20240425

La continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está en el aire y no por que ninguno de sus socios parlamentarios le haya retirado el apoyo y haya puesto en riesgo la heterogénea y compleja mayoría que lo sustenta desde el pasado noviembre, amnistía al ‘procés’ mediante, sino por decisión propia. Pasadas las siete de la tarde, en un nuevo golpe de efecto, el jefe del Ejecutivo anunció ayer en una carta a la ciudadanía publicada en la red social ‘X’ que ha decidido abrir un periodo de reflexión después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. En la misiva, en la que se presenta como víctima de una operación de «acoso y derribo» de la derecha y la ultraderecha, Sánchez comunica la suspensión de su agenda pública hasta el próximo lunes, 29 de abril, lo que incluye su intervención en la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo –el hito que hasta ahora se percibía como determinante para la gobernabilidad del país, dadas las implicaciones que pueden tener para el futuro de Junts y ERC– y, en principio, el comité federal en el que el PSOE aprobará este sábado la lista para las europeas del 9 de junio. Al llegar el lunes, Sánchez explicará, según avanzó, cuál ha sido su decisión. Hay un amplio abanico de posibilidades, desde su marcha y la designación de un sucesor o sucesora –que debería superar una nueva sesión de investidura– a su continuidad, pasando por una cuestión de confianza o la convocatoria de unas elecciones que tendrían carácter plebiscitario y que no podrían tener lugar antes del 23 de julio, cuando haya transcurrido un año desde las pasadas generales, también adelantadas por sorpresa en un arriesgado movimiento del que, sin embargo, salió airoso.

El terremoto con epicentro en La Moncloa que sacudió a la política española poco después de las siete de la tarde de ayer dejó al PSOE aturdido y en un desconcierto absoluto. “Estamos en shock”, fue la respuesta más empleada. La incertidumbre es generalizada desde la base a la cúpula. “Todo ha sido cosa suya. Todo. Su carta, su decisión, su reflexión”, resumía un alto cargo sobre la decisión de Pedro Sánchez de darse un tiempo y anunciar en una carta a los ciudadanos, que nadie se esperaba, que se plantea dimitir, decisión que hará saber el lunes. Una posibilidad que abriría un escenario para el que no hay un relevo claro y que en las baronías del PSOE no contemplan. El hiperliderazgo de Sánchez ha provocado que no esté encima de la mesa el debate sucesorio, y menos en plena campaña electoral en Cataluña, con elecciones europeas el 9 de junio y, en definitiva, en un contexto imprevisible y sometido a tremenda polarización. “Espero que no lo haga, hemos hecho muchas cosas buenas por España gracias a su liderazgo y audacia estos últimos años”, le pidió Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, a Sánchez desde la Cadena SER. Las fuentes consultadas destacan que tras el impacto inicial por el anuncio se ha extendido en el partido la necesidad de que salir en defensa de Sánchez frente a los ataques continuos que sufre y que se han extendido a su familia, con su esposa, Begoña Gómez, en la diana. 

Iberdrola continúa su tendencia de mejora sustancial de sus resultados económicos y la eléctrica vasca ya ha anticipado que 2024 será otro año de nuevos récords, con la mirada puesta en superar los 5.000 millones de euros de beneficio neto ordinario. Así lo anticiparon ayer sus responsables, justo el día en que se presentaron los resultados de un primer trimestre extraordinariamente positivo para la cuenta de resultados de la empresa. El beneficio neto contabilizado para ese primer trimestre del año alcanzó los 2.760 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo del pasado ejercicio, si bien una parte importante, 1.165 millones, correspondieron a las plusvalías obtenidas con la venta de 13 plantas de generación y un parque eólico al Gobierno mexicano. Si se elimina ese efecto extraordinario de la desinversión en México, la cifra de beneficio se hubiese situado en 1.595 millones, con un aumento del 7,4% en relación al mismo periodo de 2023. Pero en realidad la mejoría del beneficio recurrente es mayor, hay que situarla en el entorno del 28%, ya que en los tres primeros meses de 2023 también se contabilizaron ingresos extraordinarios que en aquel caso procedían de la regularización de las primas al transporte de electricidad en Reino Unido. El presidente de la empresa, Ignacio Galán, mostró su satisfacción por este desempeño de la compañía, que ha anunciado inversiones de 12.000 millones para este año. Casi una cuarta parte de estas inversiones ya se han ejecutado hasta marzo. Por lo demás, tras aclarar que «no tenemos noticias recientes» sobre la continuidad del 'impuestazo' y sus modificaciones –aspectos sobre los que el Gobierno ha hecho muchas declaraciones pero sin concretar nada–, esbozó una auténtica novedad. «En la actualidad ya es deducible de nuestros beneficios porque tenemos la sede en el País Vasco», apuntó el presidente.

Apenas dos meses después de la aprobación de la Ley vasca de Cambio Climático, el Gobierno autonómico da el primer paso en la estrategia de desinversión en activos fósiles que marca el texto legislativo. El Ejecutivo ha acordado con el grupo estadounidense Heyco la venta de la participación pública en el yacimiento de gas de Viura. El pozo, ubicado en Sotés (La Rioja), lleva en explotación desde 2017 y, hasta ahora, contaba con el Gobierno como uno de sus accionistas, con un 37% del capital. El Gabinete Urkullu participaba en la explotación mediante la sociedad pública Shesa -Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi-, pero ya no será así. Heyco y el Gobierno vasco tienen acordada y firmada la operación. De hecho, la documentación que sacará a Shesa del yacimiento ya está remitida al Ministerio de Transición Ecológica. En los últimos años, los rendimientos de este pozo, situado fuera de Euskadi, habían reportado unas generosas ganancias a las arcas públicas. En 2022 Lakua ingresó más de 9 millones de euros por ese yacimiento y en 2021 ganó 4,3 millones. La facturación de 2023 no ha trascendido, pero el presupuesto autonómico del año pasado estimó que las ventas del yacimiento riojano podían darle hasta 13,5 millones. Ahora esos emolumentos desaparecerán con una venta que era más que previsible. La Ley de Cambio Climático pactada entre PNV, PSE y EH Bildu, marcaba a Shesa el camino de la disolución. La propia Arantxa Tapia ya había manifestado la intención de no invertir más en el desarrollo de este pozo. La titular de Desarrollo Económico llegó a señalar en el Parlamento vasco que no descartaba «la venta o transmisión a un tercero». Esa opción es la que ahora se ha concretado con Heyco. A diferencia del sector público, el grupo americano sí tiene intención de seguir explotando el gas riojano. 

Con la inversión de más de mil millones en Mercedes Vitoria, que la multinacional alemana confirmaba hace un mes en un acto institucional presidido por Pedro Sánchez, el Ministerio para la Transición Ecológica allana el terreno para que la factoría de la Avenida de Los Huetos pueda lanzar esa producción de vehículos ‘full electric’ a partir de 2026. Reforzará la potencia energética para garantizar la plena operatividad del proyecto. El Ministerio que dirige Teresa Ribera ha incluido en su planificación eléctrica varias mejoras en la subestación que nutre de energía a Mercedes y que requerirán a las arcas públicas una inversión de 10,4 millones de euros. Así lo reflejó ayer el Gobierno en un informe. El documento señala que en Vitoria han surgido «nuevos proyectos industriales de gran envergadura, de carácter estratégico, con gran capacidad de propulsar el crecimiento económico y el empleo». Ese proyecto industrial no es otro que la plataforma modular VAN.EA, la base de los nuevos modelos de furgonetas totalmente eléctricos que lanzará la compañía. El Ministerio atiende una petición cursada por la propia empresa, que requirió un refuerzo de las infraestructuras de la red ante la necesidad de garantizarse «mayor fiabilidad y disponibilidad» en el suministro eléctrico. Actualmente, la fábrica más grande de Euskadi, con 4.800 empleados, obtiene energía de una subestación; de uno de esos ‘enchufes’ con los que cuenta Álava para que la electricidad pase de las líneas de alta tensión al consumo de empresas y hogares. Es en ese punto donde se va a centrar el grueso de la inversión del Ministerio para la Transición Ecológica, que va a ampliar esa subestación y también va a mejorar su tecnología «para que las demandas solicitadas puedan abastecerse en condiciones de seguridad». Además, se renovará una de las conexiones de otra subestación, la de Gamarra.

El Gobierno de España, tras constatar la dificultad para armar una oferta alternativa que desbarate la OPA de Magyar Vagon por Talgo, ha iniciado los contactos para analizar qué condiciones podría establecer para adaptar una operación que sigue sin ver con buenos ojos. Lo complicado de vetar la compra de una empresa de un país de la UE y la dificultad de encontrar socios industriales, como ya adelantó EL CORREO, ha puesto encima de la mesa una opción que pasaría por la compra de Magyar Vagon, pero reservando un porcentaje de acciones a socios nacionales que pudieran desempeñar un papel de control con derecho a veto en determinadas cuestiones. Criteria, tras contar con el respaldo del Ejecutivo en la operación Naturgy y apoyar en la toma de acciones de Telefónica, se convierte en el núcleo español en la operación Talgo. Según han confirmado fuentes conocedoras del proceso a este medio, el ‘holding’ empresarial de La Caixa ha contactado con Trilantic, el fondo británico que es el mayor accionista de Talgo, y busca elaborar esa alternativa con Magyar Vagon que sea aceptable para el Ejecutivo. Los ingleses quieren vender su participación en el fabricante de trenes de origen vasco y llevan más de dos años buscando un posible comprador. El consorcio magiar es un opción que ellos mismos avalaron en el consejo de Talgo y con la que han colaborado durante los últimos meses. El caso es que se opta por un modelo de ‘lo tomas o lo dejas’, es decir, el Gobierno no quiere dar audiencia al grupo húngaro porque sospecha del respaldo que recibe de la Administración pública húngara presidida por Viktor Orban y ha llegado a especular con posibles conexiones con capital ruso. Así que la opción es presentar las condiciones a Magyar Vagon una vez diseñada la operación.

Dominion ha notado el impacto de los tipos de interés en sus resultados del primer trimestre. El encarecimiento de los gastos financieros ha reducido su beneficio neto a 7 millones, un 40% menos que el año pasado. Y eso a pesar de que tanto el volumen de ventas como la rentabilidad operativa de la empresa han crecido en este arranque de 2024. La facturación alcanzó los 283 millones, un crecimiento orgánico del 5,2% y el ebitda (ganancias antes del pago de impuestos y devolución de préstamos a los bancos) creció también hasta los 35 millones, un 3% más que el año pasado y una cifra que alcanza el 12,3% sobre el volumen de negocio. Son algunos de los frutos de la reestructuración de la empresa dirigida por Mikel Barandiaran. Dominion ha apostado en su nuevo plan estratégico por simplificar su negocio centrándolo en dos áreas: la de servicios de sostenibilidad prestados a las empresas (el 68% de los ingresos con 193 millones) y lo que denominan como ‘proyectos 360’. Se trata del diseño, desarrollo, construcción y posterior mantenimiento de grandes infraestructuras como hospitales o centrales energéticas renovables. Esta línea aporta el 30% del negocio con 86 millones. Precisamente, los gastos necesarios para ese rediseño del negocio son los que habían generado unos compromisos de pago por la financiación que, vencidos en el primer trimestre, han erosionado los beneficios.

“Bizkaiko enpresa bilgunea osasuntsu dago”, Ainara Basurko Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren hitzetan. Hala ondorioztatu zuen atzo BECen egindako Bizkaia Enpresa 2024 topaketan. Beaz-ek antolatuta, topaketaren hamahirugarren edizioa izan zen atzokoa, eta lurraldeko 400 enpresa txiki zein ertain eta ekintzaileak bildu ziren Barakaldoko eraikinean. Gehiago irakurri hemen. 

CC OO Euskadi calificó ayer de «dramática» e «inadmisible» para una sociedad como la vasca la siniestralidad laboral, con 12 trabajadores fallecidos en lo que va de año. Desde su perspectiva, la principal causa es «el incumplimiento claro y sistemático de las medidas de prevención por parte de muchas empresas». Así lo denunció ayer su secretaria general, Loli García, durante una manifestación celebrada en Bilbao dentro de los actos organizados con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. El lema escogido este año por CC OO-Euskadi es ‘La precariedad mata-Lan istripurik ez’. García denunció que «los empresarios valoran el coste de la prevención como un coste del trabajo y cuando recortan lo hacen fundamentalmente en prevención de riesgos laborales». A su juicio, esta es «una de las causas más importantes» de los siniestros mortales y graves que se han producido en lo que va de 2024, ya que se da un porcentaje «muy elevado» de accidentes por caídas o atrapamientos, que son «claras faltas de medidas de prevención». Otro factor que influye, añadió, es la falta de inspectores de Trabajo y personal en Osalan.

La cercanía de una bajada de tipos de interés que los mercados esperan para este verano está animando el sector inmobiliario. Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) desveló ayer que en el mes de febrero en Euskadi se recuperaron ligeramente la firma de hipotecas con 1.814 pólizas, un 1,45% más que en el mismo mes de hace un año. Es un salto pequeño, sí, pero rompe con una tendencia negativa de doce meses y se suma al mismo diagnóstico que esta semana arrojaban los datos de la inscripción de compraventas en el Registro. Pruebas, en definitiva, de que sigue ahí una fuerte demanda de vivienda. Además, por primera vez en más de dos años los tipos de interés de los créditos para vivienda han dado una ligera tregua. El tipo medio fue en febrero de un 3,3%, bajando ligeramente del 3,46% del mes anterior y marcando un punto de inflexión en una escalada que venía lanzada desde los inicios del 2022. El euríbor entonces adelantaba la carrera de subidas del precio del dinero que inició en julio de aquel año el Banco Central Europeo (BCE). Precisamente, la esperanza de una primera bajada de tipos de interés para la mitad de este año ha hecho también que el índice de referencia hipotecario haya concedido ahora cierto descanso. Más síntomas. Además de subir la firma de hipotecas en Euskadi ese 1,45%, también lo hizo el volumen de dinero prestado. En este caso con mayor intensidad, un 2,14% hasta alcanzar los 510 millones otorgados con garantía hipotecaria para la compra de vivienda. Las cifras dejan un préstamo medio de 281.000 euros y vienen a corroborar los diagnósticos de los analistas estos últimos meses.

El reciente hundimiento del mercado mayorista no solo se está traduciendo en una bajada de las facturas en lo más inmediato. Los contratos de suministro de electricidad verde a largo plazo para las empresas españolas ya son entre un 25% y un 40% más económicos que en la media de la UE, según los datos publicados ayer por LevelTen Energy, una de las plataformas que más acuerdos bilaterales o PPA (por sus siglas en inglés) gestiona en todo el mundo y que tiene a Google entre sus principales accionistas. Al precio puro de la luz hay que sumar, sin embargo, los peajes y los cargos, así como las ayudas específicas que otros países (con Francia y Alemania a la cabeza) ofrecen a sus industriales de manera generosa y que equilibran algo la balanza. El precio a largo plazo de un megavatio hora (MWh) de electricidad generada en una planta fotovoltaica española ronda hoy los 38,5 euros, frente a los casi 61 de la media de Europa continental, los 67 de Alemania, los 69 de Italia y los más de 76 de Francia, por citar las tres mayores economías de los Veintisiete. “España es el mercado dinámico en PPA en los últimos años, gracias a que tiene más sitio para ponerlo, lo cual abarata el coste del terreno, y más recurso, con lo que cada panel genera más”, desgrana Plácido Ostos, director de análisis europeo de la firma estadounidense. “Es algo que ha estado ahí siempre, pero el diferencial entre Europa y España ha ido y probablemente siga yendo a más”.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, reclamó ayer en la junta general de accionistas en Madrid una mayor capacidad de las redes eléctricas y más agilidad en su acceso para, de esta manera, poder “incrementar las inversiones”. Endesa se suma así públicamente a la reivindicación de Iberdrola de que las distribuidoras puedan responder a la demanda de las industrias que quieren descarbonizarse y, muy especialmente, la muy creciente de los centros de procesamiento de datos. En palabras de Bogas, “cada vez hay más casos de empresas que atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España quieren instalarse en nuestro país” y no pueden “por las limitaciones regulatorias y los topes a la inversión” que no permiten dimensionar las redes. Respecto a los centros de datos, puso un ejemplo: mientras en Irlanda el consumo eléctrico de estas infraestructuras es de casi un 20%, en España es solo del 0,2%. “Invertir en redes es crítico” pues sin redes “no se podrán cumplir los objetivos de transición energética”, subrayó, y considera necesarias inversiones de 5.300 millones de euros anuales hasta 2030, el doble de lo que les permite el límite legal que las empresas tienen para invertir en redes cada año: el 0,13% en distribución (unos 2.000 millones) y el 0,065% en el transporte (unos 1.000 millones). Bogas recordó que Endesa ha sido la eléctrica que ha logrado adjudicarse los dos únicos concursos de transición justa que se han licitado en España y Portugal: el de Andorra (Teruel), y el de Pego (Comunidad Valenciana).

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, arremetió ayer en la junta de la compañía contra el impuesto extraordinario a las energéticas y dijo que mantener un gravamen extra de ese tipo detrae opciones a la capacidad de invertir y afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética. Bogas, en su discurso ante la junta de accionistas, calificó al impuesto, que el Gobierno instauró de forma transitoria para dos años y que ahora quiere reformular para extenderlo en el tiempo, minorando en su pago las inversiones que las compañías hagan en renovables, de “agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo”. Por otro lado, Bogas explicó que continua la búsqueda de la participación de socios para desarrollar determinados proyectos renovables y criticó la creciente oposición social y la judicialización, como en Galicia, de numerosos proyectos renovables. Es necesario “otorgar seguridad jurídica” a las inversiones para que se pueda avanzar en la descarbonización, añadió. Por otro lado, indicó que Endesa, cuyo resultado se vio seriamente afectado el año pasado por el laudo arbitral que reconoció 530 millones de euros a Qatar, prevé para este 2024 una recuperación de los márgenes en el negocio del gas. 

En pleno debate sobre la tributación mínima de las multinacionales, las grandes compañías españolas pagaron en 2021 un tipo efectivo sobre sus beneficios en el impuesto de Sociedades del 14,4%, la tasa más baja de los últimos cinco años. Así lo revela el último Informe País por País (Country by Country Report, por sus siglas en inglés) que publicó ayer la Agencia Tributaria. Se trata de un informe estadístico que publica Hacienda desde 2016 elaborado a partir de los datos complementarios que tienen que presentar los grandes grupos con una facturación igual o superior a los 750 millones de euros en todo el mundo. El gravamen que pagaron los grupos españoles en 2021 se encuentra muy alejado del tipo legal que marca la ley española —del 25% general sobre la base imponible y del 30% para compañías energéticas y banca— y, a su vez, por debajo del tipo mínimo del 15% que se ha consensuado en el seno de la OCDE y de la Unión Europea. La preocupación sobre cómo financiar la deuda acumulada en las últimas crisis es uno de los grandes asuntos que se debaten estas semanas en Bruselas y en Washington. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han advertido a los países que deben ajustar sus cuentas para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población, la transición digital y energética y las nuevas necesidades para la defensa. Y arrecian las voces que miran a las multinacionales como vía para que los Estados recauden más. Sin embargo, pese a los esfuerzos para armonizar un impuesto de sociedades global las grandes corporaciones encuentran vías para reducir su carga fiscal.

Nuevo toque de atención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Gobierno por la ejecución de los fondos europeos. La institución calcula que en total solo han llegado a la economía real 18.900 millones de euros de estos recursos en términos de contabilidad nacional, que según expresó ayer la presidenta del organismo, Cristina Herrero, son los datos que más se aproximan a la ejecución del Plan de Recuperación, «ya que recogen la inversión según se va ejecutando». Es decir, lo que de verdad se mueve y cómo impulsa la actividad. La cifra difiere de forma notable de los cálculos del Gobierno, que presenta las cifras en términos agregados. Es decir, mide los contratos formalizados y subvenciones concedidas, pero no todas ellas tienen por qué haberse puesto en marcha ya y, por lo tanto, tener un impacto directo en la actividad económica. El Ejecutivo actualizó precisamente ayer sus datos indicando que hasta el 31 de marzo se habían adjudicado más de 35.190 millones de euros a 600.000 ciudadanos, instituciones y empresas a través de las licitaciones y subvenciones convocadas. La presidenta de la AIReF reconoce que «las dos cifras son relevantes». Pero en todo caso, el dato proporcionado por el Ministerio de Economía es unos 3.000 millones de euros superior a los 32.052 millones que la AIReF calcula que han recibido el visto bueno de los organismos convocantes –de los 79.854 millones asignados a España–, aunque no haya llegado aún al desarrollo de proyectos concretos. La Autoridad fiscal independiente insiste en que para conocer el impacto de las ayudas resulta «imprescindible» tomar como referencia los datos de la contabilidad nacional, criticando «la falta de información» del Gobierno en este sentido. 

Yolanda Díaz: “Es inadmisible que el período de prueba se use contra la estabilidad laboral de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lanzará en las próximas semanas una campaña en las empresas “para comprobar posibles incumplimientos en relación con el período de prueba en los contratos de trabajo”, indefinidos y temporales, según informó ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con ello, el departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hace frente a una práctica muy habitual en muchas empresas: contratar a una persona para utilizar el período de prueba del contrato indefinido con el fin de hacer algún trabajo, cubrir una punta de demanda o de actividad y, después, prescindir de él con la explicación de que no ha superado las expectativas de la empresa. Incluso, en algunos casos, el empleador supera los tiempos establecidos como prueba y después prescinde del trabajador, sin indemnización de ningún tipo. Es una vía que utilizan muchas empresas para intentar sortear las restricciones a la contratación temporal que reguló la reforma laboral de 2022. El Estatuto de los Trabajadores establece una duración máxima de seis meses para los empleados que sean técnicos titulados. Con esta excepción de los titulados, en las empresas de menos de veinticinco empleados, el período de prueba es de tres meses, y de un mes, en los contratos temporales de 6 meses o menos. Además, está prohibido obligar a una persona a repetir un período de prueba para unas funciones que ya desarrolló con anterioridad.

Si hace tan sólo unas semanas la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, incendiaba a los hosteleros por criticar que es «una locura» que los restaurantes estén abiertos a la una de la mañana, estos días ha sido la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP, María José García-Pelayo, la que ha irritado a los empresarios de las grandes superficies por pedir que no abran los domingos y festivos en su ciudad. El conflicto ha escalado a nivel nacional y ha resucitado el eterno debate sobre los horarios comerciales en España, una competencia autonómica que, 12 años después de que el Gobierno del PP decretase la liberalización, ha ampliado notablemente la brecha comercial entre regiones. De la barra libre de la Comunidad de Madrid, donde los comercios tienen absoluta libertad para establecer sus horarios y días de atención al público, a los apenas cuatro días festivos al año autorizados para la apertura en Navarra, hay un abismo. Entre medias, una mayoría de comunidades autónomas que se mueven en torno a la decena de domingos y festivos de apertura anuales, y excepciones como Andalucía y la Región de Murcia, que han ido ampliando el calendario hasta alcanzar los 16 domingos y festivos comerciales. En paralelo, tanto Andalucía como Murcia han habilitado en sus ciudades las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), una figura impulsada en su día por Luis de Guindos que es, precisamente, el origen del problema en Jerez, donde la alcaldesa del PP mantiene el recurso planteado por el anterior Ayuntamiento socialista contra la aprobación en su ciudad de estas zonas en las que se permite a los grandes comercios abrir sin limitación de horario en determinados periodos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) abogó ayer por que la próxima legislatura europea ponga el foco en “afianzar la competitividad” del mercado único, fomentar las inversiones y apoyar a las empresas. Así lo reclamó la patronal en el documento Fortalecer, agilizar, impulsar, que recoge las propuestas empresariales para los partidos que concurren a los comicios comunitarios de junio instando, por ejemplo, a vigilar que la regulación de la Inteligencia Artificial no lastre su desarrollo. “Desde CEOE estamos convencidos de que el periodo 2024-2029 supone una oportunidad para que la Unión sitúe la competitividad y el crecimiento económico en el centro de sus políticas”, defendió ayer Antonio Garamendi, al presentar el documento de propuestas en un acto junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Estamos convencidos de que aumentar la competitividad de nuestras empresas y de nuestras economías es crucial para poder afrontar los desafíos internos y externos de máximo calado a los que nos enfrentamos en estos momentos”, agregó, considerando que “esta estrategia es necesaria para, a partir de ahí, poder desarrollar nuestro compromiso compartido con una UE social y ambiciosa desde el punto de vista medioambiental”. El ministro por su parte, destacó que las propuestas presentadas por CEOE “aportan contenido al trabajo de reflexión de los próximos meses, contribuyendo a fortalecer, agilizar e impulsar el mercado único”.

Llamamiento de las filiales de grupos alemanes en España a la clase política a poner fin a la polarización y a generar confianza y estabilidad para facilitar la captación de inversiones. Las empresas de la primera economía de la UE también piden más seguridad jurídica, reducir la burocracia y bajar impuestos. Así se desprende de la última edición del barómetro semestral de la Cámara de Comercio Alemana para España –AHK, por sus siglas en alemán–, que ayer se presentó en Barcelona. Para el 65% de las compañías, el “principal riesgo” es la evolución de la demanda, un porcentaje similar al de hace medio año. En segunda posición, se sitúa el contexto económico y político, un elemento que cada vez inquieta más. Si en primavera de 2023 concentró el 34% de las respuestas, este porcentaje escala veinte puntos y se sitúa en el 54% en la encuesta que la AHK realizó entre el 25 de marzo y el 19 de abril a firmas industriales, comerciales y de servicios. La organización, presidida por el director general de T-Systems Iberia, Osmar Polo, recordó que en el barómetro no se hace distinción entre el entorno español e internacional. En cualquier caso, los empresarios alemanes recalcaron ayer en un encuentro con periodistas cuáles son sus demandas, entre ellas una mejor eficiencia en el gasto público. Así, pusieron en valor el fuerte esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno de coalición. Sin embargo, consideraron que no está teniendo el efecto tractor que correspondería, algo que atribuyeron a varios factores. Indicaron que, en sus reuniones con los ministerios, detectan que hay buenas intenciones, pero que no siempre las medidas que se proponen son las que demandan las empresas. Además, cuando sus peticiones son atendidas, el despliegue es lento y a veces ineficiente. Es lo que está ocurriendo con la implantación de la red de puntos de carga para los vehículos eléctricos, y la ausencia de una aplicación para que el usuario tenga información al momento, como ocurre en Portugal.

Una pieza que saltó por los aires en pleno vuelo ha marcado los resultados del primer trimestre de Boeing. El accidente del avión de Alaska Airlines de enero ha desatado una crisis en el fabricante de aviones estadounidense. La crisis de calidad ha frenado las entregas de aviones, lastrado los ingresos y elevado el consumo de caja hasta 4.929 millones de dólares, según reflejan los resultados presentados ayer por la compañía. Los ingresos cayeron un 8%, hasta 16.569 millones de dólares (unos 15.500 millones de euros, al tipo de cambio actual). Aun así, la compañía redujo sus pérdidas netas desde 425 a 355 millones de dólares. Esa reducción de las pérdidas esconde el fuerte consumo de efectivo por parte de la compañía en los tres primeros meses de ejercicio. El flujo de caja operativo pasó de ser negativo por importe de 318 millones de dólares a serlo por 3.362 millones. El flujo de caja libre (el efectivo disponible para los accionistas, el reembolso de la deuda y las adquisiciones tras realizar las inversiones necesarias para las operaciones) fue negativo por 4.929 millones de dólares. “Nuestros resultados del primer trimestre reflejan las medidas inmediatas que hemos tomado para ralentizar la producción del 737 con el fin de impulsar mejoras en la calidad”, declaró Dave Calhoun, presidente y consejero delegado de Boeing. “Nos tomaremos el tiempo necesario para reforzar nuestros sistemas de gestión de la calidad y la seguridad y este trabajo nos posicionará para un futuro más sólido y estable”, añadió.

Continúa la ofensiva entre la Unión Europea (UE) y China por competencia desleal. La Comisión Europea anunció ayer que ha iniciado una investigación sobre las posibles «prácticas discriminatorias» de Pekín en la contratación pública de productos sanitarios. Bruselas sospecha que el gigante asiático favorece a las empresas de su país a través de su política ‘Buy China’ (‘Compra en China’), una estrategia que va en detrimento de las compañías europeas en su territorio. Más concretamente, el Ejecutivo comunitario acusa a Pekín de «promover la adquisición de dispositivos y servicios médicos nacionales» y de «restringir la compra de bienes importados». Asegura, igualmente, que las autoridades chinas aplican «restricciones» en sus procedimientos de compra de productos médicos, lo que «pone en desventaja significativa y sistémica» a las empresas de la UE frente a las compañías locales. Las pruebas recabadas por la Comisión muestran que el mercado de contrataciones públicas sanitarias «se ha ido cerrando gradualmente a las firmas extranjeras y a las europeas, así como a los productos de la UE». Esto se debe a las medidas introducidas por China que «discriminan injustamente a las compañías y a los productos europeos. Bruselas ya ha trasladado sus preocupaciones a las autoridades chinas, pero «ante la ausencia de respuestas o acciones satisfactorias», ha decidido abrir esta investigación que pretende «reequilibrar las relaciones comerciales entre China y la UE».