20240321

Adegi inicia el proceso de renovación de sus órganos de gobierno e Isabel Busto Pozuelo está a un paso de ser su primera presidenta. La actual vicepresidenta primera de la organización empresarial anunció ayer a sus compañeros del consejo rector su intención de presentarse como futura nueva presidenta de la misma. Será la primera mujer que ocupara esa posición, por la que han pasado hasta la fecha Antxon de la Cava, José María Vizcaíno, Antton Marquet, Jesús Maria Aguirre, Tomás Ariceta, Joxe Mari Korta, José Alberdi, José Echeverria, Eduardo Zubiaurre, Pello Guibelalde y Eduardo Junkera. La institución con sede en el parque empresarial de Miramón y nacida en 1977 afronta un cambio natural y ordenado al terminar el mandato de Junkera, quien agota en breve el máximo permitido por los estatutos de dos periodos consecutivos de tres años. Si nada extraordinario sucede, lo que en estos casos no acostumbra a pasar, Isabel Busto romperá moldes en la patronal guipuzcoana acercándola a los tiempos que vivimos y normalizando la presencia femenina en los puestos de máxima responsabilidad. Ya lo hizo en Confebask, donde en julio de 2022 sustituyó de forma sobrevenida a Eduardo Zubiaurre, quien por cuestiones de salud tuvo que retirarse de la presidencia. Una posición en la que permaneció un año. En esta ocasión, la ejecutiva donostiarra –subdirectora general y consejera de la división española de Zucchetti– lo hará en su casa y concurriendo a unas elecciones. Ver más en Adegi. 

Eduardo Junkera (Durango, 1955), hombre amable en el trato y pausado en el hablar, está a punto de completar su mandato de seis años al frente de Adegi, responsabilidad en la que se puede decir que ha visto absolutamente de todo. Tanto es así, que si arribó al cargo en mayo de 2018, ejercicio que junto a 2019 resultaron magníficos para Gipuzkoa y sus empresas, desde el mismo asiento ha visto después una pandemia, dos guerras, una crisis energética e inflacionaria y una subida de tipos como no se daba hacía mucho. Un entorno, este último, que él mismo calificó de «endiablado». Pero esa montaña rusa no ha alterado su carácter ni tampoco su discurso, siempre dedicado en primer lugar a la defensa de la empresa como creadora de empleo y riqueza para el territorio. «Si vamos a una recesión, lo primero debe ser cuidar a las empresas; eso sujeta todo», señalaba en este diario en octubre de 2022, cuando nada estaba claro salvo que los precios cre- cían a un ritmo del 9%. Entonces no le dolió en prendas reclamar a las Administraciones que se endeudaran «como nunca» para paliar una situación «extraordinaria». En estos seis años al frente de Adegi, Eduardo Junkera ha ampliado ese muro de protección para la empresa también a los propios empresarios, a los que ha denunciado constantemente y de forma vehemente, no se les ha tratado «de forma justa», incluso desde algún rincón del ámbito político. Las fortalezas del tejido productivo del territorio guipuzcoano, como puedan ser la capacidad de innovación o la internacionalización como seña de identidad, se han mantenido. Igual que se han mantenido los grandes retos estructurales.

Las empresas vascas dedicadas a la energía eólica cuentan ya con el músculo necesario y sólo esperan que el viento empiece a soplar favorable. Así lo han reclamado este miércoles durante la primera jornada del principal encuentro europeo dedicado al sector, el WindEurope 2024, que se desarrollará en el BEC hasta este viernes. El director general de la asociación Clúster de Energía del País Vasco, José Ignacio Hormaechea, ha destacado la necesidad de resolver los problemas administrativos que retrasan la creación de nuevas instalaciones que cuentan con tecnología para desarrollarse en año y medio, pero que se retrasan hasta los cinco, seis o hasta diez. «No se están haciendo los parques al ritmo que se debería», ha destacado en un encuentro donde 55 firmas de Euskadi también aprovechan para mostrar sus fortalezas. El propio Hormaechea ha defendido la necesidad de que se apliquen «criterios de calidad y de medioambiente» a la comercialización de estos proyectos que supondrán el pistoletazo de salida para el desarrollo de la eólica marítima española. «Esto va a ayudar a que las empresas puedan rentabilizar las inversiones que han hecho y que exista una cuota para que la amenaza de países de bajo coste no sea tan fuerte como puede ser», ha destacado el representante del clúster que suma más de 200 firmas vascas asociadas de las que 120 están enfocadas en la energía eólica, tanto en componentes como ingeniería, servicios e investigación. Además de la tramitación de los proyectos, que también ha abordado en WindEurope 2024 el presidente de AEE, Juan Diego Díaz, destacando que se trata de una «asignatura a mejorar», las empresas vascas también tienen que afrontar un cuello de botella para resolver la conexión a la red que pueda trasladar toda la energía. «Necesitamos una industria eólica fuerte en Europa, donde tenemos una posición muy competitiva. En Euskadi tenemos la industria para el sector eólico con fabricantes de componentes, rodamientos, sistemas hidráulicos, multiplicadoras, torres… Las dificultades al sector nos impiden construir al ritmo que se debería», ha incidido Hormaechea.

Aunque aseguró que es «neutral», lo cierto es que sus palabras denotan todo lo contrario. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica no ocultó ayer un tono de satisfacción tras conocerse que Iberdrola ha demandado a Repsol por publicidad supuestamente engañosa y competencia desleal. Teresa Ribera apostó por «acelerar la transición energética sin tomarnos un recreo», en una alusión directa a quienes apuestan por un proceso más pausado y que tenga en cuenta también el riesgo de provocar un daño irreparable en el tejido industrial. «Soy neutral pero sé donde estoy», matizó a la entrada de los pabellones del BEC en Barakaldo, donde la vicepresidenta asistió a la jornada inaugural del WindEurope, el certamen más importante de Europa que congrega a las principales empresas y profesionales del sector eólico. «Tenemos que acelerar la respuesta a los efectos en el cambio climático», dijo Ribera para remarcar que no está en el lado de lo que ella misma ha definido como «retardistas». Un calificativo con el que en algunas ocasiones se ha referido de forma directa al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, a quien también ha identificado como un «negacionista» del cambio climático. Ribera ya había tomado postura pública el martes a través de un mensaje colgado en las redes sociales, en las que mostraba su respaldo a que el ‘greenwashing’ –teñir de verde y ecológico cosas que no lo son– haya llegado a manos de los jueces.

Iberdrolak Repsol auzitegietara eramateak lehen lerrora ekarri du jasangarritasuna marketin tresna gisa erabiltzearen afera. Iberdrolako iturrien arabera, Repsol "energia-trantsizioan lider" gisa aurkezten denean, eta klima-helburuekin konprometituta dagoela dionean, bere jarduera gehiena erregai fosiletatik dator. Lehia desleiala egiten ari da, publizitate engainagarria eginez, hau da, legez kanpokoa, kontsumitzaileen hautaketan eragiten duelarik. Gehiago irakurri hemen. 

El congreso Wind Europe 2024, que reúne a toda la industria eólica europea en Bilbao y se celebra desde ayer hasta el próximo sábado en el BEC, ha roto moldes por su poder de convocatoria y la huella que está dejando en los hoteles de la capital vizcaína. El evento anual, el mayor del continente, acogerá a unos 12.000 asistentes, decenas de sesiones de conferencias y más de 480 expositores. Más allá de las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre, los empresarios hoteleros también se frotan las manos. Con la semana Santa a la vuelta de la esquina, han logrado un lleno que no preveían para la época en que nos encontramos. «Enero y febrero suelen ser los peores meses del año. Son bastante flojitos y tampoco marzo figura entre los más atractivos, pero este congreso nos ha dejado un Bilbao sin habitaciones», explicó ayer a este periódico Joseba Goirigolzarri, presidente de Destino Bilbao, la organización que engloba a los establecimientos de entre 3 y 5 estrellas. El lleno alcanza a todo tipo de alojamientos, independientemente de su categoría. El sector ha vendido todas las plazas y solo dispone de una oferta pequeñísima para atender reservas de última hora. «Nos han llegado todo tipo de clientes. Los hoteles estamos cubriendo todo el arco de usuarios», explica el director del Zenit. Lo mismo atienden a grandes ejecutivos que «comerciales e instaladores». «Todos los profesionales implicados con la energía eólica están aquí», añade el director de un establecimiento de la Gran Vía. Es tal la demanda que numerososos asistentes han tenido que buscar alojamiento en Vitoria. Otra consecuencia es el encarecimiento de las tarifas. Algunos hoteles, según fuentes del sector, están vendiendo habitaciones a casi 600 euros la noche.

Euskadi recibió 1.555 millones de inversión extranjera en el año 2023, lo que supone un fuerte descenso, -menos de la tercera parte- que los 5.512 millones recibidos un año antes, en el 2022. Los 1.555 millones suponen el 5 % del total estatal. Así lo reflejan los datos hechos públicos este miércoles por el Gobierno central del cuarto trimestre. La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera en el Estado en el acumulado del año 2023, con el 54,3 % de los fondos invertidos, al alcanzar los 15.323 millones de euros. Tras la Comunidad de Madrid, en el acumulado de 2023 Catalunya ha recibido el 16,5 % del total (4.643 millones), la Comunidad Valenciana un 12 % (3.375 millones), País Vasco un 5 % (1.555 millones), Andalucía un 2,1 % (586 millones) y Asturias un 1,9 % (527 millones). Los principales sectores donde recae el capital del exterior en 2023 son: extracción de crudo de petróleo y gas natural (22,2 %), telecomunicaciones (15,4 %), actividades inmobiliarias (8,4 %), comercio mayorista e intermediarios (8,1 %) y actividades de descontaminación y otros servicios (4,8 %). En cuanto a las operaciones realizadas por entidades madrileñas en otros países, cabe reseñar que en 2023 ascendieron a 11.306 millones de euros, lo que representa el 60,6 % de todo el Estado español. Por su parte, las realizadas desde el País Vasco fueron un 6,2 % y desde Catalunya un 2 por ciento del total. 

Así lo plasman las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que revelan que la inversión extranjera directa en España se desplomó un 18,5% en 2023, retrocediendo hasta los 28.215 millones, el volumen más bajo desde 2020, cuando el estallido de la pandemia de Covid acotó la llegada de dinero foráneo a 27.192 millones. Aunque la cartera que dirige Carlos Cuerpo se apresuró ayer a resaltar que esas cifras de inversión, que se enfocaron sobre todo en el sector servicios y la industria, se sitúan en línea con el promedio de los últimos cinco años, culpando esencialmente de la caída a “un contexto internacional marcado por una gran incertidumbre”, lo cierto es que ese factor externo ya existía en 2022 (ese año estalló la guerra en Ucrania y el shock inflacionista alcanzó su punto álgido, con un IPC que alcanzó el 10,8%) y, sin embargo, la inversión extranjera creció entonces hasta los 34.614 millones de euros. En primer lugar se sitúa Madrid, segunda Cataluña, cuyo repunte no ha impedido que la Comunidad Valenciana le pise los talones. Esta región captó en 2023 3.375 millones de inversión foránea directa, y un 63,6% más que en 2022. En cuarto lugar se situó el País Vasco, donde, por el contrario, la inversión extranjera se hundió un 71,8%, hasta apenas 1.556 millones frente a los 5.517 del ejercicio anterior.

Al calor de una pronta bajada de los tipos de interés y de los síntomas de control que está dando la inflación, el BBVA ha revisado al alza todas sus previsiones de crecimiento económico para España y las comunidades autónomas. Así, para Euskadi ha elevado el 1,9% previsto para este 2024 hasta el 2,3%. Un salto que coloca a la economía vasca al frente del crecimiento de España, para el que se prevé un 2,1%. Con estos nuevos datos, el País Vasco se sitúa como la cuarta autonomía en evolución por detrás de Canarias (2,6%), Baleares (2,5%) y Madrid (2,5%). Y es que el aflojamiento de los tipos de interés previsto por el Banco Central Europeo (BCE) para la segunda mitad del año permitirá que el consumo, especialmente en el turismo, siga en niveles muy altos tirando del crecimiento. De ahí que BBVA Research en su revisión de las previsiones haya efectuado la mayor corrección en las autonomías con más peso del turismo, como Canarias, Baleares, Cataluña o Comunidad Valenciana. En el conjunto de España, el crecimiento ha pasado de un 1,5% a un 2,1%. Euskadi, con su 2,3%, vuelve a tomar la delantera a la media nacional y mejora las previsiones del Gobierno vasco, que contaba en este año con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,1%. Respecto a 2025, se espera que el avance de la actividad sea menor que lo anticipado hace un trimestre. Según el análisis del departamento de estudios económicos de BBVA, la principal causa reside en un menor crecimiento en Europa y una política fiscal más restrictiva. Las directrices de la UE marcan un regreso al control del gasto público. Por todo ello, la previsión de aumento del PIB de España se sitúa en el 2%, frente al 2,5% estimado anteriormente. La debilidad de la demanda de la Eurozona y el acercamiento hacia niveles precrisis en la actividad del sector turístico limitan el avance en los principales destinos de los visitantes nacionales y extranjeros.

El tejido empresarial vasco se muestra optimista sobre la evolución de la economía en el segundo trimestre de este año después de un 2023 plagado de incertidumbres y con cierta inestabilidad geopolítica. Así lo constata la encuesta de confianza empresarial de Laboral Kutxa realizada a un total de 165 firmas de Euskadi, que arroja un índice de confianza de 49,8, superior al trimestre anterior (45,9). Así, el 13,9% de las empresas del País Vasco cree que el entorno económico mejorará en los tres próximos meses, y el 55,8% considera que se mantendrá igual, frente al 30,3% que afirma que empeorará. El estudio se adentra en examinar con más detalle todas las claves de la actividad empresarial, comenzando por las previsiones de las empresas en cuanto a facturación. Las previsiones indican también una visión algo más optimista, con un índice de confianza que pasa del 46,8 al 50,3 de cara al segundo trimestre respecto al primero. Concretamente, el 20% de las compañías encuestadas consideran que la facturación mejorará, siendo el 60,6% las que estiman que será similar, frente al 19,4% que consideran que empeorará. Si ponemos el foco en otras dos variables que analiza el informe, los resultados apuntan a una mejora de los pedidos (el índice pasa del 45,7 al 51,5) y una subida de los precios. El 22,4% de los encuestados esperan que el volumen de pedidos se incremente, y un 18,8% de las compañías considera que los precios serán superiores. El empleo, una de las variables que mejor comportamiento tuvo en 2023 con récord de afiliación en Euskadi, se mantendrá en el segundo trimestre del año (73,9%), frente al 14,5% de las empresas que considera que incrementarán su plantilla. Un 11,5%, en cambio, se inclina justamente por lo contrario, que disminuirá. Su índice mejora del 46,6 al 51,5. Ver informe Laboral Kutxa. 

Aunque ocho de cada diez empresas en Euskadi aseguran que conocen el plan de ayudas desplegado con los fondos europeos, solo el 18% afirma haber accedido a estos recursos. Es un dato que se desprende del estudio de ‘Confianza Empresarial’ que Laboral Kutxa realiza cada trimestre. El departamento de estudios de la cooperativa de crédito hizo ayer públicos los datos tras recabar entre los días 6 y 26 de febrero la opinión de 165 empresas ubicadas en el País Vasco. Una visión que recoge un sentir que, sobre todo desde las pymes, viene trasladando el sector empresarial. El caso es que los fondos Next Generation han dejado ya en Euskadi más de 2.400 millones, si bien es cierto que muchos de ellos han sido para inversiones en la Administración pública y otros, canalizados en más de 500 millones a través de los PERTE, todavía están pendientes de ejecución.

El comercio vasco se enfrenta a unos años «muy críticos» marcados por el descenso de ventas. Aunque los negocios minoristas cerraron 2023 con un avance del 2% en Bizkaia y de un 0,2% en Gipuzkoa, frente a un retroceso del 1,3% en Álava, las sensaciones son muy negativas y preocupantes, según el análisis realizado en la mañana de este miércoles por Euskomer, confederación vasca del comercio. El principal empuje deriva de la fortaleza de los establecimientos de alimentación, como fruterías, carnicerías y pescaderías, y peluquerías y centros de estética. Este alza contrasta con la enorme pérdida de peso de las tiendas especializadas en el equipamiento de hogar y de la persona. Los comerciantes ven en el segmento 'online' la principal de sus inquietudes. Apuntan al ecommerce -comprar y vender productos a través de internet- y al cambio de costumbres como dos de las principales razones del cierre de 1.108 establecimientos el año pasado. La densidad comercial está bajando «a un gran ritmo» en los tres territorios, contribuyendo al deterioro del entorno urbano, «creando una sensación de abandono y desolación», han lamentado responsables de Euskomer, que representa a 31.700 empresas y personas autónomas. «Muchos de los locales que cierran ya no vuelven a subir la persiana», subrayan. Sobre la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Euskomer advierte que esta medida afectará negativamente en el flujo de clientes y la capacidad de los comercios para recibir entregas, además de suponer «costes adicionales» para los negocios, al verse obligados a realizar inversiones para cumplir con los estándares de emisiones.

El último informe de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), que analiza desde hace 19 años la situación del mercado de la edificación en Euskadi, asegura que aunque los niveles «se han mantenido estables» en el territorio en comparación al 2022, sí que se observan signos de «estancamiento que acentúan el escenario de baja producción que se mantiene en el País Vasco de forma estructural durante la última década». Iñaki Urresti, secretario general de la agrupación, achaca el 'parón' a dos motivos: la atonía en la producción de vivienda nueva, que «sólo se ve compensada por las obras de rehabilitación», y el descenso del volumen de obras públicas. Los datos publicados por la agrupación hablan de que en el conjunto de Euskadi sólo se llegan a levantar «dos viviendas por cada mil habitantes y año», lo que impide satisfacer las necesidades tanto de alquiler, como de venta, de la sociedad. ¿Pero por qué se construye tan poco? Mientras que las administraciones aseguran que uno de los grandes problemas es la «falta de suelo finalista» (aquel que está listo para intervenir), Ascobi atribuye la falta de pisos a los «altos» porcentajes que deben destinar las promotoras a la edificación de viviendas protegidas en los suelos urbanos (40%). «Esta elevada cuantía reduce la viabilidad económica y por consiguiente, la posibilidad de que una constructora edifique», ha detallado el responsable. Justifican su postura atendiendo precisamente a la construcción de vivienda social. Frente a las 90.000 personas que están inscritas en Etxebide a la espera de poder emanciparse de forma más holgada, el número de nuevas VPO ha caído un 37% en los últimos doce meses. «Los malos datos demuestran que mantener estos porcentajes no garantiza una mayor producción de domicilios públicos, especialmente ahora que la administración sólo produce pisos en alquiler», ha puntualizado. ¿La solución? Para los constructores vizcaínos que se impulsen «medidas de estimulo». Ver nota de prensa de Ascobi-Bieba

Los datos son abrumadores. Cada año se denuncian casi 400.000 ciberataques en España, según el Ministerio del Interior. En 2022 y 2023 esta amenaza a las finanzas, pero también a la seguridad, intimidad y confidencialidad de personas, empresas e instituciones creció a un ritmo del 25% anual. Sólo en Euskadi, la Ertzaintza registró en los nueve primeros meses del año pasado 19.464 denuncias, una media próxima a las 65 diarias. Y eso sin contar los ataques que no se denunciaron o que se tramitaron a través de otros cuerpos. Son apenas algunas de las cifras expuestas en el foro ‘Aliados digitales, claves para estar ciberseguros’, organizado por BBVA en colaboración con El Correo y en el que participaron Sergio Salvador, director de Ingeniería de BBVA España; Javier Diéguez, director general de Cyberzaintza; Amaia Sánchez, miembro de la junta directiva de Cybasque (asociación que representa a las industrias vascas de ciberseguridad) y directora de negocio de Entelgy; y Pablo García Bringas, vicedecano de la Universidad de Deusto y experto en ciberseguridad. Según subrayó este último, «la pregunta no es si vas a tener un problema (de ciberseguridad), te va a pasar seguro. La cuestión es cómo vas a reaccionar cuando te ocurra, estar preparado». La mesa redonda, moderada por la periodista de EL CORREO Marta Madruga, estuvo precedida por una entrevista con Peio Belausteguigoitia, Country Manager de BBVA en España, quien recalcó que «el 90%» de todos los delitos perpetrados a través de SMS, correos electrónicos, WhatsApp o cualquier otro canal telemático «corresponde a fraudes, cuyo objetivo son personas particulares como tú y como yo, a los que se ataca utilizando técnicas y ganchos muy variados que cambian todos los días». La pandemia aceleró la digitalización de la sociedad y amplió la «superficie de ataque» para los «malos», coincidieron los intervinientes en el coloquio. Así, los fraudes se han multiplicado por cuatro en seis años; entre ellos el más frecuente es el robo de identidad y claves de acceso a través de enlaces enviados por SMS al móvil, concretó Belausteguigoitia.

La entidad de previsión social voluntaria (EPSV) Itzarri cerró el año pasado con una rentabilidad del 8,16% y unas ganancias de 88 millones de euros, según se recoge en el balance de gestión aprobado ayer por la Asamblea General Ordinaria de esta entidad, que se reunió en Vitoria. La entidad aumentó su patrimonio en 175 millones de euros el año pasado, superando los 1.225 millones, y sumó 4.544 nuevos socios, con lo que llega ya a 124.692. Itzarri ha experimentado un aumento medio del 10% en el número de socios en los últimos cuatro años, y la rentabilidad de las inversiones realizadas presenta una media anual histórica levemente superior al 4% TAE. La entidad –según destacó el Ejecutivo vasco– presenta unos gastos de estructura «ajustados» y que son «los más bajos en su sector», que además, se han reducido del 0,17% al 0,14% del patrimonio. Por otra parte, desde 2005 Itzarri ha obtenido unos beneficios de 414 millones de euros, 88 millones de los cuales corresponden a 2023. Asimismo, desde su nacimiento, esta entidad lleva abonados 193 millones de euros, 29 de ellos en el pasado ejercicio.

No ha sentado muy bien en el PNV que la Generalitat catalana, en manos de ERC, reclame al Estado un modelo fiscal parecido al Concierto Económico para recaudar los impuestos. Pero ya no tanto por el uso de la misma receta que aplican Euskadi y Navarra, sino más bien por la insistencia con la que el Govern de Pere Aragonès viene remarcando que su planteamiento incluye un componente de solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Es decir, como si el sistema vasco no aportara también a los territorios del régimen común. Sabin Etxea ha salido en tromba para atajar cualquier insinuación y exigir «respeto». El Govern, en todo caso, ha querido hacer especial hincapié en que su planteamiento incorpora un «fondo de reequilibrio territorial destinado a las comunidades autónomas con menor capacidad económica, para contribuir a la equidad entre territorios». En otras palabras, un mecanismo que garantice la solidaridad con el resto de zonas de España, algo que la Generalitat, en cambio, dice no apreciar prácticamente en el caso de Euskadi. «En el modelo vasco, la aportación a otras comunidades es casi inexistente», indicó la consellera de Economía, Natália Mas, en la presentación del plan. Esa tesis ha generado un importante rechazo en el PNV, que de entrada no se opone a que Cataluña tenga su propio concierto, pero sí afea cualquier insinuación en torno a la supuesta insolidaridad del modelo vasco. El candidato a lehendakari, Imanol Pradales, considera «legítima» la reclamación de Aragonès, pero le ha pedido expresamente que «no deslice» que el sistema de Euskadi es «insolidario». En una entrevista en Antena 3, ha recordado que «está reconocido constitucionalmente», que aporta el 6,24% de los recursos pese a que la población representa un 4,6% del total de España y que financia el Fondo de Compensación Interterritorial «sin que revierta hacia Euskadi».

La ministra de Trabajo, tras descartar hace poco ofrecer estos datos, dice ahora que solo hay 55.300 que estén inactivos, una cifra que choca con la que da su propio ministerio. Dos años después de la entrada en vigor de los nuevos modelos de contratación en España que impuso la reforma laboral, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha puesto, por fin, encima de la mesa una de las cifras que más se han demandado en los últimos años: cuántos trabajadores fijos discontinuos hay en España y cuántos están inactivos. Pero se trata de una cifra un tanto contradictoria con los propios registros que publica mensualmente su propio ministerio, el de Trabajo; contradictoria con los datos que difundió hace un año el SEPE en el Congreso; e incluso con las propias declaraciones que han hecho desde su departamento argumentando que es imposible dar este dato porque «no lo tienen». Que la ministra de Trabajo pida datos relativos a la afiliación al instituto de estadística resulta un tanto chocante, puesto que su departamento publica puntualmente cada mes cuántos trabajadores hay dados de alta en el sistema y los desagrega en el tipo de contrato que tienen. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en febrero había un total de 819.632 afiliados en el sistema que tienen un contrato fijo discontinuo, 168.132 menos que los que dice Díaz. Pero la diferencia es mucho más abultada en el caso de los trabajadores fijos discontinuos que están inactivos, es decir, aquellos que tienen un contrato vigente pero están esperando que la empresa les llame para reincorporarse, en su inmensa mayoría del sector de la hostelería y el campo. La cifra de poco más de 55.000 que dio este martes la ministra se contradice totalmente con la que ofrece el Servicio Público de Empleo (SEPE): hay 735.996 registrados en el SEPE, con datos también de febrero. Son los que están clasificados como demandantes de empleo con relación laboral, que, aunque no todos, la inmensa mayoría son discontinuos sin empleo, aunque ahí también se incluyen los trabajadores en ERTE y otros colectivos, pero que son un número muy pequeño, residual. Es decir, la cifra que ofrece Trabajo multiplica por doce la que esgrimió Díaz.

Los particulares que contraten a empleadas del hogar estarán obligados a evaluar los riesgos laborales de sus casas, el lugar de trabajo de estas profesionales de salarios bajísimos. Así será si sale adelante un real decreto elaborado por el Ministerio de Trabajo y que pretende llevar al Consejo de Ministros próximamente, pero de momento no cuenta con el respaldo del PSOE. Según el texto, el ministerio elaborará una “herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, una comparecencia online gratuita que agilizará el diagnóstico de riesgos. Así el departamento esquiva las críticas por la carga económica que supondría la obligatoriedad de que lo hiciera una empresa especializada, una posibilidad a la que también podrán recurrir los particulares que lo prefieran. La norma también especifica el deber del empleador de proporcionar medidas de protección adecuadas, el derecho de la trabajadora a reclamar formación en riesgos laborales y también a someterse a reconocimientos médicos. Además, el ministerio se compromete a elaborar un protocolo frente a las situaciones de violencia y acoso sexual. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya señaló en mayo su intención de que el control de riesgos se lleve a cabo “a través de autoevaluaciones que tendrán que realizar las personas que desplieguen estos servicios”. Es decir, las personas que contraten a las empleadas del hogar. El texto que su departamento pretende llevar al Consejo de Ministros concreta esta política. “La persona empleadora”, indica el real decreto, “deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras que prestan servicios en el ámbito del empleo doméstico”. 

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un plan para mejorar la situación de los becarios y sus prácticas en la UE. Para eso, lanzó ayer una directiva en la que pretende, al menos, fijar un suelo legal para distinguir con más claridad unas prácticas formativas de las relaciones laborales formales, y ha actualizado las recomendaciones que dio hace ya 10 años para que los jóvenes completen su aprendizaje en condiciones dignas. En esa lista de consejos renovada se hace mucho más hincapié en que los becarios deben tener remuneración y protección social, y se señala que lo razonable es que unas prácticas no superen los seis meses salvo en “los casos en que esté justificada una duración mayor”, apunta uno de los documentos lanzados por el Ejecutivo comunitario. Junto a este plan, Bruselas también lanza otro para paliar la falta de mano de obra que se aprecia ahora en bastantes actividades —“Incluso en países con tasas de desempleo por encima del 10%”, apunta el Comisario de Empleo, Nicolas Schmit— y que irá a más en los próximos años: hasta 2050 la previsión es que la UE pierda 30 millones de personas en edad de trabajar partiendo de las 365 millones que tiene ahora.

El consejero delegado de Santander UK, Mike Regnier, recomendó ayer a sus “jefes en España” no invertir más en Reino Unido, porque la rentabilidad del negocio en el país es más reducida que en otros países como consecuencia de los elevados impuestos. En su intervención en una sesión del Comité del Tesoro (un órgano dependiente de la Cámara de los Comunes que tiene entre sus funciones el control de la banca), en la que también participaron ejecutivos de otros bancos, Regnier afirmó: “Incluso en un año realmente bueno, el retorno que obtuvimos en Reino Unido no fue lo elevado que esperarían los accionistas de nuestra matriz”, cuya presidenta es Ana Botín. El ejecutivo justificó su punto de vista por la subida de la presión fiscal, que se ha situado en máximos desde 1948, hasta un 37%. Reino Unido tiene una deuda del 98% del PIB y una enorme presión para aumentar la dotación para los servicios públicos básicos, con problemas generalizados. “Las decisiones de nuestro grupo responden a la pregunta de dónde la inversión de un euro adicional de capital va a obtener más retorno. ¿Reino Unido? ¿Quizá Brasil? ¿México? ¿Estados Unidos?”, planteó. “Por ahora –continuó–, vista la competitividad de Reino Unido, que los impuestos son más altos que en otros países y que somos un negocio británico que compite por la asignación de capital dentro del grupo; si yo fuera el banco, lo invertiría en otros sitios.”

La hoja de ruta se mantiene. Los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal esperan que los tipos de interés bajen 0,75 puntos hasta fin de año desde el nivel actual del 5,25%-5,5%, hasta situarse en el 4,625% (esto es, en la banda del 4,5%-4,75%), según las previsiones actualizadas este miércoles. Dando por hecho que el banco central dará los pasos hacia una política monetaria menos restrictiva poco a poco, eso implicaría tres rebajas de 0,25 puntos. Analistas e inversores esperan que esos recortes se produzcan a un ritmo trimestral a partir de la última reunión de la primavera, la del 11 y 12 de junio. Sin embargo, la Reserva Federal espera una rebaja algo menos intensa de los tipos en 2025 que hasta ahora: tres recortes de 0,25 puntos en lugar de cuatro. En la reunión de este miércoles, como se esperaba, los tipos se mantuvieron en el nivel más alto de los últimos 23 años y el banco central parece descartar un recorte para el 1 de mayo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá a las 14.30, hora de Washington (19.30, hora peninsular española) para comentar las conclusiones de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Sus palabras servirán para afinar los pronósticos y dar pistas sobre la lectura que hace el banco central de la situación económica.