20241226

Hoy se celebra la primera reunión técnica entre los gobiernos central y vasco para empezar a dar forma a la transferencia anunciada la semana pasada para que Euskadi gestione los permisos de trabajo a inmigrantes. El objetivo es agilizar estas autorizaciones en una etapa en la que las empresas tienen serias dificultades para cubrir sus vacantes en sectores muy diversos –hostelería, construcción, transporte, industria...– a la vez que se contabilizan cerca de 20.000 extranjeros viviendo en el territorio sin papeles, pendientes de regularizar su situación. Todavía es muy pronto para concretar cómo se va a desarrollar esta nueva competencia, aunque se estima que el País Vasco gestionará unos 7.000 permisos de trabajo al año, lo que supone un 15% de todos los trámites que realizan las oficinas de Extranjería. Esta aproximación toma como referencia el modelo de Cataluña, que es la única comunidad autónoma que tiene esta transferencia, asumida en 2009. Otras regiones también tenían recogida la posibilidad en su estatuto de autonomía, pero rechazaron adoptarla por la complejidad que supone, dado que es una materia que exige gran coordinación con el Estado, que tiene competencia exclusiva en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo». Eso quiere decir que, por ejemplo, Euskadi podrá gestionar el permiso de trabajo pero no el de residencia. «Está tomada la decisión política pero aún queda todo el desarrollo técnico de la competencia. Nuestro objetivo es agilizar la tramitación de los permisos y conectarla con nuestras políticas de inserción laboral», explica el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, cuyo departamento va a asumir la transferencia.

Las empresas llevan mucho tiempo alertando de la falta de profesionales y en primavera de este año decidieron pasar a la acción con el lanzamiento de un proyecto piloto para contratar a personal cualificado en Latinoamérica, concretamente en Colombia y México. Para su plan, criticado por los sindicatos, contaron con el apoyo del departamento de Desarrollo Económico, entonces dirigido por Arantxa Tapia, a través de la iniciativa Basque Talent. Pero el año está ya a punto de acabar y todavía no se conocen los resultados de este proyecto piloto. «El proceso sigue abierto», señalan fuentes de Confebask. El plan, en el que en un principio participaba una treintena de empresas, consiste en acudir a Colombia y México para tratar de cubrir 150 vacantes en el ámbito industrial y tecnológico, tanto perfiles universitarios como de Formación Profesional. La idea era justo analizar los problemas que se plantean en la contratación de origen para, con ese aprendizaje, agilizar los farragosos trámites de Extranjería. Ahí jugaba un papel clave el Gobierno vasco, que iba a colaborar, a través de la consultora ie-Team, en los visados, la búsqueda de vivienda, las gestiones documentales, así como en el reclutamiento y selección de candidatos. Curiosamente esta experiencia no se ha tenido en cuenta ante la negociación para la transferencia de los permisos de trabajo para los inmigrantes. «No hemos tenido ninguna comunicación de este asunto», afirma el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. En cambio, su departamento, a través de Lanbide, y varias asociaciones empresariales sí están colaborando en varios proyectos para los arraigos por formación o social. 

"A comienzos de este año, en un debate sobre presupuestos en el Senado, el portavoz de Junts per Catalunya denunció que la Comunidad de Madrid siempre había tenido un «efecto aspiradora» de recursos en los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos meses, algunos otros dirigentes han señalado también las ventajas del ‘efecto capitalidad’. A nivel internacional, se trata de una dinámica económica que se está dando alrededor de bastantes grandes urbes. Así, regiones como Île-de-France (París), que concentra cerca del 30% del PIB francés, han incrementado su participación en la riqueza nacional en las últimas décadas, en detrimento de otras regiones. Por el contrario, tenemos otros casos como los de Estados Unidos, Alemania o Italia, donde la situación es diferente. Si analizamos los niveles de renta por habitante de sus capitales, Washington, Berlín o Roma, encontramos que se sitúan por debajo de los de otras ciudades de dichos países como Nueva York o Los Ángeles, en el caso del primero, Colonia o Múnich, en el segundo, o Milán en el caso de Italia...De acuerdo a un informe del Consejo General de Economistas de España publicado en 2020 (‘45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España, 1975-2019’), y analizando la evolución del peso en el PIB del Estado de las cinco comunidades de más tamaño, vemos que, en ese período, el PIB relativo de Madrid mejoró un 13,8 %; Valencia y Andalucía también lo hicieron, creciendo un 4,6% en ambos casos; Cataluña perdió un 1,6%; pero Euskadi cayó intensamente con una pérdida del 23,5%. Así, en 2019, del total del PIB español, Madrid suponía el 19,44%, Cataluña el 18,99%, Andalucía el 13,32%, Valencia el 9,30% y Euskadi el 5,97%.  El resto de comunidades autónomas, en su conjunto, casi mantuvieron su peso, suponiendo ese año el 32,98% del PIB total; si bien su comportamiento fue dispar, con pérdidas en la ‘España vaciada’ y mejoras en las comunidades turísticas. Por lo tanto, y con arreglo a los datos, parece que ese llamado ‘efecto aspiradora’ de la Comunidad de Madrid, hasta ahora, se ha producido sobre todo, con el País Vasco. Lamentablemente, hay que recordar que, en el periodo del estudio, el terrorismo de ETA provocó en Euskadi la salida de centenares de empresas y empresarios, la deslocalización de muchos centros de decisión y la pérdida de un enorme capital humano (decenas de miles de transterrados)...En Euskadi nos toca ahora trabajar por la recuperación y la vuelta, al menos en parte, de las empresas perdidas..."

La Comunidad de Madrid estrenará en 2025 un total de nueve rebajas de impuestos enfocadas a facilitar la compra y el alquiler de viviendas y que, según los cálculos del gobierno autonómico, supondrán un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños. Este será uno de los asuntos que destacará hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el balance de 2024 que llevará a cabo tras el Consejo de Gobierno. El año entrante están previstas, además, las nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y Donaciones, con un ahorro estimado que ascenderá a otros 130 millones de euros. De las nueve rebajas de impuesto que tiene previsto aplicar la Comunidad de Madrid en 2025 siete son incentivos para facilitar el acceso a la vivienda, una bonificación para afectados de la línea 7B en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado y una rebaja en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. Las deducciones fiscales podrán ser aplicadas por los declarantes que cumplan los requisitos en la próxima campaña de la Renta. También entrarán en vigor tres bonificaciones sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). La primera de las deducciones supondrá 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euribor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones. Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años.

Aunque las administraciones públicas solo podrán dar dinero para promociones destinadas al alquiler, los constructores pueden seguir levantando pisos sociales para compra. Desde 1990 en Euskadi se han vendido 65.236 pisos sociales: 10.189 promovidos por Visesa, 46.831 por las constructoras privadas (a partir de 2008 es cuando las promotoras fortalecieron su músculo en VPO) y otras 8.216 son casas movilizadas por el Departamento de Vivienda en derecho de superficie. Sólo en Bizkaia se han edificado 25.430 VPO de compra, la mayoría antes de 2015. Mientras tanto, el parque de alquiler público apenas roza los 27.000 inmuebles. «La ley de 2015 fue un acierto desde el punto de vista de la promoción, aunque a nivel financiero suponga un retorno a largo plazo», explica el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos. Esta última década, los únicos que han tenido y tienen la libertad para construir VPO en régimen de compra es la iniciativa privada. Desde 2015 han levantado 5.050 pisos. Aunque el Gobierno vasco ha conseguido impulsar con programas de ayuda un millar de alquileres asequibles –un modelo con un precio intermedio entre el público y el privado–, lo normal es que los promotores apuesten por la VPO en venta básicamente por su interés en que la inversión retorne rápido. «La construcción es un negocio y es justo que quieran ganar dinero. Se han intentado hacer convenios para impulsar bloques de alquiler, pero se han encontrado trabas en la administración», apunta Ana Acasuso, vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Bizkaia.

Un cambio de tendencia y una recuperación del crédito. Es lo que refleja el último dato publicado por el Banco de España sobre el saldo de los préstamos en Euskadi y que hace referencia a la primera mitad del año. La cantidad prestada en el sector privado, a familias y empresas, se ha recuperado en lo que llevamos de 2024 en 344,7 millones de euros hasta alcanzar un total de 58.000. De este modo, se han completado dos trimestres consecutivos en positivo después de cinco en los que se registró un descenso constante en el dinero prestado. Y es que la cercanía de los ajustes en los tipos de interés, que comenzaron en junio y han reducido el precio del dinero desde el 4,25% al 3% fijado el pasado 12 de diciembre, ya levantaron el ánimo para pedir capital a los bancos. El flujo del crédito cayó en picado, con 3.159 millones de ajuste durante 2022 y 2023. La crisis de precios por el aumento del coste de la luz y la activación por parte del Banco Central Europeo (BCE) de las subidas de intereses para controlar la inflación frenaron este mercado. De todos modos, el último registro, esos 58.000 millones, sigue lejos de los 63.210 que se alcanzaron en junio de 2020. Es verdad, no obstante, que en esa cifra estaban todos los préstamos covid que se dieron a las empresas avalados por el ICO.

La brusca caída de la natalidad provoca que se acentúe el bajón de matriculaciones escolares en los centros de Infantil y Primaria de Gipuzkoa. Este curso se han inscrito 2.058 niños menos, unas cifras que aceleran una tendencia con una pérdida de 14.000 niños en los últimos diez años. Las aulas de Educación Infantil y Primaria de los colegios guipuzcoanos continúan vaciándose a una velocidad de vértigo. La caída en picado de la natalidad desde finales del pasado siglo está causando estragos en el sistema educativo, donde cada curso hay menos niños a los que enseñar y más colegios a los que asistir para evitar su desaparición. Para muestra, un botón. Solo en Gipuzkoa se ha dado un descenso desde 2014 de 14.000 críos menos entre Infantil y Primaria –de 0 a 12 años–, que es una cifra que podría equivaler perfectamente a 700 aulas menos en una década. Las nuevas estadísticas oficiales que ha publicado el Gobierno Vasco en las últimas horas sobre las matriculaciones en los centros educativos de Euskadi son esclarecedoras. La pérdida de niños en las escuelas vascas es notable –6.000 menos entre Infantil y Primaria de 2023 a 2024– y en Gipuzkoa esa caída es también muy pronunciada, siendo en este curso 24/25 61.964 alumnos en Infantil y Primaria, 2.058 menos que los que se matricularon en el curso 23/24. La pérdida de estudiantes se hace extensible también, como es lógico, a las etapas de Secundaria y Bachillerato, aunque en ambos casos la caída está más amortiguada y no es tan impactante como las anteriormente citadas. 

Álava sigue ganando tirón como destino turístico. Y no sólo a nivel nacional. La evolución de visitantes de origen extranjero arroja un incremento cercano al 36% en los últimos cinco años, según el último informe del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Un salto porcentual notable desde 2019 que tiene un valor extra, porque ese periodo incluye meses en blanco por las restricciones de movilidad que se impusieron durante la pandemia prácticamente a nivel global. La tasa de crecimiento de Álava es, de hecho, notablemente superior a la que se registra en el conjunto del país, casi la dobla; se sitúa en el 18,4%. «Tenemos el objetivo de crecer en mercados exteriores para ampliar el impacto positivo del turismo, ya que el gasto de los viajeros extranjeros es mayor que el de los nacionales. En 2024 hemos conseguido crecer en mercados clave para nosotros como Francia, Portugal, Italia y Bélgica», señala la responsable foral del área, Cristina González (PSE). Son más los visitantes que llegan desde otros países y con ello incrementan su peso en el cómputo global de turistas que se sienten seducidos por Álava. En el periodo de análisis del informe han pasado de suponer el 27% del total al 31,4% –hasta el pasado octubre–. En definitiva, hoy uno de cada tres viajeros que pernoctan en Álava es extranjero. Los datos de enero a octubre de este año en hoteles, agroturismos y apartamentos turísticos alaveses reflejan el paso por la provincia de 155.145 turistas de distintas nacionalidades, lo que supone un crecimiento de un 6% con respecto a 2023 y de un 36% respecto a la estadística que se manejaba en 2019. Una tasa que se sitúa casi tres veces por encima de la que refleja la progresión del turismo llegado de otras comunidades autónomas, que ha crecido un 2,4% en el mismo periodo.

Un barco con una enorme grúa sorprendió ayer a los escasos testigos que transitaban por la zona del Puerto de Pasaia a la hora de comer, en pleno día de Navidad. Se trataba de la Mantsinen 300 DEM Hybrilift, de grandes dimensiones, 400 toneladas y 35 metros de alcance, que llegó a la dársena montada en la cubierta del buque de transporte especiales Aura. Se trata de una grúa articulada, no con cables como las que ha habido históricamente en Pasaia. Es la primera articulada, híbrida y con capacidad de funcionar 100% eléctrica, y la más grande de este tipo que ha acogido Pasaia. Es la primera en la península ibérica y la segunda en Europa de estas dimensiones y capacidades. Un transporte que supone un hito muy importante en el proyecto Algeposa, uno de los grandes operadores de la instalación pasaitarra. Se trata de una empresa que ofrece soluciones de logísticas integrales, por ejemplo transporte ferroviario, operaciones en frontera, logística en empresas siderúrgicas, gestión de terminales de contenedores o medios propios. De hecho, Algeposa ha invertido más de cuatro millones de euros en la adquisición de esta enorme grúa de última generación para optimizar sus operaciones portuarias. Tiene capacidad de operar en modo 100% eléctrico, lo que permite una mayor sostenibilidad. Esta grúa permitirá una manipulación de las carga más ágil, segura y sostenible, fortaleciendo así su capacidad operativa. «La grúa de última generación representa nuestro compromiso con la modernización de nuestras operaciones y la mejora continua de las soluciones logísticas que ofrecemos a nuestros clientes», afirmó Carmen Echeverria, vicepresidente de la compañía.

EHUko errektoretza hauteskundeak irabazi zituen pasa den azaroan Joxerramon Bengoetxeak (Irun, Gipuzkoa, 1963), Euskal Herriko unibertsitate publikoan norabide aldaketa emanez. Errektore izango da datozen sei urteetan, eta 2025ean norabide berriaren "premiazko" lehen aldaketak egiteari ekingo dio bere lantaldeak. Uste du egoera ekonomikoa egokia izan daitekeela unibertsitate publikoarentzat. "2025an, kargua hartzen dugunean, gure ekintzak eta plangintza zehatzak diseinatzen eta, ondoren, egikaritzen hasi behar dugu. Horretarako ondo neurtu behar dugu nolako diru-kutxa izango dugun, ogasunaren azterketa sakona eginez". Gehiago irakurri hemen. 

Las partículas contaminantes que respiramos penetran en el torrente sanguíneo y dañan varios órganos del cuerpo, según los científicos. La mala calidad del aire está relacionada con problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, cáncer, demencia, problemas de fertilidad, partos prematuros, bajo peso en el recién nacido... Además, los picos de polución disparan los síntomas del asma o inducen episodios en personas que ya padecen dolencias. Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) –dependiente de la Unión Europea– y denominado ‘Daños a la salud humana por la contaminación del aire en Europa’, la exposición prolongada a concentraciones superiores a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocó en 2022 la muerte prematura de 30.100 personas en España, de las que más de 1.200 ocurrieron en Euskadi. La mayoría de los decesos–18.500– se produjeron por culpa de las partículas finas o PM 2,5, tan pequeñas que penetran fácilmente hasta los alveolos pulmonares. Proceden del tráfico y entre sus componentes está el carbono negro, un producto de la combustión incompleta, especialmente del diésel; la calefacción doméstica; la industria y la quema de madera y carbón. El ozono troposférico (O3), que se crea por la luz solar que actúa sobre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles de vehículos, plantas químicas, refinerías, volcanes, vegetación y bacterias causó otras 6.100 muertes. Mientras, la exposición prolongada al dióxido de nitrógeno emitido por los vehículos de motor, en particular de los diésel, provocó 5.500 decesos. Según la Agencia, que analiza el número de muertes atribuibles a la exposición a estos compuestos desde 2014, de los 1.270 decesos que la contaminación ocasionó en Euskadi, 766 tuvieron lugar en Bizkaia, 323 en Gipuzkoa y 181 en Álava. El 65% de todos ellos se produjo por culpa de las micropartículas en suspensión. 

El nuevo gravamen temporal sobre los principales operadores energéticos para 2025 contará con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas. Se considerarán como tales aquellas inversiones “esenciales” para la transición ecológica y la descarbonización y que, por su magnitud, contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Así se recoge en el Real Decreto Ley, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras su aprobación el lunes por el Consejo de Ministros. La norma también precisa que estas inversiones estratégicas podrán destinarse a tecnologías en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en biogás o biometano, entre otras. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que es improbable que una empresa realice un volumen de inversión tal que le permita llegar al 60% de minoración y que, sólo si invierte exactamente lo mismo que hay que pagar de gravamen, se puede llegar a minorar el 10 %. En el texto se recoge el compromiso del Gobierno de “revisar” en el ejercicio 2025 la configuración de este gravamen temporal para convertirlo en un impuesto permanente que “se concertará o conveniará“ con País Vasco y Navarra. En concreto, según consta en la norma aprobada, el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen en el último trimestre de 2025 para evaluar su mantenimiento con carácter permanente. Para ello, explica, se considerará la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades.

Una de las claves del mix eléctrico español es su diversidad de fuentes, con aportación de nuclear, eólica, solar fotovoltaica y, cuando el sistema lo requiere, también hidráulica y ciclo combinado de gas. Sin embargo, las tecnologías renovables están formadas por cientos de parques dispersos por el territorio, mientras que las grandes centrales son pequeños núcleos de producción. Esto complica la gestión de la red y de las redes, ya que no es eficiente alimentar a una gran industria de Girona con la electricidad de un molino en Cádiz. Con los reactores de Ascó, más el de Vandellós (también en Tarragona), Cataluña es la comunidad autónoma con mayor aportación nuclear. Y este es el motivo por el que esta situación puntual derivó en la activación del SRAD, pero también por el que se pone sobre la mesa la necesidad de prolongar la vida del parque atómico en España. Si bien es difícil que el sistema caiga, porque hay salvaguardas y redundancia en la generación, las fuentes intermitentes no aportan tanta estabilidad al sistema y en muchas ocasiones debe entrar en funcionamiento el ciclo combinado, que quema gas, para resolver los momentos de tensión. Y, según advierte el sector, es posible que esto ocurra con más frecuencia si se pierde la aportación de las centrales, cuya producción es constante. A largo plazo, la idea es solucionar esto con almacenamiento, pero aún no está disponible. Así, el gas cobraría una mayor importancia, algo que, de hecho, fue la idea de varios países –Alemania es el mejor ejemplo– cuando se veía como la mejor alternativa a fuentes más contaminantes como el carbón o la propia nuclear. Aunque España no están tan a merced de Rusia gracias a sus regasificadoras, sí ha multiplicado su dependencia de Moscú. En un futuro Europa espera poder sustituir el gas por hidrógeno verde, que aún está muy lejos de ser rentable. Mientras, la única certeza es que la situación es tan compleja que ha reavivado un debate que parecía abandonado en los 80.

El presencialismo es uno de los males que aquejan a la cultura laboral de muchas empresas españolas. A la obligatoriedad de que sus empleados desarrollen toda su jornada en el centro de trabajo se suma la acumulación injustificada de horas que estos terminan llevando a cabo por miedo a ser represaliados. Un círculo vicioso que ha servido para institucionalizar un comportamiento que choca frontalmente con políticas de recursos humanos más modernas e instauradas desde hace tiempo en países como Estados Unidos o Suecia, donde se trabaja por objetivos, sin tomar en cuenta el tiempo invertido. Pese a esta falta de actualización, el despido de un trabajador por no alcanzar los objetivos que decida fijar cualquier compañía viene recogiéndose en múltiples contratos en España desde hace varios años. Sin embargo, de acuerdo con varias sentencias recientes, los tribunales están castigando recurrentemente esta práctica —llegando incluso a considerar algunas de estas cláusulas de rendimiento como abusivas—, dando pie a una relectura judicial que ha abierto el debate sobre su viabilidad.

Los próximos cuatro años serán una carrera de obstáculos para las empresas españolas que tienen negocio en Estados Unidos. Donald Trump toma posesión como presidente en enero de 2025; su regreso a la Casa Blanca supone nuevas políticas proteccionistas y pugnas comerciales. La promesa del presidente electo de un arancel universal de entre el 10% y el 20% sobre todos los artículos importados, independientemente de su origen, es la primera amenaza. La segunda radica en la posibilidad de que decida romper el acuerdo alcanzado en 2021 entre Washington y Bruselas para suspender por cinco años los impuestos compensatorios que habían fijado ambas partes en el marco de la disputa Airbus-Boeing. Si cualquiera de los dos escenarios sucede, pondrían en juego más de 23.000 millones de dólares (unos 21.700 millones de euros), que es el valor total de las exportaciones nacionales de bienes al país americano en 2023, según los datos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC). La amenaza arancelaria es palpable. Prueba de ello es que las propias empresas estadounidenses han acelerado las importaciones y el volumen de fletes en estos meses, en particular los procedentes de China —a quien Trump quiere imponer una tasa del 60% sobre todos los productos—. Sin embargo, en el caso nacional no hay una estrategia clara sobre cómo afrontar este dilema. Algunos analistas apuntan a que las compañías están aumentando sus envíos. Otras opciones son reducir su exposición al mercado estadounidense con destinos alternativos, buscar nuevos distribuidores y estrategias utilizadas entre 2017 y 2021, los años en los que estuvo al frente el republicano. En el ojo del huracán está el sector agroalimentario, que fue el más golpeado durante el primer mandato de Trump. 

Entrevista con Nick Butler, columnista en el Financial Times. El economista, experto en la dimensión política y financiera de la transición ecológica, fue una voz de peso en el gigante petrolero BP, donde trabajó 29 años y llegó a ser vicepresidente para el Desarrollo de Estrategias. Presidente fundador del Policy Institute del King’s College de Londres. "La crisis sobre el coste de la vida en toda Europa es lo que ha puesto el foco en el coste energético y eso está influyendo en la actitud de la población respecto a la transición ecológica. La gente quiere que se haga algo contra el cambio climático, pero sin pagar más y es cada vez más consciente de que si se traslada ese coste a las empresas se pueden ir de Europa. Es un problema para España, para Reino Unido, para las elecciones de Alemania... Debemos centrarnos en reducir los costes energéticos, para que Europa no sea tan cara que las empresas se muden y la gente sienta esa gran presión sobre el coste de la vida... Estamos en peligro de adoptar políticas y objetivos climáticos que encarezcan las facturas de la gente y resten competitividad a nuestras empresas. Esto ha cambiado la inercia del debate. Hemos transitado por tres etapas. La primera, en la que la gente se dio cuenta de que el cambio climático era real y había que hacer algo. Ahí ya hay un consenso, a excepción, quizá, de Estados Unidos. La segunda fase era fijar objetivos, las cero emisiones en 2050. Ahora estamos en la fase de cumplimiento, viendo que realizar esos objetivos es muy difícil. Carbón, petróleo y combustibles fósiles cubren el 80% del consumo energético mundial. Siguen creciendo las emisiones de CO2 y no proceden de Europa, sino de China, de la India, de los países asiáticos. Ese es el verdadero problema climático hoy, no Europa. Una España limpia en un mundo sucio no va a marcar demasiada diferencia...Europa debe enfocar el cambio climático encontrando tecnologías baratas y bajas en emisiones que las economías asiáticas puedan emplear. Ese debe ser el enfoque europeo y ese es el verdadero desafío climático... No creo que el hidrógeno verde vaya a tener un precio lo suficientemente bajo como para ser competitivo. La tecnología puede funcionar, pero el coste es excesivamente alto y aún no veo que vaya a bajar. No es la respuesta, lo es el almacenamiento, especialmente las baterías, eso es lo que cambia el juego. Eso, la fusión nuclear y los reactores modulares. También la captura de carbono..."

«Un ciberdelincuente podría infectarlos con ‘’malware’ y así apagar los inversores o poder activarlos cuando quiera». Esta es la alerta que el ‘hacker’ Vangelis Stykas lanzó hace unas semanas en su cuenta de X, antes Twitter. «No son totalmente seguros. Si pueden ser pirateados, la red eléctrica europea, que sustenta todo nuestro estilo de vida, queda vulnerable», advirtió. Este ingeniero griego, que trabaja para detectar vulnerabilidades en los softwares de las compañías, consiguió introducirse de forma no autorizada en los inversores conectados a la nube. Estos pequeños dispositivos son los encargados de recibir y transformar la energía que generan los paneles fotovoltaicos de corriente continua a corriente alterna. En sus pruebas Stykas consiguió apagarlos e, incluso, sobrecargarlos para llevar a la red eléctrica a una sobretensión que podría llevar a un apagón a las ciudades. «También, en un caso hipotético de compromiso, se podría hacer que se ignorasen avisos de emergencia que normalmente se mostrarían en la aplicación de gestión para causar un mal funcionamiento del panel que implicase su rotura», aclara Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. Las autoridades son conscientes de esta problemática: «Todo sistema informático es susceptible de tener vulnerabilidades», explica Héctor Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Solo en 2023 se produjeron más de 200 incidentes cibernéticos en el sector energético, de los cuales más de la mitad estaban dirigidos específicamente contra la UE, según la Agencia Europea de Ciberseguridad (Enisa, por sus siglas en inglés). Expertos consultados por este periódico aseguran que continuamente se producen ataques dirigidos contra las infraestructuras críticas de los países con numerosas y muy diferentes intenciones.

“Decepcionantes.” No era la oposición, sino la ministra del Tesoro, Rachel Reeves, quien se refería así recientemente a los datos del crecimiento económico del pasado octubre en Reino Unido, que ha encadenado dos meses seguidos con un retroceso del 0,1%. El Banco de Inglaterra cree que la economía del país ya no es la que más sube del G7 –como sucedía en el primer semestre–, sino que está congelada. El objetivo número uno de los laboristas, que es el crecimiento, se le resiste y la pequeña ola de esperanza que supuso el cambio de color político en Downing Street el pasado 4 de julio ha dado paso a un desplome en la valoración del primer ministro, Keir Starmer, ante la sensación de que el cambio no llega. Empresarios, jubilados y granjeros son los colectivos que se reclaman más afectados por las primeras medidas del nuevo Gobierno. Reino Unido ha ido de más a menos en 2024. Del alza del PIB de 0,7% del primer trimestre y del 0,4% del segundo, se ha pasado a un 0% en el tercero. Preocupan más los datos a la baja de septiembre y octubre, todavía antes de conocerse los primeros presupuestos laboristas. La mayoría de analistas descartan una contracción, pero tampoco ninguno preveía una en octubre. El aumento del gasto público en 70.000 millones de libras contribuirá, según los expertos, a que el país no recaiga en la recesión, como en el segundo semestre de 2023. “Las empresas han recibido una triple noticia negativa al final del año: estancamiento económico, descenso del empleo y una inflación que vuelve a subir”, apunta el economista de S&P Global Market Intelligence Chris Williamson, quien habla de una “pérdida del impulso” vivido en la primer parte del año y de la “respuesta negativa de empresas y hogares a las negativas políticas y retóricas del Gobierno laborista”. El paro está en el 4,3%, tres décimas más que hace un año.

Hasta en ocho ocasiones, China usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear sanciones contra el régimen sirio de Bashar Asad. Pero a diferencia de Rusia e Irán, que formaban una alianza estratégica con Asad, en Pekín veían al dictador como un socio importante en una región clave para el ambicioso proyecto de infraestructuras e inversiones bajo el paraguas de la nueva Ruta de la Seda, la piedra angular de la política exterior del líder chino Xi Jinping. Con un Asad fuerte en Damasco, Xi se aseguraba la protección de las inversiones chinas a largo plazo en petróleo y gas, a la vez que mantenía lejos a los combatientes uigures –minoría musulmana asentada en el noroeste de China– que lucharon junto a Al Qaeda contra el Gobierno sirio en la guerra civil. En el gigante asiático, algunos de los analistas de cabecera del gobernante Partido Comunista vieron la caída del régimen de Asad como un pequeño golpe para los intereses de Pekín, sobre todo porque había llevado mucho tiempo construir unas sólidas relaciones bilaterales con Siria, que atravesaban su mejor momento después de que, el año pasado, Asad visitara China por primera vez en dos décadas para firmar con Xi lo que llamaron una «asociación estratégica». En los últimos días, desde la superpotencia asiática, que al principio mantuvo bastante distancia ante los repentinos cambios en una Siria ahora controlada por los grupos rebeldes, se ha empezado a ofrecer ayuda para la reconstrucción del país. «China está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para ayudar a Siria a restablecer la paz y la estabilidad», manifestó recientemente Geng Shuang, representante chino en la ONU.