en la compañía a través de un pacto accionarial. “PFR manifiesta su intención de presentar en los próximos días una propuesta, en el marco del proceso de venta organizado por Pegaso que, con sujeción a distintas condiciones conllevaría la formulación de una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de Talgo”, comunicó ayer el inversor polaco que cuenta con el apoyo del Gobierno de Donald Tusk. La confirmación del interés de Polonia disparó la cotización de Talgo un 7,7%, hasta situar las acciones en los 4,2 euros por acción. El valor del fabricante español se sitúa por encima del precio garantizado por el consorcio de Sidenor, aliado a BBK, Vital y Finkatuz. Ofrecen 4,1 euros fijos más un variable de 0,65 euros sujeto al cumplimiento de objetivos financieros de Talgo en 2026 y 2027. La oferta vasca, además, renuncia expresamente a lanzar una opa por el 100% y se circunscribe al 29,8% de las acciones de Talgo en Pegaso, equivalente al porcentaje directo de Trilantic en la compañía fundada por los Oriol. Trilantic se ha desmarcado del interés de Polonia, un inversor que, según su versión, es un empeño personal del presidente de Talgo, Carlos de Palacio, que el año pasado firmó un memorándum de entendimiento con Pesa para construir juntos trenes de alta velocidad en Polonia.

El Gobierno guarda silencio respecto a la ofensiva polaca por Talgo, con el fondo estatal PFR dispuesto a lanzar una opa por el 100% del capital. Según fuentes conocedoras de la operación, aunque el Ejecutivo prioriza la vía vasca de Sidenor para tomar el control de la firma, no descarta que el grupo polaco pueda entrar en una segunda fase para dotar al proyecto de su capacidad fabril. De hecho, el Ministerio de Transportes tampoco ha rechazado de plano el interés de la india Jupiter Wagons, igualmente con capacidad financiera para hacerse con el fabricante español de trenes. El mercado da crédito a una batalla de opas. La acción de Talgo cerró la jornada bursátil de ayer en 4,21 euros, tras una subida del 7,67%, después de que PFR oficializara su intención de pujar por el 40% en manos de la instrumental Pegaso Transportation. La venta privada lanzada por el fondo Trilantic, líder de Pegaso, alcanza el 29,9% en su poder, pero incluye una coletilla en la que se valora un alcance superior. La india Jupiter también piensa en ofertar por el 40% de Pegaso y, por tanto, en la obligación de afrontar una opa. Las propuestas pueden entregarse hasta el próximo viernes. La estrategia de Moncloa dista ahora de la salida en tromba de distintos ministros en contra del proyecto de adquisición lanzado en marzo por el consorcio húngaro Ganz-Mavag, movimiento que terminó el pasado mes de agosto con el veto del Gobierno.

En medio de la convulsión que ha vivido el PNV en las últimas semanas, la irrupción de Andueza arremetiendo contra la inacción de los consejeros jeltzales en el Gobierno vasco con duras palabras ha molestado en Sabin Etxea, que ve un «desprecio» al socio mayoritario por hacer públicas unas críticas que generan «inquietud» y «preocupación». Justo en el fin de semana en que el PNV recuperaba aliento tras la semana más convulsa de su historia reciente –una vez confirmada la retirada de Andoni Ortuzar y el camino despejado para Aitor Esteban en la liza para presidir el EBB–, fue el socio de gobierno, el PSE, el que provocó un nuevo quebradero de cabeza a los jeltzales. Aunque las críticas del líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, al partido con el que comparte labor ejecutiva en casi todas las instituciones vascas no son estrictamente novedosas, sí lo es que el PSE ponga directamente en cuestión la labor gubernamental del PNV, su falta de «impulso» y de «relevancia», en contraposición a los consejeros socialistas del Gabinete Pradales, a los que retrataba «con las pilas del conejo» puestas frente a la inacción peneuvista. Un «desprecio» al socio mayoritario que no ha pasado inadvertido en las filas jeltzales. Más bien al contrario ha provocado «inquietud» y «preocupación» por lo inoportuno del gesto en plena resaca de la crisis interna y en un momento en que, con los tres principales partidos vascos inmersos en sus procesos congresuales, Bildu y PSE presumen de unidad y placidez frente a un PNV obligado a recoser el partido. En ese contexto, el duro discurso de Andueza, que también ponía pie en pared ante la posibilidad de aprobar la reforma fiscal en Gipuzkoa y Álava con el único partido dispuesto a negociar, el PP, no es que haya sorprendido –«siempre han intentado hacer ver que el mundo gira gracias a ellos»– aunque sí se ha interpretado como una escalada en la estrategia que ha mantenido el dirigente socialista desde que llegó a la secretaría general que revalidará este fin de semana en San Sebastián. 

El PP mantiene abierta la puerta para negociar la reforma fiscal. Hace semanas empezaron los contactos con las diputadas de Hacienda de los tres territorios, pero de momento no ha existido un intercambio de propuestas que sirva para calcular la posibilidad real de acuerdo. Los populares dan a conocer hoy un paquete de enmiendas al proyecto presentado por el PNV hace tres meses, que incluirá una rebaja en todos los tramos del IRPF, además de otra clase de medidas que beneficien a las familias, la natalidad y la vivienda. No quieren limitarse a incorporar deducciones o desgravaciones y modificar coeficientes, sino que pretenden cambios sustanciales en el tributo como se fijó en la revisión de 2016. Salvo pequeños matices por la idiosincrasia de cada territorio, se trata de una propuesta común que, eso sí, tienen a Álava y Gipuzkoa como principal objetivo, pues es donde el partido de Javier de Andrés resulta determinante porque el PNV y PSE no suman mayoría absoluta. Pese a que las relaciones con el PNV no atraviesan su mejor momento y que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, aseguró que no va a «permitir» que «el modelo de Ayuso» llegue a Euskadi, el PP pretende exprimir hasta el último minuto su capacidad de influencia y más cuando sabe que EH Bildu se ha autodescartado y la alternativa de Podemos parece imposible. El plazo para presentación de enmiendas expira los días 18 y 19, según el territorio, pero los conservadores creen que aún habrá varios días de margen para el acuerdo hasta su debate en las tres juntas generales.

El departamento vasco de Educación alcanzó ayer un acuerdo con la mayoría sindical representada por el sindicato LAB sobre el Consorcio Haurreskolak. El pacto entre ambas partes llega a las puertas de las dos nuevas jornadas de huelga convocadas para mañana y jueves, que después de esta firma han quedado neutralizadas tal y como afirmaron desde la propia central abertzale y el sindicato Steilas. Por su parte, ELA ofrecerá hoy una rueda de prensa en la que dará a conocer su postura sobre este pacto. Según informó LAB en una nota, el convenio laboral firmado ayer tiene de duración hasta el 31 de diciembre de 2026 y seguirá vigente «hasta la firma de uno nuevo». Entre otras cosas, el acuerdo recoge un descenso de 100 horas en la jornada anual, junto con varias medidas para aliviar la carga de trabajo, además de seis días adicionales de fiesta a partir del curso 25/26. En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo, se equipararán los salarios del personal de gestión a los de la administración general, y se han actualizado los complementos, además de sumar un fondo social y uno de formación. También suben las primas de los seguros y se han conseguido nuevas licencias y permisos para conciliar la vida personal y laboral, equiparándolos a los del colectivo de educadores del departamento de Educación. La relación de puestos de trabajo de educadores se incrementará en 64 puestos, ya que «hemos conseguido convertir ese número de contratos temporales en estructurales y conseguiremos otros tantos fruto de esta negociación», explicaron desde el sindicato LAB. Además, el convenio recoge limitar la tasa de interinidad a un máximo del 5% y negociar y acordar el siguiente modelo de oposición. Desde la central sindical calificaban este hito de «victoria» y aseguraban que este acuerdo no solo repercute en las condiciones laborales, sino que también «afectará al servicio educativo que damos a nuestro alumnado, ya que hemos descartado los ratios restrictivos que determina el decreto de 0-3».

Duro revés a la reforma laboral aprobada hace poco más de tres años por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La Justicia ha sentado un importante precedente que zanja uno de los debates que afloró la normativa aprobada en referencia a la prevalencia de los convenios colectivos. Según un fallo del Tribunal Supremo del 29 de enero de 2025, las empresas subcontratadas sí podrán descolgarse del convenio sectorial y establecer salarios más bajos si cuentan con un convenio colectivo propio que así lo marca y este se aplica con anterioridad al fijado a nivel sectorial. Es decir que, según la Justicia, las empresas sí pueden acordar salarios menores al convenio colectivo sectorial y aplicarlos en caso de subcontratar con otras empresas, ya sean públicas o privadas, siempre y cuando estas condiciones estuvieran fijadas previamente a las que rigen en un convenio de mayor ámbito de aplicación. El fallo da la razón al despacho Garrigues en el procedimiento sobre una empresa de transportes subcontratada que presentó proceso de despido colectivo. En este caso, la Justicia establece que las condiciones salariales aplicables de cara a la indemnización no son las del convenio del sector, sino las del convenio propio de la empresa, que a efectos de vigencia era anterior. Algo que resulta extrapolable al resto de circunstancias en las que concurra un acuerdo de empresa bajo el paraguas de otro sectorial. Y que además se plantea de cara a futuras circunstancias, ya que la vigencia anterior del convenio de empresa no emana de la inexistencia de un convenio sectorial, sino que la puesta en marcha de este acuerdo de empresa durante el impasse en el que se estaba negociando la renovación del sectorial ya le otorga prevalencia aplicativa. Así, la sentencia del Alto Tribunal a la que ha accedido este medio aclara varias circunstancias sobre la jerarquía de los convenios en materia salarial durante la prestación de servicios de una empresa hacia otra. Efectivamente, prevalece el convenio sectorial en caso de que la empresa contratista no cuente con uno propio –y, por lo tanto, esté de facto sujeta al del sector–, o en caso de que la aplicación del convenio propio sea posterior a la entrada en vigor del sectorial, caso en el que las condiciones salariales prevalentes son las del de superior rango si son mejores. Pero si el convenio de empresa, aun teniendo condiciones remunerativas menos favorables se aplica con anterioridad al sectorial con mejores salarios, a efectos de la subcontrata la empresa podrá mantener sus condiciones. Cabe recordar que la reforma laboral de 2021 aprobada por el Gobierno actual modificó dos aspectos de la reforma laboral anterior. 

Nada es gratis: a grandes inversiones, grandes ingresos (y más impuestos). Esto se ve con claridad en la propuesta que ha enviado a Bruselas el Gobierno español para dejar clara su postura sobre el próximo presupuesto de la UE. En Europa hace falta mucho dinero para sacudir una economía europea que pierde competitividad frente a China y Estados Unidos, al mismo tiempo que aumenta el gasto en defensa. Para responder en ambos frentes, España pide un impulso a tributos comunitarios “que no detraigan recursos de los Estados miembros, sino que aumenten la capacidad financiera y autonomía de la UE”. El objetivo es “hacer factible un aumento del presupuesto comunitario” para el que Madrid reclama más ambición en transición ecológica al plantear subir del 30% actual al 50% la inversión destinada a combatir el cambo climático. La lectura que emerge de estas líneas básicas del documento español, tanto por el lado de los ingresos como por el de las inversiones, es que el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de líderes de los más veteranos del Consejo Europeo, quiere mantener la antorcha socialdemócrata y verde en una UE mucho más escorada a la derecha que en legislaturas anteriores. Este escenario político todavía puede derechizarse más en el corto plazo porque el 23 de febrero hay elecciones en Alemania y el SPD, el partido gobernante y correligionario del PSOE, tiene todas las de perder para dar paso a un canciller conservador, apuntan las encuestas. El punto central del documento español para el próximo marco presupuestario plurianual de la UE, que en teoría estaría vigente desde 2028 hasta 2034, consiste en elevar su volumen de una cantidad anual que ronda el equivalente al 1% del PIB a un mínimo del 2%, especifica el documento. 

ArcelorMittal protagoniza estos días un claro ejemplo de lo que está sucediendo con la industria europea. Se niega a aceptar grandes subvenciones que tiene concedidas por Gobiernos europeos como el de Pedro Sánchez para relanzar inversiones en la UE y, sin embargo, anuncia como gran apuesta una nueva planta de acero eléctrico en Estados Unidos que no existe en la península. En paralelo, sufre la amenaza de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, para el acero que fabrica en el Viejo Continente. El contexto no estimula invertir en Europa. Fuentes oficiales de ArcelorMittal confirman que el grupo siderúrgico no acepta y, por tanto, no recoge la subvención de 450 millones de euros que le ha concedido el Gobierno español al no existir aún «garantía de viabilidad de la inversión». La ayuda fue aprobada en abril de 2023 por el Consejo de Ministros pero el primer productor europeo de acero, controlado por la familia hindú Mittal, no la recoge por ahora. Es una subvención directa con cargo a fondos europeos del Perte de descarbonización para un plan industrial en Asturias que supondría una inversión de mil millones. Esta suma convertiría a Arcelor en el primer receptor privado de fondos europeos en España y, pese a que la subvención cubriría una amplia parte de la inversión total, a Arcelor no le compensa aceptarla. Sigue así pendiente su plan de producir acero verde en Asturias con «instalaciones de reducción directa del mineral de hierro [DRI, por sus siglas en inglés] combinadas con hornos de arco eléctrico, plenamente compatibles con el uso de hidrógeno», explican en el grupo. Éstos sustituirían a hornos altos con considerable reducción de emisiones, pero el elevado coste de producción no hace rentable el esfuerzo. Es un caso similar al de los coches eléctricos: si no se abaratan con ayudas públicas no hay demanda dispuesta a pagar sobreprecio para comprarlos.

Un 66% de empresarios y directivos españoles considera que su imagen en la sociedad es “bastante negativa” (el 56%) o, directamente, “muy negativa” (el 10%), frente al exiguo 14% que cree que es positiva. Así lo refleja un informe publicado ayer por Funcas bajo el título Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social, basado en una encuesta a 400 empresarios y directivos españoles y en el que se resalta que para prácticamente la mitad de los sondeados la imagen que de ellos se tiene entre la opinión pública ha empeorado en los últimos cinco años. Aunque los empresarios y directivos encuestados se muestran prudentes a la hora de atribuir causas directas a este deterioro, sí hacen alusión al “discurso desfavorable del que, en los últimos años, han sido objeto en la esfera pública”, mensaje negativo (y reiterado) que juzgan especialmente injusto en tanto que ellos se perciben a sí mismos “como actores que cumplen con su parte en el contrato social, contribuyendo al crecimiento económico y al del empleo”, señala el documento. Pero hay una derivada todavía más preocupante del entorno crecientemente hostil que percibe el empresariado en los últimos años, fruto del auge de un populismo político empeñado en culpar a las élites económicas y empresariales de prácticamente todos los males de los ciudadanos, y es que para el 56% de los encuestados “España no es un buen país para poner en marcha una empresa por la sobrerregulación, la inseguridad jurídica y la elevada fiscalidad”, frente al 32,8% que cree que sí lo es. En un clima en el que “la inestabilidad política genera sensación de inseguridad jurídica”, dicha inseguridad y el malestar que genera alcanzan sus cotas más altas en el ámbito de la fiscalidad, según los encuestados, que advierten de una peligrosa espiral: si el aumento de los gravámenes, cuya tendencia es “invariablemente expansiva”, se repercute en los precios, los productos pierden competitividad; si esto a su vez se plasma en menores beneficios, “se resiente la capacidad de las empresas para innovar, crecer o mejorar las condiciones laborales”. Un bucle muy peligroso para el potencial de crecimiento de la economía a medio y largo plazo.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos sellaron ayer la subida del salario mínimo interprofesional para 2025 hasta 1.184 euros mensuales en catorce pagas (16.576 euros anuales), lo que supone un alza del 4,4%. El decreto de revalorización será aprobado este martes por el Consejo de Ministros y tendrá aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero, por lo que las empresas deberán abonar en la próxima nómina el mes devengado por la demora en la aprobación del nuevo suelo salarial. Con esta nueva subida, el salario mínimo ha escalado más de un 60% en los últimos seis años, desde los 735,9 euros al mes que había fijados en 2018. Con el acto celebrado ayer con la firma del acuerdo por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se rubrica la quinta subida consecutiva del salario mínimo que no cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme –la última suscrita por las organizaciones empresariales fue en 2020, cuando se incrementó de 900 a 950 euros–. En este caso, tras la negativa de la patronal está el fuerte aumento de costes que implicará la medida para las empresas en sectores especialmente sensibles, como el campo, comercio y hostelería, que ya acumulan este año un aumento de cargas por la vía de las subidas de bases máximas, cuota de solidaridad y mecanismo de equidad intergeneracional. Según cálculos de la organización presidida por Antonio Garamendi, esta nueva subida, de 50 euros mensuales (700 euros al año), que afecta a cerca de 2,1 millones de trabajadores asalariados en nuestro país, implicará para empresas y empleados una subida de costes de 2.200 millones de euros. Los cuales se suman a los aumentos de cotizaciones mencionados que ya han entrado en vigor y llevan asociado un aumento de costes de 5.800 millones, de los que el 84% será soportado por el empleador, unos 4.400 millones.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció ayer la puesta en marcha del Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, para movilizar hasta 1.400 millones de euros, tanto públicos como privados, para impulsar el coche eléctrico en la comunidad catalana. Illa da continuidad a la Declaración de Casa Seat, por la que se conjuró el pasado 27 de enero delante de Wayne Griffiths, presidente de Seat, a aprobar incentivos a la adopción de vehículos verdes. El plan busca triplicar el ritmo de penetración de estos automóviles para cumplir con los objetivos de descarbonización del Green Deal europeo. “Se trata de una estrategia integral y ambiciosa”, dijo Illa ante un auditorio con el propio Wayne Griffiths y otros representantes del sector, como Pedro Calef, presidente de Ebro. La iniciativa tiene seis objetivos estratégicos. El primero, y ya mencionado, es triplicar el ritmo de penetración del coche eléctrico. A este se suman acelerar el despliegue de los puntos de recarga, lograr la electrificación del 90% de la flota de la Generalitat en 2030, fomentar los beneficios del vehículo eléctrico, reforzar la cadena de valor de la industria y establecer una gobernanza público-privada. El plan se concreta con cinco ejes de actuación y 20 medidas. Con ello se pretende conseguir 180.000 matriculaciones de vehículos electrificados y ahorrar 470.000 toneladas de dióxido de carbono durante el período. Según el reglamento europeo Fit for 55, que establece una reducción del 55% de las emisiones del transporte para 2030, cuatro de cada diez coches matriculados en Cataluña ese año deberán ser electrificados (14,3% en 2024).

Neinor y la gestora de activos alternativos de Banco Santander, Santander Alternative Investments, han creado una joint venture con el objetivo de lanzar una promoción residencial en Madrid compuesta por 160 viviendas, con una inversión total de 60 millones de euros. Se trata de un proyecto de lo que se conoce como flex-living o alquileres de hasta 12 meses como máximo. La inmobiliaria, que tiene a Borja García-Egotxeaga como consejero delegado, informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre cómo esta alianza está en línea con lo previsto en el plan estratégico de Neinor de inversiones de la promotora para el periodo comprendido entre el año 2023 y 2027. En concreto, ambas firmas han alcanzado un acuerdo para desarrollar una promoción inmobiliaria en Madrid destinada al sector de vivienda flexible, participada por Santander y Neinor en un 90% y un 10%, respectivamente, al tiempo que la inmobiliaria actuará como supervisora del diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción. Ambos socios anunciaron también que seguirán explorando nuevas oportunidades de inversión y promoción en el mercado del flex-living español en los próximos meses. Este mercado está recibiendo relevantes inversiones en los últimos años. 

El flex living desata una fiebre inversora en España. Este negocio, apenas conocido hace un lustro en España, despega de la mano de gestoras de fondos, grupos especializados y promotoras que buscan ofrecer una alternativa de alojamiento en las grandes ciudades con escasez de oferta residencial. Construidos habitualmente en suelos terciarios, los apartamentos flexibles se caracterizan por estar a caballo entre el residencial y hotelero con una fórmula de alquiler de corta y media estancia, plazos máximos de contrato de un año y servicios básicos como limpieza, mantenimiento, conexión a Internet o suministros incluidos, así como acceso a amplias áreas comunes. El pasado año la inversión en flex living se disparó hasta superar los 1.400 millones, triplicando la cifra de un año antes y siendo ya uno de los tractores del segmento residencial, con un 32,6% del total de la inversión de este negocio que incluye también vivienda para alquiler tradicional, residencias de estudiantes y de ancianos. Se prevé que en 2025 se superen los 1.500 millones de inversión en apartamentos flexibles. La apuesta por el flex living se ha visto impulsada en los últimos meses por relevantes adquisiciones de suelo terciario en áreas suburbanas para desarrollar nuevos proyectos, así como por las reconversiones de edificios de oficinas a espacios flexibles en el centro de las ciudades, sobre todo en Madrid. Entre las principales operaciones de 2024 destacan la adquisición por parte de Stoneshield de tres solares en Valdebebas, uno de ellos a Merlin y dos al Ayuntamiento de Madrid, con 200.000 metros cuadrados para más de 3.000 unidades. La inversión prevista será superior a los 500 millones, incluyendo la compra de suelo y el desarrollo. Estos proyectos se explotarán bajo la marca The Flexy Living.

Una de cada cuatro ofertas de trabajo para perfiles universitarios de tecnologías de la información en España está ligada a la inteligencia artificial (IA) y a la ciencia de datos. Un estudio encargado por IndesIA —una asociación nacida para impulsar su uso en empresas y pymes— pone de manifiesto la enorme brecha formativa que existe entre los profesionales expertos y las necesidades del mercado. Hasta 5.000 ofertas quedaron sin cubrir en 2023: el 15% de las de ciencias de datos y, lo más preocupante, el 50% de las de IA. La falta de talento especializado podría estar costando hasta 14.500 millones de euros al año, según el mismo estudio, el equivalente al 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Las universidades tienen que correr para que España no se quede atrás, pero no resulta fácil porque la maquinaria administrativa para poner en marcha un grado o un máster no es rápida y no hay tantos expertos dispuestos a dedicarse a la enseñanza (un 6,78% dedica su tiempo a la investigación y la docencia). IndesIA calculó que en 2024 iba a crecer el número de profesionales en un 5,5%. Actualmente, se forma a 6.000 profesionales cada año y la asociación calcula que hasta 2030 no se ajustarán la oferta y la demanda, al cerrarse la brecha un 3% cada año. Un estudio de Comillas ICADE revela que el 75% de los proyectos de transformación digital e inteligencia artificial en las empresas fracasa por la resistencia de los empleados. En este sector de la IA y los datos, casi siete de cada 10 son hombres, el 45% trabaja con sede en Madrid y de media cada 1,7 años cambian de empresa, porque las opciones son innumerables. 

Un consorcio liderado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y estrecho aliado de Donald Trump, ha lanzado una oferta de 97.400 millones de dólares (94.500 millones de euros) por OpenAI, la empresa de inteligencia artificial creadora de ChatGPT. La oferta está por debajo del valor de mercado de OpenAI y supone una hostil provocación del magnate sudafricano. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, respondió en un mensaje en X: “No, gracias, pero te compramos Twitter por 9.740 millones de dólares, si quieres”. Musk pagó 44.000 millones por la red social ahora llamada X. Musk estuvo junto a Altman en la fundación de OpenAI, pero las fricciones entre ambos magnates de Silicon Valley han ido a más ante su prevista transición a una empresa con fines de lucro. El jefe de Tesla, X y SpaceX ha presentado una serie de demandas en las que acusa a OpenAI de traicionar su espíritu original al buscar el beneficio y aliarse con Microsoft para dominar el desarrollo de la IA.