20240908

Entrevista con Jon Ander de las Fuentes, presidente de Basquefik. BasqueFIK madura y tendrá estructura este mes para afrontar el gran reto de acompañar a las empresas vascas en un momento de transformación. Es el presidente de BasqueFIK, pero ocupa el mismo cargo en Artizarra –fundación que impulsa la industria de inversión alternativa– y es director de Euskaltel-MásMóvil. "Hemos constituido la asociación, atraído 55 socios. Hemos definido las primeras áreas de trabajo. A partir de ahora, ya con la estructura, un equipo profesional trabajando y con los agentes que nos van a acompañar, empezamos a definir qué queremos ser dentro de cinco años...La primera función es recuperar el protagonismo tractor que tuvo el sector financiero bancario de Euskadi a finales del XIX y todo el siglo XX. En los últimos 25 o 30 años ha habido otras geografías que han tenido un nivel de atracción de la actividad financiera más potente. En el Estado, probablemente Madrid, Europa, con los grandes focos de siempre, Londres, etc. Hemos perdido un poco en el camino y buscamos fórmulas para recuperar ese esplendor e incorporar herramientas que probablemente no hemos desarrollado y que la industria financiera sí ha desarrollado...Tenemos dos bancos locales importantes como Kutxabank y Laboral Kutxa, pero hemos perdido cierta potencia de lo que suponía BBVA en la plaza. Pero no solo es el mundo bancario. Nos hemos dejado de arrastrar hacia otras geografías y hay recursos, que necesitamos para desarrollar proyectos empresariales y hacer que crezcan, que tenemos que ir a buscar a 400 o a 1.000 kilómetros de aquí...Para que eso ocurra también tenemos que analizar, otras cuestiones. ¿Tenemos el nivel de conocimiento suficiente? ¿El modelo educativo que tenemos en estas áreas está suficientemente desarrollado? ¿Nos hemos quedado algo anquilosados después de que hemos tenido la universidad que sacaba todos los banqueros de este país? Si eso ha ocurrido, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra capacidad? ¿Atraemos gente que ya ha evolucionado todo esto? ¿Dotamos de recursos a los que están aquí para que se puedan desarrollar y generar un talento que realmente quiera quedarse porque le proponemos proyectos suficientemente sugerentes? Esa es otra parte relevante. Otra tiene que ver con cómo hacemos que proyectos muy pequeños que surgen de nuestra capacidad de innovación, de nuestra red de ciencia y tecnología, tengan acompañamiento financiero...Siempre hemos sabido reposicionarnos, reinventarnos y tenemos la palanca adicional del Concierto. Tenemos que ser conscientes de que la economía y la empresa son un motor indudable de desarrollo social, porque en el fondo son los que alimentan luego a toda esa maquinaria del bienestar y de los servicios que te da la parte pública". 

Hay dos noticias que han ensombrecido ligeramente el resiliente paisaje económico por el que inicia su andadura el nuevo Gobierno del lehendakari Imanol Pradales. Recuperados los niveles de crecimiento tras el impacto de la pandemia y vadeados los riscos de la desaceleración económica europea, el empleo este verano ha cambiado el paso. La pérdida de 22.600 puestos de trabajo cosechada en julio y agosto representa no solo un frenazo al buen comportamiento del mercado laboral vasco, sino el peor dato de la serie. Y la segunda cuestión que ha cambiado su comportamiento es la recaudación. Después de incrementos del 10% y el 6% en 2022 y 2023, hasta el mes de julio de este año el crecimiento ha sido solo del 1%. Además de exiguo está por debajo del 4,3% previsto en los Presupuestos. Si bien es cierto que en esa evolución pesa el imprevisto de las devoluciones a los mutualistas, no deja de alertar sobre el frenazo del IVA, el mejor termómetro del consumo. Si estas señales son o no circunstancias pasajeras en el comportamiento del hasta ahora sólido cuadro económico vasco lo dirá el tiempo. Pero también perviven signos de fortaleza, como los afiliados a la Seguridad Social, que siguen rondando el millón, o el crecimiento del PIB, que aguanta con un 1,8% interanual en la primera mitad del año. La cifra es inferior al 2,5% del conjunto de España, pero mucho mejor que la situación plana que atraviesan países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. El caso es que este es el terreno de juego donde el nuevo Gobierno vasco jugará el partido económico de la legislatura. Una contienda en la que deberá atender importantes retos que forman parte de la problemática estructural de Euskadi. Con cerca de 160.000 empleos en el sector público, esta área ha incrementado en un 10% sus contrataciones en los últimos cinco años, mientras que el sector privado lo ha hecho solo un 1,7%. Es, junto al absentismo laboral, uno de los retos para que Euskadi pueda seguir incrementando su competitividad. Una tarea en la que el refuerzo de la industria sigue siendo estratégico porque es la principal responsable de que los salarios vascos sean más elevados y de que los contratos sean de mayor calidad.

Euskadi necesitará 100.000 profesionales extranjeros hasta 2034. Es el diagnóstico que la pasada primavera arrojó un estudio de E&Y encargado por la plataforma Zedarriak, la asociación de empresas familiares vasca (Aefame) y la Fundación Artizarra. Esta cuestión es una de la que más preocupa a las empresas en el País Vasco que no encuentran determinados perfiles críticos para incorporar a sus plantillas. El abanico de los puestos más demandados es muy amplio y va desde técnicos especializados como caldereros o torneros hasta ingenieros y directivos medios, pasando por programadores y expertos en nuevas tecnologías. El recién aterrizado Gobierno vasco debe dar respuestas a este reto. Una línea importante de acción pretende desarrollarse a través de Lanbide. La apuesta del consejero de Empleo, Mikel Torres, es culminar la transformación del organismo para que proporcione la formación que requieren las empresas y permita a las personas que lo buscan encontrar empleo. Mientras tanto, la patronal Confebask se ha visto obligada a buscar alternativas en el extranjero. En una iniciativa lanzada de modo conjunto con el Ejecutivo autonómico, una treintena de compañías han ido a buscar a México y Colombia hasta 150 perfiles para puestos de ingenieros y universitarios (la mitad), y profesionales de mecánica, electrónica, robótica y control o regulación. 

El País Vasco está registrando este año un sólido crecimiento de su economía a pesar del importante peso de la industria en el PIB. Y es que la desaceleración que atraviesa Europa en los últimos meses viene marcada precisamente por la actividad industrial. Un sector que se ha frenado en seco y que ha castigado las exportaciones vascas, que en el primer semestre de año cayeron un 7,4%. Descenso especialmente acusado en la automoción con más de un 20%. A pesar de esa situación, Euskadi ha presentado un incremento del PIB interanual hasta junio del 1,8%, muy por encima de economías como la alemana, la inglesa o la italiana, que han firmado evoluciones planas o con ligeros retrocesos. La clave ha sido el fuerte crecimiento del sector servicios y el consumo en Euskadi. El número de trabajadores vascos en estos sectores evidencia esa tendencia. Han crecido en los dos últimos años en el área de los servicios y el consumo incluyendo la administración pública un 4,11% (16.021 contratados más); mientras que en la industria la evolución ha sido del 2,12% (3.660 más). En los últimos trimestres el consumo y los servicios han tirado de la economía, también en Euskadi. Un buen comportamiento del mercado laboral ha llevado el número de afiliados a la Seguridad Social por encima del millón de personas reduciendo la tasa de paro vasco al 7,5%. Un grupo de población que ha aprovechado también el ahorro embolsado durante la pandemia tirando así del consumo. Pero esa tendencia en lo que va de 2024 ha comenzado a dar síntomas de flaqueza. Indicios que podrían apuntar a que el gasto ha llegado a su techo. Según los datos del Banco de España, en el primer trimestre de este año el saldo de las cuentas corrientes de empresas y ciudadanos vascos se redujo en 2.089 millones quedándose en 71.000, una cifra casi igual que cuando estalló el covid en marzo en 2020. El dato tiene importancia porque llega después de que se hayan consumido en solo dos años los 11.500 millones en que aumentó el dinero de las cuentas corrientes, hasta alcanzar los 82.500 millones.

Entrevista con Francisco de la Torre, acalde de Málaga. Esta semana ha visitado fugazmente Donostia para conocer su estrategia de atracción de talento y conocer las residencias para investigadores y emprendedores Talent House y Ekinn. Explica en la entrevista que el turismo es una actividad económica fundamental, pero también matiza que es la sociedad en su conjunto la que debe beneficiarse de la actividad, para lo que apuesta por implantar una tasa turística que en el caso de los hoteles sirva para promocionar el turismo de excelencia, pero en el caso de las viviendas turísticas sirva para ayudar en el pago del alquiler a los malagueños con bajos recursos. "– Málaga ha logrado en los últimos cuatro años atraer a 72 compañías internacionales, 39 de ellas del sector tecnológico, ¿cómo lo han hecho?–Tratamos de sumar. Tenemos una ciudad con atractivos naturales, San Sebastián los tiene también, somos una ciudad hospitalaria a la que sumamos atractivos culturales, deportivos, etc, que se convierten en elementos de atracción. La clave del éxito de cualquier territorio es crear, generar y atraer talento.– Le he oído decir que una de las claves del desarrollo de su ciudad es haber sabido remar todos juntos…– Absolutamente. Yo como alcalde lo vivo. El modelo territorial al que yo aspiraba no es el que se ha hecho. Las autonomías han retenido muchas competencias que tenían que haber llegado al ámbito municipal. San Sebastián es un buen ejemplo de que un municipalismo bien entendido da buenos resultados. Y la forma de compensar eso (la falta de competencias) es que se materialice una colaboración leal y transparente entre el ámbito autonómico y local, se fortalezca al máximo, también con el ámbito nacional. En Europa los municipios tienen más competencias y más recursos por habitante. España es el país más débil en cuanto al poder municipal. Y la colaboración publico-privada igualmente tiene que estar...Nosotros hacemos una apuesta por los cruceros de alto nivel, por el turismo de excelencia. No queremos ni competir con Barcelona en esta materia. Que 10.000 ó 12.000 personas te bajen a la ciudad en unas horas llena mucho la ciudad... Ahora, aprovechando un decreto de la Junta de Andalucía que marca que una vivienda turística es una vivienda de uso turístico, hemos entendido que nuestro PGOU nos permite aplicar la limitación de que los pisos turísticos tienen que tener una entrada independiente (de la residencial). Esto significa que hay más de 1.000 pisos turísticos inscritos desde febrero hasta hoy que dejarán de serlo. La vivienda de uso turístico ha jugado un papel mientras no había suficiente oferta hotelera, pero no cabe duda de que ha incidido en los precios de los alquileres, aunque no es el único factor de la elevación de los precios. Saludamos las viviendas turísticas pero no pueden pasarse en número..."

La finalización de los contratos de los docentes interinos en la escuela pública provoca el desplome de cotizantes a la Seguridad Social en agosto. Agosto ha dejado un malísimo dato de afiliación a la Seguridad en Gipuzkoa, con el mayor descenso de la historia, arrastrado en gran medida por la fuerte caída de cotizantes en el ámbito de la educación, que se ha llevado casi la mitad de esa pérdida de empleo, con 2.348 afiliados menos que el mes anterior. Una merma que se añade a la registrada en julio, con otro descenso de 2.031 afiliados, lo que conlleva que en los dos meses de verano 4.379 profesores hayan dejado de trabajar. Esto supone uno de cada seis cotizantes tras haber alcanzado en junio el máximo histórico de afiliación. Se trata también de la mayor caída registrada en la educación desde que existen registros, según los datos de la Seguridad Social. ¿Pero cuáles son las razones de este descenso tan pronunciado de la afiliación entre los profesores? Las explicaciones son varias, según los expertos consultados por este periódico. Una de ellas es que pese a la reforma laboral muchos contratos que se realizan en la Educación están ligados a la duración del curso escolar. Una práctica que se produce en el ámbito privado, léase educación concertada, y que sería lo que explicaría sobre todo el descenso producido en julio, una vez finalizado el curso académico.

El descuelgue del sindicato ELA de la mesa de negociación sobre el futuro de Osakidetza ha puesto de relieve la estrategia desarrollada por el sindicalismo nacionalista mayoritario, muy crítico con las instituciones y que lleva años autoexcluido de los foros de diálogo social con un discurso de choque frontal. En este caso, ELA justifica su ausencia en que se trata de «un instrumento de propaganda» diseñado por el lehendakari cuando no existe una voluntad política de abordar el cambio de modelo con más recursos para la Sanidad pública. «Sin otro modelo de negociación, y a falta de bases compartidas, no nos haremos esa fotografía», precisa el sindicato para justificar su ausencia. No obstante, la soledad de ELA también se ha convertido en un arma de doble filo que les genera contradicciones. El desmarque de ELA no es novedoso ya que confirma una línea de intervención refrendada en sus congresos y que desborda por la izquierda al mundo de EH Bildu con una retórica muy radical que no se corresponde con sus orígenes socialcristianos. «En lo referente a la liberación social», rezaba uno de sus escritos históricos, defendemos «una superación del planteamiento socialista, y por ello, abogamos por él, porque dando primacía al Hombre, revitaliza la concepción cristiana del Hombre libre, respetando su dignidad con los derechos fundamentales de la persona humana». La ELA de Alfonso Etxebarria respondía a un contexto de salida de la dictadura muy distinto al actual. En su congreso de Eibar, en 1976, ELA asumía la condición de socialista, durante años considerada tabú en la esfera nacionalista. Un veterano de LAB se muestra muy crítico con la evolución hasta hoy, que sitúa en la llegada de unas nuevas generaciones que han tomado las riendas del sindicato y que han reemplazado a una vieja guardia que en su momento hizo una apuesta expresa por la institucionalización del país, con la defensa del Estatuto de Gernika como bandera, y el rechazo expreso a la violencia de ETA. Y con un empeño muy insistente en desvincularse de la política y, sobre todo, de la sombra del PNV. Era la ELA en la que su secretario general durante muchos años, José Elorrieta, participaba en las conversaciones sobre la Transición en Madrid a finales de los 70. El punto de inflexión llegó bastante más tarde, cuando el sindicato entendió que la única estrategia para desactivar el problema de la violencia era poner en marcha una nueva relación de fuerzas en clave soberanista que permitiera abrir un proceso político hacia el reconocimiento del derecho de autodeterminación. 

"...Merece la pena aclarar una cuestión relevante y es si los impuestos sobre el patrimonio y sobre las sucesiones deberían formar parte de las fuentes de financiación de ese estado de bienestar o no. Suele decirse como argumento contrario de primer orden que se trata de una penalización al ahorro o que duplica los impuestos ya que se han pagado cuando se produjo la renta y se vuelve a pagar cuando se acumula por no haber sido gastada. Esto es así, pero también ocurre con la renta gastada, que tributa cuando se ingresa y tributa cuando se gasta. Solo que en este caso el impuesto resulta ser regresivo. Lo cierto es que para que el sistema fiscal en su conjunto sea progresivo la tributación progresiva sobre el patrimonio es un elemento esencial. No es fácil aumentar la progresividad del sistema fiscal vasco solo con el impuesto sobre la renta, que ya tiene en los últimos tramos niveles de tributación próximos al 50% en sus tres territorios, en la parte alta entre los países europeos. En los años posteriores a la crisis de 2008 la riqueza acumulada por el 10% más rico de la población ha aumentado apreciablemente (se estima que, en España, es propietaria del 54% de la riqueza neta del país, destacando especialmente la situación y evolución del 1% más rico). La desigualdad en la distribución de la riqueza acumulada es notablemente superior a la de la renta anual. La riqueza distribuida de forma muy desigual es un factor que incide negativamente en la cohesión social, que es un bien social de primer orden. Esa riqueza, que además es transmitida por sucesión o donación a personas que no la han generado, aumenta las desigualdades en la sociedad de una forma estructural, permanente. La igualdad de oportunidades, el ‘ascensor’ social, no se materializa si una parte de la sociedad acumula un patrimonio notable y el mérito de su nacimiento le ayuda a acceder a oportunidades que no tendrán los demás. En estos momentos, diferentes países realizan propuestas para la fijación de un impuesto internacional para gravar la riqueza de modo que sea más complicada la movilidad hacia territorios más ‘baratos’ fiscalmente y la reducción de rentas gravadas en favor del aumento del patrimonio no gravado. No es sencillo alcanzar un acuerdo de estas características. Pero con el impuesto de sociedades se ha conseguido. Tampoco sería un mal paso si la riqueza acumulada tributase en el lugar donde está situada, al menos en parte, no en el lugar donde resida su propietario. Parece que hay razones importantes para considerar que también el patrimonio puede contribuir con los impuestos a sus titulares a sostener la sociedad de la que obtiene mejor provecho que la mayoría y hacer realidad, en su conjunto, el deseo de progresividad fiscal". 

«En jaque». Así, sin tapujos, define Jesús Bauza, el vocal de la UAGA en el Consejo Regulador, la situación del vino en Rioja Alavesa a las puertas de la vendimia. En un contexto de ventas a la baja, los productores del territorio se enfrentan a una de sus mayores paradojas: este año tienen la cosecha que querían, pero eso no es bueno. En el mercado más sobrado de vino de los últimos años la producción de los viñedos va a ser notablemente baja. «Es una buena noticia a largo plazo, pero a corto significa ganar menos, porque se barrunta que los precios no van a ser al alza», En lo más inmediato significa que los viticultores este año van a producir menos, pero el precio al que se va a pagar lo que salga de las viñas va a ser muy similar. Por lo tanto, con menos uva, los van a ingresar menos aunque cada fruto se pague un poco más caro. Y es que, con un excedente que sólo en Rioja Alavesa supera los 25 millones de litros de vino, la realidad es que los volúmenes almacenados hacen difícil que mejoren los precios. Menos aún cuando las ventas siguen en caída libre: sólo en la primera mitad de año la comercialización de los caldos de Rioja han descendido un 5,51% con respecto a 2023, que ya fue un año débil. Con esta situación es con la que Álava llega a una nueva vendimia. Si se cumplen las previsiones, la cosecha de la uva llegará algo más tarde en comparación con los años más recientes. En su último boletín de maduración, la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja hablaba de «doce días de retraso» con respecto al calendario tradicional. La vendimia, además, será «más corta» según la UAGA. Y eso está haciendo más complicado encontrar temporeros, «especialmente en Portugal». Habrá por tanto menos uva, pero ésta no encontrará buena venta. 

Fue un compromiso del Gobierno de coalición, pero la firme oposición de los empresarios y el complejo clima político actual retrasará, en el mejor de los casos, esta medida que, en cambio, sí goza de un consenso unánime entre los ciudadanos. El curso político echa de nuevo a andar y el presidente, Pedro Sánchez, reafirmó el pasado miércoles su promesa: «Vamos a seguir negociando con los sindicatos, ¿verdad vicepresidenta?, también con la patronal, hasta reducir la jornada laboral a las 57,7 horas para que todos los españoles puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar». Y mañana mismo se pondrán a la tarea. El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz vuelve a reunirse con los sindicatos y la patronal tras el parón del verano. Pero esta vez sin plazos ni fechas concretas para cerrar un acuerdo. Nadie se atreve ahora a dar ultimátums e imponer un calendario. Es más, tanto el Gobierno como los sindicatos admiten (fuera de micrófonos) que no ven probable pactarlo en el corto plazo y se darían por satisfechos con que se resolviera antes de que termine el año. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo ha enviado un texto escrito con las propuestas lanzadas en la última reunión celebrada el pasado 50 de julio tal y como habían pedido los interlocutores sociales. El parón en agosto ha sido total. No obstante, en el encuentro de mañana el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, sí tiene intención de presentarles opciones más concretas para cerrar un pacto. «El Gobierno volverá a hacer propuestas en esa mesa que confiamos que nos sirvan para ofrecer ya algunos resultados y alcanzar un acuerdo cuanto antes», puntualizó, sin querer hablar de plazos, pese a que en la última reunión del 50 de julio sí habló de septiembre. Lo que sí está ahora encima de la mesa es dar un mayor margen de tiempo para llegar a las 57,7 horas semanales más allá de 4047 a ciertos sectores, como puede ser el comercio o la hostelería (los que más se ven afectados con esta medida), o determinadas empresas, como las más pequeñas o las que tienen una concesión pública (hasta que terminen el contrato en vigor). Sin embargo, UGT se muestra contrario a estas excepciones. La CEOE ve «muy complicado» dar su apoyo y defienden que se lleve adelante en la negociación de los convenios. 

El debate de trabajar menos para poder conciliar con la vida familiar y el ocio no es exclusivo de España. También se ha generalizado en otros países, que asimismo están haciendo pruebas de cómo recortar jornadas. Salvo en Grecia, donde recientemente se aprobó una ampliación de la semana laboral legal a seis días y hasta 48 horas para determinadas empresas. Por el contrario, Reino Unido sorprendió esta semana con un anuncio: los trabajadores tendrán derecho a partir de otoño a solicitar una semana laboral de cuatro días, pero sin reducción de horas. Es decir, los empleados podrían escoger trabajar las horas que tengan por contrato en cuatro días a la semana en lugar de en cinco gracias a esta medida impulsada por el nuevo Gobierno laborista con el objetivo de «mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad empresarial», según explicó la viceprimera ministra británica , Angela Rayner. Esta medida, que ahora solo existía como una opción de los trabajadores a pedirlo pero sin ninguna obligación de las empresas a aceptarla, permitirá a los empleados organizar sus horas en función de otros intereses, como el cuidado de niños o mayores u otras responsabilidades personales, sin descuidar su nivel de productividad.

La Xunta se alía con ONG y empresas para capacitar en trabajos concretos a extranjeros que la región necesita. Galicia necesita hoy lo que ella tanto procuró ayer a países como Argentina, Suiza o Alemania: trabajadores. Con el bramido de fondo de quienes abogan por expulsar de España a los inmigrantes sin papeles, María Tabarés, directora y coordinadora de proyectos de la ONG católica Cáritas en la comunidad gallega, no ve ningún sentido a estas deportaciones: “No puede haber personas pululando por España o metidas durante años en un CIE [centro de internamiento de extranjeros] cuando tenemos empresas que necesitan trabajadores, ellos necesitan trabajar, y la sociedad demanda que no estén mendigando y que tengan una vida digna”. Y añade: “Necesitamos a los inmigrantes, pero aunque no fuera así, acogerlos es ante todo una cuestión de humanidad”. La organización de Tabarés colabora con la Xunta y con diversas empresas en un proyecto pionero para formar, regularizar y dar empleo fijo a inmigrantes que no tienen permiso de residencia. El programa de la Xunta del PP nació de un decreto del Gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobado en 2022 para modificar el Reglamento de Extranjería. Aquella reforma creó una nueva vía para que los inmigrantes obtengan el permiso de residencia en España: el llamado arraigo para la formación, un camino que exige a estos ciudadanos la realización de una capacitación profesional y un posterior contrato de trabajo con una empresa. Lo que ha hecho el Gobierno gallego es promover y financiar la colaboración con ONG y empresas para detectar sectores con falta de mano de obra y localizar inmigrantes en situación irregular que tengan posibilidades para desempeñar esos empleos. Estos nuevos gallegos reciben una formación gratuita a medida, diseñada para un puesto específico que ofrece un empresario concreto. Y tras culminarla, firman un contrato laboral que debe ser indefinido. Un centenar de inmigrantes en situación irregular se beneficiaron del proyecto piloto ya terminado. El 100% obtuvo el permiso de residencia y el 70%, también un empleo fijo en sectores como la hostelería, el turismo, la construcción, la atención sociosanitaria, la limpieza, la belleza, la agricultura y la ganadería, todos ellos muy necesitados de mano de obra. El 30% que no logró el puesto de trabajo lo conseguirá en los próximos meses, fue solo por un problema de plazos, explican los promotores del proyecto. El “éxito” de la iniciativa ha llevado al Gobierno gallego a aprobar esta semana una nueva edición.

En las playas de Ibiza, Cádiz o Marbella, los chiringuitos han notado algo diferente este verano. El sol y la playa de las costas del sur y el mar Mediterráneo han seguido atrayendo a turistas, pero menos españoles que el año pasado. Las estadísticas oficiales y de las agencias de viajes confirman lo que muchos hosteleros ya sospechaban: el turismo nacional ha echado el freno, con un ligero retroceso tras los vigorosos crecimientos pospandemia, una mayor atracción hacia el norte y un renovado interés por el extranjero. Mientras, las llegadas internacionales se afianzan y apuntan a un nuevo máximo histórico que, en opinión de todos los analistas, encumbrará a España en el olimpo del turismo mundial. El estancamiento de la demanda nacional ha venido acompañado por un paulatino trasvase de turistas residentes desde las costas del sur a los parajes naturales del norte. Esta tendencia ganó terreno con la pandemia, a la vez que algunos destinos icónicos como Mallorca, Málaga, Canarias y Barcelona han experimentado una saturación al calor de los récords de llegadas de turistas internacionales, con playas abarrotadas y precios que se han disparado en los últimos años y han causado manifestaciones de rechazo de la población local. Andrea Suárez, 39 años, es una de las turistas que ha cambiado el sur por el norte. Tras veranear “toda la vida” en Tarifa junto a su familia, donde tienen una casa en propiedad en primera línea de playa, hace tres años empezaron a refugiarse en el norte para huir de la masificación y los precios inaccesibles: “Es supercaro y está todo lleno”.

En los últimos años, las obligaciones han aumentado y las pymes deben llevar el registro de jornada laboral cumpliendo con unos requisitos legales que, en muchas ocasiones, no quedan claros desde el principio. También deben aprobar los planes de igualdad, controlar la igualdad salarial, realizar la prevención de riesgos laborales, implantar un canal de denuncias y afrontar nuevas obligaciones contables, además de respetar la normativa de protección de datos... Para muchas resulta abrumador y caro, especialmente cuando están en la carrera contra el reloj para alcanzar la rentabilidad. Los abogados lo ven a diario: hay hartazgo y fatiga psicológica. No hay un respiro para las pequeñas y medianas empresas si se piensa en la carga normativa que deben asumir. Esta es una idea extendida entre los asesores legales que ayudan a las pymes en el cumplimiento regulatorio y que ven cómo estos negocios no solo tienen que hacer frente a su actividad diaria para ser rentables, sino que también deben cumplir con una avalancha regulatoria que pesa como una losa y que cambia frecuentemente. Los recursos financieros y humanos suelen escasear, sobre todo en las etapas iniciales, y las exigencias legales añadidas resultan agotadoras. Los especialistas en derecho mercantil y societarios creen que, si las autoridades no apuestan por agilizar los trámites y por simplificar la regulación, se resta competitividad, se reduce el tejido productivo y se crea un impacto económico negativo. La percepción de esta sobrecarga normativa es generalizada. Así lo confirma Ricard Gené, socio del bufete La Guard, que asegura que muchas empresas llegan a plantearse no cumplir con todas esas regulaciones. “Es tremendo. No tienen ni los medios económicos ni humanos para hacerlo y se exponen a multas”, señala el especialista en derecho mercantil. Y es que, aunque en algunos casos las nuevas normas que se aprueban rigen para empresas de más de 50 empleados, echa en falta una mayor categorización en la aplicación de estas obligaciones a las distintas realidades de las pymes, que suponen cerca del 90% del tejido empresarial en España. Las regulaciones con mayor impacto son la fiscal y laboral, coinciden los expertos consultados. ¿La razón? Ambas rigen de manera inmediata para prácticamente todas las empresas.

"...Ni siquiera se han aprobado los pilares básicos, como el techo de gasto o la senda fiscal a medio plazo, objetivos que se han diluido en los meandros parlamentarios. Bien es cierto que algunos países de nuestro entorno comparten la misma sensación de falta de rumbo o de provisionalidad. Otros, como Alemania, aplican con rigidez unas reglas de desendeudamiento diseñadas en un contexto de bonanza industrial que ha desaparecido. La singularidad reside en el buen momento coyuntural de la economía española...Un replanteamiento de la política fiscal es ineludible (también sería coherente con las nuevas reglas europeas, si bien este no es el principal argumento). Las prórrogas presupuestarias han sido recurrentes, pero en esta ocasión el impacto de una nueva dilación será más perceptible. Las actuales cuentas se concibieron en 2022, en un contexto sanitario, monetario y geopolítico que poco tiene que ver con la situación actual. La prolongación del ciclo expansivo, y por ende el margen de maniobra para operar reformas de gobernanza, como la de la financiación autonómica, dependen de la puesta en marcha de una estrategia fiscal creíble. Los dilemas solo pueden agudizarse de no conseguir un consenso en torno a las grandes directrices fiscales que guiarán la economía en los próximos años"

La marejada generada en el PSOE a finales de julio por la promesa de una suerte de ‘concierto’ fiscal para Cataluña a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa casi murió a la orilla del comité federal celebrado ayer, el primero desde aquella cita de abril en la que la formación se reunió bajo la conmoción del amago de dimisión de Pedro Sánchez por la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. No hubo una gran bronca entre dirigentes territoriales ni entre estos y la dirección federal pero eso tampoco significa que el debate de la financiación autonómica se pueda dar por encauzado. El asunto amenaza con ser uno de los principales temas de discusión de cara al congreso federal, convocado ya oficialmente para finales de noviembre. La mayoría de los dirigentes territoriales que hicieron constar su malestar tras conocer el texto firmado por el PSC con Esquerra, con el aval del propio Sánchez, aseguran que no han abdicado de su oposición a que Cataluña salga del régimen común para recaudar, gestionar e inspeccionar el 100% de los impuestos, aunque fueran los críticos habituales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien la manifestaran con mayor contundencia y menos pelos en la lengua. A las puertas de Ferraz, Page calificó lo pactado con los republicanos de «mucho más egoísta que socialista, incomprensible e indefendible» y Lambán advirtió: «No hay un solo Estado en el mundo dispuesto a perder el control de la fiscalidad del 28% del PIB del país, que es lo que suman País Vasco, Navarra y Cataluña. Si a Madrid le diera por asumir esto, el resto nos tendríamos que ir en patera a Mauritania».

BYD en vez de Volkswagen, Luckin Coffee mejor que Starbucks, Huawei por Apple, o Li-Ning antes que Adidas. Las dificultades económicas y el patriotismo impulsan un cambio de actitud en el consumidor chino, que prefiere las marcas locales. Hace tiempo que la segunda potencia mundial dejó de crecer en tasas de dos dígitos, actualmente pasa por un bache significativo, y las empresas locales cuentan ya con productos que no tienen nada que envidiar a los de sus competidores extranjeros. Es más, a menudo ofrecen una mejor relación calidad-precio. Y esta coyuntura ha provocado un vuelco. Los taxis en megalópolis como Shenzhen ya no son los tradicionales Santana en sus versiones actualizadas sino BYD eléctricos, tener un iPhone no resulta tan glamuroso como el último modelo de Huawei, las ventas de marcas como Nike o Adidas se estancan frente al meteórico auge de Li-Ning o Anta, el consumo de vino cae casi a la mitad desde la pandemia, Starbucks se empantana mientras la copia local Luckin Coffee crece un 44,5% en el primer trimestre, y el lujo tradicional pierde tanto lustre que un sudor frío recorre el rostro de directivos en París y Milán. «Al consumidor chino se le está pasando la ‘marquitis’ de antaño y busca otras formas para diferenciarse. Las marcas locales son una de ellas», afirma Celia Bernardo, que creó Celia B en China y ha visto de primera mano los cambios en el país. Ahora, ella gestiona la empresa desde Oviedo y se centra en una clientela global. De forma paralela, son las marcas chinas las que buscan extenderse por el mundo. Y no solo a través de plataformas ‘low cost’ como AliExpress, Temu o Shein. China se abre camino y planta cara incluso en sectores que hasta hace poco eran coto exclusivo de empresas europeas, como los trenes de alta velocidad, y toma la delantera en ámbitos que serán claves para el futuro, desde las energías renovables hasta la inteligencia artificial o la computación cuántica. Por si fuese poco, lo que no puede copiar y mejorar, lo compra: las inversiones de Pekín se multiplican por todo el planeta y en todos los sectores.

Este segundo debate de 2024 apunta a ser decisivo a la antigua usanza. El paso al frente de Harris ha dado un vuelco a las campañas. Primero, en el dinero. La campaña de la vicepresidenta recaudó 361 millones de dólares en agosto, su primer mes completo como candidata demócrata, superando ampliamente los 130 millones de dólares conseguidos por Trump en el mismo periodo. De ellos, 82 millones durante los cuatro días de la Convención celebrada en Chicago. Segundo, en la ilusión y la cobertura. El sentimiento con Biden era derrotista en los cuarteles generales y en el análisis y las noticias de los medios de comunicación. Ahora la sensación es que hay partido, que todo está abierto. Tercero, en el propio Trump. Contra Biden estaba más que cómodo. Daba por hecho, especialmente tras el debate, que era pan comido. Estaba tan relajado que escuchó a sus jefes de campaña, suavizó su presencia en las redes sociales e incluso en el cara a cara, ante la implosión de Biden, estuvo comedido y no hizo leña del árbol caído. En los días posteriores reprimió su instinto natural a la burla, la humillación, la prepotencia y dejó que los demócratas se cocieran en su jugo, limitándose a jugar al golf. Ahora no. Está furioso, frustrando, desborda rabia y no se contiene. Ni en entrevistas, ni en mítines ni sobre todo en las redes sociales. Durante el discurso de Harris en Chicago publicó casi 40 exabruptos. Y ha vuelto a llamar de forma compulsiva a los programas de televisión de la Fox, poniendo en apuros a los presentadores, que no saben cómo cortar sus arengas. Está más nervioso y no lo lleva bien. El último elemento es las encuestas. Trump se imponía claramente a Biden en la mayoría, por hasta 6 o 10 puntos, también en los estados decisivos, los que llaman swing, battleground o abiertos. Ahora todo está dentro de los márgenes de error, especialmente en lugares como Michigan o Pensilvania. Harris sale por encima en la intención de voto nacional (49% vs. 46%) pero eso no implica forzosamente una victoria, porque se trata de ganar el Colegio Electoral (cada estado aporta un número de en función de su tamaño para un total de 538) no el voto popular.