20241126

Declaraciones de Tamara Yagüe, durante la 31ª edición del Acto de Empresa vasca y FP organizado por Confebask, único de estas características en todo el Estado. La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, durante el habitual acto anual Empresa&FP vasca celebrado esta mañana, se ha dirigido a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para asegurarle que “tienes en Confebask un aliado estratégico para seguir mejorando la educación de nuestros jóvenes, en general, y nuestra formación profesional, en particular. Y más ahora, si cabe, para colaborar en el aterrizaje en Euskadi de la nueva Ley Orgánica de FP, que dibuja un marco de enorme transformación”. “En este punto, me gustaría lanzar un claro mensaje a las empresas: animaos a utilizar aún más el modelo vasco de formación profesional dual. Es una excelente vía para mejorar nuestra competitividad y también para incorporar con éxito talento joven”. Asimismo, en este acto Empresa&FP organizado por Confebask, como cada año, su director general, Eduardo Aretxaga, ha dado a conocer los habituales reconocimientos a empresas e instructores que otorga la Confederación Empresarial vasca, y que “tratan de reconocer la labor de quienes más han destacado en su empeño formativo”.  Son ya 25 años de la edición de estos premios, y para su elección, recuerda Eduardo Aretxaga, “se ha tenido en cuenta las valoraciones de los propios centros de Formación Profesional”. En esta ocasión, y en el capítulo de empresas, el reconocimiento ha sido para ARATZ GROUP a propuesta de SEA Empresas Alavesas; OJA-REM a propuesta de Cebek; y ZERBIMEK por parte de Adegi. En cuanto a los instructores, Confebask ha reconocido a José Antonio Hernandez de Mecanizados Hamar (Araba), a EQUIPO INSTRUCTORES de FEUVERT IBERICA (Bizkaia); y a Izaskun Ortiz, de la empresa AGUI  (Gipuzkoa). Ver más en Confebask. 

En un contexto en el que las empresas vascas acusan la falta de mano de obra cualificada, la patronal vasca, Confebask, opina que una de las herramientas para mitigar el citado problema puede ser el «impulso» al modelo vasco de formación profesional dual. Al menos, en estos términos se expresó ayer la presidenta de los empresarios vascos, Tamara Yagüe, que animó al tejido económico de los tres territorios a utilizar «aún más» el empleo formativo como vía «para mejorar nuestra competitividad, y también para incorporar con éxito el talento joven». Yagüe subrayó, en esta línea, que a lo largo de estos últimos 31 años Confebask ha colaborado para «facilitar la formación práctica a casi 300.000 jóvenes vascos en una media de más 11.000 empresas al año», y detalló que desde 2012 –año en el que se puso en marcha el actual modelo dual– se han formado en él «casi 40.000 jóvenes en más de 22.000 empresas», una cifra que aumenta cada curso. La patronal vasca celebró ayer la 31ª edición del Acto de Empresa vasca y FP en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que contó, además de con representación de la asociación de empresarios, con la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka. En la cita, a la que acudieron cerca de 400 jóvenes recién titulados en FP, Confebask reconoció a empresas e instructores por «su labor en su empeño formativo», entre las que se encuentran la arrasatearra Zerbimek, la vizcaína Ojarem y la alavesa Grupo Aratz. También reconocieron a Izaskun Ortiz, de la guipuzcoana AGUI; José Antonio Hernández, de Mecanizados Hamar (Araba), y al equipo de instructores de Feuvert Iberica (Bizkaia).

Las espadas están en todo lo alto en la lucha por el control de Talgo, el fabricante de trenes que perdió la oferta de 620 millones lanzada por los inversores húngaros Magyar Vagon por el veto del Gobierno español. Ahora, Sidenor, asesorado por Alantra y apoyado por la Administración vasca y central (tiene una de sus dos fábricas en Álava y la otra en Madrid), ha ofrecido al fondo de inversión Trilantic que, indirectamente tiene el 29% del fabricante de trenes, unos 150 millones por su participación, algo menos de cuatro euros por título. El fondo de inversión rechaza la oferta low cost y traslada, como referencia, a la siderurgia vasca fundada por José Antonio Jainaga, al igual que sus socios Torreal y familia Oriol en el vehículo Pegaso (40% de Talgo), los cinco euros por acción en metálico que Magyar Vagon ofreció a través de una opa al conjunto de los accionistas de la compañía. Ese es el umbral con el que quiere negociar el núcleo duro, a pesar de que las acciones de Talgo, como ocurrió durante la opa húngara, cotizan sensiblemente por debajo. Ayer, la compañía dirigida por Gonzalo Urquijo cerró en Bolsa a 3,4 euros por acción, con una subida del 3,2%. En lo que va de año Talgo retrocede más de un 30% a pesar de cruzarse una opa y una oferta de fusión de la checa Skoda, rechazada por Trilantic y sus socios en el consejo de la española. En Pegaso, además de Trilantic, participa Torreal, el brazo inversor de la familia Abelló; y los hijos de los fundadores de Talgo, la familia Oriol. La participación de Trilantic, a su vez, pertenece a varios inversores que entraron en la plataforma de inversión creada por la gestora en 2006. El fondo de inversión tiene el control de Pegaso, con más del 60% de los derechos de voto, que equivalen a un 29% directo de la compañía. Según fuentes próximas a la operación, si Sidenor quiere tomar el control de Talgo, deberá plantear una oferta a Pegaso (sus accionistas tienen derecho de arrastre) y, además, debería extenderla al resto de accionistas de la empresa a través de una opa. La CNMV analiza de cerca estos movimientos.

BBVA considera que el Banco Sabadell ha vulnerado la legislación vigente en materia de opas al incitar a entidades empresariales a presentar alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro del nuevo proceso de análisis que ha abierto la CNMC para analizar la propuesta de fusión de ambas entidades. Incitadas o no por el Sabadell, lo cierto es que la CNMC ha recibido ya una avalancha de alegaciones sobre la fusión y ya tiene en su poder algo más de medio centenar de argumentaciones, la mayor parte de ellas en contra de la concentración en un único banco. «De ser cierta esta información, consideramos que esta conducta incita a la personación de terceras partes con el objetivo de entorpecer y alargar el proceso de autorización regulatoria e impedir el éxito de la oferta a los accionistas, vulnerando así el deber de pasividad y desvirtuando el interés legítimo de las partes para personarse», señalaron fuentes de BBVA. La reacción del banco vasco está ligada a una información desvelada ayer por el diario ‘El Mundo’, en la que se hacía eco de unos mensajes remitidos por un alto directivo del Sabadell a diferentes organizaciones empresariales, vía correo electrónico, con información e instrucciones para animarles a presentar alegaciones ante Competencia. Alegaciones que, lógicamente, deberían ir en contra de la hipotética fusión de ambos bancos. El malestar de BBVA está ligado a varios preceptos de la legislación española de opas, que obliga a la empresa que es objeto de la oferta a mantener una posición de pasividad. Esta normativa le impediría armar estrategias de defensa como la denunciada ahora.

La mesa negociadora que debería acordar las bases de lo que será el futuro comité de empresa europeo del Grupo CAF se reunirá este miércoles en la factoría de la empresa en Beasain, según ha informado el sindicato LAB en un comunicado. El sindicato ha señalado que esta reunión se celebrará a partir de las 10.00 horas y ha recordado que "la política expansionista de la dirección ha llevado a que CAF cuente con personal en 19 territorios europeos, sumando una plantilla que supera las 12.000 personas". La sede central de la compañía está en Beasain y el grueso de la plantilla se concentra en el País Vasco "con más de 5.000 personas trabajadoras", a los que se suman 2.300 en el resto del Estado español. Además, en Polonia cuenta con unos "2.300 trabajadores y en Francia con otros mil, al igual que en Suecia, y en Italia más de 350". A ello se suman las delegaciones y filiales de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Republica Checa, Eslovaquia y Rumania. LAB ha apuntado que "la mesa encargada de negociar la composición y el funcionamiento del futuro comité europeo con la dirección de CAF estará compuesta por 15 representantes del personal de ocho de los territorios de España, Polonia, Francia, Italia, Lituania, Letonia, Republica Checa y Suecia. A juicio del sindicato, "la defensa de los intereses de las personas trabajadoras, pasan por que Euskal Herria tenga voz propia en ese futuro foro".

La reducción de la jornada laboral, una medida estrella que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha estado negociando con sindicatos y patronales en los últimos meses para sacarla adelante en esta legislatura, protagonizó ayer las discusiones e intervenciones de la primera jornada del 44 congreso confederal de UGT, que terminará mañana miércoles con la reelección de Pepe Álvarez como secretario general, para encadenar un tercer mandato consecutivo. Esta primera jornada estuvo marcada por la asistencia de políticos nacionales. Además, de la vicepresidenta Díaz, destacó en el cónclave sindical la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al patrón de CEOE, Antonio Garamendi –que a principios de este mes rechazó formalmente la última propuesta del Gobierno para rebajar la jornada a 37,5 horas a la semana–. “Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura”, proclamó Díaz, argumentando que dos de cada tres ciudadanos están de acuerdo con la propuesta. Díaz ha pedido al PP que apoye la medida, de la misma forma que ya hizo, aunque fuese por un voto erróneo, con la reforma laboral. Núñez Feijóo no se limitó a pronunciar un discurso de cortesía como hacían otros líderes de la oposición en pasados congresos del sindicato. En su discurso, Feijóo dijo que su deber como candidato a la presidencia del Gobierno es: “Decirles las cosas que pienso”. En ese punto, lanzó varias reflexiones. Para Feijóo es fundamental que en España sean las mayorías las que vuelvan a tomar las grandes decisiones, ya que “nuestra política lleva mucho tiempo en manos de las minorías”. También pidió a los delegados de UGT que ayuden al PP a desbloquear su propuesta de ley de conciliación en el Congreso y a comprometerse con la productividad y la lucha contra el absentismo. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz inicia hoy el camino para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 con la reunión del comité de expertos que integran el Gobierno, los agentes sociales y profesionales académicos. La vicepresidenta segunda reiteró ayer en Barcelona su compromiso con esta nueva subida, que, según aseguró, se hará «con acuerdo tripartito o bipartito», es decir con el plácet de la patronal o sin él. La líder de Sumar participó en la apertura del 44 Congreso Confederal de UGT, que hoy recibe la visita del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que mañana tendrá como colofón la reelección de Pepe Álvarez, con toda probabilidad ya que es el único candidato, como secretario general. Con un discurso duro y directo, Díaz desplegó su agenda para los próximos meses, que pasa por la reducción de la jornada laboral, con CEOE fuera de la mesa de negociación desde la semana pasada, la subida del SMI y la modificación de las condiciones causales e indemnizaciones del despido improcedente para avanzar hacia el denominado modelo restaurativo que recoge la Carta Social Europea. El Gobierno pretende garantizar por ley que la retribución mínima salarial represente siempre, al menos, el 60% del sueldo medio, el porcentaje que indica esa Carta del Consejo de Europa. Por ahora, las perspectivas para el próximo año se mueven en un incremento en torno al 5% o el 6%, tal y como reclaman los sindicatos. «Con 1.134 euros al mes no se puede vivir en ninguna ciudad de España», ha señalado varias veces Díaz, en las últimas semanas, en relación a la cifra fijada actualmente.

Los asistentes al quinto ‘DigitalTek. Liderando el cambio’ pudieron ayer escuchar una canción ‘country’ íntegramente creada por Inteligencia Artificial generativa. Su música, su letra y hasta la voz que la interpretaba han sido generadas por un ‘software’ que ha aprendido a componer y cantar tras ‘escuchar’ infinidad canciones del este mismo estilo. Es una del sinnúmero de aplicaciones de esta nueva tecnología que está revolucionando la propia digitalización. Para entender mejor las consecuencias de su irrupción para las empresas vascas, El Correo volvió a reunir en el Museo Guggenheim a las compañías punteras de la revolución digital, con un claro protagonismo de las premiadas en esta nueva edición del encuentro: la ‘startup’ dedicada a la validación de medicamentos gracias al ‘big data’ Universal Omics, el grupo empresarial líder en el sector de la ingeniería eléctrica Ingeteam, la cervecera La Salve, la marca de moda sostenible SKFK y la constructora Fhimasa. La cita, patrocinada por BBVA, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, sirvió para subrayar cómo «la tecnología no solamente transforma empresas, sino sociedades enteras», tal y como explicó Marta Alonso, directora territorial norte de BBVA, en la bienvenida al encuentro. «En un entorno de transformación, adaptarse no basta, hay que anticiparse –explicó– y la tecnología por sí sola no es suficiente. El componente humano sigue siendo la clave. Las personas aportan aquello que las máquinas o la tecnología por sí solas no pueden: creatividad, empatía, pensamiento crítico y ético... El futuro de las empresas pasa por integrar lo mejor de los dos mundos, el digital y humano».

«Si ya os parecía muy rápida la evolución de la transformación digital, sabed que no va a dejar de acelerarse. Podemos irnos al campo y desconectarnos de todo, sí, pero si tenéis un teléfono móvil en la mano no vais a tener más remedio que acelerar vosotros también». Fernando Polo, cofundador y consejero delegado de la agencia de marketing digital Good Rebels, impartió al inicio de la quinta edición de DigitalTek una charla en la que señaló la importancia de la Inteligencia Artificial «como acelerador del proceso de digitalización». «El crecimiento exponencial de una tecnología es difícil de entender y, por tanto, de anticipar. No pasa nada hasta que un día pasa todo. Algunas organizaciones logran encontrar oportunidades en los cambios y otras desaparecen. Y con la IA estamos en ese punto de repentino crecimiento exponencial, lo que hace que las organizaciones vayan con la lengua fuera», explicó. «La IA ha tenido tres grandes etapas. Primero fue el ‘machine learning’, cuando se enseñaba a la tecnología a reconocer patrones y que con tener suficientes datos ya hacía un buen trabajo. Es el caso, por ejemplo, de las recomendaciones de Netflix. Después, a partir de 2011, llegó el ‘deep learning’, donde la capacidad computacional y el acceso a ingentes cantidades de datos propició el despegue de las redes neuronales, que era una tecnología que evolucionaba en paralelo sin llamar mucho la atención. En este punto el sistema ya aprendía por sí mismo y podía, por ejemplo, reconocer nuestra matrícula en las imágenes del centro de la ciudad y seguir nuestro recorrido. Y ahora la revolución en la que estamos metidos es la de IA generativa, que usa estructuras de redes neuronales para crear, por ejemplo imágenes o vídeos, y que seguirá acelerando si la capacidad computacional lo permite», explicó Polo. «Con ella, el incremento de la productividad va a ser brutal porque el acceso a conocimiento es mucho más eficiente, lo que a su vez va a acelerar aún más cualquier proceso. De hecho, hay que cuestionarse si gracias a la IA estamos ante una transformación digital o ante un estado de continua evolución tecnológica, que es de lo que en realidad yo creo que se trata», subrayó.

Nuevo acercamiento, aunque sin acuerdo. La negociación entre la patronal y sindicatos para cerrar el nuevo convenio de la hostelería alavesa tampoco dio frutos en la cita de este lunes celebrada en el Preco de Vitoria, con la mediación del Consejo de Relaciones Laborales. Se sigue así sin cerrar un nuevo pacto en torno a las condiciones de trabajo de los camareros alaveses, que llevan sin actualizarse desde 2020. Se mantienen en pie las dos jornadas de huelga en el puente de diciembre, concretamente los días 5 y 7, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia turística a Vitoria con Ardoaraba como principal reclamo de esas fechas. Aún queda una última oportunidad para tratar de frenar los paros. Las partes volverán a reunirse para negociar dentro una semana, el martes 3 de diciembre, prácticamente en vísperas de la protesta. Tras el encuentro de hoy, «las propuestas sindicales no están muy lejos de las de la patronal», pero hay un punto «inaceptable para los sindicatos», y es que «la patronal sigue queriendo empeorar los complementos a las bajas», criticó el sindicato ELA en un escueto comunicado remitido al término de la cita. Por parte de la patronal SEA Hostelería, que declinó realizar declaraciones tras la reunión, hace dos semanas desgranó su propuesta, con una subida salarial del 11,5% hasta el 2024, con un incremento del 2,5% el año que viene y otro 2% en 2026. Asimismo, los trabajadores recibirían una paga extraordinaria de 2.000 euros y verían reducida su jornada anual en dos horas.

SEA Empresas Alavesas inaugurará el viernes día 29 su nueva sede en la calle Álava, donde ocupará una casona rehabilitada recientemente en el número 37. El acto comenzará a las 12.30 horas del mediodía y contará con la presencia de destacadas personalidades del País Vasco y del territorio. Entre ellas asistirá el vicelehendakari Mikel Torres; el diputado general, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; más la actual junta rectora de la patronal alavesa y representantes de las principales empresas del territorio. En el transcurso del acto se proyectará un vídeo sobre la nueva sede y además están previstas intervenciones del presidente de SEA, Juan Antonio Sánchez Corchero; y Antonio Garamendi. Seguidamente se realizará una visita por las nuevas instalaciones, que ganan en funcionalidad sobre los anteriores locales en la calle Postas. Asimismo, el lunes 2 de diciembre está prevista una segunda inauguración, destinada fundamentalmente para los asociados de Empresas Alavesas. El motivo de realizar dos actos se debe al aforo limitado de la nueva sede.

50.000 estudiantes y trabajadores están llamados a votar. Mucho ha llovido desde la última vez que la UPV/EHU vivió unas elecciones al rectorado con dos o más candidaturas. Era 2008 y, por poner en contexto la situación, los estudiantes de hoy en día de la universidad vasca eran, en su mayoría, niños de dos, tres, cuatro y cinco años. En 2004, de hecho, concurrieron hasta cuatro planchas. Eran otros tiempos y el contexto social de entonces y ahora poco o nada tienen que ver. Hoy se pondrán frente a frente las dos candidaturas que pugnan por gobernar la mayor institución académica del País Vasco en los próximos seis años. Una, la continuista, liderada por la actual rectora, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963); otra, la alternativa, encabezada por el catedrático de Filosofía del Derecho Joxerramon Bengoetxea (Irun, 1963). Las urnas, a las que están llamadas más de 50.000 personas entre estudiantes, docentes y demás personal de la UPV/EHU, decidirán si hay o no cambio de rumbo en la hoja de ruta del transatlántico de las universidades de Euskadi, que en los últimos meses ha estado en el foco mediático por las diversas protestas sindicales que han llevado a cabo sus trabajadores. Desde que arrancara de forma oficial la campaña electoral, el pasado día 8, se ha producido un debate entre ambos candidatos. Tuvo lugar el pasado martes en Leioa, en el Aula Magna del campus de Bizkaia. El enfrentamiento dialéctico estuvo organizado por el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU y fue moderado por Iñigo Ugedo, presidente del consejo estudiantil. A lo largo de más de dos horas, discutieron de manera tranquila y sin estridencias sobre gobernanza, infraestructuras, participación del alumnado... Como prueba del interés que está suscitando la pugna electoral de este año, al debate acudieron cientos de jóvenes estudiantes, que buscaban poner cara a los candidatos y conocer de primera mano sus planes.

El mercado del alquiler no da tregua en Gipuzkoa y mantiene un trimestre más el mismo escenario en el que se halla inmerso desde hace años: se reduce paulatinamente la cantidad de pisos disponibles, y la escasa oferta existente es cada vez más cara. Una situación que viene de lejos pero que se ha agravado en los últimos dos años, desde que empezaron a conocerse detalles de la Ley estatal de Vivienda, aprobada finalmente en mayo del año pasado. La nueva normativa crea la figura de zonas y/o localidades tensionadas en las que, entre otras particularidades, las administraciones pueden limitar el precio de los alquileres, se amplía hasta tres años el tiempo en el que un inquilino puede permanecer en la vivienda una vez finalizado el contrato, e incorpora protecciones adicionales para los arrendatarios que no hacen frente a la renta cuyo resultado práctico es que en caso de impagos no serán desalojados hasta pasados al menos un par de años. La debilidad del mercado de alquiler la corrobora la última actualización de la Estadística del Mercado del Alquiler Libre (EMAL) que elabora el Gobierno Vasco con los datos de las fianzas obligatorias –equivalentes a una mensualidad– que los arrendadores depositan en Vivienda con cada nuevo contrato. Según los datos del segundo trimestre de este año, dados a conocer ayer, la cantidad de nuevas fianzas declaradas cayó un 19% en Euskadi, un 14,5% en Gipuzkoa y un 19,5% en San Sebastián respecto al mismo trimestre del año pasado. Fueron 472 fianzas en la capital de Gipuzkoa, 1.535 en el conjunto del territorio, y 4.142 en el total de Euskadi.

El 43% de las casas bajo control de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) están vacías. Creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos procedentes de la crisis financiera, la entidad pública cuenta con más de 33.500 viviendas en su balance, de las cuales 19.164 están habitadas y 14.359 permanecen clasificadas como “libres”. Así se desprende de los datos proporcionados por la entidad, correspondientes al cierre del tercer trimestre del año. Estas viviendas libres son aquellas que no están ocupadas y que, en teoría, podrían incorporarse al mercado. Pero en la práctica su destino es más complejo: algunas ya se están comercializando, otras están siendo reformadas o están pendientes de algún trámite legal cuya venta, en función del estado en el que se encuentre, puede tardar hasta dos años. En Sareb precisan que de las más de 14.000 viviendas vacías, solo un tercio están disponible para su venta inmediata, es decir, unas 4.800. Se trata de casas de segunda mano que comercializan en portales inmobiliarios y a las que les falta por equipar la cocina o arreglar algún detalle no estructural. El resto —más de 9.500— están en diversas fases de adecuación, un proceso que se prolonga por un mínimo de seis meses.

La dirección de Volkswagen Navarra propuso ayer al comité de empresa un calendario para el año 2025 de solo 209 días de jornada laboral y un ERTE de 65,5 días debido a las obras de transformación que se llevan a cabo en la planta de Landaben para su adaptación al vehículo eléctrico. Además, la dirección estima un programa de producción de entre 220.000 y 230.000 coches para el próximo año, según informó UGT a través de un comunicado. El periodo de inactividad se compone de tres bloques. El primero empieza en enero y establece que la producción no comenzará hasta el día 23. El segundo bloque, en verano, comprende entre el 2 de julio y el 20 de agosto, mientras que el tercero corresponde al mes de diciembre completo. En total son 28 días de cierre más 37 jornadas de viernes, aunque el comité cree que “seguramente serán menos días” después de la correspondiente negociación. Para estos días de cierre, la empresa plantea un acuerdo de ERTE, la “herramienta” que se viene utilizando hasta ahora. “La jornada industrial y las vacaciones son fijas para todos”, según recoge la nota del comité, que reclama a la empresa el pago del plus por hora en los días de cierre, además del complemento hasta el sueldo y antigüedad que estaba acordado anteriormente. “Son días de cierre en positivo que entran dentro del proyecto de transformación de nuestra fábrica para producir dos vehículos eléctricos además de los coches de combustión que ya fabricamos. No es una cosa negativa sino necesaria, porque tenemos un proyecto de futuro”, dijo Alfredo Morales, presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra.

Iberdrola ha relegado la financiación bancaria convencional –el tradicional crédito de las entidades financieras– a cifras realmente marginales. Así, tan solo el 2,5% del nuevo endeudamiento formalizado en lo que va de 2024 procede de la banca comercial, mientras que el 83% lo ha obtenido en el mercado de capitales mediante la colocación de bonos y pagarés. El resto lo ha conseguido de créditos concedidos por organismos multilaterales o bancos internacionales de desarrollo. Iberdrola reunió la pasada semana en Bilbao a los principales componentes de su unidad corporativa de financiación –Finte, en la terminología interna de la eléctrica–, que es la que se encarga de gestionar las operaciones de endeudamiento. El cuartel general de esta unidad se encuentra ubicado en la capital vizcaína y en la reunión participó el presidente de la compañía, Ignacio Galán. En el encuentro se hizo un repaso de la estrategia de financiación del grupo, que en los últimos años ha dado una especial importancia a las emisiones de deuda con la vitola de «sostenible». Fuentes de la compañía han indicado que el endeudamiento guarda un paralelismo con los planes de inversión –47.000 millones de euros previstos entre 2024 y 2026–, con dos ejes principales: la generación renovable y la construcción de nuevas redes de transporte. A corto plazo se van a destinar también en torno a 2.200 millones de euros a la recompra del 18,5% de la filial norteamericana Avangrid, para controlar así el 100% de la empresa.

Masorange, la compañía de telecomunicaciones fruto de la integración de Orange España y MásMóvil, prevé obtener alrededor de 3.200 millones de euros netos por la creación de la compañía conjunta de infraestructura fija mayorista basada en fibra óptica (conocida como netco) que está cerrando con Vodafone. Fuentes de Masorange declinaron realizar comentarios sobre esta información. El proyecto de la creación de esa netco, denominado Surf internamente, permitirá a sus dos promotores obtener ingresos de dos fuentes diferentes. Por un lado, el apalancamiento de la nueva compañía y, por otro, de la venta de una partición minoritaria a un fondo de capital riesgo o de infraestructuras. El proyecto, que inicialmente se preveía que tuviera un valor de empresa –incluida deuda– de entre 7.000 millones y 10.000 millones de euros, se ha ido afinando y la horquilla de valoración se ha reducido a una cifra entre los 8.500 millones y los 9.000 millones de euros. Se prevé que el plazo para ejecutar el proyecto –con la creación de la filial conjunta mediante un acuerdo vinculante que ofrezca continuidad al MOU anunciado hace unos meses, el logro de las aprobaciones administrativas, el traspaso de activos de infraestructura y clientes por ambas partes, y la entrada del socio financiero– se prolongue hasta el primer semestre de 2025.

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha añadido más viento en contra de la transición renovable y las empresas de energías limpias con su visión negacionista del cambio climático y su apuesta por el petróleo y el gas. El sector, que años atrás disfrutó del fuerte interés de los grandes fondos y recibió grandes entradas de dinero, tocó techo a comienzos de 2021 y desde entonces no logra levantar cabeza. El índice de referencia del sector, el S&P Global Clean Energy, se hunde un 63,8% desde entonces. Solo en lo que va de año recorta un 23%, frente al 25,5% que suma el S&P 500. Entre otras promesas electorales, el republicano anunció que acabaría con la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA, en inglés), aprobada por el actual presidente, Joe Biden, y que ha sido un fuerte impulso para las energías limpias en el país, más allá de poner fin a la eólica marina. Desde que se conoció el resultado de los comicios, Orsted y Vestas se dejan un 7,4% y un 23,5%, mientras que otras como RWE y Siemens Energy han avanzado que sus proyectos en el país podrían sufrir retrasos y trabas regulatorias ante la posibilidad de que Trump llegue a bloquear los proyectos ya iniciados. “Destruyen todo, son horribles, la energía más cara que existe. Arruinan el medio ambiente, matan a los pájaros y matan a las ballenas”, aseveró en campaña. Unas pretensiones que han dado al traste con el plan de inversiones de muchas empresas y ha agravado aún más el castigo en Bolsa al sector.

Las compañías eléctricas están redoblando sus presiones para que se les faciliten las inversiones en redes y se les mejore la retribución de las mismas. El pasado viernes, día 22, tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa una reunión entre el jefe de la Oficina Económica y G20 del Gobierno, Manuel de la Rocha, y ejecutivos de las grandes distribuidoras eléctricas y de las tres asociaciones sectoriales: Aelec (antigua Unesa), que integra a las grandes, y Cide y Aseme, a las que pertenecen más de un centenar de pequeñas distribuidoras. Al encuentro, programado desde hacía mucho tiempo, según fuentes conocedoras del mismo, asistieron el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle; el de EDP España, Pedro Vasconcelos; el director general de relaciones institucionales y regulación de Endesa, José Casas, y el director general de redes de Naturgy, Pedro Larrea. También acudieron la presidenta de Aelec, Marina Serrano; el presidente de Cide, Gerardo Cuerva, y el de Aseme, Oriol Xalabarder. Durante la reunión, las compañías expusieron a De la Rocha el actual escenario de las redes eléctricas y las ya conocidas reivindicaciones de que se les permita invertir en mayor capacidad para poder absorber una demanda creciente, como la de los centros de datos, para lo que es necesario subir el actual límite de inversión anual ligado al PIB que se impone a las compañías (el 0,13% para la distribución y el 0,0065% para el transporte en alta tensión). En el encuentro, según las citadas fuentes, no se trató sobre la tasa de retribución financiera de las redes (TRF) que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sino que se constató la necesidad de un marco favorable a la inversión en redes. 

Para que los casi 9,3 millones de pensionistas que hay en España (cerca de 525.000 de ellos en el País Vasco) puedan recibir estos días en sus cuentas bancarias sus prestaciones mensuales además de la extra de Navidad, que se abona conjuntamente, el Gobierno ha autorizado la inyección de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para hacer frente a este gasto adicional. No es la primera vez que el Ejecutivo realiza este movimiento financiero, como ocurre cuando tiene que abonar una paga extra. Y lo hace a pesar de que se encuentran prorrogados los Presupuestos del Estado de 2023. De hecho, esa norma incluye una disposición que habilita al Gobierno a «autorizar la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de hasta 10.003 millones de euros. El objetivo es poder «proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma». Esos cerca de 9,3 millones de ciudadanos que perciben algún tipo de pensión (la mayoría, algo más de 6,5 millones, jubilados) comenzarán a recibir en sus cuentas bancarias desde hoy mismo el abono de la paga extraordinaria de Navidad, junto a la mensual, como ocurre habitualmente todos los años por estas fechas en las que la Seguridad Social liquida estos pagos. En realidad, la Tesorería de la Seguridad Social no tiene previsto realizar estas transacciones hasta el próximo 1 de diciembre. Pero en la práctica, la mayor parte de los bancos van adelantando esos pagos y los materializan en las cuentas de sus clientes para que puedan disponer ya de ese dinero. La subida de las pensiones para 2025 se situará, previsiblemente, algo por debajo del 3%. 

Thyssenkrupp Steel, filial siderúrgica del conglomerado industrial alemán, ha anunciado un drástico plan de reestructuración que incluye el recorte de 11.000 empleos para 2030, el 40% de la plantilla, a través de despidos, traspasos y venta de negocios. La compañía siderúrgica, cuya matriz está dirigida por el español Miguel Ángel López, especificó que suprimirá 5.000 puestos de trabajo en producción y administración hasta finales de la década y recortará otros 6.000 empleos con la venta de activos o la externalización de la actividad a terceras empresas. La plantilla total de la filial ronda los 27.000 trabajadores. Thyssenkrupp Steel cerrará la planta de Kreuztal- Eichen –otro revés para la industria alemana, tras los miles de despidos domésticos desvelados por compañías como Volkswagen, Bosch, Ford o Schaeffler– y, además, anunció que rebajará en un 10% los costes de personal en los próximos años. La compañía explicó que el duro ajuste responde tanto a la baja demanda estructural de acero de la industria europea y de clientes y otros mercados clave, como a la creciente competencia china y asiática, más barata, y que ha generado sobrecapacidad y menor rentabilidad para los fabricantes europeos. Tras la reestructuración, Thyssenkrupp Steel prevé recortar su capacidad de producción anual a entre 8,7 y 9 millones de toneladas métricas, frente a las 11,5 millones actuales, para adaptarse a las “expectativas futuras del mercado”.

Las elecciones estadounidenses están monopolizando el debate en el mundo cripto. La victoria de Donald Trump ha llevado al bitcoin a niveles nunca vistos: desde hace días, de hecho, flirtea con alcanzar los 100.000 dólares, lo que mantiene a los inversores aguantando la respiración. Las demás altcoins se suman a esta euforia, batiendo máximos como Solana, o con subidas que en algunos casos superan el triple dígito, como XRP, la moneda de Ripple. El sector, ya eufórico con la elección de un presidente procripto y contrario a la regulación financiera, aguarda ahora la concreción de las numerosas promesas que el republicano ha hecho al sector. Los expertos alertan de que está por ver si el magnate podrá respetar sus anuncios. De momento los deseos de la industria parecen cumplirse. Gary Gensler, el presidente de la SEC, que en estos años se ha mostrado escéptico y hostil frente a las criptos, ya ha anunciado que dejará su cargo al frente del supervisor del mercado de valores el 20 de enero a mediodía, justo cuando Trump tome posesión. El republicano acaba de nombrar a Scott Bessent como secretario del Tesoro. Bessent, en una entrevista con Fox Business a principios de año, dijo que la criptomoneda “trata sobre la libertad, y la economía cripto ha llegado para quedarse. Estos activos están atrayendo a los jóvenes, a personas que no han participado en los mercados”. Pero una de las promesas que más ilusiona a la industria y a los inversores es la posibilidad de crear una reserva estratégica de bitcoins en EE UU. Trump mencionó este proyecto en junio, durante la conferencia Bitcoin 2024, que se celebró en Nashville, y ha calado profundamente en el sector, que se ha mostrado eufórico hacia este plan. Una reserva estratégica es un conjunto de activos exteriores que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para suplir las necesidades de financiación de la balanza de pagos, a fin de intervenir en los mercados cambiarios con el fin de influir sobre el tipo de cambio, por ejemplo. De este modo, una reserva de bitcoins se asemejaría a las reservas de oro y de divisas extranjera que poseen los bancos centrales, aunque también existen reservas estratégicas de materias primas básicas como el petróleo. 

Rumanía trata de asimilar el terremoto político que ha supuesto la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo y cuyos inesperados resultados, que se conocieron ayer, han apeado al actual primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, del proceso electoral. El independiente Calin Georgescu, cercano a Rusia y muy crítico con la OTAN y la ayuda a Ucrania, venció por sorpresa con el 22,94% de los votos, mientras que la liberal-conservadora Elena Lasconi, alcaldesa de la pequeña ciudad de Campulung por el partido Unión Salvar Rumanía (USR), obtuvo el 19,17%. Los dos se verán de nuevo las caras el 8 de diciembre, cuando tendrá lugar la segunda y definitiva ronda de los comicios. Las encuestas no vieron venir el resultado de estas elecciones que, como ha ocurrido en otros rincones europeos que han pasado recientemente por las urnas, han abierto una enorme puerta al populismo. El primer ministro era el favorito en los sondeos. Pero su candidatura proeuropea –a favor de una mayor integración de Rumanía en la UE y de su ingreso en el espacio Schengen, que se había allanado en los últimos días tras el visto bueno de Austria– quedó en tercer lugar con el 19,15% de los votos. Apenas 2.000 papeletas le separaron del segundo puesto, que le arrebató una desconocida Lasconi. La extrema derecha representada por George Simion al frente de Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR) fue cuarta con el 12,87% de los sufragios. Es la primera vez desde 1989 que el Partido Socialdemócrata (PSD) no llega a la segunda vuelta de unos comicios presidenciales en Rumanía y Ciolacu no disimuló la importancia de su derrota, que no augura nada bueno para la formación en vísperas de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo domingo.