20241022

"...Estos días, los partidos que conforman el Gobierno han presentado una propuesta para hacer permanente un nuevo impuesto al sector energético más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades. No hay debate. No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de «que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal». Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los «ricos y de las empresas», exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por «antisociales»...Mi generación tuvo acceso a puestos de trabajo industriales. La industria genera empleos estables, mejor pagados y, además, alimenta sistemas de ciencia, tecnología e innovación que hacen que la sociedad avance. Estos entornos atraen talento. Los buenos sueldos generan elevados impuestos y un sistema de bienestar social que permite tener sociedades prósperas y más justas. En España la industria ha bajado del 18,8% del PIB en el año 2000 al 14,2% en 2023. Cada vez más los empleos se generan en el sector servicios en muchos casos de bajo valor añadido. Los salarios son bajos, frecuentemente temporales y los jóvenes no tienen capacidad de independizarse y desarrollar un proyecto de vida. La industria necesita ser apoyada. Gran parte de las industrias compiten con productos que llegan de otros países a nuestros puertos. Si nuestras industrias no pueden competir, cierran y esos empleos se pierden. Muchas personas se quedan sin la posibilidad de tener un futuro diferente... Las refinerías españolas tienen planes de inversión de alrededor de 10.000 millones en los próximos años. El objetivo es seguir compitiendo con los productos que vienen de Oriente Medio, India o Estados Unidos a la vez que avanzamos en la descarbonización; o sea, fabricando cada vez un combustible más renovable para mitigar el impacto del CO2. Ser rentables compitiendo con esos países con bajos costes y llevar adelante grandes inversiones exige visión, tecnología y compromiso, además de elevados recursos. Muchas empresas europeas han optado por no hacerlo. En su lugar, cierran las refinerías, se pierde el empleo industrial y se importa ese producto por los puertos europeos. Las compañías españolas del sector, entre ellas la que represento, tenemos planes para invertir. No les oculto que el reto financiero y tecnológico es elevado, pero la apuesta por la industria y su empleo merece la pena. Ahora, el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo. Si ya era difícil competir con la inversión energética en Estados Unidos, este golpe lo hace imposible...La falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo son medidas populistas que, bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país..."

«Como mínimo tenemos congelados 1.500 millones de inversión y de ellos depende el futuro de todas las refinerías», señalan fuentes autorizadas de Repsol a este diario. Admiten que, con ello, «quedaría en entredicho el futuro de las refinerías», pero que con el anuncio del Gobierno de perpetuar el impuesto energético «no tendría sentido seguir invirtiendo en algo en lo que no salen las cuentas». Según esta versión, la sostenibilidad futura de estos centros de refino depende de lanzar inversiones programadas de producción de hidrógeno, pero si no realizan finalmente todo queda en el alero. Cartagena, Tarragona, Bilbao, A Coruña y Puertollano albergan las refinerías de Repsol en las que la petrolera sigue apostando por considerar que aún quedan décadas para el petróleo y sus derivados, pero haciéndolas más sostenibles. Esta advertencia sobre las cinco refinerías sigue a la decisión del grupo Repsol de trasladar a Portugal el primer proyecto de hidrógeno verde que tenía pendiente de ubicar en su plan estratégico. Se trata de un electrolizador de cuatro megavatios que, con una inversión de 15 millones, se encuentra en fase de ingeniería y que será construido en la primera mitad de 2025, con la puesta en marcha prevista para el primer trimestre de 2026, según los planes del grupo que preside Antoni Brufau. Este es el proyecto de electrolizador más próximo, pero también están dibujados en el plan otros dos similares, pero a gran escala, de 100 MW en Cartagena y Bilbao. También otro mayor, de 150 MW en Tarragona. A estos cuatro proyectos, hay que añadir la llamada ecoplanta en Tarragona para producir metanol y todos ellos suman 1,500 millones de inversión que, al quedar en suspenso, amenazan el futuro de los complejos industriales de los que formarían parte.

Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy –las empresas más afectadas por el denominado impuestazo– están manteniendo contactos políticos a varias bandas para intentar parar esta tasa, que el Gobierno ha anunciado que va a prorrogar. Mañana termina el plazo para presentar enmiendas al denominado proyecto de ley sobre el “Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud”. En esta normativa, el Gobierno quiere introducir la extensión de ese impuesto. De no prolongarse la tasa, ésta decaería el 31 de diciembre. Las energéticas están desplegando todo su lobby para intentar convencer a diferentes grupos parlamentarios (sobre todo Junts y PNV, además del PP) para que el impuestazo no salga adelante o, si lo hace, que lo haga de forma edulcorada. Ese impuesto fue creado hace dos años. Afectaba directamente a energéticas y bancos. Fue un intento del Gobierno de reducir los beneficios extra que, según el Ejecutivo, tenían los grupos energéticos y bancos por las distorsiones que había creado la crisis con la subida de los precios energéticos y la subida de tipos de interés. En el caso de las energéticas, el Gobierno aplicó un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023. Las energéticas fueron las empresas más afectadas, con unos 1.300 millones de euros en 2022 y algo más de 1.000 millones en 2023.

Foment del Treball irrumpe en el pulso sobre el impuestazo a la banca y a las energéticas. La patronal catalana lanzó ayer un comunicado en el que instó a la Generalitat presidida por Salvador Illa a enfrentarse al plan de Moncloa de perpetuar el gravamen sectorial. El documento de Foment define esta tasa como una «maniobra confiscatoria» y pide al Govern que «tome todas las medidas que están en su mano para revertir» el golpe fiscal y evitar la salida de inversiones de la región. Tras meses fuera del foco, el gravamen a eléctricas y petroleras ha vuelto al debate político después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmase hace unos días que su cartera ultima un decreto para extender sine die una tasa que, inicialmente, debía decaer el próximo 31 de diciembre. La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre ha denunciado que el tributo «no tiene carácter redistributivo» y es «una carga para la industria que compite en los mercados internacionales», con «efectos negativos en inversiones, actividades industriales y empleo». La contundente reacción de Foment responde solo en parte al anuncio de Cuerpo. Lo que subyace bajo el reciente comunicado son también los avances en el plan del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales para 2025, arrancarle a Moncloa un compromiso que permita a la formación asumir la gestión de la tasa en el territorio vasco. Hay diferencias sustanciales. Mientras que la patronal catalana quiere que esta tasa muera en Nochevieja, tal y como estaba previsto, el plan de los nacionalistas vascos es mantener el gravamen bonificando su pago en la región, algo que beneficiaría, principalmente, a Repsol e Iberdrola por su peso territorial. A la entidad que preside Sánchez Llibre no le ha pasado desapercibido que el plan del PNV generaría distorsiones a nivel nacional. 

La economía vasca sigue creciendo al ralentí, según los datos del avance del PIB de Euskadi del tercer trimestre de este año, difundidos por el Eustat. La economía del País Vasco ha crecido un 0,4%, igual que en el segundo trimestre, pero la expansión interanual solo avanza hasta el 1,6%, dos décimas menos que en el segundo trimestre, que ascendió al 1,8%, y muy lejos del 2,45% del año pasado. Se confirman así las previsiones para el cierre del año que hizo hace unas semanas el consejero de Economía del Gobierno Vasco, Mikel Torres, de un crecimiento del 1,9% a final de año, con lo que el avance del último trimestre estaría en un 0,3%, una tendencia más bien plana. Además, según explica el Instituto Vasco de Estadística en su escueta nota del Avance de Cuentas Económicas Trimestrales, el crecimiento se sostiene por el empuje del sector Servicios y no por la industria, que sigue lastrada por la atonía y el enfriamiento económico de los principales compradores de las empresas vascas, Alemania y Francia. Se confirman además los temores a una progresiva terciarización de la actividad económica de Euskadi. Con este avance, también se vislumbra que el País Vasco crecerá menos que España este año, un 1,9% frente al 2,7%, debido al mayor peso del turismo y los servicios en el resto del Estado. Una tendencia, que según confirmó el propio Ejecutivo autonómico, se mantendrá también en 2025, con una previsión de expansión del PIB del 2,1%, frente al 2,4% de España. Ver más en Eustat aquí. 

Los parones en la actividad del gigante siderúrgico Arcelor Mittal por la falta de pedidos y la masiva producción barata que viene de Asia han llegado ya a la planta de Lesaka y llevan la incertidumbre a las factorías guipuzcoanas que la compañía tiene en Olaberria y Bergara. El sector europeo de la siderurgia empieza a ver a lo lejos los primeros relámpagos y comienza a sacar el paraguas ante la posibilidad de una tormenta seria. Uno de los referentes del sector, Arcelor Mittal, con plantas en Gipuzkoa en Olaberria y Bergara, y también en la navarra Lesaka, no oculta ya su preocupación. No solo han parado la producción en Asturias por la falta de pedidos, sino que están ya llevando a cabo «parones discontinuos» en Lesaka por la ausencia de una carga de trabajo completa, lo que obliga a la factoría de Bortziriak, con 170 trabajadores, muchos de ellos guipuzcoanos, a adaptarse a la situación del mercado. En Olaberria (410 empleados) y Bergara (cien operarios), se mantiene una «buena cartera de pedidos», según fuentes de la multinacional siderúrgica, pero, pese a ello, precisan que «en el mercado en general no hay visibilidad» y también en estas dos factorías, y en las del resto de España, «hay bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar en los próximos meses». La principal razón de las paradas de producción efectuadas por Arcelor Mittal en Lesaka, de forma parcial, y en Veriña (Gijón), de forma total durante nueve jornadas, son principalmente la falta de pedidos por la entrada masiva en la Unión Europea de productos siderúrgicos de terceros países, en su mayoría asiáticos como China o Indonesia, o de la propia Turquía. Son importaciones con una ventaja competitiva, entre comillas, debido a que no pagan por derechos de emisión de CO2 como en Europa, amén de un menor coste de la mano de obra y sobrecapacidad de producción. Una suma de factores que están distorsionando el mercado y provocando una baja demanda de acero español.

A la espera de una nueva programación industrial para 2025, Michelin Vitoria ultima varias inversiones dentro del perímetro de la Avenida del Cantábrico. Tras meses de un discreto trasiego de operarios y material de construcción, ahora es cuando se empiezan a ver los frutos del trabajo del fabricante de neumáticos por seguir ampliando sus instalaciones. Entre esas mejoras, las obras de un nuevo almacén de gomas, cuya estructura ya empiezan a ser visible por encima del perímetro de la factoría vitoriana. Portavoces de la multinacional francesa confirman la buena marcha de las obras de este depósito, vital para una de las actividades más importantes de Michelin más allá de la propia fabricación de ruedas. La firma pretende almacenar en esta nueva instalación hasta 3.300 palets metálicos con las distintas gomas que usan en sus procesos productivos: naturales, sintéticas y plastificadas. El grupo se ha marcado el reto de tenerlo operativo en septiembre de 2025. El bloque no es pequeño: ocupa 1.050 metros cuadrados y tiene 28 metros de altura. Este nuevo bloque estará automatizado y contará con dos muelles para que los camiones que entran en la factoría puedan descargar la materia prima dentro de la Avenida del Cantábrico. Un innovador sistema que se encargará de coger estos palets e introducirlos en los distintos talleres. Las inversiones dan sus frutos justo cuando se acerca el momento de negociar el nuevo calendario de producción, el próximo reto en el que dirección y sindicatos deberán sentarse para cerrar un acuerdo.

Valorar una compañía es una tarea muy complicada que ha desarrollado su propia disciplina. Por eso las operaciones corporativas requieren de equipos jurídicos, financieros y fiscales especializados. Si además la empresa cotiza en Bolsa es necesario calcular el impacto que tienen también las expectativas del mercado. Un cóctel complejo en el que cualquier detalle puede ser determinante. Esa es la tarea en la que Sidenor, según confirmaron ayer fuentes de la empresa, «trabaja con discreción». «Un paso más» que ha llegado con la autorización del consejo de administración de Talgo el pasado viernes para permitir el acceso a sus cuentas. Formalmente, como se comunicó ayer a la CNMV, supone el arranque de las negociaciones para la compra que intentará el industrial José Antonio Jainaga. Para ello contará con el apoyo de los gobiernos central y vasco. La operación pasa, al menos, por la adquisición del 29,9% de las acciones que el fondo de inversión Trilantic tiene en Talgo y que le dan la posición de principal propietario. Qué oferta debe presentar Jainaga es lo que ha de concluir gracias al conocimiento de las cuentas de la empresa. Hay datos positivos, como una cartera de pedidos que supera los 4.000 millones y unas ventas históricas con 652 millones el pasado año y 346 en el primer semestre de este 2024. Pero también hay elementos que ofrecen un contrapeso. Es el caso del apalancamiento de la compañía que crece hasta los 357 millones de euros por su deuda bancaria . Un pasivo que supone 4,3 veces el beneficio operativo y es 2,6 veces superior al de 2022, que ascendía a 97,4 millones, 1,9 veces el ebitda –beneficio antes de impuestos y costes financieros–.

El consejo de administración de Talgo, dominado por el núcleo duro de accionistas en torno al vehículo Pegaso (Trilantic, Torreal y la familia Oriol), ha iniciado negociaciones con Sidenor “dirigidas a analizar una posible transacción que podría implicar la adquisición de un porcentaje significativo del capital social de la sociedad o de su totalidad”. Así se pronunció ayer el órgano del fabricante de trenes tras las muestras de interés manifestadas unos días antes por la siderúrgica controlada por José Antonio Jainaga, el empresario vasco dispuesto a relevar a los socios de Pegaso con el apoyo del Gobierno autonómico y de Moncloa. La propuesta de Sidenor aún no se conoce. Ni el precio que está dispuesto a pagar a los accionistas de Talgo, ni el plan industrial que contribuya a ampliar la capacidad productiva de la compañía, su mayor punto débil frente a otros rivales como CAF, Alstom, Stadler y Siemens, los cuatro fabricantes con producción en España. Sobre el precio, los accionistas de Talgo señalan que quien quiera comprar todo o una parte relevante de la compañía debe poner encima de la mesa cinco euros por acción, la última referencia ofrecida por el consorcio húngaro Magyar Vagon este año, a través de una opa en metálico que valoraba el 100% de Talgo en 620 millones.

“El apoyo del País Vasco a Sidenor tiene un claro componente impositivo”, dice un alto cargo del Gobierno español en pleno frente vasco para que el fabricante de trenes conserve su sede social y fiscal en Euskadi. El Gobierno presidido por Imanol Padrales, los partidos políticos sin excepción y buena parte del colectivo empresarial regional apoyan la propuesta de compra total o parcial de Sidenor. Fuentes de la siderúrgica controlada por José Antonio Jainaga señalan que seguirán trabajando “con discreción” en esta operación, iniciada después de que el grupo industrial remitiera una manifestación de interés para adquirir todo o una parte del capital de Talgo. Sidenor, con sede en Basauri (Bizkaia), se dedica a la producción de aceros largos especiales, además de ser proveedor de productos de calibrado en el mercado europeo. Dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña. Junto al Gobierno vasco y Diputación de Álava, que han confirmado que están trabajando en ayudar a Sidenor, ayer el PP vasco propuso que las fundaciones de Kutxabank inviertan en Talgo, con una operación que podría liderar la alavesa Vital.

El ecosistema empresarial vasco se sitúa a la cabeza de España, junto a las comunidades de Madrid y Cataluña, en lo que respecta a la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como a la implementación de la inteligencia artificial en su modelo de trabajo. Por su parte, las empresas de Extremadura, Castilla-La Mancha y de la ciudad autónoma de Melilla tienen los menores porcentajes de utilización de las TIC. Así, casi el 12,7% de las firmas de Euskadi utilizan ya la inteligencia artificial, aunque la gran mayoría señalan que no la usan. Así lo refleja la Encuesta sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico en las empresas, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de datos de alrededor de 15.000 empresas de diez o más empleados y de 10.000 empresas de menos de diez empleados. Además, según la misma encuesta del INE, el 38,6% de las firmas vascas aseguran que han implementado el teletrabajo, lo que sitúa a Euskadi como la tercera comunidad autónoma donde más empleo en remoto se ofrece, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (52,3%)y Cataluña (47,8%). La media nacional se queda en un 37,5%. Los datos del portal estadístico revelan, asimismo, que el número medio de días por semana en los que los empleados españoles teletrabajan es de 2,4, y casi un 20% –en concreto, el 19,8%– trabaja en remoto regularmente, porcentaje superior al 18,9% de 2023.

Antonio Vermuyten observa orgulloso en la Virgen Blanca el panel del Made in Araba Day, la feria que este próximo fin de semana buscará destacar la iniciativa empresarial en el territorio. Dirige la empresa de productos lácteos para profesionales de la pastelería, hostelería y restauración que lleva su apellido que tiene 30 años de experiencia y exporta desde Vitoria a 40 países. «Yo no conozco esa nata», clama una señora. «Pues se sirve en esa gelatería», afirma apuntando con su visera hacia uno de los comercios en el lateral de la plaza. Vermuyten, que tiene ocho empleados, será una de las compañías con sede en el territorio que participará en las actividades previstas en los próximos días junto a otras de la talla de Mercedes (5.000 empleados), Michelin (3.400), Aernnova (1.200), Vidrala (500), Tubos Reunidos (400), Pepsico (397), Ramondin (397), Cegasa (105), Herdit (100) o BH (93). Sus nombres seguramente sonarán a todo el mundo, pero a muchos se les escapa cuál es la importancia. En la construcción del futuro Camp Nou se están empleando piezas de la firma Aceros Araia, la marca de teléfonos móviles más vendida en España (SPC) tiene su base en el parque tecnológico o que la firma que fabrica lentes para los perros de Nueva York con problemas de visión también 'pilota' su actividad desde Miñano (AJL). «Queremos dar a conocer a la ciudadanía el potencial de las empresas alavesas y los proyectos tan importantes que se están desarrollando en Álava. Somos el territorio más industrializado (corresponde al 33% del PIB). Estamos muy orgullosos de ello y queremos que los ciudadanos sientan lo mismo. Hay mucho talento en Álava y proyectos que necesitan ser contados», ha reivindicado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.

Los sindicatos CC OO y UGT han convocado una huelga general en el sector del transporte por carretera para los días 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre e indefinida a partir del 23 de diciembre. Están llamados a la huelga los trabajadores del transporte de mercancías y también de viajeros, así como los autobuses urbanos de titularidad pública. Ayer se produjo la primera reunión de los transportistas –los sindicatos y las patronales estatales del transporte de mercancías– para tratar de desatascar la convocatoria, pero no dio frutos. Las partes se aplazaron a una nueva reunión el próximo jueves a las 13 horas, in extremis antes de que el lunes 28 se lleve a cabo la huelga general del sector del transporte, en plena campaña de Black Friday y Navidad. La reunión de ayer sí sirvió para desconvocar la huelga en el transporte sanitario tras alcanzar un acuerdo con la patronal sobre la edad de jubilación. El acuerdo se ha alcanzado en la sede del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), organismo público de mediación tutelado por Trabajo. En España hay alrededor de 250.000 camioneros asalariados, aunque los sindicatos esperan que los autónomos se sumen a la convocatoria, por lo que la cifra podría llegar a los 500.000 trabajadores en huelga, a los que habría que sumar los trabajadores de autocares, de autobuses urbanos y el transporte sanitario si se sumaran. La huelga no incluye a taxistas ni conductores de VTC.

La compraventa de viviendas por parte de extranjeros bate récords en Euskadi. En el primer semestre del año se han contabilizado 873 transacciones, un 23% más que hace doce meses. Pese a que a nivel porcentual la compra de inmuebles por parte de foráneos sigue teniendo un peso menor en el mercado inmobiliario vasco, es el dato absoluto más alto registrado en la estadística elaborada por el Colegio General del Notariado. El País Vasco ha pasado de contabilizar 400 transacciones firmadas por ciudadanos de otras partes del mundo a más del doble en apenas ocho años. El informe, que se nutre de las escrituras autorizadas por los notarios de enero a junio de 2024, sitúa a Euskadi como la comunidad autónoma de España en la que más ha crecido la compraventa de pisos por extranjeros. El País Vasco adelanta a Extremadura (22,5%), Castilla y León (19,3%), Asturias (14,8%), La Rioja (13,2%) y Castilla La Mancha (12%). Esta evolución positiva rompe de lleno con los malos datos registrados durante el ejercicio pasado, en el que las ventas –también entre los nacionales– cayeron en picado. El mercado sufrió el impacto de la subida de los tipos de interés (+4,5%) que se vio igualmente reflejada en un euríbor por encima del 3,70%. Este encarecimiento hizo que la firma de hipotecas tocara fondo. La pregunta ahora es: ¿Quiénes son los que más viviendas adquieren? ¿De qué país proceden? Pues depende. El informe hace una clara distinción entre las compras de los extranjeros que residen en alguna localidad vasca y las firmadas por los que viajan a Euskadi de forma esporádica, por negocios o vacaciones. En el primero de los casos el documento revela que son los rumanos, con un 13% de las transacciones totales, y los marroquíes (10%) los que más pisos han adquirido en este tiempo.

Juan Manuel Moreno (Madrid, 1961), catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la UNED, y Lucas Gortazar (Bilbao, 1986), investigador en Esade y consultor en el departamento de Educación del Banco Mundial, han escrito ‘Educación Universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades’ (Debate). «No es un libro para educadores o gente del sector», dicen, sino para cualquier persona interesada en abordar los complejos debates en torno a un sistema educativo en permanente cuestión. Un libro, en fin, «sobre política, economía, sociología y educación» que aporta una mirada global «que descarta el triunfalismo y el catastrofismo». "Los hechos son tozudos. Si comparamos cualquier dato con hace 10, 15 o 20 años se ve bien. ¿Cuánta gente habla inglés hoy, cuántos graduados nuestros admiten en Harvard o en el MIT, cuántos investigadores españoles están en los grandes centros punteros del mundo...? Es un debate impostado. No hay que caer en la autocomplacencia, pero pongamos las cosas en perspectiva. – L. G.: Estamos progresando. Otra cosa es que eso nos haga tomar conciencia de las desigualdades que tenemos, que desde luego no son menores. Es cierto que hay unas expectativas que no se cumplen, pero el progreso está ahí...Los sistemas educativos occidentales se han resentido muchísimo. Se debe a los efectos de la gran recesión entre 2008 y 2015, por un lado. A eso se suma la pandemia, que ha influido en la salud mental del alumnado y del profesorado. Hay una crisis de aprendizaje y, en paralelo, otra de enseñanza...A veces tengo dudas de si, efectivamente, la crisis de aprendizaje no es en el fondo eso, una crisis de profesorado que se manifiesta en peores condiciones de trabajo, mayor ansiedad, mayor carga burocrática, mayor déficit de profesorado en áreas clave como matemáticas e idiomas...Es legítimo preguntarse por qué España no despega y por qué, pese a mantenerse firmemente, no logra mejorar los resultados de casi nadie...Elevar el listón y reducir la oferta, haciendo por ejemplo una prueba previa de acceso al grado o al máster, es una buena idea. Por otro lado, habría que reconocer a quien lo está haciendo bien, porque el prestigio también se construye desde dentro de la profesión. Y eso implica premiar a quien asume una mayor responsabilidad, por ejemplo, trabajando en un centro de alta concentración de alumnos inmigrantes o a quien esté logrando mejores resultados de sus alumnos. En definitiva, hay que seleccionar más exigentemente y crear una carrera profesional". 

A comienzos de año, el grueso de los servicios de estudios de los principales organismos nacionales e internacionales veían una economía en desaceleración bajo el influjo del enfriamiento europeo, un mercado laboral resistiendo pero avanzando al ralentí y una inflación que, si bien se había moderado, aún amenazaba con deparar nuevos sustos. Como resultado de ese cóctel, la inmensa mayoría de los economistas atisbaba entonces un crecimiento del PIB español inferior al 2%. Mucho ha llovido desde entonces. El buen comportamiento de la economía en la primera mitad del año, con un aumento del PIB del 0,8% en el primer trimestre y del 0,9% en el segundo, junto a las revisiones estadísticas al alza efectuadas por el INE en los datos de la segunda parte de 2023, dieron el pistoletazo de salida a un carrusel de revisiones positivas en las perspectivas de la economía nacional. Un proceso de ajuste que ha ido in crescendo en las últimas semanas, hasta situar el PIB a las puertas del 3%, frontera que ayer alcanzó Funcas. El think tank revisó al alza en 5 décimas su pronóstico de crecimiento, hasta situarlo en el 3% para este año, y en tres décimas el correspondiente a 2025, hasta auparlo al 2,1%. Las causas de la fuerte revisión al alza para 2024, que supera el 2,9% vaticinado recientemente por BBVA Research; el 2,8% del Banco de España o la OCDE, y el 2,7% del propio Gobierno, hay que buscarlas, sobre todo, en el tirón del sector turístico y en la resiliencia de las exportaciones de bienes y servicios (pese a la atonía de los mercados europeos), factores que, unidos al consumo público, “se mantendrán como los principales motores del crecimiento” en el conjunto de 2024, con tasas de aumento superiores al 3% (un 3,8% en el caso del gasto de las Administraciones Públicas y del 3,3% en el de las exportaciones).

España ha registrado en los últimos años un fuerte crecimiento económico, lo que ha permitido que su Producto Interior Bruto (PIB) esté ya un 5,7% por encima de los niveles prepademia, gracias fundamentalmente al consumo de las Administraciones Públicas, que ha sido responsable de un 59% de todo el avance acumulado desde 2019, según estima Funcas. «El PIB es hoy un 5,7% superior a su nivel prepandemia, comparado con un 4,2% en el caso de la media de la Eurozona; eso significa que hemos sorpasado la media europea, con crecimientos superiores en todos los trimestres. La situación cíclica es favorable y se debe sobre todo al consumo público, que explica el 59% de ese crecimiento acumulado del 5,7%», explicó ayer Raymond Torres, director de Coyuntura Económica. El segundo gran factor que ha impulsado el crecimiento ha sido la demanda externa, lo que se denomina exportaciones netas (es decir, exportaciones menos importaciones), que han aportado un 21% de ese crecimiento; mientras que el consumo privado sólo ha contribuido con un 13% y la inversión, «que es la variable más débil», apenas ha aportado un 7%. Hay que tener en cuenta que esa contribución positiva al PIB de la inversión se debe, exclusivamente, a la inversión pública, mientras que la privada ha caído en los últimos años. 

El volumen de créditos de dudoso cobro que mantenían los bancos en su balance a cierre de agosto ascendía a 40.436 millones de euros, unos ocho millones más que en julio, aumentando ligeramente la ratio de morosidad del 3,42% al 3,44%, según se desprende de los datos publicados ayer por del Banco de España. Sin embargo, con respecto a agosto de 2023 se produce una caída en el volumen de créditos morosos de 1.625 millones de euros, desde una ratio que entonces era del 3,56%. A cierre de agosto, el saldo total de crédito era de 1,176 billones de euros, lo que supone un descenso de 6.702 millones de euros frente a julio, cifra similar a la reducción de crédito que se produce con respecto a agosto de 2023: en comparación se ha reducido unos 6.565 millones de euros. Los datos desglosados por tipo de entidad reflejan que la ratio de dudosos del conjunto de entidades de depósito (bancos, cajas y cooperativas) cerró agosto en el 3,33%, aumentando desde el 3,31% del mes anterior. No obstante, se mantuvo por debajo del nivel de agosto de 2023, del 3,45%. En números absolutos, este tipo de entidades registraba una cartera de dudosos de 37.401 millones de euros, 22 millones de euros más que en julio, pero 1.332 millones de euros más que en agosto de 2023.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ensalzó ayer los valores de las empresas familiares por su compromiso con el territorio en el que han nacido, así como por sus esfuerzos por mantener el empleo. Hereu fue el encargado de representar al Gobierno en el congreso anual del Instituto de la Empresa Familiar que se celebra en Santander, que hoy será clausurado por el rey Felipe VI, y que contó también ayer con la participación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde 2018 el presidente del Gobierno se ha mantenido ausente de estos congresos anuales, después de que aquel año fuera abucheado en la edición que se celebró en Valencia y su gestión haya sido objeto de no pocas críticas por parte del colectivo empresarial. Este año también les ha dado plantón. Fuentes del IEF señalaron que Pedro Sánchez argumentó problemas de agenda para declinar la invitación para acudir a este evento, al tiempo que destacaron que han mantenido contactos «muy amables» con él en las últimas semanas. El Instituto de Empresa Familiar representa de forma directa a las cien empresas españolas que tienen a una familia en su núcleo de control, aunque algunas cotizan en Bolsa, si bien su influencia va más allá gracias a la alianza que mantiene con las diferentes organizaciones regionales que agrupan también sus intereses. Las empresas del IEF tienen algo más de un millón de empleados, su facturación supera los 170.000 millones de euros y las 1.800 empresas afiliadas a las organizaciones territoriales suponen el 10% del PIB español.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, avanzó ayer que el Ministerio publicará hoy la resolución de las ayudas de 300 millones de euros para la compensación de costes indirectos de CO2. Tal como anunció durante su intervención en la apertura del XVII Congreso del Instituto de Empresa Familiar, estas ayudas beneficiarán a algo más de 200 empresas electrointensivas. El titular de Industria anunció ayer estas ayudas después de recordar una serie de partidas movilizadas por el Gobierno, como los Pertes de la industria automotriz o agroalimentaria. “Estamos ejecutando política industrial activa como nunca”, subrayó. Hereu aprovechó ayer su discurso en el Congreso de la Empresa Familiar para poner en valor las ayudas por parte del Gobierno a las empresas para favorecer la “necesaria reindustrialización” de la economía española. Entre ellas, destacó los Pertes de la industria automovilística, con más de 2.000 millones ya invertidos; del sector agroalimentario, con 182 millones; o el de la descarbonización, con más de 322 millones movilizados de los 3.000 previstos. Unas ayudas que conforman una “política pública e industrial activa” que busca apoyar a los “verdaderos protagonistas, que son ustedes”, en alusión a los empresarios presentes en el acto. Un comentario que formaba parte de la política de apaciguamiento del Gobierno con las empresas (ver información de la izquierda), después de las tensiones observadas el año pasado, y que ha sido correspondido por la Empresa Familiar.

La batalla judicial por el apagón atómico en España no ha hecho más que empezar. El sector nuclear reaccionó con tres recursos contencioso administrativos a la subida del 30% impuesta por el Gobierno el pasado junio a la llamada tasa Enresa, la aportación anual del sector a un fondo común para cubrir los costes del desmantelamiento y la gestión de residuos. Los tres casos se están dirimiendo en el Tribunal Supremo, y a ellos están a punto de sumarse nuevos procesos judiciales que señalan directamente a la propia Enresa, la empresa pública que gestiona el citado fondo y el proceso mismo de desmontaje de las centrales, según adelantan fuentes conocedoras. «El Gobierno ha roto nuestro acuerdo, ha incumplido su palabra e iremos hasta donde haga falta», anticipan fuentes empresariales. El citado pacto no es otro que el protocolo de cierre escalonado que las dueñas de las centrales y el Ministerio para la Transición Ecológica sellaron en 2019, y que estipuló en un 20% el máximo que el Gobierno podía subir la tasa. Ese aumento ya se ejecutó en su momento, cuando la aportación pasó de 6,69 euros a 7,89 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida anualmente por sus reactores. Con ese importe las centrales han aportado unos 450 millones al año al fondo, generando alrededor de 8.000 millones de remanente. La última subida dejó la tasa en 10,36 euros, un alza del 30%, más del tope acordado, lo que dejó en 4.063 millones el coste a soportar por el sector en los años de vida de las centrales, 1.000 millones más de lo pactado. Los abogados de Iberdrola y Endesa trabajan ya en dos recursos contra Enresa por su retraso en el proceso de desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

José Luis Escrivá (Albacete, 1960), gobernador del Banco de España. "Siempre he pensado que los bancos centrales debemos ser muy contenidos al hablar de impuestos, porque tienen efectos redistributivos y estos elementos pertenecen al ámbito de decisión democrática. En ese sentido, tenemos el máximo respeto por lo que decidan los órganos elegidos democráticamente respecto a los impuestos. Dicho esto, nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades...Efectivamente, yo creo que tenemos que intentar que el impuesto sea lo más neutral posible...2

El año 2025 será el ejercicio en el que la gran banca comenzará a vender criptoactivos a sus clientes en España. CaixaBank, el primer banco del país, ultima su oferta de estas divisas digitales, lo que permitirá a sus 18 millones de clientes en España adquirir activos como bitcoin o ethereum desde la plataforma del banco. La entidad aguarda a que la nueva regulación paneuropea sobre el asunto, MiCA, entre en vigor el 1 de enero para lanzar su oferta, de modo que la nueva norma les proporcione un marco legal en una inversión muy volátil y que está en el foco de los reguladores. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri está aún diseñando el detalle de su oferta para particulares. En su estrategia considera como público potencialmente interesado al perfil de jóvenes inversores con interés en la tecnología y la innovación. Cuenta, en este aspecto, con una enseña digital orientada concretamente en este público, Imagin, si bien no tiene una decisión tomada si limitará su oferta de criptoactivos a esta plataforma o a todo el banco. Imagin, que tiene 4,3 millones de usuarios, es una plataforma de servicios digitales, financieros y no financieros, orientada a jóvenes menores de 30 años. La decisión se suma a la tomada por sus competidores en España. Banco Santander y BBVA ya ultiman sus plataformas para que, durante el arranque del próximo ejercicio, también ofertar criptos. Esto supondrá que, contando también con CaixaBank, hasta 31 millones de clientes de banca en España podrán invertir en estos activos digitales el año que viene desde la app de su banco.

Lo que en un principio parecía una modificación con fines informativos en el diseño de las prestaciones por desempleo ha derivado en una subida fiscal para buena parte de los parados y en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de coalición. El pasado mayo, el Ejecutivo aprobó un real decreto —incubado en el Ministerio de Trabajo— que tenía el objetivo de reformar las prestaciones por el subsidio de desempleo. El problema es que el texto obliga a los solicitantes y beneficiarios de estas ayudas a presentar anualmente la declaración de la renta (IRPF), algo que antes no era necesario por no llegar al límite que marca la ley y que ahora, en algunos casos, implicará que las capas más bajas tengan que tributar por esta figura cuando antes no tenían que hacerlo. Hacienda, según fuentes del ministerio, se desmarca de la modificación y asegura que en ningún caso la Agencia Tributaria iniciará comprobaciones para sancionar a los parados que decidan no declarar. Trabajo también descarta multas, pero confirma que en esos casos suspenderá la percepción de la prestación, tal y como figura en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 299 del decreto enumera las obligaciones de los trabajadores solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, entre las que se encuentra la de presentar anualmente la declaración correspondiente al IRPF.

Cuando la cuenta atrás para las elecciones de Estados Unidos se acerca a su recta final, el circo republicano alcanza su apogeo en la búsqueda de hasta el último voto. Donald Trump ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas de la campaña poniéndose el delantal para freír patatas en un McDonald’s. El equipo de Kamala Harris asegura que la vicepresidenta trabajó durante el verano de 1983 en un McDonald’s de la ciudad de Alameda (California), atendiendo en la caja registradora y cocinando patatas fritas, para pagarse los estudios en la Universidad de Howard de Washington. Trump la acusa de mentir y sostiene que ella no estuvo nunca empleada en un restaurante de este tipo. Para desacreditar a su rival demócrata, el republicano acudió el pasado fin de semana a un McDonald’s de Feasterville (Pensilvania) con la intención de demostrar que él sí ha trabajado en uno. El empresario llevó allí a cabo su ‘performance’: se plantó el delantal, entró en la cocina y se puso a freír patatas. Incluso atendió a los clientes que se acercaban en coche al establecimiento para llevarse su pedido. «Amo McDonald’s. Amo los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonald’s (...) pero nunca trabajó en un McDonald’s», afirmó el magnate sobre su adversaria.

Aunque el estilo y los mensajes de Trump chocan con la mentalidad del europeo medio, sin embargo, ha sabido conectar con amplios sectores de la sociedad estadounidense a los que el Partido Demócrata no ha sabido dar respuestas. A dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la situación no podría ser más incierta. La campaña ha estado marcada por la polémica y los ataques personales, especialmente contra Donald Trump, quien ha sido objeto de fuertes críticas. Y al que se ha comparado con personajes históricos abominables. Por otro lado, su rival Kamala Harris, nominada directamente por el Comité del Partido Demócrata, sin pasar por primarias, enfrenta sus propios desafíos. Entre ellos, la gestión del actual gobierno y la falta de experiencia en política exterior. Con una ligera ventaja en las encuestas, Harris lidera la contienda, pero esta cifra es menor a la de elecciones anteriores. Y algunos observadores sugieren que las estimaciones podrían estar sobrevalorando su apoyo real.